Esta ley enmienda el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia para aclarar y flexibilizar los mecanismos de representación legal de las agencias de la Rama Ejecutiva ante foros administrativos. Permite que las agencias comparezcan mediante abogados empleados o contratados por servicios profesionales sin requerir dispensa previa, optimizando la gestión gubernamental, y actualiza las referencias normativas al Código Municipal de Puerto Rico.

Establece la 'Ley para la Protección Económica de Menores en la Monetización Digital', la cual obliga a los padres, tutores o encargados a reservar un porcentaje de los ingresos generados por la participación sustancial de menores en contenido digital monetizado en una cuenta o fideicomiso protegido. Asimismo, fija límites laborales y de exposición digital a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y otorga derechos a los menores al alcanzar la mayoría de edad para reclamar fondos no depositados y solicitar la eliminación del contenido.

Ley para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de ampliar las facultades de los municipios en el recogido, manejo, transportación y disposición de neumáticos desechados, permitiéndoles actuar como transportistas y facturar por dichos servicios al Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados.

Esta ley enmienda el Código Civil de Puerto Rico para aclarar que las instituciones de cuidado de salud responden de manera vicaria (y no objetiva) por los daños causados por su personal, empleados, médicos con privilegios y operadores de franquicias exclusivas de servicios de salud.

Ley que enmienda la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para ordenar la publicación en su portal digital de todos los proyectos tecnológicos activos bajo su jurisdicción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en el gobierno.

Ley que enmienda la Ley Núm. 17 de 1939 para eliminar el requisito de residencia de doce meses previo a solicitar admisión a la abogacía y la disposición de admisión sin examen, y crea la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ley que declara el 5 de mayo de cada año como el 'Día del Niño Dotado en Puerto Rico', con el propósito de sensibilizar sobre sus aportaciones, fortalecer su identificación temprana, promover programas educativos diferenciados y fomentar la colaboración inter agencial y familiar para su formación integral.

Ley para enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico con el propósito de uniformar sus disposiciones y referencias punitivas con el Código Penal de Puerto Rico de 2012, específicamente en lo relativo a las penalidades por hospitalización o tratamiento sin criterios clínicos y la institucionalización indebida.

Ley que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para regular la oferta y venta de pólizas de seguros para mascotas, estableciendo requisitos mínimos de divulgación al consumidor, definiciones de términos aplicables, reglas sobre condiciones preexistentes y periodos de espera, prácticas de mercadeo transparentes, y facultando al Comisionado de Seguros para su implantación y fiscalización.

Ley que enmienda la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales para permitir que los trabajadores que resulten victoriosos en sus reclamaciones contra patronos puedan recobrar las costas del litigio.

Ley para enmendar el Artículo 473 de la Ley Núm. 55-2020, conocida como 'Código Civil de Puerto Rico', con el propósito de clarificar el mecanismo notarial aplicable para modificar acuerdos relacionados con la custodia, patria potestad, alimentos, relaciones filiales y hogar seguro establecidos en estipulaciones protocolizadas junto a la escritura pública de divorcio por consentimiento mutuo.

Ley para enmendar la Ley Núm. 54 de 1989 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica) con el propósito de atemperar sus disposiciones punitivas y delitos al sistema de penas de sentencia fija establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012.

Esta ley crea un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad para solares municipales ubicados en centros urbanos consolidados de Puerto Rico. Modifica el Código Municipal y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para permitir que los municipios inscriban estos predios como fincas nuevas e independientes, eximiéndolos del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) siempre que estén localizados dentro del área delimitada en el Plan de Ordenación Territorial, facilitando así la seguridad jurídica y el acceso al crédito para sus poseedores.

Ley para enmendar la Ley 76-2013, conocida como la "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", con el propósito de actualizar su nomenclatura, armonizar sus disposiciones con la legislación vigente en materia administrativa, de recursos humanos y derechos de los adultos mayores, y fortalecer las facultades investigativas, fiscalizadoras y cuasi-judiciales de la Oficina del Procurador.

Ley que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para crear el Cuerpo de Inspectores Voluntarios, con el propósito de fiscalizar y garantizar que las actividades deportivas y recreativas de menores se desarrollen en un ambiente seguro, saludable y libre de maltrato.

Ley que enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y cumplimiento contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte en Puerto Rico. Establece la creación de un Registro de Cumplimiento de Entidades Deportivas, un Protocolo Uniforme de Prevención y Respuesta, un canal confidencial digital de denuncias y requisitos de acreditación a través del Departamento de Recreación y Deportes.

Ley que enmienda las Reglas 25.2 y 40.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 para incorporar los preceptos de la Ley Uniforme de Deposiciones y Descubrimiento Interestatal (UIDDA), estableciendo un mecanismo más eficiente y económico para la citación de testigos que se encuentran fuera de Puerto Rico pero en otra jurisdicción de los Estados Unidos.

Ley que enmienda la Ley Núm. 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a las disposiciones del False Claims Act federal. La legislación aclara la intención legislativa de incluir como violaciones aquellas conductas que resulten en la evasión o disminución de obligaciones de pago o transferencia de propiedad al Gobierno, ampliando su alcance más allá de los programas de gobierno y contratos de servicio, y reforzando los mecanismos civiles para la protección del erario y la lucha contra el fraude.

Crea el "Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico" para estandarizar los protocolos de respuesta ante incendios, violencia, emergencias médicas, desastres naturales y otras situaciones de crisis en los planteles del Departamento de Educación, estableciendo además la obligación de ofrecer capacitación, realizar simulacros y colocar carteles informativos.

Crea la "Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público" para establecer un marco regulatorio uniforme entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, facilitando la ejecución de proyectos prioritarios y el uso de fondos federales bajo la supervisión del Negociado de Energía de Puerto Rico.

La ley establece la 'Ley para el Acceso Educativo y Cultural en Instituciones Penitenciarias', ordenando al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico identificar, catalogar y donar anualmente libros excedentes o descontinuados en buenas condiciones para uso exclusivo en las bibliotecas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el fin de fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas confinadas.

Ley para enmendar la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 con el fin de proteger bajo la doctrina del producto del trabajo (*work product*) los borradores de informes de personas peritas y las comunicaciones entre estos y los abogados.

Ley que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para aclarar que el Comisionado de la Policía Municipal es considerado un 'funcionario del orden público' según la Regla 11 de Procedimiento Criminal, incorporar el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado en el sistema uniforme de rangos, ajustar los términos mínimos para ascensos y traslados, y establecer disposiciones sobre el reembolso de costos de adiestramiento entre municipios.

Ley que enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender temporalmente la vigencia de marbetes y autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas a nivel federal, cuando por causas ajenas al propietario —como cierres gubernamentales o desastres— no se puedan renovar los certificados federales correspondientes.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para establecer un derecho de prioridad a favor de los municipios en la adquisición de propiedades inmuebles que hayan sido rematadas por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) debido a deudas contributivas, permitiendo que los municipios las adquieran para fines públicos antes que otras agencias gubernamentales.

La Ley 166-2026 establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la priorización de los establecimientos residenciales que brindan cuidado a menores bajo la supervisión del Departamento de la Familia en los planes de restablecimiento de servicios esenciales (energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones) tras una emergencia o desastre, equiparándolos con instalaciones críticas como hospitales.

Esta ley enmienda la Ley de Tierras de Puerto Rico para modernizar los procedimientos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Permite que los miembros de la Junta participen en reuniones mediante videoconferencia o medios electrónicos y establece mecanismos para la toma de decisiones sin necesidad de reuniones presenciales, con el fin de fomentar la eficiencia administrativa de la corporación pública.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 57-2023 para establecer sanciones penales de delito grave (penas fijas de 2 y 3 años) para aquellas personas que, teniendo el deber legal de informar, incumplan con su obligación, impidan a otros informar o suministren información falsa en casos donde exista conocimiento o sospecha de abuso sexual contra un menor.

Esta ley enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer la prevención y protección contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte. Establece definiciones claras, impone responsabilidad civil a los agresores y establece la responsabilidad institucional de las entidades deportivas cuando, conociendo o debiendo conocer conductas de acoso, no tomen medidas correctivas inmediatas.

Esta ley establece la responsabilidad mancomunada entre aseguradoras, intermediarios y proveedores de salud en el proceso de coordinación de beneficios cuando un paciente posee más de un plan médico. Asimismo, faculta al Departamento de Salud y a la Oficina del Comisionado de Seguros para atender querellas administrativas relacionadas con la negativa o falta de cooperación en dicha coordinación, y ordena la creación de reglamentación específica y campañas educativas para garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos del paciente.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para incluir a personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de procesamiento sensorial (TPS) y otras condiciones de hipersensibilidad sensorial severa entre los grupos elegibles para obtener una exención médica que permita el uso de cristales de visión unidireccional o tintes en los vehículos de motor, facilitando así un entorno sensorial controlado para estos pacientes.

Esta ley designa oficialmente la Finca Gabia, ubicada en el municipio de Coamo, como 'Bosque Gabia', integrándola al Sistema de Bosques del Estado. Establece las directrices para su manejo, conservación y administración bajo la custodia de la Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, promoviendo la restauración ecológica, la investigación científica y la educación ambiental.

Esta ley establece un procedimiento especial para uniformar la titularidad de bienes inmuebles pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico cuando no se pueda identificar al titular o no exista documentación fehaciente. Faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para certificar la titularidad a favor del Estado e inmatricular dichas propiedades en el Registro de la Propiedad, permitiendo así su disposición a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).

Esta ley enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para establecer la jurisdicción primaria exclusiva del Tribunal de Primera Instancia en controversias de propiedad horizontal, creando Salas Especializadas de Adjudicación de Controversias de Condominios. Asimismo, impone requisitos de educación para agentes administradores, transfiere funciones administrativas municipales sobre áreas de reciclaje, establece un registro de condominios bajo el Departamento de Justicia y dicta disposiciones transitorias para la transferencia de querellas desde el DACO hacia el Poder Judicial.

Esta ley enmienda la Ley 209-2003, conocida como la 'Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico', con el propósito de actualizar las referencias legales a estatutos derogados por legislación vigente, ajustar el umbral monetario para la aprobación de contratos por parte de la Junta de Directores de $36,000 a $100,000, y realizar ajustes técnicos para mejorar la eficiencia administrativa y operativa del Instituto.

Esta ley enmienda el Artículo 250 del Código Penal de Puerto Rico para establecer como obligatoria la imposición de la pena de restitución en los casos de convicción por el delito de enriquecimiento ilícito cometido por funcionarios o empleados públicos.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas) y la Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico) para clarificar las prohibiciones y excepciones aplicables al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios durante el periodo eleccionario. Establece criterios específicos para los gastos de difusión pública y permite que los alcaldes reelectos realicen transacciones de personal tras recibir su certificación preliminar, buscando garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales y la transparencia en el uso de fondos públicos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 219-2012, conocida como la 'Ley de Fideicomisos de Puerto Rico', para modernizar el marco legal fiduciario. Entre sus cambios principales, reconoce expresamente el fideicomiso revocable, establece la responsabilidad mancomunada de los fiduciarios, faculta al Director de Inspección de Notarías para expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos y actualiza las referencias legales conforme al Código Civil de 2020, con el fin de fomentar la inversión y la certeza jurídica.

Esta ley enmienda la Ley 70-1992, conocida como la 'Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico', con el fin de facultar al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a reestructurar y flexibilizar el otorgamiento de asistencia económica, préstamos y líneas de crédito a entidades privadas y empresas comunitarias dedicadas a la industria del reciclaje, permitiendo que dichos fondos provengan de diversos programas disponibles en la institución financiera.

La Ley 151-2026 establece la creación de las 'Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico', adscritas a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La ley busca organizar y promover recorridos turísticos que integren actividades de aventura y deportes extremos en diversos municipios, fomentando el desarrollo económico mediante la coordinación intergubernamental para la rotulación, promoción y logística de transporte.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para autorizar a los municipios a celebrar vistas adjudicativas mediante videoconferencia como una modalidad alterna a la presencial, estableciendo criterios para su uso, salvaguardas para el debido proceso de ley y la obligación de reglamentar dichos procedimientos.

Esta ley declara el 21 de marzo de cada año como el 'Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza', con el propósito de reconocer y preservar la aportación cultural y el legado afrocaribeño de estas mujeres, facultando al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Municipio de Loíza a realizar actividades conmemorativas y educativas.

Esta ley enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para establecer la obligatoriedad de que todas las agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales remitan sus informes estadísticos al Instituto en un plazo máximo de 60 días. La medida busca centralizar la información estadística en el Inventario de Estadísticas de Puerto Rico, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos, estableciendo además multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía' para prohibir que se realicen descuentos o ajustes en la compensación anual de los policías retirados debido a los ingresos recibidos por concepto del Seguro Social federal, alineando la política pública local con los cambios recientes en la normativa federal.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 40-2020, conocida como la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía', para establecer el uso exclusivo de los recursos del Fideicomiso para fines de retiro. Prohíbe expresamente el uso de dichos fondos para el pago de obligaciones patronales ordinarias, tales como horas extras, licencias acumuladas, nómina o gastos operacionales, garantizando que estos recursos se destinen únicamente a mejorar la seguridad económica de los miembros de la Policía de Puerto Rico tras su retiro.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI' para obligar a las agencias gubernamentales y municipios a incluir una notificación expresa sobre el derecho de preferencia de los veteranos en todos los anuncios, edictos o convocatorias relacionados con la venta, arrendamiento o subsidios de vivienda. Asimismo, establece el destino de las multas administrativas por incumplimiento para financiar campañas educativas sobre los derechos de los veteranos.

Esta ley declara el mes de noviembre de cada año como el 'Mes de la Planificación en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor y las aportaciones de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla. Asimismo, faculta a la Junta de Planificación, a la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación para coordinar actividades y medidas que promuevan los objetivos de esta conmemoración.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 263-1998 para establecer que la beca para el pago de matrícula en instituciones públicas de educación superior, otorgada al cónyuge supérstite e hijos de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber, cubrirá el cien por ciento (100%) del costo de dicha matrícula.

Esta ley enmienda la Ley 36-2015, conocida como la 'Ley del Programa Contacto Verde', con el propósito de integrar la agricultura y la seguridad alimentaria como componentes fundamentales dentro del currículo educativo y las actividades de contacto con la naturaleza en el sistema de educación pública de Puerto Rico, estableciendo la coordinación entre el Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Esta ley enmienda la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para integrar el tema del uso de la inteligencia artificial dentro de los programas de educación virtual para el público y los cursos de educación continua obligatorios para los servidores públicos, con el fin de mitigar riesgos de seguridad y promover un uso responsable de esta tecnología.

Esta ley enmienda diversas disposiciones legales para integrar a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 'Programa Experience' del Departamento de Seguridad Pública. El objetivo es fortalecer este programa educativo, preventivo y de reclutamiento para jóvenes de 15 a 18 años, estableciendo la obligación de colaboración interagencial y otorgando beneficios de puntuación a los participantes en procesos de reclutamiento futuros.

La Ley 138-2026 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer la figura del Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica en cada municipio. Esta ley busca fortalecer la respuesta local ante la violencia de género, obligando a los municipios a designar un funcionario capacitado para brindar apoyo, orientación y canalización de servicios a las víctimas, asegurando la coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Esta ley enmienda el Artículo 2.048 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para restablecer el requisito de que los solicitantes de empleo en el servicio público municipal no hayan sometido información falsa, incorrecta o engañosa en sus procesos de reclutamiento, corrigiendo una omisión técnica previa.

Esta ley enmienda el Artículo 619A del Código Civil de Puerto Rico de 2020 para clarificar el lenguaje y los criterios de adjudicación respecto al derecho de los abuelos y tíos a mantener relaciones con menores de edad, asegurando que el tribunal considere el interés óptimo del menor en casos de oposición por parte de los padres o tutores.

Esta ley enmienda la Ley 21-2021, conocida como la 'Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico', para fortalecer la política pública contra la difusión no consentida de material íntimo. La legislación tipifica como delito grave tanto la divulgación no autorizada de material explícito como la amenaza de realizar dicha acción, utilizando cualquier medio de comunicación electrónica o cibernética, independientemente de la relación entre las partes.

Esta ley declara el 14 de octubre de cada año como el 'Día de Concientización del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)' en Puerto Rico, ordenando al Departamento de Salud, a la ASSMCA, al Departamento de Educación y a los municipios a realizar actividades y campañas educativas para fomentar la detección temprana, reducir el estigma y mejorar el acceso a tratamientos para esta condición.

Esta ley enmienda el Artículo 6.14A de la Ley 22-2000, conocida como la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico', con el fin de aumentar la multa administrativa de cien (100) a quinientos (500) dólares por incumplir con la obligación de ceder el paso a vehículos de emergencia autorizados que emitan señales de alarma.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 113-2012 para actualizar y clarificar las definiciones de 'veterano' y 'veterano incapacitado del servicio', alineándolas con las normativas federales del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), con el fin de facilitar el acceso de veteranos dueños de pequeñas empresas a beneficios y oportunidades de contratación gubernamental.

Esta ley enmienda el Artículo 1327 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) para establecer que el contrato de préstamo se presume gratuito, eliminando la presunción de onerosidad y aclarando que los intereses solo se deben si han sido expresamente pactados entre las partes.

Esta ley enmienda el Artículo 1198 del Código Civil de Puerto Rico para establecer claramente que los términos de prescripción quedan suspendidos durante la minoridad de edad y mientras dure el estado de incapacidad de una persona, garantizando así la protección de sus derechos y reclamaciones legales.

Esta ley enmienda la Ley 20-2023 para establecer el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias como el 'Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño' y designa oficialmente al Municipio de Moca como la 'Capital del Mundillo Puertorriqueño', con el fin de promover la cultura, el turismo y el desarrollo económico artesanal.

La Ley 128-2026 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para ampliar las entidades gubernamentales donde los médicos cualificados pueden cumplir con su requisito de 180 horas anuales de servicio comunitario de manera remunerada. Se incluyen la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la ASSMCA y el Programa de Salud Correccional, con el fin de incentivar la retención de profesionales médicos en la isla.

Ley que declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Ortopedia y Traumatología en Puerto Rico', con el fin de promover la educación, prevención y concienciación sobre la salud musculoesquelética, estableciendo responsabilidades de coordinación para el Departamento de Salud y los municipios.

Esta ley deroga la Ley Núm. 12-2008, eliminando el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Establece una nueva política pública para la seguridad portuaria basada en análisis de riesgo y coordinación con agencias federales, con el objetivo de reducir costos operativos, eliminar burocracia innecesaria y mitigar el impacto económico en el consumidor final.

Esta ley enmienda la Ley 85-2018, conocida como la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', para reestructurar el Departamento de Educación. Establece una nueva jerarquía organizacional que incluye la creación de las posiciones de Subsecretario, Oficial Principal Financiero, Oficial Principal de Informática y Oficial Principal Académico, definiendo sus cualificaciones, deberes y mecanismos de coordinación interagencial, particularmente con PRITS en materia tecnológica.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para establecer la obligatoriedad de contar con al menos un terapeuta atlético en todos los torneos deportivos, competencias y escuelas especializadas en deporte, con el fin de garantizar la seguridad física de los atletas y prevenir lesiones.

Esta ley enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para modificar la definición de 'Parte de Arma de Fuego', establecer el requisito de licencia para adquirir dichas partes y tipificar como delito grave la posesión, portación o transporte de partes de armas de fuego sin la debida licencia.

Esta ley enmienda el Artículo 1343 del Código Civil de Puerto Rico para establecer que el requisito de que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles deban constar por escrito aplicará únicamente a aquellos cuyo término exceda los seis años, eliminando así una contradicción normativa y armonizando la disposición con la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 183-1998 para incluir a las víctimas de trata humana como elegibles para recibir compensación por parte de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, eliminando además el impedimento de compensación para aquellas víctimas que hayan incurrido en conducta delictiva como resultado directo de su condición de víctimas de trata.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 54 de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica', con el objetivo de fortalecer el marco legal, mejorar los mecanismos de procesamiento judicial, actualizar las definiciones de maltrato y violencia, e imponer penas más proporcionales y efectivas para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Ley que designa el 9 de marzo de cada año como el 'Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola' en Puerto Rico, con el propósito de reconocer y visibilizar la contribución de las mujeres en el sector agrícola, la agroindustria y la seguridad alimentaria de la Isla, fomentando actividades educativas y de concienciación.

Esta ley deroga el Artículo 44 del Código Político de Puerto Rico de 1902 con el propósito de armonizar el ordenamiento jurídico con el principio de favorabilidad establecido en el Código Penal vigente (Ley 146-2012), eliminando disposiciones obsoletas sobre la persecución de delitos bajo leyes ya derogadas.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Concientización Sobre Leptospirosis' en Puerto Rico, estableciendo la política pública de prevención, educación y detección temprana de esta enfermedad. Asimismo, faculta al Departamento de Salud para coordinar esfuerzos interagenciales, municipales y comunitarios, incluyendo la creación de campañas educativas y la reglamentación necesaria para su implementación.

Esta ley designa la última semana de febrero de cada año como la 'Semana de los Future Farmers of America (FFA) en Puerto Rico' y establece días conmemorativos específicos dentro de dicha semana para reconocer a estudiantes, maestros, agricultores, ganaderos y profesionales del sector agrícola, con el fin de fomentar el liderazgo juvenil y la educación agrícola en la Isla.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para actualizar los mecanismos de supervisión financiera de las estructuras de control de compañías de seguros (holding companies). Incorpora estándares de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), incluyendo el Cálculo de Capital de Grupo y el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez, con el fin de fortalecer la fiscalización de la solvencia, proteger a los consumidores y mantener la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros.

Esta ley enmienda la Ley de Préstamos Personales Pequeños (Ley Núm. 106 de 1965) para revisar los requisitos de activos líquidos mínimos exigidos a los concesionarios, reducir barreras de entrada al mercado, fomentar la competencia y modernizar los estándares de divulgación de tasas de interés y costos asociados al crédito para proteger al consumidor.

Esta ley enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para permitir que los adultos mayores víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de obligaciones alimentarias, abandono o negligencia, puedan prestar su testimonio fuera de la sala del tribunal mediante sistemas de circuito cerrado, con el fin de proteger su bienestar emocional y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos' para establecer un procedimiento formal de órdenes de protección, tipificar nuevos delitos de maltrato y negligencia contra personas con diversidad funcional, y definir las competencias judiciales y penalidades aplicables para garantizar su seguridad e integridad.

Esta ley enmienda la Ley 389-2004 para fortalecer el 'Programa de Oportunidades Financieras a Jóvenes Empresariales' adscrito al Banco de Desarrollo Económico. La medida busca facilitar el acceso al crédito y establecer un sistema de referidos y procesos expeditos para la obtención de permisos, licencias y certificaciones gubernamentales, con el fin de fomentar el desarrollo empresarial juvenil en Puerto Rico.

La Ley 102-2026 establece un mecanismo excepcional para el control poblacional de cerdos salvajes mediante la otorgación de permisos especiales de caza no deportiva a agricultores afectados. La ley ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales enmendar sus reglamentos para clasificar al cerdo salvaje como especie invasora y establece protocolos de manejo sanitario, disposición de restos y prohibiciones sobre el consumo o venta de estos animales para proteger la sostenibilidad alimentaria de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para establecer la obligatoriedad de incluir un enlace directo en el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico que permita el acceso al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, facilitando así el acceso ciudadano a esta información pública.

Esta ley enmienda la Ley 76-2006 para autorizar a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan sido admitidos a tomar el examen de reválida. La medida busca mitigar la escasez de estos profesionales en el sector de la salud, permitiéndoles ejercer bajo supervisión médica mientras completan su proceso de licenciamiento definitivo.

La Ley 99-2026 enmienda la Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad para incluir a la Rama Judicial y sus dependencias en la obligación de implementar sistemas de atención prioritaria para adultos mayores y personas con diversidad funcional en sus servicios administrativos y de atención al público no adjudicativos.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para realizar ajustes técnicos y administrativos. Entre sus disposiciones principales, fortalece los mecanismos para la declaración y manejo de estorbos públicos, flexibiliza procesos de contratación y planificación territorial, establece nuevas funciones para la Unidad de Auditoría Interna, aclara disposiciones sobre la composición de las Legislaturas Municipales y el proceso de sesiones, y atempera el cobro de patentes municipales sobre contratos municipales.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020) para establecer una licencia especial con paga de hasta cinco días laborables para empleados del Gobierno y municipios, permitiéndoles realizar funciones de apoyo en la Comisión Estatal de Elecciones durante los años electorales.

Esta ley enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales para permitir que, en casos de desahucio donde la parte demandada alegue la existencia de una comunidad de bienes por aportaciones realizadas al inmueble, se pueda presentar prueba sobre dichas aportaciones y solicitar que el procedimiento se tramite por la vía ordinaria en lugar de la sumaria.

Esta ley enmienda la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Sus objetivos principales son agilizar el tráfico jurídico y reducir costos procesales al eximir del procedimiento de *exequátur* a las sentencias de tribunales federales y estatales de los Estados Unidos cuando se presenten para acreditar el estado civil de los comparecientes en el Registro de la Propiedad. Además, la ley modifica los requisitos para el cargo de Registrador de la Propiedad, reduciendo la experiencia profesional necesaria a cinco años.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 43-1994, conocida como la 'Ley para Prohibir la Copia, Publicidad y Venta sin el Consentimiento del Dueño de Grabaciones y Actuaciones en Vivo', con el propósito de armonizar sus penas con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica como delito grave la reproducción, transporte, venta o publicidad no autorizada de grabaciones sonoras y audiovisuales, estableciendo términos de reclusión y multas que varían según la cantidad de material ilegal y la reincidencia del infractor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la 'Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo', con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la Comisión Industrial de Puerto Rico. La enmienda establece un mecanismo de asignación automática del cuatro por ciento (4%) de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia la Comisión, buscando fortalecer su autonomía administrativa y asegurar la continuidad de sus funciones cuasi-judiciales en la adjudicación de reclamaciones laborales.

Esta ley deroga la Ley 212-2014, conocida como la 'Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo', con el propósito de eliminar el Comité Interagencial encargado de dicho proyecto. La medida responde a que el organismo ha permanecido inoperante desde el año 2015, buscando así reducir la burocracia, evitar la duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico, delegando la gestión de este patrimonio en entidades con competencia directa como el Municipio de Arroyo y la Compañía de Turismo.

Esta ley enmienda la 'Ley de Explosivos de Puerto Rico' (Ley Núm. 134 de 1969) con el objetivo de armonizar sus disposiciones penales y delitos con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma actualiza las penas por el uso y posesión ilegal de explosivos o sustancias para fabricarlos, y establece los procedimientos de confiscación de bienes relacionados con dichas infracciones bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones.

Esta ley enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores (Ley 121-2019), el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y la Ley de la Judicatura para facultar a los jueces municipales y superiores a nombrar tutores temporales en situaciones de emergencia. El propósito principal es agilizar los mecanismos de protección para adultos mayores cuya seguridad, salud o patrimonio se encuentren en riesgo debido a accidentes o condiciones médicas, garantizando un procedimiento sumario y aclarando la competencia judicial para emitir dichas órdenes.

Esta ley crea la 'Ley para Promover y Establecer el Intercambio de Información de Salud de Puerto Rico', con el objetivo de establecer el *Puerto Rico Health Information Exchange* (PRHIE) bajo la supervisión del Programa Medicaid del Departamento de Salud. La legislación busca modernizar la infraestructura tecnológica para el intercambio de datos clínicos electrónicos, garantizando la interoperabilidad y el cumplimiento con normativas federales de privacidad y seguridad como HIPAA y HITECH. Además, deroga la Ley 40-2012, crea un Consejo Asesor multisectorial, define las responsabilidades del Coordinador del PRHIE y establece un marco de sanciones administrativas para asegurar la participación de los proveedores de servicios de salud.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba' (Ley Núm. 259 de 1946) con el objetivo de armonizar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico de 2012 y la Ley de Armas de 2020. La norma establece los criterios bajo los cuales el Tribunal de Primera Instancia puede suspender una sentencia de reclusión y otorgar libertad a prueba, detallando una lista extensa de excepciones para delitos graves que no cualifican para este beneficio, tales como asesinato, agresiones sexuales, corrupción pública, violaciones a la Ley de Armas, narcotráfico y delitos de tránsito que resulten en daño grave o muerte.

Esta ley establece la Ley para la Reorganización de las Subsidiarias y Afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). Su objetivo principal es disolver entidades gubernamentales inactivas (como la Autoridad de las Navieras, la Autoridad de Teléfonos y la Corporación para el Financiamiento Público) y reorganizar otras afiliadas bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). La legislación enmienda múltiples estatutos orgánicos relacionados con el financiamiento de la vivienda, infraestructura, facilidades médicas y educativas, y el Fideicomiso de los Niños, buscando optimizar la estructura administrativa y fiscal del Gobierno tras el cese de funciones operacionales del BGF.

Esta ley declara el 30 de junio de cada año como el 'Día de Concienciación sobre la Artrogriposis Múltiple Congénita en Puerto Rico', ordenando al Departamento de Salud la realización de actividades educativas y campañas de sensibilización sobre esta condición neuromuscular.

Esta ley enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009) y el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). Su propósito principal es establecer requisitos estrictos de legitimación activa para que personas privadas puedan presentar recursos extraordinarios (como *injunction*, *mandamus* o sentencia declaratoria) contra permisos de construcción, exigiendo la demostración de un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente. Además, regula la revocación de permisos obtenidos mediante información falsa, armoniza las disposiciones sobre ordenación territorial en suelos rústicos especialmente protegidos y establece la obligatoriedad de una fianza mínima del 10% del valor del proyecto para cualquier solicitud de paralización de obra.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 103-2006, conocida como la 'Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico', con el propósito de fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Establece que las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales que realicen campañas publicitarias en televisión deben invertir al menos un cinco por ciento (5%) de su presupuesto publicitario en la contratación de servicios de WIPR. La ley define qué se considera información de interés público y establece excepciones para casos de urgencia, salud, falta de presupuesto específico o estrategias de difusión especializadas validadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Esta ley enmienda la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico' y la 'Carta de Derechos de los Maestros del Sistema Público de Enseñanza' para establecer un término máximo de un (1) año natural a las medidas cautelares de aislamiento o traslado temporal de empleados del Departamento de Educación. El propósito principal es garantizar el derecho constitucional al debido proceso de ley, evitando que el personal docente permanezca en un limbo administrativo por tiempo indefinido durante procesos de investigación o disciplina.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la *Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores*, para fortalecer las protecciones legales de esta población. La reforma incluye el maltrato, daño o amenaza a los animales de compañía o mascotas de los adultos mayores como una modalidad de intimidación y maltrato. Además, se faculta a los tribunales para emitir órdenes de protección cuando se utilice el daño a los animales como medio de coerción, control o daño emocional contra la persona adulta mayor.

Esta ley declara el tercer domingo de febrero de cada año como el Día del Sombrero en Puerto Rico. Su propósito es exaltar la identidad cultural, las tradiciones y la artesanía puertorriqueña, tomando como referencia las festividades celebradas en el Municipio de Utuado. La ley ordena al Gobernador de Puerto Rico emitir una proclama anual para exhortar a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía a organizar y participar en actividades conmemorativas.

Ley que declara el 2 de abril de cada año como el 'Día de la Historia Deportiva Ponceña', ordenando al Gobernador la emisión de una proclama anual y facultando al Departamento de Recreación y Deportes y al Municipio de Ponce a realizar actividades conmemorativas en honor a la trayectoria deportiva de dicha ciudad.

Esta ley, denominada como la 'Ley para la Atención del Estudiantado con Epilepsia en las Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico', tiene como objetivo principal garantizar un entorno educativo seguro y equitativo para estudiantes con diagnóstico de epilepsia. La legislación establece la obligatoriedad de crear un *Plan Escolar de Acción para Crisis Epiléptica* individualizado, la capacitación del personal escolar para el manejo de emergencias y la provisión de acomodos razonables. Además, prohíbe estrictamente el discrimen por razón de esta condición de salud, protege la confidencialidad de los datos médicos y define las responsabilidades civiles y administrativas de las instituciones y los padres o tutores, en armonía con el Código Civil de Puerto Rico y las leyes de educación especial.

Esta ley enmienda el Artículo 3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica'. El propósito principal es prohibir que cualquier persona convicta por el delito de agresión sexual (según tipificado en la misma ley) pueda beneficiarse de programas de desvío o libertad a prueba. La enmienda busca asegurar que la gravedad de la violencia sexual en el contexto de pareja no sea mitigada por alternativas procesales, reforzando la protección a las víctimas y la severidad del sistema de justicia penal.

Esta ley enmienda la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley Núm. 154-2008) con el propósito de armonizar sus disposiciones y delitos con el sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica y establece sanciones para conductas como el abandono, maltrato agravado, peleas de animales, envenenamiento, transporte inadecuado y la práctica ilegal de eutanasia o cirugías cosméticas. Asimismo, regula la concesión de órdenes de protección para animales en contextos de violencia doméstica y establece requisitos de licenciamiento para criadores bajo la supervisión del Departamento de Salud.

Esta ley enmienda la Ley 1-2001 (*Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico*) con el fin de modernizar la estructura de gobernanza de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). La pieza legislativa elimina el antiguo Consejo Asesor para crear la Comisión Asesora Comunitaria y del Tercer Sector, integrando a líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Además, establece una Mesa Interagencial compuesta por diversos secretarios de agencias y representantes municipales para coordinar esfuerzos gubernamentales en beneficio de las comunidades vulnerables y promover su autogestión.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002' con el objetivo de fortalecer la solidez financiera de las nuevas cooperativas. La enmienda aumenta el capital accionario mínimo requerido para comenzar operaciones de cincuenta mil (50,000) a ciento cincuenta mil (150,000) dólares, buscando asegurar que estas entidades cuenten con una base económica adecuada para enfrentar los costos operacionales y regulatorios iniciales.

Esta ley enmienda la Ley 42-2023, conocida como la 'Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico'. El propósito principal de la enmienda es designar a la Administración de Sistemas de Retiro como la agencia líder en la creación del programa voluntario de ahorro para el retiro de empleados del sector privado, sustituyendo a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en esa función para evitar conflictos con su rol regulador. Además, ajusta la composición de los Grupos Especiales de Trabajo y establece requisitos presupuestarios y de informes para asegurar la implementación de proyectos de capacitación financiera dirigidos a la fuerza laboral.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el fin de expandir la jurisdicción y facultades de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). Entre los cambios principales, se le otorga autoridad para adjudicar reclamaciones relacionadas con el salario mínimo y solicitudes de acomodo razonable por motivos religiosos. Además, establece que los procesos se regirán por la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

Esta ley establece el 6 de febrero de cada año como el 'Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña', con el fin de reconocer y conmemorar las aportaciones y ejecutorias de las atletas puertorriqueñas. La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Departamento de Recreación y Deportes, en conjunto con otras entidades, a realizar actividades de promoción y celebración de esta fecha.

Esta ley designa el cuarto jueves de abril de cada año como el 'Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM' en Puerto Rico. Su propósito es establecer una política pública que fomente la participación equitativa de niñas y mujeres en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, promoviendo iniciativas educativas, mentorías y alianzas intersectoriales para reducir la brecha de género en estos campos.

Esta ley enmienda la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009) para establecer requisitos estrictos de transparencia y evitar conflictos de interés. Prohíbe que los contratistas de alianzas público-privadas subcontraten bienes o servicios a familiares, socios, ex socios, ex empleados o entidades relacionadas, salvo que se demuestre que es la opción más eficiente en términos de precio y servicio, con el fin de prevenir el nepotismo y proteger el erario público.

Esta ley designa el 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”. Su propósito principal es fomentar la comunicación afectiva, el amor y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida. La ley establece como política pública el fortalecimiento del núcleo familiar y ordena al Departamento de la Familia, en coordinación con otras agencias, el desarrollo de planes educativos y campañas de orientación para promover estos valores en la sociedad puertorriqueña.

Esta ley declara el mes de junio de cada año como el 'Mes para Promover la Donación de Sangre en Puerto Rico'. Su objetivo principal es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia crítica de la donación voluntaria de sangre y plasma para salvar vidas y mantener inventarios estables en el sistema de salud. La legislación ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Secretario de Estado para coordinar esfuerzos de divulgación junto al Departamento de Salud y los bancos de sangre de la isla.

Esta ley enmienda la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico' (Ley 22-2000) con el fin de incluir a los pacientes de lupus, en todas sus modalidades (sistémico, cutáneo o discoide), como personas elegibles para solicitar el rótulo removible que autoriza el uso de estacionamientos para personas con impedimentos. La medida reconoce el impacto de esta enfermedad autoinmune en la movilidad y la salud de los pacientes, particularmente su sensibilidad a la radiación solar.

Esta ley establece la Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos, con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas de delitos, testigos cooperadores y sus núcleos familiares para asegurar su participación en investigaciones y procesos judiciales. La ley crea un programa especializado bajo el Departamento de Justicia que se divide en dos secciones: el *Centro de Protección a Testigos Cooperadores* y el *Hogar de Víctimas de Delito*. Además, define las facultades administrativas del Secretario de Justicia, establece protocolos para la protección de menores y autoriza la coordinación interagencial y el uso de fondos federales y estatales para la operación de estos albergues.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 95 de 1963, conocida como la 'Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos', para realizar ajustes técnicos en la definición de 'empleado' y restituir la facultad del Departamento de Educación para negociar y contratar directamente planes de seguros médicos para sus funcionarios y empleados, incluyendo también al Departamento de Seguridad Pública en las disposiciones pertinentes.

Esta ley enmienda la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico para atemperar sus disposiciones a la Ley Núm. 67-1993, precisando las facultades del Departamento de Salud y de sus inspectores en la investigación de violaciones, el ejercicio de funciones de orden público, el manejo de sustancias controladas y los procedimientos de confiscación y destrucción de bienes.

Esta ley enmienda la Ley 6-2011 para establecer como requisito obligatorio que los entrenadores deportivos de menores de 18 años presenten resultados negativos en pruebas de detección de sustancias controladas para obtener o mantener su licencia. Asimismo, faculta al Departamento de Recreación y Deportes a realizar pruebas aleatorias periódicas y establece los parámetros reglamentarios para la implementación de estas medidas de seguridad.

Ley que declara el 15 de mayo de cada año como el 'Día de las Fraternidades y Sororidades en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor social y el compromiso con el servicio público de estas organizaciones universitarias.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para consolidar y fortalecer la política pública sobre la educación e información al ciudadano respecto a proyectos de infraestructura y mejoras en servicios básicos. Deroga la Ley 98-2002 y establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas de notificar y orientar a la ciudadanía sobre obras que afecten servicios esenciales, utilizando las plataformas digitales bajo la supervisión de la Puerto Rico Innovation and Technology Service.

Esta ley establece la 'Ley de Reflexión y Meditación' para los empleados de las agencias, dependencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. Dispone un periodo voluntario de cinco minutos al inicio de la jornada laboral para que los servidores públicos reflexionen sobre valores como el respeto, la honradez y la transparencia. La ley asegura que este espacio sea de carácter no sectario y no político, integrándolo como parte de la jornada laboral compensada y prohibiendo cualquier tipo de penalización para quienes decidan no participar.

Esta ley enmienda el Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 y la Ley Uniforme de Valores con el propósito de extender el término de prescripción de la acción penal a diez (10) años en casos de fraude, lavado de dinero y apropiación ilegal agravada cuando la cuantía sea de $500,000 o más. La exposición de motivos destaca que la complejidad de los esquemas de fraude financiero y ocupacional requiere periodos de investigación y auditoría más extensos para su detección y procesamiento efectivo.

Esta ley enmienda el 'Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico' (Ley 2-2018) con el propósito de fortalecer el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Entre sus disposiciones principales, integra al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como miembro permanente del grupo y expande sus funciones estratégicas para incluir el diseño de políticas públicas preventivas, la evaluación de marcos jurídicos y el análisis de riesgos de corrupción basados en datos e investigaciones intersectoriales.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (*Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico*) con el propósito de prohibir que personas jurídicas extranjeras influyan económicamente en los procesos electorales de Puerto Rico. La enmienda define formalmente a las personas jurídicas extranjeras y les prohíbe, de forma directa o indirecta, realizar donativos, organizar comités de acción política o efectuar gastos independientes para financiar campañas políticas, delegando la supervisión de estas disposiciones a la Oficina del Contralor Electoral.

La Ley establece un marco normativo obligatorio para que todas las entidades gubernamentales y municipales notifiquen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico cualquier pérdida o irregularidad en el manejo de fondos y propiedad pública. La ley define los procedimientos de investigación administrativa, las responsabilidades de los funcionarios principales y oficiales de enlace, y establece mecanismos de sanción y coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para garantizar la transparencia y la protección de los bienes públicos.

Esta ley enmienda la 'Ley de Menores de Puerto Rico' y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores con el fin de fortalecer las garantías procesales de los menores de edad. La legislación establece como requisito obligatorio que cualquier interrogatorio realizado por agentes del orden público, así como la renuncia a derechos constitucionales por parte del menor, sea grabado íntegramente en audio y video para ser admisible como evidencia. Además, exige la presencia de padres, encargados o abogados durante dicho proceso, salvo excepciones muy limitadas por emergencias o seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra' (Ley Núm. 118 de 1974) con el objetivo de establecer términos claros para el proceso de reconsideración de solicitudes de libertad bajo palabra. Dispone que la Junta debe notificar sus decisiones en un plazo de 60 días tras la vista y establece un término de un año para que la población correccional pueda solicitar una nueva reconsideración tras una denegación, buscando agilizar los procesos administrativos y fomentar la rehabilitación y reinserción social.

Esta ley enmienda la Ley 22-2021, conocida como la 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico', con el fin de ordenar la creación y publicación obligatoria de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda. El catálogo debe consolidar información sobre todos los servicios públicos disponibles, requisitos de elegibilidad y disponibilidad de intérpretes. Además, establece que la información debe ser accesible siguiendo estándares digitales (ADA y Sección 504) y requiere la coordinación entre la Oficina Enlace, PRITS y diversas agencias gubernamentales para su actualización bienal.

Esta ley enmienda el Artículo 194 del Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012) con el objetivo de incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los elementos que configuran el delito de escalamiento. La reforma busca equiparar la intención de causar daños a la propiedad con la intención de apropiación ilegal al momento de una entrada no autorizada en una estructura, eliminando una disparidad normativa y fortaleciendo la protección de la propiedad y la seguridad ciudadana.

Esta ley enmienda la 'Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados', la 'Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico' y la 'Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico' con el fin de humanizar el trato de los restos fetales en pérdidas gestacionales ocurridas antes de las veinte (20) semanas. La normativa establece que, a solicitud de los padres, estos restos no serán considerados desperdicios biomédicos, permitiendo su entrega a funerarias para una disposición digna (sepultura o cremación). Además, faculta al Departamento de Salud para emitir certificados especiales de inscripción y desarrollar los protocolos administrativos necesarios para garantizar la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana en estos procesos.

Esta ley enmienda la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley 430-2000) para armonizar los límites permitidos de alcohol en la sangre con los establecidos en la Ley de Vehículos y Tránsito. Establece que los operadores de embarcaciones entre las edades de 18 a 20 años no podrán superar un nivel de alcohol de 0.02%, mientras que para mayores de 21 años el límite es de 0.08%. Asimismo, impone una política de cero tolerancia para empleados o funcionarios públicos que operen embarcaciones del Gobierno de Puerto Rico y detalla las presunciones legales en procesos criminales por embriaguez.

Esta ley enmienda el Artículo 10 de la Ley 148-2015, denominada como la 'Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico'. La enmienda tiene como objetivo principal elevar a la categoría de delito grave el incumplimiento de las órdenes de protección expedidas a favor de víctimas de agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual o incesto. Establece una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años para cualquier violación a sabiendas de dicha orden, buscando uniformar el nivel de protección penal con el que cuentan las víctimas de violencia doméstica bajo la Ley 54.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para realizar ajustes técnicos y operacionales destinados a fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema electoral. Entre sus cambios principales se encuentran la creación de una nueva modalidad de voto adelantado presencial para personas de 50 años o más, la optimización de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mediante el balance institucional, y la regulación de herramientas tecnológicas como el Registro Electrónico de Electores (eRE) y el Sistema de Endosos (SIEN). También establece normas estrictas para el escrutinio general, la gestión de vacantes municipales y penalidades por la destrucción de propaganda política.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico con el propósito de extender a dieciséis (16) años el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad. La medida busca fortalecer la autonomía, estabilidad e independencia de criterio de estos funcionarios, equiparando sus términos de nombramiento con los de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones.

Esta ley enmienda la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico (Ley 60-2014) con el propósito de incluir a ciertos funcionarios del Negociado del Cuerpo de Bomberos entre las excepciones autorizadas para utilizar vehículos oficiales fuera de la jornada laboral. Los cargos exceptuados incluyen a los comisionados auxiliares, comandantes de zona, jefes de distrito y al director de transporte, fundamentado en la necesidad de su disponibilidad permanente para atender emergencias y garantizar la continuidad de las operaciones de seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta Silver' (Ley 132-2009) con el propósito de establecer un término obligatorio de seis (6) horas para la emisión de la alerta tras el reporte de desaparición o último avistamiento de una persona con Alzheimer o demencia. La enmienda busca eliminar la discrecionalidad de las autoridades y garantizar una respuesta rápida y uniforme por parte de la Policía de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Salud y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para proteger a esta población vulnerable.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para establecer que la suspensión de la licencia de conducir por un término de tres años, tras acumular tres infracciones por rebasar una luz roja, solo será aplicable si dichas faltas ocurren dentro del periodo de vigencia de la licencia del conductor. La medida busca asegurar que las sanciones administrativas sean proporcionales, razonables y justas dentro del marco de la seguridad vial.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para agilizar la respuesta de los ayuntamientos ante estados de emergencia. El cambio principal reduce de cinco días a veinticuatro (24) horas el término de notificación previa que un Alcalde debe dar a las corporaciones públicas (como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) antes de iniciar labores municipales para restablecer servicios críticos de electricidad o agua. Además, detalla los requisitos de información que debe contener dicha notificación y dispone la formalización de acuerdos colaborativos para asegurar el cumplimiento con los estándares de FEMA y la obtención de reembolsos federales.

Esta ley enmienda los artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 para establecer la obligatoriedad de notificar a la Oficina del Procurador del Veterano en los procedimientos de desahucio que involucren a veteranos. Asimismo, armoniza las disposiciones procesales para asegurar que tanto en la radicación de la demanda como en la sentencia de desalojo, se notifique a las oficinas correspondientes cuando se trate de veteranos, adultos mayores o personas con impedimentos, garantizando que estas poblaciones reciban la orientación y asistencia social necesaria para proteger su derecho a la vivienda.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948 con el objetivo de endurecer las penalidades contra la operación de juegos de azar clandestinos. La medida tipifica como delito grave la gestión o interés económico en salas de juego no autorizadas, imponiendo multas de hasta $25,000 y penas de reclusión. Además, busca mitigar problemas de salud pública como la ludopatía y proteger la industria turística y los ingresos del Estado provenientes de casinos regulados.

Esta ley enmienda la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico' (Ley 22-2000) con el objetivo de modernizar el proceso de notificación de multas de tránsito. Establece la obligatoriedad de notificar las infracciones a través de la aplicación móvil CESCO Digital o cualquier sistema digital autorizado por el DTOP. La ley detalla la información mínima que debe contener cada notificación (nombre, fecha, naturaleza de la infracción y cuantía), regula los términos de prescripción de las multas supeditados a la notificación efectiva y ajusta los procedimientos administrativos para el cobro y planes de pago mediante plataformas tecnológicas.

Esta ley establece el 14 de noviembre de cada año como el 'Día del Estudiante Legislador' en Puerto Rico, con el objetivo de fomentar la participación cívica, el liderazgo juvenil y el conocimiento del proceso legislativo en las instituciones educativas públicas y privadas.

La Ley 27-2026 establece un alivio financiero para nuevos clientes residenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), permitiéndoles prorratear el pago de los costos de acometida por un periodo de hasta seis meses. La medida enmienda la Ley Núm. 40 de 1945 para formalizar esta opción de pago como parte de la política pública de la corporación.

La Ley 26-2026 establece un marco normativo uniforme para la regulación de espacios sanitarios públicos en todas las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. La ley exige la designación de baños públicos de ocupación múltiple basados en el sexo biológico, prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros, y dispone la provisión de baños asistidos o familiares como acomodo razonable, estableciendo multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley designa el Frente Marítimo del Municipio Autónomo de Cataño, incluyendo el Malecón Edwin Rivera Sierra, como una 'Zona de Turismo Gastronómico'. La medida establece un marco de colaboración entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Cataño y diversas agencias gubernamentales para desarrollar planes de mercadeo, mejorar la infraestructura urbana, agilizar procesos de permisología y promover el desarrollo económico y cultural de la zona.

Esta ley declara el tercer domingo de mayo de cada año como el Día Nacional del Maratón de la Virgen del Pozo de Sabana Grande. El propósito de la medida es reconocer la importancia cultural, deportiva y religiosa de este evento, el cual es considerado la carrera pedestre más antigua de Puerto Rico (iniciada en 1954). La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta a la Compañía de Turismo, en coordinación con el Municipio de Sabana Grande, para promover el evento y sus valores sociales e históricos.

Esta ley enmienda la Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico para establecer criterios específicos que los tribunales deben considerar al evaluar una solicitud de descalificación de un abogado, con el fin de evitar el uso de estas mociones como tácticas dilatorias y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico con el propósito de uniformar el proceso de conversión de multas no pagadas en días de reclusión. La enmienda ajusta la cuantía de abono, estableciendo que cada día de reclusión equivaldrá a cincuenta dólares ($50) de la multa no satisfecha, eliminando la disparidad previa con el Código Penal. Además, integra salvaguardas para personas de escasos recursos conforme a la Ley para la Imposición de la Pena Especial.

Esta ley enmienda la 'Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico' (Ley 10-2017) para imponer al Director Ejecutivo la responsabilidad de establecer, actualizar y publicar de forma digital toda la información sobre programas, beneficios, servicios e instalaciones disponibles para adultos mayores. La normativa busca centralizar la información de agencias gubernamentales y entidades privadas en el portal cibernético de la Oficina, incluyendo además un listado actualizado de las comunidades especiales por distrito para mejorar la transparencia y el acceso a servicios esenciales para la población de edad avanzada.

Esta ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para establecer que, para propósitos de los incisos (g) y (h) del Artículo 93, se considerará como 'ser humano' al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida busca armonizar el Código Penal con las disposiciones del Código Civil y fortalecer las protecciones establecidas en la Ley Keyshla Madlane.

Esta ley enmienda la Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados (Ley 7-2019) con el fin de facilitar su implementación técnica. Establece la obligación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y de PRITS de recopilar y publicar una guía de precios de los cien medicamentos más recetados cuyo costo supere los cien dólares, enfocándose en proteger a pacientes sin cubierta médica. Además, reestructura el Comité Interagencial para incluir representación del Colegio de Farmacéuticos y refuerza las garantías de confidencialidad sobre la información comercial sensible provista por las farmacias.

Esta ley declara a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico) como Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico. El reconocimiento se otorga en virtud de su trayectoria de más de 75 años ofreciendo servicios médicos, terapéuticos, educativos y de inclusión social a niños, jóvenes y adultos con discapacidades o condiciones complejas de salud.

Esta ley enmienda la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 (Ley 255-2002) con el objetivo de expandir las facultades de las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. La reforma permite que estas instituciones ofrezcan líneas de crédito y tarjetas de crédito comerciales tanto a socios como a no socios y entidades con fines de lucro. Además, flexibiliza los requisitos de colateral al permitir el uso de garantías personales debidamente evaluadas, buscando así facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas y estimular el desarrollo económico local.

Esta ley enmienda el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 para incluir formalmente a los Agentes de Seguridad y Protección de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE), adscritos al Programa de Instituciones Juveniles, como parte del Cuerpo de Oficiales de Custodia. El propósito es reconocerles los derechos, beneficios y obligaciones correspondientes a dicha designación, validando su función de alto riesgo en la seguridad, custodia de menores transgresores y mantenimiento del orden en las instituciones.

Esta ley enmienda el Artículo 13 de la Ley 129-2020 (Ley de Condominios de Puerto Rico) con el propósito de obligar a la administración de los condominios a entregar copia del reglamento a los corredores de bienes raíces o a potenciales compradores en un término no mayor de 5 días laborables. La medida busca garantizar que cualquier persona interesada en adquirir una propiedad bajo el régimen de propiedad horizontal esté debidamente informada sobre las normas administrativas y de convivencia que rigen el inmueble antes de concretar la compra.

Esta ley crea la 'Ley del Registro Digital de Agricultores y Productos Locales' con el objetivo de establecer una plataforma digital pública, administrada por el Departamento de Agricultura, que contenga información sobre los agricultores bonafide de Puerto Rico y sus productos. La legislación busca fomentar el consumo de productos locales, facilitar la conexión entre agricultores y consumidores, y modernizar el acceso a la información agrícola mediante el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad alimentaria y la economía del país.

Esta ley enmienda la Ley de Condohoteles de Puerto Rico (Ley 249-2008) con el propósito de modernizar y flexibilizar el marco legal que rige este modelo de negocio turístico. La medida busca facilitar el desarrollo, financiamiento y administración de condohoteles, permitiendo la conversión de regímenes de propiedad horizontal tradicionales a este modelo. Entre sus disposiciones clave se encuentran la clarificación de facultades del administrador para imponer multas y suspender servicios por impago, la regulación de la inscripción de unidades en el Registro de la Propiedad, y el establecimiento de procesos para la expansión, contracción o fusión de estos regímenes. También define el uso de unidades comerciales y residenciales dentro del ecosistema turístico para incentivar la inversión privada en la isla.

Esta ley enmienda la Ley 21-2008 para hacer compulsorio que las aseguradoras y organizaciones de seguros de salud informen anualmente al Departamento de Salud sobre sus cubiertas y medicamentos disponibles para el tratamiento de la adicción al tabaco. Además, establece mecanismos de penalidad, incluyendo la posible revocación de certificados por parte del Comisionado de Seguros ante el incumplimiento con el suministro de esta información.

Esta ley enmienda la Ley 20-2017, conocida como la *Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico*, para institucionalizar el Programa Experience. Este programa está dirigido a jóvenes de entre 15 y 18 años con un enfoque educativo, preventivo y de reclutamiento. Los participantes reciben capacitación sobre las funciones de los diversos negociados (Policía, Bomberos, Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias, 9-1-1 e Investigaciones Especiales) y obtienen bonificaciones especiales al solicitar ingreso formal a dichas instituciones tras completar el programa.

Esta ley enmienda la Ley 195-2011, conocida como la *Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar*. Su propósito principal es fortalecer la protección del patrimonio familiar frente a embargos y ejecuciones. Las enmiendas extienden a doce (12) meses el plazo para que un ciudadano reinvierta el dinero de la venta de su hogar principal en una nueva propiedad en Puerto Rico manteniendo su protección, y establece un término de sesenta (60) días para reclamar el beneficio de hogar seguro una vez se solicita la ejecución de una propiedad o un embargo preventivo.

Esta ley enmienda la 'Ley del Profesional Combatiente' (Ley 8-2010) para integrar formalmente a la Fuerza Espacial (Space Force) como una rama de las Fuerzas Armadas y los Servicios Uniformados. La legislación busca proteger a los profesionales que son movilizados en misiones militares, humanitarias o de estabilización (tanto a nivel internacional como doméstico), garantizando que su servicio no afecte negativamente su estatus profesional, el cumplimiento de cuotas de colegiación o sus requisitos de educación continua.

Esta ley establece la Ley del Reconocimiento a los Militares Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción con el propósito de honrar a los militares que fueron prisioneros de guerra o desaparecieron en combate. La medida declara el tercer viernes de septiembre como el *Día de Reconocimiento de los Militares POW/MIA* y ordena el despliegue obligatorio de la bandera POW/MIA en edificios públicos, incluyendo el Capitolio, instalaciones de la Guardia Nacional y planteles escolares. Además, mandata al Departamento de Educación a realizar actividades anuales de concientización sobre el significado de este día y el sacrificio de los veteranos.

Esta ley deroga la Ley Núm. 209-2004 para disolver la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas, la cual estaba adscrita al Departamento de la Vivienda. La medida se justifica tras la derogación previa de la política pública que le dio origen, al determinarse que el modelo de incentivos no generaba un retorno de inversión positivo para el Estado. La ley establece un periodo de 60 días para transferir todos los activos y bienes inmuebles de la corporación disuelta al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) con el propósito de integrar la orientación y educación sobre la prevención de trastornos de la conducta alimentaria (como la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno por atracón) dentro de los talleres y campañas de estilos de vida saludables y nutrición que se ofrecen en el sistema escolar. El objetivo es fomentar la detección temprana y proteger la salud integral de niños y adolescentes.

Esta ley enmienda la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', la 'Ley Orgánica del Departamento de Justicia', la 'Ley de la Policía de Puerto Rico' y la 'Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)'. El propósito principal es establecer una colaboración obligatoria entre estas agencias para desarrollar e implementar campañas educativas anuales en las escuelas públicas sobre el uso seguro del Internet, el manejo de medios electrónicos y la prevención de delitos cibernéticos, con el fin de proteger a los menores de edad ante los riesgos del entorno digital.

Esta ley enmienda la 'Ley del Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores' (Ley 204-2024) con el fin de facilitar la donación y reutilización de asientos protectores para niños. La enmienda permite que el Negociado del Cuerpo de Bomberos y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito acepten y distribuyan asientos que no cuenten con su manual de instrucciones original, siempre y cuando cumplan con los estándares de seguridad de la NHTSA y estén en condiciones óptimas. El propósito principal es ampliar el alcance del programa para beneficiar a familias de escasos recursos y promover el reciclaje de equipo de seguridad vial.

Esta ley establece un programa de incentivo para el pago acelerado de multas de tránsito en Puerto Rico. Concede un descuento del 40% sobre la totalidad de la deuda (incluyendo principal, intereses, recargos y penalidades) por concepto de infracciones de Auto Expreso, marbetes vencidos y otras faltas administrativas bajo la Ley 22-2000. El incentivo tiene una duración de 120 días tras la aprobación de la reglamentación correspondiente y excluye de sus beneficios a funcionarios electos y aquellos que requieren confirmación legislativa.

Esta ley prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales (teléfonos inteligentes, tabletas, relojes digitales, etc.) por parte de estudiantes en instituciones educativas públicas de Puerto Rico hasta el octavo grado durante el horario escolar y actividades oficiales. El objetivo es reducir distracciones y prevenir el acoso cibernético, permitiendo excepciones únicamente para fines educativos supervisados, emergencias o por razones de salud debidamente certificadas. Además, ordena al Departamento de Educación desarrollar la reglamentación necesaria para la custodia de los equipos y establecer protocolos de cumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley de Internados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico' (Ley 187-2024) con el propósito de incluir obligatoriamente a un mínimo de dos (2) estudiantes dotados en sus programas de internado. La enmienda busca garantizar que jóvenes con capacidades cognitivas excepcionales tengan espacios de desarrollo profesional dentro de las ramas del gobierno, integrando las definiciones de la Ley 217-2018 sobre estudiantes dotados al marco regulatorio de los internados gubernamentales.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el propósito de proteger a los ciudadanos que adquieren vehículos usados. Establece el derecho afirmativo de todo conductor o propietario a no ser responsabilizado por multas, infracciones de tránsito o cargos de peaje (AutoExpreso) ocurridos en fechas previas a su titularidad registral. La medida prohíbe al Estado imponer bloqueos, gravámenes o restricciones administrativas sobre un vehículo por deudas atribuibles a dueños anteriores y obliga al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a verificar el historial de titularidad antes de adjudicar sanciones. Además, ordena la implementación de sistemas digitales para la corrección automática de multas mal imputadas y otorga vigencia retroactiva a estas protecciones.

Esta ley enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) con el propósito de eximir del pago de contribución sobre ingresos y de la contribución básica alterna la ganancia realizada en la venta de una propiedad inmueble que constituya la residencia principal del vendedor. La medida establece requisitos específicos de ocupación continua por un término mínimo de dos años y excluye de este beneficio a individuos que ya gozan de incentivos bajo la Ley de Inversionistas Residentes.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el propósito de aumentar el límite de la deducción contributiva permitida por aportaciones a Cuentas de Retiro Individual (IRA). La enmienda busca armonizar los topes de deducción locales con los establecidos por el Código de Rentas Internas Federal (IRS), incentivando el ahorro a largo plazo y fortaleciendo la seguridad financiera de los contribuyentes frente a los retos demográficos y económicos de la isla.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el propósito de aumentar el límite de la deducción contributiva permitida por aportaciones a cuentas de ahorro para la educación. La medida eleva el tope de deducción de quinientos (500) a mil (1,000) dólares anuales por beneficiario, buscando incentivar el ahorro familiar para gastos educativos y armonizar el tratamiento contributivo local con las disposiciones federales del IRS.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para crear las Cuentas de Ahorro para Personas con Discapacidades (ABLE Accounts). Estas cuentas permiten a individuos con discapacidades y sus familias ahorrar fondos con ventajas contributivas para cubrir gastos cualificados como salud, educación, vivienda y transporte. La ley establece límites de aportación anual, criterios de elegibilidad basados en la Ley Federal de Seguro Social y regula el tratamiento contributivo de las distribuciones y aportaciones.

Esta ley enmienda la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) y la Ley de Transformación y ALIVIO Energético (Ley 57-2014) con el fin de declarar al sector de alimentos como un servicio crítico y esencial. La legislación establece que las instalaciones relacionadas con la cadena de producción, distribución, venta y suplido de alimentos deben ser clasificadas como Instalaciones de Servicios Indispensables, otorgándoles prioridad en el restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable durante estados de emergencia o desastres naturales para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Esta ley enmienda la 'Ley de Contabilidad Pública de 1945' con el fin de modernizar los requisitos de educación y experiencia profesional para obtener la licencia de Contador Público Autorizado (CPA) en Puerto Rico. La reforma establece tres vías alternativas para la certificación, permitiendo opciones que varían entre 120 y 150 horas crédito universitarias combinadas con diferentes periodos de experiencia supervisada. Además, busca armonizar la reglamentación local con estándares internacionales y de Estados Unidos para facilitar la movilidad profesional y la reciprocidad de la licencia.

La Ley del Día de las Madres en Duelo de Puerto Rico (Ley 173-2025) establece el primer domingo de mayo de cada año como una fecha conmemorativa oficial para reconocer a las mujeres que han sufrido la pérdida de un hijo o hija. La ley busca visibilizar el duelo gestacional, infantil y adulto, promoviendo el apoyo emocional y la validación institucional de esta realidad. Además, ordena al Departamento de la Familia, al Departamento de Salud y a la ASSMCA coordinar esfuerzos para implementar campañas de concienciación, programas de salud mental y actividades de apoyo comunitario.

Esta ley añade el Artículo 619A al Código Civil de Puerto Rico de 2020 con el propósito de restituir y proteger el derecho de los abuelos y tíos a mantener una relación significativa con sus nietos y sobrinos menores de edad. La disposición legal otorga legitimación activa a estos familiares para solicitar ante un tribunal un régimen de visitas en casos donde exista oposición por parte de los padres o tutores, permitiendo que el juez decida basándose en el bienestar e interés superior del menor.

Esta ley enmienda la 'Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos' (Ley Núm. 221 de 1948) con el objetivo de atemperar sus disposiciones penales y sanciones al sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma establece penas fijas de reclusión para delitos graves relacionados con la operación ilegal de juegos de azar, tipifica como delito menos grave la obstrucción de denuncias y dispone la revocación obligatoria de licencias otorgadas por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico a quienes resulten convictos.

Esta ley enmienda el Artículo 204 del Código Penal de Puerto Rico para fortalecer las protecciones contra el fraude en la ejecución de obras de construcción. Entre sus disposiciones principales, tipifica el fraude en contratos bajo el esquema de 'cost plus', establece la obligatoriedad del resarcimiento doble a la parte perjudicada (independientemente de si el acusado se acoge a penas sustitutivas) y ordena a los tribunales notificar las sentencias al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y a diversas juntas examinadoras profesionales para la posible revocación de licencias.

Esta ley enmienda el Artículo 1.033 de la Ley 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, con el objetivo de aumentar a doce (12) días anuales la licencia especial otorgada a los Legisladores Municipales. La disposición aplica tanto a empleados del sector público como del privado, permitiéndoles asistir a sesiones, reuniones y vistas oculares necesarias para sus funciones legislativas sin sufrir discriminación laboral.

Esta ley declara la semana del 22 al 29 de junio de cada año como la 'Semana del Inspector e Inspectora de Servicio Público'. El propósito es reconocer, promover y educar sobre la función fiscalizadora y preventiva que realizan estos servidores públicos en el sistema de transporte público y comercial de Puerto Rico, destacando su rol en la seguridad vial y el cumplimiento de normativas estatales y federales.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el propósito de proteger los privilegios de conducir de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sus Reservas y la Guardia Nacional de Puerto Rico. La medida extiende automáticamente la vigencia de las licencias de conducir de estos militares mientras se encuentren activados y movilizados fuera de Puerto Rico, otorgándoles un plazo de ciento veinte (120) días tras su regreso para completar la renovación. Además, ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) habilitar sistemas de renovación en línea y filas exclusivas para facilitar estos trámites.

Esta ley deroga la Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1952, la cual autorizaba al Secretario de Hacienda a eximir del pago de contribuciones sobre ingresos y propiedad a las Asociaciones Cooperativas de Crédito para Producción (bajo el *Farm Credit Act of 1933*). La derogación se justifica debido a que el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 y otras leyes vigentes sobre cooperativas ya proveen los marcos de exención contributiva necesarios, haciendo que la ley de 1952 sea redundante.

Esta ley crea la "Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores". Su objetivo es uniformar la identificación y los derechos de estas poblaciones, otorgándoles un descuento del 50% en la admisión a espectáculos públicos y en los servicios de transporte público. Designa al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para la emisión de identificaciones con un símbolo distintivo y ordena a los municipios y agencias gubernamentales a conceder estos beneficios. Además, enmienda la Ley Núm. 297-2018 y deroga leyes anteriores relacionadas.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 180-2024, conocida como la “Ley del Mes y Día de la Manufactura en Puerto Rico”. Su propósito es atemperar la designación del Día de la Manufactura al primer viernes de octubre, en línea con los Estados Unidos. Además, establece la obligación de la Gobernadora de emitir una proclama anual y faculta al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para promocionar el Día y Mes de la Manufactura, elaborar informes sobre su impacto económico y coordinar eventos de celebración.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 271-2012, conocida como 'License Portability Act of Puerto Rico', para incluir a la United States Space Force como una rama de las Fuerzas Armadas y extender los beneficios de reconocimiento expedito de licencias profesionales a los cónyuges de militares, reservistas y miembros de la Guardia Nacional. Su objetivo es eliminar barreras profesionales para las familias militares trasladadas a Puerto Rico.

Esta ley declara el 4 de septiembre de cada año como el 'Día de la Concientización sobre la Leucemia Infantil' en Puerto Rico. Su objetivo es aumentar la visibilidad y promover la detección temprana, el tratamiento y el apoyo a los niños y niñas afectados por esta enfermedad y sus familias. La ley encarga a los Departamentos de Salud, Educación y Familia, entre otras entidades gubernamentales, la organización de actividades de concientización y establece el lazo anaranjado y dorado como su símbolo.

Esta ley enmienda la 'Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública' para clarificar el derecho de los ciudadanos a la información pública. Establece definiciones, procedimientos para solicitar y divulgar información por parte de las agencias gubernamentales, plazos de respuesta, y las vías de recurso judicial en caso de denegación, incluyendo penalidades por incumplimiento.

Esta ley enmienda la Sección 3 de la Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico para armonizar las penalidades por infracciones (posesión o uso de material pirotécnico) con el sistema de sentencias fijas del Código Penal de Puerto Rico de 2012. Establece penas específicas para delitos menos graves (hasta 10 unidades) y delitos graves (más de 10 unidades), incluyendo reclusión y multas.

Esta ley establece el 26 de septiembre de cada año como el "Día del Director, Coordinador y personal de la Oficina de Base de Fe en Puerto Rico". La legislación busca reconocer la labor de estos profesionales en el servicio público, su rol como enlace entre el gobierno y el sector religioso/tercer sector, y su contribución a la asistencia comunitaria y la promoción de valores y educación.

Esta ley enmienda la Ley del Fondo de Emergencia para incluir tsunamis y la proliferación excesiva de sargazo como situaciones de emergencia cubiertas. Además, establece que el Fondo de Emergencia actuará supletoriamente para cubrir obligaciones de emergencias ambientales si el Fondo de Emergencias Ambientales es insuficiente o insolvente, y detalla el uso de fondos para el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Esta ley enmienda la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2017) para establecer una política pública de identificación y derogación de leyes obsoletas o inoficiosas. Su objetivo es optimizar la administración pública, reducir el gasto gubernamental y mejorar la eficiencia de la Rama Ejecutiva mediante la reorganización, consolidación o externalización de agencias y servicios, ejerciendo las facultades constitucionales para la reestructuración gubernamental.

Esta ley enmienda la Ley 82-2023, conocida como la "Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico". Su propósito principal es reconocer el derecho de los cuidadores informales a ser considerados como la primera alternativa para ser contratados como cuidadores incidentales por entidades gubernamentales que asignen fondos para el cuidado de adultos mayores. La ley define al "Cuidador Incidental" y establece requisitos para su cualificación, incluyendo la demostración de pérdida de empleo debido al cuidado, experiencia laboral previa y capacitación a través del Departamento de la Familia, buscando formalizar su labor y otorgarles derechos laborales.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el "Mes de la Apreciación a la Pastoral y al Clérigo de Puerto Rico", reconociendo la invaluable labor social, emocional, mental y espiritual que realizan estos líderes religiosos en las comunidades. La ley autoriza al Gobernador a emitir una proclama oficial y permite a las agencias gubernamentales celebrar actividades conmemorativas, asegurando que estas no sean consideradas como un uso de fondos públicos para el establecimiento o adelanto de religión alguna.

Esta ley enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 140 de 1974, conocida como "Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho". Su propósito principal es aclarar el alcance del término "vecinos" para incluir tanto a titulares u ocupantes de propiedades residenciales como comerciales, en la resolución provisional de controversias que afecten la convivencia y el orden social. La enmienda busca asegurar que los Jueces Municipales puedan intervenir en disputas sobre colindancias, derecho de paso y perturbaciones que impidan el libre uso de la propiedad, sin importar si los vecinos son residenciales o comerciales, facilitando así la sana convivencia en entornos urbanos mixtos.

Esta ley enmienda la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico" para ampliar la participación de personas y entidades, incluyendo el Tercer Sector y empresas, en la provisión de charlas, adiestramientos y mentorías sobre planificación y manejo de finanzas a estudiantes del Departamento de Educación. El objetivo es fortalecer la educación financiera en temas como ahorro, manejo de deudas, crédito, compra de hogar, prevención de fraude y planificación del retiro, preparando a los estudiantes para tomar decisiones financieras informadas.

Esta ley enmienda el Artículo 32 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para añadir una causa de exclusión de responsabilidad penal. Reconoce que las víctimas de trata humana no incurrirán en responsabilidad penal por actividades ilícitas si su participación fue consecuencia directa de su situación de víctima. La medida busca proteger los derechos de las víctimas y evitar su criminalización, en consonancia con principios internacionales de derechos humanos.

Esta ley enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" (Ley 430-2000) para armonizar las penas por delitos relacionados con la operación de embarcaciones que causen lesiones o muerte. El objetivo es atemperar dichas disposiciones y delitos al sistema de sentencias fijas establecido en el "Código Penal de Puerto Rico" (Ley 146-2012), buscando coherencia y equidad en la aplicación de sanciones penales.

Esta ley crea el "Protocolo para la Atención y Prevención de Situaciones de Violencia Intra y Extrafamiliar en los Refugios" en Puerto Rico. Su objetivo es establecer guías y responsabilidades para diversas agencias gubernamentales (como el Departamento de Seguridad Pública, Vivienda, Justicia, Salud y Familia) para prevenir, detectar e intervenir eficazmente en casos de violencia doméstica, agresión sexual y otros actos violentos en los albergues temporales durante emergencias y desastres. La ley busca proteger a poblaciones vulnerables, como mujeres, menores y personas de edad avanzada, garantizando su seguridad y bienestar en estos entornos, y define varios tipos de violencia haciendo referencia al Código Penal.

Esta ley enmienda la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" para establecer la obligatoriedad de entregar a las víctimas un "plan de acción de protección" al momento de expedir una orden de protección. El plan incluye guías detalladas sobre seguridad personal, planes de escape, mochilas de emergencia, contraseñas de seguridad, protección en el hogar, y seguridad en cuentas electrónicas y redes sociales, con el fin de mejorar la seguridad de las víctimas y prevenir incidentes de violencia.

Esta ley enmienda la 'Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica', las Reglas de Procedimiento Criminal y el 'Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación'. Su propósito principal es establecer la obligatoriedad de la supervisión electrónica como condición de fianza para imputados de delitos de violencia doméstica y otros delitos graves, buscando fortalecer la protección de las víctimas.

Esta ley, conocida como "Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Conductores bajo estado de Embriaguez y otras Sustancias Controladas", enmienda la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba. Su objetivo es imponer la pena de reclusión obligatoria en casos de delitos graves y menos graves que resulten de la violación de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Artículos 7.01, 7.02 o 7.03) por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas, cuando dicha violación cause grave daño corporal o la muerte a otro ser humano. Busca fortalecer las sanciones penales para proteger la seguridad vial y hacer justicia a las víctimas.

Esta ley establece la 'Ley de Concienciación sobre la Miastenia Gravis' en Puerto Rico. Su objetivo principal es fijar una política pública para la detección temprana y el manejo adecuado de esta enfermedad neuromuscular. Asigna al Departamento de Salud la responsabilidad de promover la educación continua para profesionales de la salud, integrar contenido sobre la Miastenia Gravis en programas académicos, desarrollar guías médicas y fomentar la investigación científica. Además, declara el mes de junio como el 'Mes de la Concienciación sobre la Miastenia Gravis' para impulsar actividades educativas y de apoyo.

Esta ley enmienda las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico y el Código de Enjuiciamiento Civil de 1933. Su objetivo principal es añadir una nueva Regla 57.5 para establecer los criterios específicos que los tribunales deben considerar al expedir un injunction permanente, codificando la jurisprudencia existente del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la materia. Además, renumerará otras reglas relacionadas.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para crear las Subclases 3-M, 4-M y 5-M, aplicables a aseguradores internacionales que operen como Aseguradoras Internacionales Multiestatales. Su objetivo es alinear los parámetros de regulación de solvencia financiera con los estándares uniformes de la "National Association of Insurance Commissioners" (NAIC), fomentando el crecimiento y la competitividad del Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la "Ley del Voluntariado de Puerto Rico" para autorizar a los municipios, agencias y dependencias del Gobierno de Puerto Rico a establecer programas de voluntariado dirigidos a adultos mayores. La legislación busca fomentar la participación de los adultos mayores en el servicio público, permitiendo a las entidades gubernamentales investigar y procurar fondos federales para estos programas, con el fin de integrar su experiencia profesional y fortalecer la fuerza laboral.

Esta ley enmienda el Artículo 4.12 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para incluir explícitamente a las grúas entre los vehículos de emergencia o mantenimiento. Requiere que los conductores cambien al carril más lejano o reduzcan su velocidad al pasar por una zona de emergencia o paseo donde se encuentre una grúa, un vehículo de emergencia, del orden público o de mantenimiento. La ley busca aumentar la seguridad de los trabajadores en las vías públicas y clarificar la normativa existente, estableciendo una multa administrativa de $150 por incumplimiento.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para integrar el béisbol como deporte esencial en los currículos escolares de Educación Física. Establece la enseñanza de las reglas e historia del béisbol desde cuarto a duodécimo grado, sirviendo como principio rector para la autonomía docente del maestro.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 62-2022 para ampliar la "Zona de Turismo Gastronómico" en el Municipio de Toa Baja, incluyendo nuevas avenidas y calles. Autoriza a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a ajustar la zona a petición del municipio y le encarga la creación de planes de promoción, adiestramiento y la gestión de fondos para mejoras de infraestructura en la zona, con el fin de impulsar el desarrollo económico y el comercio local.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 20-2017, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", con el fin de uniformar los equipos de comunicaciones y estandarizar las bandas de frecuencia de transmisión entre todos los negociados del Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico. El objetivo es garantizar una comunicación más efectiva e integrada durante situaciones de emergencia, mejorando así la coordinación interagencial y la seguridad pública.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico para establecer programas o currículos a nivel de escuela superior. Su objetivo es permitir que los estudiantes interesados en ingresar a la Academia de la Policía adelanten créditos universitarios necesarios para obtener un grado asociado, facilitando así su ingreso a la Policía de Puerto Rico y abordando la necesidad de reclutar nuevos agentes.

Esta ley enmienda la Ley 20-2017, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", para formalizar la creación del "Cuerpo Interdenominacional de Capellanes de Puerto Rico". Adscrito al Departamento de Seguridad Pública, este cuerpo brindará servicios voluntarios de consejería, cuidado emocional y orientación espiritual a la ciudadanía y empleados gubernamentales en situaciones de emergencia, desastres naturales y crisis. Además, integra los cuerpos de capellanes existentes en las agencias de gobierno y deroga la Ley 168-2012.

Esta ley enmienda el Artículo 66 del Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012) para añadir como circunstancia agravante la comisión de un delito contra un funcionario del orden público, incluyendo policías y alguaciles, mientras se encuentre en el cumplimiento de sus deberes. Busca disuadir la violencia contra los agentes de seguridad y promover el respeto a la autoridad.

Esta ley deroga la Ley Núm. 312 de 1949, que facultaba al Inspector de Cooperativas a examinar e investigar las finanzas y operaciones de las cooperativas. La derogación se debe a que las funciones de la Oficina del Inspector fueron transferidas a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas por la Ley 247-2008, haciendo innecesaria la ley original.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la "Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores", para fortalecer la protección contra la explotación financiera de personas de edad avanzada. La enmienda añade al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como una de las instituciones a las que se deben referir los casos de explotación financiera de adultos mayores. Además, establece la obligación de instituciones financieras, profesionales y funcionarios públicos de informar sobre sospechas de maltrato, incluyendo la explotación financiera, y detalla las responsabilidades de diversas agencias gubernamentales, como la Policía de Puerto Rico y el Departamento de la Familia, en la investigación y procesamiento de estos casos.

Esta ley enmienda la Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales y la Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC). Su objetivo principal es agilizar el desarrollo de vivienda e infraestructura en comunidades desventajadas, otorgando al Director Ejecutivo de la ODSEC la facultad de emitir certificaciones para la inscripción y transferencia de títulos de propiedad inmueble. Además, establece exenciones de ciertos requisitos ambientales, fiscales y de permisos para estos proyectos, y ordena la inscripción de la escritura constitutiva del Fideicomiso y la transferencia de propiedades al mismo.

Esta ley enmienda el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia para aclarar y flexibilizar los mecanismos de representación legal de las agencias de la Rama Ejecutiva ante foros administrativos. Permite que las agencias comparezcan mediante abogados empleados o contratados por servicios profesionales sin requerir dispensa previa, optimizando la gestión gubernamental, y actualiza las referencias normativas al Código Municipal de Puerto Rico.

Establece la 'Ley para la Protección Económica de Menores en la Monetización Digital', la cual obliga a los padres, tutores o encargados a reservar un porcentaje de los ingresos generados por la participación sustancial de menores en contenido digital monetizado en una cuenta o fideicomiso protegido. Asimismo, fija límites laborales y de exposición digital a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y otorga derechos a los menores al alcanzar la mayoría de edad para reclamar fondos no depositados y solicitar la eliminación del contenido.

Ley para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de ampliar las facultades de los municipios en el recogido, manejo, transportación y disposición de neumáticos desechados, permitiéndoles actuar como transportistas y facturar por dichos servicios al Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados.

Esta ley enmienda el Código Civil de Puerto Rico para aclarar que las instituciones de cuidado de salud responden de manera vicaria (y no objetiva) por los daños causados por su personal, empleados, médicos con privilegios y operadores de franquicias exclusivas de servicios de salud.

Ley que enmienda la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para ordenar la publicación en su portal digital de todos los proyectos tecnológicos activos bajo su jurisdicción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en el gobierno.

Ley que enmienda la Ley Núm. 17 de 1939 para eliminar el requisito de residencia de doce meses previo a solicitar admisión a la abogacía y la disposición de admisión sin examen, y crea la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ley que declara el 5 de mayo de cada año como el 'Día del Niño Dotado en Puerto Rico', con el propósito de sensibilizar sobre sus aportaciones, fortalecer su identificación temprana, promover programas educativos diferenciados y fomentar la colaboración inter agencial y familiar para su formación integral.

Ley para enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico con el propósito de uniformar sus disposiciones y referencias punitivas con el Código Penal de Puerto Rico de 2012, específicamente en lo relativo a las penalidades por hospitalización o tratamiento sin criterios clínicos y la institucionalización indebida.

Ley que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para regular la oferta y venta de pólizas de seguros para mascotas, estableciendo requisitos mínimos de divulgación al consumidor, definiciones de términos aplicables, reglas sobre condiciones preexistentes y periodos de espera, prácticas de mercadeo transparentes, y facultando al Comisionado de Seguros para su implantación y fiscalización.

Ley que enmienda la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales para permitir que los trabajadores que resulten victoriosos en sus reclamaciones contra patronos puedan recobrar las costas del litigio.

Ley para enmendar el Artículo 473 de la Ley Núm. 55-2020, conocida como 'Código Civil de Puerto Rico', con el propósito de clarificar el mecanismo notarial aplicable para modificar acuerdos relacionados con la custodia, patria potestad, alimentos, relaciones filiales y hogar seguro establecidos en estipulaciones protocolizadas junto a la escritura pública de divorcio por consentimiento mutuo.

Ley para enmendar la Ley Núm. 54 de 1989 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica) con el propósito de atemperar sus disposiciones punitivas y delitos al sistema de penas de sentencia fija establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012.

Esta ley crea un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad para solares municipales ubicados en centros urbanos consolidados de Puerto Rico. Modifica el Código Municipal y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para permitir que los municipios inscriban estos predios como fincas nuevas e independientes, eximiéndolos del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) siempre que estén localizados dentro del área delimitada en el Plan de Ordenación Territorial, facilitando así la seguridad jurídica y el acceso al crédito para sus poseedores.

Ley para enmendar la Ley 76-2013, conocida como la "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", con el propósito de actualizar su nomenclatura, armonizar sus disposiciones con la legislación vigente en materia administrativa, de recursos humanos y derechos de los adultos mayores, y fortalecer las facultades investigativas, fiscalizadoras y cuasi-judiciales de la Oficina del Procurador.

Ley que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para crear el Cuerpo de Inspectores Voluntarios, con el propósito de fiscalizar y garantizar que las actividades deportivas y recreativas de menores se desarrollen en un ambiente seguro, saludable y libre de maltrato.

Ley que enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y cumplimiento contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte en Puerto Rico. Establece la creación de un Registro de Cumplimiento de Entidades Deportivas, un Protocolo Uniforme de Prevención y Respuesta, un canal confidencial digital de denuncias y requisitos de acreditación a través del Departamento de Recreación y Deportes.

Ley que enmienda las Reglas 25.2 y 40.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 para incorporar los preceptos de la Ley Uniforme de Deposiciones y Descubrimiento Interestatal (UIDDA), estableciendo un mecanismo más eficiente y económico para la citación de testigos que se encuentran fuera de Puerto Rico pero en otra jurisdicción de los Estados Unidos.

Ley que enmienda la Ley Núm. 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a las disposiciones del False Claims Act federal. La legislación aclara la intención legislativa de incluir como violaciones aquellas conductas que resulten en la evasión o disminución de obligaciones de pago o transferencia de propiedad al Gobierno, ampliando su alcance más allá de los programas de gobierno y contratos de servicio, y reforzando los mecanismos civiles para la protección del erario y la lucha contra el fraude.

Crea el "Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico" para estandarizar los protocolos de respuesta ante incendios, violencia, emergencias médicas, desastres naturales y otras situaciones de crisis en los planteles del Departamento de Educación, estableciendo además la obligación de ofrecer capacitación, realizar simulacros y colocar carteles informativos.

Crea la "Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público" para establecer un marco regulatorio uniforme entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, facilitando la ejecución de proyectos prioritarios y el uso de fondos federales bajo la supervisión del Negociado de Energía de Puerto Rico.

La ley establece la 'Ley para el Acceso Educativo y Cultural en Instituciones Penitenciarias', ordenando al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico identificar, catalogar y donar anualmente libros excedentes o descontinuados en buenas condiciones para uso exclusivo en las bibliotecas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el fin de fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas confinadas.

Ley para enmendar la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 con el fin de proteger bajo la doctrina del producto del trabajo (*work product*) los borradores de informes de personas peritas y las comunicaciones entre estos y los abogados.

Ley que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para aclarar que el Comisionado de la Policía Municipal es considerado un 'funcionario del orden público' según la Regla 11 de Procedimiento Criminal, incorporar el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado en el sistema uniforme de rangos, ajustar los términos mínimos para ascensos y traslados, y establecer disposiciones sobre el reembolso de costos de adiestramiento entre municipios.

Ley que enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender temporalmente la vigencia de marbetes y autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas a nivel federal, cuando por causas ajenas al propietario —como cierres gubernamentales o desastres— no se puedan renovar los certificados federales correspondientes.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para establecer un derecho de prioridad a favor de los municipios en la adquisición de propiedades inmuebles que hayan sido rematadas por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) debido a deudas contributivas, permitiendo que los municipios las adquieran para fines públicos antes que otras agencias gubernamentales.

La Ley 166-2026 establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la priorización de los establecimientos residenciales que brindan cuidado a menores bajo la supervisión del Departamento de la Familia en los planes de restablecimiento de servicios esenciales (energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones) tras una emergencia o desastre, equiparándolos con instalaciones críticas como hospitales.

Esta ley enmienda la Ley de Tierras de Puerto Rico para modernizar los procedimientos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Permite que los miembros de la Junta participen en reuniones mediante videoconferencia o medios electrónicos y establece mecanismos para la toma de decisiones sin necesidad de reuniones presenciales, con el fin de fomentar la eficiencia administrativa de la corporación pública.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 57-2023 para establecer sanciones penales de delito grave (penas fijas de 2 y 3 años) para aquellas personas que, teniendo el deber legal de informar, incumplan con su obligación, impidan a otros informar o suministren información falsa en casos donde exista conocimiento o sospecha de abuso sexual contra un menor.

Esta ley enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer la prevención y protección contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte. Establece definiciones claras, impone responsabilidad civil a los agresores y establece la responsabilidad institucional de las entidades deportivas cuando, conociendo o debiendo conocer conductas de acoso, no tomen medidas correctivas inmediatas.

Esta ley establece la responsabilidad mancomunada entre aseguradoras, intermediarios y proveedores de salud en el proceso de coordinación de beneficios cuando un paciente posee más de un plan médico. Asimismo, faculta al Departamento de Salud y a la Oficina del Comisionado de Seguros para atender querellas administrativas relacionadas con la negativa o falta de cooperación en dicha coordinación, y ordena la creación de reglamentación específica y campañas educativas para garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos del paciente.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para incluir a personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de procesamiento sensorial (TPS) y otras condiciones de hipersensibilidad sensorial severa entre los grupos elegibles para obtener una exención médica que permita el uso de cristales de visión unidireccional o tintes en los vehículos de motor, facilitando así un entorno sensorial controlado para estos pacientes.

Esta ley designa oficialmente la Finca Gabia, ubicada en el municipio de Coamo, como 'Bosque Gabia', integrándola al Sistema de Bosques del Estado. Establece las directrices para su manejo, conservación y administración bajo la custodia de la Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, promoviendo la restauración ecológica, la investigación científica y la educación ambiental.

Esta ley establece un procedimiento especial para uniformar la titularidad de bienes inmuebles pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico cuando no se pueda identificar al titular o no exista documentación fehaciente. Faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para certificar la titularidad a favor del Estado e inmatricular dichas propiedades en el Registro de la Propiedad, permitiendo así su disposición a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).

Esta ley enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para establecer la jurisdicción primaria exclusiva del Tribunal de Primera Instancia en controversias de propiedad horizontal, creando Salas Especializadas de Adjudicación de Controversias de Condominios. Asimismo, impone requisitos de educación para agentes administradores, transfiere funciones administrativas municipales sobre áreas de reciclaje, establece un registro de condominios bajo el Departamento de Justicia y dicta disposiciones transitorias para la transferencia de querellas desde el DACO hacia el Poder Judicial.

Esta ley enmienda la Ley 209-2003, conocida como la 'Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico', con el propósito de actualizar las referencias legales a estatutos derogados por legislación vigente, ajustar el umbral monetario para la aprobación de contratos por parte de la Junta de Directores de $36,000 a $100,000, y realizar ajustes técnicos para mejorar la eficiencia administrativa y operativa del Instituto.

Esta ley enmienda el Artículo 250 del Código Penal de Puerto Rico para establecer como obligatoria la imposición de la pena de restitución en los casos de convicción por el delito de enriquecimiento ilícito cometido por funcionarios o empleados públicos.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas) y la Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico) para clarificar las prohibiciones y excepciones aplicables al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios durante el periodo eleccionario. Establece criterios específicos para los gastos de difusión pública y permite que los alcaldes reelectos realicen transacciones de personal tras recibir su certificación preliminar, buscando garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales y la transparencia en el uso de fondos públicos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 219-2012, conocida como la 'Ley de Fideicomisos de Puerto Rico', para modernizar el marco legal fiduciario. Entre sus cambios principales, reconoce expresamente el fideicomiso revocable, establece la responsabilidad mancomunada de los fiduciarios, faculta al Director de Inspección de Notarías para expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos y actualiza las referencias legales conforme al Código Civil de 2020, con el fin de fomentar la inversión y la certeza jurídica.

Esta ley enmienda la Ley 70-1992, conocida como la 'Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico', con el fin de facultar al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a reestructurar y flexibilizar el otorgamiento de asistencia económica, préstamos y líneas de crédito a entidades privadas y empresas comunitarias dedicadas a la industria del reciclaje, permitiendo que dichos fondos provengan de diversos programas disponibles en la institución financiera.

La Ley 151-2026 establece la creación de las 'Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico', adscritas a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La ley busca organizar y promover recorridos turísticos que integren actividades de aventura y deportes extremos en diversos municipios, fomentando el desarrollo económico mediante la coordinación intergubernamental para la rotulación, promoción y logística de transporte.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para autorizar a los municipios a celebrar vistas adjudicativas mediante videoconferencia como una modalidad alterna a la presencial, estableciendo criterios para su uso, salvaguardas para el debido proceso de ley y la obligación de reglamentar dichos procedimientos.

Esta ley declara el 21 de marzo de cada año como el 'Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza', con el propósito de reconocer y preservar la aportación cultural y el legado afrocaribeño de estas mujeres, facultando al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Municipio de Loíza a realizar actividades conmemorativas y educativas.

Esta ley enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para establecer la obligatoriedad de que todas las agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales remitan sus informes estadísticos al Instituto en un plazo máximo de 60 días. La medida busca centralizar la información estadística en el Inventario de Estadísticas de Puerto Rico, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos, estableciendo además multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía' para prohibir que se realicen descuentos o ajustes en la compensación anual de los policías retirados debido a los ingresos recibidos por concepto del Seguro Social federal, alineando la política pública local con los cambios recientes en la normativa federal.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 40-2020, conocida como la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía', para establecer el uso exclusivo de los recursos del Fideicomiso para fines de retiro. Prohíbe expresamente el uso de dichos fondos para el pago de obligaciones patronales ordinarias, tales como horas extras, licencias acumuladas, nómina o gastos operacionales, garantizando que estos recursos se destinen únicamente a mejorar la seguridad económica de los miembros de la Policía de Puerto Rico tras su retiro.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI' para obligar a las agencias gubernamentales y municipios a incluir una notificación expresa sobre el derecho de preferencia de los veteranos en todos los anuncios, edictos o convocatorias relacionados con la venta, arrendamiento o subsidios de vivienda. Asimismo, establece el destino de las multas administrativas por incumplimiento para financiar campañas educativas sobre los derechos de los veteranos.

Esta ley declara el mes de noviembre de cada año como el 'Mes de la Planificación en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor y las aportaciones de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla. Asimismo, faculta a la Junta de Planificación, a la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación para coordinar actividades y medidas que promuevan los objetivos de esta conmemoración.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 263-1998 para establecer que la beca para el pago de matrícula en instituciones públicas de educación superior, otorgada al cónyuge supérstite e hijos de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber, cubrirá el cien por ciento (100%) del costo de dicha matrícula.

Esta ley enmienda la Ley 36-2015, conocida como la 'Ley del Programa Contacto Verde', con el propósito de integrar la agricultura y la seguridad alimentaria como componentes fundamentales dentro del currículo educativo y las actividades de contacto con la naturaleza en el sistema de educación pública de Puerto Rico, estableciendo la coordinación entre el Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Esta ley enmienda la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para integrar el tema del uso de la inteligencia artificial dentro de los programas de educación virtual para el público y los cursos de educación continua obligatorios para los servidores públicos, con el fin de mitigar riesgos de seguridad y promover un uso responsable de esta tecnología.

Esta ley enmienda diversas disposiciones legales para integrar a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 'Programa Experience' del Departamento de Seguridad Pública. El objetivo es fortalecer este programa educativo, preventivo y de reclutamiento para jóvenes de 15 a 18 años, estableciendo la obligación de colaboración interagencial y otorgando beneficios de puntuación a los participantes en procesos de reclutamiento futuros.

La Ley 138-2026 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer la figura del Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica en cada municipio. Esta ley busca fortalecer la respuesta local ante la violencia de género, obligando a los municipios a designar un funcionario capacitado para brindar apoyo, orientación y canalización de servicios a las víctimas, asegurando la coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Esta ley enmienda el Artículo 2.048 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para restablecer el requisito de que los solicitantes de empleo en el servicio público municipal no hayan sometido información falsa, incorrecta o engañosa en sus procesos de reclutamiento, corrigiendo una omisión técnica previa.

Esta ley enmienda el Artículo 619A del Código Civil de Puerto Rico de 2020 para clarificar el lenguaje y los criterios de adjudicación respecto al derecho de los abuelos y tíos a mantener relaciones con menores de edad, asegurando que el tribunal considere el interés óptimo del menor en casos de oposición por parte de los padres o tutores.

Esta ley enmienda la Ley 21-2021, conocida como la 'Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico', para fortalecer la política pública contra la difusión no consentida de material íntimo. La legislación tipifica como delito grave tanto la divulgación no autorizada de material explícito como la amenaza de realizar dicha acción, utilizando cualquier medio de comunicación electrónica o cibernética, independientemente de la relación entre las partes.

Esta ley declara el 14 de octubre de cada año como el 'Día de Concientización del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)' en Puerto Rico, ordenando al Departamento de Salud, a la ASSMCA, al Departamento de Educación y a los municipios a realizar actividades y campañas educativas para fomentar la detección temprana, reducir el estigma y mejorar el acceso a tratamientos para esta condición.

Esta ley enmienda el Artículo 6.14A de la Ley 22-2000, conocida como la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico', con el fin de aumentar la multa administrativa de cien (100) a quinientos (500) dólares por incumplir con la obligación de ceder el paso a vehículos de emergencia autorizados que emitan señales de alarma.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 113-2012 para actualizar y clarificar las definiciones de 'veterano' y 'veterano incapacitado del servicio', alineándolas con las normativas federales del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), con el fin de facilitar el acceso de veteranos dueños de pequeñas empresas a beneficios y oportunidades de contratación gubernamental.

Esta ley enmienda el Artículo 1327 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) para establecer que el contrato de préstamo se presume gratuito, eliminando la presunción de onerosidad y aclarando que los intereses solo se deben si han sido expresamente pactados entre las partes.

Esta ley enmienda el Artículo 1198 del Código Civil de Puerto Rico para establecer claramente que los términos de prescripción quedan suspendidos durante la minoridad de edad y mientras dure el estado de incapacidad de una persona, garantizando así la protección de sus derechos y reclamaciones legales.

Esta ley enmienda la Ley 20-2023 para establecer el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias como el 'Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño' y designa oficialmente al Municipio de Moca como la 'Capital del Mundillo Puertorriqueño', con el fin de promover la cultura, el turismo y el desarrollo económico artesanal.

La Ley 128-2026 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para ampliar las entidades gubernamentales donde los médicos cualificados pueden cumplir con su requisito de 180 horas anuales de servicio comunitario de manera remunerada. Se incluyen la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la ASSMCA y el Programa de Salud Correccional, con el fin de incentivar la retención de profesionales médicos en la isla.

Ley que declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Ortopedia y Traumatología en Puerto Rico', con el fin de promover la educación, prevención y concienciación sobre la salud musculoesquelética, estableciendo responsabilidades de coordinación para el Departamento de Salud y los municipios.

Esta ley deroga la Ley Núm. 12-2008, eliminando el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Establece una nueva política pública para la seguridad portuaria basada en análisis de riesgo y coordinación con agencias federales, con el objetivo de reducir costos operativos, eliminar burocracia innecesaria y mitigar el impacto económico en el consumidor final.

Esta ley enmienda la Ley 85-2018, conocida como la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', para reestructurar el Departamento de Educación. Establece una nueva jerarquía organizacional que incluye la creación de las posiciones de Subsecretario, Oficial Principal Financiero, Oficial Principal de Informática y Oficial Principal Académico, definiendo sus cualificaciones, deberes y mecanismos de coordinación interagencial, particularmente con PRITS en materia tecnológica.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para establecer la obligatoriedad de contar con al menos un terapeuta atlético en todos los torneos deportivos, competencias y escuelas especializadas en deporte, con el fin de garantizar la seguridad física de los atletas y prevenir lesiones.

Esta ley enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para modificar la definición de 'Parte de Arma de Fuego', establecer el requisito de licencia para adquirir dichas partes y tipificar como delito grave la posesión, portación o transporte de partes de armas de fuego sin la debida licencia.

Esta ley enmienda el Artículo 1343 del Código Civil de Puerto Rico para establecer que el requisito de que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles deban constar por escrito aplicará únicamente a aquellos cuyo término exceda los seis años, eliminando así una contradicción normativa y armonizando la disposición con la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 183-1998 para incluir a las víctimas de trata humana como elegibles para recibir compensación por parte de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, eliminando además el impedimento de compensación para aquellas víctimas que hayan incurrido en conducta delictiva como resultado directo de su condición de víctimas de trata.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 54 de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica', con el objetivo de fortalecer el marco legal, mejorar los mecanismos de procesamiento judicial, actualizar las definiciones de maltrato y violencia, e imponer penas más proporcionales y efectivas para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Ley que designa el 9 de marzo de cada año como el 'Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola' en Puerto Rico, con el propósito de reconocer y visibilizar la contribución de las mujeres en el sector agrícola, la agroindustria y la seguridad alimentaria de la Isla, fomentando actividades educativas y de concienciación.

Esta ley deroga el Artículo 44 del Código Político de Puerto Rico de 1902 con el propósito de armonizar el ordenamiento jurídico con el principio de favorabilidad establecido en el Código Penal vigente (Ley 146-2012), eliminando disposiciones obsoletas sobre la persecución de delitos bajo leyes ya derogadas.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Concientización Sobre Leptospirosis' en Puerto Rico, estableciendo la política pública de prevención, educación y detección temprana de esta enfermedad. Asimismo, faculta al Departamento de Salud para coordinar esfuerzos interagenciales, municipales y comunitarios, incluyendo la creación de campañas educativas y la reglamentación necesaria para su implementación.

Esta ley designa la última semana de febrero de cada año como la 'Semana de los Future Farmers of America (FFA) en Puerto Rico' y establece días conmemorativos específicos dentro de dicha semana para reconocer a estudiantes, maestros, agricultores, ganaderos y profesionales del sector agrícola, con el fin de fomentar el liderazgo juvenil y la educación agrícola en la Isla.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para actualizar los mecanismos de supervisión financiera de las estructuras de control de compañías de seguros (holding companies). Incorpora estándares de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), incluyendo el Cálculo de Capital de Grupo y el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez, con el fin de fortalecer la fiscalización de la solvencia, proteger a los consumidores y mantener la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros.

Esta ley enmienda la Ley de Préstamos Personales Pequeños (Ley Núm. 106 de 1965) para revisar los requisitos de activos líquidos mínimos exigidos a los concesionarios, reducir barreras de entrada al mercado, fomentar la competencia y modernizar los estándares de divulgación de tasas de interés y costos asociados al crédito para proteger al consumidor.

Esta ley enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para permitir que los adultos mayores víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de obligaciones alimentarias, abandono o negligencia, puedan prestar su testimonio fuera de la sala del tribunal mediante sistemas de circuito cerrado, con el fin de proteger su bienestar emocional y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos' para establecer un procedimiento formal de órdenes de protección, tipificar nuevos delitos de maltrato y negligencia contra personas con diversidad funcional, y definir las competencias judiciales y penalidades aplicables para garantizar su seguridad e integridad.

Esta ley enmienda la Ley 389-2004 para fortalecer el 'Programa de Oportunidades Financieras a Jóvenes Empresariales' adscrito al Banco de Desarrollo Económico. La medida busca facilitar el acceso al crédito y establecer un sistema de referidos y procesos expeditos para la obtención de permisos, licencias y certificaciones gubernamentales, con el fin de fomentar el desarrollo empresarial juvenil en Puerto Rico.

La Ley 102-2026 establece un mecanismo excepcional para el control poblacional de cerdos salvajes mediante la otorgación de permisos especiales de caza no deportiva a agricultores afectados. La ley ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales enmendar sus reglamentos para clasificar al cerdo salvaje como especie invasora y establece protocolos de manejo sanitario, disposición de restos y prohibiciones sobre el consumo o venta de estos animales para proteger la sostenibilidad alimentaria de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para establecer la obligatoriedad de incluir un enlace directo en el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico que permita el acceso al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, facilitando así el acceso ciudadano a esta información pública.

Esta ley enmienda la Ley 76-2006 para autorizar a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan sido admitidos a tomar el examen de reválida. La medida busca mitigar la escasez de estos profesionales en el sector de la salud, permitiéndoles ejercer bajo supervisión médica mientras completan su proceso de licenciamiento definitivo.

La Ley 99-2026 enmienda la Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad para incluir a la Rama Judicial y sus dependencias en la obligación de implementar sistemas de atención prioritaria para adultos mayores y personas con diversidad funcional en sus servicios administrativos y de atención al público no adjudicativos.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para realizar ajustes técnicos y administrativos. Entre sus disposiciones principales, fortalece los mecanismos para la declaración y manejo de estorbos públicos, flexibiliza procesos de contratación y planificación territorial, establece nuevas funciones para la Unidad de Auditoría Interna, aclara disposiciones sobre la composición de las Legislaturas Municipales y el proceso de sesiones, y atempera el cobro de patentes municipales sobre contratos municipales.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020) para establecer una licencia especial con paga de hasta cinco días laborables para empleados del Gobierno y municipios, permitiéndoles realizar funciones de apoyo en la Comisión Estatal de Elecciones durante los años electorales.

Esta ley enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales para permitir que, en casos de desahucio donde la parte demandada alegue la existencia de una comunidad de bienes por aportaciones realizadas al inmueble, se pueda presentar prueba sobre dichas aportaciones y solicitar que el procedimiento se tramite por la vía ordinaria en lugar de la sumaria.

Esta ley enmienda la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Sus objetivos principales son agilizar el tráfico jurídico y reducir costos procesales al eximir del procedimiento de *exequátur* a las sentencias de tribunales federales y estatales de los Estados Unidos cuando se presenten para acreditar el estado civil de los comparecientes en el Registro de la Propiedad. Además, la ley modifica los requisitos para el cargo de Registrador de la Propiedad, reduciendo la experiencia profesional necesaria a cinco años.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 43-1994, conocida como la 'Ley para Prohibir la Copia, Publicidad y Venta sin el Consentimiento del Dueño de Grabaciones y Actuaciones en Vivo', con el propósito de armonizar sus penas con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica como delito grave la reproducción, transporte, venta o publicidad no autorizada de grabaciones sonoras y audiovisuales, estableciendo términos de reclusión y multas que varían según la cantidad de material ilegal y la reincidencia del infractor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la 'Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo', con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la Comisión Industrial de Puerto Rico. La enmienda establece un mecanismo de asignación automática del cuatro por ciento (4%) de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia la Comisión, buscando fortalecer su autonomía administrativa y asegurar la continuidad de sus funciones cuasi-judiciales en la adjudicación de reclamaciones laborales.

Esta ley deroga la Ley 212-2014, conocida como la 'Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo', con el propósito de eliminar el Comité Interagencial encargado de dicho proyecto. La medida responde a que el organismo ha permanecido inoperante desde el año 2015, buscando así reducir la burocracia, evitar la duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico, delegando la gestión de este patrimonio en entidades con competencia directa como el Municipio de Arroyo y la Compañía de Turismo.

Esta ley enmienda la 'Ley de Explosivos de Puerto Rico' (Ley Núm. 134 de 1969) con el objetivo de armonizar sus disposiciones penales y delitos con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma actualiza las penas por el uso y posesión ilegal de explosivos o sustancias para fabricarlos, y establece los procedimientos de confiscación de bienes relacionados con dichas infracciones bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones.

Esta ley enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores (Ley 121-2019), el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y la Ley de la Judicatura para facultar a los jueces municipales y superiores a nombrar tutores temporales en situaciones de emergencia. El propósito principal es agilizar los mecanismos de protección para adultos mayores cuya seguridad, salud o patrimonio se encuentren en riesgo debido a accidentes o condiciones médicas, garantizando un procedimiento sumario y aclarando la competencia judicial para emitir dichas órdenes.

Esta ley crea la 'Ley para Promover y Establecer el Intercambio de Información de Salud de Puerto Rico', con el objetivo de establecer el *Puerto Rico Health Information Exchange* (PRHIE) bajo la supervisión del Programa Medicaid del Departamento de Salud. La legislación busca modernizar la infraestructura tecnológica para el intercambio de datos clínicos electrónicos, garantizando la interoperabilidad y el cumplimiento con normativas federales de privacidad y seguridad como HIPAA y HITECH. Además, deroga la Ley 40-2012, crea un Consejo Asesor multisectorial, define las responsabilidades del Coordinador del PRHIE y establece un marco de sanciones administrativas para asegurar la participación de los proveedores de servicios de salud.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba' (Ley Núm. 259 de 1946) con el objetivo de armonizar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico de 2012 y la Ley de Armas de 2020. La norma establece los criterios bajo los cuales el Tribunal de Primera Instancia puede suspender una sentencia de reclusión y otorgar libertad a prueba, detallando una lista extensa de excepciones para delitos graves que no cualifican para este beneficio, tales como asesinato, agresiones sexuales, corrupción pública, violaciones a la Ley de Armas, narcotráfico y delitos de tránsito que resulten en daño grave o muerte.

Esta ley establece la Ley para la Reorganización de las Subsidiarias y Afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). Su objetivo principal es disolver entidades gubernamentales inactivas (como la Autoridad de las Navieras, la Autoridad de Teléfonos y la Corporación para el Financiamiento Público) y reorganizar otras afiliadas bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). La legislación enmienda múltiples estatutos orgánicos relacionados con el financiamiento de la vivienda, infraestructura, facilidades médicas y educativas, y el Fideicomiso de los Niños, buscando optimizar la estructura administrativa y fiscal del Gobierno tras el cese de funciones operacionales del BGF.

Esta ley declara el 30 de junio de cada año como el 'Día de Concienciación sobre la Artrogriposis Múltiple Congénita en Puerto Rico', ordenando al Departamento de Salud la realización de actividades educativas y campañas de sensibilización sobre esta condición neuromuscular.

Esta ley enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009) y el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). Su propósito principal es establecer requisitos estrictos de legitimación activa para que personas privadas puedan presentar recursos extraordinarios (como *injunction*, *mandamus* o sentencia declaratoria) contra permisos de construcción, exigiendo la demostración de un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente. Además, regula la revocación de permisos obtenidos mediante información falsa, armoniza las disposiciones sobre ordenación territorial en suelos rústicos especialmente protegidos y establece la obligatoriedad de una fianza mínima del 10% del valor del proyecto para cualquier solicitud de paralización de obra.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 103-2006, conocida como la 'Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico', con el propósito de fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Establece que las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales que realicen campañas publicitarias en televisión deben invertir al menos un cinco por ciento (5%) de su presupuesto publicitario en la contratación de servicios de WIPR. La ley define qué se considera información de interés público y establece excepciones para casos de urgencia, salud, falta de presupuesto específico o estrategias de difusión especializadas validadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Esta ley enmienda la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico' y la 'Carta de Derechos de los Maestros del Sistema Público de Enseñanza' para establecer un término máximo de un (1) año natural a las medidas cautelares de aislamiento o traslado temporal de empleados del Departamento de Educación. El propósito principal es garantizar el derecho constitucional al debido proceso de ley, evitando que el personal docente permanezca en un limbo administrativo por tiempo indefinido durante procesos de investigación o disciplina.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la *Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores*, para fortalecer las protecciones legales de esta población. La reforma incluye el maltrato, daño o amenaza a los animales de compañía o mascotas de los adultos mayores como una modalidad de intimidación y maltrato. Además, se faculta a los tribunales para emitir órdenes de protección cuando se utilice el daño a los animales como medio de coerción, control o daño emocional contra la persona adulta mayor.

Esta ley declara el tercer domingo de febrero de cada año como el Día del Sombrero en Puerto Rico. Su propósito es exaltar la identidad cultural, las tradiciones y la artesanía puertorriqueña, tomando como referencia las festividades celebradas en el Municipio de Utuado. La ley ordena al Gobernador de Puerto Rico emitir una proclama anual para exhortar a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía a organizar y participar en actividades conmemorativas.

Ley que declara el 2 de abril de cada año como el 'Día de la Historia Deportiva Ponceña', ordenando al Gobernador la emisión de una proclama anual y facultando al Departamento de Recreación y Deportes y al Municipio de Ponce a realizar actividades conmemorativas en honor a la trayectoria deportiva de dicha ciudad.

Esta ley, denominada como la 'Ley para la Atención del Estudiantado con Epilepsia en las Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico', tiene como objetivo principal garantizar un entorno educativo seguro y equitativo para estudiantes con diagnóstico de epilepsia. La legislación establece la obligatoriedad de crear un *Plan Escolar de Acción para Crisis Epiléptica* individualizado, la capacitación del personal escolar para el manejo de emergencias y la provisión de acomodos razonables. Además, prohíbe estrictamente el discrimen por razón de esta condición de salud, protege la confidencialidad de los datos médicos y define las responsabilidades civiles y administrativas de las instituciones y los padres o tutores, en armonía con el Código Civil de Puerto Rico y las leyes de educación especial.

Esta ley enmienda el Artículo 3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica'. El propósito principal es prohibir que cualquier persona convicta por el delito de agresión sexual (según tipificado en la misma ley) pueda beneficiarse de programas de desvío o libertad a prueba. La enmienda busca asegurar que la gravedad de la violencia sexual en el contexto de pareja no sea mitigada por alternativas procesales, reforzando la protección a las víctimas y la severidad del sistema de justicia penal.

Esta ley enmienda la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley Núm. 154-2008) con el propósito de armonizar sus disposiciones y delitos con el sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica y establece sanciones para conductas como el abandono, maltrato agravado, peleas de animales, envenenamiento, transporte inadecuado y la práctica ilegal de eutanasia o cirugías cosméticas. Asimismo, regula la concesión de órdenes de protección para animales en contextos de violencia doméstica y establece requisitos de licenciamiento para criadores bajo la supervisión del Departamento de Salud.

Esta ley enmienda la Ley 1-2001 (*Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico*) con el fin de modernizar la estructura de gobernanza de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). La pieza legislativa elimina el antiguo Consejo Asesor para crear la Comisión Asesora Comunitaria y del Tercer Sector, integrando a líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Además, establece una Mesa Interagencial compuesta por diversos secretarios de agencias y representantes municipales para coordinar esfuerzos gubernamentales en beneficio de las comunidades vulnerables y promover su autogestión.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002' con el objetivo de fortalecer la solidez financiera de las nuevas cooperativas. La enmienda aumenta el capital accionario mínimo requerido para comenzar operaciones de cincuenta mil (50,000) a ciento cincuenta mil (150,000) dólares, buscando asegurar que estas entidades cuenten con una base económica adecuada para enfrentar los costos operacionales y regulatorios iniciales.

Esta ley enmienda la Ley 42-2023, conocida como la 'Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico'. El propósito principal de la enmienda es designar a la Administración de Sistemas de Retiro como la agencia líder en la creación del programa voluntario de ahorro para el retiro de empleados del sector privado, sustituyendo a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en esa función para evitar conflictos con su rol regulador. Además, ajusta la composición de los Grupos Especiales de Trabajo y establece requisitos presupuestarios y de informes para asegurar la implementación de proyectos de capacitación financiera dirigidos a la fuerza laboral.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el fin de expandir la jurisdicción y facultades de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). Entre los cambios principales, se le otorga autoridad para adjudicar reclamaciones relacionadas con el salario mínimo y solicitudes de acomodo razonable por motivos religiosos. Además, establece que los procesos se regirán por la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

Esta ley establece el 6 de febrero de cada año como el 'Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña', con el fin de reconocer y conmemorar las aportaciones y ejecutorias de las atletas puertorriqueñas. La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Departamento de Recreación y Deportes, en conjunto con otras entidades, a realizar actividades de promoción y celebración de esta fecha.

Esta ley designa el cuarto jueves de abril de cada año como el 'Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM' en Puerto Rico. Su propósito es establecer una política pública que fomente la participación equitativa de niñas y mujeres en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, promoviendo iniciativas educativas, mentorías y alianzas intersectoriales para reducir la brecha de género en estos campos.

Esta ley enmienda la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009) para establecer requisitos estrictos de transparencia y evitar conflictos de interés. Prohíbe que los contratistas de alianzas público-privadas subcontraten bienes o servicios a familiares, socios, ex socios, ex empleados o entidades relacionadas, salvo que se demuestre que es la opción más eficiente en términos de precio y servicio, con el fin de prevenir el nepotismo y proteger el erario público.

Esta ley designa el 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”. Su propósito principal es fomentar la comunicación afectiva, el amor y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida. La ley establece como política pública el fortalecimiento del núcleo familiar y ordena al Departamento de la Familia, en coordinación con otras agencias, el desarrollo de planes educativos y campañas de orientación para promover estos valores en la sociedad puertorriqueña.

Esta ley declara el mes de junio de cada año como el 'Mes para Promover la Donación de Sangre en Puerto Rico'. Su objetivo principal es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia crítica de la donación voluntaria de sangre y plasma para salvar vidas y mantener inventarios estables en el sistema de salud. La legislación ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Secretario de Estado para coordinar esfuerzos de divulgación junto al Departamento de Salud y los bancos de sangre de la isla.

Esta ley enmienda la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico' (Ley 22-2000) con el fin de incluir a los pacientes de lupus, en todas sus modalidades (sistémico, cutáneo o discoide), como personas elegibles para solicitar el rótulo removible que autoriza el uso de estacionamientos para personas con impedimentos. La medida reconoce el impacto de esta enfermedad autoinmune en la movilidad y la salud de los pacientes, particularmente su sensibilidad a la radiación solar.

Esta ley establece la Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos, con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas de delitos, testigos cooperadores y sus núcleos familiares para asegurar su participación en investigaciones y procesos judiciales. La ley crea un programa especializado bajo el Departamento de Justicia que se divide en dos secciones: el *Centro de Protección a Testigos Cooperadores* y el *Hogar de Víctimas de Delito*. Además, define las facultades administrativas del Secretario de Justicia, establece protocolos para la protección de menores y autoriza la coordinación interagencial y el uso de fondos federales y estatales para la operación de estos albergues.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 95 de 1963, conocida como la 'Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos', para realizar ajustes técnicos en la definición de 'empleado' y restituir la facultad del Departamento de Educación para negociar y contratar directamente planes de seguros médicos para sus funcionarios y empleados, incluyendo también al Departamento de Seguridad Pública en las disposiciones pertinentes.

Esta ley enmienda la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico para atemperar sus disposiciones a la Ley Núm. 67-1993, precisando las facultades del Departamento de Salud y de sus inspectores en la investigación de violaciones, el ejercicio de funciones de orden público, el manejo de sustancias controladas y los procedimientos de confiscación y destrucción de bienes.

Esta ley enmienda la Ley 6-2011 para establecer como requisito obligatorio que los entrenadores deportivos de menores de 18 años presenten resultados negativos en pruebas de detección de sustancias controladas para obtener o mantener su licencia. Asimismo, faculta al Departamento de Recreación y Deportes a realizar pruebas aleatorias periódicas y establece los parámetros reglamentarios para la implementación de estas medidas de seguridad.

Ley que declara el 15 de mayo de cada año como el 'Día de las Fraternidades y Sororidades en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor social y el compromiso con el servicio público de estas organizaciones universitarias.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para consolidar y fortalecer la política pública sobre la educación e información al ciudadano respecto a proyectos de infraestructura y mejoras en servicios básicos. Deroga la Ley 98-2002 y establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas de notificar y orientar a la ciudadanía sobre obras que afecten servicios esenciales, utilizando las plataformas digitales bajo la supervisión de la Puerto Rico Innovation and Technology Service.

Esta ley establece la 'Ley de Reflexión y Meditación' para los empleados de las agencias, dependencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. Dispone un periodo voluntario de cinco minutos al inicio de la jornada laboral para que los servidores públicos reflexionen sobre valores como el respeto, la honradez y la transparencia. La ley asegura que este espacio sea de carácter no sectario y no político, integrándolo como parte de la jornada laboral compensada y prohibiendo cualquier tipo de penalización para quienes decidan no participar.

Esta ley enmienda el Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 y la Ley Uniforme de Valores con el propósito de extender el término de prescripción de la acción penal a diez (10) años en casos de fraude, lavado de dinero y apropiación ilegal agravada cuando la cuantía sea de $500,000 o más. La exposición de motivos destaca que la complejidad de los esquemas de fraude financiero y ocupacional requiere periodos de investigación y auditoría más extensos para su detección y procesamiento efectivo.

Esta ley enmienda el 'Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico' (Ley 2-2018) con el propósito de fortalecer el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Entre sus disposiciones principales, integra al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como miembro permanente del grupo y expande sus funciones estratégicas para incluir el diseño de políticas públicas preventivas, la evaluación de marcos jurídicos y el análisis de riesgos de corrupción basados en datos e investigaciones intersectoriales.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (*Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico*) con el propósito de prohibir que personas jurídicas extranjeras influyan económicamente en los procesos electorales de Puerto Rico. La enmienda define formalmente a las personas jurídicas extranjeras y les prohíbe, de forma directa o indirecta, realizar donativos, organizar comités de acción política o efectuar gastos independientes para financiar campañas políticas, delegando la supervisión de estas disposiciones a la Oficina del Contralor Electoral.

La Ley establece un marco normativo obligatorio para que todas las entidades gubernamentales y municipales notifiquen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico cualquier pérdida o irregularidad en el manejo de fondos y propiedad pública. La ley define los procedimientos de investigación administrativa, las responsabilidades de los funcionarios principales y oficiales de enlace, y establece mecanismos de sanción y coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para garantizar la transparencia y la protección de los bienes públicos.

Esta ley enmienda la 'Ley de Menores de Puerto Rico' y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores con el fin de fortalecer las garantías procesales de los menores de edad. La legislación establece como requisito obligatorio que cualquier interrogatorio realizado por agentes del orden público, así como la renuncia a derechos constitucionales por parte del menor, sea grabado íntegramente en audio y video para ser admisible como evidencia. Además, exige la presencia de padres, encargados o abogados durante dicho proceso, salvo excepciones muy limitadas por emergencias o seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra' (Ley Núm. 118 de 1974) con el objetivo de establecer términos claros para el proceso de reconsideración de solicitudes de libertad bajo palabra. Dispone que la Junta debe notificar sus decisiones en un plazo de 60 días tras la vista y establece un término de un año para que la población correccional pueda solicitar una nueva reconsideración tras una denegación, buscando agilizar los procesos administrativos y fomentar la rehabilitación y reinserción social.

Esta ley enmienda la Ley 22-2021, conocida como la 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico', con el fin de ordenar la creación y publicación obligatoria de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda. El catálogo debe consolidar información sobre todos los servicios públicos disponibles, requisitos de elegibilidad y disponibilidad de intérpretes. Además, establece que la información debe ser accesible siguiendo estándares digitales (ADA y Sección 504) y requiere la coordinación entre la Oficina Enlace, PRITS y diversas agencias gubernamentales para su actualización bienal.

Esta ley enmienda el Artículo 194 del Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012) con el objetivo de incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los elementos que configuran el delito de escalamiento. La reforma busca equiparar la intención de causar daños a la propiedad con la intención de apropiación ilegal al momento de una entrada no autorizada en una estructura, eliminando una disparidad normativa y fortaleciendo la protección de la propiedad y la seguridad ciudadana.

Esta ley enmienda la 'Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados', la 'Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico' y la 'Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico' con el fin de humanizar el trato de los restos fetales en pérdidas gestacionales ocurridas antes de las veinte (20) semanas. La normativa establece que, a solicitud de los padres, estos restos no serán considerados desperdicios biomédicos, permitiendo su entrega a funerarias para una disposición digna (sepultura o cremación). Además, faculta al Departamento de Salud para emitir certificados especiales de inscripción y desarrollar los protocolos administrativos necesarios para garantizar la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana en estos procesos.

Esta ley enmienda la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley 430-2000) para armonizar los límites permitidos de alcohol en la sangre con los establecidos en la Ley de Vehículos y Tránsito. Establece que los operadores de embarcaciones entre las edades de 18 a 20 años no podrán superar un nivel de alcohol de 0.02%, mientras que para mayores de 21 años el límite es de 0.08%. Asimismo, impone una política de cero tolerancia para empleados o funcionarios públicos que operen embarcaciones del Gobierno de Puerto Rico y detalla las presunciones legales en procesos criminales por embriaguez.

Esta ley enmienda el Artículo 10 de la Ley 148-2015, denominada como la 'Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico'. La enmienda tiene como objetivo principal elevar a la categoría de delito grave el incumplimiento de las órdenes de protección expedidas a favor de víctimas de agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual o incesto. Establece una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años para cualquier violación a sabiendas de dicha orden, buscando uniformar el nivel de protección penal con el que cuentan las víctimas de violencia doméstica bajo la Ley 54.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para realizar ajustes técnicos y operacionales destinados a fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema electoral. Entre sus cambios principales se encuentran la creación de una nueva modalidad de voto adelantado presencial para personas de 50 años o más, la optimización de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mediante el balance institucional, y la regulación de herramientas tecnológicas como el Registro Electrónico de Electores (eRE) y el Sistema de Endosos (SIEN). También establece normas estrictas para el escrutinio general, la gestión de vacantes municipales y penalidades por la destrucción de propaganda política.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico con el propósito de extender a dieciséis (16) años el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad. La medida busca fortalecer la autonomía, estabilidad e independencia de criterio de estos funcionarios, equiparando sus términos de nombramiento con los de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones.

Esta ley enmienda la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico (Ley 60-2014) con el propósito de incluir a ciertos funcionarios del Negociado del Cuerpo de Bomberos entre las excepciones autorizadas para utilizar vehículos oficiales fuera de la jornada laboral. Los cargos exceptuados incluyen a los comisionados auxiliares, comandantes de zona, jefes de distrito y al director de transporte, fundamentado en la necesidad de su disponibilidad permanente para atender emergencias y garantizar la continuidad de las operaciones de seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta Silver' (Ley 132-2009) con el propósito de establecer un término obligatorio de seis (6) horas para la emisión de la alerta tras el reporte de desaparición o último avistamiento de una persona con Alzheimer o demencia. La enmienda busca eliminar la discrecionalidad de las autoridades y garantizar una respuesta rápida y uniforme por parte de la Policía de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Salud y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para proteger a esta población vulnerable.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para establecer que la suspensión de la licencia de conducir por un término de tres años, tras acumular tres infracciones por rebasar una luz roja, solo será aplicable si dichas faltas ocurren dentro del periodo de vigencia de la licencia del conductor. La medida busca asegurar que las sanciones administrativas sean proporcionales, razonables y justas dentro del marco de la seguridad vial.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para agilizar la respuesta de los ayuntamientos ante estados de emergencia. El cambio principal reduce de cinco días a veinticuatro (24) horas el término de notificación previa que un Alcalde debe dar a las corporaciones públicas (como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) antes de iniciar labores municipales para restablecer servicios críticos de electricidad o agua. Además, detalla los requisitos de información que debe contener dicha notificación y dispone la formalización de acuerdos colaborativos para asegurar el cumplimiento con los estándares de FEMA y la obtención de reembolsos federales.

Esta ley enmienda los artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 para establecer la obligatoriedad de notificar a la Oficina del Procurador del Veterano en los procedimientos de desahucio que involucren a veteranos. Asimismo, armoniza las disposiciones procesales para asegurar que tanto en la radicación de la demanda como en la sentencia de desalojo, se notifique a las oficinas correspondientes cuando se trate de veteranos, adultos mayores o personas con impedimentos, garantizando que estas poblaciones reciban la orientación y asistencia social necesaria para proteger su derecho a la vivienda.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948 con el objetivo de endurecer las penalidades contra la operación de juegos de azar clandestinos. La medida tipifica como delito grave la gestión o interés económico en salas de juego no autorizadas, imponiendo multas de hasta $25,000 y penas de reclusión. Además, busca mitigar problemas de salud pública como la ludopatía y proteger la industria turística y los ingresos del Estado provenientes de casinos regulados.

Esta ley enmienda la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico' (Ley 22-2000) con el objetivo de modernizar el proceso de notificación de multas de tránsito. Establece la obligatoriedad de notificar las infracciones a través de la aplicación móvil CESCO Digital o cualquier sistema digital autorizado por el DTOP. La ley detalla la información mínima que debe contener cada notificación (nombre, fecha, naturaleza de la infracción y cuantía), regula los términos de prescripción de las multas supeditados a la notificación efectiva y ajusta los procedimientos administrativos para el cobro y planes de pago mediante plataformas tecnológicas.

Esta ley establece el 14 de noviembre de cada año como el 'Día del Estudiante Legislador' en Puerto Rico, con el objetivo de fomentar la participación cívica, el liderazgo juvenil y el conocimiento del proceso legislativo en las instituciones educativas públicas y privadas.

La Ley 27-2026 establece un alivio financiero para nuevos clientes residenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), permitiéndoles prorratear el pago de los costos de acometida por un periodo de hasta seis meses. La medida enmienda la Ley Núm. 40 de 1945 para formalizar esta opción de pago como parte de la política pública de la corporación.

La Ley 26-2026 establece un marco normativo uniforme para la regulación de espacios sanitarios públicos en todas las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. La ley exige la designación de baños públicos de ocupación múltiple basados en el sexo biológico, prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros, y dispone la provisión de baños asistidos o familiares como acomodo razonable, estableciendo multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley designa el Frente Marítimo del Municipio Autónomo de Cataño, incluyendo el Malecón Edwin Rivera Sierra, como una 'Zona de Turismo Gastronómico'. La medida establece un marco de colaboración entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Cataño y diversas agencias gubernamentales para desarrollar planes de mercadeo, mejorar la infraestructura urbana, agilizar procesos de permisología y promover el desarrollo económico y cultural de la zona.

Esta ley declara el tercer domingo de mayo de cada año como el Día Nacional del Maratón de la Virgen del Pozo de Sabana Grande. El propósito de la medida es reconocer la importancia cultural, deportiva y religiosa de este evento, el cual es considerado la carrera pedestre más antigua de Puerto Rico (iniciada en 1954). La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta a la Compañía de Turismo, en coordinación con el Municipio de Sabana Grande, para promover el evento y sus valores sociales e históricos.

Esta ley enmienda la Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico para establecer criterios específicos que los tribunales deben considerar al evaluar una solicitud de descalificación de un abogado, con el fin de evitar el uso de estas mociones como tácticas dilatorias y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico con el propósito de uniformar el proceso de conversión de multas no pagadas en días de reclusión. La enmienda ajusta la cuantía de abono, estableciendo que cada día de reclusión equivaldrá a cincuenta dólares ($50) de la multa no satisfecha, eliminando la disparidad previa con el Código Penal. Además, integra salvaguardas para personas de escasos recursos conforme a la Ley para la Imposición de la Pena Especial.

Esta ley enmienda la 'Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico' (Ley 10-2017) para imponer al Director Ejecutivo la responsabilidad de establecer, actualizar y publicar de forma digital toda la información sobre programas, beneficios, servicios e instalaciones disponibles para adultos mayores. La normativa busca centralizar la información de agencias gubernamentales y entidades privadas en el portal cibernético de la Oficina, incluyendo además un listado actualizado de las comunidades especiales por distrito para mejorar la transparencia y el acceso a servicios esenciales para la población de edad avanzada.

Esta ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para establecer que, para propósitos de los incisos (g) y (h) del Artículo 93, se considerará como 'ser humano' al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida busca armonizar el Código Penal con las disposiciones del Código Civil y fortalecer las protecciones establecidas en la Ley Keyshla Madlane.

Esta ley enmienda la Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados (Ley 7-2019) con el fin de facilitar su implementación técnica. Establece la obligación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y de PRITS de recopilar y publicar una guía de precios de los cien medicamentos más recetados cuyo costo supere los cien dólares, enfocándose en proteger a pacientes sin cubierta médica. Además, reestructura el Comité Interagencial para incluir representación del Colegio de Farmacéuticos y refuerza las garantías de confidencialidad sobre la información comercial sensible provista por las farmacias.

Esta ley declara a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico) como Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico. El reconocimiento se otorga en virtud de su trayectoria de más de 75 años ofreciendo servicios médicos, terapéuticos, educativos y de inclusión social a niños, jóvenes y adultos con discapacidades o condiciones complejas de salud.

Esta ley enmienda la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 (Ley 255-2002) con el objetivo de expandir las facultades de las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. La reforma permite que estas instituciones ofrezcan líneas de crédito y tarjetas de crédito comerciales tanto a socios como a no socios y entidades con fines de lucro. Además, flexibiliza los requisitos de colateral al permitir el uso de garantías personales debidamente evaluadas, buscando así facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas y estimular el desarrollo económico local.

Esta ley enmienda el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 para incluir formalmente a los Agentes de Seguridad y Protección de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE), adscritos al Programa de Instituciones Juveniles, como parte del Cuerpo de Oficiales de Custodia. El propósito es reconocerles los derechos, beneficios y obligaciones correspondientes a dicha designación, validando su función de alto riesgo en la seguridad, custodia de menores transgresores y mantenimiento del orden en las instituciones.

Esta ley enmienda el Artículo 13 de la Ley 129-2020 (Ley de Condominios de Puerto Rico) con el propósito de obligar a la administración de los condominios a entregar copia del reglamento a los corredores de bienes raíces o a potenciales compradores en un término no mayor de 5 días laborables. La medida busca garantizar que cualquier persona interesada en adquirir una propiedad bajo el régimen de propiedad horizontal esté debidamente informada sobre las normas administrativas y de convivencia que rigen el inmueble antes de concretar la compra.

Esta ley crea la 'Ley del Registro Digital de Agricultores y Productos Locales' con el objetivo de establecer una plataforma digital pública, administrada por el Departamento de Agricultura, que contenga información sobre los agricultores bonafide de Puerto Rico y sus productos. La legislación busca fomentar el consumo de productos locales, facilitar la conexión entre agricultores y consumidores, y modernizar el acceso a la información agrícola mediante el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad alimentaria y la economía del país.

Esta ley enmienda la Ley de Condohoteles de Puerto Rico (Ley 249-2008) con el propósito de modernizar y flexibilizar el marco legal que rige este modelo de negocio turístico. La medida busca facilitar el desarrollo, financiamiento y administración de condohoteles, permitiendo la conversión de regímenes de propiedad horizontal tradicionales a este modelo. Entre sus disposiciones clave se encuentran la clarificación de facultades del administrador para imponer multas y suspender servicios por impago, la regulación de la inscripción de unidades en el Registro de la Propiedad, y el establecimiento de procesos para la expansión, contracción o fusión de estos regímenes. También define el uso de unidades comerciales y residenciales dentro del ecosistema turístico para incentivar la inversión privada en la isla.

Esta ley enmienda la Ley 21-2008 para hacer compulsorio que las aseguradoras y organizaciones de seguros de salud informen anualmente al Departamento de Salud sobre sus cubiertas y medicamentos disponibles para el tratamiento de la adicción al tabaco. Además, establece mecanismos de penalidad, incluyendo la posible revocación de certificados por parte del Comisionado de Seguros ante el incumplimiento con el suministro de esta información.

Esta ley enmienda la Ley 20-2017, conocida como la *Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico*, para institucionalizar el Programa Experience. Este programa está dirigido a jóvenes de entre 15 y 18 años con un enfoque educativo, preventivo y de reclutamiento. Los participantes reciben capacitación sobre las funciones de los diversos negociados (Policía, Bomberos, Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias, 9-1-1 e Investigaciones Especiales) y obtienen bonificaciones especiales al solicitar ingreso formal a dichas instituciones tras completar el programa.

Esta ley enmienda la Ley 195-2011, conocida como la *Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar*. Su propósito principal es fortalecer la protección del patrimonio familiar frente a embargos y ejecuciones. Las enmiendas extienden a doce (12) meses el plazo para que un ciudadano reinvierta el dinero de la venta de su hogar principal en una nueva propiedad en Puerto Rico manteniendo su protección, y establece un término de sesenta (60) días para reclamar el beneficio de hogar seguro una vez se solicita la ejecución de una propiedad o un embargo preventivo.

Esta ley enmienda la 'Ley del Profesional Combatiente' (Ley 8-2010) para integrar formalmente a la Fuerza Espacial (Space Force) como una rama de las Fuerzas Armadas y los Servicios Uniformados. La legislación busca proteger a los profesionales que son movilizados en misiones militares, humanitarias o de estabilización (tanto a nivel internacional como doméstico), garantizando que su servicio no afecte negativamente su estatus profesional, el cumplimiento de cuotas de colegiación o sus requisitos de educación continua.

Esta ley establece la Ley del Reconocimiento a los Militares Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción con el propósito de honrar a los militares que fueron prisioneros de guerra o desaparecieron en combate. La medida declara el tercer viernes de septiembre como el *Día de Reconocimiento de los Militares POW/MIA* y ordena el despliegue obligatorio de la bandera POW/MIA en edificios públicos, incluyendo el Capitolio, instalaciones de la Guardia Nacional y planteles escolares. Además, mandata al Departamento de Educación a realizar actividades anuales de concientización sobre el significado de este día y el sacrificio de los veteranos.

Esta ley deroga la Ley Núm. 209-2004 para disolver la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas, la cual estaba adscrita al Departamento de la Vivienda. La medida se justifica tras la derogación previa de la política pública que le dio origen, al determinarse que el modelo de incentivos no generaba un retorno de inversión positivo para el Estado. La ley establece un periodo de 60 días para transferir todos los activos y bienes inmuebles de la corporación disuelta al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) con el propósito de integrar la orientación y educación sobre la prevención de trastornos de la conducta alimentaria (como la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno por atracón) dentro de los talleres y campañas de estilos de vida saludables y nutrición que se ofrecen en el sistema escolar. El objetivo es fomentar la detección temprana y proteger la salud integral de niños y adolescentes.

Esta ley enmienda la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', la 'Ley Orgánica del Departamento de Justicia', la 'Ley de la Policía de Puerto Rico' y la 'Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)'. El propósito principal es establecer una colaboración obligatoria entre estas agencias para desarrollar e implementar campañas educativas anuales en las escuelas públicas sobre el uso seguro del Internet, el manejo de medios electrónicos y la prevención de delitos cibernéticos, con el fin de proteger a los menores de edad ante los riesgos del entorno digital.

Esta ley enmienda la 'Ley del Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores' (Ley 204-2024) con el fin de facilitar la donación y reutilización de asientos protectores para niños. La enmienda permite que el Negociado del Cuerpo de Bomberos y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito acepten y distribuyan asientos que no cuenten con su manual de instrucciones original, siempre y cuando cumplan con los estándares de seguridad de la NHTSA y estén en condiciones óptimas. El propósito principal es ampliar el alcance del programa para beneficiar a familias de escasos recursos y promover el reciclaje de equipo de seguridad vial.

Esta ley establece un programa de incentivo para el pago acelerado de multas de tránsito en Puerto Rico. Concede un descuento del 40% sobre la totalidad de la deuda (incluyendo principal, intereses, recargos y penalidades) por concepto de infracciones de Auto Expreso, marbetes vencidos y otras faltas administrativas bajo la Ley 22-2000. El incentivo tiene una duración de 120 días tras la aprobación de la reglamentación correspondiente y excluye de sus beneficios a funcionarios electos y aquellos que requieren confirmación legislativa.

Esta ley prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales (teléfonos inteligentes, tabletas, relojes digitales, etc.) por parte de estudiantes en instituciones educativas públicas de Puerto Rico hasta el octavo grado durante el horario escolar y actividades oficiales. El objetivo es reducir distracciones y prevenir el acoso cibernético, permitiendo excepciones únicamente para fines educativos supervisados, emergencias o por razones de salud debidamente certificadas. Además, ordena al Departamento de Educación desarrollar la reglamentación necesaria para la custodia de los equipos y establecer protocolos de cumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley de Internados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico' (Ley 187-2024) con el propósito de incluir obligatoriamente a un mínimo de dos (2) estudiantes dotados en sus programas de internado. La enmienda busca garantizar que jóvenes con capacidades cognitivas excepcionales tengan espacios de desarrollo profesional dentro de las ramas del gobierno, integrando las definiciones de la Ley 217-2018 sobre estudiantes dotados al marco regulatorio de los internados gubernamentales.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el propósito de proteger a los ciudadanos que adquieren vehículos usados. Establece el derecho afirmativo de todo conductor o propietario a no ser responsabilizado por multas, infracciones de tránsito o cargos de peaje (AutoExpreso) ocurridos en fechas previas a su titularidad registral. La medida prohíbe al Estado imponer bloqueos, gravámenes o restricciones administrativas sobre un vehículo por deudas atribuibles a dueños anteriores y obliga al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a verificar el historial de titularidad antes de adjudicar sanciones. Además, ordena la implementación de sistemas digitales para la corrección automática de multas mal imputadas y otorga vigencia retroactiva a estas protecciones.

Esta ley enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) con el propósito de eximir del pago de contribución sobre ingresos y de la contribución básica alterna la ganancia realizada en la venta de una propiedad inmueble que constituya la residencia principal del vendedor. La medida establece requisitos específicos de ocupación continua por un término mínimo de dos años y excluye de este beneficio a individuos que ya gozan de incentivos bajo la Ley de Inversionistas Residentes.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el propósito de aumentar el límite de la deducción contributiva permitida por aportaciones a Cuentas de Retiro Individual (IRA). La enmienda busca armonizar los topes de deducción locales con los establecidos por el Código de Rentas Internas Federal (IRS), incentivando el ahorro a largo plazo y fortaleciendo la seguridad financiera de los contribuyentes frente a los retos demográficos y económicos de la isla.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el propósito de aumentar el límite de la deducción contributiva permitida por aportaciones a cuentas de ahorro para la educación. La medida eleva el tope de deducción de quinientos (500) a mil (1,000) dólares anuales por beneficiario, buscando incentivar el ahorro familiar para gastos educativos y armonizar el tratamiento contributivo local con las disposiciones federales del IRS.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para crear las Cuentas de Ahorro para Personas con Discapacidades (ABLE Accounts). Estas cuentas permiten a individuos con discapacidades y sus familias ahorrar fondos con ventajas contributivas para cubrir gastos cualificados como salud, educación, vivienda y transporte. La ley establece límites de aportación anual, criterios de elegibilidad basados en la Ley Federal de Seguro Social y regula el tratamiento contributivo de las distribuciones y aportaciones.

Esta ley enmienda la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) y la Ley de Transformación y ALIVIO Energético (Ley 57-2014) con el fin de declarar al sector de alimentos como un servicio crítico y esencial. La legislación establece que las instalaciones relacionadas con la cadena de producción, distribución, venta y suplido de alimentos deben ser clasificadas como Instalaciones de Servicios Indispensables, otorgándoles prioridad en el restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable durante estados de emergencia o desastres naturales para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Esta ley enmienda la 'Ley de Contabilidad Pública de 1945' con el fin de modernizar los requisitos de educación y experiencia profesional para obtener la licencia de Contador Público Autorizado (CPA) en Puerto Rico. La reforma establece tres vías alternativas para la certificación, permitiendo opciones que varían entre 120 y 150 horas crédito universitarias combinadas con diferentes periodos de experiencia supervisada. Además, busca armonizar la reglamentación local con estándares internacionales y de Estados Unidos para facilitar la movilidad profesional y la reciprocidad de la licencia.

La Ley del Día de las Madres en Duelo de Puerto Rico (Ley 173-2025) establece el primer domingo de mayo de cada año como una fecha conmemorativa oficial para reconocer a las mujeres que han sufrido la pérdida de un hijo o hija. La ley busca visibilizar el duelo gestacional, infantil y adulto, promoviendo el apoyo emocional y la validación institucional de esta realidad. Además, ordena al Departamento de la Familia, al Departamento de Salud y a la ASSMCA coordinar esfuerzos para implementar campañas de concienciación, programas de salud mental y actividades de apoyo comunitario.

Esta ley añade el Artículo 619A al Código Civil de Puerto Rico de 2020 con el propósito de restituir y proteger el derecho de los abuelos y tíos a mantener una relación significativa con sus nietos y sobrinos menores de edad. La disposición legal otorga legitimación activa a estos familiares para solicitar ante un tribunal un régimen de visitas en casos donde exista oposición por parte de los padres o tutores, permitiendo que el juez decida basándose en el bienestar e interés superior del menor.

Esta ley enmienda la 'Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos' (Ley Núm. 221 de 1948) con el objetivo de atemperar sus disposiciones penales y sanciones al sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma establece penas fijas de reclusión para delitos graves relacionados con la operación ilegal de juegos de azar, tipifica como delito menos grave la obstrucción de denuncias y dispone la revocación obligatoria de licencias otorgadas por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico a quienes resulten convictos.

Esta ley enmienda el Artículo 204 del Código Penal de Puerto Rico para fortalecer las protecciones contra el fraude en la ejecución de obras de construcción. Entre sus disposiciones principales, tipifica el fraude en contratos bajo el esquema de 'cost plus', establece la obligatoriedad del resarcimiento doble a la parte perjudicada (independientemente de si el acusado se acoge a penas sustitutivas) y ordena a los tribunales notificar las sentencias al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y a diversas juntas examinadoras profesionales para la posible revocación de licencias.

Esta ley enmienda el Artículo 1.033 de la Ley 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, con el objetivo de aumentar a doce (12) días anuales la licencia especial otorgada a los Legisladores Municipales. La disposición aplica tanto a empleados del sector público como del privado, permitiéndoles asistir a sesiones, reuniones y vistas oculares necesarias para sus funciones legislativas sin sufrir discriminación laboral.

Esta ley declara la semana del 22 al 29 de junio de cada año como la 'Semana del Inspector e Inspectora de Servicio Público'. El propósito es reconocer, promover y educar sobre la función fiscalizadora y preventiva que realizan estos servidores públicos en el sistema de transporte público y comercial de Puerto Rico, destacando su rol en la seguridad vial y el cumplimiento de normativas estatales y federales.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el propósito de proteger los privilegios de conducir de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sus Reservas y la Guardia Nacional de Puerto Rico. La medida extiende automáticamente la vigencia de las licencias de conducir de estos militares mientras se encuentren activados y movilizados fuera de Puerto Rico, otorgándoles un plazo de ciento veinte (120) días tras su regreso para completar la renovación. Además, ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) habilitar sistemas de renovación en línea y filas exclusivas para facilitar estos trámites.

Esta ley deroga la Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1952, la cual autorizaba al Secretario de Hacienda a eximir del pago de contribuciones sobre ingresos y propiedad a las Asociaciones Cooperativas de Crédito para Producción (bajo el *Farm Credit Act of 1933*). La derogación se justifica debido a que el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 y otras leyes vigentes sobre cooperativas ya proveen los marcos de exención contributiva necesarios, haciendo que la ley de 1952 sea redundante.

Esta ley crea la "Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores". Su objetivo es uniformar la identificación y los derechos de estas poblaciones, otorgándoles un descuento del 50% en la admisión a espectáculos públicos y en los servicios de transporte público. Designa al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para la emisión de identificaciones con un símbolo distintivo y ordena a los municipios y agencias gubernamentales a conceder estos beneficios. Además, enmienda la Ley Núm. 297-2018 y deroga leyes anteriores relacionadas.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 180-2024, conocida como la “Ley del Mes y Día de la Manufactura en Puerto Rico”. Su propósito es atemperar la designación del Día de la Manufactura al primer viernes de octubre, en línea con los Estados Unidos. Además, establece la obligación de la Gobernadora de emitir una proclama anual y faculta al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para promocionar el Día y Mes de la Manufactura, elaborar informes sobre su impacto económico y coordinar eventos de celebración.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 271-2012, conocida como 'License Portability Act of Puerto Rico', para incluir a la United States Space Force como una rama de las Fuerzas Armadas y extender los beneficios de reconocimiento expedito de licencias profesionales a los cónyuges de militares, reservistas y miembros de la Guardia Nacional. Su objetivo es eliminar barreras profesionales para las familias militares trasladadas a Puerto Rico.

Esta ley declara el 4 de septiembre de cada año como el 'Día de la Concientización sobre la Leucemia Infantil' en Puerto Rico. Su objetivo es aumentar la visibilidad y promover la detección temprana, el tratamiento y el apoyo a los niños y niñas afectados por esta enfermedad y sus familias. La ley encarga a los Departamentos de Salud, Educación y Familia, entre otras entidades gubernamentales, la organización de actividades de concientización y establece el lazo anaranjado y dorado como su símbolo.

Esta ley enmienda la 'Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública' para clarificar el derecho de los ciudadanos a la información pública. Establece definiciones, procedimientos para solicitar y divulgar información por parte de las agencias gubernamentales, plazos de respuesta, y las vías de recurso judicial en caso de denegación, incluyendo penalidades por incumplimiento.

Esta ley enmienda la Sección 3 de la Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico para armonizar las penalidades por infracciones (posesión o uso de material pirotécnico) con el sistema de sentencias fijas del Código Penal de Puerto Rico de 2012. Establece penas específicas para delitos menos graves (hasta 10 unidades) y delitos graves (más de 10 unidades), incluyendo reclusión y multas.

Esta ley establece el 26 de septiembre de cada año como el "Día del Director, Coordinador y personal de la Oficina de Base de Fe en Puerto Rico". La legislación busca reconocer la labor de estos profesionales en el servicio público, su rol como enlace entre el gobierno y el sector religioso/tercer sector, y su contribución a la asistencia comunitaria y la promoción de valores y educación.

Esta ley enmienda la Ley del Fondo de Emergencia para incluir tsunamis y la proliferación excesiva de sargazo como situaciones de emergencia cubiertas. Además, establece que el Fondo de Emergencia actuará supletoriamente para cubrir obligaciones de emergencias ambientales si el Fondo de Emergencias Ambientales es insuficiente o insolvente, y detalla el uso de fondos para el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Esta ley enmienda la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2017) para establecer una política pública de identificación y derogación de leyes obsoletas o inoficiosas. Su objetivo es optimizar la administración pública, reducir el gasto gubernamental y mejorar la eficiencia de la Rama Ejecutiva mediante la reorganización, consolidación o externalización de agencias y servicios, ejerciendo las facultades constitucionales para la reestructuración gubernamental.

Esta ley enmienda la Ley 82-2023, conocida como la "Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico". Su propósito principal es reconocer el derecho de los cuidadores informales a ser considerados como la primera alternativa para ser contratados como cuidadores incidentales por entidades gubernamentales que asignen fondos para el cuidado de adultos mayores. La ley define al "Cuidador Incidental" y establece requisitos para su cualificación, incluyendo la demostración de pérdida de empleo debido al cuidado, experiencia laboral previa y capacitación a través del Departamento de la Familia, buscando formalizar su labor y otorgarles derechos laborales.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el "Mes de la Apreciación a la Pastoral y al Clérigo de Puerto Rico", reconociendo la invaluable labor social, emocional, mental y espiritual que realizan estos líderes religiosos en las comunidades. La ley autoriza al Gobernador a emitir una proclama oficial y permite a las agencias gubernamentales celebrar actividades conmemorativas, asegurando que estas no sean consideradas como un uso de fondos públicos para el establecimiento o adelanto de religión alguna.

Esta ley enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 140 de 1974, conocida como "Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho". Su propósito principal es aclarar el alcance del término "vecinos" para incluir tanto a titulares u ocupantes de propiedades residenciales como comerciales, en la resolución provisional de controversias que afecten la convivencia y el orden social. La enmienda busca asegurar que los Jueces Municipales puedan intervenir en disputas sobre colindancias, derecho de paso y perturbaciones que impidan el libre uso de la propiedad, sin importar si los vecinos son residenciales o comerciales, facilitando así la sana convivencia en entornos urbanos mixtos.

Esta ley enmienda la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico" para ampliar la participación de personas y entidades, incluyendo el Tercer Sector y empresas, en la provisión de charlas, adiestramientos y mentorías sobre planificación y manejo de finanzas a estudiantes del Departamento de Educación. El objetivo es fortalecer la educación financiera en temas como ahorro, manejo de deudas, crédito, compra de hogar, prevención de fraude y planificación del retiro, preparando a los estudiantes para tomar decisiones financieras informadas.

Esta ley enmienda el Artículo 32 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para añadir una causa de exclusión de responsabilidad penal. Reconoce que las víctimas de trata humana no incurrirán en responsabilidad penal por actividades ilícitas si su participación fue consecuencia directa de su situación de víctima. La medida busca proteger los derechos de las víctimas y evitar su criminalización, en consonancia con principios internacionales de derechos humanos.

Esta ley enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" (Ley 430-2000) para armonizar las penas por delitos relacionados con la operación de embarcaciones que causen lesiones o muerte. El objetivo es atemperar dichas disposiciones y delitos al sistema de sentencias fijas establecido en el "Código Penal de Puerto Rico" (Ley 146-2012), buscando coherencia y equidad en la aplicación de sanciones penales.

Esta ley crea el "Protocolo para la Atención y Prevención de Situaciones de Violencia Intra y Extrafamiliar en los Refugios" en Puerto Rico. Su objetivo es establecer guías y responsabilidades para diversas agencias gubernamentales (como el Departamento de Seguridad Pública, Vivienda, Justicia, Salud y Familia) para prevenir, detectar e intervenir eficazmente en casos de violencia doméstica, agresión sexual y otros actos violentos en los albergues temporales durante emergencias y desastres. La ley busca proteger a poblaciones vulnerables, como mujeres, menores y personas de edad avanzada, garantizando su seguridad y bienestar en estos entornos, y define varios tipos de violencia haciendo referencia al Código Penal.

Esta ley enmienda la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" para establecer la obligatoriedad de entregar a las víctimas un "plan de acción de protección" al momento de expedir una orden de protección. El plan incluye guías detalladas sobre seguridad personal, planes de escape, mochilas de emergencia, contraseñas de seguridad, protección en el hogar, y seguridad en cuentas electrónicas y redes sociales, con el fin de mejorar la seguridad de las víctimas y prevenir incidentes de violencia.

Esta ley enmienda la 'Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica', las Reglas de Procedimiento Criminal y el 'Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación'. Su propósito principal es establecer la obligatoriedad de la supervisión electrónica como condición de fianza para imputados de delitos de violencia doméstica y otros delitos graves, buscando fortalecer la protección de las víctimas.

Esta ley, conocida como "Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Conductores bajo estado de Embriaguez y otras Sustancias Controladas", enmienda la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba. Su objetivo es imponer la pena de reclusión obligatoria en casos de delitos graves y menos graves que resulten de la violación de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Artículos 7.01, 7.02 o 7.03) por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas, cuando dicha violación cause grave daño corporal o la muerte a otro ser humano. Busca fortalecer las sanciones penales para proteger la seguridad vial y hacer justicia a las víctimas.

Esta ley establece la 'Ley de Concienciación sobre la Miastenia Gravis' en Puerto Rico. Su objetivo principal es fijar una política pública para la detección temprana y el manejo adecuado de esta enfermedad neuromuscular. Asigna al Departamento de Salud la responsabilidad de promover la educación continua para profesionales de la salud, integrar contenido sobre la Miastenia Gravis en programas académicos, desarrollar guías médicas y fomentar la investigación científica. Además, declara el mes de junio como el 'Mes de la Concienciación sobre la Miastenia Gravis' para impulsar actividades educativas y de apoyo.

Esta ley enmienda las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico y el Código de Enjuiciamiento Civil de 1933. Su objetivo principal es añadir una nueva Regla 57.5 para establecer los criterios específicos que los tribunales deben considerar al expedir un injunction permanente, codificando la jurisprudencia existente del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la materia. Además, renumerará otras reglas relacionadas.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para crear las Subclases 3-M, 4-M y 5-M, aplicables a aseguradores internacionales que operen como Aseguradoras Internacionales Multiestatales. Su objetivo es alinear los parámetros de regulación de solvencia financiera con los estándares uniformes de la "National Association of Insurance Commissioners" (NAIC), fomentando el crecimiento y la competitividad del Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la "Ley del Voluntariado de Puerto Rico" para autorizar a los municipios, agencias y dependencias del Gobierno de Puerto Rico a establecer programas de voluntariado dirigidos a adultos mayores. La legislación busca fomentar la participación de los adultos mayores en el servicio público, permitiendo a las entidades gubernamentales investigar y procurar fondos federales para estos programas, con el fin de integrar su experiencia profesional y fortalecer la fuerza laboral.

Esta ley enmienda el Artículo 4.12 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para incluir explícitamente a las grúas entre los vehículos de emergencia o mantenimiento. Requiere que los conductores cambien al carril más lejano o reduzcan su velocidad al pasar por una zona de emergencia o paseo donde se encuentre una grúa, un vehículo de emergencia, del orden público o de mantenimiento. La ley busca aumentar la seguridad de los trabajadores en las vías públicas y clarificar la normativa existente, estableciendo una multa administrativa de $150 por incumplimiento.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para integrar el béisbol como deporte esencial en los currículos escolares de Educación Física. Establece la enseñanza de las reglas e historia del béisbol desde cuarto a duodécimo grado, sirviendo como principio rector para la autonomía docente del maestro.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 62-2022 para ampliar la "Zona de Turismo Gastronómico" en el Municipio de Toa Baja, incluyendo nuevas avenidas y calles. Autoriza a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a ajustar la zona a petición del municipio y le encarga la creación de planes de promoción, adiestramiento y la gestión de fondos para mejoras de infraestructura en la zona, con el fin de impulsar el desarrollo económico y el comercio local.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 20-2017, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", con el fin de uniformar los equipos de comunicaciones y estandarizar las bandas de frecuencia de transmisión entre todos los negociados del Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico. El objetivo es garantizar una comunicación más efectiva e integrada durante situaciones de emergencia, mejorando así la coordinación interagencial y la seguridad pública.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico para establecer programas o currículos a nivel de escuela superior. Su objetivo es permitir que los estudiantes interesados en ingresar a la Academia de la Policía adelanten créditos universitarios necesarios para obtener un grado asociado, facilitando así su ingreso a la Policía de Puerto Rico y abordando la necesidad de reclutar nuevos agentes.

Esta ley enmienda la Ley 20-2017, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", para formalizar la creación del "Cuerpo Interdenominacional de Capellanes de Puerto Rico". Adscrito al Departamento de Seguridad Pública, este cuerpo brindará servicios voluntarios de consejería, cuidado emocional y orientación espiritual a la ciudadanía y empleados gubernamentales en situaciones de emergencia, desastres naturales y crisis. Además, integra los cuerpos de capellanes existentes en las agencias de gobierno y deroga la Ley 168-2012.

Esta ley enmienda el Artículo 66 del Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012) para añadir como circunstancia agravante la comisión de un delito contra un funcionario del orden público, incluyendo policías y alguaciles, mientras se encuentre en el cumplimiento de sus deberes. Busca disuadir la violencia contra los agentes de seguridad y promover el respeto a la autoridad.

Esta ley deroga la Ley Núm. 312 de 1949, que facultaba al Inspector de Cooperativas a examinar e investigar las finanzas y operaciones de las cooperativas. La derogación se debe a que las funciones de la Oficina del Inspector fueron transferidas a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas por la Ley 247-2008, haciendo innecesaria la ley original.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la "Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores", para fortalecer la protección contra la explotación financiera de personas de edad avanzada. La enmienda añade al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como una de las instituciones a las que se deben referir los casos de explotación financiera de adultos mayores. Además, establece la obligación de instituciones financieras, profesionales y funcionarios públicos de informar sobre sospechas de maltrato, incluyendo la explotación financiera, y detalla las responsabilidades de diversas agencias gubernamentales, como la Policía de Puerto Rico y el Departamento de la Familia, en la investigación y procesamiento de estos casos.

Esta ley enmienda la Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales y la Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC). Su objetivo principal es agilizar el desarrollo de vivienda e infraestructura en comunidades desventajadas, otorgando al Director Ejecutivo de la ODSEC la facultad de emitir certificaciones para la inscripción y transferencia de títulos de propiedad inmueble. Además, establece exenciones de ciertos requisitos ambientales, fiscales y de permisos para estos proyectos, y ordena la inscripción de la escritura constitutiva del Fideicomiso y la transferencia de propiedades al mismo.