Esta ley enmienda el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia para aclarar y flexibilizar los mecanismos de representación legal de las agencias de la Rama Ejecutiva ante foros administrativos. Permite que las agencias comparezcan mediante abogados empleados o contratados por servicios profesionales sin requerir dispensa previa, optimizando la gestión gubernamental, y actualiza las referencias normativas al Código Municipal de Puerto Rico.

Establece la 'Ley para la Protección Económica de Menores en la Monetización Digital', la cual obliga a los padres, tutores o encargados a reservar un porcentaje de los ingresos generados por la participación sustancial de menores en contenido digital monetizado en una cuenta o fideicomiso protegido. Asimismo, fija límites laborales y de exposición digital a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y otorga derechos a los menores al alcanzar la mayoría de edad para reclamar fondos no depositados y solicitar la eliminación del contenido.

Ley para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de ampliar las facultades de los municipios en el recogido, manejo, transportación y disposición de neumáticos desechados, permitiéndoles actuar como transportistas y facturar por dichos servicios al Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados.

Ley que enmienda la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para ordenar la publicación en su portal digital de todos los proyectos tecnológicos activos bajo su jurisdicción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en el gobierno.

Ley que enmienda la Ley Núm. 17 de 1939 para eliminar el requisito de residencia de doce meses previo a solicitar admisión a la abogacía y la disposición de admisión sin examen, y crea la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ley que declara el 5 de mayo de cada año como el 'Día del Niño Dotado en Puerto Rico', con el propósito de sensibilizar sobre sus aportaciones, fortalecer su identificación temprana, promover programas educativos diferenciados y fomentar la colaboración inter agencial y familiar para su formación integral.

Ley para enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico con el propósito de uniformar sus disposiciones y referencias punitivas con el Código Penal de Puerto Rico de 2012, específicamente en lo relativo a las penalidades por hospitalización o tratamiento sin criterios clínicos y la institucionalización indebida.

Ley que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para regular la oferta y venta de pólizas de seguros para mascotas, estableciendo requisitos mínimos de divulgación al consumidor, definiciones de términos aplicables, reglas sobre condiciones preexistentes y periodos de espera, prácticas de mercadeo transparentes, y facultando al Comisionado de Seguros para su implantación y fiscalización.

Ley que enmienda la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales para permitir que los trabajadores que resulten victoriosos en sus reclamaciones contra patronos puedan recobrar las costas del litigio.

Ley para enmendar el Artículo 473 de la Ley Núm. 55-2020, conocida como 'Código Civil de Puerto Rico', con el propósito de clarificar el mecanismo notarial aplicable para modificar acuerdos relacionados con la custodia, patria potestad, alimentos, relaciones filiales y hogar seguro establecidos en estipulaciones protocolizadas junto a la escritura pública de divorcio por consentimiento mutuo.

Esta ley crea un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad para solares municipales ubicados en centros urbanos consolidados de Puerto Rico. Modifica el Código Municipal y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para permitir que los municipios inscriban estos predios como fincas nuevas e independientes, eximiéndolos del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) siempre que estén localizados dentro del área delimitada en el Plan de Ordenación Territorial, facilitando así la seguridad jurídica y el acceso al crédito para sus poseedores.

Ley para enmendar la Ley 76-2013, conocida como la "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", con el propósito de actualizar su nomenclatura, armonizar sus disposiciones con la legislación vigente en materia administrativa, de recursos humanos y derechos de los adultos mayores, y fortalecer las facultades investigativas, fiscalizadoras y cuasi-judiciales de la Oficina del Procurador.

Ley que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para crear el Cuerpo de Inspectores Voluntarios, con el propósito de fiscalizar y garantizar que las actividades deportivas y recreativas de menores se desarrollen en un ambiente seguro, saludable y libre de maltrato.

Ley que enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y cumplimiento contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte en Puerto Rico. Establece la creación de un Registro de Cumplimiento de Entidades Deportivas, un Protocolo Uniforme de Prevención y Respuesta, un canal confidencial digital de denuncias y requisitos de acreditación a través del Departamento de Recreación y Deportes.

Ley que enmienda las Reglas 25.2 y 40.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 para incorporar los preceptos de la Ley Uniforme de Deposiciones y Descubrimiento Interestatal (UIDDA), estableciendo un mecanismo más eficiente y económico para la citación de testigos que se encuentran fuera de Puerto Rico pero en otra jurisdicción de los Estados Unidos.

Ley que enmienda la Ley Núm. 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a las disposiciones del False Claims Act federal. La legislación aclara la intención legislativa de incluir como violaciones aquellas conductas que resulten en la evasión o disminución de obligaciones de pago o transferencia de propiedad al Gobierno, ampliando su alcance más allá de los programas de gobierno y contratos de servicio, y reforzando los mecanismos civiles para la protección del erario y la lucha contra el fraude.

Crea el "Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico" para estandarizar los protocolos de respuesta ante incendios, violencia, emergencias médicas, desastres naturales y otras situaciones de crisis en los planteles del Departamento de Educación, estableciendo además la obligación de ofrecer capacitación, realizar simulacros y colocar carteles informativos.

Crea la "Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público" para establecer un marco regulatorio uniforme entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, facilitando la ejecución de proyectos prioritarios y el uso de fondos federales bajo la supervisión del Negociado de Energía de Puerto Rico.

Ley que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para aclarar que el Comisionado de la Policía Municipal es considerado un 'funcionario del orden público' según la Regla 11 de Procedimiento Criminal, incorporar el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado en el sistema uniforme de rangos, ajustar los términos mínimos para ascensos y traslados, y establecer disposiciones sobre el reembolso de costos de adiestramiento entre municipios.

Ley que enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender temporalmente la vigencia de marbetes y autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas a nivel federal, cuando por causas ajenas al propietario —como cierres gubernamentales o desastres— no se puedan renovar los certificados federales correspondientes.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para establecer un derecho de prioridad a favor de los municipios en la adquisición de propiedades inmuebles que hayan sido rematadas por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) debido a deudas contributivas, permitiendo que los municipios las adquieran para fines públicos antes que otras agencias gubernamentales.

La Ley 166-2026 establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la priorización de los establecimientos residenciales que brindan cuidado a menores bajo la supervisión del Departamento de la Familia en los planes de restablecimiento de servicios esenciales (energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones) tras una emergencia o desastre, equiparándolos con instalaciones críticas como hospitales.

Esta ley enmienda la Ley de Tierras de Puerto Rico para modernizar los procedimientos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Permite que los miembros de la Junta participen en reuniones mediante videoconferencia o medios electrónicos y establece mecanismos para la toma de decisiones sin necesidad de reuniones presenciales, con el fin de fomentar la eficiencia administrativa de la corporación pública.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 57-2023 para establecer sanciones penales de delito grave (penas fijas de 2 y 3 años) para aquellas personas que, teniendo el deber legal de informar, incumplan con su obligación, impidan a otros informar o suministren información falsa en casos donde exista conocimiento o sospecha de abuso sexual contra un menor.

Esta ley enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer la prevención y protección contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte. Establece definiciones claras, impone responsabilidad civil a los agresores y establece la responsabilidad institucional de las entidades deportivas cuando, conociendo o debiendo conocer conductas de acoso, no tomen medidas correctivas inmediatas.

Esta ley establece la responsabilidad mancomunada entre aseguradoras, intermediarios y proveedores de salud en el proceso de coordinación de beneficios cuando un paciente posee más de un plan médico. Asimismo, faculta al Departamento de Salud y a la Oficina del Comisionado de Seguros para atender querellas administrativas relacionadas con la negativa o falta de cooperación en dicha coordinación, y ordena la creación de reglamentación específica y campañas educativas para garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos del paciente.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para incluir a personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de procesamiento sensorial (TPS) y otras condiciones de hipersensibilidad sensorial severa entre los grupos elegibles para obtener una exención médica que permita el uso de cristales de visión unidireccional o tintes en los vehículos de motor, facilitando así un entorno sensorial controlado para estos pacientes.

Esta ley designa oficialmente la Finca Gabia, ubicada en el municipio de Coamo, como 'Bosque Gabia', integrándola al Sistema de Bosques del Estado. Establece las directrices para su manejo, conservación y administración bajo la custodia de la Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, promoviendo la restauración ecológica, la investigación científica y la educación ambiental.

Esta ley enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para establecer la jurisdicción primaria exclusiva del Tribunal de Primera Instancia en controversias de propiedad horizontal, creando Salas Especializadas de Adjudicación de Controversias de Condominios. Asimismo, impone requisitos de educación para agentes administradores, transfiere funciones administrativas municipales sobre áreas de reciclaje, establece un registro de condominios bajo el Departamento de Justicia y dicta disposiciones transitorias para la transferencia de querellas desde el DACO hacia el Poder Judicial.

Esta ley enmienda la Ley 209-2003, conocida como la 'Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico', con el propósito de actualizar las referencias legales a estatutos derogados por legislación vigente, ajustar el umbral monetario para la aprobación de contratos por parte de la Junta de Directores de $36,000 a $100,000, y realizar ajustes técnicos para mejorar la eficiencia administrativa y operativa del Instituto.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas) y la Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico) para clarificar las prohibiciones y excepciones aplicables al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios durante el periodo eleccionario. Establece criterios específicos para los gastos de difusión pública y permite que los alcaldes reelectos realicen transacciones de personal tras recibir su certificación preliminar, buscando garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales y la transparencia en el uso de fondos públicos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 219-2012, conocida como la 'Ley de Fideicomisos de Puerto Rico', para modernizar el marco legal fiduciario. Entre sus cambios principales, reconoce expresamente el fideicomiso revocable, establece la responsabilidad mancomunada de los fiduciarios, faculta al Director de Inspección de Notarías para expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos y actualiza las referencias legales conforme al Código Civil de 2020, con el fin de fomentar la inversión y la certeza jurídica.

La Ley 151-2026 establece la creación de las 'Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico', adscritas a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La ley busca organizar y promover recorridos turísticos que integren actividades de aventura y deportes extremos en diversos municipios, fomentando el desarrollo económico mediante la coordinación intergubernamental para la rotulación, promoción y logística de transporte.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para autorizar a los municipios a celebrar vistas adjudicativas mediante videoconferencia como una modalidad alterna a la presencial, estableciendo criterios para su uso, salvaguardas para el debido proceso de ley y la obligación de reglamentar dichos procedimientos.

Esta ley declara el 21 de marzo de cada año como el 'Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza', con el propósito de reconocer y preservar la aportación cultural y el legado afrocaribeño de estas mujeres, facultando al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Municipio de Loíza a realizar actividades conmemorativas y educativas.

Esta ley enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para establecer la obligatoriedad de que todas las agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales remitan sus informes estadísticos al Instituto en un plazo máximo de 60 días. La medida busca centralizar la información estadística en el Inventario de Estadísticas de Puerto Rico, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos, estableciendo además multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía' para prohibir que se realicen descuentos o ajustes en la compensación anual de los policías retirados debido a los ingresos recibidos por concepto del Seguro Social federal, alineando la política pública local con los cambios recientes en la normativa federal.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 40-2020, conocida como la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía', para establecer el uso exclusivo de los recursos del Fideicomiso para fines de retiro. Prohíbe expresamente el uso de dichos fondos para el pago de obligaciones patronales ordinarias, tales como horas extras, licencias acumuladas, nómina o gastos operacionales, garantizando que estos recursos se destinen únicamente a mejorar la seguridad económica de los miembros de la Policía de Puerto Rico tras su retiro.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI' para obligar a las agencias gubernamentales y municipios a incluir una notificación expresa sobre el derecho de preferencia de los veteranos en todos los anuncios, edictos o convocatorias relacionados con la venta, arrendamiento o subsidios de vivienda. Asimismo, establece el destino de las multas administrativas por incumplimiento para financiar campañas educativas sobre los derechos de los veteranos.

Esta ley declara el mes de noviembre de cada año como el 'Mes de la Planificación en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor y las aportaciones de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla. Asimismo, faculta a la Junta de Planificación, a la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación para coordinar actividades y medidas que promuevan los objetivos de esta conmemoración.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 263-1998 para establecer que la beca para el pago de matrícula en instituciones públicas de educación superior, otorgada al cónyuge supérstite e hijos de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber, cubrirá el cien por ciento (100%) del costo de dicha matrícula.

Esta ley enmienda la Ley 36-2015, conocida como la 'Ley del Programa Contacto Verde', con el propósito de integrar la agricultura y la seguridad alimentaria como componentes fundamentales dentro del currículo educativo y las actividades de contacto con la naturaleza en el sistema de educación pública de Puerto Rico, estableciendo la coordinación entre el Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Esta ley enmienda la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para integrar el tema del uso de la inteligencia artificial dentro de los programas de educación virtual para el público y los cursos de educación continua obligatorios para los servidores públicos, con el fin de mitigar riesgos de seguridad y promover un uso responsable de esta tecnología.

Esta ley enmienda diversas disposiciones legales para integrar a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 'Programa Experience' del Departamento de Seguridad Pública. El objetivo es fortalecer este programa educativo, preventivo y de reclutamiento para jóvenes de 15 a 18 años, estableciendo la obligación de colaboración interagencial y otorgando beneficios de puntuación a los participantes en procesos de reclutamiento futuros.

La Ley 138-2026 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer la figura del Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica en cada municipio. Esta ley busca fortalecer la respuesta local ante la violencia de género, obligando a los municipios a designar un funcionario capacitado para brindar apoyo, orientación y canalización de servicios a las víctimas, asegurando la coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Esta ley enmienda el Artículo 2.048 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para restablecer el requisito de que los solicitantes de empleo en el servicio público municipal no hayan sometido información falsa, incorrecta o engañosa en sus procesos de reclutamiento, corrigiendo una omisión técnica previa.

Esta ley enmienda el Artículo 619A del Código Civil de Puerto Rico de 2020 para clarificar el lenguaje y los criterios de adjudicación respecto al derecho de los abuelos y tíos a mantener relaciones con menores de edad, asegurando que el tribunal considere el interés óptimo del menor en casos de oposición por parte de los padres o tutores.

Esta ley enmienda la Ley 21-2021, conocida como la 'Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico', para fortalecer la política pública contra la difusión no consentida de material íntimo. La legislación tipifica como delito grave tanto la divulgación no autorizada de material explícito como la amenaza de realizar dicha acción, utilizando cualquier medio de comunicación electrónica o cibernética, independientemente de la relación entre las partes.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 113-2012 para actualizar y clarificar las definiciones de 'veterano' y 'veterano incapacitado del servicio', alineándolas con las normativas federales del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), con el fin de facilitar el acceso de veteranos dueños de pequeñas empresas a beneficios y oportunidades de contratación gubernamental.

Esta ley enmienda el Artículo 1327 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) para establecer que el contrato de préstamo se presume gratuito, eliminando la presunción de onerosidad y aclarando que los intereses solo se deben si han sido expresamente pactados entre las partes.

Esta ley enmienda el Artículo 1198 del Código Civil de Puerto Rico para establecer claramente que los términos de prescripción quedan suspendidos durante la minoridad de edad y mientras dure el estado de incapacidad de una persona, garantizando así la protección de sus derechos y reclamaciones legales.

Esta ley enmienda la Ley 20-2023 para establecer el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias como el 'Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño' y designa oficialmente al Municipio de Moca como la 'Capital del Mundillo Puertorriqueño', con el fin de promover la cultura, el turismo y el desarrollo económico artesanal.

La Ley 128-2026 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para ampliar las entidades gubernamentales donde los médicos cualificados pueden cumplir con su requisito de 180 horas anuales de servicio comunitario de manera remunerada. Se incluyen la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la ASSMCA y el Programa de Salud Correccional, con el fin de incentivar la retención de profesionales médicos en la isla.

Ley que declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Ortopedia y Traumatología en Puerto Rico', con el fin de promover la educación, prevención y concienciación sobre la salud musculoesquelética, estableciendo responsabilidades de coordinación para el Departamento de Salud y los municipios.

Esta ley deroga la Ley Núm. 12-2008, eliminando el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Establece una nueva política pública para la seguridad portuaria basada en análisis de riesgo y coordinación con agencias federales, con el objetivo de reducir costos operativos, eliminar burocracia innecesaria y mitigar el impacto económico en el consumidor final.

Esta ley enmienda la Ley 85-2018, conocida como la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', para reestructurar el Departamento de Educación. Establece una nueva jerarquía organizacional que incluye la creación de las posiciones de Subsecretario, Oficial Principal Financiero, Oficial Principal de Informática y Oficial Principal Académico, definiendo sus cualificaciones, deberes y mecanismos de coordinación interagencial, particularmente con PRITS en materia tecnológica.

Esta ley enmienda el Artículo 1343 del Código Civil de Puerto Rico para establecer que el requisito de que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles deban constar por escrito aplicará únicamente a aquellos cuyo término exceda los seis años, eliminando así una contradicción normativa y armonizando la disposición con la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 183-1998 para incluir a las víctimas de trata humana como elegibles para recibir compensación por parte de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, eliminando además el impedimento de compensación para aquellas víctimas que hayan incurrido en conducta delictiva como resultado directo de su condición de víctimas de trata.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 54 de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica', con el objetivo de fortalecer el marco legal, mejorar los mecanismos de procesamiento judicial, actualizar las definiciones de maltrato y violencia, e imponer penas más proporcionales y efectivas para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Esta ley deroga el Artículo 44 del Código Político de Puerto Rico de 1902 con el propósito de armonizar el ordenamiento jurídico con el principio de favorabilidad establecido en el Código Penal vigente (Ley 146-2012), eliminando disposiciones obsoletas sobre la persecución de delitos bajo leyes ya derogadas.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Concientización Sobre Leptospirosis' en Puerto Rico, estableciendo la política pública de prevención, educación y detección temprana de esta enfermedad. Asimismo, faculta al Departamento de Salud para coordinar esfuerzos interagenciales, municipales y comunitarios, incluyendo la creación de campañas educativas y la reglamentación necesaria para su implementación.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para actualizar los mecanismos de supervisión financiera de las estructuras de control de compañías de seguros (holding companies). Incorpora estándares de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), incluyendo el Cálculo de Capital de Grupo y el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez, con el fin de fortalecer la fiscalización de la solvencia, proteger a los consumidores y mantener la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros.

Esta ley enmienda la Ley de Préstamos Personales Pequeños (Ley Núm. 106 de 1965) para revisar los requisitos de activos líquidos mínimos exigidos a los concesionarios, reducir barreras de entrada al mercado, fomentar la competencia y modernizar los estándares de divulgación de tasas de interés y costos asociados al crédito para proteger al consumidor.

Esta ley enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para permitir que los adultos mayores víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de obligaciones alimentarias, abandono o negligencia, puedan prestar su testimonio fuera de la sala del tribunal mediante sistemas de circuito cerrado, con el fin de proteger su bienestar emocional y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos' para establecer un procedimiento formal de órdenes de protección, tipificar nuevos delitos de maltrato y negligencia contra personas con diversidad funcional, y definir las competencias judiciales y penalidades aplicables para garantizar su seguridad e integridad.

Esta ley enmienda la Ley 389-2004 para fortalecer el 'Programa de Oportunidades Financieras a Jóvenes Empresariales' adscrito al Banco de Desarrollo Económico. La medida busca facilitar el acceso al crédito y establecer un sistema de referidos y procesos expeditos para la obtención de permisos, licencias y certificaciones gubernamentales, con el fin de fomentar el desarrollo empresarial juvenil en Puerto Rico.

La Ley 102-2026 establece un mecanismo excepcional para el control poblacional de cerdos salvajes mediante la otorgación de permisos especiales de caza no deportiva a agricultores afectados. La ley ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales enmendar sus reglamentos para clasificar al cerdo salvaje como especie invasora y establece protocolos de manejo sanitario, disposición de restos y prohibiciones sobre el consumo o venta de estos animales para proteger la sostenibilidad alimentaria de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para establecer la obligatoriedad de incluir un enlace directo en el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico que permita el acceso al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, facilitando así el acceso ciudadano a esta información pública.

Esta ley enmienda la Ley 76-2006 para autorizar a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan sido admitidos a tomar el examen de reválida. La medida busca mitigar la escasez de estos profesionales en el sector de la salud, permitiéndoles ejercer bajo supervisión médica mientras completan su proceso de licenciamiento definitivo.

La Ley 99-2026 enmienda la Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad para incluir a la Rama Judicial y sus dependencias en la obligación de implementar sistemas de atención prioritaria para adultos mayores y personas con diversidad funcional en sus servicios administrativos y de atención al público no adjudicativos.

Esta ley enmienda la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Sus objetivos principales son agilizar el tráfico jurídico y reducir costos procesales al eximir del procedimiento de *exequátur* a las sentencias de tribunales federales y estatales de los Estados Unidos cuando se presenten para acreditar el estado civil de los comparecientes en el Registro de la Propiedad. Además, la ley modifica los requisitos para el cargo de Registrador de la Propiedad, reduciendo la experiencia profesional necesaria a cinco años.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la 'Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo', con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la Comisión Industrial de Puerto Rico. La enmienda establece un mecanismo de asignación automática del cuatro por ciento (4%) de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia la Comisión, buscando fortalecer su autonomía administrativa y asegurar la continuidad de sus funciones cuasi-judiciales en la adjudicación de reclamaciones laborales.

Esta ley deroga la Ley 212-2014, conocida como la 'Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo', con el propósito de eliminar el Comité Interagencial encargado de dicho proyecto. La medida responde a que el organismo ha permanecido inoperante desde el año 2015, buscando así reducir la burocracia, evitar la duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico, delegando la gestión de este patrimonio en entidades con competencia directa como el Municipio de Arroyo y la Compañía de Turismo.

Esta ley enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores (Ley 121-2019), el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y la Ley de la Judicatura para facultar a los jueces municipales y superiores a nombrar tutores temporales en situaciones de emergencia. El propósito principal es agilizar los mecanismos de protección para adultos mayores cuya seguridad, salud o patrimonio se encuentren en riesgo debido a accidentes o condiciones médicas, garantizando un procedimiento sumario y aclarando la competencia judicial para emitir dichas órdenes.

Esta ley establece la Ley para la Reorganización de las Subsidiarias y Afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). Su objetivo principal es disolver entidades gubernamentales inactivas (como la Autoridad de las Navieras, la Autoridad de Teléfonos y la Corporación para el Financiamiento Público) y reorganizar otras afiliadas bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). La legislación enmienda múltiples estatutos orgánicos relacionados con el financiamiento de la vivienda, infraestructura, facilidades médicas y educativas, y el Fideicomiso de los Niños, buscando optimizar la estructura administrativa y fiscal del Gobierno tras el cese de funciones operacionales del BGF.

Esta ley declara el 30 de junio de cada año como el 'Día de Concienciación sobre la Artrogriposis Múltiple Congénita en Puerto Rico', ordenando al Departamento de Salud la realización de actividades educativas y campañas de sensibilización sobre esta condición neuromuscular.

Esta ley enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009) y el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). Su propósito principal es establecer requisitos estrictos de legitimación activa para que personas privadas puedan presentar recursos extraordinarios (como *injunction*, *mandamus* o sentencia declaratoria) contra permisos de construcción, exigiendo la demostración de un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente. Además, regula la revocación de permisos obtenidos mediante información falsa, armoniza las disposiciones sobre ordenación territorial en suelos rústicos especialmente protegidos y establece la obligatoriedad de una fianza mínima del 10% del valor del proyecto para cualquier solicitud de paralización de obra.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 103-2006, conocida como la 'Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico', con el propósito de fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Establece que las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales que realicen campañas publicitarias en televisión deben invertir al menos un cinco por ciento (5%) de su presupuesto publicitario en la contratación de servicios de WIPR. La ley define qué se considera información de interés público y establece excepciones para casos de urgencia, salud, falta de presupuesto específico o estrategias de difusión especializadas validadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Esta ley enmienda la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico' y la 'Carta de Derechos de los Maestros del Sistema Público de Enseñanza' para establecer un término máximo de un (1) año natural a las medidas cautelares de aislamiento o traslado temporal de empleados del Departamento de Educación. El propósito principal es garantizar el derecho constitucional al debido proceso de ley, evitando que el personal docente permanezca en un limbo administrativo por tiempo indefinido durante procesos de investigación o disciplina.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la *Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores*, para fortalecer las protecciones legales de esta población. La reforma incluye el maltrato, daño o amenaza a los animales de compañía o mascotas de los adultos mayores como una modalidad de intimidación y maltrato. Además, se faculta a los tribunales para emitir órdenes de protección cuando se utilice el daño a los animales como medio de coerción, control o daño emocional contra la persona adulta mayor.

Esta ley declara el tercer domingo de febrero de cada año como el Día del Sombrero en Puerto Rico. Su propósito es exaltar la identidad cultural, las tradiciones y la artesanía puertorriqueña, tomando como referencia las festividades celebradas en el Municipio de Utuado. La ley ordena al Gobernador de Puerto Rico emitir una proclama anual para exhortar a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía a organizar y participar en actividades conmemorativas.

Ley que declara el 2 de abril de cada año como el 'Día de la Historia Deportiva Ponceña', ordenando al Gobernador la emisión de una proclama anual y facultando al Departamento de Recreación y Deportes y al Municipio de Ponce a realizar actividades conmemorativas en honor a la trayectoria deportiva de dicha ciudad.

Esta ley enmienda la Ley 1-2001 (*Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico*) con el fin de modernizar la estructura de gobernanza de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). La pieza legislativa elimina el antiguo Consejo Asesor para crear la Comisión Asesora Comunitaria y del Tercer Sector, integrando a líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Además, establece una Mesa Interagencial compuesta por diversos secretarios de agencias y representantes municipales para coordinar esfuerzos gubernamentales en beneficio de las comunidades vulnerables y promover su autogestión.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002' con el objetivo de fortalecer la solidez financiera de las nuevas cooperativas. La enmienda aumenta el capital accionario mínimo requerido para comenzar operaciones de cincuenta mil (50,000) a ciento cincuenta mil (150,000) dólares, buscando asegurar que estas entidades cuenten con una base económica adecuada para enfrentar los costos operacionales y regulatorios iniciales.

Esta ley enmienda la Ley 42-2023, conocida como la 'Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico'. El propósito principal de la enmienda es designar a la Administración de Sistemas de Retiro como la agencia líder en la creación del programa voluntario de ahorro para el retiro de empleados del sector privado, sustituyendo a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en esa función para evitar conflictos con su rol regulador. Además, ajusta la composición de los Grupos Especiales de Trabajo y establece requisitos presupuestarios y de informes para asegurar la implementación de proyectos de capacitación financiera dirigidos a la fuerza laboral.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el fin de expandir la jurisdicción y facultades de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). Entre los cambios principales, se le otorga autoridad para adjudicar reclamaciones relacionadas con el salario mínimo y solicitudes de acomodo razonable por motivos religiosos. Además, establece que los procesos se regirán por la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

Esta ley establece el 6 de febrero de cada año como el 'Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña', con el fin de reconocer y conmemorar las aportaciones y ejecutorias de las atletas puertorriqueñas. La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Departamento de Recreación y Deportes, en conjunto con otras entidades, a realizar actividades de promoción y celebración de esta fecha.

Esta ley designa el cuarto jueves de abril de cada año como el 'Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM' en Puerto Rico. Su propósito es establecer una política pública que fomente la participación equitativa de niñas y mujeres en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, promoviendo iniciativas educativas, mentorías y alianzas intersectoriales para reducir la brecha de género en estos campos.

Esta ley enmienda la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009) para establecer requisitos estrictos de transparencia y evitar conflictos de interés. Prohíbe que los contratistas de alianzas público-privadas subcontraten bienes o servicios a familiares, socios, ex socios, ex empleados o entidades relacionadas, salvo que se demuestre que es la opción más eficiente en términos de precio y servicio, con el fin de prevenir el nepotismo y proteger el erario público.

Esta ley designa el 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”. Su propósito principal es fomentar la comunicación afectiva, el amor y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida. La ley establece como política pública el fortalecimiento del núcleo familiar y ordena al Departamento de la Familia, en coordinación con otras agencias, el desarrollo de planes educativos y campañas de orientación para promover estos valores en la sociedad puertorriqueña.

Esta ley declara el mes de junio de cada año como el 'Mes para Promover la Donación de Sangre en Puerto Rico'. Su objetivo principal es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia crítica de la donación voluntaria de sangre y plasma para salvar vidas y mantener inventarios estables en el sistema de salud. La legislación ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Secretario de Estado para coordinar esfuerzos de divulgación junto al Departamento de Salud y los bancos de sangre de la isla.

Esta ley enmienda la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico' (Ley 22-2000) con el fin de incluir a los pacientes de lupus, en todas sus modalidades (sistémico, cutáneo o discoide), como personas elegibles para solicitar el rótulo removible que autoriza el uso de estacionamientos para personas con impedimentos. La medida reconoce el impacto de esta enfermedad autoinmune en la movilidad y la salud de los pacientes, particularmente su sensibilidad a la radiación solar.

Esta ley establece la Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos, con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas de delitos, testigos cooperadores y sus núcleos familiares para asegurar su participación en investigaciones y procesos judiciales. La ley crea un programa especializado bajo el Departamento de Justicia que se divide en dos secciones: el *Centro de Protección a Testigos Cooperadores* y el *Hogar de Víctimas de Delito*. Además, define las facultades administrativas del Secretario de Justicia, establece protocolos para la protección de menores y autoriza la coordinación interagencial y el uso de fondos federales y estatales para la operación de estos albergues.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 95 de 1963, conocida como la 'Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos', para realizar ajustes técnicos en la definición de 'empleado' y restituir la facultad del Departamento de Educación para negociar y contratar directamente planes de seguros médicos para sus funcionarios y empleados, incluyendo también al Departamento de Seguridad Pública en las disposiciones pertinentes.

Esta ley enmienda la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico para atemperar sus disposiciones a la Ley Núm. 67-1993, precisando las facultades del Departamento de Salud y de sus inspectores en la investigación de violaciones, el ejercicio de funciones de orden público, el manejo de sustancias controladas y los procedimientos de confiscación y destrucción de bienes.

Esta ley enmienda la Ley 6-2011 para establecer como requisito obligatorio que los entrenadores deportivos de menores de 18 años presenten resultados negativos en pruebas de detección de sustancias controladas para obtener o mantener su licencia. Asimismo, faculta al Departamento de Recreación y Deportes a realizar pruebas aleatorias periódicas y establece los parámetros reglamentarios para la implementación de estas medidas de seguridad.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para consolidar y fortalecer la política pública sobre la educación e información al ciudadano respecto a proyectos de infraestructura y mejoras en servicios básicos. Deroga la Ley 98-2002 y establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas de notificar y orientar a la ciudadanía sobre obras que afecten servicios esenciales, utilizando las plataformas digitales bajo la supervisión de la Puerto Rico Innovation and Technology Service.

Esta ley establece la 'Ley de Reflexión y Meditación' para los empleados de las agencias, dependencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. Dispone un periodo voluntario de cinco minutos al inicio de la jornada laboral para que los servidores públicos reflexionen sobre valores como el respeto, la honradez y la transparencia. La ley asegura que este espacio sea de carácter no sectario y no político, integrándolo como parte de la jornada laboral compensada y prohibiendo cualquier tipo de penalización para quienes decidan no participar.

Esta ley enmienda el 'Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico' (Ley 2-2018) con el propósito de fortalecer el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Entre sus disposiciones principales, integra al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como miembro permanente del grupo y expande sus funciones estratégicas para incluir el diseño de políticas públicas preventivas, la evaluación de marcos jurídicos y el análisis de riesgos de corrupción basados en datos e investigaciones intersectoriales.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (*Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico*) con el propósito de prohibir que personas jurídicas extranjeras influyan económicamente en los procesos electorales de Puerto Rico. La enmienda define formalmente a las personas jurídicas extranjeras y les prohíbe, de forma directa o indirecta, realizar donativos, organizar comités de acción política o efectuar gastos independientes para financiar campañas políticas, delegando la supervisión de estas disposiciones a la Oficina del Contralor Electoral.

La Ley establece un marco normativo obligatorio para que todas las entidades gubernamentales y municipales notifiquen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico cualquier pérdida o irregularidad en el manejo de fondos y propiedad pública. La ley define los procedimientos de investigación administrativa, las responsabilidades de los funcionarios principales y oficiales de enlace, y establece mecanismos de sanción y coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para garantizar la transparencia y la protección de los bienes públicos.

Esta ley enmienda la Ley 22-2021, conocida como la 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico', con el fin de ordenar la creación y publicación obligatoria de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda. El catálogo debe consolidar información sobre todos los servicios públicos disponibles, requisitos de elegibilidad y disponibilidad de intérpretes. Además, establece que la información debe ser accesible siguiendo estándares digitales (ADA y Sección 504) y requiere la coordinación entre la Oficina Enlace, PRITS y diversas agencias gubernamentales para su actualización bienal.

Esta ley enmienda la 'Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados', la 'Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico' y la 'Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico' con el fin de humanizar el trato de los restos fetales en pérdidas gestacionales ocurridas antes de las veinte (20) semanas. La normativa establece que, a solicitud de los padres, estos restos no serán considerados desperdicios biomédicos, permitiendo su entrega a funerarias para una disposición digna (sepultura o cremación). Además, faculta al Departamento de Salud para emitir certificados especiales de inscripción y desarrollar los protocolos administrativos necesarios para garantizar la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana en estos procesos.

Esta ley enmienda la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley 430-2000) para armonizar los límites permitidos de alcohol en la sangre con los establecidos en la Ley de Vehículos y Tránsito. Establece que los operadores de embarcaciones entre las edades de 18 a 20 años no podrán superar un nivel de alcohol de 0.02%, mientras que para mayores de 21 años el límite es de 0.08%. Asimismo, impone una política de cero tolerancia para empleados o funcionarios públicos que operen embarcaciones del Gobierno de Puerto Rico y detalla las presunciones legales en procesos criminales por embriaguez.

Esta ley enmienda el Artículo 10 de la Ley 148-2015, denominada como la 'Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico'. La enmienda tiene como objetivo principal elevar a la categoría de delito grave el incumplimiento de las órdenes de protección expedidas a favor de víctimas de agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual o incesto. Establece una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años para cualquier violación a sabiendas de dicha orden, buscando uniformar el nivel de protección penal con el que cuentan las víctimas de violencia doméstica bajo la Ley 54.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico con el propósito de extender a dieciséis (16) años el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad. La medida busca fortalecer la autonomía, estabilidad e independencia de criterio de estos funcionarios, equiparando sus términos de nombramiento con los de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones.

Esta ley enmienda la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico (Ley 60-2014) con el propósito de incluir a ciertos funcionarios del Negociado del Cuerpo de Bomberos entre las excepciones autorizadas para utilizar vehículos oficiales fuera de la jornada laboral. Los cargos exceptuados incluyen a los comisionados auxiliares, comandantes de zona, jefes de distrito y al director de transporte, fundamentado en la necesidad de su disponibilidad permanente para atender emergencias y garantizar la continuidad de las operaciones de seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta Silver' (Ley 132-2009) con el propósito de establecer un término obligatorio de seis (6) horas para la emisión de la alerta tras el reporte de desaparición o último avistamiento de una persona con Alzheimer o demencia. La enmienda busca eliminar la discrecionalidad de las autoridades y garantizar una respuesta rápida y uniforme por parte de la Policía de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Salud y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para proteger a esta población vulnerable.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para establecer que la suspensión de la licencia de conducir por un término de tres años, tras acumular tres infracciones por rebasar una luz roja, solo será aplicable si dichas faltas ocurren dentro del periodo de vigencia de la licencia del conductor. La medida busca asegurar que las sanciones administrativas sean proporcionales, razonables y justas dentro del marco de la seguridad vial.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para agilizar la respuesta de los ayuntamientos ante estados de emergencia. El cambio principal reduce de cinco días a veinticuatro (24) horas el término de notificación previa que un Alcalde debe dar a las corporaciones públicas (como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) antes de iniciar labores municipales para restablecer servicios críticos de electricidad o agua. Además, detalla los requisitos de información que debe contener dicha notificación y dispone la formalización de acuerdos colaborativos para asegurar el cumplimiento con los estándares de FEMA y la obtención de reembolsos federales.

Esta ley enmienda los artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 para establecer la obligatoriedad de notificar a la Oficina del Procurador del Veterano en los procedimientos de desahucio que involucren a veteranos. Asimismo, armoniza las disposiciones procesales para asegurar que tanto en la radicación de la demanda como en la sentencia de desalojo, se notifique a las oficinas correspondientes cuando se trate de veteranos, adultos mayores o personas con impedimentos, garantizando que estas poblaciones reciban la orientación y asistencia social necesaria para proteger su derecho a la vivienda.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948 con el objetivo de endurecer las penalidades contra la operación de juegos de azar clandestinos. La medida tipifica como delito grave la gestión o interés económico en salas de juego no autorizadas, imponiendo multas de hasta $25,000 y penas de reclusión. Además, busca mitigar problemas de salud pública como la ludopatía y proteger la industria turística y los ingresos del Estado provenientes de casinos regulados.

Esta ley enmienda la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico' (Ley 22-2000) con el objetivo de modernizar el proceso de notificación de multas de tránsito. Establece la obligatoriedad de notificar las infracciones a través de la aplicación móvil CESCO Digital o cualquier sistema digital autorizado por el DTOP. La ley detalla la información mínima que debe contener cada notificación (nombre, fecha, naturaleza de la infracción y cuantía), regula los términos de prescripción de las multas supeditados a la notificación efectiva y ajusta los procedimientos administrativos para el cobro y planes de pago mediante plataformas tecnológicas.

Esta ley establece el 14 de noviembre de cada año como el 'Día del Estudiante Legislador' en Puerto Rico, con el objetivo de fomentar la participación cívica, el liderazgo juvenil y el conocimiento del proceso legislativo en las instituciones educativas públicas y privadas.

La Ley 27-2026 establece un alivio financiero para nuevos clientes residenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), permitiéndoles prorratear el pago de los costos de acometida por un periodo de hasta seis meses. La medida enmienda la Ley Núm. 40 de 1945 para formalizar esta opción de pago como parte de la política pública de la corporación.

La Ley 26-2026 establece un marco normativo uniforme para la regulación de espacios sanitarios públicos en todas las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. La ley exige la designación de baños públicos de ocupación múltiple basados en el sexo biológico, prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros, y dispone la provisión de baños asistidos o familiares como acomodo razonable, estableciendo multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley designa el Frente Marítimo del Municipio Autónomo de Cataño, incluyendo el Malecón Edwin Rivera Sierra, como una 'Zona de Turismo Gastronómico'. La medida establece un marco de colaboración entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Cataño y diversas agencias gubernamentales para desarrollar planes de mercadeo, mejorar la infraestructura urbana, agilizar procesos de permisología y promover el desarrollo económico y cultural de la zona.

Esta ley declara el tercer domingo de mayo de cada año como el Día Nacional del Maratón de la Virgen del Pozo de Sabana Grande. El propósito de la medida es reconocer la importancia cultural, deportiva y religiosa de este evento, el cual es considerado la carrera pedestre más antigua de Puerto Rico (iniciada en 1954). La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta a la Compañía de Turismo, en coordinación con el Municipio de Sabana Grande, para promover el evento y sus valores sociales e históricos.

Esta ley enmienda la Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico para establecer criterios específicos que los tribunales deben considerar al evaluar una solicitud de descalificación de un abogado, con el fin de evitar el uso de estas mociones como tácticas dilatorias y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para establecer que, para propósitos de los incisos (g) y (h) del Artículo 93, se considerará como 'ser humano' al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida busca armonizar el Código Penal con las disposiciones del Código Civil y fortalecer las protecciones establecidas en la Ley Keyshla Madlane.

Esta ley enmienda el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia para aclarar y flexibilizar los mecanismos de representación legal de las agencias de la Rama Ejecutiva ante foros administrativos. Permite que las agencias comparezcan mediante abogados empleados o contratados por servicios profesionales sin requerir dispensa previa, optimizando la gestión gubernamental, y actualiza las referencias normativas al Código Municipal de Puerto Rico.

Establece la 'Ley para la Protección Económica de Menores en la Monetización Digital', la cual obliga a los padres, tutores o encargados a reservar un porcentaje de los ingresos generados por la participación sustancial de menores en contenido digital monetizado en una cuenta o fideicomiso protegido. Asimismo, fija límites laborales y de exposición digital a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y otorga derechos a los menores al alcanzar la mayoría de edad para reclamar fondos no depositados y solicitar la eliminación del contenido.

Ley para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de ampliar las facultades de los municipios en el recogido, manejo, transportación y disposición de neumáticos desechados, permitiéndoles actuar como transportistas y facturar por dichos servicios al Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados.

Ley que enmienda la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para ordenar la publicación en su portal digital de todos los proyectos tecnológicos activos bajo su jurisdicción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en el gobierno.

Ley que enmienda la Ley Núm. 17 de 1939 para eliminar el requisito de residencia de doce meses previo a solicitar admisión a la abogacía y la disposición de admisión sin examen, y crea la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ley que declara el 5 de mayo de cada año como el 'Día del Niño Dotado en Puerto Rico', con el propósito de sensibilizar sobre sus aportaciones, fortalecer su identificación temprana, promover programas educativos diferenciados y fomentar la colaboración inter agencial y familiar para su formación integral.

Ley para enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico con el propósito de uniformar sus disposiciones y referencias punitivas con el Código Penal de Puerto Rico de 2012, específicamente en lo relativo a las penalidades por hospitalización o tratamiento sin criterios clínicos y la institucionalización indebida.

Ley que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para regular la oferta y venta de pólizas de seguros para mascotas, estableciendo requisitos mínimos de divulgación al consumidor, definiciones de términos aplicables, reglas sobre condiciones preexistentes y periodos de espera, prácticas de mercadeo transparentes, y facultando al Comisionado de Seguros para su implantación y fiscalización.

Ley que enmienda la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales para permitir que los trabajadores que resulten victoriosos en sus reclamaciones contra patronos puedan recobrar las costas del litigio.

Ley para enmendar el Artículo 473 de la Ley Núm. 55-2020, conocida como 'Código Civil de Puerto Rico', con el propósito de clarificar el mecanismo notarial aplicable para modificar acuerdos relacionados con la custodia, patria potestad, alimentos, relaciones filiales y hogar seguro establecidos en estipulaciones protocolizadas junto a la escritura pública de divorcio por consentimiento mutuo.

Esta ley crea un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad para solares municipales ubicados en centros urbanos consolidados de Puerto Rico. Modifica el Código Municipal y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para permitir que los municipios inscriban estos predios como fincas nuevas e independientes, eximiéndolos del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) siempre que estén localizados dentro del área delimitada en el Plan de Ordenación Territorial, facilitando así la seguridad jurídica y el acceso al crédito para sus poseedores.

Ley para enmendar la Ley 76-2013, conocida como la "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", con el propósito de actualizar su nomenclatura, armonizar sus disposiciones con la legislación vigente en materia administrativa, de recursos humanos y derechos de los adultos mayores, y fortalecer las facultades investigativas, fiscalizadoras y cuasi-judiciales de la Oficina del Procurador.

Ley que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para crear el Cuerpo de Inspectores Voluntarios, con el propósito de fiscalizar y garantizar que las actividades deportivas y recreativas de menores se desarrollen en un ambiente seguro, saludable y libre de maltrato.

Ley que enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y cumplimiento contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte en Puerto Rico. Establece la creación de un Registro de Cumplimiento de Entidades Deportivas, un Protocolo Uniforme de Prevención y Respuesta, un canal confidencial digital de denuncias y requisitos de acreditación a través del Departamento de Recreación y Deportes.

Ley que enmienda las Reglas 25.2 y 40.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 para incorporar los preceptos de la Ley Uniforme de Deposiciones y Descubrimiento Interestatal (UIDDA), estableciendo un mecanismo más eficiente y económico para la citación de testigos que se encuentran fuera de Puerto Rico pero en otra jurisdicción de los Estados Unidos.

Ley que enmienda la Ley Núm. 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a las disposiciones del False Claims Act federal. La legislación aclara la intención legislativa de incluir como violaciones aquellas conductas que resulten en la evasión o disminución de obligaciones de pago o transferencia de propiedad al Gobierno, ampliando su alcance más allá de los programas de gobierno y contratos de servicio, y reforzando los mecanismos civiles para la protección del erario y la lucha contra el fraude.

Crea el "Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico" para estandarizar los protocolos de respuesta ante incendios, violencia, emergencias médicas, desastres naturales y otras situaciones de crisis en los planteles del Departamento de Educación, estableciendo además la obligación de ofrecer capacitación, realizar simulacros y colocar carteles informativos.

Crea la "Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público" para establecer un marco regulatorio uniforme entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, facilitando la ejecución de proyectos prioritarios y el uso de fondos federales bajo la supervisión del Negociado de Energía de Puerto Rico.

Ley que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para aclarar que el Comisionado de la Policía Municipal es considerado un 'funcionario del orden público' según la Regla 11 de Procedimiento Criminal, incorporar el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado en el sistema uniforme de rangos, ajustar los términos mínimos para ascensos y traslados, y establecer disposiciones sobre el reembolso de costos de adiestramiento entre municipios.

Ley que enmienda la "Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico" para facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a extender temporalmente la vigencia de marbetes y autorizaciones de navegación de embarcaciones documentadas a nivel federal, cuando por causas ajenas al propietario —como cierres gubernamentales o desastres— no se puedan renovar los certificados federales correspondientes.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para establecer un derecho de prioridad a favor de los municipios en la adquisición de propiedades inmuebles que hayan sido rematadas por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) debido a deudas contributivas, permitiendo que los municipios las adquieran para fines públicos antes que otras agencias gubernamentales.

La Ley 166-2026 establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la priorización de los establecimientos residenciales que brindan cuidado a menores bajo la supervisión del Departamento de la Familia en los planes de restablecimiento de servicios esenciales (energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones) tras una emergencia o desastre, equiparándolos con instalaciones críticas como hospitales.

Esta ley enmienda la Ley de Tierras de Puerto Rico para modernizar los procedimientos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Permite que los miembros de la Junta participen en reuniones mediante videoconferencia o medios electrónicos y establece mecanismos para la toma de decisiones sin necesidad de reuniones presenciales, con el fin de fomentar la eficiencia administrativa de la corporación pública.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 57-2023 para establecer sanciones penales de delito grave (penas fijas de 2 y 3 años) para aquellas personas que, teniendo el deber legal de informar, incumplan con su obligación, impidan a otros informar o suministren información falsa en casos donde exista conocimiento o sospecha de abuso sexual contra un menor.

Esta ley enmienda la Ley 133-2024 para fortalecer la prevención y protección contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte. Establece definiciones claras, impone responsabilidad civil a los agresores y establece la responsabilidad institucional de las entidades deportivas cuando, conociendo o debiendo conocer conductas de acoso, no tomen medidas correctivas inmediatas.

Esta ley establece la responsabilidad mancomunada entre aseguradoras, intermediarios y proveedores de salud en el proceso de coordinación de beneficios cuando un paciente posee más de un plan médico. Asimismo, faculta al Departamento de Salud y a la Oficina del Comisionado de Seguros para atender querellas administrativas relacionadas con la negativa o falta de cooperación en dicha coordinación, y ordena la creación de reglamentación específica y campañas educativas para garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos del paciente.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para incluir a personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de procesamiento sensorial (TPS) y otras condiciones de hipersensibilidad sensorial severa entre los grupos elegibles para obtener una exención médica que permita el uso de cristales de visión unidireccional o tintes en los vehículos de motor, facilitando así un entorno sensorial controlado para estos pacientes.

Esta ley designa oficialmente la Finca Gabia, ubicada en el municipio de Coamo, como 'Bosque Gabia', integrándola al Sistema de Bosques del Estado. Establece las directrices para su manejo, conservación y administración bajo la custodia de la Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, promoviendo la restauración ecológica, la investigación científica y la educación ambiental.

Esta ley enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para establecer la jurisdicción primaria exclusiva del Tribunal de Primera Instancia en controversias de propiedad horizontal, creando Salas Especializadas de Adjudicación de Controversias de Condominios. Asimismo, impone requisitos de educación para agentes administradores, transfiere funciones administrativas municipales sobre áreas de reciclaje, establece un registro de condominios bajo el Departamento de Justicia y dicta disposiciones transitorias para la transferencia de querellas desde el DACO hacia el Poder Judicial.

Esta ley enmienda la Ley 209-2003, conocida como la 'Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico', con el propósito de actualizar las referencias legales a estatutos derogados por legislación vigente, ajustar el umbral monetario para la aprobación de contratos por parte de la Junta de Directores de $36,000 a $100,000, y realizar ajustes técnicos para mejorar la eficiencia administrativa y operativa del Instituto.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas) y la Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico) para clarificar las prohibiciones y excepciones aplicables al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios durante el periodo eleccionario. Establece criterios específicos para los gastos de difusión pública y permite que los alcaldes reelectos realicen transacciones de personal tras recibir su certificación preliminar, buscando garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales y la transparencia en el uso de fondos públicos.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 219-2012, conocida como la 'Ley de Fideicomisos de Puerto Rico', para modernizar el marco legal fiduciario. Entre sus cambios principales, reconoce expresamente el fideicomiso revocable, establece la responsabilidad mancomunada de los fiduciarios, faculta al Director de Inspección de Notarías para expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos y actualiza las referencias legales conforme al Código Civil de 2020, con el fin de fomentar la inversión y la certeza jurídica.

La Ley 151-2026 establece la creación de las 'Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico', adscritas a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La ley busca organizar y promover recorridos turísticos que integren actividades de aventura y deportes extremos en diversos municipios, fomentando el desarrollo económico mediante la coordinación intergubernamental para la rotulación, promoción y logística de transporte.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para autorizar a los municipios a celebrar vistas adjudicativas mediante videoconferencia como una modalidad alterna a la presencial, estableciendo criterios para su uso, salvaguardas para el debido proceso de ley y la obligación de reglamentar dichos procedimientos.

Esta ley declara el 21 de marzo de cada año como el 'Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza', con el propósito de reconocer y preservar la aportación cultural y el legado afrocaribeño de estas mujeres, facultando al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Municipio de Loíza a realizar actividades conmemorativas y educativas.

Esta ley enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para establecer la obligatoriedad de que todas las agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales remitan sus informes estadísticos al Instituto en un plazo máximo de 60 días. La medida busca centralizar la información estadística en el Inventario de Estadísticas de Puerto Rico, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos, estableciendo además multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley enmienda la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía' para prohibir que se realicen descuentos o ajustes en la compensación anual de los policías retirados debido a los ingresos recibidos por concepto del Seguro Social federal, alineando la política pública local con los cambios recientes en la normativa federal.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 40-2020, conocida como la 'Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía', para establecer el uso exclusivo de los recursos del Fideicomiso para fines de retiro. Prohíbe expresamente el uso de dichos fondos para el pago de obligaciones patronales ordinarias, tales como horas extras, licencias acumuladas, nómina o gastos operacionales, garantizando que estos recursos se destinen únicamente a mejorar la seguridad económica de los miembros de la Policía de Puerto Rico tras su retiro.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI' para obligar a las agencias gubernamentales y municipios a incluir una notificación expresa sobre el derecho de preferencia de los veteranos en todos los anuncios, edictos o convocatorias relacionados con la venta, arrendamiento o subsidios de vivienda. Asimismo, establece el destino de las multas administrativas por incumplimiento para financiar campañas educativas sobre los derechos de los veteranos.

Esta ley declara el mes de noviembre de cada año como el 'Mes de la Planificación en Puerto Rico', con el propósito de reconocer la labor y las aportaciones de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla. Asimismo, faculta a la Junta de Planificación, a la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación para coordinar actividades y medidas que promuevan los objetivos de esta conmemoración.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 263-1998 para establecer que la beca para el pago de matrícula en instituciones públicas de educación superior, otorgada al cónyuge supérstite e hijos de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber, cubrirá el cien por ciento (100%) del costo de dicha matrícula.

Esta ley enmienda la Ley 36-2015, conocida como la 'Ley del Programa Contacto Verde', con el propósito de integrar la agricultura y la seguridad alimentaria como componentes fundamentales dentro del currículo educativo y las actividades de contacto con la naturaleza en el sistema de educación pública de Puerto Rico, estableciendo la coordinación entre el Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Esta ley enmienda la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para integrar el tema del uso de la inteligencia artificial dentro de los programas de educación virtual para el público y los cursos de educación continua obligatorios para los servidores públicos, con el fin de mitigar riesgos de seguridad y promover un uso responsable de esta tecnología.

Esta ley enmienda diversas disposiciones legales para integrar a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 'Programa Experience' del Departamento de Seguridad Pública. El objetivo es fortalecer este programa educativo, preventivo y de reclutamiento para jóvenes de 15 a 18 años, estableciendo la obligación de colaboración interagencial y otorgando beneficios de puntuación a los participantes en procesos de reclutamiento futuros.

La Ley 138-2026 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer la figura del Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica en cada municipio. Esta ley busca fortalecer la respuesta local ante la violencia de género, obligando a los municipios a designar un funcionario capacitado para brindar apoyo, orientación y canalización de servicios a las víctimas, asegurando la coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Esta ley enmienda el Artículo 2.048 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para restablecer el requisito de que los solicitantes de empleo en el servicio público municipal no hayan sometido información falsa, incorrecta o engañosa en sus procesos de reclutamiento, corrigiendo una omisión técnica previa.

Esta ley enmienda el Artículo 619A del Código Civil de Puerto Rico de 2020 para clarificar el lenguaje y los criterios de adjudicación respecto al derecho de los abuelos y tíos a mantener relaciones con menores de edad, asegurando que el tribunal considere el interés óptimo del menor en casos de oposición por parte de los padres o tutores.

Esta ley enmienda la Ley 21-2021, conocida como la 'Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico', para fortalecer la política pública contra la difusión no consentida de material íntimo. La legislación tipifica como delito grave tanto la divulgación no autorizada de material explícito como la amenaza de realizar dicha acción, utilizando cualquier medio de comunicación electrónica o cibernética, independientemente de la relación entre las partes.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 113-2012 para actualizar y clarificar las definiciones de 'veterano' y 'veterano incapacitado del servicio', alineándolas con las normativas federales del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), con el fin de facilitar el acceso de veteranos dueños de pequeñas empresas a beneficios y oportunidades de contratación gubernamental.

Esta ley enmienda el Artículo 1327 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) para establecer que el contrato de préstamo se presume gratuito, eliminando la presunción de onerosidad y aclarando que los intereses solo se deben si han sido expresamente pactados entre las partes.

Esta ley enmienda el Artículo 1198 del Código Civil de Puerto Rico para establecer claramente que los términos de prescripción quedan suspendidos durante la minoridad de edad y mientras dure el estado de incapacidad de una persona, garantizando así la protección de sus derechos y reclamaciones legales.

Esta ley enmienda la Ley 20-2023 para establecer el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias como el 'Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño' y designa oficialmente al Municipio de Moca como la 'Capital del Mundillo Puertorriqueño', con el fin de promover la cultura, el turismo y el desarrollo económico artesanal.

La Ley 128-2026 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para ampliar las entidades gubernamentales donde los médicos cualificados pueden cumplir con su requisito de 180 horas anuales de servicio comunitario de manera remunerada. Se incluyen la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la ASSMCA y el Programa de Salud Correccional, con el fin de incentivar la retención de profesionales médicos en la isla.

Ley que declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Ortopedia y Traumatología en Puerto Rico', con el fin de promover la educación, prevención y concienciación sobre la salud musculoesquelética, estableciendo responsabilidades de coordinación para el Departamento de Salud y los municipios.

Esta ley deroga la Ley Núm. 12-2008, eliminando el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Establece una nueva política pública para la seguridad portuaria basada en análisis de riesgo y coordinación con agencias federales, con el objetivo de reducir costos operativos, eliminar burocracia innecesaria y mitigar el impacto económico en el consumidor final.

Esta ley enmienda la Ley 85-2018, conocida como la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', para reestructurar el Departamento de Educación. Establece una nueva jerarquía organizacional que incluye la creación de las posiciones de Subsecretario, Oficial Principal Financiero, Oficial Principal de Informática y Oficial Principal Académico, definiendo sus cualificaciones, deberes y mecanismos de coordinación interagencial, particularmente con PRITS en materia tecnológica.

Esta ley enmienda el Artículo 1343 del Código Civil de Puerto Rico para establecer que el requisito de que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles deban constar por escrito aplicará únicamente a aquellos cuyo término exceda los seis años, eliminando así una contradicción normativa y armonizando la disposición con la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 183-1998 para incluir a las víctimas de trata humana como elegibles para recibir compensación por parte de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, eliminando además el impedimento de compensación para aquellas víctimas que hayan incurrido en conducta delictiva como resultado directo de su condición de víctimas de trata.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 54 de 1989, conocida como la 'Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica', con el objetivo de fortalecer el marco legal, mejorar los mecanismos de procesamiento judicial, actualizar las definiciones de maltrato y violencia, e imponer penas más proporcionales y efectivas para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Esta ley deroga el Artículo 44 del Código Político de Puerto Rico de 1902 con el propósito de armonizar el ordenamiento jurídico con el principio de favorabilidad establecido en el Código Penal vigente (Ley 146-2012), eliminando disposiciones obsoletas sobre la persecución de delitos bajo leyes ya derogadas.

Esta ley declara el mes de octubre de cada año como el 'Mes de la Concientización Sobre Leptospirosis' en Puerto Rico, estableciendo la política pública de prevención, educación y detección temprana de esta enfermedad. Asimismo, faculta al Departamento de Salud para coordinar esfuerzos interagenciales, municipales y comunitarios, incluyendo la creación de campañas educativas y la reglamentación necesaria para su implementación.

Esta ley enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para actualizar los mecanismos de supervisión financiera de las estructuras de control de compañías de seguros (holding companies). Incorpora estándares de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), incluyendo el Cálculo de Capital de Grupo y el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez, con el fin de fortalecer la fiscalización de la solvencia, proteger a los consumidores y mantener la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros.

Esta ley enmienda la Ley de Préstamos Personales Pequeños (Ley Núm. 106 de 1965) para revisar los requisitos de activos líquidos mínimos exigidos a los concesionarios, reducir barreras de entrada al mercado, fomentar la competencia y modernizar los estándares de divulgación de tasas de interés y costos asociados al crédito para proteger al consumidor.

Esta ley enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para permitir que los adultos mayores víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de obligaciones alimentarias, abandono o negligencia, puedan prestar su testimonio fuera de la sala del tribunal mediante sistemas de circuito cerrado, con el fin de proteger su bienestar emocional y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda la 'Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos' para establecer un procedimiento formal de órdenes de protección, tipificar nuevos delitos de maltrato y negligencia contra personas con diversidad funcional, y definir las competencias judiciales y penalidades aplicables para garantizar su seguridad e integridad.

Esta ley enmienda la Ley 389-2004 para fortalecer el 'Programa de Oportunidades Financieras a Jóvenes Empresariales' adscrito al Banco de Desarrollo Económico. La medida busca facilitar el acceso al crédito y establecer un sistema de referidos y procesos expeditos para la obtención de permisos, licencias y certificaciones gubernamentales, con el fin de fomentar el desarrollo empresarial juvenil en Puerto Rico.

La Ley 102-2026 establece un mecanismo excepcional para el control poblacional de cerdos salvajes mediante la otorgación de permisos especiales de caza no deportiva a agricultores afectados. La ley ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales enmendar sus reglamentos para clasificar al cerdo salvaje como especie invasora y establece protocolos de manejo sanitario, disposición de restos y prohibiciones sobre el consumo o venta de estos animales para proteger la sostenibilidad alimentaria de Puerto Rico.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para establecer la obligatoriedad de incluir un enlace directo en el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico que permita el acceso al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, facilitando así el acceso ciudadano a esta información pública.

Esta ley enmienda la Ley 76-2006 para autorizar a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan sido admitidos a tomar el examen de reválida. La medida busca mitigar la escasez de estos profesionales en el sector de la salud, permitiéndoles ejercer bajo supervisión médica mientras completan su proceso de licenciamiento definitivo.

La Ley 99-2026 enmienda la Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad para incluir a la Rama Judicial y sus dependencias en la obligación de implementar sistemas de atención prioritaria para adultos mayores y personas con diversidad funcional en sus servicios administrativos y de atención al público no adjudicativos.

Esta ley enmienda la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Sus objetivos principales son agilizar el tráfico jurídico y reducir costos procesales al eximir del procedimiento de *exequátur* a las sentencias de tribunales federales y estatales de los Estados Unidos cuando se presenten para acreditar el estado civil de los comparecientes en el Registro de la Propiedad. Además, la ley modifica los requisitos para el cargo de Registrador de la Propiedad, reduciendo la experiencia profesional necesaria a cinco años.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la 'Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo', con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la Comisión Industrial de Puerto Rico. La enmienda establece un mecanismo de asignación automática del cuatro por ciento (4%) de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia la Comisión, buscando fortalecer su autonomía administrativa y asegurar la continuidad de sus funciones cuasi-judiciales en la adjudicación de reclamaciones laborales.

Esta ley deroga la Ley 212-2014, conocida como la 'Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo', con el propósito de eliminar el Comité Interagencial encargado de dicho proyecto. La medida responde a que el organismo ha permanecido inoperante desde el año 2015, buscando así reducir la burocracia, evitar la duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico, delegando la gestión de este patrimonio en entidades con competencia directa como el Municipio de Arroyo y la Compañía de Turismo.

Esta ley enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores (Ley 121-2019), el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y la Ley de la Judicatura para facultar a los jueces municipales y superiores a nombrar tutores temporales en situaciones de emergencia. El propósito principal es agilizar los mecanismos de protección para adultos mayores cuya seguridad, salud o patrimonio se encuentren en riesgo debido a accidentes o condiciones médicas, garantizando un procedimiento sumario y aclarando la competencia judicial para emitir dichas órdenes.

Esta ley establece la Ley para la Reorganización de las Subsidiarias y Afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). Su objetivo principal es disolver entidades gubernamentales inactivas (como la Autoridad de las Navieras, la Autoridad de Teléfonos y la Corporación para el Financiamiento Público) y reorganizar otras afiliadas bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). La legislación enmienda múltiples estatutos orgánicos relacionados con el financiamiento de la vivienda, infraestructura, facilidades médicas y educativas, y el Fideicomiso de los Niños, buscando optimizar la estructura administrativa y fiscal del Gobierno tras el cese de funciones operacionales del BGF.

Esta ley declara el 30 de junio de cada año como el 'Día de Concienciación sobre la Artrogriposis Múltiple Congénita en Puerto Rico', ordenando al Departamento de Salud la realización de actividades educativas y campañas de sensibilización sobre esta condición neuromuscular.

Esta ley enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009) y el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). Su propósito principal es establecer requisitos estrictos de legitimación activa para que personas privadas puedan presentar recursos extraordinarios (como *injunction*, *mandamus* o sentencia declaratoria) contra permisos de construcción, exigiendo la demostración de un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente. Además, regula la revocación de permisos obtenidos mediante información falsa, armoniza las disposiciones sobre ordenación territorial en suelos rústicos especialmente protegidos y establece la obligatoriedad de una fianza mínima del 10% del valor del proyecto para cualquier solicitud de paralización de obra.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 103-2006, conocida como la 'Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico', con el propósito de fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Establece que las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales que realicen campañas publicitarias en televisión deben invertir al menos un cinco por ciento (5%) de su presupuesto publicitario en la contratación de servicios de WIPR. La ley define qué se considera información de interés público y establece excepciones para casos de urgencia, salud, falta de presupuesto específico o estrategias de difusión especializadas validadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Esta ley enmienda la 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico' y la 'Carta de Derechos de los Maestros del Sistema Público de Enseñanza' para establecer un término máximo de un (1) año natural a las medidas cautelares de aislamiento o traslado temporal de empleados del Departamento de Educación. El propósito principal es garantizar el derecho constitucional al debido proceso de ley, evitando que el personal docente permanezca en un limbo administrativo por tiempo indefinido durante procesos de investigación o disciplina.

Esta ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la *Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores*, para fortalecer las protecciones legales de esta población. La reforma incluye el maltrato, daño o amenaza a los animales de compañía o mascotas de los adultos mayores como una modalidad de intimidación y maltrato. Además, se faculta a los tribunales para emitir órdenes de protección cuando se utilice el daño a los animales como medio de coerción, control o daño emocional contra la persona adulta mayor.

Esta ley declara el tercer domingo de febrero de cada año como el Día del Sombrero en Puerto Rico. Su propósito es exaltar la identidad cultural, las tradiciones y la artesanía puertorriqueña, tomando como referencia las festividades celebradas en el Municipio de Utuado. La ley ordena al Gobernador de Puerto Rico emitir una proclama anual para exhortar a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía a organizar y participar en actividades conmemorativas.

Ley que declara el 2 de abril de cada año como el 'Día de la Historia Deportiva Ponceña', ordenando al Gobernador la emisión de una proclama anual y facultando al Departamento de Recreación y Deportes y al Municipio de Ponce a realizar actividades conmemorativas en honor a la trayectoria deportiva de dicha ciudad.

Esta ley enmienda la Ley 1-2001 (*Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico*) con el fin de modernizar la estructura de gobernanza de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). La pieza legislativa elimina el antiguo Consejo Asesor para crear la Comisión Asesora Comunitaria y del Tercer Sector, integrando a líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Además, establece una Mesa Interagencial compuesta por diversos secretarios de agencias y representantes municipales para coordinar esfuerzos gubernamentales en beneficio de las comunidades vulnerables y promover su autogestión.

Esta ley enmienda la 'Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002' con el objetivo de fortalecer la solidez financiera de las nuevas cooperativas. La enmienda aumenta el capital accionario mínimo requerido para comenzar operaciones de cincuenta mil (50,000) a ciento cincuenta mil (150,000) dólares, buscando asegurar que estas entidades cuenten con una base económica adecuada para enfrentar los costos operacionales y regulatorios iniciales.

Esta ley enmienda la Ley 42-2023, conocida como la 'Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico'. El propósito principal de la enmienda es designar a la Administración de Sistemas de Retiro como la agencia líder en la creación del programa voluntario de ahorro para el retiro de empleados del sector privado, sustituyendo a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en esa función para evitar conflictos con su rol regulador. Además, ajusta la composición de los Grupos Especiales de Trabajo y establece requisitos presupuestarios y de informes para asegurar la implementación de proyectos de capacitación financiera dirigidos a la fuerza laboral.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el fin de expandir la jurisdicción y facultades de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). Entre los cambios principales, se le otorga autoridad para adjudicar reclamaciones relacionadas con el salario mínimo y solicitudes de acomodo razonable por motivos religiosos. Además, establece que los procesos se regirán por la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

Esta ley establece el 6 de febrero de cada año como el 'Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña', con el fin de reconocer y conmemorar las aportaciones y ejecutorias de las atletas puertorriqueñas. La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Departamento de Recreación y Deportes, en conjunto con otras entidades, a realizar actividades de promoción y celebración de esta fecha.

Esta ley designa el cuarto jueves de abril de cada año como el 'Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM' en Puerto Rico. Su propósito es establecer una política pública que fomente la participación equitativa de niñas y mujeres en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, promoviendo iniciativas educativas, mentorías y alianzas intersectoriales para reducir la brecha de género en estos campos.

Esta ley enmienda la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009) para establecer requisitos estrictos de transparencia y evitar conflictos de interés. Prohíbe que los contratistas de alianzas público-privadas subcontraten bienes o servicios a familiares, socios, ex socios, ex empleados o entidades relacionadas, salvo que se demuestre que es la opción más eficiente en términos de precio y servicio, con el fin de prevenir el nepotismo y proteger el erario público.

Esta ley designa el 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”. Su propósito principal es fomentar la comunicación afectiva, el amor y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida. La ley establece como política pública el fortalecimiento del núcleo familiar y ordena al Departamento de la Familia, en coordinación con otras agencias, el desarrollo de planes educativos y campañas de orientación para promover estos valores en la sociedad puertorriqueña.

Esta ley declara el mes de junio de cada año como el 'Mes para Promover la Donación de Sangre en Puerto Rico'. Su objetivo principal es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia crítica de la donación voluntaria de sangre y plasma para salvar vidas y mantener inventarios estables en el sistema de salud. La legislación ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta al Secretario de Estado para coordinar esfuerzos de divulgación junto al Departamento de Salud y los bancos de sangre de la isla.

Esta ley enmienda la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico' (Ley 22-2000) con el fin de incluir a los pacientes de lupus, en todas sus modalidades (sistémico, cutáneo o discoide), como personas elegibles para solicitar el rótulo removible que autoriza el uso de estacionamientos para personas con impedimentos. La medida reconoce el impacto de esta enfermedad autoinmune en la movilidad y la salud de los pacientes, particularmente su sensibilidad a la radiación solar.

Esta ley establece la Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos, con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas de delitos, testigos cooperadores y sus núcleos familiares para asegurar su participación en investigaciones y procesos judiciales. La ley crea un programa especializado bajo el Departamento de Justicia que se divide en dos secciones: el *Centro de Protección a Testigos Cooperadores* y el *Hogar de Víctimas de Delito*. Además, define las facultades administrativas del Secretario de Justicia, establece protocolos para la protección de menores y autoriza la coordinación interagencial y el uso de fondos federales y estatales para la operación de estos albergues.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 95 de 1963, conocida como la 'Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos', para realizar ajustes técnicos en la definición de 'empleado' y restituir la facultad del Departamento de Educación para negociar y contratar directamente planes de seguros médicos para sus funcionarios y empleados, incluyendo también al Departamento de Seguridad Pública en las disposiciones pertinentes.

Esta ley enmienda la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico para atemperar sus disposiciones a la Ley Núm. 67-1993, precisando las facultades del Departamento de Salud y de sus inspectores en la investigación de violaciones, el ejercicio de funciones de orden público, el manejo de sustancias controladas y los procedimientos de confiscación y destrucción de bienes.

Esta ley enmienda la Ley 6-2011 para establecer como requisito obligatorio que los entrenadores deportivos de menores de 18 años presenten resultados negativos en pruebas de detección de sustancias controladas para obtener o mantener su licencia. Asimismo, faculta al Departamento de Recreación y Deportes a realizar pruebas aleatorias periódicas y establece los parámetros reglamentarios para la implementación de estas medidas de seguridad.

Esta ley enmienda la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para consolidar y fortalecer la política pública sobre la educación e información al ciudadano respecto a proyectos de infraestructura y mejoras en servicios básicos. Deroga la Ley 98-2002 y establece la obligación de las agencias y corporaciones públicas de notificar y orientar a la ciudadanía sobre obras que afecten servicios esenciales, utilizando las plataformas digitales bajo la supervisión de la Puerto Rico Innovation and Technology Service.

Esta ley establece la 'Ley de Reflexión y Meditación' para los empleados de las agencias, dependencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. Dispone un periodo voluntario de cinco minutos al inicio de la jornada laboral para que los servidores públicos reflexionen sobre valores como el respeto, la honradez y la transparencia. La ley asegura que este espacio sea de carácter no sectario y no político, integrándolo como parte de la jornada laboral compensada y prohibiendo cualquier tipo de penalización para quienes decidan no participar.

Esta ley enmienda el 'Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico' (Ley 2-2018) con el propósito de fortalecer el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Entre sus disposiciones principales, integra al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como miembro permanente del grupo y expande sus funciones estratégicas para incluir el diseño de políticas públicas preventivas, la evaluación de marcos jurídicos y el análisis de riesgos de corrupción basados en datos e investigaciones intersectoriales.

Esta ley enmienda la Ley 222-2011 (*Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico*) con el propósito de prohibir que personas jurídicas extranjeras influyan económicamente en los procesos electorales de Puerto Rico. La enmienda define formalmente a las personas jurídicas extranjeras y les prohíbe, de forma directa o indirecta, realizar donativos, organizar comités de acción política o efectuar gastos independientes para financiar campañas políticas, delegando la supervisión de estas disposiciones a la Oficina del Contralor Electoral.

La Ley establece un marco normativo obligatorio para que todas las entidades gubernamentales y municipales notifiquen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico cualquier pérdida o irregularidad en el manejo de fondos y propiedad pública. La ley define los procedimientos de investigación administrativa, las responsabilidades de los funcionarios principales y oficiales de enlace, y establece mecanismos de sanción y coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para garantizar la transparencia y la protección de los bienes públicos.

Esta ley enmienda la Ley 22-2021, conocida como la 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico', con el fin de ordenar la creación y publicación obligatoria de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda. El catálogo debe consolidar información sobre todos los servicios públicos disponibles, requisitos de elegibilidad y disponibilidad de intérpretes. Además, establece que la información debe ser accesible siguiendo estándares digitales (ADA y Sección 504) y requiere la coordinación entre la Oficina Enlace, PRITS y diversas agencias gubernamentales para su actualización bienal.

Esta ley enmienda la 'Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados', la 'Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico' y la 'Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico' con el fin de humanizar el trato de los restos fetales en pérdidas gestacionales ocurridas antes de las veinte (20) semanas. La normativa establece que, a solicitud de los padres, estos restos no serán considerados desperdicios biomédicos, permitiendo su entrega a funerarias para una disposición digna (sepultura o cremación). Además, faculta al Departamento de Salud para emitir certificados especiales de inscripción y desarrollar los protocolos administrativos necesarios para garantizar la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana en estos procesos.

Esta ley enmienda la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley 430-2000) para armonizar los límites permitidos de alcohol en la sangre con los establecidos en la Ley de Vehículos y Tránsito. Establece que los operadores de embarcaciones entre las edades de 18 a 20 años no podrán superar un nivel de alcohol de 0.02%, mientras que para mayores de 21 años el límite es de 0.08%. Asimismo, impone una política de cero tolerancia para empleados o funcionarios públicos que operen embarcaciones del Gobierno de Puerto Rico y detalla las presunciones legales en procesos criminales por embriaguez.

Esta ley enmienda el Artículo 10 de la Ley 148-2015, denominada como la 'Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico'. La enmienda tiene como objetivo principal elevar a la categoría de delito grave el incumplimiento de las órdenes de protección expedidas a favor de víctimas de agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual o incesto. Establece una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años para cualquier violación a sabiendas de dicha orden, buscando uniformar el nivel de protección penal con el que cuentan las víctimas de violencia doméstica bajo la Ley 54.

Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico con el propósito de extender a dieciséis (16) años el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad. La medida busca fortalecer la autonomía, estabilidad e independencia de criterio de estos funcionarios, equiparando sus términos de nombramiento con los de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones.

Esta ley enmienda la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico (Ley 60-2014) con el propósito de incluir a ciertos funcionarios del Negociado del Cuerpo de Bomberos entre las excepciones autorizadas para utilizar vehículos oficiales fuera de la jornada laboral. Los cargos exceptuados incluyen a los comisionados auxiliares, comandantes de zona, jefes de distrito y al director de transporte, fundamentado en la necesidad de su disponibilidad permanente para atender emergencias y garantizar la continuidad de las operaciones de seguridad pública.

Esta ley enmienda la 'Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta Silver' (Ley 132-2009) con el propósito de establecer un término obligatorio de seis (6) horas para la emisión de la alerta tras el reporte de desaparición o último avistamiento de una persona con Alzheimer o demencia. La enmienda busca eliminar la discrecionalidad de las autoridades y garantizar una respuesta rápida y uniforme por parte de la Policía de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Salud y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para proteger a esta población vulnerable.

Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para establecer que la suspensión de la licencia de conducir por un término de tres años, tras acumular tres infracciones por rebasar una luz roja, solo será aplicable si dichas faltas ocurren dentro del periodo de vigencia de la licencia del conductor. La medida busca asegurar que las sanciones administrativas sean proporcionales, razonables y justas dentro del marco de la seguridad vial.

Esta ley enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para agilizar la respuesta de los ayuntamientos ante estados de emergencia. El cambio principal reduce de cinco días a veinticuatro (24) horas el término de notificación previa que un Alcalde debe dar a las corporaciones públicas (como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) antes de iniciar labores municipales para restablecer servicios críticos de electricidad o agua. Además, detalla los requisitos de información que debe contener dicha notificación y dispone la formalización de acuerdos colaborativos para asegurar el cumplimiento con los estándares de FEMA y la obtención de reembolsos federales.

Esta ley enmienda los artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 para establecer la obligatoriedad de notificar a la Oficina del Procurador del Veterano en los procedimientos de desahucio que involucren a veteranos. Asimismo, armoniza las disposiciones procesales para asegurar que tanto en la radicación de la demanda como en la sentencia de desalojo, se notifique a las oficinas correspondientes cuando se trate de veteranos, adultos mayores o personas con impedimentos, garantizando que estas poblaciones reciban la orientación y asistencia social necesaria para proteger su derecho a la vivienda.

Esta ley enmienda la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948 con el objetivo de endurecer las penalidades contra la operación de juegos de azar clandestinos. La medida tipifica como delito grave la gestión o interés económico en salas de juego no autorizadas, imponiendo multas de hasta $25,000 y penas de reclusión. Además, busca mitigar problemas de salud pública como la ludopatía y proteger la industria turística y los ingresos del Estado provenientes de casinos regulados.

Esta ley enmienda la 'Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico' (Ley 22-2000) con el objetivo de modernizar el proceso de notificación de multas de tránsito. Establece la obligatoriedad de notificar las infracciones a través de la aplicación móvil CESCO Digital o cualquier sistema digital autorizado por el DTOP. La ley detalla la información mínima que debe contener cada notificación (nombre, fecha, naturaleza de la infracción y cuantía), regula los términos de prescripción de las multas supeditados a la notificación efectiva y ajusta los procedimientos administrativos para el cobro y planes de pago mediante plataformas tecnológicas.

Esta ley establece el 14 de noviembre de cada año como el 'Día del Estudiante Legislador' en Puerto Rico, con el objetivo de fomentar la participación cívica, el liderazgo juvenil y el conocimiento del proceso legislativo en las instituciones educativas públicas y privadas.

La Ley 27-2026 establece un alivio financiero para nuevos clientes residenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), permitiéndoles prorratear el pago de los costos de acometida por un periodo de hasta seis meses. La medida enmienda la Ley Núm. 40 de 1945 para formalizar esta opción de pago como parte de la política pública de la corporación.

La Ley 26-2026 establece un marco normativo uniforme para la regulación de espacios sanitarios públicos en todas las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. La ley exige la designación de baños públicos de ocupación múltiple basados en el sexo biológico, prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros, y dispone la provisión de baños asistidos o familiares como acomodo razonable, estableciendo multas administrativas por incumplimiento.

Esta ley designa el Frente Marítimo del Municipio Autónomo de Cataño, incluyendo el Malecón Edwin Rivera Sierra, como una 'Zona de Turismo Gastronómico'. La medida establece un marco de colaboración entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Cataño y diversas agencias gubernamentales para desarrollar planes de mercadeo, mejorar la infraestructura urbana, agilizar procesos de permisología y promover el desarrollo económico y cultural de la zona.

Esta ley declara el tercer domingo de mayo de cada año como el Día Nacional del Maratón de la Virgen del Pozo de Sabana Grande. El propósito de la medida es reconocer la importancia cultural, deportiva y religiosa de este evento, el cual es considerado la carrera pedestre más antigua de Puerto Rico (iniciada en 1954). La ley ordena al Gobernador emitir una proclama anual y faculta a la Compañía de Turismo, en coordinación con el Municipio de Sabana Grande, para promover el evento y sus valores sociales e históricos.

Esta ley enmienda la Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico para establecer criterios específicos que los tribunales deben considerar al evaluar una solicitud de descalificación de un abogado, con el fin de evitar el uso de estas mociones como tácticas dilatorias y garantizar el debido proceso de ley.

Esta ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para establecer que, para propósitos de los incisos (g) y (h) del Artículo 93, se considerará como 'ser humano' al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida busca armonizar el Código Penal con las disposiciones del Código Civil y fortalecer las protecciones establecidas en la Ley Keyshla Madlane.