Esta ley enmienda el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia para aclarar y flexibilizar los mecanismos de representación legal de las agencias de la Rama Ejecutiva ante foros administrativos. Permite que las agencias comparezcan mediante abogados empleados o contratados por servicios profesionales sin requerir dispensa previa, optimizando la gestión gubernamental, y actualiza las referencias normativas al Código Municipal de Puerto Rico.

Establece la 'Ley para la Protección Económica de Menores en la Monetización Digital', la cual obliga a los padres, tutores o encargados a reservar un porcentaje de los ingresos generados por la participación sustancial de menores en contenido digital monetizado en una cuenta o fideicomiso protegido. Asimismo, fija límites laborales y de exposición digital a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y otorga derechos a los menores al alcanzar la mayoría de edad para reclamar fondos no depositados y solicitar la eliminación del contenido.

Ley para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de ampliar las facultades de los municipios en el recogido, manejo, transportación y disposición de neumáticos desechados, permitiéndoles actuar como transportistas y facturar por dichos servicios al Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados.

Esta ley enmienda el Código Civil de Puerto Rico para aclarar que las instituciones de cuidado de salud responden de manera vicaria (y no objetiva) por los daños causados por su personal, empleados, médicos con privilegios y operadores de franquicias exclusivas de servicios de salud.

Ley que enmienda la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para ordenar la publicación en su portal digital de todos los proyectos tecnológicos activos bajo su jurisdicción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en el gobierno.

Ley que enmienda la Ley Núm. 17 de 1939 para eliminar el requisito de residencia de doce meses previo a solicitar admisión a la abogacía y la disposición de admisión sin examen, y crea la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ley que declara el 5 de mayo de cada año como el 'Día del Niño Dotado en Puerto Rico', con el propósito de sensibilizar sobre sus aportaciones, fortalecer su identificación temprana, promover programas educativos diferenciados y fomentar la colaboración inter agencial y familiar para su formación integral.

Ley para enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico con el propósito de uniformar sus disposiciones y referencias punitivas con el Código Penal de Puerto Rico de 2012, específicamente en lo relativo a las penalidades por hospitalización o tratamiento sin criterios clínicos y la institucionalización indebida.

Ley que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para regular la oferta y venta de pólizas de seguros para mascotas, estableciendo requisitos mínimos de divulgación al consumidor, definiciones de términos aplicables, reglas sobre condiciones preexistentes y periodos de espera, prácticas de mercadeo transparentes, y facultando al Comisionado de Seguros para su implantación y fiscalización.

Ley que enmienda la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales para permitir que los trabajadores que resulten victoriosos en sus reclamaciones contra patronos puedan recobrar las costas del litigio.

Ley para enmendar la Ley Núm. 54 de 1989 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica) con el propósito de atemperar sus disposiciones punitivas y delitos al sistema de penas de sentencia fija establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012.

Esta ley crea un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad para solares municipales ubicados en centros urbanos consolidados de Puerto Rico. Modifica el Código Municipal y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para permitir que los municipios inscriban estos predios como fincas nuevas e independientes, eximiéndolos del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) siempre que estén localizados dentro del área delimitada en el Plan de Ordenación Territorial, facilitando así la seguridad jurídica y el acceso al crédito para sus poseedores.

Ley para enmendar la Ley 76-2013, conocida como la "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", con el propósito de actualizar su nomenclatura, armonizar sus disposiciones con la legislación vigente en materia administrativa, de recursos humanos y derechos de los adultos mayores, y fortalecer las facultades investigativas, fiscalizadoras y cuasi-judiciales de la Oficina del Procurador.

Ley que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para crear el Cuerpo de Inspectores Voluntarios, con el propósito de fiscalizar y garantizar que las actividades deportivas y recreativas de menores se desarrollen en un ambiente seguro, saludable y libre de maltrato.

Ley que enmienda las Reglas 25.2 y 40.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 para incorporar los preceptos de la Ley Uniforme de Deposiciones y Descubrimiento Interestatal (UIDDA), estableciendo un mecanismo más eficiente y económico para la citación de testigos que se encuentran fuera de Puerto Rico pero en otra jurisdicción de los Estados Unidos.

Ley que enmienda la Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999 para disponer que las alertas de emergencia y seguridad pública publicadas en tableros de anuncios digitales permanezcan anunciándose por un período mínimo de setenta y dos (72) horas.

Ley que enmienda la Ley Núm. 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a las disposiciones del False Claims Act federal. La legislación aclara la intención legislativa de incluir como violaciones aquellas conductas que resulten en la evasión o disminución de obligaciones de pago o transferencia de propiedad al Gobierno, ampliando su alcance más allá de los programas de gobierno y contratos de servicio, y reforzando los mecanismos civiles para la protección del erario y la lucha contra el fraude.

Crea el "Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico" para estandarizar los protocolos de respuesta ante incendios, violencia, emergencias médicas, desastres naturales y otras situaciones de crisis en los planteles del Departamento de Educación, estableciendo además la obligación de ofrecer capacitación, realizar simulacros y colocar carteles informativos.

Crea la "Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público" para establecer un marco regulatorio uniforme entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, facilitando la ejecución de proyectos prioritarios y el uso de fondos federales bajo la supervisión del Negociado de Energía de Puerto Rico.

La ley establece la 'Ley para el Acceso Educativo y Cultural en Instituciones Penitenciarias', ordenando al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico identificar, catalogar y donar anualmente libros excedentes o descontinuados en buenas condiciones para uso exclusivo en las bibliotecas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el fin de fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas confinadas.

Ley para enmendar la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 con el fin de proteger bajo la doctrina del producto del trabajo (*work product*) los borradores de informes de personas peritas y las comunicaciones entre estos y los abogados.

Ley que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para aclarar que el Comisionado de la Policía Municipal es considerado un 'funcionario del orden público' según la Regla 11 de Procedimiento Criminal, incorporar el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado en el sistema uniforme de rangos, ajustar los términos mínimos para ascensos y traslados, y establecer disposiciones sobre el reembolso de costos de adiestramiento entre municipios.

Ley que enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender temporalmente la vigencia de marbetes y autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas a nivel federal, cuando por causas ajenas al propietario —como cierres gubernamentales o desastres— no se puedan renovar los certificados federales correspondientes.

Esta ley enmienda la Ley 18-2012, conocida como la “Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico”, con el propósito de incluir dentro de la definición de equipos electrónicos los equipos portátiles de energía solar renovable, sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento en batería, baterías de iones de litio de vehículos eléctricos y cargadores relacionados. Asimismo, incorpora correcciones técnicas para reflejar la consolidación de funciones en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tras el Plan de Reorganización de 2018 y establece directrices para su manejo, disposición y reciclaje.

Ley que enmienda la Ley Núm. 75 de 1987 (Ley Notarial de Puerto Rico) para rectificar la información requerida en la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles, eliminando la exigencia obligatoria de tasación profesional y planos de mensura para ciertas transacciones, y ajustando disposiciones técnicas y contributivas relacionadas con bienes raíces.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para establecer un derecho de prioridad a favor de los municipios en la adquisición de propiedades inmuebles que hayan sido rematadas por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) debido a deudas contributivas, permitiendo que los municipios las adquieran para fines públicos antes que otras agencias gubernamentales.

Esta ley enmienda la Ley de Tierras de Puerto Rico para modernizar los procedimientos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Permite que los miembros de la Junta participen en reuniones mediante videoconferencia o medios electrónicos y establece mecanismos para la toma de decisiones sin necesidad de reuniones presenciales, con el fin de fomentar la eficiencia administrativa de la corporación pública.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 57-2023 para establecer sanciones penales de delito grave (penas fijas de 2 y 3 años) para aquellas personas que, teniendo el deber legal de informar, incumplan con su obligación, impidan a otros informar o suministren información falsa en casos donde exista conocimiento o sospecha de abuso sexual contra un menor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 139-2011, conocida como la 'Ley del Derecho sobre la Propia Imagen', para actualizar la definición de 'imagen' e incluir explícitamente las representaciones generadas, clonadas o simuladas mediante Inteligencia Artificial Generativa, con el fin de proteger la identidad y los atributos personales frente al uso no autorizado en entornos digitales.

Esta ley establece la responsabilidad mancomunada entre aseguradoras, intermediarios y proveedores de salud en el proceso de coordinación de beneficios cuando un paciente posee más de un plan médico. Asimismo, faculta al Departamento de Salud y a la Oficina del Comisionado de Seguros para atender querellas administrativas relacionadas con la negativa o falta de cooperación en dicha coordinación, y ordena la creación de reglamentación específica y campañas educativas para garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos del paciente.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para incluir a personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de procesamiento sensorial (TPS) y otras condiciones de hipersensibilidad sensorial severa entre los grupos elegibles para obtener una exención médica que permita el uso de cristales de visión unidireccional o tintes en los vehículos de motor, facilitando así un entorno sensorial controlado para estos pacientes.

Esta ley designa oficialmente la Finca Gabia, ubicada en el municipio de Coamo, como 'Bosque Gabia', integrándola al Sistema de Bosques del Estado. Establece las directrices para su manejo, conservación y administración bajo la custodia de la Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, promoviendo la restauración ecológica, la investigación científica y la educación ambiental.

Esta ley establece un procedimiento especial para uniformar la titularidad de bienes inmuebles pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico cuando no se pueda identificar al titular o no exista documentación fehaciente. Faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para certificar la titularidad a favor del Estado e inmatricular dichas propiedades en el Registro de la Propiedad, permitiendo así su disposición a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).

Esta ley enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para establecer la jurisdicción primaria exclusiva del Tribunal de Primera Instancia en controversias de propiedad horizontal, creando Salas Especializadas de Adjudicación de Controversias de Condominios. Asimismo, impone requisitos de educación para agentes administradores, transfiere funciones administrativas municipales sobre áreas de reciclaje, establece un registro de condominios bajo el Departamento de Justicia y dicta disposiciones transitorias para la transferencia de querellas desde el DACO hacia el Poder Judicial.

Esta ley enmienda la Ley 209-2003, conocida como la 'Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico', con el propósito de actualizar las referencias legales a estatutos derogados por legislación vigente, ajustar el umbral monetario para la aprobación de contratos por parte de la Junta de Directores de $36,000 a $100,000, y realizar ajustes técnicos para mejorar la eficiencia administrativa y operativa del Instituto.

Esta ley enmienda el Artículo 250 del Código Penal de Puerto Rico para establecer como obligatoria la imposición de la pena de restitución en los casos de convicción por el delito de enriquecimiento ilícito cometido por funcionarios o empleados públicos.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas) y la Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico) para clarificar las prohibiciones y excepciones aplicables al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios durante el periodo eleccionario. Establece criterios específicos para los gastos de difusión pública y permite que los alcaldes reelectos realicen transacciones de personal tras recibir su certificación preliminar, buscando garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales y la transparencia en el uso de fondos públicos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 219-2012, conocida como la 'Ley de Fideicomisos de Puerto Rico', para modernizar el marco legal fiduciario. Entre sus cambios principales, reconoce expresamente el fideicomiso revocable, establece la responsabilidad mancomunada de los fiduciarios, faculta al Director de Inspección de Notarías para expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos y actualiza las referencias legales conforme al Código Civil de 2020, con el fin de fomentar la inversión y la certeza jurídica.

Esta ley enmienda la Ley 70-1992, conocida como la 'Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico', con el fin de facultar al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a reestructurar y flexibilizar el otorgamiento de asistencia económica, préstamos y líneas de crédito a entidades privadas y empresas comunitarias dedicadas a la industria del reciclaje, permitiendo que dichos fondos provengan de diversos programas disponibles en la institución financiera.

La Ley 151-2026 establece la creación de las 'Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico', adscritas a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La ley busca organizar y promover recorridos turísticos que integren actividades de aventura y deportes extremos en diversos municipios, fomentando el desarrollo económico mediante la coordinación intergubernamental para la rotulación, promoción y logística de transporte.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para autorizar a los municipios a celebrar vistas adjudicativas mediante videoconferencia como una modalidad alterna a la presencial, estableciendo criterios para su uso, salvaguardas para el debido proceso de ley y la obligación de reglamentar dichos procedimientos.

Esta ley declara el 21 de marzo de cada año como el 'Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza', con el propósito de reconocer y preservar la aportación cultural y el legado afrocaribeño de estas mujeres, facultando al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Municipio de Loíza a realizar actividades conmemorativas y educativas.

Esta ley enmienda la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía' para prohibir que se realicen descuentos o ajustes en la compensación anual de los policías retirados debido a los ingresos recibidos por concepto del Seguro Social federal, alineando la política pública local con los cambios recientes en la normativa federal.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 40-2020, conocida como la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía', para establecer el uso exclusivo de los recursos del Fideicomiso para fines de retiro. Prohíbe expresamente el uso de dichos fondos para el pago de obligaciones patronales ordinarias, tales como horas extras, licencias acumuladas, nómina o gastos operacionales, garantizando que estos recursos se destinen únicamente a mejorar la seguridad económica de los miembros de la Policía de Puerto Rico tras su retiro.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI' para obligar a las agencias gubernamentales y municipios a incluir una notificación expresa sobre el derecho de preferencia de los veteranos en todos los anuncios, edictos o convocatorias relacionados con la venta, arrendamiento o subsidios de vivienda. Asimismo, establece el destino de las multas administrativas por incumplimiento para financiar campañas educativas sobre los derechos de los veteranos.

Esta ley declara el mes de noviembre de cada año como el 'Mes de la Planificación en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor y las aportaciones de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla. Asimismo, faculta a la Junta de Planificación, a la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación para coordinar actividades y medidas que promuevan los objetivos de esta conmemoración.

Esta ley enmienda la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley Núm. 29-2009) para incluir como objeto de contratos de alianza la construcción, mantenimiento y operación de albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica, estableciendo además una composición específica para el Comité de Alianzas encargado de estos proyectos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 263-1998 para establecer que la beca para el pago de matrícula en instituciones públicas de educación superior, otorgada al cónyuge supérstite e hijos de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber, cubrirá el cien por ciento (100%) del costo de dicha matrícula.

Esta ley enmienda la Ley 36-2015, conocida como la 'Ley del Programa Contacto Verde', con el propósito de integrar la agricultura y la seguridad alimentaria como componentes fundamentales dentro del currículo educativo y las actividades de contacto con la naturaleza en el sistema de educación pública de Puerto Rico, estableciendo la coordinación entre el Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Esta ley enmienda diversas disposiciones legales para integrar a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 'Programa Experience' del Departamento de Seguridad Pública. El objetivo es fortalecer este programa educativo, preventivo y de reclutamiento para jóvenes de 15 a 18 años, estableciendo la obligación de colaboración interagencial y otorgando beneficios de puntuación a los participantes en procesos de reclutamiento futuros.

La Ley 138-2026 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer la figura del Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica en cada municipio. Esta ley busca fortalecer la respuesta local ante la violencia de género, obligando a los municipios a designar un funcionario capacitado para brindar apoyo, orientación y canalización de servicios a las víctimas, asegurando la coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Esta ley enmienda el Artículo 2.048 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para restablecer el requisito de que los solicitantes de empleo en el servicio público municipal no hayan sometido información falsa, incorrecta o engañosa en sus procesos de reclutamiento, corrigiendo una omisión técnica previa.

Esta ley enmienda el Artículo 619A del Código Civil de Puerto Rico de 2020 para clarificar el lenguaje y los criterios de adjudicación respecto al derecho de los abuelos y tíos a mantener relaciones con menores de edad, asegurando que el tribunal considere el interés óptimo del menor en casos de oposición por parte de los padres o tutores.

Esta ley enmienda la Ley 21-2021, conocida como la 'Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico', para fortalecer la política pública contra la difusión no consentida de material íntimo. La legislación tipifica como delito grave tanto la divulgación no autorizada de material explícito como la amenaza de realizar dicha acción, utilizando cualquier medio de comunicación electrónica o cibernética, independientemente de la relación entre las partes.

Esta ley declara el 14 de octubre de cada año como el 'Día de Concientización del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)' en Puerto Rico, ordenando al Departamento de Salud, a la ASSMCA, al Departamento de Educación y a los municipios a realizar actividades y campañas educativas para fomentar la detección temprana, reducir el estigma y mejorar el acceso a tratamientos para esta condición.

Esta ley enmienda el Artículo 6.14A de la Ley 22-2000, conocida como la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico', con el fin de aumentar la multa administrativa de cien (100) a quinientos (500) dólares por incumplir con la obligación de ceder el paso a vehículos de emergencia autorizados que emitan señales de alarma.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 113-2012 para actualizar y clarificar las definiciones de 'veterano' y 'veterano incapacitado del servicio', alineándolas con las normativas federales del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), con el fin de facilitar el acceso de veteranos dueños de pequeñas empresas a beneficios y oportunidades de contratación gubernamental.

Esta ley enmienda la Ley 20-2023 para establecer el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias como el 'Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño' y designa oficialmente al Municipio de Moca como la 'Capital del Mundillo Puertorriqueño', con el fin de promover la cultura, el turismo y el desarrollo económico artesanal.

La Ley 128-2026 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para ampliar las entidades gubernamentales donde los médicos cualificados pueden cumplir con su requisito de 180 horas anuales de servicio comunitario de manera remunerada. Se incluyen la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la ASSMCA y el Programa de Salud Correccional, con el fin de incentivar la retención de profesionales médicos en la isla.

Ley que declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Ortopedia y Traumatología en Puerto Rico', con el fin de promover la educación, prevención y concienciación sobre la salud musculoesquelética, estableciendo responsabilidades de coordinación para el Departamento de Salud y los municipios.

Esta ley deroga la Ley Núm. 12-2008, eliminando el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Establece una nueva política pública para la seguridad portuaria basada en análisis de riesgo y coordinación con agencias federales, con el objetivo de reducir costos operativos, eliminar burocracia innecesaria y mitigar el impacto económico en el consumidor final.

Esta ley enmienda la Ley 85-2018, conocida como la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', para reestructurar el Departamento de Educación. Establece una nueva jerarquía organizacional que incluye la creación de las posiciones de Subsecretario, Oficial Principal Financiero, Oficial Principal de Informática y Oficial Principal Académico, definiendo sus cualificaciones, deberes y mecanismos de coordinación interagencial, particularmente con PRITS en materia tecnológica.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para establecer la obligatoriedad de contar con al menos un terapeuta atlético en todos los torneos deportivos, competencias y escuelas especializadas en deporte, con el fin de garantizar la seguridad física de los atletas y prevenir lesiones.

Esta ley enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para modificar la definición de 'Parte de Arma de Fuego', establecer el requisito de licencia para adquirir dichas partes y tipificar como delito grave la posesión, portación o transporte de partes de armas de fuego sin la debida licencia.

Esta ley enmienda el Artículo 1343 del Código Civil de Puerto Rico para establecer que el requisito de que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles deban constar por escrito aplicará únicamente a aquellos cuyo término exceda los seis años, eliminando así una contradicción normativa y armonizando la disposición con la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 183-1998 para incluir a las víctimas de trata humana como elegibles para recibir compensación por parte de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, eliminando además el impedimento de compensación para aquellas víctimas que hayan incurrido en conducta delictiva como resultado directo de su condición de víctimas de trata.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 54 de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica', con el objetivo de fortalecer el marco legal, mejorar los mecanismos de procesamiento judicial, actualizar las definiciones de maltrato y violencia, e imponer penas más proporcionales y efectivas para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Ley que designa el 9 de marzo de cada año como el 'Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola' en Puerto Rico, con el propósito de reconocer y visibilizar la contribución de las mujeres en el sector agrícola, la agroindustria y la seguridad alimentaria de la Isla, fomentando actividades educativas y de concienciación.

Esta ley enmienda la Ley 73-2019, conocida como la 'Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019'. El propósito principal es definir el concepto de 'Licitador Participante' y establecer que el término para impugnar el rechazo de una oferta por entrega tardía comienza a contar desde la fecha del rechazo, evitando así dilaciones innecesarias en los procesos de contratación pública y adjudicación de subastas.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 81 de 1912 (Ley del Departamento de Salud) para facultar al Secretario de Salud a emitir licencias provisionales a profesionales de la salud y médicos durante estados de emergencia declarados por autoridades estatales o federales, permitiendo que profesionales con licencias activas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos brinden servicios en Puerto Rico mientras dure la emergencia.

La 'Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial' establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico de notificar a los ciudadanos cuando interactúan con sistemas de inteligencia artificial o automatizados, garantizando además el derecho del ciudadano a solicitar la intervención de un ser humano en la prestación de servicios públicos.

La 'Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales' establece mecanismos legales de naturaleza civil para combatir el maltrato, crueldad, abandono y abuso animal en Puerto Rico. La ley faculta a los tribunales a emitir órdenes de custodia provisional y permite a ciudadanos actuar como demandantes para proteger el bienestar de los animales, independientemente de los procesos penales existentes.

Esta ley deroga el Artículo 44 del Código Político de Puerto Rico de 1902 con el propósito de armonizar el ordenamiento jurídico con el principio de favorabilidad establecido en el Código Penal vigente (Ley 146-2012), eliminando disposiciones obsoletas sobre la persecución de delitos bajo leyes ya derogadas.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Concientización Sobre Leptospirosis' en Puerto Rico, estableciendo la política pública de prevención, educación y detección temprana de esta enfermedad. Asimismo, faculta al Departamento de Salud para coordinar esfuerzos interagenciales, municipales y comunitarios, incluyendo la creación de campañas educativas y la reglamentación necesaria para su implementación.

Esta ley designa la última semana de febrero de cada año como la 'Semana de los Future Farmers of America (FFA) en Puerto Rico' y establece días conmemorativos específicos dentro de dicha semana para reconocer a estudiantes, maestros, agricultores, ganaderos y profesionales del sector agrícola, con el fin de fomentar el liderazgo juvenil y la educación agrícola en la Isla.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para actualizar los mecanismos de supervisión financiera de las estructuras de control de compañías de seguros (holding companies). Incorpora estándares de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), incluyendo el Cálculo de Capital de Grupo y el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez, con el fin de fortalecer la fiscalización de la solvencia, proteger a los consumidores y mantener la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros.

Esta ley enmienda la Ley de Préstamos Personales Pequeños (Ley Núm. 106 de 1965) para revisar los requisitos de activos líquidos mínimos exigidos a los concesionarios, reducir barreras de entrada al mercado, fomentar la competencia y modernizar los estándares de divulgación de tasas de interés y costos asociados al crédito para proteger al consumidor.

Esta ley enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para permitir que los adultos mayores víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de obligaciones alimentarias, abandono o negligencia, puedan prestar su testimonio fuera de la sala del tribunal mediante sistemas de circuito cerrado, con el fin de proteger su bienestar emocional y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para prohibir que los operadores de apuestas recopilen o utilicen datos de los jugadores con el fin de manipular su comportamiento o predecir patrones de apuestas, promoviendo así el juego responsable y la protección de los datos personales de los usuarios frente a tecnologías como la inteligencia artificial.

Esta ley enmienda la 'Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras' (Ley 75-1995) para extender la vigencia de incentivos contributivos hasta el 31 de diciembre de 2030. Además, establece nuevos requisitos de orientación comunitaria para negocios beneficiarios, dispone capacitaciones para empleados públicos sobre la administración de estos incentivos y agiliza los procesos de otorgación de decretos de exención para fomentar el desarrollo económico y la rehabilitación urbana en la zona.

Esta ley enmienda la Ley 171-2014 para renombrar el 'Programa de Desarrollo Laboral' como 'Conexión Laboral', actualizar sus disposiciones conforme a la ley federal 'Workforce Innovation and Opportunity Act' (WIOA), y reconfigurar la 'Junta Estatal de Desarrollo Laboral'. Asimismo, ajusta el Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para atemperar sus funciones a estos cambios.

Esta ley enmienda la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas en Puerto Rico y el Código Electoral de 2020 para establecer la obligación de identificar claramente cualquier propaganda, anuncio o comunicado electoral que haya sido generado o alterado, parcial o totalmente, mediante el uso de Inteligencia Artificial, incluyendo la definición legal de dicho concepto y sanciones por el uso malicioso de imágenes o datos falsos en sistemas electrónicos de la Comisión Estatal de Elecciones.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos' para establecer un procedimiento formal de órdenes de protección, tipificar nuevos delitos de maltrato y negligencia contra personas con diversidad funcional, y definir las competencias judiciales y penalidades aplicables para garantizar su seguridad e integridad.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para establecer la obligatoriedad de incluir un enlace directo en el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico que permita el acceso al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, facilitando así el acceso ciudadano a esta información pública.

Esta ley enmienda la Ley 76-2006 para autorizar a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan sido admitidos a tomar el examen de reválida. La medida busca mitigar la escasez de estos profesionales en el sector de la salud, permitiéndoles ejercer bajo supervisión médica mientras completan su proceso de licenciamiento definitivo.

Esta ley prohíbe que las deudas por gastos médicos sean reportadas a las agencias de informes de crédito y limita las prácticas de las agencias de cobro al intentar recuperar dichas deudas, con el fin de proteger la privacidad y el historial crediticio de los consumidores frente a gastos de salud inesperados.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para realizar ajustes técnicos y administrativos. Entre sus disposiciones principales, fortalece los mecanismos para la declaración y manejo de estorbos públicos, flexibiliza procesos de contratación y planificación territorial, establece nuevas funciones para la Unidad de Auditoría Interna, aclara disposiciones sobre la composición de las Legislaturas Municipales y el proceso de sesiones, y atempera el cobro de patentes municipales sobre contratos municipales.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020) para establecer una licencia especial con paga de hasta cinco días laborables para empleados del Gobierno y municipios, permitiéndoles realizar funciones de apoyo en la Comisión Estatal de Elecciones durante los años electorales.

Esta ley enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales para permitir que, en casos de desahucio donde la parte demandada alegue la existencia de una comunidad de bienes por aportaciones realizadas al inmueble, se pueda presentar prueba sobre dichas aportaciones y solicitar que el procedimiento se tramite por la vía ordinaria en lugar de la sumaria.

Esta ley enmienda la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Sus objetivos principales son agilizar el tráfico jurídico y reducir costos procesales al eximir del procedimiento de *exequátur* a las sentencias de tribunales federales y estatales de los Estados Unidos cuando se presenten para acreditar el estado civil de los comparecientes en el Registro de la Propiedad. Además, la ley modifica los requisitos para el cargo de Registrador de la Propiedad, reduciendo la experiencia profesional necesaria a cinco años.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011) con el propósito de otorgar una exención contributiva a los intereses devengados por las obligaciones emitidas por el Patronato de Monumentos de San Juan. Esta medida busca incentivar la recaudación de fondos privados para la restauración, preservación y mantenimiento de la Catedral de San Juan y la Iglesia San José, ambas consideradas monumentos históricos de alto valor cultural para Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 43-1994, conocida como la 'Ley para Prohibir la Copia, Publicidad y Venta sin el Consentimiento del Dueño de Grabaciones y Actuaciones en Vivo', con el propósito de armonizar sus penas con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica como delito grave la reproducción, transporte, venta o publicidad no autorizada de grabaciones sonoras y audiovisuales, estableciendo términos de reclusión y multas que varían según la cantidad de material ilegal y la reincidencia del infractor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la 'Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo', con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la Comisión Industrial de Puerto Rico. La enmienda establece un mecanismo de asignación automática del cuatro por ciento (4%) de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia la Comisión, buscando fortalecer su autonomía administrativa y asegurar la continuidad de sus funciones cuasi-judiciales en la adjudicación de reclamaciones laborales.

Esta ley deroga la Ley 212-2014, conocida como la 'Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo', con el propósito de eliminar el Comité Interagencial encargado de dicho proyecto. La medida responde a que el organismo ha permanecido inoperante desde el año 2015, buscando así reducir la burocracia, evitar la duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico, delegando la gestión de este patrimonio en entidades con competencia directa como el Municipio de Arroyo y la Compañía de Turismo.

Esta ley establece la 'Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL' en Puerto Rico. Su propósito principal es crear un sistema de alerta rápida y coordinación entre agencias gubernamentales para facilitar la búsqueda y captura de sospechosos que hayan amenazado, herido gravemente o asesinado a oficiales de la Policía de Puerto Rico, policías municipales o agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Asimismo, el plan se activa para la localización de oficiales desaparecidos en el cumplimiento de su deber. La ley define los criterios técnicos de activación, las responsabilidades del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en el uso de carteles electrónicos, y establece penalidades por la activación falsa de dicha alerta.

Esta ley enmienda la 'Ley de Explosivos de Puerto Rico' (Ley Núm. 134 de 1969) con el objetivo de armonizar sus disposiciones penales y delitos con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma actualiza las penas por el uso y posesión ilegal de explosivos o sustancias para fabricarlos, y establece los procedimientos de confiscación de bienes relacionados con dichas infracciones bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones.

Esta ley enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores (Ley 121-2019), el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y la Ley de la Judicatura para facultar a los jueces municipales y superiores a nombrar tutores temporales en situaciones de emergencia. El propósito principal es agilizar los mecanismos de protección para adultos mayores cuya seguridad, salud o patrimonio se encuentren en riesgo debido a accidentes o condiciones médicas, garantizando un procedimiento sumario y aclarando la competencia judicial para emitir dichas órdenes.

Esta ley crea la 'Ley para Promover y Establecer el Intercambio de Información de Salud de Puerto Rico', con el objetivo de establecer el *Puerto Rico Health Information Exchange* (PRHIE) bajo la supervisión del Programa Medicaid del Departamento de Salud. La legislación busca modernizar la infraestructura tecnológica para el intercambio de datos clínicos electrónicos, garantizando la interoperabilidad y el cumplimiento con normativas federales de privacidad y seguridad como HIPAA y HITECH. Además, deroga la Ley 40-2012, crea un Consejo Asesor multisectorial, define las responsabilidades del Coordinador del PRHIE y establece un marco de sanciones administrativas para asegurar la participación de los proveedores de servicios de salud.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba' (Ley Núm. 259 de 1946) con el objetivo de armonizar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico de 2012 y la Ley de Armas de 2020. La norma establece los criterios bajo los cuales el Tribunal de Primera Instancia puede suspender una sentencia de reclusión y otorgar libertad a prueba, detallando una lista extensa de excepciones para delitos graves que no cualifican para este beneficio, tales como asesinato, agresiones sexuales, corrupción pública, violaciones a la Ley de Armas, narcotráfico y delitos de tránsito que resulten en daño grave o muerte.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 103-2006, conocida como la 'Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico', con el propósito de fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Establece que las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales que realicen campañas publicitarias en televisión deben invertir al menos un cinco por ciento (5%) de su presupuesto publicitario en la contratación de servicios de WIPR. La ley define qué se considera información de interés público y establece excepciones para casos de urgencia, salud, falta de presupuesto específico o estrategias de difusión especializadas validadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la *Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores*, para fortalecer las protecciones legales de esta población. La reforma incluye el maltrato, daño o amenaza a los animales de compañía o mascotas de los adultos mayores como una modalidad de intimidación y maltrato. Además, se faculta a los tribunales para emitir órdenes de protección cuando se utilice el daño a los animales como medio de coerción, control o daño emocional contra la persona adulta mayor.

Esta ley, denominada como la 'Ley para la Atención del Estudiantado con Epilepsia en las Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico', tiene como objetivo principal garantizar un entorno educativo seguro y equitativo para estudiantes con diagnóstico de epilepsia. La legislación establece la obligatoriedad de crear un *Plan Escolar de Acción para Crisis Epiléptica* individualizado, la capacitación del personal escolar para el manejo de emergencias y la provisión de acomodos razonables. Además, prohíbe estrictamente el discrimen por razón de esta condición de salud, protege la confidencialidad de los datos médicos y define las responsabilidades civiles y administrativas de las instituciones y los padres o tutores, en armonía con el Código Civil de Puerto Rico y las leyes de educación especial.

Esta ley enmienda el Artículo 3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica'. El propósito principal es prohibir que cualquier persona convicta por el delito de agresión sexual (según tipificado en la misma ley) pueda beneficiarse de programas de desvío o libertad a prueba. La enmienda busca asegurar que la gravedad de la violencia sexual en el contexto de pareja no sea mitigada por alternativas procesales, reforzando la protección a las víctimas y la severidad del sistema de justicia penal.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para imponer al Secretario de Educación la obligación de integrar en el currículo del Programa de Salud Escolar actividades, proyectos y módulos sobre condiciones de salud crónicas y trastornos del desarrollo. El propósito es orientar a los estudiantes sobre cómo estas condiciones afectan el aprendizaje y fomentar la empatía, el apoyo y la inclusión de las personas que las padecen.

Esta ley enmienda la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley Núm. 154-2008) con el propósito de armonizar sus disposiciones y delitos con el sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica y establece sanciones para conductas como el abandono, maltrato agravado, peleas de animales, envenenamiento, transporte inadecuado y la práctica ilegal de eutanasia o cirugías cosméticas. Asimismo, regula la concesión de órdenes de protección para animales en contextos de violencia doméstica y establece requisitos de licenciamiento para criadores bajo la supervisión del Departamento de Salud.

Esta ley designa el 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”. Su propósito principal es fomentar la comunicación afectiva, el amor y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida. La ley establece como política pública el fortalecimiento del núcleo familiar y ordena al Departamento de la Familia, en coordinación con otras agencias, el desarrollo de planes educativos y campañas de orientación para promover estos valores en la sociedad puertorriqueña.

Esta ley establece la 'Ley de Reflexión y Meditación' para los empleados de las agencias, dependencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. Dispone un periodo voluntario de cinco minutos al inicio de la jornada laboral para que los servidores públicos reflexionen sobre valores como el respeto, la honradez y la transparencia. La ley asegura que este espacio sea de carácter no sectario y no político, integrándolo como parte de la jornada laboral compensada y prohibiendo cualquier tipo de penalización para quienes decidan no participar.

Esta ley enmienda el Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 y la Ley Uniforme de Valores con el propósito de extender el término de prescripción de la acción penal a diez (10) años en casos de fraude, lavado de dinero y apropiación ilegal agravada cuando la cuantía sea de $500,000 o más. La exposición de motivos destaca que la complejidad de los esquemas de fraude financiero y ocupacional requiere periodos de investigación y auditoría más extensos para su detección y procesamiento efectivo.

Esta ley enmienda el 'Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico' (Ley 2-2018) con el propósito de fortalecer el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Entre sus disposiciones principales, integra al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como miembro permanente del grupo y expande sus funciones estratégicas para incluir el diseño de políticas públicas preventivas, la evaluación de marcos jurídicos y el análisis de riesgos de corrupción basados en datos e investigaciones intersectoriales.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (*Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico*) con el propósito de prohibir que personas jurídicas extranjeras influyan económicamente en los procesos electorales de Puerto Rico. La enmienda define formalmente a las personas jurídicas extranjeras y les prohíbe, de forma directa o indirecta, realizar donativos, organizar comités de acción política o efectuar gastos independientes para financiar campañas políticas, delegando la supervisión de estas disposiciones a la Oficina del Contralor Electoral.

La Ley establece un marco normativo obligatorio para que todas las entidades gubernamentales y municipales notifiquen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico cualquier pérdida o irregularidad en el manejo de fondos y propiedad pública. La ley define los procedimientos de investigación administrativa, las responsabilidades de los funcionarios principales y oficiales de enlace, y establece mecanismos de sanción y coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para garantizar la transparencia y la protección de los bienes públicos.

Esta ley enmienda la 'Ley de Menores de Puerto Rico' y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores con el fin de fortalecer las garantías procesales de los menores de edad. La legislación establece como requisito obligatorio que cualquier interrogatorio realizado por agentes del orden público, así como la renuncia a derechos constitucionales por parte del menor, sea grabado íntegramente en audio y video para ser admisible como evidencia. Además, exige la presencia de padres, encargados o abogados durante dicho proceso, salvo excepciones muy limitadas por emergencias o seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra' (Ley Núm. 118 de 1974) con el objetivo de establecer términos claros para el proceso de reconsideración de solicitudes de libertad bajo palabra. Dispone que la Junta debe notificar sus decisiones en un plazo de 60 días tras la vista y establece un término de un año para que la población correccional pueda solicitar una nueva reconsideración tras una denegación, buscando agilizar los procesos administrativos y fomentar la rehabilitación y reinserción social.

Esta ley enmienda el Artículo 16.1 de la Ley 239-2004, conocida como la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004, con el propósito de fijar en tres (3) el número de integrantes del Comité de Supervisión. La medida busca uniformar la estructura organizacional de las cooperativas de tipos diversos con la de las cooperativas de ahorro y crédito, garantizando un funcionamiento óptimo y consistente en la fiscalización de estas entidades.

Esta ley enmienda la Ley 22-2021, conocida como la 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico', con el fin de ordenar la creación y publicación obligatoria de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda. El catálogo debe consolidar información sobre todos los servicios públicos disponibles, requisitos de elegibilidad y disponibilidad de intérpretes. Además, establece que la información debe ser accesible siguiendo estándares digitales (ADA y Sección 504) y requiere la coordinación entre la Oficina Enlace, PRITS y diversas agencias gubernamentales para su actualización bienal.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para añadir una sexta modalidad al Programa de Libre Selección de Escuelas. El propósito es permitir que las víctimas de violencia doméstica puedan matricular a sus dependientes en escuelas cercanas a su residencia o transferirlos a instituciones de su preferencia. Además, establece prioridad para estos estudiantes en la concesión de certificados del programa, garantiza la confidencialidad de sus datos y flexibiliza los requisitos de progreso académico considerando su situación particular.

Esta ley enmienda la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008) con el propósito de atender la crisis de escasez de médicos en Puerto Rico. La reforma agiliza los procesos de licenciamiento y recertificación permitiendo el trámite de documentos por medios electrónicos, elimina el requisito de bachillerato en ciencias o premédica para tomar la reválida, y facilita la obtención de licencias para médicos con credenciales federales que deseen establecerse en la isla. Además, fortalece la capacidad fiscalizadora de la Junta al facultar a sus abogados para intervenir en casos de impericia profesional y ajusta aspectos administrativos y de composición de la entidad.

Esta ley enmienda el Artículo 194 del Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012) con el objetivo de incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los elementos que configuran el delito de escalamiento. La reforma busca equiparar la intención de causar daños a la propiedad con la intención de apropiación ilegal al momento de una entrada no autorizada en una estructura, eliminando una disparidad normativa y fortaleciendo la protección de la propiedad y la seguridad ciudadana.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011) con el fin de realizar una enmienda técnica a la definición de 'ingreso bruto ganado'. La medida busca facilitar la implementación del Crédito por Trabajo (Earned Income Tax Credit) al clarificar los requisitos de documentación e informes (como comprobantes de retención y declaraciones informativas) necesarios para que los trabajadores y pensionados puedan reclamar este beneficio económico, en conformidad con las disposiciones federales del American Rescue Plan Act of 2021.

Esta ley enmienda la Ley 17-2017 (Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino) y la Ley Núm. 10 de 1970 (Ley de la Oficina de Turismo) con el propósito de integrar el turismo accesible e inclusivo en las estrategias oficiales de mercadeo de la Isla. La legislación faculta a la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino y a la Oficina de Turismo para desarrollar iniciativas que posicionen a Puerto Rico como un destino preparado para personas con diversidad funcional, fomentando la colaboración con el sector privado y organizaciones sin fines de lucro para mejorar la oferta turística y el desarrollo económico.

Esta ley enmienda la 'Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados', la 'Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico' y la 'Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico' con el fin de humanizar el trato de los restos fetales en pérdidas gestacionales ocurridas antes de las veinte (20) semanas. La normativa establece que, a solicitud de los padres, estos restos no serán considerados desperdicios biomédicos, permitiendo su entrega a funerarias para una disposición digna (sepultura o cremación). Además, faculta al Departamento de Salud para emitir certificados especiales de inscripción y desarrollar los protocolos administrativos necesarios para garantizar la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana en estos procesos.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para realizar ajustes técnicos y operacionales destinados a fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema electoral. Entre sus cambios principales se encuentran la creación de una nueva modalidad de voto adelantado presencial para personas de 50 años o más, la optimización de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mediante el balance institucional, y la regulación de herramientas tecnológicas como el Registro Electrónico de Electores (eRE) y el Sistema de Endosos (SIEN). También establece normas estrictas para el escrutinio general, la gestión de vacantes municipales y penalidades por la destrucción de propaganda política.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico con el propósito de extender a dieciséis (16) años el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad. La medida busca fortalecer la autonomía, estabilidad e independencia de criterio de estos funcionarios, equiparando sus términos de nombramiento con los de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el objetivo de endurecer las sanciones contra la venta y distribución de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y productos de tabaco a personas menores de veintiún (21) años. La normativa establece una multa administrativa de diez mil (10,000) dólares por cada incidente y la suspensión de la licencia para traficar cigarrillos por un periodo de doce (12) meses. Además, penaliza no solo la venta, sino también el intento de venta, la donación y la inducción o ayuda a menores para adquirir estos productos, reafirmando la política pública de salud y protección de menores frente a la adicción al tabaco.

Esta ley enmienda la 'Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico' (Ley 194-1979) con el objetivo de facilitar el proceso de licenciamiento para médicos, técnicos y tecnólogos veterinarios. La normativa aclara los requisitos para los exámenes de reválida, valida la elegibilidad de graduados de instituciones autorizadas por la Junta de Instituciones Postsecundarias (aunque no estén acreditadas por la AVMA en su origen) y establece la creación de licencias provisionales para que graduados puedan ejercer bajo supervisión directa mientras completan sus certificaciones, buscando así mitigar la escasez de profesionales de salud animal en la Isla.

Esta ley enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico con el propósito de uniformar el proceso de conversión de multas no pagadas en días de reclusión. La enmienda ajusta la cuantía de abono, estableciendo que cada día de reclusión equivaldrá a cincuenta dólares ($50) de la multa no satisfecha, eliminando la disparidad previa con el Código Penal. Además, integra salvaguardas para personas de escasos recursos conforme a la Ley para la Imposición de la Pena Especial.

Esta ley enmienda la 'Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico' (Ley 10-2017) para imponer al Director Ejecutivo la responsabilidad de establecer, actualizar y publicar de forma digital toda la información sobre programas, beneficios, servicios e instalaciones disponibles para adultos mayores. La normativa busca centralizar la información de agencias gubernamentales y entidades privadas en el portal cibernético de la Oficina, incluyendo además un listado actualizado de las comunidades especiales por distrito para mejorar la transparencia y el acceso a servicios esenciales para la población de edad avanzada.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, conocida como la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra, con el propósito principal de centralizar el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La legislación establece el marco regulatorio para la extracción de componentes de la corteza terrestre, define las facultades de fiscalización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, detalla los procedimientos para vistas públicas y revisión judicial, y estipula sanciones penales y administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para establecer que, para propósitos de los incisos (g) y (h) del Artículo 93, se considerará como 'ser humano' al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida busca armonizar el Código Penal con las disposiciones del Código Civil y fortalecer las protecciones establecidas en la Ley Keyshla Madlane.

Esta ley enmienda el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia para aclarar y flexibilizar los mecanismos de representación legal de las agencias de la Rama Ejecutiva ante foros administrativos. Permite que las agencias comparezcan mediante abogados empleados o contratados por servicios profesionales sin requerir dispensa previa, optimizando la gestión gubernamental, y actualiza las referencias normativas al Código Municipal de Puerto Rico.

Establece la 'Ley para la Protección Económica de Menores en la Monetización Digital', la cual obliga a los padres, tutores o encargados a reservar un porcentaje de los ingresos generados por la participación sustancial de menores en contenido digital monetizado en una cuenta o fideicomiso protegido. Asimismo, fija límites laborales y de exposición digital a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y otorga derechos a los menores al alcanzar la mayoría de edad para reclamar fondos no depositados y solicitar la eliminación del contenido.

Ley para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de ampliar las facultades de los municipios en el recogido, manejo, transportación y disposición de neumáticos desechados, permitiéndoles actuar como transportistas y facturar por dichos servicios al Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados.

Esta ley enmienda el Código Civil de Puerto Rico para aclarar que las instituciones de cuidado de salud responden de manera vicaria (y no objetiva) por los daños causados por su personal, empleados, médicos con privilegios y operadores de franquicias exclusivas de servicios de salud.

Ley que enmienda la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para ordenar la publicación en su portal digital de todos los proyectos tecnológicos activos bajo su jurisdicción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en el gobierno.

Ley que enmienda la Ley Núm. 17 de 1939 para eliminar el requisito de residencia de doce meses previo a solicitar admisión a la abogacía y la disposición de admisión sin examen, y crea la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ley que declara el 5 de mayo de cada año como el 'Día del Niño Dotado en Puerto Rico', con el propósito de sensibilizar sobre sus aportaciones, fortalecer su identificación temprana, promover programas educativos diferenciados y fomentar la colaboración inter agencial y familiar para su formación integral.

Ley para enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico con el propósito de uniformar sus disposiciones y referencias punitivas con el Código Penal de Puerto Rico de 2012, específicamente en lo relativo a las penalidades por hospitalización o tratamiento sin criterios clínicos y la institucionalización indebida.

Ley que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para regular la oferta y venta de pólizas de seguros para mascotas, estableciendo requisitos mínimos de divulgación al consumidor, definiciones de términos aplicables, reglas sobre condiciones preexistentes y periodos de espera, prácticas de mercadeo transparentes, y facultando al Comisionado de Seguros para su implantación y fiscalización.

Ley que enmienda la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales para permitir que los trabajadores que resulten victoriosos en sus reclamaciones contra patronos puedan recobrar las costas del litigio.

Ley para enmendar la Ley Núm. 54 de 1989 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica) con el propósito de atemperar sus disposiciones punitivas y delitos al sistema de penas de sentencia fija establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012.

Esta ley crea un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad para solares municipales ubicados en centros urbanos consolidados de Puerto Rico. Modifica el Código Municipal y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para permitir que los municipios inscriban estos predios como fincas nuevas e independientes, eximiéndolos del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) siempre que estén localizados dentro del área delimitada en el Plan de Ordenación Territorial, facilitando así la seguridad jurídica y el acceso al crédito para sus poseedores.

Ley para enmendar la Ley 76-2013, conocida como la "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", con el propósito de actualizar su nomenclatura, armonizar sus disposiciones con la legislación vigente en materia administrativa, de recursos humanos y derechos de los adultos mayores, y fortalecer las facultades investigativas, fiscalizadoras y cuasi-judiciales de la Oficina del Procurador.

Ley que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para crear el Cuerpo de Inspectores Voluntarios, con el propósito de fiscalizar y garantizar que las actividades deportivas y recreativas de menores se desarrollen en un ambiente seguro, saludable y libre de maltrato.

Ley que enmienda las Reglas 25.2 y 40.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 para incorporar los preceptos de la Ley Uniforme de Deposiciones y Descubrimiento Interestatal (UIDDA), estableciendo un mecanismo más eficiente y económico para la citación de testigos que se encuentran fuera de Puerto Rico pero en otra jurisdicción de los Estados Unidos.

Ley que enmienda la Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999 para disponer que las alertas de emergencia y seguridad pública publicadas en tableros de anuncios digitales permanezcan anunciándose por un período mínimo de setenta y dos (72) horas.

Ley que enmienda la Ley Núm. 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a las disposiciones del False Claims Act federal. La legislación aclara la intención legislativa de incluir como violaciones aquellas conductas que resulten en la evasión o disminución de obligaciones de pago o transferencia de propiedad al Gobierno, ampliando su alcance más allá de los programas de gobierno y contratos de servicio, y reforzando los mecanismos civiles para la protección del erario y la lucha contra el fraude.

Crea el "Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico" para estandarizar los protocolos de respuesta ante incendios, violencia, emergencias médicas, desastres naturales y otras situaciones de crisis en los planteles del Departamento de Educación, estableciendo además la obligación de ofrecer capacitación, realizar simulacros y colocar carteles informativos.

Crea la "Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público" para establecer un marco regulatorio uniforme entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, facilitando la ejecución de proyectos prioritarios y el uso de fondos federales bajo la supervisión del Negociado de Energía de Puerto Rico.

La ley establece la 'Ley para el Acceso Educativo y Cultural en Instituciones Penitenciarias', ordenando al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico identificar, catalogar y donar anualmente libros excedentes o descontinuados en buenas condiciones para uso exclusivo en las bibliotecas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el fin de fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas confinadas.

Ley para enmendar la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 con el fin de proteger bajo la doctrina del producto del trabajo (*work product*) los borradores de informes de personas peritas y las comunicaciones entre estos y los abogados.

Ley que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para aclarar que el Comisionado de la Policía Municipal es considerado un 'funcionario del orden público' según la Regla 11 de Procedimiento Criminal, incorporar el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado en el sistema uniforme de rangos, ajustar los términos mínimos para ascensos y traslados, y establecer disposiciones sobre el reembolso de costos de adiestramiento entre municipios.

Ley que enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender temporalmente la vigencia de marbetes y autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas a nivel federal, cuando por causas ajenas al propietario —como cierres gubernamentales o desastres— no se puedan renovar los certificados federales correspondientes.

Esta ley enmienda la Ley 18-2012, conocida como la “Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico”, con el propósito de incluir dentro de la definición de equipos electrónicos los equipos portátiles de energía solar renovable, sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento en batería, baterías de iones de litio de vehículos eléctricos y cargadores relacionados. Asimismo, incorpora correcciones técnicas para reflejar la consolidación de funciones en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tras el Plan de Reorganización de 2018 y establece directrices para su manejo, disposición y reciclaje.

Ley que enmienda la Ley Núm. 75 de 1987 (Ley Notarial de Puerto Rico) para rectificar la información requerida en la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles, eliminando la exigencia obligatoria de tasación profesional y planos de mensura para ciertas transacciones, y ajustando disposiciones técnicas y contributivas relacionadas con bienes raíces.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para establecer un derecho de prioridad a favor de los municipios en la adquisición de propiedades inmuebles que hayan sido rematadas por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) debido a deudas contributivas, permitiendo que los municipios las adquieran para fines públicos antes que otras agencias gubernamentales.

Esta ley enmienda la Ley de Tierras de Puerto Rico para modernizar los procedimientos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Permite que los miembros de la Junta participen en reuniones mediante videoconferencia o medios electrónicos y establece mecanismos para la toma de decisiones sin necesidad de reuniones presenciales, con el fin de fomentar la eficiencia administrativa de la corporación pública.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 57-2023 para establecer sanciones penales de delito grave (penas fijas de 2 y 3 años) para aquellas personas que, teniendo el deber legal de informar, incumplan con su obligación, impidan a otros informar o suministren información falsa en casos donde exista conocimiento o sospecha de abuso sexual contra un menor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 139-2011, conocida como la 'Ley del Derecho sobre la Propia Imagen', para actualizar la definición de 'imagen' e incluir explícitamente las representaciones generadas, clonadas o simuladas mediante Inteligencia Artificial Generativa, con el fin de proteger la identidad y los atributos personales frente al uso no autorizado en entornos digitales.

Esta ley establece la responsabilidad mancomunada entre aseguradoras, intermediarios y proveedores de salud en el proceso de coordinación de beneficios cuando un paciente posee más de un plan médico. Asimismo, faculta al Departamento de Salud y a la Oficina del Comisionado de Seguros para atender querellas administrativas relacionadas con la negativa o falta de cooperación en dicha coordinación, y ordena la creación de reglamentación específica y campañas educativas para garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos del paciente.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para incluir a personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de procesamiento sensorial (TPS) y otras condiciones de hipersensibilidad sensorial severa entre los grupos elegibles para obtener una exención médica que permita el uso de cristales de visión unidireccional o tintes en los vehículos de motor, facilitando así un entorno sensorial controlado para estos pacientes.

Esta ley designa oficialmente la Finca Gabia, ubicada en el municipio de Coamo, como 'Bosque Gabia', integrándola al Sistema de Bosques del Estado. Establece las directrices para su manejo, conservación y administración bajo la custodia de la Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, promoviendo la restauración ecológica, la investigación científica y la educación ambiental.

Esta ley establece un procedimiento especial para uniformar la titularidad de bienes inmuebles pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico cuando no se pueda identificar al titular o no exista documentación fehaciente. Faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para certificar la titularidad a favor del Estado e inmatricular dichas propiedades en el Registro de la Propiedad, permitiendo así su disposición a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).

Esta ley enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para establecer la jurisdicción primaria exclusiva del Tribunal de Primera Instancia en controversias de propiedad horizontal, creando Salas Especializadas de Adjudicación de Controversias de Condominios. Asimismo, impone requisitos de educación para agentes administradores, transfiere funciones administrativas municipales sobre áreas de reciclaje, establece un registro de condominios bajo el Departamento de Justicia y dicta disposiciones transitorias para la transferencia de querellas desde el DACO hacia el Poder Judicial.

Esta ley enmienda la Ley 209-2003, conocida como la 'Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico', con el propósito de actualizar las referencias legales a estatutos derogados por legislación vigente, ajustar el umbral monetario para la aprobación de contratos por parte de la Junta de Directores de $36,000 a $100,000, y realizar ajustes técnicos para mejorar la eficiencia administrativa y operativa del Instituto.

Esta ley enmienda el Artículo 250 del Código Penal de Puerto Rico para establecer como obligatoria la imposición de la pena de restitución en los casos de convicción por el delito de enriquecimiento ilícito cometido por funcionarios o empleados públicos.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas) y la Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico) para clarificar las prohibiciones y excepciones aplicables al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios durante el periodo eleccionario. Establece criterios específicos para los gastos de difusión pública y permite que los alcaldes reelectos realicen transacciones de personal tras recibir su certificación preliminar, buscando garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales y la transparencia en el uso de fondos públicos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 219-2012, conocida como la 'Ley de Fideicomisos de Puerto Rico', para modernizar el marco legal fiduciario. Entre sus cambios principales, reconoce expresamente el fideicomiso revocable, establece la responsabilidad mancomunada de los fiduciarios, faculta al Director de Inspección de Notarías para expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos y actualiza las referencias legales conforme al Código Civil de 2020, con el fin de fomentar la inversión y la certeza jurídica.

Esta ley enmienda la Ley 70-1992, conocida como la 'Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico', con el fin de facultar al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a reestructurar y flexibilizar el otorgamiento de asistencia económica, préstamos y líneas de crédito a entidades privadas y empresas comunitarias dedicadas a la industria del reciclaje, permitiendo que dichos fondos provengan de diversos programas disponibles en la institución financiera.

La Ley 151-2026 establece la creación de las 'Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico', adscritas a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La ley busca organizar y promover recorridos turísticos que integren actividades de aventura y deportes extremos en diversos municipios, fomentando el desarrollo económico mediante la coordinación intergubernamental para la rotulación, promoción y logística de transporte.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para autorizar a los municipios a celebrar vistas adjudicativas mediante videoconferencia como una modalidad alterna a la presencial, estableciendo criterios para su uso, salvaguardas para el debido proceso de ley y la obligación de reglamentar dichos procedimientos.

Esta ley declara el 21 de marzo de cada año como el 'Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza', con el propósito de reconocer y preservar la aportación cultural y el legado afrocaribeño de estas mujeres, facultando al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Municipio de Loíza a realizar actividades conmemorativas y educativas.

Esta ley enmienda la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía' para prohibir que se realicen descuentos o ajustes en la compensación anual de los policías retirados debido a los ingresos recibidos por concepto del Seguro Social federal, alineando la política pública local con los cambios recientes en la normativa federal.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 40-2020, conocida como la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía', para establecer el uso exclusivo de los recursos del Fideicomiso para fines de retiro. Prohíbe expresamente el uso de dichos fondos para el pago de obligaciones patronales ordinarias, tales como horas extras, licencias acumuladas, nómina o gastos operacionales, garantizando que estos recursos se destinen únicamente a mejorar la seguridad económica de los miembros de la Policía de Puerto Rico tras su retiro.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI' para obligar a las agencias gubernamentales y municipios a incluir una notificación expresa sobre el derecho de preferencia de los veteranos en todos los anuncios, edictos o convocatorias relacionados con la venta, arrendamiento o subsidios de vivienda. Asimismo, establece el destino de las multas administrativas por incumplimiento para financiar campañas educativas sobre los derechos de los veteranos.

Esta ley declara el mes de noviembre de cada año como el 'Mes de la Planificación en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor y las aportaciones de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla. Asimismo, faculta a la Junta de Planificación, a la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación para coordinar actividades y medidas que promuevan los objetivos de esta conmemoración.

Esta ley enmienda la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley Núm. 29-2009) para incluir como objeto de contratos de alianza la construcción, mantenimiento y operación de albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica, estableciendo además una composición específica para el Comité de Alianzas encargado de estos proyectos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 263-1998 para establecer que la beca para el pago de matrícula en instituciones públicas de educación superior, otorgada al cónyuge supérstite e hijos de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber, cubrirá el cien por ciento (100%) del costo de dicha matrícula.

Esta ley enmienda la Ley 36-2015, conocida como la 'Ley del Programa Contacto Verde', con el propósito de integrar la agricultura y la seguridad alimentaria como componentes fundamentales dentro del currículo educativo y las actividades de contacto con la naturaleza en el sistema de educación pública de Puerto Rico, estableciendo la coordinación entre el Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Esta ley enmienda diversas disposiciones legales para integrar a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 'Programa Experience' del Departamento de Seguridad Pública. El objetivo es fortalecer este programa educativo, preventivo y de reclutamiento para jóvenes de 15 a 18 años, estableciendo la obligación de colaboración interagencial y otorgando beneficios de puntuación a los participantes en procesos de reclutamiento futuros.

La Ley 138-2026 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer la figura del Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica en cada municipio. Esta ley busca fortalecer la respuesta local ante la violencia de género, obligando a los municipios a designar un funcionario capacitado para brindar apoyo, orientación y canalización de servicios a las víctimas, asegurando la coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Esta ley enmienda el Artículo 2.048 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para restablecer el requisito de que los solicitantes de empleo en el servicio público municipal no hayan sometido información falsa, incorrecta o engañosa en sus procesos de reclutamiento, corrigiendo una omisión técnica previa.

Esta ley enmienda el Artículo 619A del Código Civil de Puerto Rico de 2020 para clarificar el lenguaje y los criterios de adjudicación respecto al derecho de los abuelos y tíos a mantener relaciones con menores de edad, asegurando que el tribunal considere el interés óptimo del menor en casos de oposición por parte de los padres o tutores.

Esta ley enmienda la Ley 21-2021, conocida como la 'Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico', para fortalecer la política pública contra la difusión no consentida de material íntimo. La legislación tipifica como delito grave tanto la divulgación no autorizada de material explícito como la amenaza de realizar dicha acción, utilizando cualquier medio de comunicación electrónica o cibernética, independientemente de la relación entre las partes.

Esta ley declara el 14 de octubre de cada año como el 'Día de Concientización del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)' en Puerto Rico, ordenando al Departamento de Salud, a la ASSMCA, al Departamento de Educación y a los municipios a realizar actividades y campañas educativas para fomentar la detección temprana, reducir el estigma y mejorar el acceso a tratamientos para esta condición.

Esta ley enmienda el Artículo 6.14A de la Ley 22-2000, conocida como la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico', con el fin de aumentar la multa administrativa de cien (100) a quinientos (500) dólares por incumplir con la obligación de ceder el paso a vehículos de emergencia autorizados que emitan señales de alarma.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 113-2012 para actualizar y clarificar las definiciones de 'veterano' y 'veterano incapacitado del servicio', alineándolas con las normativas federales del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), con el fin de facilitar el acceso de veteranos dueños de pequeñas empresas a beneficios y oportunidades de contratación gubernamental.

Esta ley enmienda la Ley 20-2023 para establecer el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias como el 'Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño' y designa oficialmente al Municipio de Moca como la 'Capital del Mundillo Puertorriqueño', con el fin de promover la cultura, el turismo y el desarrollo económico artesanal.

La Ley 128-2026 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para ampliar las entidades gubernamentales donde los médicos cualificados pueden cumplir con su requisito de 180 horas anuales de servicio comunitario de manera remunerada. Se incluyen la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la ASSMCA y el Programa de Salud Correccional, con el fin de incentivar la retención de profesionales médicos en la isla.

Ley que declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Ortopedia y Traumatología en Puerto Rico', con el fin de promover la educación, prevención y concienciación sobre la salud musculoesquelética, estableciendo responsabilidades de coordinación para el Departamento de Salud y los municipios.

Esta ley deroga la Ley Núm. 12-2008, eliminando el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Establece una nueva política pública para la seguridad portuaria basada en análisis de riesgo y coordinación con agencias federales, con el objetivo de reducir costos operativos, eliminar burocracia innecesaria y mitigar el impacto económico en el consumidor final.

Esta ley enmienda la Ley 85-2018, conocida como la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', para reestructurar el Departamento de Educación. Establece una nueva jerarquía organizacional que incluye la creación de las posiciones de Subsecretario, Oficial Principal Financiero, Oficial Principal de Informática y Oficial Principal Académico, definiendo sus cualificaciones, deberes y mecanismos de coordinación interagencial, particularmente con PRITS en materia tecnológica.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para establecer la obligatoriedad de contar con al menos un terapeuta atlético en todos los torneos deportivos, competencias y escuelas especializadas en deporte, con el fin de garantizar la seguridad física de los atletas y prevenir lesiones.

Esta ley enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para modificar la definición de 'Parte de Arma de Fuego', establecer el requisito de licencia para adquirir dichas partes y tipificar como delito grave la posesión, portación o transporte de partes de armas de fuego sin la debida licencia.

Esta ley enmienda el Artículo 1343 del Código Civil de Puerto Rico para establecer que el requisito de que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles deban constar por escrito aplicará únicamente a aquellos cuyo término exceda los seis años, eliminando así una contradicción normativa y armonizando la disposición con la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 183-1998 para incluir a las víctimas de trata humana como elegibles para recibir compensación por parte de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, eliminando además el impedimento de compensación para aquellas víctimas que hayan incurrido en conducta delictiva como resultado directo de su condición de víctimas de trata.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 54 de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica', con el objetivo de fortalecer el marco legal, mejorar los mecanismos de procesamiento judicial, actualizar las definiciones de maltrato y violencia, e imponer penas más proporcionales y efectivas para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Ley que designa el 9 de marzo de cada año como el 'Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola' en Puerto Rico, con el propósito de reconocer y visibilizar la contribución de las mujeres en el sector agrícola, la agroindustria y la seguridad alimentaria de la Isla, fomentando actividades educativas y de concienciación.

Esta ley enmienda la Ley 73-2019, conocida como la 'Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019'. El propósito principal es definir el concepto de 'Licitador Participante' y establecer que el término para impugnar el rechazo de una oferta por entrega tardía comienza a contar desde la fecha del rechazo, evitando así dilaciones innecesarias en los procesos de contratación pública y adjudicación de subastas.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 81 de 1912 (Ley del Departamento de Salud) para facultar al Secretario de Salud a emitir licencias provisionales a profesionales de la salud y médicos durante estados de emergencia declarados por autoridades estatales o federales, permitiendo que profesionales con licencias activas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos brinden servicios en Puerto Rico mientras dure la emergencia.

La 'Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial' establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico de notificar a los ciudadanos cuando interactúan con sistemas de inteligencia artificial o automatizados, garantizando además el derecho del ciudadano a solicitar la intervención de un ser humano en la prestación de servicios públicos.

La 'Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales' establece mecanismos legales de naturaleza civil para combatir el maltrato, crueldad, abandono y abuso animal en Puerto Rico. La ley faculta a los tribunales a emitir órdenes de custodia provisional y permite a ciudadanos actuar como demandantes para proteger el bienestar de los animales, independientemente de los procesos penales existentes.

Esta ley deroga el Artículo 44 del Código Político de Puerto Rico de 1902 con el propósito de armonizar el ordenamiento jurídico con el principio de favorabilidad establecido en el Código Penal vigente (Ley 146-2012), eliminando disposiciones obsoletas sobre la persecución de delitos bajo leyes ya derogadas.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Concientización Sobre Leptospirosis' en Puerto Rico, estableciendo la política pública de prevención, educación y detección temprana de esta enfermedad. Asimismo, faculta al Departamento de Salud para coordinar esfuerzos interagenciales, municipales y comunitarios, incluyendo la creación de campañas educativas y la reglamentación necesaria para su implementación.

Esta ley designa la última semana de febrero de cada año como la 'Semana de los Future Farmers of America (FFA) en Puerto Rico' y establece días conmemorativos específicos dentro de dicha semana para reconocer a estudiantes, maestros, agricultores, ganaderos y profesionales del sector agrícola, con el fin de fomentar el liderazgo juvenil y la educación agrícola en la Isla.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para actualizar los mecanismos de supervisión financiera de las estructuras de control de compañías de seguros (holding companies). Incorpora estándares de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), incluyendo el Cálculo de Capital de Grupo y el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez, con el fin de fortalecer la fiscalización de la solvencia, proteger a los consumidores y mantener la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros.

Esta ley enmienda la Ley de Préstamos Personales Pequeños (Ley Núm. 106 de 1965) para revisar los requisitos de activos líquidos mínimos exigidos a los concesionarios, reducir barreras de entrada al mercado, fomentar la competencia y modernizar los estándares de divulgación de tasas de interés y costos asociados al crédito para proteger al consumidor.

Esta ley enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para permitir que los adultos mayores víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de obligaciones alimentarias, abandono o negligencia, puedan prestar su testimonio fuera de la sala del tribunal mediante sistemas de circuito cerrado, con el fin de proteger su bienestar emocional y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para prohibir que los operadores de apuestas recopilen o utilicen datos de los jugadores con el fin de manipular su comportamiento o predecir patrones de apuestas, promoviendo así el juego responsable y la protección de los datos personales de los usuarios frente a tecnologías como la inteligencia artificial.

Esta ley enmienda la 'Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras' (Ley 75-1995) para extender la vigencia de incentivos contributivos hasta el 31 de diciembre de 2030. Además, establece nuevos requisitos de orientación comunitaria para negocios beneficiarios, dispone capacitaciones para empleados públicos sobre la administración de estos incentivos y agiliza los procesos de otorgación de decretos de exención para fomentar el desarrollo económico y la rehabilitación urbana en la zona.

Esta ley enmienda la Ley 171-2014 para renombrar el 'Programa de Desarrollo Laboral' como 'Conexión Laboral', actualizar sus disposiciones conforme a la ley federal 'Workforce Innovation and Opportunity Act' (WIOA), y reconfigurar la 'Junta Estatal de Desarrollo Laboral'. Asimismo, ajusta el Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para atemperar sus funciones a estos cambios.

Esta ley enmienda la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas en Puerto Rico y el Código Electoral de 2020 para establecer la obligación de identificar claramente cualquier propaganda, anuncio o comunicado electoral que haya sido generado o alterado, parcial o totalmente, mediante el uso de Inteligencia Artificial, incluyendo la definición legal de dicho concepto y sanciones por el uso malicioso de imágenes o datos falsos en sistemas electrónicos de la Comisión Estatal de Elecciones.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos' para establecer un procedimiento formal de órdenes de protección, tipificar nuevos delitos de maltrato y negligencia contra personas con diversidad funcional, y definir las competencias judiciales y penalidades aplicables para garantizar su seguridad e integridad.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para establecer la obligatoriedad de incluir un enlace directo en el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico que permita el acceso al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, facilitando así el acceso ciudadano a esta información pública.

Esta ley enmienda la Ley 76-2006 para autorizar a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan sido admitidos a tomar el examen de reválida. La medida busca mitigar la escasez de estos profesionales en el sector de la salud, permitiéndoles ejercer bajo supervisión médica mientras completan su proceso de licenciamiento definitivo.

Esta ley prohíbe que las deudas por gastos médicos sean reportadas a las agencias de informes de crédito y limita las prácticas de las agencias de cobro al intentar recuperar dichas deudas, con el fin de proteger la privacidad y el historial crediticio de los consumidores frente a gastos de salud inesperados.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para realizar ajustes técnicos y administrativos. Entre sus disposiciones principales, fortalece los mecanismos para la declaración y manejo de estorbos públicos, flexibiliza procesos de contratación y planificación territorial, establece nuevas funciones para la Unidad de Auditoría Interna, aclara disposiciones sobre la composición de las Legislaturas Municipales y el proceso de sesiones, y atempera el cobro de patentes municipales sobre contratos municipales.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020) para establecer una licencia especial con paga de hasta cinco días laborables para empleados del Gobierno y municipios, permitiéndoles realizar funciones de apoyo en la Comisión Estatal de Elecciones durante los años electorales.

Esta ley enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales para permitir que, en casos de desahucio donde la parte demandada alegue la existencia de una comunidad de bienes por aportaciones realizadas al inmueble, se pueda presentar prueba sobre dichas aportaciones y solicitar que el procedimiento se tramite por la vía ordinaria en lugar de la sumaria.

Esta ley enmienda la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Sus objetivos principales son agilizar el tráfico jurídico y reducir costos procesales al eximir del procedimiento de *exequátur* a las sentencias de tribunales federales y estatales de los Estados Unidos cuando se presenten para acreditar el estado civil de los comparecientes en el Registro de la Propiedad. Además, la ley modifica los requisitos para el cargo de Registrador de la Propiedad, reduciendo la experiencia profesional necesaria a cinco años.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011) con el propósito de otorgar una exención contributiva a los intereses devengados por las obligaciones emitidas por el Patronato de Monumentos de San Juan. Esta medida busca incentivar la recaudación de fondos privados para la restauración, preservación y mantenimiento de la Catedral de San Juan y la Iglesia San José, ambas consideradas monumentos históricos de alto valor cultural para Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 43-1994, conocida como la 'Ley para Prohibir la Copia, Publicidad y Venta sin el Consentimiento del Dueño de Grabaciones y Actuaciones en Vivo', con el propósito de armonizar sus penas con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica como delito grave la reproducción, transporte, venta o publicidad no autorizada de grabaciones sonoras y audiovisuales, estableciendo términos de reclusión y multas que varían según la cantidad de material ilegal y la reincidencia del infractor.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la 'Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo', con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la Comisión Industrial de Puerto Rico. La enmienda establece un mecanismo de asignación automática del cuatro por ciento (4%) de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia la Comisión, buscando fortalecer su autonomía administrativa y asegurar la continuidad de sus funciones cuasi-judiciales en la adjudicación de reclamaciones laborales.

Esta ley deroga la Ley 212-2014, conocida como la 'Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo', con el propósito de eliminar el Comité Interagencial encargado de dicho proyecto. La medida responde a que el organismo ha permanecido inoperante desde el año 2015, buscando así reducir la burocracia, evitar la duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico, delegando la gestión de este patrimonio en entidades con competencia directa como el Municipio de Arroyo y la Compañía de Turismo.

Esta ley establece la 'Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL' en Puerto Rico. Su propósito principal es crear un sistema de alerta rápida y coordinación entre agencias gubernamentales para facilitar la búsqueda y captura de sospechosos que hayan amenazado, herido gravemente o asesinado a oficiales de la Policía de Puerto Rico, policías municipales o agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Asimismo, el plan se activa para la localización de oficiales desaparecidos en el cumplimiento de su deber. La ley define los criterios técnicos de activación, las responsabilidades del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en el uso de carteles electrónicos, y establece penalidades por la activación falsa de dicha alerta.

Esta ley enmienda la 'Ley de Explosivos de Puerto Rico' (Ley Núm. 134 de 1969) con el objetivo de armonizar sus disposiciones penales y delitos con el sistema de sentencias fijas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma actualiza las penas por el uso y posesión ilegal de explosivos o sustancias para fabricarlos, y establece los procedimientos de confiscación de bienes relacionados con dichas infracciones bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones.

Esta ley enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores (Ley 121-2019), el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y la Ley de la Judicatura para facultar a los jueces municipales y superiores a nombrar tutores temporales en situaciones de emergencia. El propósito principal es agilizar los mecanismos de protección para adultos mayores cuya seguridad, salud o patrimonio se encuentren en riesgo debido a accidentes o condiciones médicas, garantizando un procedimiento sumario y aclarando la competencia judicial para emitir dichas órdenes.

Esta ley crea la 'Ley para Promover y Establecer el Intercambio de Información de Salud de Puerto Rico', con el objetivo de establecer el *Puerto Rico Health Information Exchange* (PRHIE) bajo la supervisión del Programa Medicaid del Departamento de Salud. La legislación busca modernizar la infraestructura tecnológica para el intercambio de datos clínicos electrónicos, garantizando la interoperabilidad y el cumplimiento con normativas federales de privacidad y seguridad como HIPAA y HITECH. Además, deroga la Ley 40-2012, crea un Consejo Asesor multisectorial, define las responsabilidades del Coordinador del PRHIE y establece un marco de sanciones administrativas para asegurar la participación de los proveedores de servicios de salud.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba' (Ley Núm. 259 de 1946) con el objetivo de armonizar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico de 2012 y la Ley de Armas de 2020. La norma establece los criterios bajo los cuales el Tribunal de Primera Instancia puede suspender una sentencia de reclusión y otorgar libertad a prueba, detallando una lista extensa de excepciones para delitos graves que no cualifican para este beneficio, tales como asesinato, agresiones sexuales, corrupción pública, violaciones a la Ley de Armas, narcotráfico y delitos de tránsito que resulten en daño grave o muerte.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 103-2006, conocida como la 'Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico', con el propósito de fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Establece que las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales que realicen campañas publicitarias en televisión deben invertir al menos un cinco por ciento (5%) de su presupuesto publicitario en la contratación de servicios de WIPR. La ley define qué se considera información de interés público y establece excepciones para casos de urgencia, salud, falta de presupuesto específico o estrategias de difusión especializadas validadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la *Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores*, para fortalecer las protecciones legales de esta población. La reforma incluye el maltrato, daño o amenaza a los animales de compañía o mascotas de los adultos mayores como una modalidad de intimidación y maltrato. Además, se faculta a los tribunales para emitir órdenes de protección cuando se utilice el daño a los animales como medio de coerción, control o daño emocional contra la persona adulta mayor.

Esta ley, denominada como la 'Ley para la Atención del Estudiantado con Epilepsia en las Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico', tiene como objetivo principal garantizar un entorno educativo seguro y equitativo para estudiantes con diagnóstico de epilepsia. La legislación establece la obligatoriedad de crear un *Plan Escolar de Acción para Crisis Epiléptica* individualizado, la capacitación del personal escolar para el manejo de emergencias y la provisión de acomodos razonables. Además, prohíbe estrictamente el discrimen por razón de esta condición de salud, protege la confidencialidad de los datos médicos y define las responsabilidades civiles y administrativas de las instituciones y los padres o tutores, en armonía con el Código Civil de Puerto Rico y las leyes de educación especial.

Esta ley enmienda el Artículo 3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica'. El propósito principal es prohibir que cualquier persona convicta por el delito de agresión sexual (según tipificado en la misma ley) pueda beneficiarse de programas de desvío o libertad a prueba. La enmienda busca asegurar que la gravedad de la violencia sexual en el contexto de pareja no sea mitigada por alternativas procesales, reforzando la protección a las víctimas y la severidad del sistema de justicia penal.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para imponer al Secretario de Educación la obligación de integrar en el currículo del Programa de Salud Escolar actividades, proyectos y módulos sobre condiciones de salud crónicas y trastornos del desarrollo. El propósito es orientar a los estudiantes sobre cómo estas condiciones afectan el aprendizaje y fomentar la empatía, el apoyo y la inclusión de las personas que las padecen.

Esta ley enmienda la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley Núm. 154-2008) con el propósito de armonizar sus disposiciones y delitos con el sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico de 2012. La norma tipifica y establece sanciones para conductas como el abandono, maltrato agravado, peleas de animales, envenenamiento, transporte inadecuado y la práctica ilegal de eutanasia o cirugías cosméticas. Asimismo, regula la concesión de órdenes de protección para animales en contextos de violencia doméstica y establece requisitos de licenciamiento para criadores bajo la supervisión del Departamento de Salud.

Esta ley designa el 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”. Su propósito principal es fomentar la comunicación afectiva, el amor y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida. La ley establece como política pública el fortalecimiento del núcleo familiar y ordena al Departamento de la Familia, en coordinación con otras agencias, el desarrollo de planes educativos y campañas de orientación para promover estos valores en la sociedad puertorriqueña.

Esta ley establece la 'Ley de Reflexión y Meditación' para los empleados de las agencias, dependencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. Dispone un periodo voluntario de cinco minutos al inicio de la jornada laboral para que los servidores públicos reflexionen sobre valores como el respeto, la honradez y la transparencia. La ley asegura que este espacio sea de carácter no sectario y no político, integrándolo como parte de la jornada laboral compensada y prohibiendo cualquier tipo de penalización para quienes decidan no participar.

Esta ley enmienda el Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 y la Ley Uniforme de Valores con el propósito de extender el término de prescripción de la acción penal a diez (10) años en casos de fraude, lavado de dinero y apropiación ilegal agravada cuando la cuantía sea de $500,000 o más. La exposición de motivos destaca que la complejidad de los esquemas de fraude financiero y ocupacional requiere periodos de investigación y auditoría más extensos para su detección y procesamiento efectivo.

Esta ley enmienda el 'Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico' (Ley 2-2018) con el propósito de fortalecer el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Entre sus disposiciones principales, integra al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como miembro permanente del grupo y expande sus funciones estratégicas para incluir el diseño de políticas públicas preventivas, la evaluación de marcos jurídicos y el análisis de riesgos de corrupción basados en datos e investigaciones intersectoriales.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (*Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico*) con el propósito de prohibir que personas jurídicas extranjeras influyan económicamente en los procesos electorales de Puerto Rico. La enmienda define formalmente a las personas jurídicas extranjeras y les prohíbe, de forma directa o indirecta, realizar donativos, organizar comités de acción política o efectuar gastos independientes para financiar campañas políticas, delegando la supervisión de estas disposiciones a la Oficina del Contralor Electoral.

La Ley establece un marco normativo obligatorio para que todas las entidades gubernamentales y municipales notifiquen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico cualquier pérdida o irregularidad en el manejo de fondos y propiedad pública. La ley define los procedimientos de investigación administrativa, las responsabilidades de los funcionarios principales y oficiales de enlace, y establece mecanismos de sanción y coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para garantizar la transparencia y la protección de los bienes públicos.

Esta ley enmienda la 'Ley de Menores de Puerto Rico' y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores con el fin de fortalecer las garantías procesales de los menores de edad. La legislación establece como requisito obligatorio que cualquier interrogatorio realizado por agentes del orden público, así como la renuncia a derechos constitucionales por parte del menor, sea grabado íntegramente en audio y video para ser admisible como evidencia. Además, exige la presencia de padres, encargados o abogados durante dicho proceso, salvo excepciones muy limitadas por emergencias o seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra' (Ley Núm. 118 de 1974) con el objetivo de establecer términos claros para el proceso de reconsideración de solicitudes de libertad bajo palabra. Dispone que la Junta debe notificar sus decisiones en un plazo de 60 días tras la vista y establece un término de un año para que la población correccional pueda solicitar una nueva reconsideración tras una denegación, buscando agilizar los procesos administrativos y fomentar la rehabilitación y reinserción social.

Esta ley enmienda el Artículo 16.1 de la Ley 239-2004, conocida como la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004, con el propósito de fijar en tres (3) el número de integrantes del Comité de Supervisión. La medida busca uniformar la estructura organizacional de las cooperativas de tipos diversos con la de las cooperativas de ahorro y crédito, garantizando un funcionamiento óptimo y consistente en la fiscalización de estas entidades.

Esta ley enmienda la Ley 22-2021, conocida como la 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico', con el fin de ordenar la creación y publicación obligatoria de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda. El catálogo debe consolidar información sobre todos los servicios públicos disponibles, requisitos de elegibilidad y disponibilidad de intérpretes. Además, establece que la información debe ser accesible siguiendo estándares digitales (ADA y Sección 504) y requiere la coordinación entre la Oficina Enlace, PRITS y diversas agencias gubernamentales para su actualización bienal.

Esta ley enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para añadir una sexta modalidad al Programa de Libre Selección de Escuelas. El propósito es permitir que las víctimas de violencia doméstica puedan matricular a sus dependientes en escuelas cercanas a su residencia o transferirlos a instituciones de su preferencia. Además, establece prioridad para estos estudiantes en la concesión de certificados del programa, garantiza la confidencialidad de sus datos y flexibiliza los requisitos de progreso académico considerando su situación particular.

Esta ley enmienda la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008) con el propósito de atender la crisis de escasez de médicos en Puerto Rico. La reforma agiliza los procesos de licenciamiento y recertificación permitiendo el trámite de documentos por medios electrónicos, elimina el requisito de bachillerato en ciencias o premédica para tomar la reválida, y facilita la obtención de licencias para médicos con credenciales federales que deseen establecerse en la isla. Además, fortalece la capacidad fiscalizadora de la Junta al facultar a sus abogados para intervenir en casos de impericia profesional y ajusta aspectos administrativos y de composición de la entidad.

Esta ley enmienda el Artículo 194 del Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012) con el objetivo de incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los elementos que configuran el delito de escalamiento. La reforma busca equiparar la intención de causar daños a la propiedad con la intención de apropiación ilegal al momento de una entrada no autorizada en una estructura, eliminando una disparidad normativa y fortaleciendo la protección de la propiedad y la seguridad ciudadana.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011) con el fin de realizar una enmienda técnica a la definición de 'ingreso bruto ganado'. La medida busca facilitar la implementación del Crédito por Trabajo (Earned Income Tax Credit) al clarificar los requisitos de documentación e informes (como comprobantes de retención y declaraciones informativas) necesarios para que los trabajadores y pensionados puedan reclamar este beneficio económico, en conformidad con las disposiciones federales del American Rescue Plan Act of 2021.

Esta ley enmienda la Ley 17-2017 (Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino) y la Ley Núm. 10 de 1970 (Ley de la Oficina de Turismo) con el propósito de integrar el turismo accesible e inclusivo en las estrategias oficiales de mercadeo de la Isla. La legislación faculta a la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino y a la Oficina de Turismo para desarrollar iniciativas que posicionen a Puerto Rico como un destino preparado para personas con diversidad funcional, fomentando la colaboración con el sector privado y organizaciones sin fines de lucro para mejorar la oferta turística y el desarrollo económico.

Esta ley enmienda la 'Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados', la 'Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico' y la 'Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico' con el fin de humanizar el trato de los restos fetales en pérdidas gestacionales ocurridas antes de las veinte (20) semanas. La normativa establece que, a solicitud de los padres, estos restos no serán considerados desperdicios biomédicos, permitiendo su entrega a funerarias para una disposición digna (sepultura o cremación). Además, faculta al Departamento de Salud para emitir certificados especiales de inscripción y desarrollar los protocolos administrativos necesarios para garantizar la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana en estos procesos.

Esta ley enmienda el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para realizar ajustes técnicos y operacionales destinados a fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema electoral. Entre sus cambios principales se encuentran la creación de una nueva modalidad de voto adelantado presencial para personas de 50 años o más, la optimización de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mediante el balance institucional, y la regulación de herramientas tecnológicas como el Registro Electrónico de Electores (eRE) y el Sistema de Endosos (SIEN). También establece normas estrictas para el escrutinio general, la gestión de vacantes municipales y penalidades por la destrucción de propaganda política.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico con el propósito de extender a dieciséis (16) años el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad. La medida busca fortalecer la autonomía, estabilidad e independencia de criterio de estos funcionarios, equiparando sus términos de nombramiento con los de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones.

Esta ley enmienda el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el objetivo de endurecer las sanciones contra la venta y distribución de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y productos de tabaco a personas menores de veintiún (21) años. La normativa establece una multa administrativa de diez mil (10,000) dólares por cada incidente y la suspensión de la licencia para traficar cigarrillos por un periodo de doce (12) meses. Además, penaliza no solo la venta, sino también el intento de venta, la donación y la inducción o ayuda a menores para adquirir estos productos, reafirmando la política pública de salud y protección de menores frente a la adicción al tabaco.

Esta ley enmienda la 'Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico' (Ley 194-1979) con el objetivo de facilitar el proceso de licenciamiento para médicos, técnicos y tecnólogos veterinarios. La normativa aclara los requisitos para los exámenes de reválida, valida la elegibilidad de graduados de instituciones autorizadas por la Junta de Instituciones Postsecundarias (aunque no estén acreditadas por la AVMA en su origen) y establece la creación de licencias provisionales para que graduados puedan ejercer bajo supervisión directa mientras completan sus certificaciones, buscando así mitigar la escasez de profesionales de salud animal en la Isla.

Esta ley enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico con el propósito de uniformar el proceso de conversión de multas no pagadas en días de reclusión. La enmienda ajusta la cuantía de abono, estableciendo que cada día de reclusión equivaldrá a cincuenta dólares ($50) de la multa no satisfecha, eliminando la disparidad previa con el Código Penal. Además, integra salvaguardas para personas de escasos recursos conforme a la Ley para la Imposición de la Pena Especial.

Esta ley enmienda la 'Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico' (Ley 10-2017) para imponer al Director Ejecutivo la responsabilidad de establecer, actualizar y publicar de forma digital toda la información sobre programas, beneficios, servicios e instalaciones disponibles para adultos mayores. La normativa busca centralizar la información de agencias gubernamentales y entidades privadas en el portal cibernético de la Oficina, incluyendo además un listado actualizado de las comunidades especiales por distrito para mejorar la transparencia y el acceso a servicios esenciales para la población de edad avanzada.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, conocida como la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra, con el propósito principal de centralizar el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La legislación establece el marco regulatorio para la extracción de componentes de la corteza terrestre, define las facultades de fiscalización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, detalla los procedimientos para vistas públicas y revisión judicial, y estipula sanciones penales y administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para establecer que, para propósitos de los incisos (g) y (h) del Artículo 93, se considerará como 'ser humano' al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida busca armonizar el Código Penal con las disposiciones del Código Civil y fortalecer las protecciones establecidas en la Ley Keyshla Madlane.