Esta ley enmienda el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia para aclarar y flexibilizar los mecanismos de representación legal de las agencias de la Rama Ejecutiva ante foros administrativos. Permite que las agencias comparezcan mediante abogados empleados o contratados por servicios profesionales sin requerir dispensa previa, optimizando la gestión gubernamental, y actualiza las referencias normativas al Código Municipal de Puerto Rico.

Establece la 'Ley para la Protección Económica de Menores en la Monetización Digital', la cual obliga a los padres, tutores o encargados a reservar un porcentaje de los ingresos generados por la participación sustancial de menores en contenido digital monetizado en una cuenta o fideicomiso protegido. Asimismo, fija límites laborales y de exposición digital a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y otorga derechos a los menores al alcanzar la mayoría de edad para reclamar fondos no depositados y solicitar la eliminación del contenido.

Ley para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de ampliar las facultades de los municipios en el recogido, manejo, transportación y disposición de neumáticos desechados, permitiéndoles actuar como transportistas y facturar por dichos servicios al Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados.

Esta ley enmienda el Código Civil de Puerto Rico para aclarar que las instituciones de cuidado de salud responden de manera vicaria (y no objetiva) por los daños causados por su personal, empleados, médicos con privilegios y operadores de franquicias exclusivas de servicios de salud.

Ley que enmienda la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para ordenar la publicación en su portal digital de todos los proyectos tecnológicos activos bajo su jurisdicción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en el gobierno.

Ley que enmienda la Ley Núm. 17 de 1939 para eliminar el requisito de residencia de doce meses previo a solicitar admisión a la abogacía y la disposición de admisión sin examen, y crea la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ley que declara el 5 de mayo de cada año como el 'Día del Niño Dotado en Puerto Rico', con el propósito de sensibilizar sobre sus aportaciones, fortalecer su identificación temprana, promover programas educativos diferenciados y fomentar la colaboración inter agencial y familiar para su formación integral.

Ley que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para regular la oferta y venta de pólizas de seguros para mascotas, estableciendo requisitos mínimos de divulgación al consumidor, definiciones de términos aplicables, reglas sobre condiciones preexistentes y periodos de espera, prácticas de mercadeo transparentes, y facultando al Comisionado de Seguros para su implantación y fiscalización.

Ley que enmienda la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales para permitir que los trabajadores que resulten victoriosos en sus reclamaciones contra patronos puedan recobrar las costas del litigio.

Ley para enmendar la Ley Núm. 54 de 1989 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica) con el propósito de atemperar sus disposiciones punitivas y delitos al sistema de penas de sentencia fija establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012.

Esta ley crea un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad para solares municipales ubicados en centros urbanos consolidados de Puerto Rico. Modifica el Código Municipal y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para permitir que los municipios inscriban estos predios como fincas nuevas e independientes, eximiéndolos del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) siempre que estén localizados dentro del área delimitada en el Plan de Ordenación Territorial, facilitando así la seguridad jurídica y el acceso al crédito para sus poseedores.

Ley que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para crear el Cuerpo de Inspectores Voluntarios, con el propósito de fiscalizar y garantizar que las actividades deportivas y recreativas de menores se desarrollen en un ambiente seguro, saludable y libre de maltrato.

Ley que enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y cumplimiento contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte en Puerto Rico. Establece la creación de un Registro de Cumplimiento de Entidades Deportivas, un Protocolo Uniforme de Prevención y Respuesta, un canal confidencial digital de denuncias y requisitos de acreditación a través del Departamento de Recreación y Deportes.

Ley que enmienda las Reglas 25.2 y 40.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 para incorporar los preceptos de la Ley Uniforme de Deposiciones y Descubrimiento Interestatal (UIDDA), estableciendo un mecanismo más eficiente y económico para la citación de testigos que se encuentran fuera de Puerto Rico pero en otra jurisdicción de los Estados Unidos.

Ley que enmienda la Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999 para disponer que las alertas de emergencia y seguridad pública publicadas en tableros de anuncios digitales permanezcan anunciándose por un período mínimo de setenta y dos (72) horas.

Ley que enmienda la Ley Núm. 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a las disposiciones del False Claims Act federal. La legislación aclara la intención legislativa de incluir como violaciones aquellas conductas que resulten en la evasión o disminución de obligaciones de pago o transferencia de propiedad al Gobierno, ampliando su alcance más allá de los programas de gobierno y contratos de servicio, y reforzando los mecanismos civiles para la protección del erario y la lucha contra el fraude.

Crea el "Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico" para estandarizar los protocolos de respuesta ante incendios, violencia, emergencias médicas, desastres naturales y otras situaciones de crisis en los planteles del Departamento de Educación, estableciendo además la obligación de ofrecer capacitación, realizar simulacros y colocar carteles informativos.

Crea la "Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público" para establecer un marco regulatorio uniforme entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, facilitando la ejecución de proyectos prioritarios y el uso de fondos federales bajo la supervisión del Negociado de Energía de Puerto Rico.

La ley establece la 'Ley para el Acceso Educativo y Cultural en Instituciones Penitenciarias', ordenando al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico identificar, catalogar y donar anualmente libros excedentes o descontinuados en buenas condiciones para uso exclusivo en las bibliotecas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el fin de fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas confinadas.

Ley para enmendar la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 con el fin de proteger bajo la doctrina del producto del trabajo (*work product*) los borradores de informes de personas peritas y las comunicaciones entre estos y los abogados.

Ley que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para aclarar que el Comisionado de la Policía Municipal es considerado un 'funcionario del orden público' según la Regla 11 de Procedimiento Criminal, incorporar el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado en el sistema uniforme de rangos, ajustar los términos mínimos para ascensos y traslados, y establecer disposiciones sobre el reembolso de costos de adiestramiento entre municipios.

Ley que enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender temporalmente la vigencia de marbetes y autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas a nivel federal, cuando por causas ajenas al propietario —como cierres gubernamentales o desastres— no se puedan renovar los certificados federales correspondientes.

Esta ley enmienda la Ley 18-2012, conocida como la “Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico”, con el propósito de incluir dentro de la definición de equipos electrónicos los equipos portátiles de energía solar renovable, sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento en batería, baterías de iones de litio de vehículos eléctricos y cargadores relacionados. Asimismo, incorpora correcciones técnicas para reflejar la consolidación de funciones en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tras el Plan de Reorganización de 2018 y establece directrices para su manejo, disposición y reciclaje.

Ley que enmienda la Ley Núm. 75 de 1987 (Ley Notarial de Puerto Rico) para rectificar la información requerida en la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles, eliminando la exigencia obligatoria de tasación profesional y planos de mensura para ciertas transacciones, y ajustando disposiciones técnicas y contributivas relacionadas con bienes raíces.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para establecer un derecho de prioridad a favor de los municipios en la adquisición de propiedades inmuebles que hayan sido rematadas por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) debido a deudas contributivas, permitiendo que los municipios las adquieran para fines públicos antes que otras agencias gubernamentales.

La Ley 166-2026 establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la priorización de los establecimientos residenciales que brindan cuidado a menores bajo la supervisión del Departamento de la Familia en los planes de restablecimiento de servicios esenciales (energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones) tras una emergencia o desastre, equiparándolos con instalaciones críticas como hospitales.

Esta ley enmienda la Ley de Tierras de Puerto Rico para modernizar los procedimientos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Permite que los miembros de la Junta participen en reuniones mediante videoconferencia o medios electrónicos y establece mecanismos para la toma de decisiones sin necesidad de reuniones presenciales, con el fin de fomentar la eficiencia administrativa de la corporación pública.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 57-2023 para establecer sanciones penales de delito grave (penas fijas de 2 y 3 años) para aquellas personas que, teniendo el deber legal de informar, incumplan con su obligación, impidan a otros informar o suministren información falsa en casos donde exista conocimiento o sospecha de abuso sexual contra un menor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 139-2011, conocida como la 'Ley del Derecho sobre la Propia Imagen', para actualizar la definición de 'imagen' e incluir explícitamente las representaciones generadas, clonadas o simuladas mediante Inteligencia Artificial Generativa, con el fin de proteger la identidad y los atributos personales frente al uso no autorizado en entornos digitales.

Esta ley enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer la prevención y protección contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte. Establece definiciones claras, impone responsabilidad civil a los agresores y establece la responsabilidad institucional de las entidades deportivas cuando, conociendo o debiendo conocer conductas de acoso, no tomen medidas correctivas inmediatas.

Esta ley establece la responsabilidad mancomunada entre aseguradoras, intermediarios y proveedores de salud en el proceso de coordinación de beneficios cuando un paciente posee más de un plan médico. Asimismo, faculta al Departamento de Salud y a la Oficina del Comisionado de Seguros para atender querellas administrativas relacionadas con la negativa o falta de cooperación en dicha coordinación, y ordena la creación de reglamentación específica y campañas educativas para garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos del paciente.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para incluir a personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de procesamiento sensorial (TPS) y otras condiciones de hipersensibilidad sensorial severa entre los grupos elegibles para obtener una exención médica que permita el uso de cristales de visión unidireccional o tintes en los vehículos de motor, facilitando así un entorno sensorial controlado para estos pacientes.

Esta ley designa oficialmente la Finca Gabia, ubicada en el municipio de Coamo, como 'Bosque Gabia', integrándola al Sistema de Bosques del Estado. Establece las directrices para su manejo, conservación y administración bajo la custodia de la Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, promoviendo la restauración ecológica, la investigación científica y la educación ambiental.

Esta ley establece un procedimiento especial para uniformar la titularidad de bienes inmuebles pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico cuando no se pueda identificar al titular o no exista documentación fehaciente. Faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para certificar la titularidad a favor del Estado e inmatricular dichas propiedades en el Registro de la Propiedad, permitiendo así su disposición a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).

Esta ley enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para establecer la jurisdicción primaria exclusiva del Tribunal de Primera Instancia en controversias de propiedad horizontal, creando Salas Especializadas de Adjudicación de Controversias de Condominios. Asimismo, impone requisitos de educación para agentes administradores, transfiere funciones administrativas municipales sobre áreas de reciclaje, establece un registro de condominios bajo el Departamento de Justicia y dicta disposiciones transitorias para la transferencia de querellas desde el DACO hacia el Poder Judicial.

Esta ley enmienda la Ley 209-2003, conocida como la 'Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico', con el propósito de actualizar las referencias legales a estatutos derogados por legislación vigente, ajustar el umbral monetario para la aprobación de contratos por parte de la Junta de Directores de $36,000 a $100,000, y realizar ajustes técnicos para mejorar la eficiencia administrativa y operativa del Instituto.

Esta ley enmienda el Artículo 250 del Código Penal de Puerto Rico para establecer como obligatoria la imposición de la pena de restitución en los casos de convicción por el delito de enriquecimiento ilícito cometido por funcionarios o empleados públicos.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas) y la Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico) para clarificar las prohibiciones y excepciones aplicables al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios durante el periodo eleccionario. Establece criterios específicos para los gastos de difusión pública y permite que los alcaldes reelectos realicen transacciones de personal tras recibir su certificación preliminar, buscando garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales y la transparencia en el uso de fondos públicos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 219-2012, conocida como la 'Ley de Fideicomisos de Puerto Rico', para modernizar el marco legal fiduciario. Entre sus cambios principales, reconoce expresamente el fideicomiso revocable, establece la responsabilidad mancomunada de los fiduciarios, faculta al Director de Inspección de Notarías para expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos y actualiza las referencias legales conforme al Código Civil de 2020, con el fin de fomentar la inversión y la certeza jurídica.

Esta ley enmienda la Ley 70-1992, conocida como la 'Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico', con el fin de facultar al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a reestructurar y flexibilizar el otorgamiento de asistencia económica, préstamos y líneas de crédito a entidades privadas y empresas comunitarias dedicadas a la industria del reciclaje, permitiendo que dichos fondos provengan de diversos programas disponibles en la institución financiera.

La Ley 151-2026 establece la creación de las 'Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico', adscritas a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La ley busca organizar y promover recorridos turísticos que integren actividades de aventura y deportes extremos en diversos municipios, fomentando el desarrollo económico mediante la coordinación intergubernamental para la rotulación, promoción y logística de transporte.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para autorizar a los municipios a celebrar vistas adjudicativas mediante videoconferencia como una modalidad alterna a la presencial, estableciendo criterios para su uso, salvaguardas para el debido proceso de ley y la obligación de reglamentar dichos procedimientos.

Esta ley declara el 21 de marzo de cada año como el 'Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza', con el propósito de reconocer y preservar la aportación cultural y el legado afrocaribeño de estas mujeres, facultando al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Municipio de Loíza a realizar actividades conmemorativas y educativas.

Esta ley enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para establecer la obligatoriedad de que todas las agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales remitan sus informes estadísticos al Instituto en un plazo máximo de 60 días. La medida busca centralizar la información estadística en el Inventario de Estadísticas de Puerto Rico, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos, estableciendo además multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía' para prohibir que se realicen descuentos o ajustes en la compensación anual de los policías retirados debido a los ingresos recibidos por concepto del Seguro Social federal, alineando la política pública local con los cambios recientes en la normativa federal.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 40-2020, conocida como la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía', para establecer el uso exclusivo de los recursos del Fideicomiso para fines de retiro. Prohíbe expresamente el uso de dichos fondos para el pago de obligaciones patronales ordinarias, tales como horas extras, licencias acumuladas, nómina o gastos operacionales, garantizando que estos recursos se destinen únicamente a mejorar la seguridad económica de los miembros de la Policía de Puerto Rico tras su retiro.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI' para obligar a las agencias gubernamentales y municipios a incluir una notificación expresa sobre el derecho de preferencia de los veteranos en todos los anuncios, edictos o convocatorias relacionados con la venta, arrendamiento o subsidios de vivienda. Asimismo, establece el destino de las multas administrativas por incumplimiento para financiar campañas educativas sobre los derechos de los veteranos.

Esta ley declara el mes de noviembre de cada año como el 'Mes de la Planificación en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor y las aportaciones de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla. Asimismo, faculta a la Junta de Planificación, a la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación para coordinar actividades y medidas que promuevan los objetivos de esta conmemoración.

Esta ley enmienda la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley Núm. 29-2009) para incluir como objeto de contratos de alianza la construcción, mantenimiento y operación de albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica, estableciendo además una composición específica para el Comité de Alianzas encargado de estos proyectos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 263-1998 para establecer que la beca para el pago de matrícula en instituciones públicas de educación superior, otorgada al cónyuge supérstite e hijos de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber, cubrirá el cien por ciento (100%) del costo de dicha matrícula.

Esta ley enmienda la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para integrar el tema del uso de la inteligencia artificial dentro de los programas de educación virtual para el público y los cursos de educación continua obligatorios para los servidores públicos, con el fin de mitigar riesgos de seguridad y promover un uso responsable de esta tecnología.

Esta ley enmienda diversas disposiciones legales para integrar a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 'Programa Experience' del Departamento de Seguridad Pública. El objetivo es fortalecer este programa educativo, preventivo y de reclutamiento para jóvenes de 15 a 18 años, estableciendo la obligación de colaboración interagencial y otorgando beneficios de puntuación a los participantes en procesos de reclutamiento futuros.

La Ley 138-2026 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer la figura del Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica en cada municipio. Esta ley busca fortalecer la respuesta local ante la violencia de género, obligando a los municipios a designar un funcionario capacitado para brindar apoyo, orientación y canalización de servicios a las víctimas, asegurando la coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Esta ley enmienda el Artículo 2.048 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para restablecer el requisito de que los solicitantes de empleo en el servicio público municipal no hayan sometido información falsa, incorrecta o engañosa en sus procesos de reclutamiento, corrigiendo una omisión técnica previa.

Esta ley enmienda el Artículo 619A del Código Civil de Puerto Rico de 2020 para clarificar el lenguaje y los criterios de adjudicación respecto al derecho de los abuelos y tíos a mantener relaciones con menores de edad, asegurando que el tribunal considere el interés óptimo del menor en casos de oposición por parte de los padres o tutores.

Esta ley enmienda la Ley 21-2021, conocida como la 'Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico', para fortalecer la política pública contra la difusión no consentida de material íntimo. La legislación tipifica como delito grave tanto la divulgación no autorizada de material explícito como la amenaza de realizar dicha acción, utilizando cualquier medio de comunicación electrónica o cibernética, independientemente de la relación entre las partes.

Esta ley declara el 14 de octubre de cada año como el 'Día de Concientización del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)' en Puerto Rico, ordenando al Departamento de Salud, a la ASSMCA, al Departamento de Educación y a los municipios a realizar actividades y campañas educativas para fomentar la detección temprana, reducir el estigma y mejorar el acceso a tratamientos para esta condición.

Esta ley enmienda el Artículo 6.14A de la Ley 22-2000, conocida como la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico', con el fin de aumentar la multa administrativa de cien (100) a quinientos (500) dólares por incumplir con la obligación de ceder el paso a vehículos de emergencia autorizados que emitan señales de alarma.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 113-2012 para actualizar y clarificar las definiciones de 'veterano' y 'veterano incapacitado del servicio', alineándolas con las normativas federales del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), con el fin de facilitar el acceso de veteranos dueños de pequeñas empresas a beneficios y oportunidades de contratación gubernamental.

Esta ley enmienda la Ley 20-2023 para establecer el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias como el 'Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño' y designa oficialmente al Municipio de Moca como la 'Capital del Mundillo Puertorriqueño', con el fin de promover la cultura, el turismo y el desarrollo económico artesanal.

La Ley 128-2026 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para ampliar las entidades gubernamentales donde los médicos cualificados pueden cumplir con su requisito de 180 horas anuales de servicio comunitario de manera remunerada. Se incluyen la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la ASSMCA y el Programa de Salud Correccional, con el fin de incentivar la retención de profesionales médicos en la isla.

Ley que declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Ortopedia y Traumatología en Puerto Rico', con el fin de promover la educación, prevención y concienciación sobre la salud musculoesquelética, estableciendo responsabilidades de coordinación para el Departamento de Salud y los municipios.

Esta ley deroga la Ley Núm. 12-2008, eliminando el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Establece una nueva política pública para la seguridad portuaria basada en análisis de riesgo y coordinación con agencias federales, con el objetivo de reducir costos operativos, eliminar burocracia innecesaria y mitigar el impacto económico en el consumidor final.

Esta ley enmienda la Ley 85-2018, conocida como la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', para reestructurar el Departamento de Educación. Establece una nueva jerarquía organizacional que incluye la creación de las posiciones de Subsecretario, Oficial Principal Financiero, Oficial Principal de Informática y Oficial Principal Académico, definiendo sus cualificaciones, deberes y mecanismos de coordinación interagencial, particularmente con PRITS en materia tecnológica.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para establecer la obligatoriedad de contar con al menos un terapeuta atlético en todos los torneos deportivos, competencias y escuelas especializadas en deporte, con el fin de garantizar la seguridad física de los atletas y prevenir lesiones.

Esta ley enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para modificar la definición de 'Parte de Arma de Fuego', establecer el requisito de licencia para adquirir dichas partes y tipificar como delito grave la posesión, portación o transporte de partes de armas de fuego sin la debida licencia.

Esta ley enmienda el Artículo 1343 del Código Civil de Puerto Rico para establecer que el requisito de que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles deban constar por escrito aplicará únicamente a aquellos cuyo término exceda los seis años, eliminando así una contradicción normativa y armonizando la disposición con la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 183-1998 para incluir a las víctimas de trata humana como elegibles para recibir compensación por parte de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, eliminando además el impedimento de compensación para aquellas víctimas que hayan incurrido en conducta delictiva como resultado directo de su condición de víctimas de trata.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 54 de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica', con el objetivo de fortalecer el marco legal, mejorar los mecanismos de procesamiento judicial, actualizar las definiciones de maltrato y violencia, e imponer penas más proporcionales y efectivas para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Ley que designa el 9 de marzo de cada año como el 'Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola' en Puerto Rico, con el propósito de reconocer y visibilizar la contribución de las mujeres en el sector agrícola, la agroindustria y la seguridad alimentaria de la Isla, fomentando actividades educativas y de concienciación.

Esta ley enmienda la Ley 73-2019, conocida como la 'Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019'. El propósito principal es definir el concepto de 'Licitador Participante' y establecer que el término para impugnar el rechazo de una oferta por entrega tardía comienza a contar desde la fecha del rechazo, evitando así dilaciones innecesarias en los procesos de contratación pública y adjudicación de subastas.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 81 de 1912 (Ley del Departamento de Salud) para facultar al Secretario de Salud a emitir licencias provisionales a profesionales de la salud y médicos durante estados de emergencia declarados por autoridades estatales o federales, permitiendo que profesionales con licencias activas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos brinden servicios en Puerto Rico mientras dure la emergencia.

La 'Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial' establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico de notificar a los ciudadanos cuando interactúan con sistemas de inteligencia artificial o automatizados, garantizando además el derecho del ciudadano a solicitar la intervención de un ser humano en la prestación de servicios públicos.

La 'Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales' establece mecanismos legales de naturaleza civil para combatir el maltrato, crueldad, abandono y abuso animal en Puerto Rico. La ley faculta a los tribunales a emitir órdenes de custodia provisional y permite a ciudadanos actuar como demandantes para proteger el bienestar de los animales, independientemente de los procesos penales existentes.

Esta ley deroga el Artículo 44 del Código Político de Puerto Rico de 1902 con el propósito de armonizar el ordenamiento jurídico con el principio de favorabilidad establecido en el Código Penal vigente (Ley 146-2012), eliminando disposiciones obsoletas sobre la persecución de delitos bajo leyes ya derogadas.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Concientización Sobre Leptospirosis' en Puerto Rico, estableciendo la política pública de prevención, educación y detección temprana de esta enfermedad. Asimismo, faculta al Departamento de Salud para coordinar esfuerzos interagenciales, municipales y comunitarios, incluyendo la creación de campañas educativas y la reglamentación necesaria para su implementación.

Esta ley designa la última semana de febrero de cada año como la 'Semana de los Future Farmers of America (FFA) en Puerto Rico' y establece días conmemorativos específicos dentro de dicha semana para reconocer a estudiantes, maestros, agricultores, ganaderos y profesionales del sector agrícola, con el fin de fomentar el liderazgo juvenil y la educación agrícola en la Isla.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para actualizar los mecanismos de supervisión financiera de las estructuras de control de compañías de seguros (holding companies). Incorpora estándares de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), incluyendo el Cálculo de Capital de Grupo y el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez, con el fin de fortalecer la fiscalización de la solvencia, proteger a los consumidores y mantener la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros.

Esta ley enmienda la Ley de Préstamos Personales Pequeños (Ley Núm. 106 de 1965) para revisar los requisitos de activos líquidos mínimos exigidos a los concesionarios, reducir barreras de entrada al mercado, fomentar la competencia y modernizar los estándares de divulgación de tasas de interés y costos asociados al crédito para proteger al consumidor.

Esta ley enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para permitir que los adultos mayores víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de obligaciones alimentarias, abandono o negligencia, puedan prestar su testimonio fuera de la sala del tribunal mediante sistemas de circuito cerrado, con el fin de proteger su bienestar emocional y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para prohibir que los operadores de apuestas recopilen o utilicen datos de los jugadores con el fin de manipular su comportamiento o predecir patrones de apuestas, promoviendo así el juego responsable y la protección de los datos personales de los usuarios frente a tecnologías como la inteligencia artificial.

Esta ley enmienda la 'Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras' (Ley 75-1995) para extender la vigencia de incentivos contributivos hasta el 31 de diciembre de 2030. Además, establece nuevos requisitos de orientación comunitaria para negocios beneficiarios, dispone capacitaciones para empleados públicos sobre la administración de estos incentivos y agiliza los procesos de otorgación de decretos de exención para fomentar el desarrollo económico y la rehabilitación urbana en la zona.

Esta ley enmienda la Ley 171-2014 para renombrar el 'Programa de Desarrollo Laboral' como 'Conexión Laboral', actualizar sus disposiciones conforme a la ley federal 'Workforce Innovation and Opportunity Act' (WIOA), y reconfigurar la 'Junta Estatal de Desarrollo Laboral'. Asimismo, ajusta el Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para atemperar sus funciones a estos cambios.

Esta ley enmienda la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas en Puerto Rico y el Código Electoral de 2020 para establecer la obligación de identificar claramente cualquier propaganda, anuncio o comunicado electoral que haya sido generado o alterado, parcial o totalmente, mediante el uso de Inteligencia Artificial, incluyendo la definición legal de dicho concepto y sanciones por el uso malicioso de imágenes o datos falsos en sistemas electrónicos de la Comisión Estatal de Elecciones.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos' para establecer un procedimiento formal de órdenes de protección, tipificar nuevos delitos de maltrato y negligencia contra personas con diversidad funcional, y definir las competencias judiciales y penalidades aplicables para garantizar su seguridad e integridad.

La Ley 102-2026 establece un mecanismo excepcional para el control poblacional de cerdos salvajes mediante la otorgación de permisos especiales de caza no deportiva a agricultores afectados. La ley ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales enmendar sus reglamentos para clasificar al cerdo salvaje como especie invasora y establece protocolos de manejo sanitario, disposición de restos y prohibiciones sobre el consumo o venta de estos animales para proteger la sostenibilidad alimentaria de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para establecer la obligatoriedad de incluir un enlace directo en el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico que permita el acceso al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, facilitando así el acceso ciudadano a esta información pública.

Esta ley enmienda la Ley 76-2006 para autorizar a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan sido admitidos a tomar el examen de reválida. La medida busca mitigar la escasez de estos profesionales en el sector de la salud, permitiéndoles ejercer bajo supervisión médica mientras completan su proceso de licenciamiento definitivo.

La Ley 99-2026 enmienda la Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad para incluir a la Rama Judicial y sus dependencias en la obligación de implementar sistemas de atención prioritaria para adultos mayores y personas con diversidad funcional en sus servicios administrativos y de atención al público no adjudicativos.

Esta ley prohíbe que las deudas por gastos médicos sean reportadas a las agencias de informes de crédito y limita las prácticas de las agencias de cobro al intentar recuperar dichas deudas, con el fin de proteger la privacidad y el historial crediticio de los consumidores frente a gastos de salud inesperados.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para realizar ajustes técnicos y administrativos. Entre sus disposiciones principales, fortalece los mecanismos para la declaración y manejo de estorbos públicos, flexibiliza procesos de contratación y planificación territorial, establece nuevas funciones para la Unidad de Auditoría Interna, aclara disposiciones sobre la composición de las Legislaturas Municipales y el proceso de sesiones, y atempera el cobro de patentes municipales sobre contratos municipales.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020) para establecer una licencia especial con paga de hasta cinco días laborables para empleados del Gobierno y municipios, permitiéndoles realizar funciones de apoyo en la Comisión Estatal de Elecciones durante los años electorales.

Esta ley enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales para permitir que, en casos de desahucio donde la parte demandada alegue la existencia de una comunidad de bienes por aportaciones realizadas al inmueble, se pueda presentar prueba sobre dichas aportaciones y solicitar que el procedimiento se tramite por la vía ordinaria en lugar de la sumaria.

Esta ley enmienda la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Sus objetivos principales son agilizar el tráfico jurídico y reducir costos procesales al eximir del procedimiento de *exequátur* a las sentencias de tribunales federales y estatales de los Estados Unidos cuando se presenten para acreditar el estado civil de los comparecientes en el Registro de la Propiedad. Además, la ley modifica los requisitos para el cargo de Registrador de la Propiedad, reduciendo la experiencia profesional necesaria a cinco años.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011) con el propósito de otorgar una exención contributiva a los intereses devengados por las obligaciones emitidas por el Patronato de Monumentos de San Juan. Esta medida busca incentivar la recaudación de fondos privados para la restauración, preservación y mantenimiento de la Catedral de San Juan y la Iglesia San José, ambas consideradas monumentos históricos de alto valor cultural para Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 43-1994, conocida como la 'Ley para Prohibir la Copia, Publicidad y Venta sin el Consentimiento del Dueño de Grabaciones y Actuaciones en Vivo', con el propósito de armonizar sus penas con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica como delito grave la reproducción, transporte, venta o publicidad no autorizada de grabaciones sonoras y audiovisuales, estableciendo términos de reclusión y multas que varían según la cantidad de material ilegal y la reincidencia del infractor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la 'Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo', con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la Comisión Industrial de Puerto Rico. La enmienda establece un mecanismo de asignación automática del cuatro por ciento (4%) de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia la Comisión, buscando fortalecer su autonomía administrativa y asegurar la continuidad de sus funciones cuasi-judiciales en la adjudicación de reclamaciones laborales.

Esta ley deroga la Ley 212-2014, conocida como la 'Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo', con el propósito de eliminar el Comité Interagencial encargado de dicho proyecto. La medida responde a que el organismo ha permanecido inoperante desde el año 2015, buscando así reducir la burocracia, evitar la duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico, delegando la gestión de este patrimonio en entidades con competencia directa como el Municipio de Arroyo y la Compañía de Turismo.

Esta ley establece la 'Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL' en Puerto Rico. Su propósito principal es crear un sistema de alerta rápida y coordinación entre agencias gubernamentales para facilitar la búsqueda y captura de sospechosos que hayan amenazado, herido gravemente o asesinado a oficiales de la Policía de Puerto Rico, policías municipales o agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Asimismo, el plan se activa para la localización de oficiales desaparecidos en el cumplimiento de su deber. La ley define los criterios técnicos de activación, las responsabilidades del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en el uso de carteles electrónicos, y establece penalidades por la activación falsa de dicha alerta.

Esta ley enmienda la 'Ley de Explosivos de Puerto Rico' (Ley Núm. 134 de 1969) con el objetivo de armonizar sus disposiciones penales y delitos con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma actualiza las penas por el uso y posesión ilegal de explosivos o sustancias para fabricarlos, y establece los procedimientos de confiscación de bienes relacionados con dichas infracciones bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones.

Esta ley enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores (Ley 121-2019), el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y la Ley de la Judicatura para facultar a los jueces municipales y superiores a nombrar tutores temporales en situaciones de emergencia. El propósito principal es agilizar los mecanismos de protección para adultos mayores cuya seguridad, salud o patrimonio se encuentren en riesgo debido a accidentes o condiciones médicas, garantizando un procedimiento sumario y aclarando la competencia judicial para emitir dichas órdenes.

Esta ley crea la 'Ley para Promover y Establecer el Intercambio de Información de Salud de Puerto Rico', con el objetivo de establecer el *Puerto Rico Health Information Exchange* (PRHIE) bajo la supervisión del Programa Medicaid del Departamento de Salud. La legislación busca modernizar la infraestructura tecnológica para el intercambio de datos clínicos electrónicos, garantizando la interoperabilidad y el cumplimiento con normativas federales de privacidad y seguridad como HIPAA y HITECH. Además, deroga la Ley 40-2012, crea un Consejo Asesor multisectorial, define las responsabilidades del Coordinador del PRHIE y establece un marco de sanciones administrativas para asegurar la participación de los proveedores de servicios de salud.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba' (Ley Núm. 259 de 1946) con el objetivo de armonizar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico de 2012 y la Ley de Armas de 2020. La norma establece los criterios bajo los cuales el Tribunal de Primera Instancia puede suspender una sentencia de reclusión y otorgar libertad a prueba, detallando una lista extensa de excepciones para delitos graves que no cualifican para este beneficio, tales como asesinato, agresiones sexuales, corrupción pública, violaciones a la Ley de Armas, narcotráfico y delitos de tránsito que resulten en daño grave o muerte.

Esta ley establece la Ley para la Reorganización de las Subsidiarias y Afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). Su objetivo principal es disolver entidades gubernamentales inactivas (como la Autoridad de las Navieras, la Autoridad de Teléfonos y la Corporación para el Financiamiento Público) y reorganizar otras afiliadas bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). La legislación enmienda múltiples estatutos orgánicos relacionados con el financiamiento de la vivienda, infraestructura, facilidades médicas y educativas, y el Fideicomiso de los Niños, buscando optimizar la estructura administrativa y fiscal del Gobierno tras el cese de funciones operacionales del BGF.

Esta ley declara el 30 de junio de cada año como el 'Día de Concienciación sobre la Artrogriposis Múltiple Congénita en Puerto Rico', ordenando al Departamento de Salud la realización de actividades educativas y campañas de sensibilización sobre esta condición neuromuscular.

Esta ley enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009) y el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). Su propósito principal es establecer requisitos estrictos de legitimación activa para que personas privadas puedan presentar recursos extraordinarios (como *injunction*, *mandamus* o sentencia declaratoria) contra permisos de construcción, exigiendo la demostración de un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente. Además, regula la revocación de permisos obtenidos mediante información falsa, armoniza las disposiciones sobre ordenación territorial en suelos rústicos especialmente protegidos y establece la obligatoriedad de una fianza mínima del 10% del valor del proyecto para cualquier solicitud de paralización de obra.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 103-2006, conocida como la 'Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico', con el propósito de fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Establece que las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales que realicen campañas publicitarias en televisión deben invertir al menos un cinco por ciento (5%) de su presupuesto publicitario en la contratación de servicios de WIPR. La ley define qué se considera información de interés público y establece excepciones para casos de urgencia, salud, falta de presupuesto específico o estrategias de difusión especializadas validadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la *Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores*, para fortalecer las protecciones legales de esta población. La reforma incluye el maltrato, daño o amenaza a los animales de compañía o mascotas de los adultos mayores como una modalidad de intimidación y maltrato. Además, se faculta a los tribunales para emitir órdenes de protección cuando se utilice el daño a los animales como medio de coerción, control o daño emocional contra la persona adulta mayor.

Esta ley declara el tercer domingo de febrero de cada año como el Día del Sombrero en Puerto Rico. Su propósito es exaltar la identidad cultural, las tradiciones y la artesanía puertorriqueña, tomando como referencia las festividades celebradas en el Municipio de Utuado. La ley ordena al Gobernador de Puerto Rico emitir una proclama anual para exhortar a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía a organizar y participar en actividades conmemorativas.

Ley que declara el 2 de abril de cada año como el 'Día de la Historia Deportiva Ponceña', ordenando al Gobernador la emisión de una proclama anual y facultando al Departamento de Recreación y Deportes y al Municipio de Ponce a realizar actividades conmemorativas en honor a la trayectoria deportiva de dicha ciudad.

Esta ley, denominada como la 'Ley para la Atención del Estudiantado con Epilepsia en las Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico', tiene como objetivo principal garantizar un entorno educativo seguro y equitativo para estudiantes con diagnóstico de epilepsia. La legislación establece la obligatoriedad de crear un *Plan Escolar de Acción para Crisis Epiléptica* individualizado, la capacitación del personal escolar para el manejo de emergencias y la provisión de acomodos razonables. Además, prohíbe estrictamente el discrimen por razón de esta condición de salud, protege la confidencialidad de los datos médicos y define las responsabilidades civiles y administrativas de las instituciones y los padres o tutores, en armonía con el Código Civil de Puerto Rico y las leyes de educación especial.

Esta ley enmienda el Artículo 3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica'. El propósito principal es prohibir que cualquier persona convicta por el delito de agresión sexual (según tipificado en la misma ley) pueda beneficiarse de programas de desvío o libertad a prueba. La enmienda busca asegurar que la gravedad de la violencia sexual en el contexto de pareja no sea mitigada por alternativas procesales, reforzando la protección a las víctimas y la severidad del sistema de justicia penal.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para imponer al Secretario de Educación la obligación de integrar en el currículo del Programa de Salud Escolar actividades, proyectos y módulos sobre condiciones de salud crónicas y trastornos del desarrollo. El propósito es orientar a los estudiantes sobre cómo estas condiciones afectan el aprendizaje y fomentar la empatía, el apoyo y la inclusión de las personas que las padecen.

Esta ley enmienda la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley Núm. 154-2008) con el propósito de armonizar sus disposiciones y delitos con el sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica y establece sanciones para conductas como el abandono, maltrato agravado, peleas de animales, envenenamiento, transporte inadecuado y la práctica ilegal de eutanasia o cirugías cosméticas. Asimismo, regula la concesión de órdenes de protección para animales en contextos de violencia doméstica y establece requisitos de licenciamiento para criadores bajo la supervisión del Departamento de Salud.

Esta ley enmienda la Ley 1-2001 (*Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico*) con el fin de modernizar la estructura de gobernanza de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). La pieza legislativa elimina el antiguo Consejo Asesor para crear la Comisión Asesora Comunitaria y del Tercer Sector, integrando a líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Además, establece una Mesa Interagencial compuesta por diversos secretarios de agencias y representantes municipales para coordinar esfuerzos gubernamentales en beneficio de las comunidades vulnerables y promover su autogestión.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002' con el objetivo de fortalecer la solidez financiera de las nuevas cooperativas. La enmienda aumenta el capital accionario mínimo requerido para comenzar operaciones de cincuenta mil (50,000) a ciento cincuenta mil (150,000) dólares, buscando asegurar que estas entidades cuenten con una base económica adecuada para enfrentar los costos operacionales y regulatorios iniciales.

Esta ley enmienda la Ley 42-2023, conocida como la 'Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico'. El propósito principal de la enmienda es designar a la Administración de Sistemas de Retiro como la agencia líder en la creación del programa voluntario de ahorro para el retiro de empleados del sector privado, sustituyendo a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en esa función para evitar conflictos con su rol regulador. Además, ajusta la composición de los Grupos Especiales de Trabajo y establece requisitos presupuestarios y de informes para asegurar la implementación de proyectos de capacitación financiera dirigidos a la fuerza laboral.

Esta ley establece el 6 de febrero de cada año como el 'Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña', con el fin de reconocer y conmemorar las aportaciones y ejecutorias de las atletas puertorriqueñas. La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Departamento de Recreación y Deportes, en conjunto con otras entidades, a realizar actividades de promoción y celebración de esta fecha.

Esta ley designa el 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”. Su propósito principal es fomentar la comunicación afectiva, el amor y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida. La ley establece como política pública el fortalecimiento del núcleo familiar y ordena al Departamento de la Familia, en coordinación con otras agencias, el desarrollo de planes educativos y campañas de orientación para promover estos valores en la sociedad puertorriqueña.

Esta ley declara el mes de junio de cada año como el 'Mes para Promover la Donación de Sangre en Puerto Rico'. Su objetivo principal es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia crítica de la donación voluntaria de sangre y plasma para salvar vidas y mantener inventarios estables en el sistema de salud. La legislación ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Secretario de Estado para coordinar esfuerzos de divulgación junto al Departamento de Salud y los bancos de sangre de la isla.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 95 de 1963, conocida como la 'Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos', para realizar ajustes técnicos en la definición de 'empleado' y restituir la facultad del Departamento de Educación para negociar y contratar directamente planes de seguros médicos para sus funcionarios y empleados, incluyendo también al Departamento de Seguridad Pública en las disposiciones pertinentes.

Esta ley enmienda la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico para atemperar sus disposiciones a la Ley Núm. 67-1993, precisando las facultades del Departamento de Salud y de sus inspectores en la investigación de violaciones, el ejercicio de funciones de orden público, el manejo de sustancias controladas y los procedimientos de confiscación y destrucción de bienes.

Esta ley enmienda la Ley 6-2011 para establecer como requisito obligatorio que los entrenadores deportivos de menores de 18 años presenten resultados negativos en pruebas de detección de sustancias controladas para obtener o mantener su licencia. Asimismo, faculta al Departamento de Recreación y Deportes a realizar pruebas aleatorias periódicas y establece los parámetros reglamentarios para la implementación de estas medidas de seguridad.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para consolidar y fortalecer la política pública sobre la educación e información al ciudadano respecto a proyectos de infraestructura y mejoras en servicios básicos. Deroga la Ley 98-2002 y establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas de notificar y orientar a la ciudadanía sobre obras que afecten servicios esenciales, utilizando las plataformas digitales bajo la supervisión de la Puerto Rico Innovation and Technology Service.

Esta ley establece la 'Ley de Reflexión y Meditación' para los empleados de las agencias, dependencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. Dispone un periodo voluntario de cinco minutos al inicio de la jornada laboral para que los servidores públicos reflexionen sobre valores como el respeto, la honradez y la transparencia. La ley asegura que este espacio sea de carácter no sectario y no político, integrándolo como parte de la jornada laboral compensada y prohibiendo cualquier tipo de penalización para quienes decidan no participar.

Esta ley enmienda el Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 y la Ley Uniforme de Valores con el propósito de extender el término de prescripción de la acción penal a diez (10) años en casos de fraude, lavado de dinero y apropiación ilegal agravada cuando la cuantía sea de $500,000 o más. La exposición de motivos destaca que la complejidad de los esquemas de fraude financiero y ocupacional requiere periodos de investigación y auditoría más extensos para su detección y procesamiento efectivo.

Esta ley enmienda el 'Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico' (Ley 2-2018) con el propósito de fortalecer el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Entre sus disposiciones principales, integra al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como miembro permanente del grupo y expande sus funciones estratégicas para incluir el diseño de políticas públicas preventivas, la evaluación de marcos jurídicos y el análisis de riesgos de corrupción basados en datos e investigaciones intersectoriales.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (*Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico*) con el propósito de prohibir que personas jurídicas extranjeras influyan económicamente en los procesos electorales de Puerto Rico. La enmienda define formalmente a las personas jurídicas extranjeras y les prohíbe, de forma directa o indirecta, realizar donativos, organizar comités de acción política o efectuar gastos independientes para financiar campañas políticas, delegando la supervisión de estas disposiciones a la Oficina del Contralor Electoral.

La Ley establece un marco normativo obligatorio para que todas las entidades gubernamentales y municipales notifiquen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico cualquier pérdida o irregularidad en el manejo de fondos y propiedad pública. La ley define los procedimientos de investigación administrativa, las responsabilidades de los funcionarios principales y oficiales de enlace, y establece mecanismos de sanción y coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para garantizar la transparencia y la protección de los bienes públicos.

Esta ley enmienda la 'Ley de Menores de Puerto Rico' y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores con el fin de fortalecer las garantías procesales de los menores de edad. La legislación establece como requisito obligatorio que cualquier interrogatorio realizado por agentes del orden público, así como la renuncia a derechos constitucionales por parte del menor, sea grabado íntegramente en audio y video para ser admisible como evidencia. Además, exige la presencia de padres, encargados o abogados durante dicho proceso, salvo excepciones muy limitadas por emergencias o seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra' (Ley Núm. 118 de 1974) con el objetivo de establecer términos claros para el proceso de reconsideración de solicitudes de libertad bajo palabra. Dispone que la Junta debe notificar sus decisiones en un plazo de 60 días tras la vista y establece un término de un año para que la población correccional pueda solicitar una nueva reconsideración tras una denegación, buscando agilizar los procesos administrativos y fomentar la rehabilitación y reinserción social.

Esta ley enmienda el Artículo 16.1 de la Ley 239-2004, conocida como la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004, con el propósito de fijar en tres (3) el número de integrantes del Comité de Supervisión. La medida busca uniformar la estructura organizacional de las cooperativas de tipos diversos con la de las cooperativas de ahorro y crédito, garantizando un funcionamiento óptimo y consistente en la fiscalización de estas entidades.

Esta ley enmienda la Ley 22-2021, conocida como la 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico', con el fin de ordenar la creación y publicación obligatoria de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda. El catálogo debe consolidar información sobre todos los servicios públicos disponibles, requisitos de elegibilidad y disponibilidad de intérpretes. Además, establece que la información debe ser accesible siguiendo estándares digitales (ADA y Sección 504) y requiere la coordinación entre la Oficina Enlace, PRITS y diversas agencias gubernamentales para su actualización bienal.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para añadir una sexta modalidad al Programa de Libre Selección de Escuelas. El propósito es permitir que las víctimas de violencia doméstica puedan matricular a sus dependientes en escuelas cercanas a su residencia o transferirlos a instituciones de su preferencia. Además, establece prioridad para estos estudiantes en la concesión de certificados del programa, garantiza la confidencialidad de sus datos y flexibiliza los requisitos de progreso académico considerando su situación particular.

Esta ley enmienda la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008) con el propósito de atender la crisis de escasez de médicos en Puerto Rico. La reforma agiliza los procesos de licenciamiento y recertificación permitiendo el trámite de documentos por medios electrónicos, elimina el requisito de bachillerato en ciencias o premédica para tomar la reválida, y facilita la obtención de licencias para médicos con credenciales federales que deseen establecerse en la isla. Además, fortalece la capacidad fiscalizadora de la Junta al facultar a sus abogados para intervenir en casos de impericia profesional y ajusta aspectos administrativos y de composición de la entidad.

Esta ley enmienda el Artículo 194 del Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012) con el objetivo de incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los elementos que configuran el delito de escalamiento. La reforma busca equiparar la intención de causar daños a la propiedad con la intención de apropiación ilegal al momento de una entrada no autorizada en una estructura, eliminando una disparidad normativa y fortaleciendo la protección de la propiedad y la seguridad ciudadana.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011) con el fin de realizar una enmienda técnica a la definición de 'ingreso bruto ganado'. La medida busca facilitar la implementación del Crédito por Trabajo (Earned Income Tax Credit) al clarificar los requisitos de documentación e informes (como comprobantes de retención y declaraciones informativas) necesarios para que los trabajadores y pensionados puedan reclamar este beneficio económico, en conformidad con las disposiciones federales del American Rescue Plan Act of 2021.

Esta ley enmienda la Ley 17-2017 (Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino) y la Ley Núm. 10 de 1970 (Ley de la Oficina de Turismo) con el propósito de integrar el turismo accesible e inclusivo en las estrategias oficiales de mercadeo de la Isla. La legislación faculta a la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino y a la Oficina de Turismo para desarrollar iniciativas que posicionen a Puerto Rico como un destino preparado para personas con diversidad funcional, fomentando la colaboración con el sector privado y organizaciones sin fines de lucro para mejorar la oferta turística y el desarrollo económico.

Esta ley enmienda la 'Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados', la 'Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico' y la 'Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico' con el fin de humanizar el trato de los restos fetales en pérdidas gestacionales ocurridas antes de las veinte (20) semanas. La normativa establece que, a solicitud de los padres, estos restos no serán considerados desperdicios biomédicos, permitiendo su entrega a funerarias para una disposición digna (sepultura o cremación). Además, faculta al Departamento de Salud para emitir certificados especiales de inscripción y desarrollar los protocolos administrativos necesarios para garantizar la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana en estos procesos.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para realizar ajustes técnicos y operacionales destinados a fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema electoral. Entre sus cambios principales se encuentran la creación de una nueva modalidad de voto adelantado presencial para personas de 50 años o más, la optimización de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mediante el balance institucional, y la regulación de herramientas tecnológicas como el Registro Electrónico de Electores (eRE) y el Sistema de Endosos (SIEN). También establece normas estrictas para el escrutinio general, la gestión de vacantes municipales y penalidades por la destrucción de propaganda política.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico con el propósito de extender a dieciséis (16) años el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad. La medida busca fortalecer la autonomía, estabilidad e independencia de criterio de estos funcionarios, equiparando sus términos de nombramiento con los de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el objetivo de endurecer las sanciones contra la venta y distribución de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y productos de tabaco a personas menores de veintiún (21) años. La normativa establece una multa administrativa de diez mil (10,000) dólares por cada incidente y la suspensión de la licencia para traficar cigarrillos por un periodo de doce (12) meses. Además, penaliza no solo la venta, sino también el intento de venta, la donación y la inducción o ayuda a menores para adquirir estos productos, reafirmando la política pública de salud y protección de menores frente a la adicción al tabaco.

Esta ley enmienda la 'Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta Silver' (Ley 132-2009) con el propósito de establecer un término obligatorio de seis (6) horas para la emisión de la alerta tras el reporte de desaparición o último avistamiento de una persona con Alzheimer o demencia. La enmienda busca eliminar la discrecionalidad de las autoridades y garantizar una respuesta rápida y uniforme por parte de la Policía de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Salud y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para proteger a esta población vulnerable.

Esta ley enmienda los artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 para establecer la obligatoriedad de notificar a la Oficina del Procurador del Veterano en los procedimientos de desahucio que involucren a veteranos. Asimismo, armoniza las disposiciones procesales para asegurar que tanto en la radicación de la demanda como en la sentencia de desalojo, se notifique a las oficinas correspondientes cuando se trate de veteranos, adultos mayores o personas con impedimentos, garantizando que estas poblaciones reciban la orientación y asistencia social necesaria para proteger su derecho a la vivienda.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948 con el objetivo de endurecer las penalidades contra la operación de juegos de azar clandestinos. La medida tipifica como delito grave la gestión o interés económico en salas de juego no autorizadas, imponiendo multas de hasta $25,000 y penas de reclusión. Además, busca mitigar problemas de salud pública como la ludopatía y proteger la industria turística y los ingresos del Estado provenientes de casinos regulados.

Esta ley establece el 14 de noviembre de cada año como el 'Día del Estudiante Legislador' en Puerto Rico, con el objetivo de fomentar la participación cívica, el liderazgo juvenil y el conocimiento del proceso legislativo en las instituciones educativas públicas y privadas.

La Ley 27-2026 establece un alivio financiero para nuevos clientes residenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), permitiéndoles prorratear el pago de los costos de acometida por un periodo de hasta seis meses. La medida enmienda la Ley Núm. 40 de 1945 para formalizar esta opción de pago como parte de la política pública de la corporación.

La Ley 26-2026 establece un marco normativo uniforme para la regulación de espacios sanitarios públicos en todas las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. La ley exige la designación de baños públicos de ocupación múltiple basados en el sexo biológico, prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros, y dispone la provisión de baños asistidos o familiares como acomodo razonable, estableciendo multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico' (Ley 194-1979) con el objetivo de facilitar el proceso de licenciamiento para médicos, técnicos y tecnólogos veterinarios. La normativa aclara los requisitos para los exámenes de reválida, valida la elegibilidad de graduados de instituciones autorizadas por la Junta de Instituciones Postsecundarias (aunque no estén acreditadas por la AVMA en su origen) y establece la creación de licencias provisionales para que graduados puedan ejercer bajo supervisión directa mientras completan sus certificaciones, buscando así mitigar la escasez de profesionales de salud animal en la Isla.

Esta ley designa el Frente Marítimo del Municipio Autónomo de Cataño, incluyendo el Malecón Edwin Rivera Sierra, como una 'Zona de Turismo Gastronómico'. La medida establece un marco de colaboración entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Cataño y diversas agencias gubernamentales para desarrollar planes de mercadeo, mejorar la infraestructura urbana, agilizar procesos de permisología y promover el desarrollo económico y cultural de la zona.

Esta ley enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico con el propósito de uniformar el proceso de conversión de multas no pagadas en días de reclusión. La enmienda ajusta la cuantía de abono, estableciendo que cada día de reclusión equivaldrá a cincuenta dólares ($50) de la multa no satisfecha, eliminando la disparidad previa con el Código Penal. Además, integra salvaguardas para personas de escasos recursos conforme a la Ley para la Imposición de la Pena Especial.

Esta ley enmienda la 'Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico' (Ley 10-2017) para imponer al Director Ejecutivo la responsabilidad de establecer, actualizar y publicar de forma digital toda la información sobre programas, beneficios, servicios e instalaciones disponibles para adultos mayores. La normativa busca centralizar la información de agencias gubernamentales y entidades privadas en el portal cibernético de la Oficina, incluyendo además un listado actualizado de las comunidades especiales por distrito para mejorar la transparencia y el acceso a servicios esenciales para la población de edad avanzada.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, conocida como la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra, con el propósito principal de centralizar el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La legislación establece el marco regulatorio para la extracción de componentes de la corteza terrestre, define las facultades de fiscalización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, detalla los procedimientos para vistas públicas y revisión judicial, y estipula sanciones penales y administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para establecer que, para propósitos de los incisos (g) y (h) del Artículo 93, se considerará como 'ser humano' al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida busca armonizar el Código Penal con las disposiciones del Código Civil y fortalecer las protecciones establecidas en la Ley Keyshla Madlane.

Esta ley declara a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico) como Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico. El reconocimiento se otorga en virtud de su trayectoria de más de 75 años ofreciendo servicios médicos, terapéuticos, educativos y de inclusión social a niños, jóvenes y adultos con discapacidades o condiciones complejas de salud.

Esta ley enmienda la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 (Ley 255-2002) con el objetivo de expandir las facultades de las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. La reforma permite que estas instituciones ofrezcan líneas de crédito y tarjetas de crédito comerciales tanto a socios como a no socios y entidades con fines de lucro. Además, flexibiliza los requisitos de colateral al permitir el uso de garantías personales debidamente evaluadas, buscando así facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas y estimular el desarrollo económico local.

Esta ley enmienda el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 para incluir formalmente a los Agentes de Seguridad y Protección de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE), adscritos al Programa de Instituciones Juveniles, como parte del Cuerpo de Oficiales de Custodia. El propósito es reconocerles los derechos, beneficios y obligaciones correspondientes a dicha designación, validando su función de alto riesgo en la seguridad, custodia de menores transgresores y mantenimiento del orden en las instituciones.

Esta ley enmienda el Artículo 13 de la Ley 129-2020 (Ley de Condominios de Puerto Rico) con el propósito de obligar a la administración de los condominios a entregar copia del reglamento a los corredores de bienes raíces o a potenciales compradores en un término no mayor de 5 días laborables. La medida busca garantizar que cualquier persona interesada en adquirir una propiedad bajo el régimen de propiedad horizontal esté debidamente informada sobre las normas administrativas y de convivencia que rigen el inmueble antes de concretar la compra.

Esta ley enmienda la Ley de Condohoteles de Puerto Rico (Ley 249-2008) con el propósito de modernizar y flexibilizar el marco legal que rige este modelo de negocio turístico. La medida busca facilitar el desarrollo, financiamiento y administración de condohoteles, permitiendo la conversión de regímenes de propiedad horizontal tradicionales a este modelo. Entre sus disposiciones clave se encuentran la clarificación de facultades del administrador para imponer multas y suspender servicios por impago, la regulación de la inscripción de unidades en el Registro de la Propiedad, y el establecimiento de procesos para la expansión, contracción o fusión de estos regímenes. También define el uso de unidades comerciales y residenciales dentro del ecosistema turístico para incentivar la inversión privada en la isla.

Esta ley enmienda la Ley 195-2011, conocida como la *Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar*. Su propósito principal es fortalecer la protección del patrimonio familiar frente a embargos y ejecuciones. Las enmiendas extienden a doce (12) meses el plazo para que un ciudadano reinvierta el dinero de la venta de su hogar principal en una nueva propiedad en Puerto Rico manteniendo su protección, y establece un término de sesenta (60) días para reclamar el beneficio de hogar seguro una vez se solicita la ejecución de una propiedad o un embargo preventivo.

Esta ley enmienda la 'Ley del Profesional Combatiente' (Ley 8-2010) para integrar formalmente a la Fuerza Espacial (Space Force) como una rama de las Fuerzas Armadas y los Servicios Uniformados. La legislación busca proteger a los profesionales que son movilizados en misiones militares, humanitarias o de estabilización (tanto a nivel internacional como doméstico), garantizando que su servicio no afecte negativamente su estatus profesional, el cumplimiento de cuotas de colegiación o sus requisitos de educación continua.

Esta ley enmienda la 'Ley del Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores' (Ley 204-2024) con el fin de facilitar la donación y reutilización de asientos protectores para niños. La enmienda permite que el Negociado del Cuerpo de Bomberos y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito acepten y distribuyan asientos que no cuenten con su manual de instrucciones original, siempre y cuando cumplan con los estándares de seguridad de la NHTSA y estén en condiciones óptimas. El propósito principal es ampliar el alcance del programa para beneficiar a familias de escasos recursos y promover el reciclaje de equipo de seguridad vial.

Esta ley establece un programa de incentivo para el pago acelerado de multas de tránsito en Puerto Rico. Concede un descuento del 40% sobre la totalidad de la deuda (incluyendo principal, intereses, recargos y penalidades) por concepto de infracciones de Auto Expreso, marbetes vencidos y otras faltas administrativas bajo la Ley 22-2000. El incentivo tiene una duración de 120 días tras la aprobación de la reglamentación correspondiente y excluye de sus beneficios a funcionarios electos y aquellos que requieren confirmación legislativa.

Esta ley prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales (teléfonos inteligentes, tabletas, relojes digitales, etc.) por parte de estudiantes en instituciones educativas públicas de Puerto Rico hasta el octavo grado durante el horario escolar y actividades oficiales. El objetivo es reducir distracciones y prevenir el acoso cibernético, permitiendo excepciones únicamente para fines educativos supervisados, emergencias o por razones de salud debidamente certificadas. Además, ordena al Departamento de Educación desarrollar la reglamentación necesaria para la custodia de los equipos y establecer protocolos de cumplimiento.

Esta ley enmienda los Artículos 67, 69 y 70 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) para reconocer formalmente al ser humano en gestación (*nasciturus*) como una persona natural con personalidad y capacidad jurídica desde el momento de la concepción. La normativa establece que el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le sea favorable, aunque sus derechos hereditarios quedan subordinados al nacimiento con vida. Además, aclara que este reconocimiento no menoscaba la potestad legal de la mujer gestante para tomar decisiones sobre su embarazo y define los criterios técnicos para que un ser humano se repute nacido.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el propósito de proteger a los ciudadanos que adquieren vehículos usados. Establece el derecho afirmativo de todo conductor o propietario a no ser responsabilizado por multas, infracciones de tránsito o cargos de peaje (AutoExpreso) ocurridos en fechas previas a su titularidad registral. La medida prohíbe al Estado imponer bloqueos, gravámenes o restricciones administrativas sobre un vehículo por deudas atribuibles a dueños anteriores y obliga al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a verificar el historial de titularidad antes de adjudicar sanciones. Además, ordena la implementación de sistemas digitales para la corrección automática de multas mal imputadas y otorga vigencia retroactiva a estas protecciones.

Esta ley enmienda la 'Ley de las Alianzas Público Privadas' (Ley 29-2009) y la 'Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal' (Ley 26-2017) con el fin de catalogar como proyectos prioritarios la construcción, mantenimiento y operación de viviendas y centros de cuido prolongado para adultos mayores. La medida autoriza la utilización de escuelas y edificios gubernamentales en desuso para estos fines y establece la composición del Comité de Alianza encargado de evaluar y adjudicar estos contratos, integrando agencias como el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada.

Esta ley enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) con el propósito de eximir del pago de contribución sobre ingresos y de la contribución básica alterna la ganancia realizada en la venta de una propiedad inmueble que constituya la residencia principal del vendedor. La medida establece requisitos específicos de ocupación continua por un término mínimo de dos años y excluye de este beneficio a individuos que ya gozan de incentivos bajo la Ley de Inversionistas Residentes.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el propósito de aumentar el límite de la deducción contributiva permitida por aportaciones a Cuentas de Retiro Individual (IRA). La enmienda busca armonizar los topes de deducción locales con los establecidos por el Código de Rentas Internas Federal (IRS), incentivando el ahorro a largo plazo y fortaleciendo la seguridad financiera de los contribuyentes frente a los retos demográficos y económicos de la isla.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el propósito de aumentar el límite de la deducción contributiva permitida por aportaciones a cuentas de ahorro para la educación. La medida eleva el tope de deducción de quinientos (500) a mil (1,000) dólares anuales por beneficiario, buscando incentivar el ahorro familiar para gastos educativos y armonizar el tratamiento contributivo local con las disposiciones federales del IRS.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para crear las Cuentas de Ahorro para Personas con Discapacidades (ABLE Accounts). Estas cuentas permiten a individuos con discapacidades y sus familias ahorrar fondos con ventajas contributivas para cubrir gastos cualificados como salud, educación, vivienda y transporte. La ley establece límites de aportación anual, criterios de elegibilidad basados en la Ley Federal de Seguro Social y regula el tratamiento contributivo de las distribuciones y aportaciones.

Esta ley enmienda la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) y la Ley de Transformación y ALIVIO Energético (Ley 57-2014) con el fin de declarar al sector de alimentos como un servicio crítico y esencial. La legislación establece que las instalaciones relacionadas con la cadena de producción, distribución, venta y suplido de alimentos deben ser clasificadas como Instalaciones de Servicios Indispensables, otorgándoles prioridad en el restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable durante estados de emergencia o desastres naturales para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Esta ley enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) con el fin de promover el desarrollo empresarial intergeneracional. La pieza legislativa fortalece el programa 'Empresarismo Master' para integrar a adultos mayores de 50 años en el ecosistema emprendedor y fomenta la colaboración entre jóvenes y empresarios experimentados. Además, mandata al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a reglamentar el acceso equitativo a incentivos, financiamiento y capacitación para nuevos empresarios, independientemente de su edad.

Esta ley enmienda la 'Ley de Contabilidad Pública de 1945' con el fin de modernizar los requisitos de educación y experiencia profesional para obtener la licencia de Contador Público Autorizado (CPA) en Puerto Rico. La reforma establece tres vías alternativas para la certificación, permitiendo opciones que varían entre 120 y 150 horas crédito universitarias combinadas con diferentes periodos de experiencia supervisada. Además, busca armonizar la reglamentación local con estándares internacionales y de Estados Unidos para facilitar la movilidad profesional y la reciprocidad de la licencia.

La Ley del Día de las Madres en Duelo de Puerto Rico (Ley 173-2025) establece el primer domingo de mayo de cada año como una fecha conmemorativa oficial para reconocer a las mujeres que han sufrido la pérdida de un hijo o hija. La ley busca visibilizar el duelo gestacional, infantil y adulto, promoviendo el apoyo emocional y la validación institucional de esta realidad. Además, ordena al Departamento de la Familia, al Departamento de Salud y a la ASSMCA coordinar esfuerzos para implementar campañas de concienciación, programas de salud mental y actividades de apoyo comunitario.

Esta ley añade el Artículo 619A al Código Civil de Puerto Rico de 2020 con el propósito de restituir y proteger el derecho de los abuelos y tíos a mantener una relación significativa con sus nietos y sobrinos menores de edad. La disposición legal otorga legitimación activa a estos familiares para solicitar ante un tribunal un régimen de visitas en casos donde exista oposición por parte de los padres o tutores, permitiendo que el juez decida basándose en el bienestar e interés superior del menor.

Esta ley disuelve la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y transfiere sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI). Su objetivo principal es centralizar la administración del inventario de propiedades públicas y asegurar que las agencias gubernamentales prioricen el uso de bienes inmuebles del Estado o de los municipios antes de proceder con el arrendamiento o compra de propiedades privadas, buscando mayor eficiencia administrativa y fiscal.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el fin de regular el uso de los espacios de estacionamiento destinados a la recarga de vehículos eléctricos o híbridos. La normativa prohíbe que cualquier vehículo se estacione en estos puntos a menos que esté conectado y utilizando el dispositivo de carga, define formalmente lo que constituye un 'Punto de Recarga' y establece una multa administrativa de $500 por infracciones. Además, promueve la reducción de emisiones contaminantes y ordena campañas de orientación ciudadana sobre estas nuevas disposiciones.

Esta ley establece la obligatoriedad de equipar cada patrulla de la Policía de Puerto Rico con torniquetes y requiere que todos los agentes reciban adiestramiento y readiestramiento bienal en su uso y manejo. El propósito principal es reducir las muertes por hemorragias traumáticas en situaciones de emergencia. Además, la ley otorga inmunidad civil a los agentes que utilicen este equipo de buena fe bajo la 'Ley del Buen Samaritano' y faculta al Superintendente de la Policía para crear los reglamentos necesarios para su implementación.

Esta ley enmienda la 'Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos' (Ley Núm. 221 de 1948) con el objetivo de atemperar sus disposiciones penales y sanciones al sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma establece penas fijas de reclusión para delitos graves relacionados con la operación ilegal de juegos de azar, tipifica como delito menos grave la obstrucción de denuncias y dispone la revocación obligatoria de licencias otorgadas por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico a quienes resulten convictos.

Esta ley enmienda el Artículo 204 del Código Penal de Puerto Rico para fortalecer las protecciones contra el fraude en la ejecución de obras de construcción. Entre sus disposiciones principales, tipifica el fraude en contratos bajo el esquema de 'cost plus', establece la obligatoriedad del resarcimiento doble a la parte perjudicada (independientemente de si el acusado se acoge a penas sustitutivas) y ordena a los tribunales notificar las sentencias al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y a diversas juntas examinadoras profesionales para la posible revocación de licencias.

Esta ley enmienda la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004 (Ley 239-2004) con el objetivo de agilizar el funcionamiento de las asambleas de socios. La enmienda reduce el tiempo de espera para una segunda convocatoria de una hora a treinta (30) minutos en casos donde no se logre el quórum en el primer llamado. Además, establece que en esta segunda convocatoria los socios o delegados presentes constituirán quórum legal, facilitando la toma de decisiones y la participación democrática dentro del movimiento cooperativo.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el propósito de proteger los privilegios de conducir de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sus Reservas y la Guardia Nacional de Puerto Rico. La medida extiende automáticamente la vigencia de las licencias de conducir de estos militares mientras se encuentren activados y movilizados fuera de Puerto Rico, otorgándoles un plazo de ciento veinte (120) días tras su regreso para completar la renovación. Además, ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) habilitar sistemas de renovación en línea y filas exclusivas para facilitar estos trámites.

Esta ley crea la "Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores". Su objetivo es uniformar la identificación y los derechos de estas poblaciones, otorgándoles un descuento del 50% en la admisión a espectáculos públicos y en los servicios de transporte público. Designa al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para la emisión de identificaciones con un símbolo distintivo y ordena a los municipios y agencias gubernamentales a conceder estos beneficios. Además, enmienda la Ley Núm. 297-2018 y deroga leyes anteriores relacionadas.

Esta ley enmienda la 'Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública' para clarificar el derecho de los ciudadanos a la información pública. Establece definiciones, procedimientos para solicitar y divulgar información por parte de las agencias gubernamentales, plazos de respuesta, y las vías de recurso judicial en caso de denegación, incluyendo penalidades por incumplimiento.

Esta ley enmienda la Sección 3 de la Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico para armonizar las penalidades por infracciones (posesión o uso de material pirotécnico) con el sistema de sentencias fijas del Código Penal de Puerto Rico de 2012. Establece penas específicas para delitos menos graves (hasta 10 unidades) y delitos graves (más de 10 unidades), incluyendo reclusión y multas.

Esta ley enmienda la 'Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico' (Ley Núm. 82-2023) para expandir su alcance, alineándola con la Ley federal RAISE. Su objetivo es fortalecer el apoyo a los cuidadores informales en Puerto Rico, abordando sus derechos, capacitación, seguridad financiera y laboral, acceso a servicios de respiro y su inclusión en los procesos de atención médica. La ley también establece la obligación de desarrollar planes de acción interagenciales para el cuidado prolongado, la planificación futura y la atención prioritaria en planes de emergencia, involucrando a diversas agencias gubernamentales y municipios.

Esta ley establece la política pública de Puerto Rico para fortalecer la capacitación de profesionales de la salud en geriatría y gerontología. Busca promover la creación y expansión de programas académicos en instituciones de educación superior, incentivar la educación continua en estas disciplinas y asegurar una atención integral y especializada para la creciente población adulta mayor en la isla.

Esta ley enmienda la Ley 8-2004, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", para establecer el "Programa de Promoción del Deporte Femenino". Su objetivo es fomentar la participación de las mujeres en todas las disciplinas deportivas, desde el nivel base hasta el alto rendimiento, mediante la asignación de fondos, becas, patrocinios y la creación de talleres y campamentos exclusivos. Busca eliminar barreras históricas y promover la igualdad de oportunidades en el deporte.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 94 de 1977, conocida como la "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", para fortalecer el proceso de inspección y certificación de instituciones para adultos mayores por parte del Departamento de la Familia. Establece requisitos de inspección periódica, exige la disponibilidad de energía alterna certificada, sistemas de agua potable, almacenamiento de suministros y planes de preparación ante emergencias, especialmente antes de la temporada de huracanes. Además, detalla el proceso para solicitar inspecciones y las multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la Ley 82-2023, conocida como la "Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico". Su propósito principal es reconocer el derecho de los cuidadores informales a ser considerados como la primera alternativa para ser contratados como cuidadores incidentales por entidades gubernamentales que asignen fondos para el cuidado de adultos mayores. La ley define al "Cuidador Incidental" y establece requisitos para su cualificación, incluyendo la demostración de pérdida de empleo debido al cuidado, experiencia laboral previa y capacitación a través del Departamento de la Familia, buscando formalizar su labor y otorgarles derechos laborales.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el "Mes de la Apreciación a la Pastoral y al Clérigo de Puerto Rico", reconociendo la invaluable labor social, emocional, mental y espiritual que realizan estos líderes religiosos en las comunidades. La ley autoriza al Gobernador a emitir una proclama oficial y permite a las agencias gubernamentales celebrar actividades conmemorativas, asegurando que estas no sean consideradas como un uso de fondos públicos para el establecimiento o adelanto de religión alguna.

Esta ley enmienda el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para añadir el Artículo 179(A), el cual tipifica como delito menos grave la interrupción o impedimento de actividades religiosas mediante fuerza, intimidación o violencia. La ley establece una pena de reclusión de un (1) año para reincidentes, buscando proteger el derecho fundamental al ejercicio colectivo y público de la libertad religiosa en Puerto Rico.

Esta ley enmienda los Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 37 de la Ley 135-2020, conocida como "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico". Su propósito principal es eliminar la facultad del juez instructor para realizar la investigación y autorización del levantamiento de cadáveres, asignando esta responsabilidad al fiscal. La enmienda busca atemperar la ley a la realidad jurídica y práctica actual, evitando confusiones en el sistema de justicia criminal respecto a las investigaciones forenses de muertes.

Esta ley enmienda el Artículo 32 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para añadir una causa de exclusión de responsabilidad penal. Reconoce que las víctimas de trata humana no incurrirán en responsabilidad penal por actividades ilícitas si su participación fue consecuencia directa de su situación de víctima. La medida busca proteger los derechos de las víctimas y evitar su criminalización, en consonancia con principios internacionales de derechos humanos.

Esta ley enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" (Ley 430-2000) para armonizar las penas por delitos relacionados con la operación de embarcaciones que causen lesiones o muerte. El objetivo es atemperar dichas disposiciones y delitos al sistema de sentencias fijas establecido en el "Código Penal de Puerto Rico" (Ley 146-2012), buscando coherencia y equidad en la aplicación de sanciones penales.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de la Familia para establecer la creación y actualización de un catálogo digital. Este catálogo recopilará programas, beneficios y servicios disponibles para la población desventajada, ofrecidos por agencias gubernamentales, entidades sin fines de lucro y municipios. Su objetivo es facilitar el acceso a información esencial y promover la rehabilitación y el mejoramiento social, siendo publicado en línea y distribuido a los municipios.

Esta ley enmienda la Ley 171-2014 para consolidar y expandir el Programa de Desarrollo de la Juventud dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. La legislación integra y deroga varias leyes previas relacionadas con la juventud, estableciendo nuevos artículos que crean: * La "Medalla de la Juventud Puertorriqueña". * Un programa de préstamos para estudios técnicos/vocacionales y para iniciar negocios propios. * Un acuerdo de cooperación para investigación y estudios sobre la juventud. * La "Cumbre Anual de la Juventud Puertorriqueña" (CAJUP). * Una "Guía de Servicios para el Joven". * El "Programa de Internados en Política Pública Carlos Romero Barceló". * El "Programa de la Primera Oportunidad de Empleo Juvenil en Puerto Rico". El objetivo es centralizar las iniciativas gubernamentales dirigidas a la juventud, promover la eficiencia en la utilización de recursos y fomentar el desarrollo integral de los jóvenes en áreas como la educación, el empleo, el emprendimiento y la participación cívica.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer la validez de la licencia de conducir virtual (a través de la aplicación CESCO Digital) como método oficial de identificación en Puerto Rico. Su propósito es impulsar la innovación tecnológica y la eficiencia gubernamental, permitiendo su uso en el sector público, privado y ante agentes del orden público, con énfasis en la seguridad cibernética. Además, ajusta la penalidad por no llevar consigo la licencia, ya sea física o virtual.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para crear las Subclases 3-M, 4-M y 5-M, aplicables a aseguradores internacionales que operen como Aseguradoras Internacionales Multiestatales. Su objetivo es alinear los parámetros de regulación de solvencia financiera con los estándares uniformes de la "National Association of Insurance Commissioners" (NAIC), fomentando el crecimiento y la competitividad del Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico.

Esta ley establece un protocolo para la terminación de embarazos en menores de quince (15) años o menos en Puerto Rico. Requiere el consentimiento informado por escrito de al menos uno de los padres o custodios legales, así como un referido obligatorio al Departamento de la Familia. La ley también detalla procedimientos para casos de sospecha de agresión sexual por parte de un progenitor o tutor, establece penalidades por coacción y ordena al Departamento de Salud a emitir reglamentación.

Esta ley establece el Sistema de Identidad Electrónica de Acceso en Línea (IDEAL), un sistema de información avanzado que consolida y digitaliza la documentación y certificaciones de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. Su propósito es modernizar los servicios gubernamentales, simplificar los trámites para ciudadanos y empresas, y estandarizar los procedimientos administrativos al obligar a las agencias a compartir información electrónicamente, eliminando la necesidad de que los solicitantes provean documentos ya en poder del Estado. La ley busca fomentar la interoperabilidad y la transparencia mediante el uso de tecnología.

Esta ley declara el 15 de noviembre de cada año como el 'Día de los Puertorriqueños en las Ciencias' en Puerto Rico. Su propósito es reconocer las significativas contribuciones de puertorriqueños en diversas áreas científicas y fomentar el interés por la ciencia y la investigación, especialmente entre la población estudiantil, a través de actividades coordinadas por instituciones educativas y agencias gubernamentales.

Esta ley enmienda la "Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico" para establecer el carácter confidencial de los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Redefine el concepto de "parte interesada" para especificar quién puede acceder a estos registros y en qué circunstancias los tribunales pueden ordenar su divulgación, especialmente en casos de herencia, filiación o derechos reales. La ley también autoriza la divulgación de información a la Comisión Estatal de Elecciones para la depuración del registro de electores. Busca proteger la información personal sensible, como nombres y números de seguro social, para prevenir el robo de identidad, equilibrando el derecho constitucional de acceso a la información gubernamental con la privacidad de los datos, en consonancia con regulaciones como HIPAA.

Esta ley enmienda el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia para aclarar y flexibilizar los mecanismos de representación legal de las agencias de la Rama Ejecutiva ante foros administrativos. Permite que las agencias comparezcan mediante abogados empleados o contratados por servicios profesionales sin requerir dispensa previa, optimizando la gestión gubernamental, y actualiza las referencias normativas al Código Municipal de Puerto Rico.

Establece la 'Ley para la Protección Económica de Menores en la Monetización Digital', la cual obliga a los padres, tutores o encargados a reservar un porcentaje de los ingresos generados por la participación sustancial de menores en contenido digital monetizado en una cuenta o fideicomiso protegido. Asimismo, fija límites laborales y de exposición digital a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y otorga derechos a los menores al alcanzar la mayoría de edad para reclamar fondos no depositados y solicitar la eliminación del contenido.

Ley para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de ampliar las facultades de los municipios en el recogido, manejo, transportación y disposición de neumáticos desechados, permitiéndoles actuar como transportistas y facturar por dichos servicios al Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados.

Esta ley enmienda el Código Civil de Puerto Rico para aclarar que las instituciones de cuidado de salud responden de manera vicaria (y no objetiva) por los daños causados por su personal, empleados, médicos con privilegios y operadores de franquicias exclusivas de servicios de salud.

Ley que enmienda la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para ordenar la publicación en su portal digital de todos los proyectos tecnológicos activos bajo su jurisdicción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en el gobierno.

Ley que enmienda la Ley Núm. 17 de 1939 para eliminar el requisito de residencia de doce meses previo a solicitar admisión a la abogacía y la disposición de admisión sin examen, y crea la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ley que declara el 5 de mayo de cada año como el 'Día del Niño Dotado en Puerto Rico', con el propósito de sensibilizar sobre sus aportaciones, fortalecer su identificación temprana, promover programas educativos diferenciados y fomentar la colaboración inter agencial y familiar para su formación integral.

Ley que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para regular la oferta y venta de pólizas de seguros para mascotas, estableciendo requisitos mínimos de divulgación al consumidor, definiciones de términos aplicables, reglas sobre condiciones preexistentes y periodos de espera, prácticas de mercadeo transparentes, y facultando al Comisionado de Seguros para su implantación y fiscalización.

Ley que enmienda la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales para permitir que los trabajadores que resulten victoriosos en sus reclamaciones contra patronos puedan recobrar las costas del litigio.

Ley para enmendar la Ley Núm. 54 de 1989 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica) con el propósito de atemperar sus disposiciones punitivas y delitos al sistema de penas de sentencia fija establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012.

Esta ley crea un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad para solares municipales ubicados en centros urbanos consolidados de Puerto Rico. Modifica el Código Municipal y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para permitir que los municipios inscriban estos predios como fincas nuevas e independientes, eximiéndolos del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) siempre que estén localizados dentro del área delimitada en el Plan de Ordenación Territorial, facilitando así la seguridad jurídica y el acceso al crédito para sus poseedores.

Ley que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para crear el Cuerpo de Inspectores Voluntarios, con el propósito de fiscalizar y garantizar que las actividades deportivas y recreativas de menores se desarrollen en un ambiente seguro, saludable y libre de maltrato.

Ley que enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y cumplimiento contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte en Puerto Rico. Establece la creación de un Registro de Cumplimiento de Entidades Deportivas, un Protocolo Uniforme de Prevención y Respuesta, un canal confidencial digital de denuncias y requisitos de acreditación a través del Departamento de Recreación y Deportes.

Ley que enmienda las Reglas 25.2 y 40.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 para incorporar los preceptos de la Ley Uniforme de Deposiciones y Descubrimiento Interestatal (UIDDA), estableciendo un mecanismo más eficiente y económico para la citación de testigos que se encuentran fuera de Puerto Rico pero en otra jurisdicción de los Estados Unidos.

Ley que enmienda la Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999 para disponer que las alertas de emergencia y seguridad pública publicadas en tableros de anuncios digitales permanezcan anunciándose por un período mínimo de setenta y dos (72) horas.

Ley que enmienda la Ley Núm. 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a las disposiciones del False Claims Act federal. La legislación aclara la intención legislativa de incluir como violaciones aquellas conductas que resulten en la evasión o disminución de obligaciones de pago o transferencia de propiedad al Gobierno, ampliando su alcance más allá de los programas de gobierno y contratos de servicio, y reforzando los mecanismos civiles para la protección del erario y la lucha contra el fraude.

Crea el "Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico" para estandarizar los protocolos de respuesta ante incendios, violencia, emergencias médicas, desastres naturales y otras situaciones de crisis en los planteles del Departamento de Educación, estableciendo además la obligación de ofrecer capacitación, realizar simulacros y colocar carteles informativos.

Crea la "Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público" para establecer un marco regulatorio uniforme entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, facilitando la ejecución de proyectos prioritarios y el uso de fondos federales bajo la supervisión del Negociado de Energía de Puerto Rico.

La ley establece la 'Ley para el Acceso Educativo y Cultural en Instituciones Penitenciarias', ordenando al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico identificar, catalogar y donar anualmente libros excedentes o descontinuados en buenas condiciones para uso exclusivo en las bibliotecas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el fin de fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas confinadas.

Ley para enmendar la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 con el fin de proteger bajo la doctrina del producto del trabajo (*work product*) los borradores de informes de personas peritas y las comunicaciones entre estos y los abogados.

Ley que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para aclarar que el Comisionado de la Policía Municipal es considerado un 'funcionario del orden público' según la Regla 11 de Procedimiento Criminal, incorporar el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado en el sistema uniforme de rangos, ajustar los términos mínimos para ascensos y traslados, y establecer disposiciones sobre el reembolso de costos de adiestramiento entre municipios.

Ley que enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender temporalmente la vigencia de marbetes y autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas a nivel federal, cuando por causas ajenas al propietario —como cierres gubernamentales o desastres— no se puedan renovar los certificados federales correspondientes.

Esta ley enmienda la Ley 18-2012, conocida como la “Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico”, con el propósito de incluir dentro de la definición de equipos electrónicos los equipos portátiles de energía solar renovable, sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento en batería, baterías de iones de litio de vehículos eléctricos y cargadores relacionados. Asimismo, incorpora correcciones técnicas para reflejar la consolidación de funciones en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tras el Plan de Reorganización de 2018 y establece directrices para su manejo, disposición y reciclaje.

Ley que enmienda la Ley Núm. 75 de 1987 (Ley Notarial de Puerto Rico) para rectificar la información requerida en la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles, eliminando la exigencia obligatoria de tasación profesional y planos de mensura para ciertas transacciones, y ajustando disposiciones técnicas y contributivas relacionadas con bienes raíces.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para establecer un derecho de prioridad a favor de los municipios en la adquisición de propiedades inmuebles que hayan sido rematadas por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) debido a deudas contributivas, permitiendo que los municipios las adquieran para fines públicos antes que otras agencias gubernamentales.

La Ley 166-2026 establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la priorización de los establecimientos residenciales que brindan cuidado a menores bajo la supervisión del Departamento de la Familia en los planes de restablecimiento de servicios esenciales (energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones) tras una emergencia o desastre, equiparándolos con instalaciones críticas como hospitales.

Esta ley enmienda la Ley de Tierras de Puerto Rico para modernizar los procedimientos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Permite que los miembros de la Junta participen en reuniones mediante videoconferencia o medios electrónicos y establece mecanismos para la toma de decisiones sin necesidad de reuniones presenciales, con el fin de fomentar la eficiencia administrativa de la corporación pública.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 57-2023 para establecer sanciones penales de delito grave (penas fijas de 2 y 3 años) para aquellas personas que, teniendo el deber legal de informar, incumplan con su obligación, impidan a otros informar o suministren información falsa en casos donde exista conocimiento o sospecha de abuso sexual contra un menor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 139-2011, conocida como la 'Ley del Derecho sobre la Propia Imagen', para actualizar la definición de 'imagen' e incluir explícitamente las representaciones generadas, clonadas o simuladas mediante Inteligencia Artificial Generativa, con el fin de proteger la identidad y los atributos personales frente al uso no autorizado en entornos digitales.

Esta ley enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer la prevención y protección contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte. Establece definiciones claras, impone responsabilidad civil a los agresores y establece la responsabilidad institucional de las entidades deportivas cuando, conociendo o debiendo conocer conductas de acoso, no tomen medidas correctivas inmediatas.

Esta ley establece la responsabilidad mancomunada entre aseguradoras, intermediarios y proveedores de salud en el proceso de coordinación de beneficios cuando un paciente posee más de un plan médico. Asimismo, faculta al Departamento de Salud y a la Oficina del Comisionado de Seguros para atender querellas administrativas relacionadas con la negativa o falta de cooperación en dicha coordinación, y ordena la creación de reglamentación específica y campañas educativas para garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos del paciente.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para incluir a personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de procesamiento sensorial (TPS) y otras condiciones de hipersensibilidad sensorial severa entre los grupos elegibles para obtener una exención médica que permita el uso de cristales de visión unidireccional o tintes en los vehículos de motor, facilitando así un entorno sensorial controlado para estos pacientes.

Esta ley designa oficialmente la Finca Gabia, ubicada en el municipio de Coamo, como 'Bosque Gabia', integrándola al Sistema de Bosques del Estado. Establece las directrices para su manejo, conservación y administración bajo la custodia de la Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, promoviendo la restauración ecológica, la investigación científica y la educación ambiental.

Esta ley establece un procedimiento especial para uniformar la titularidad de bienes inmuebles pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico cuando no se pueda identificar al titular o no exista documentación fehaciente. Faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para certificar la titularidad a favor del Estado e inmatricular dichas propiedades en el Registro de la Propiedad, permitiendo así su disposición a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).

Esta ley enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para establecer la jurisdicción primaria exclusiva del Tribunal de Primera Instancia en controversias de propiedad horizontal, creando Salas Especializadas de Adjudicación de Controversias de Condominios. Asimismo, impone requisitos de educación para agentes administradores, transfiere funciones administrativas municipales sobre áreas de reciclaje, establece un registro de condominios bajo el Departamento de Justicia y dicta disposiciones transitorias para la transferencia de querellas desde el DACO hacia el Poder Judicial.

Esta ley enmienda la Ley 209-2003, conocida como la 'Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico', con el propósito de actualizar las referencias legales a estatutos derogados por legislación vigente, ajustar el umbral monetario para la aprobación de contratos por parte de la Junta de Directores de $36,000 a $100,000, y realizar ajustes técnicos para mejorar la eficiencia administrativa y operativa del Instituto.

Esta ley enmienda el Artículo 250 del Código Penal de Puerto Rico para establecer como obligatoria la imposición de la pena de restitución en los casos de convicción por el delito de enriquecimiento ilícito cometido por funcionarios o empleados públicos.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas) y la Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico) para clarificar las prohibiciones y excepciones aplicables al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios durante el periodo eleccionario. Establece criterios específicos para los gastos de difusión pública y permite que los alcaldes reelectos realicen transacciones de personal tras recibir su certificación preliminar, buscando garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales y la transparencia en el uso de fondos públicos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 219-2012, conocida como la 'Ley de Fideicomisos de Puerto Rico', para modernizar el marco legal fiduciario. Entre sus cambios principales, reconoce expresamente el fideicomiso revocable, establece la responsabilidad mancomunada de los fiduciarios, faculta al Director de Inspección de Notarías para expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos y actualiza las referencias legales conforme al Código Civil de 2020, con el fin de fomentar la inversión y la certeza jurídica.

Esta ley enmienda la Ley 70-1992, conocida como la 'Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico', con el fin de facultar al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a reestructurar y flexibilizar el otorgamiento de asistencia económica, préstamos y líneas de crédito a entidades privadas y empresas comunitarias dedicadas a la industria del reciclaje, permitiendo que dichos fondos provengan de diversos programas disponibles en la institución financiera.

La Ley 151-2026 establece la creación de las 'Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico', adscritas a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La ley busca organizar y promover recorridos turísticos que integren actividades de aventura y deportes extremos en diversos municipios, fomentando el desarrollo económico mediante la coordinación intergubernamental para la rotulación, promoción y logística de transporte.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para autorizar a los municipios a celebrar vistas adjudicativas mediante videoconferencia como una modalidad alterna a la presencial, estableciendo criterios para su uso, salvaguardas para el debido proceso de ley y la obligación de reglamentar dichos procedimientos.

Esta ley declara el 21 de marzo de cada año como el 'Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza', con el propósito de reconocer y preservar la aportación cultural y el legado afrocaribeño de estas mujeres, facultando al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Municipio de Loíza a realizar actividades conmemorativas y educativas.

Esta ley enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para establecer la obligatoriedad de que todas las agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales remitan sus informes estadísticos al Instituto en un plazo máximo de 60 días. La medida busca centralizar la información estadística en el Inventario de Estadísticas de Puerto Rico, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos, estableciendo además multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía' para prohibir que se realicen descuentos o ajustes en la compensación anual de los policías retirados debido a los ingresos recibidos por concepto del Seguro Social federal, alineando la política pública local con los cambios recientes en la normativa federal.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 40-2020, conocida como la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía', para establecer el uso exclusivo de los recursos del Fideicomiso para fines de retiro. Prohíbe expresamente el uso de dichos fondos para el pago de obligaciones patronales ordinarias, tales como horas extras, licencias acumuladas, nómina o gastos operacionales, garantizando que estos recursos se destinen únicamente a mejorar la seguridad económica de los miembros de la Policía de Puerto Rico tras su retiro.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI' para obligar a las agencias gubernamentales y municipios a incluir una notificación expresa sobre el derecho de preferencia de los veteranos en todos los anuncios, edictos o convocatorias relacionados con la venta, arrendamiento o subsidios de vivienda. Asimismo, establece el destino de las multas administrativas por incumplimiento para financiar campañas educativas sobre los derechos de los veteranos.

Esta ley declara el mes de noviembre de cada año como el 'Mes de la Planificación en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor y las aportaciones de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla. Asimismo, faculta a la Junta de Planificación, a la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación para coordinar actividades y medidas que promuevan los objetivos de esta conmemoración.

Esta ley enmienda la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley Núm. 29-2009) para incluir como objeto de contratos de alianza la construcción, mantenimiento y operación de albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica, estableciendo además una composición específica para el Comité de Alianzas encargado de estos proyectos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 263-1998 para establecer que la beca para el pago de matrícula en instituciones públicas de educación superior, otorgada al cónyuge supérstite e hijos de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber, cubrirá el cien por ciento (100%) del costo de dicha matrícula.

Esta ley enmienda la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para integrar el tema del uso de la inteligencia artificial dentro de los programas de educación virtual para el público y los cursos de educación continua obligatorios para los servidores públicos, con el fin de mitigar riesgos de seguridad y promover un uso responsable de esta tecnología.

Esta ley enmienda diversas disposiciones legales para integrar a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 'Programa Experience' del Departamento de Seguridad Pública. El objetivo es fortalecer este programa educativo, preventivo y de reclutamiento para jóvenes de 15 a 18 años, estableciendo la obligación de colaboración interagencial y otorgando beneficios de puntuación a los participantes en procesos de reclutamiento futuros.

La Ley 138-2026 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer la figura del Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica en cada municipio. Esta ley busca fortalecer la respuesta local ante la violencia de género, obligando a los municipios a designar un funcionario capacitado para brindar apoyo, orientación y canalización de servicios a las víctimas, asegurando la coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Esta ley enmienda el Artículo 2.048 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para restablecer el requisito de que los solicitantes de empleo en el servicio público municipal no hayan sometido información falsa, incorrecta o engañosa en sus procesos de reclutamiento, corrigiendo una omisión técnica previa.

Esta ley enmienda el Artículo 619A del Código Civil de Puerto Rico de 2020 para clarificar el lenguaje y los criterios de adjudicación respecto al derecho de los abuelos y tíos a mantener relaciones con menores de edad, asegurando que el tribunal considere el interés óptimo del menor en casos de oposición por parte de los padres o tutores.

Esta ley enmienda la Ley 21-2021, conocida como la 'Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico', para fortalecer la política pública contra la difusión no consentida de material íntimo. La legislación tipifica como delito grave tanto la divulgación no autorizada de material explícito como la amenaza de realizar dicha acción, utilizando cualquier medio de comunicación electrónica o cibernética, independientemente de la relación entre las partes.

Esta ley declara el 14 de octubre de cada año como el 'Día de Concientización del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)' en Puerto Rico, ordenando al Departamento de Salud, a la ASSMCA, al Departamento de Educación y a los municipios a realizar actividades y campañas educativas para fomentar la detección temprana, reducir el estigma y mejorar el acceso a tratamientos para esta condición.

Esta ley enmienda el Artículo 6.14A de la Ley 22-2000, conocida como la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico', con el fin de aumentar la multa administrativa de cien (100) a quinientos (500) dólares por incumplir con la obligación de ceder el paso a vehículos de emergencia autorizados que emitan señales de alarma.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 113-2012 para actualizar y clarificar las definiciones de 'veterano' y 'veterano incapacitado del servicio', alineándolas con las normativas federales del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), con el fin de facilitar el acceso de veteranos dueños de pequeñas empresas a beneficios y oportunidades de contratación gubernamental.

Esta ley enmienda la Ley 20-2023 para establecer el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias como el 'Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño' y designa oficialmente al Municipio de Moca como la 'Capital del Mundillo Puertorriqueño', con el fin de promover la cultura, el turismo y el desarrollo económico artesanal.

La Ley 128-2026 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para ampliar las entidades gubernamentales donde los médicos cualificados pueden cumplir con su requisito de 180 horas anuales de servicio comunitario de manera remunerada. Se incluyen la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la ASSMCA y el Programa de Salud Correccional, con el fin de incentivar la retención de profesionales médicos en la isla.

Ley que declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Ortopedia y Traumatología en Puerto Rico', con el fin de promover la educación, prevención y concienciación sobre la salud musculoesquelética, estableciendo responsabilidades de coordinación para el Departamento de Salud y los municipios.

Esta ley deroga la Ley Núm. 12-2008, eliminando el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Establece una nueva política pública para la seguridad portuaria basada en análisis de riesgo y coordinación con agencias federales, con el objetivo de reducir costos operativos, eliminar burocracia innecesaria y mitigar el impacto económico en el consumidor final.

Esta ley enmienda la Ley 85-2018, conocida como la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', para reestructurar el Departamento de Educación. Establece una nueva jerarquía organizacional que incluye la creación de las posiciones de Subsecretario, Oficial Principal Financiero, Oficial Principal de Informática y Oficial Principal Académico, definiendo sus cualificaciones, deberes y mecanismos de coordinación interagencial, particularmente con PRITS en materia tecnológica.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para establecer la obligatoriedad de contar con al menos un terapeuta atlético en todos los torneos deportivos, competencias y escuelas especializadas en deporte, con el fin de garantizar la seguridad física de los atletas y prevenir lesiones.

Esta ley enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para modificar la definición de 'Parte de Arma de Fuego', establecer el requisito de licencia para adquirir dichas partes y tipificar como delito grave la posesión, portación o transporte de partes de armas de fuego sin la debida licencia.

Esta ley enmienda el Artículo 1343 del Código Civil de Puerto Rico para establecer que el requisito de que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles deban constar por escrito aplicará únicamente a aquellos cuyo término exceda los seis años, eliminando así una contradicción normativa y armonizando la disposición con la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 183-1998 para incluir a las víctimas de trata humana como elegibles para recibir compensación por parte de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, eliminando además el impedimento de compensación para aquellas víctimas que hayan incurrido en conducta delictiva como resultado directo de su condición de víctimas de trata.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 54 de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica', con el objetivo de fortalecer el marco legal, mejorar los mecanismos de procesamiento judicial, actualizar las definiciones de maltrato y violencia, e imponer penas más proporcionales y efectivas para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Ley que designa el 9 de marzo de cada año como el 'Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola' en Puerto Rico, con el propósito de reconocer y visibilizar la contribución de las mujeres en el sector agrícola, la agroindustria y la seguridad alimentaria de la Isla, fomentando actividades educativas y de concienciación.

Esta ley enmienda la Ley 73-2019, conocida como la 'Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019'. El propósito principal es definir el concepto de 'Licitador Participante' y establecer que el término para impugnar el rechazo de una oferta por entrega tardía comienza a contar desde la fecha del rechazo, evitando así dilaciones innecesarias en los procesos de contratación pública y adjudicación de subastas.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 81 de 1912 (Ley del Departamento de Salud) para facultar al Secretario de Salud a emitir licencias provisionales a profesionales de la salud y médicos durante estados de emergencia declarados por autoridades estatales o federales, permitiendo que profesionales con licencias activas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos brinden servicios en Puerto Rico mientras dure la emergencia.

La 'Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial' establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico de notificar a los ciudadanos cuando interactúan con sistemas de inteligencia artificial o automatizados, garantizando además el derecho del ciudadano a solicitar la intervención de un ser humano en la prestación de servicios públicos.

La 'Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales' establece mecanismos legales de naturaleza civil para combatir el maltrato, crueldad, abandono y abuso animal en Puerto Rico. La ley faculta a los tribunales a emitir órdenes de custodia provisional y permite a ciudadanos actuar como demandantes para proteger el bienestar de los animales, independientemente de los procesos penales existentes.

Esta ley deroga el Artículo 44 del Código Político de Puerto Rico de 1902 con el propósito de armonizar el ordenamiento jurídico con el principio de favorabilidad establecido en el Código Penal vigente (Ley 146-2012), eliminando disposiciones obsoletas sobre la persecución de delitos bajo leyes ya derogadas.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Concientización Sobre Leptospirosis' en Puerto Rico, estableciendo la política pública de prevención, educación y detección temprana de esta enfermedad. Asimismo, faculta al Departamento de Salud para coordinar esfuerzos interagenciales, municipales y comunitarios, incluyendo la creación de campañas educativas y la reglamentación necesaria para su implementación.

Esta ley designa la última semana de febrero de cada año como la 'Semana de los Future Farmers of America (FFA) en Puerto Rico' y establece días conmemorativos específicos dentro de dicha semana para reconocer a estudiantes, maestros, agricultores, ganaderos y profesionales del sector agrícola, con el fin de fomentar el liderazgo juvenil y la educación agrícola en la Isla.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para actualizar los mecanismos de supervisión financiera de las estructuras de control de compañías de seguros (holding companies). Incorpora estándares de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), incluyendo el Cálculo de Capital de Grupo y el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez, con el fin de fortalecer la fiscalización de la solvencia, proteger a los consumidores y mantener la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros.

Esta ley enmienda la Ley de Préstamos Personales Pequeños (Ley Núm. 106 de 1965) para revisar los requisitos de activos líquidos mínimos exigidos a los concesionarios, reducir barreras de entrada al mercado, fomentar la competencia y modernizar los estándares de divulgación de tasas de interés y costos asociados al crédito para proteger al consumidor.

Esta ley enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para permitir que los adultos mayores víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de obligaciones alimentarias, abandono o negligencia, puedan prestar su testimonio fuera de la sala del tribunal mediante sistemas de circuito cerrado, con el fin de proteger su bienestar emocional y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para prohibir que los operadores de apuestas recopilen o utilicen datos de los jugadores con el fin de manipular su comportamiento o predecir patrones de apuestas, promoviendo así el juego responsable y la protección de los datos personales de los usuarios frente a tecnologías como la inteligencia artificial.

Esta ley enmienda la 'Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras' (Ley 75-1995) para extender la vigencia de incentivos contributivos hasta el 31 de diciembre de 2030. Además, establece nuevos requisitos de orientación comunitaria para negocios beneficiarios, dispone capacitaciones para empleados públicos sobre la administración de estos incentivos y agiliza los procesos de otorgación de decretos de exención para fomentar el desarrollo económico y la rehabilitación urbana en la zona.

Esta ley enmienda la Ley 171-2014 para renombrar el 'Programa de Desarrollo Laboral' como 'Conexión Laboral', actualizar sus disposiciones conforme a la ley federal 'Workforce Innovation and Opportunity Act' (WIOA), y reconfigurar la 'Junta Estatal de Desarrollo Laboral'. Asimismo, ajusta el Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para atemperar sus funciones a estos cambios.

Esta ley enmienda la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas en Puerto Rico y el Código Electoral de 2020 para establecer la obligación de identificar claramente cualquier propaganda, anuncio o comunicado electoral que haya sido generado o alterado, parcial o totalmente, mediante el uso de Inteligencia Artificial, incluyendo la definición legal de dicho concepto y sanciones por el uso malicioso de imágenes o datos falsos en sistemas electrónicos de la Comisión Estatal de Elecciones.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos' para establecer un procedimiento formal de órdenes de protección, tipificar nuevos delitos de maltrato y negligencia contra personas con diversidad funcional, y definir las competencias judiciales y penalidades aplicables para garantizar su seguridad e integridad.

La Ley 102-2026 establece un mecanismo excepcional para el control poblacional de cerdos salvajes mediante la otorgación de permisos especiales de caza no deportiva a agricultores afectados. La ley ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales enmendar sus reglamentos para clasificar al cerdo salvaje como especie invasora y establece protocolos de manejo sanitario, disposición de restos y prohibiciones sobre el consumo o venta de estos animales para proteger la sostenibilidad alimentaria de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para establecer la obligatoriedad de incluir un enlace directo en el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico que permita el acceso al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, facilitando así el acceso ciudadano a esta información pública.

Esta ley enmienda la Ley 76-2006 para autorizar a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan sido admitidos a tomar el examen de reválida. La medida busca mitigar la escasez de estos profesionales en el sector de la salud, permitiéndoles ejercer bajo supervisión médica mientras completan su proceso de licenciamiento definitivo.

La Ley 99-2026 enmienda la Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad para incluir a la Rama Judicial y sus dependencias en la obligación de implementar sistemas de atención prioritaria para adultos mayores y personas con diversidad funcional en sus servicios administrativos y de atención al público no adjudicativos.

Esta ley prohíbe que las deudas por gastos médicos sean reportadas a las agencias de informes de crédito y limita las prácticas de las agencias de cobro al intentar recuperar dichas deudas, con el fin de proteger la privacidad y el historial crediticio de los consumidores frente a gastos de salud inesperados.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para realizar ajustes técnicos y administrativos. Entre sus disposiciones principales, fortalece los mecanismos para la declaración y manejo de estorbos públicos, flexibiliza procesos de contratación y planificación territorial, establece nuevas funciones para la Unidad de Auditoría Interna, aclara disposiciones sobre la composición de las Legislaturas Municipales y el proceso de sesiones, y atempera el cobro de patentes municipales sobre contratos municipales.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020) para establecer una licencia especial con paga de hasta cinco días laborables para empleados del Gobierno y municipios, permitiéndoles realizar funciones de apoyo en la Comisión Estatal de Elecciones durante los años electorales.

Esta ley enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales para permitir que, en casos de desahucio donde la parte demandada alegue la existencia de una comunidad de bienes por aportaciones realizadas al inmueble, se pueda presentar prueba sobre dichas aportaciones y solicitar que el procedimiento se tramite por la vía ordinaria en lugar de la sumaria.

Esta ley enmienda la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Sus objetivos principales son agilizar el tráfico jurídico y reducir costos procesales al eximir del procedimiento de *exequátur* a las sentencias de tribunales federales y estatales de los Estados Unidos cuando se presenten para acreditar el estado civil de los comparecientes en el Registro de la Propiedad. Además, la ley modifica los requisitos para el cargo de Registrador de la Propiedad, reduciendo la experiencia profesional necesaria a cinco años.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011) con el propósito de otorgar una exención contributiva a los intereses devengados por las obligaciones emitidas por el Patronato de Monumentos de San Juan. Esta medida busca incentivar la recaudación de fondos privados para la restauración, preservación y mantenimiento de la Catedral de San Juan y la Iglesia San José, ambas consideradas monumentos históricos de alto valor cultural para Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 43-1994, conocida como la 'Ley para Prohibir la Copia, Publicidad y Venta sin el Consentimiento del Dueño de Grabaciones y Actuaciones en Vivo', con el propósito de armonizar sus penas con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica como delito grave la reproducción, transporte, venta o publicidad no autorizada de grabaciones sonoras y audiovisuales, estableciendo términos de reclusión y multas que varían según la cantidad de material ilegal y la reincidencia del infractor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la 'Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo', con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la Comisión Industrial de Puerto Rico. La enmienda establece un mecanismo de asignación automática del cuatro por ciento (4%) de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia la Comisión, buscando fortalecer su autonomía administrativa y asegurar la continuidad de sus funciones cuasi-judiciales en la adjudicación de reclamaciones laborales.

Esta ley deroga la Ley 212-2014, conocida como la 'Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo', con el propósito de eliminar el Comité Interagencial encargado de dicho proyecto. La medida responde a que el organismo ha permanecido inoperante desde el año 2015, buscando así reducir la burocracia, evitar la duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico, delegando la gestión de este patrimonio en entidades con competencia directa como el Municipio de Arroyo y la Compañía de Turismo.

Esta ley establece la 'Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL' en Puerto Rico. Su propósito principal es crear un sistema de alerta rápida y coordinación entre agencias gubernamentales para facilitar la búsqueda y captura de sospechosos que hayan amenazado, herido gravemente o asesinado a oficiales de la Policía de Puerto Rico, policías municipales o agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Asimismo, el plan se activa para la localización de oficiales desaparecidos en el cumplimiento de su deber. La ley define los criterios técnicos de activación, las responsabilidades del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en el uso de carteles electrónicos, y establece penalidades por la activación falsa de dicha alerta.

Esta ley enmienda la 'Ley de Explosivos de Puerto Rico' (Ley Núm. 134 de 1969) con el objetivo de armonizar sus disposiciones penales y delitos con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma actualiza las penas por el uso y posesión ilegal de explosivos o sustancias para fabricarlos, y establece los procedimientos de confiscación de bienes relacionados con dichas infracciones bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones.

Esta ley enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores (Ley 121-2019), el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y la Ley de la Judicatura para facultar a los jueces municipales y superiores a nombrar tutores temporales en situaciones de emergencia. El propósito principal es agilizar los mecanismos de protección para adultos mayores cuya seguridad, salud o patrimonio se encuentren en riesgo debido a accidentes o condiciones médicas, garantizando un procedimiento sumario y aclarando la competencia judicial para emitir dichas órdenes.

Esta ley crea la 'Ley para Promover y Establecer el Intercambio de Información de Salud de Puerto Rico', con el objetivo de establecer el *Puerto Rico Health Information Exchange* (PRHIE) bajo la supervisión del Programa Medicaid del Departamento de Salud. La legislación busca modernizar la infraestructura tecnológica para el intercambio de datos clínicos electrónicos, garantizando la interoperabilidad y el cumplimiento con normativas federales de privacidad y seguridad como HIPAA y HITECH. Además, deroga la Ley 40-2012, crea un Consejo Asesor multisectorial, define las responsabilidades del Coordinador del PRHIE y establece un marco de sanciones administrativas para asegurar la participación de los proveedores de servicios de salud.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba' (Ley Núm. 259 de 1946) con el objetivo de armonizar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico de 2012 y la Ley de Armas de 2020. La norma establece los criterios bajo los cuales el Tribunal de Primera Instancia puede suspender una sentencia de reclusión y otorgar libertad a prueba, detallando una lista extensa de excepciones para delitos graves que no cualifican para este beneficio, tales como asesinato, agresiones sexuales, corrupción pública, violaciones a la Ley de Armas, narcotráfico y delitos de tránsito que resulten en daño grave o muerte.

Esta ley establece la Ley para la Reorganización de las Subsidiarias y Afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). Su objetivo principal es disolver entidades gubernamentales inactivas (como la Autoridad de las Navieras, la Autoridad de Teléfonos y la Corporación para el Financiamiento Público) y reorganizar otras afiliadas bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). La legislación enmienda múltiples estatutos orgánicos relacionados con el financiamiento de la vivienda, infraestructura, facilidades médicas y educativas, y el Fideicomiso de los Niños, buscando optimizar la estructura administrativa y fiscal del Gobierno tras el cese de funciones operacionales del BGF.

Esta ley declara el 30 de junio de cada año como el 'Día de Concienciación sobre la Artrogriposis Múltiple Congénita en Puerto Rico', ordenando al Departamento de Salud la realización de actividades educativas y campañas de sensibilización sobre esta condición neuromuscular.

Esta ley enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009) y el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). Su propósito principal es establecer requisitos estrictos de legitimación activa para que personas privadas puedan presentar recursos extraordinarios (como *injunction*, *mandamus* o sentencia declaratoria) contra permisos de construcción, exigiendo la demostración de un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente. Además, regula la revocación de permisos obtenidos mediante información falsa, armoniza las disposiciones sobre ordenación territorial en suelos rústicos especialmente protegidos y establece la obligatoriedad de una fianza mínima del 10% del valor del proyecto para cualquier solicitud de paralización de obra.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 103-2006, conocida como la 'Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico', con el propósito de fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Establece que las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales que realicen campañas publicitarias en televisión deben invertir al menos un cinco por ciento (5%) de su presupuesto publicitario en la contratación de servicios de WIPR. La ley define qué se considera información de interés público y establece excepciones para casos de urgencia, salud, falta de presupuesto específico o estrategias de difusión especializadas validadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la *Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores*, para fortalecer las protecciones legales de esta población. La reforma incluye el maltrato, daño o amenaza a los animales de compañía o mascotas de los adultos mayores como una modalidad de intimidación y maltrato. Además, se faculta a los tribunales para emitir órdenes de protección cuando se utilice el daño a los animales como medio de coerción, control o daño emocional contra la persona adulta mayor.

Esta ley declara el tercer domingo de febrero de cada año como el Día del Sombrero en Puerto Rico. Su propósito es exaltar la identidad cultural, las tradiciones y la artesanía puertorriqueña, tomando como referencia las festividades celebradas en el Municipio de Utuado. La ley ordena al Gobernador de Puerto Rico emitir una proclama anual para exhortar a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía a organizar y participar en actividades conmemorativas.

Ley que declara el 2 de abril de cada año como el 'Día de la Historia Deportiva Ponceña', ordenando al Gobernador la emisión de una proclama anual y facultando al Departamento de Recreación y Deportes y al Municipio de Ponce a realizar actividades conmemorativas en honor a la trayectoria deportiva de dicha ciudad.

Esta ley, denominada como la 'Ley para la Atención del Estudiantado con Epilepsia en las Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico', tiene como objetivo principal garantizar un entorno educativo seguro y equitativo para estudiantes con diagnóstico de epilepsia. La legislación establece la obligatoriedad de crear un *Plan Escolar de Acción para Crisis Epiléptica* individualizado, la capacitación del personal escolar para el manejo de emergencias y la provisión de acomodos razonables. Además, prohíbe estrictamente el discrimen por razón de esta condición de salud, protege la confidencialidad de los datos médicos y define las responsabilidades civiles y administrativas de las instituciones y los padres o tutores, en armonía con el Código Civil de Puerto Rico y las leyes de educación especial.

Esta ley enmienda el Artículo 3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica'. El propósito principal es prohibir que cualquier persona convicta por el delito de agresión sexual (según tipificado en la misma ley) pueda beneficiarse de programas de desvío o libertad a prueba. La enmienda busca asegurar que la gravedad de la violencia sexual en el contexto de pareja no sea mitigada por alternativas procesales, reforzando la protección a las víctimas y la severidad del sistema de justicia penal.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para imponer al Secretario de Educación la obligación de integrar en el currículo del Programa de Salud Escolar actividades, proyectos y módulos sobre condiciones de salud crónicas y trastornos del desarrollo. El propósito es orientar a los estudiantes sobre cómo estas condiciones afectan el aprendizaje y fomentar la empatía, el apoyo y la inclusión de las personas que las padecen.

Esta ley enmienda la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley Núm. 154-2008) con el propósito de armonizar sus disposiciones y delitos con el sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica y establece sanciones para conductas como el abandono, maltrato agravado, peleas de animales, envenenamiento, transporte inadecuado y la práctica ilegal de eutanasia o cirugías cosméticas. Asimismo, regula la concesión de órdenes de protección para animales en contextos de violencia doméstica y establece requisitos de licenciamiento para criadores bajo la supervisión del Departamento de Salud.

Esta ley enmienda la Ley 1-2001 (*Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico*) con el fin de modernizar la estructura de gobernanza de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). La pieza legislativa elimina el antiguo Consejo Asesor para crear la Comisión Asesora Comunitaria y del Tercer Sector, integrando a líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Además, establece una Mesa Interagencial compuesta por diversos secretarios de agencias y representantes municipales para coordinar esfuerzos gubernamentales en beneficio de las comunidades vulnerables y promover su autogestión.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002' con el objetivo de fortalecer la solidez financiera de las nuevas cooperativas. La enmienda aumenta el capital accionario mínimo requerido para comenzar operaciones de cincuenta mil (50,000) a ciento cincuenta mil (150,000) dólares, buscando asegurar que estas entidades cuenten con una base económica adecuada para enfrentar los costos operacionales y regulatorios iniciales.

Esta ley enmienda la Ley 42-2023, conocida como la 'Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico'. El propósito principal de la enmienda es designar a la Administración de Sistemas de Retiro como la agencia líder en la creación del programa voluntario de ahorro para el retiro de empleados del sector privado, sustituyendo a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en esa función para evitar conflictos con su rol regulador. Además, ajusta la composición de los Grupos Especiales de Trabajo y establece requisitos presupuestarios y de informes para asegurar la implementación de proyectos de capacitación financiera dirigidos a la fuerza laboral.

Esta ley establece el 6 de febrero de cada año como el 'Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña', con el fin de reconocer y conmemorar las aportaciones y ejecutorias de las atletas puertorriqueñas. La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Departamento de Recreación y Deportes, en conjunto con otras entidades, a realizar actividades de promoción y celebración de esta fecha.

Esta ley designa el 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”. Su propósito principal es fomentar la comunicación afectiva, el amor y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida. La ley establece como política pública el fortalecimiento del núcleo familiar y ordena al Departamento de la Familia, en coordinación con otras agencias, el desarrollo de planes educativos y campañas de orientación para promover estos valores en la sociedad puertorriqueña.

Esta ley declara el mes de junio de cada año como el 'Mes para Promover la Donación de Sangre en Puerto Rico'. Su objetivo principal es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia crítica de la donación voluntaria de sangre y plasma para salvar vidas y mantener inventarios estables en el sistema de salud. La legislación ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Secretario de Estado para coordinar esfuerzos de divulgación junto al Departamento de Salud y los bancos de sangre de la isla.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 95 de 1963, conocida como la 'Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos', para realizar ajustes técnicos en la definición de 'empleado' y restituir la facultad del Departamento de Educación para negociar y contratar directamente planes de seguros médicos para sus funcionarios y empleados, incluyendo también al Departamento de Seguridad Pública en las disposiciones pertinentes.

Esta ley enmienda la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico para atemperar sus disposiciones a la Ley Núm. 67-1993, precisando las facultades del Departamento de Salud y de sus inspectores en la investigación de violaciones, el ejercicio de funciones de orden público, el manejo de sustancias controladas y los procedimientos de confiscación y destrucción de bienes.

Esta ley enmienda la Ley 6-2011 para establecer como requisito obligatorio que los entrenadores deportivos de menores de 18 años presenten resultados negativos en pruebas de detección de sustancias controladas para obtener o mantener su licencia. Asimismo, faculta al Departamento de Recreación y Deportes a realizar pruebas aleatorias periódicas y establece los parámetros reglamentarios para la implementación de estas medidas de seguridad.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para consolidar y fortalecer la política pública sobre la educación e información al ciudadano respecto a proyectos de infraestructura y mejoras en servicios básicos. Deroga la Ley 98-2002 y establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas de notificar y orientar a la ciudadanía sobre obras que afecten servicios esenciales, utilizando las plataformas digitales bajo la supervisión de la Puerto Rico Innovation and Technology Service.

Esta ley establece la 'Ley de Reflexión y Meditación' para los empleados de las agencias, dependencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. Dispone un periodo voluntario de cinco minutos al inicio de la jornada laboral para que los servidores públicos reflexionen sobre valores como el respeto, la honradez y la transparencia. La ley asegura que este espacio sea de carácter no sectario y no político, integrándolo como parte de la jornada laboral compensada y prohibiendo cualquier tipo de penalización para quienes decidan no participar.

Esta ley enmienda el Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 y la Ley Uniforme de Valores con el propósito de extender el término de prescripción de la acción penal a diez (10) años en casos de fraude, lavado de dinero y apropiación ilegal agravada cuando la cuantía sea de $500,000 o más. La exposición de motivos destaca que la complejidad de los esquemas de fraude financiero y ocupacional requiere periodos de investigación y auditoría más extensos para su detección y procesamiento efectivo.

Esta ley enmienda el 'Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico' (Ley 2-2018) con el propósito de fortalecer el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Entre sus disposiciones principales, integra al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como miembro permanente del grupo y expande sus funciones estratégicas para incluir el diseño de políticas públicas preventivas, la evaluación de marcos jurídicos y el análisis de riesgos de corrupción basados en datos e investigaciones intersectoriales.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (*Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico*) con el propósito de prohibir que personas jurídicas extranjeras influyan económicamente en los procesos electorales de Puerto Rico. La enmienda define formalmente a las personas jurídicas extranjeras y les prohíbe, de forma directa o indirecta, realizar donativos, organizar comités de acción política o efectuar gastos independientes para financiar campañas políticas, delegando la supervisión de estas disposiciones a la Oficina del Contralor Electoral.

La Ley establece un marco normativo obligatorio para que todas las entidades gubernamentales y municipales notifiquen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico cualquier pérdida o irregularidad en el manejo de fondos y propiedad pública. La ley define los procedimientos de investigación administrativa, las responsabilidades de los funcionarios principales y oficiales de enlace, y establece mecanismos de sanción y coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para garantizar la transparencia y la protección de los bienes públicos.

Esta ley enmienda la 'Ley de Menores de Puerto Rico' y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores con el fin de fortalecer las garantías procesales de los menores de edad. La legislación establece como requisito obligatorio que cualquier interrogatorio realizado por agentes del orden público, así como la renuncia a derechos constitucionales por parte del menor, sea grabado íntegramente en audio y video para ser admisible como evidencia. Además, exige la presencia de padres, encargados o abogados durante dicho proceso, salvo excepciones muy limitadas por emergencias o seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra' (Ley Núm. 118 de 1974) con el objetivo de establecer términos claros para el proceso de reconsideración de solicitudes de libertad bajo palabra. Dispone que la Junta debe notificar sus decisiones en un plazo de 60 días tras la vista y establece un término de un año para que la población correccional pueda solicitar una nueva reconsideración tras una denegación, buscando agilizar los procesos administrativos y fomentar la rehabilitación y reinserción social.

Esta ley enmienda el Artículo 16.1 de la Ley 239-2004, conocida como la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004, con el propósito de fijar en tres (3) el número de integrantes del Comité de Supervisión. La medida busca uniformar la estructura organizacional de las cooperativas de tipos diversos con la de las cooperativas de ahorro y crédito, garantizando un funcionamiento óptimo y consistente en la fiscalización de estas entidades.

Esta ley enmienda la Ley 22-2021, conocida como la 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico', con el fin de ordenar la creación y publicación obligatoria de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda. El catálogo debe consolidar información sobre todos los servicios públicos disponibles, requisitos de elegibilidad y disponibilidad de intérpretes. Además, establece que la información debe ser accesible siguiendo estándares digitales (ADA y Sección 504) y requiere la coordinación entre la Oficina Enlace, PRITS y diversas agencias gubernamentales para su actualización bienal.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para añadir una sexta modalidad al Programa de Libre Selección de Escuelas. El propósito es permitir que las víctimas de violencia doméstica puedan matricular a sus dependientes en escuelas cercanas a su residencia o transferirlos a instituciones de su preferencia. Además, establece prioridad para estos estudiantes en la concesión de certificados del programa, garantiza la confidencialidad de sus datos y flexibiliza los requisitos de progreso académico considerando su situación particular.

Esta ley enmienda la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008) con el propósito de atender la crisis de escasez de médicos en Puerto Rico. La reforma agiliza los procesos de licenciamiento y recertificación permitiendo el trámite de documentos por medios electrónicos, elimina el requisito de bachillerato en ciencias o premédica para tomar la reválida, y facilita la obtención de licencias para médicos con credenciales federales que deseen establecerse en la isla. Además, fortalece la capacidad fiscalizadora de la Junta al facultar a sus abogados para intervenir en casos de impericia profesional y ajusta aspectos administrativos y de composición de la entidad.

Esta ley enmienda el Artículo 194 del Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012) con el objetivo de incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los elementos que configuran el delito de escalamiento. La reforma busca equiparar la intención de causar daños a la propiedad con la intención de apropiación ilegal al momento de una entrada no autorizada en una estructura, eliminando una disparidad normativa y fortaleciendo la protección de la propiedad y la seguridad ciudadana.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011) con el fin de realizar una enmienda técnica a la definición de 'ingreso bruto ganado'. La medida busca facilitar la implementación del Crédito por Trabajo (Earned Income Tax Credit) al clarificar los requisitos de documentación e informes (como comprobantes de retención y declaraciones informativas) necesarios para que los trabajadores y pensionados puedan reclamar este beneficio económico, en conformidad con las disposiciones federales del American Rescue Plan Act of 2021.

Esta ley enmienda la Ley 17-2017 (Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino) y la Ley Núm. 10 de 1970 (Ley de la Oficina de Turismo) con el propósito de integrar el turismo accesible e inclusivo en las estrategias oficiales de mercadeo de la Isla. La legislación faculta a la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino y a la Oficina de Turismo para desarrollar iniciativas que posicionen a Puerto Rico como un destino preparado para personas con diversidad funcional, fomentando la colaboración con el sector privado y organizaciones sin fines de lucro para mejorar la oferta turística y el desarrollo económico.

Esta ley enmienda la 'Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados', la 'Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico' y la 'Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico' con el fin de humanizar el trato de los restos fetales en pérdidas gestacionales ocurridas antes de las veinte (20) semanas. La normativa establece que, a solicitud de los padres, estos restos no serán considerados desperdicios biomédicos, permitiendo su entrega a funerarias para una disposición digna (sepultura o cremación). Además, faculta al Departamento de Salud para emitir certificados especiales de inscripción y desarrollar los protocolos administrativos necesarios para garantizar la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana en estos procesos.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para realizar ajustes técnicos y operacionales destinados a fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema electoral. Entre sus cambios principales se encuentran la creación de una nueva modalidad de voto adelantado presencial para personas de 50 años o más, la optimización de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mediante el balance institucional, y la regulación de herramientas tecnológicas como el Registro Electrónico de Electores (eRE) y el Sistema de Endosos (SIEN). También establece normas estrictas para el escrutinio general, la gestión de vacantes municipales y penalidades por la destrucción de propaganda política.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico con el propósito de extender a dieciséis (16) años el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad. La medida busca fortalecer la autonomía, estabilidad e independencia de criterio de estos funcionarios, equiparando sus términos de nombramiento con los de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el objetivo de endurecer las sanciones contra la venta y distribución de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y productos de tabaco a personas menores de veintiún (21) años. La normativa establece una multa administrativa de diez mil (10,000) dólares por cada incidente y la suspensión de la licencia para traficar cigarrillos por un periodo de doce (12) meses. Además, penaliza no solo la venta, sino también el intento de venta, la donación y la inducción o ayuda a menores para adquirir estos productos, reafirmando la política pública de salud y protección de menores frente a la adicción al tabaco.

Esta ley enmienda la 'Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta Silver' (Ley 132-2009) con el propósito de establecer un término obligatorio de seis (6) horas para la emisión de la alerta tras el reporte de desaparición o último avistamiento de una persona con Alzheimer o demencia. La enmienda busca eliminar la discrecionalidad de las autoridades y garantizar una respuesta rápida y uniforme por parte de la Policía de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Salud y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para proteger a esta población vulnerable.

Esta ley enmienda los artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 para establecer la obligatoriedad de notificar a la Oficina del Procurador del Veterano en los procedimientos de desahucio que involucren a veteranos. Asimismo, armoniza las disposiciones procesales para asegurar que tanto en la radicación de la demanda como en la sentencia de desalojo, se notifique a las oficinas correspondientes cuando se trate de veteranos, adultos mayores o personas con impedimentos, garantizando que estas poblaciones reciban la orientación y asistencia social necesaria para proteger su derecho a la vivienda.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948 con el objetivo de endurecer las penalidades contra la operación de juegos de azar clandestinos. La medida tipifica como delito grave la gestión o interés económico en salas de juego no autorizadas, imponiendo multas de hasta $25,000 y penas de reclusión. Además, busca mitigar problemas de salud pública como la ludopatía y proteger la industria turística y los ingresos del Estado provenientes de casinos regulados.

Esta ley establece el 14 de noviembre de cada año como el 'Día del Estudiante Legislador' en Puerto Rico, con el objetivo de fomentar la participación cívica, el liderazgo juvenil y el conocimiento del proceso legislativo en las instituciones educativas públicas y privadas.

La Ley 27-2026 establece un alivio financiero para nuevos clientes residenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), permitiéndoles prorratear el pago de los costos de acometida por un periodo de hasta seis meses. La medida enmienda la Ley Núm. 40 de 1945 para formalizar esta opción de pago como parte de la política pública de la corporación.

La Ley 26-2026 establece un marco normativo uniforme para la regulación de espacios sanitarios públicos en todas las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. La ley exige la designación de baños públicos de ocupación múltiple basados en el sexo biológico, prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros, y dispone la provisión de baños asistidos o familiares como acomodo razonable, estableciendo multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico' (Ley 194-1979) con el objetivo de facilitar el proceso de licenciamiento para médicos, técnicos y tecnólogos veterinarios. La normativa aclara los requisitos para los exámenes de reválida, valida la elegibilidad de graduados de instituciones autorizadas por la Junta de Instituciones Postsecundarias (aunque no estén acreditadas por la AVMA en su origen) y establece la creación de licencias provisionales para que graduados puedan ejercer bajo supervisión directa mientras completan sus certificaciones, buscando así mitigar la escasez de profesionales de salud animal en la Isla.

Esta ley designa el Frente Marítimo del Municipio Autónomo de Cataño, incluyendo el Malecón Edwin Rivera Sierra, como una 'Zona de Turismo Gastronómico'. La medida establece un marco de colaboración entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Cataño y diversas agencias gubernamentales para desarrollar planes de mercadeo, mejorar la infraestructura urbana, agilizar procesos de permisología y promover el desarrollo económico y cultural de la zona.

Esta ley enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico con el propósito de uniformar el proceso de conversión de multas no pagadas en días de reclusión. La enmienda ajusta la cuantía de abono, estableciendo que cada día de reclusión equivaldrá a cincuenta dólares ($50) de la multa no satisfecha, eliminando la disparidad previa con el Código Penal. Además, integra salvaguardas para personas de escasos recursos conforme a la Ley para la Imposición de la Pena Especial.

Esta ley enmienda la 'Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico' (Ley 10-2017) para imponer al Director Ejecutivo la responsabilidad de establecer, actualizar y publicar de forma digital toda la información sobre programas, beneficios, servicios e instalaciones disponibles para adultos mayores. La normativa busca centralizar la información de agencias gubernamentales y entidades privadas en el portal cibernético de la Oficina, incluyendo además un listado actualizado de las comunidades especiales por distrito para mejorar la transparencia y el acceso a servicios esenciales para la población de edad avanzada.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, conocida como la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra, con el propósito principal de centralizar el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La legislación establece el marco regulatorio para la extracción de componentes de la corteza terrestre, define las facultades de fiscalización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, detalla los procedimientos para vistas públicas y revisión judicial, y estipula sanciones penales y administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para establecer que, para propósitos de los incisos (g) y (h) del Artículo 93, se considerará como 'ser humano' al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida busca armonizar el Código Penal con las disposiciones del Código Civil y fortalecer las protecciones establecidas en la Ley Keyshla Madlane.

Esta ley declara a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico) como Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico. El reconocimiento se otorga en virtud de su trayectoria de más de 75 años ofreciendo servicios médicos, terapéuticos, educativos y de inclusión social a niños, jóvenes y adultos con discapacidades o condiciones complejas de salud.

Esta ley enmienda la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 (Ley 255-2002) con el objetivo de expandir las facultades de las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. La reforma permite que estas instituciones ofrezcan líneas de crédito y tarjetas de crédito comerciales tanto a socios como a no socios y entidades con fines de lucro. Además, flexibiliza los requisitos de colateral al permitir el uso de garantías personales debidamente evaluadas, buscando así facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas y estimular el desarrollo económico local.

Esta ley enmienda el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 para incluir formalmente a los Agentes de Seguridad y Protección de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE), adscritos al Programa de Instituciones Juveniles, como parte del Cuerpo de Oficiales de Custodia. El propósito es reconocerles los derechos, beneficios y obligaciones correspondientes a dicha designación, validando su función de alto riesgo en la seguridad, custodia de menores transgresores y mantenimiento del orden en las instituciones.

Esta ley enmienda el Artículo 13 de la Ley 129-2020 (Ley de Condominios de Puerto Rico) con el propósito de obligar a la administración de los condominios a entregar copia del reglamento a los corredores de bienes raíces o a potenciales compradores en un término no mayor de 5 días laborables. La medida busca garantizar que cualquier persona interesada en adquirir una propiedad bajo el régimen de propiedad horizontal esté debidamente informada sobre las normas administrativas y de convivencia que rigen el inmueble antes de concretar la compra.

Esta ley enmienda la Ley de Condohoteles de Puerto Rico (Ley 249-2008) con el propósito de modernizar y flexibilizar el marco legal que rige este modelo de negocio turístico. La medida busca facilitar el desarrollo, financiamiento y administración de condohoteles, permitiendo la conversión de regímenes de propiedad horizontal tradicionales a este modelo. Entre sus disposiciones clave se encuentran la clarificación de facultades del administrador para imponer multas y suspender servicios por impago, la regulación de la inscripción de unidades en el Registro de la Propiedad, y el establecimiento de procesos para la expansión, contracción o fusión de estos regímenes. También define el uso de unidades comerciales y residenciales dentro del ecosistema turístico para incentivar la inversión privada en la isla.

Esta ley enmienda la Ley 195-2011, conocida como la *Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar*. Su propósito principal es fortalecer la protección del patrimonio familiar frente a embargos y ejecuciones. Las enmiendas extienden a doce (12) meses el plazo para que un ciudadano reinvierta el dinero de la venta de su hogar principal en una nueva propiedad en Puerto Rico manteniendo su protección, y establece un término de sesenta (60) días para reclamar el beneficio de hogar seguro una vez se solicita la ejecución de una propiedad o un embargo preventivo.

Esta ley enmienda la 'Ley del Profesional Combatiente' (Ley 8-2010) para integrar formalmente a la Fuerza Espacial (Space Force) como una rama de las Fuerzas Armadas y los Servicios Uniformados. La legislación busca proteger a los profesionales que son movilizados en misiones militares, humanitarias o de estabilización (tanto a nivel internacional como doméstico), garantizando que su servicio no afecte negativamente su estatus profesional, el cumplimiento de cuotas de colegiación o sus requisitos de educación continua.

Esta ley enmienda la 'Ley del Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores' (Ley 204-2024) con el fin de facilitar la donación y reutilización de asientos protectores para niños. La enmienda permite que el Negociado del Cuerpo de Bomberos y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito acepten y distribuyan asientos que no cuenten con su manual de instrucciones original, siempre y cuando cumplan con los estándares de seguridad de la NHTSA y estén en condiciones óptimas. El propósito principal es ampliar el alcance del programa para beneficiar a familias de escasos recursos y promover el reciclaje de equipo de seguridad vial.

Esta ley establece un programa de incentivo para el pago acelerado de multas de tránsito en Puerto Rico. Concede un descuento del 40% sobre la totalidad de la deuda (incluyendo principal, intereses, recargos y penalidades) por concepto de infracciones de Auto Expreso, marbetes vencidos y otras faltas administrativas bajo la Ley 22-2000. El incentivo tiene una duración de 120 días tras la aprobación de la reglamentación correspondiente y excluye de sus beneficios a funcionarios electos y aquellos que requieren confirmación legislativa.

Esta ley prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales (teléfonos inteligentes, tabletas, relojes digitales, etc.) por parte de estudiantes en instituciones educativas públicas de Puerto Rico hasta el octavo grado durante el horario escolar y actividades oficiales. El objetivo es reducir distracciones y prevenir el acoso cibernético, permitiendo excepciones únicamente para fines educativos supervisados, emergencias o por razones de salud debidamente certificadas. Además, ordena al Departamento de Educación desarrollar la reglamentación necesaria para la custodia de los equipos y establecer protocolos de cumplimiento.

Esta ley enmienda los Artículos 67, 69 y 70 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) para reconocer formalmente al ser humano en gestación (*nasciturus*) como una persona natural con personalidad y capacidad jurídica desde el momento de la concepción. La normativa establece que el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le sea favorable, aunque sus derechos hereditarios quedan subordinados al nacimiento con vida. Además, aclara que este reconocimiento no menoscaba la potestad legal de la mujer gestante para tomar decisiones sobre su embarazo y define los criterios técnicos para que un ser humano se repute nacido.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el propósito de proteger a los ciudadanos que adquieren vehículos usados. Establece el derecho afirmativo de todo conductor o propietario a no ser responsabilizado por multas, infracciones de tránsito o cargos de peaje (AutoExpreso) ocurridos en fechas previas a su titularidad registral. La medida prohíbe al Estado imponer bloqueos, gravámenes o restricciones administrativas sobre un vehículo por deudas atribuibles a dueños anteriores y obliga al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a verificar el historial de titularidad antes de adjudicar sanciones. Además, ordena la implementación de sistemas digitales para la corrección automática de multas mal imputadas y otorga vigencia retroactiva a estas protecciones.

Esta ley enmienda la 'Ley de las Alianzas Público Privadas' (Ley 29-2009) y la 'Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal' (Ley 26-2017) con el fin de catalogar como proyectos prioritarios la construcción, mantenimiento y operación de viviendas y centros de cuido prolongado para adultos mayores. La medida autoriza la utilización de escuelas y edificios gubernamentales en desuso para estos fines y establece la composición del Comité de Alianza encargado de evaluar y adjudicar estos contratos, integrando agencias como el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada.

Esta ley enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) con el propósito de eximir del pago de contribución sobre ingresos y de la contribución básica alterna la ganancia realizada en la venta de una propiedad inmueble que constituya la residencia principal del vendedor. La medida establece requisitos específicos de ocupación continua por un término mínimo de dos años y excluye de este beneficio a individuos que ya gozan de incentivos bajo la Ley de Inversionistas Residentes.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el propósito de aumentar el límite de la deducción contributiva permitida por aportaciones a Cuentas de Retiro Individual (IRA). La enmienda busca armonizar los topes de deducción locales con los establecidos por el Código de Rentas Internas Federal (IRS), incentivando el ahorro a largo plazo y fortaleciendo la seguridad financiera de los contribuyentes frente a los retos demográficos y económicos de la isla.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el propósito de aumentar el límite de la deducción contributiva permitida por aportaciones a cuentas de ahorro para la educación. La medida eleva el tope de deducción de quinientos (500) a mil (1,000) dólares anuales por beneficiario, buscando incentivar el ahorro familiar para gastos educativos y armonizar el tratamiento contributivo local con las disposiciones federales del IRS.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para crear las Cuentas de Ahorro para Personas con Discapacidades (ABLE Accounts). Estas cuentas permiten a individuos con discapacidades y sus familias ahorrar fondos con ventajas contributivas para cubrir gastos cualificados como salud, educación, vivienda y transporte. La ley establece límites de aportación anual, criterios de elegibilidad basados en la Ley Federal de Seguro Social y regula el tratamiento contributivo de las distribuciones y aportaciones.

Esta ley enmienda la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) y la Ley de Transformación y ALIVIO Energético (Ley 57-2014) con el fin de declarar al sector de alimentos como un servicio crítico y esencial. La legislación establece que las instalaciones relacionadas con la cadena de producción, distribución, venta y suplido de alimentos deben ser clasificadas como Instalaciones de Servicios Indispensables, otorgándoles prioridad en el restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable durante estados de emergencia o desastres naturales para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Esta ley enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) con el fin de promover el desarrollo empresarial intergeneracional. La pieza legislativa fortalece el programa 'Empresarismo Master' para integrar a adultos mayores de 50 años en el ecosistema emprendedor y fomenta la colaboración entre jóvenes y empresarios experimentados. Además, mandata al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a reglamentar el acceso equitativo a incentivos, financiamiento y capacitación para nuevos empresarios, independientemente de su edad.

Esta ley enmienda la 'Ley de Contabilidad Pública de 1945' con el fin de modernizar los requisitos de educación y experiencia profesional para obtener la licencia de Contador Público Autorizado (CPA) en Puerto Rico. La reforma establece tres vías alternativas para la certificación, permitiendo opciones que varían entre 120 y 150 horas crédito universitarias combinadas con diferentes periodos de experiencia supervisada. Además, busca armonizar la reglamentación local con estándares internacionales y de Estados Unidos para facilitar la movilidad profesional y la reciprocidad de la licencia.

La Ley del Día de las Madres en Duelo de Puerto Rico (Ley 173-2025) establece el primer domingo de mayo de cada año como una fecha conmemorativa oficial para reconocer a las mujeres que han sufrido la pérdida de un hijo o hija. La ley busca visibilizar el duelo gestacional, infantil y adulto, promoviendo el apoyo emocional y la validación institucional de esta realidad. Además, ordena al Departamento de la Familia, al Departamento de Salud y a la ASSMCA coordinar esfuerzos para implementar campañas de concienciación, programas de salud mental y actividades de apoyo comunitario.

Esta ley añade el Artículo 619A al Código Civil de Puerto Rico de 2020 con el propósito de restituir y proteger el derecho de los abuelos y tíos a mantener una relación significativa con sus nietos y sobrinos menores de edad. La disposición legal otorga legitimación activa a estos familiares para solicitar ante un tribunal un régimen de visitas en casos donde exista oposición por parte de los padres o tutores, permitiendo que el juez decida basándose en el bienestar e interés superior del menor.

Esta ley disuelve la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y transfiere sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI). Su objetivo principal es centralizar la administración del inventario de propiedades públicas y asegurar que las agencias gubernamentales prioricen el uso de bienes inmuebles del Estado o de los municipios antes de proceder con el arrendamiento o compra de propiedades privadas, buscando mayor eficiencia administrativa y fiscal.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el fin de regular el uso de los espacios de estacionamiento destinados a la recarga de vehículos eléctricos o híbridos. La normativa prohíbe que cualquier vehículo se estacione en estos puntos a menos que esté conectado y utilizando el dispositivo de carga, define formalmente lo que constituye un 'Punto de Recarga' y establece una multa administrativa de $500 por infracciones. Además, promueve la reducción de emisiones contaminantes y ordena campañas de orientación ciudadana sobre estas nuevas disposiciones.

Esta ley establece la obligatoriedad de equipar cada patrulla de la Policía de Puerto Rico con torniquetes y requiere que todos los agentes reciban adiestramiento y readiestramiento bienal en su uso y manejo. El propósito principal es reducir las muertes por hemorragias traumáticas en situaciones de emergencia. Además, la ley otorga inmunidad civil a los agentes que utilicen este equipo de buena fe bajo la 'Ley del Buen Samaritano' y faculta al Superintendente de la Policía para crear los reglamentos necesarios para su implementación.

Esta ley enmienda la 'Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos' (Ley Núm. 221 de 1948) con el objetivo de atemperar sus disposiciones penales y sanciones al sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma establece penas fijas de reclusión para delitos graves relacionados con la operación ilegal de juegos de azar, tipifica como delito menos grave la obstrucción de denuncias y dispone la revocación obligatoria de licencias otorgadas por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico a quienes resulten convictos.

Esta ley enmienda el Artículo 204 del Código Penal de Puerto Rico para fortalecer las protecciones contra el fraude en la ejecución de obras de construcción. Entre sus disposiciones principales, tipifica el fraude en contratos bajo el esquema de 'cost plus', establece la obligatoriedad del resarcimiento doble a la parte perjudicada (independientemente de si el acusado se acoge a penas sustitutivas) y ordena a los tribunales notificar las sentencias al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y a diversas juntas examinadoras profesionales para la posible revocación de licencias.

Esta ley enmienda la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004 (Ley 239-2004) con el objetivo de agilizar el funcionamiento de las asambleas de socios. La enmienda reduce el tiempo de espera para una segunda convocatoria de una hora a treinta (30) minutos en casos donde no se logre el quórum en el primer llamado. Además, establece que en esta segunda convocatoria los socios o delegados presentes constituirán quórum legal, facilitando la toma de decisiones y la participación democrática dentro del movimiento cooperativo.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) con el propósito de proteger los privilegios de conducir de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sus Reservas y la Guardia Nacional de Puerto Rico. La medida extiende automáticamente la vigencia de las licencias de conducir de estos militares mientras se encuentren activados y movilizados fuera de Puerto Rico, otorgándoles un plazo de ciento veinte (120) días tras su regreso para completar la renovación. Además, ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) habilitar sistemas de renovación en línea y filas exclusivas para facilitar estos trámites.

Esta ley crea la "Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores". Su objetivo es uniformar la identificación y los derechos de estas poblaciones, otorgándoles un descuento del 50% en la admisión a espectáculos públicos y en los servicios de transporte público. Designa al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para la emisión de identificaciones con un símbolo distintivo y ordena a los municipios y agencias gubernamentales a conceder estos beneficios. Además, enmienda la Ley Núm. 297-2018 y deroga leyes anteriores relacionadas.

Esta ley enmienda la 'Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública' para clarificar el derecho de los ciudadanos a la información pública. Establece definiciones, procedimientos para solicitar y divulgar información por parte de las agencias gubernamentales, plazos de respuesta, y las vías de recurso judicial en caso de denegación, incluyendo penalidades por incumplimiento.

Esta ley enmienda la Sección 3 de la Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico para armonizar las penalidades por infracciones (posesión o uso de material pirotécnico) con el sistema de sentencias fijas del Código Penal de Puerto Rico de 2012. Establece penas específicas para delitos menos graves (hasta 10 unidades) y delitos graves (más de 10 unidades), incluyendo reclusión y multas.

Esta ley enmienda la 'Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico' (Ley Núm. 82-2023) para expandir su alcance, alineándola con la Ley federal RAISE. Su objetivo es fortalecer el apoyo a los cuidadores informales en Puerto Rico, abordando sus derechos, capacitación, seguridad financiera y laboral, acceso a servicios de respiro y su inclusión en los procesos de atención médica. La ley también establece la obligación de desarrollar planes de acción interagenciales para el cuidado prolongado, la planificación futura y la atención prioritaria en planes de emergencia, involucrando a diversas agencias gubernamentales y municipios.

Esta ley establece la política pública de Puerto Rico para fortalecer la capacitación de profesionales de la salud en geriatría y gerontología. Busca promover la creación y expansión de programas académicos en instituciones de educación superior, incentivar la educación continua en estas disciplinas y asegurar una atención integral y especializada para la creciente población adulta mayor en la isla.

Esta ley enmienda la Ley 8-2004, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", para establecer el "Programa de Promoción del Deporte Femenino". Su objetivo es fomentar la participación de las mujeres en todas las disciplinas deportivas, desde el nivel base hasta el alto rendimiento, mediante la asignación de fondos, becas, patrocinios y la creación de talleres y campamentos exclusivos. Busca eliminar barreras históricas y promover la igualdad de oportunidades en el deporte.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 94 de 1977, conocida como la "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", para fortalecer el proceso de inspección y certificación de instituciones para adultos mayores por parte del Departamento de la Familia. Establece requisitos de inspección periódica, exige la disponibilidad de energía alterna certificada, sistemas de agua potable, almacenamiento de suministros y planes de preparación ante emergencias, especialmente antes de la temporada de huracanes. Además, detalla el proceso para solicitar inspecciones y las multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la Ley 82-2023, conocida como la "Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico". Su propósito principal es reconocer el derecho de los cuidadores informales a ser considerados como la primera alternativa para ser contratados como cuidadores incidentales por entidades gubernamentales que asignen fondos para el cuidado de adultos mayores. La ley define al "Cuidador Incidental" y establece requisitos para su cualificación, incluyendo la demostración de pérdida de empleo debido al cuidado, experiencia laboral previa y capacitación a través del Departamento de la Familia, buscando formalizar su labor y otorgarles derechos laborales.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el "Mes de la Apreciación a la Pastoral y al Clérigo de Puerto Rico", reconociendo la invaluable labor social, emocional, mental y espiritual que realizan estos líderes religiosos en las comunidades. La ley autoriza al Gobernador a emitir una proclama oficial y permite a las agencias gubernamentales celebrar actividades conmemorativas, asegurando que estas no sean consideradas como un uso de fondos públicos para el establecimiento o adelanto de religión alguna.

Esta ley enmienda el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para añadir el Artículo 179(A), el cual tipifica como delito menos grave la interrupción o impedimento de actividades religiosas mediante fuerza, intimidación o violencia. La ley establece una pena de reclusión de un (1) año para reincidentes, buscando proteger el derecho fundamental al ejercicio colectivo y público de la libertad religiosa en Puerto Rico.

Esta ley enmienda los Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 37 de la Ley 135-2020, conocida como "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico". Su propósito principal es eliminar la facultad del juez instructor para realizar la investigación y autorización del levantamiento de cadáveres, asignando esta responsabilidad al fiscal. La enmienda busca atemperar la ley a la realidad jurídica y práctica actual, evitando confusiones en el sistema de justicia criminal respecto a las investigaciones forenses de muertes.

Esta ley enmienda el Artículo 32 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para añadir una causa de exclusión de responsabilidad penal. Reconoce que las víctimas de trata humana no incurrirán en responsabilidad penal por actividades ilícitas si su participación fue consecuencia directa de su situación de víctima. La medida busca proteger los derechos de las víctimas y evitar su criminalización, en consonancia con principios internacionales de derechos humanos.

Esta ley enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" (Ley 430-2000) para armonizar las penas por delitos relacionados con la operación de embarcaciones que causen lesiones o muerte. El objetivo es atemperar dichas disposiciones y delitos al sistema de sentencias fijas establecido en el "Código Penal de Puerto Rico" (Ley 146-2012), buscando coherencia y equidad en la aplicación de sanciones penales.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de la Familia para establecer la creación y actualización de un catálogo digital. Este catálogo recopilará programas, beneficios y servicios disponibles para la población desventajada, ofrecidos por agencias gubernamentales, entidades sin fines de lucro y municipios. Su objetivo es facilitar el acceso a información esencial y promover la rehabilitación y el mejoramiento social, siendo publicado en línea y distribuido a los municipios.

Esta ley enmienda la Ley 171-2014 para consolidar y expandir el Programa de Desarrollo de la Juventud dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. La legislación integra y deroga varias leyes previas relacionadas con la juventud, estableciendo nuevos artículos que crean: * La "Medalla de la Juventud Puertorriqueña". * Un programa de préstamos para estudios técnicos/vocacionales y para iniciar negocios propios. * Un acuerdo de cooperación para investigación y estudios sobre la juventud. * La "Cumbre Anual de la Juventud Puertorriqueña" (CAJUP). * Una "Guía de Servicios para el Joven". * El "Programa de Internados en Política Pública Carlos Romero Barceló". * El "Programa de la Primera Oportunidad de Empleo Juvenil en Puerto Rico". El objetivo es centralizar las iniciativas gubernamentales dirigidas a la juventud, promover la eficiencia en la utilización de recursos y fomentar el desarrollo integral de los jóvenes en áreas como la educación, el empleo, el emprendimiento y la participación cívica.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer la validez de la licencia de conducir virtual (a través de la aplicación CESCO Digital) como método oficial de identificación en Puerto Rico. Su propósito es impulsar la innovación tecnológica y la eficiencia gubernamental, permitiendo su uso en el sector público, privado y ante agentes del orden público, con énfasis en la seguridad cibernética. Además, ajusta la penalidad por no llevar consigo la licencia, ya sea física o virtual.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para crear las Subclases 3-M, 4-M y 5-M, aplicables a aseguradores internacionales que operen como Aseguradoras Internacionales Multiestatales. Su objetivo es alinear los parámetros de regulación de solvencia financiera con los estándares uniformes de la "National Association of Insurance Commissioners" (NAIC), fomentando el crecimiento y la competitividad del Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico.

Esta ley establece un protocolo para la terminación de embarazos en menores de quince (15) años o menos en Puerto Rico. Requiere el consentimiento informado por escrito de al menos uno de los padres o custodios legales, así como un referido obligatorio al Departamento de la Familia. La ley también detalla procedimientos para casos de sospecha de agresión sexual por parte de un progenitor o tutor, establece penalidades por coacción y ordena al Departamento de Salud a emitir reglamentación.

Esta ley establece el Sistema de Identidad Electrónica de Acceso en Línea (IDEAL), un sistema de información avanzado que consolida y digitaliza la documentación y certificaciones de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. Su propósito es modernizar los servicios gubernamentales, simplificar los trámites para ciudadanos y empresas, y estandarizar los procedimientos administrativos al obligar a las agencias a compartir información electrónicamente, eliminando la necesidad de que los solicitantes provean documentos ya en poder del Estado. La ley busca fomentar la interoperabilidad y la transparencia mediante el uso de tecnología.

Esta ley declara el 15 de noviembre de cada año como el 'Día de los Puertorriqueños en las Ciencias' en Puerto Rico. Su propósito es reconocer las significativas contribuciones de puertorriqueños en diversas áreas científicas y fomentar el interés por la ciencia y la investigación, especialmente entre la población estudiantil, a través de actividades coordinadas por instituciones educativas y agencias gubernamentales.

Esta ley enmienda la "Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico" para establecer el carácter confidencial de los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Redefine el concepto de "parte interesada" para especificar quién puede acceder a estos registros y en qué circunstancias los tribunales pueden ordenar su divulgación, especialmente en casos de herencia, filiación o derechos reales. La ley también autoriza la divulgación de información a la Comisión Estatal de Elecciones para la depuración del registro de electores. Busca proteger la información personal sensible, como nombres y números de seguro social, para prevenir el robo de identidad, equilibrando el derecho constitucional de acceso a la información gubernamental con la privacidad de los datos, en consonancia con regulaciones como HIPAA.