Entre los cambios de mayor alcance que apoyó durante el año está la Ley 39-2026, que cambió el Código Electoral para permitir que las personas de 50 años o más puedan votar por adelantado de manera presencial. Esta medida también fijó reglas para el uso del registro electrónico de electores y el sistema digital de endosos. Asimismo, respaldó la Ley 97-2026, que cambió 26 artículos del Código Municipal para darles más garras a los ayuntamientos al atender estorbos públicos, permitiéndoles embargar o ejecutar estas propiedades, y otorgó flexibilidad a los alcaldes para entregar informes cuando ocurra un desastre.

En la protección de animales, votó a favor de la Ley 73-2026, que aumentó las penas por abandono a tres años de cárcel, y hasta ocho años si causa la muerte o daño físico severo al animal. Esta legislación también fijó castigos de reclusión para el envenenamiento y el uso de trampas que provoquen sufrimiento innecesario. Además, respaldó la Ley 84-2026, una reorganización que tocó diez estatutos vigentes para cerrar corporaciones públicas inactivas del antiguo Banco Gubernamental de Fomento, como la Autoridad de las Navieras y la Autoridad de Teléfonos, y traspasar otras dependencias a la agencia fiscalizadora principal.

En un Senado donde su partido contaba con mayoría al ocupar 19 de 28 escaños, Thomas Rivera Schatz votó en contra de 7 medidas en todo el año fiscal, frente a las 3 veces que se opuso el legislador típico. En 6 de esas votaciones votó distinto a los demás legisladores de su partido.

Sus discrepancias de mayor alcance tocaron el área penal y las medidas cautelares de empleo público. Votó en contra de la Ley 137-2025 (aprobada 21 a 5), que cambió cuatro artículos en tres leyes distintas para exigir supervisión electrónica obligatoria a imputados de violencia doméstica y fijarles el pago mensual de costos administrativos sin excepciones. De igual forma, votó contra la Ley 138-2025 (aprobada 15 a 5), la cual cambió cuatro artículos a la ley de violencia doméstica para obligar a los tribunales a entregar un plan de acción y escape a las víctimas de inmediato al conceder una orden de protección. También se opuso a la Ley 80-2026 (aprobada 16 a 7), que fijó un límite máximo de un año a los traslados y aislamientos cautelares de maestros en el Departamento de Educación mientras enfrentan procesos disciplinarios.

Entre los cambios de mayor alcance que apoyó durante el año está la Ley 39-2026, que cambió el Código Electoral para permitir que las personas de 50 años o más puedan votar por adelantado de manera presencial. Esta medida también fijó reglas para el uso del registro electrónico de electores y el sistema digital de endosos. Asimismo, respaldó la Ley 97-2026, que cambió 26 artículos del Código Municipal para darles más garras a los ayuntamientos al atender estorbos públicos, permitiéndoles embargar o ejecutar estas propiedades, y otorgó flexibilidad a los alcaldes para entregar informes cuando ocurra un desastre.

En la protección de animales, votó a favor de la Ley 73-2026, que aumentó las penas por abandono a tres años de cárcel, y hasta ocho años si causa la muerte o daño físico severo al animal. Esta legislación también fijó castigos de reclusión para el envenenamiento y el uso de trampas que provoquen sufrimiento innecesario. Además, respaldó la Ley 84-2026, una reorganización que tocó diez estatutos vigentes para cerrar corporaciones públicas inactivas del antiguo Banco Gubernamental de Fomento, como la Autoridad de las Navieras y la Autoridad de Teléfonos, y traspasar otras dependencias a la agencia fiscalizadora principal.

En un Senado donde su partido contaba con mayoría al ocupar 19 de 28 escaños, Thomas Rivera Schatz votó en contra de 7 medidas en todo el año fiscal, frente a las 3 veces que se opuso el legislador típico. En 6 de esas votaciones votó distinto a los demás legisladores de su partido.

Sus discrepancias de mayor alcance tocaron el área penal y las medidas cautelares de empleo público. Votó en contra de la Ley 137-2025 (aprobada 21 a 5), que cambió cuatro artículos en tres leyes distintas para exigir supervisión electrónica obligatoria a imputados de violencia doméstica y fijarles el pago mensual de costos administrativos sin excepciones. De igual forma, votó contra la Ley 138-2025 (aprobada 15 a 5), la cual cambió cuatro artículos a la ley de violencia doméstica para obligar a los tribunales a entregar un plan de acción y escape a las víctimas de inmediato al conceder una orden de protección. También se opuso a la Ley 80-2026 (aprobada 16 a 7), que fijó un límite máximo de un año a los traslados y aislamientos cautelares de maestros en el Departamento de Educación mientras enfrentan procesos disciplinarios.