Casos del Tribunal Supremo (Página 13)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró si la reclasificación de un delito grave a uno menos grave, como parte de una alegación preacordada, constituye impedimento colateral por sentencia en un pleito civil sobre impugnación de confiscación. El caso se originó tras la incautación de dinero durante un allanamiento relacionado con cargos por violaciones a la Ley de Armas, Pirotecnia y Explosivos contra Osvaldo Figueroa Santiago y Josean Figueroa Bonilla. Aunque algunos cargos fueron archivados, la disputa legal se centró en el efecto del resultado penal negociado sobre la confiscación civil. El Tribunal determinó que, a la luz de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, una reclasificación de delito grave a menos grave no se considera un resultado favorable para el imputado. Por lo tanto, la confiscación por parte del Estado prevalece. La defensa de impedimento colateral por sentencia no es aplicable en estas circunstancias. La decisión clarifica la interacción entre los acuerdos de alegación penal y los procesos civiles de confiscación bajo la ley vigente.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 6 de agosto de 2021. Designa a los nuevos miembros de la Comisión de Disciplina Judicial, conforme a las Reglas de Disciplina Judicial. La Lcda. Lourdes V. Velázquez Cajigas es nombrada Presidenta. La Lcda. Nélida Jiménez Velázquez y el Lcdo. Reinaldo O. Catinchi Padilla son designados Comisionados Asociados. Estos nombramientos son por un término de cuatro años y entran en vigor de inmediato. El Tribunal expresa su agradecimiento a los miembros salientes por su servicio. También agradece a los nuevos miembros por su disposición a servir. El documento incluye una expresión de varios jueces asociados refutando alegaciones sobre el proceso de designación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso In re: Carlos L. Archevald Mantilla. La resolución atiende la Moción Informativa sobre Cumplimiento de Orden y Segunda Solicitud de Reinstalación presentada por el Sr. Archevald Mantilla. El Tribunal declaró Ha Lugar la moción. Como resultado, se autoriza la reinstalación del peticionario al ejercicio de la abogacía. Asimismo, se permite su reinstalación al ejercicio de la notaría. Esta última reinstalación está condicionada a que el letrado acredite la adquisición de una fianza notarial válida. La decisión fue emitida el 6 de agosto de 2021.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la licenciada Marcelle D. Martell Jovet. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua correspondientes al periodo de 2011 a 2013. El Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) informó al Tribunal sobre la deficiencia de créditos y la falta de pago de multas y cuotas por cumplimiento tardío. A pesar de recibir avisos del PEJC y una orden del Tribunal para mostrar causa en 2019, la abogada no subsanó las deficiencias ni cumplió con los requerimientos. La decisión del Tribunal, fechada el 3 de agosto de 2021, se hizo efectiva el 4 de agosto de 2021 al ser notificada la abogada. Esta acción subraya la obligación de los profesionales del derecho de cumplir con las normativas de educación continua y las órdenes judiciales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la Lcda. Nilsa L. García Cabrera. Mediante resolución, el Tribunal acordó reinstalar a la licenciada en la práctica legal. Sin embargo, ordenó la reactivación de dos quejas disciplinarias pendientes (AB-2019-227 y CP-2020-007) que habían sido archivadas administrativamente tras su suspensión en 2020. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una expresión separada. En su opinión, se opone a reinstalar abogados con procesos disciplinarios pendientes. Argumenta que las quejas deben ser adjudicadas primero para asegurar que el abogado cumple con los estándares éticos necesarios y proteger el interés público. Señala que la abogada fue suspendida previamente por incumplir órdenes relacionadas con una de las quejas pendientes, la cual aún no ha contestado. Considera que reinstalarla sin resolver estos asuntos falla en proteger a Puerto Rico y sugiere que el Tribunal reconsidere su proceder. El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso Ex parte: Rosanna Rivera Llantín. La resolución atiende la Solicitud de cambio de estatus de abogada inactiva presentada por la Sra. Rivera Llantín. Dicha solicitud buscaba su readmisión al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la petición, el Tribunal ordenó la readmisión de la Sra. Rivera Llantín. Asimismo, se instruyó a la Secretaría del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esta decisión permite a la Sra. Rivera Llantín volver a ejercer la profesión legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 29 de julio de 2021. Mediante esta resolución, se procedió al nombramiento de un nuevo miembro para la Junta de Educación Jurídica Continua. El Lcdo. Carlos Ojeda González fue designado para ocupar la vacante existente en dicha Junta. Esta acción se fundamenta en la Regla 6 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua. La resolución entró en vigor de manera inmediata. El Tribunal también aprovechó para reconocer la labor del miembro que cesó en sus funciones. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disintió de la decisión. Su disidencia se basó en la necesidad de realizar un ejercicio integral para revisar todos los nombramientos vencidos de la Junta. Aunque expresó confianza en el Lcdo. Ojeda González, manifestó que lo hubiera dejado en su puesto anterior en la Comisión de Evaluación Judicial. Los Jueces Asociados Estrella Martínez y Colón Pérez no intervinieron en la resolución.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 29 de julio de 2021. Mediante este documento, se designan los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial. La designación se realiza conforme a la Regla 4(A) del Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas. Se nombra a la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez como Presidenta y a diez miembros adicionales. Estos nombramientos tienen vigencia inmediata y los miembros servirán por un término de tres años. El Tribunal agradeció la labor de los miembros salientes y dio la bienvenida a los nuevos y revalidados. La Resolución fue acompañada de votos particulares de conformidad y disidentes, reflejando el debate interno sobre las designaciones.

Resumen:

Este documento presenta una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, consolidando los casos CC-2021-459 y CC-2021-473. Fechada el 28 de julio de 2021, la materia es un Certiorari con una resolución que incluye un voto particular disidente. Las partes principales son los comisionados electorales de los partidos Popular Democrático, Proyecto Dignidad, Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y Nuevo Progresista, así como Ricardo A. Rosselló Nevares. El caso proviene del Tribunal de Apelaciones. Se identifican los abogados de las partes peticionarias. El documento es una decisión oficial del Tribunal Supremo, sujeta a los cambios del proceso de compilación final.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico intervino disciplinariamente con el Lcdo. Diómedes M. Lajara Radinson. La acción se fundamenta en la infracción de los Cánones 9, 12, 19 y 23 del Código de Ética Profesional. Estas violaciones se relacionan con la falta de diligencia, competencia y desidia del letrado en el manejo de casos de sus clientes. Sus acciones ante el Tribunal Federal resultaron en el atraso injustificable y la desestimación de casos de quiebra. El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico ya había suspendido permanentemente al abogado. En consecuencia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Lajara Radinson del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión es efectiva a partir del 23 de julio de 2021.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 23 de julio de 2021 en el caso In re: Ramón A. Amador López. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía por parte del señor Amador López. El Tribunal examinó la Moción al expediente presentada por el peticionario. Tras considerarla, el Tribunal acordó reinstalar al señor Ramón A. Amador López al ejercicio de la abogacía. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo. Sin embargo, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón disintieron de la mayoría. Su disidencia se basó en que la moción fue suscrita por el peticionario como licenciado sin tener aún esa condición.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró una petición de certiorari en el caso CC-2021-363, El Pueblo de Puerto Rico v. Jessenia González Rivera. El 22 de julio de 2021, el Tribunal emitió una resolución sobre dicha petición. La resolución principal declara "no ha lugar" a la petición de certiorari presentada. El Tribunal también se dio por enterado de una moción informativa de la parte peticionaria. La decisión de denegar la petición fue acordada por el Tribunal. Sin embargo, esta decisión no fue unánime entre los jueces. El Juez Asociado señor Rivera García emitió un Voto de conformidad. A este voto de conformidad se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se unió al voto disidente.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el cómputo del término para apelar decisiones administrativas notificadas personalmente. La controversia surge porque la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia y el Tribunal de Apelaciones desestimaron un recurso apelativo por considerarlo extemporáneo. Ambos foros contaron el día de la notificación personal como el primer día del término de quince días para apelar. Esta interpretación llevó a la desestimación con perjuicio del recurso presentado por los peticionarios. El Tribunal Supremo, en opinión del Juez Asociado Rivera García, discrepa de esta interpretación. Aclara que el término para apelar ante foros administrativos, cuando la notificación es personal, comienza a computarse el día siguiente al diligenciamiento de dicha notificación. Por considerar que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la desestimación, el Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida. La decisión establece una regla clara para el inicio del plazo apelativo en estos casos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución con Voto particular disidente el 20 de julio de 2021. La decisión consolida los casos de Certiorari identificados con los números CC-2021-459 y CC-2021-473. Las partes peticionarias incluyen a los Comisionados Electorales del Partido Proyecto Dignidad y del Partido Popular Democrático. Entre los recurridos figuran Ricardo A. Rosselló Nevares, el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los Comisionados Electorales de los partidos Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y Nuevo Progresista. El caso se relaciona con asuntos electorales y la actuación de la Comisión Estatal de Elecciones. Abogados representan a las partes peticionarias y recurridas en los procedimientos ante el Tribunal Supremo. Este documento constituye una decisión oficial del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso In re: Criselyris Meléndez Ronda. La materia principal del caso era la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía por parte de la Sra. Meléndez Ronda. El Tribunal examinó la Moción presentada por ella a tales efectos. Mediante esta Resolución, el Tribunal declaró con lugar la Moción. En consecuencia, se ordenó la reinstalación de Criselyris Meléndez Ronda al ejercicio de la abogacía. Adicionalmente, se instruyó a la Secretaría del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). La Resolución fue emitida el 14 de julio de 2021.

Resumen:

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una controversia sobre el uso de un pago en finiquito para resolver una reclamación de daños por el huracán María contra una aseguradora. El caso involucra a los peticionarios, el matrimonio Torres-Carrasquillo, y la recurrida, Mapfre Pan American Insurance Company. Los peticionarios demandaron a Mapfre alegando incumplimiento de contrato y daños, sosteniendo que la aseguradora no investigó ni pagó adecuadamente las pérdidas sufridas en su propiedad. Mapfre, por su parte, presentó una moción de desestimación y/o sentencia sumaria, argumentando haber cumplido sus obligaciones y que el pago realizado constituyó un finiquito válido. El Tribunal señala que la controversia es similar a casos recientes y que se resolverá aplicando los lineamientos establecidos en Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance Company. Dicho precedente pautó que, para resolver pleitos de esta naturaleza, deben cumplirse todos los requisitos del pago en finiquito y las exigencias estatutarias de la industria de seguros. El Tribunal procederá a narrar los hechos antes de aplicar estos principios para determinar si el pago de Mapfre extinguió la reclamación de los peticionarios.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Delvy Díaz Altagracia contra Mapfre Pan American Insurance Company. El pleito surge de una reclamación por daños a la residencia y propiedad personal del asegurado tras el huracán María. El señor Díaz Altagracia demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato, mala fe y dolo, alegando subvaloración de daños, retraso en el pago y prácticas desleales. Mapfre solicitó la desestimación o sentencia sumaria, argumentando que la aceptación de los cheques por parte del asegurado constituyó un pago en finiquito. La cuestión principal ante el Tribunal Supremo es si la doctrina del pago en finiquito permite poner fin sumariamente al pleito en esta etapa procesal y con estos hechos. El Tribunal señala la similitud del caso con su decisión previa en Feliciano Aguayo v. Mapfre, que abordó la misma doctrina en un contexto similar de reclamaciones por huracán. La sentencia busca determinar la aplicabilidad de la defensa de pago en finiquito para resolver el litigio.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución del 9 de julio de 2021, atendió la solicitud de reinstalación de Germán R. A. Monroig Pomales al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras examinar una moción presentada por el señor Monroig Pomales, el Tribunal ordenó su reinstalación a ambas profesiones. La reinstalación a la notaría está condicionada a que el letrado acredite la adquisición de una fianza notarial buena y válida. La resolución también incluye un apercibimiento al señor Monroig Pomales. Se le advierte que en el futuro deberá cumplir cabalmente con las disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento. El Tribunal también le apercibe que el incumplimiento con sus órdenes podrá conllevar sanciones disciplinarias severas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 2 de julio de 2021 en el caso de Gabriel G. Espinosa González. La Resolución examinó una Moción de reconsideración presentada por el Sr. Espinosa González. El Tribunal declaró ha lugar la moción, reconsiderando así su Opinión Per Curiam del 9 de junio de 2021. Como resultado, se ordenó la reinstalación del licenciado Espinosa González al ejercicio de la abogacía. Simultáneamente, las Quejas AB-2020-30 y AB-2020-40 fueron reactivadas. Estas quejas fueron referidas a la Oficina del Procurador General para la investigación e informe correspondiente. El Juez Asociado señor Martínez Torres disintió de la decisión. Argumentó que no se debía conceder la reconsideración ni la reinstalación hasta que se adjudicaran las quejas pendientes. Consideró que, en protección del interés público, la investigación de señalamientos contra un solicitante debe concluir antes de reactivar su licencia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el manejo de los fondos cualificados de clientes en cuentas de fideicomiso para servicios legales (cuentas IOLTA). Se reconoce la importancia de estos programas para subvencionar servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos y comunidades vulnerables, conforme a la política pública establecida en la Ley Núm. 165-2013. Dicha ley dispone que abogados y oficinas legales deben mantener cuentas IOLTA para depósitos cualificados, cuyos intereses financian organizaciones sin fines de lucro que proveen asistencia legal. El Tribunal encomendó al Secretariado la preparación de un proyecto de reglamentación para establecer parámetros sobre el manejo de estos fondos. El proyecto fue sometido a un proceso de consulta pública y con grupos relacionados, incluyendo extensiones de término para su revisión. Tras examinar la última comparecencia del Secretariado sobre la revisión del proyecto, el Tribunal da por concluida la encomienda de preparar un proyecto de reglamentación independiente. Se descarta la alternativa de crear una reglamentación separada para regular el manejo de las cuentas IOLTA en Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad inherente para reglamentar la abogacía. Decidió suspender indefinidamente al Lcdo. Iván L. Pagán Hernández del ejercicio de la profesión. Esta medida se tomó como protección social, conforme a la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo. La suspensión se fundamenta en que el licenciado no se encuentra en condiciones aptas para ejercer cabalmente sus funciones. El escenario fáctico que dio origen a la decisión incluye un proceso de inspección de su obra notarial por la ODIN iniciado en 2013. Se identificaron deficiencias que no fueron subsanadas a pesar de múltiples notificaciones y prórrogas. El licenciado demostró un patrón de incumplimientos con la ODIN. Además, contaba con un historial disciplinario previo que había motivado suspensiones anteriores. La suspensión es efectiva a partir del 7 de julio de 2021.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó un recurso de certiorari en el caso de Rafael Adorno Maldonado contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Mediante una Sentencia bajo la Regla 50, el Tribunal revocó la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 10 de diciembre de 2019. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro deberá evaluar y resolver el caso en conformidad con lo resuelto por el Tribunal Supremo en *Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Insurance Company*, 2021 TSPR 73. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión de conformidad. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, a la que se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, disintió del trámite expedito sin análisis detallado. Argumentaron que este método dificulta la evaluación de si se cumplió con *Feliciano Aguayo*, especialmente en cuanto a la defensa de pago en finiquito. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco también disintió basándose en sus fundamentos expuestos en *Feliciano Aguayo* sobre la aplicabilidad de la defensa de pago en finiquito en reclamaciones de seguros.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó mediante certiorari una decisión del Tribunal de Apelaciones sobre la validez del emplazamiento a una corporación doméstica. La cuestión principal fue determinar si la entrega del emplazamiento a una vendedora a comisión en la sede del negocio satisface el requisito legal de ser entregado a una "persona adulta" con capacidad para representar a la entidad. Según la Ley General de Corporaciones, la persona que recibe el emplazamiento debe tener una posición o función con suficiente autoridad para asegurar que el documento llegue a la corporación. El Tribunal determinó que una vendedora a comisión no posee la autoridad o función necesaria para ser considerada la "persona adulta" designada por la ley para recibir emplazamientos corporativos. Concluyó que el emplazamiento diligenciado de esa manera no fue eficaz. Por tanto, el Tribunal revocó la sentencia del foro apelativo intermedio, corrigiendo su interpretación sobre el alcance del emplazamiento a corporaciones.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso Inés Escalera Pizarro v. MAPFRE Pan American Insurance Company. Tras examinar una segunda moción de reconsideración, el Tribunal acogió el recurso como certiorari. Mediante el procedimiento de la Regla 50, se expidió el auto de certiorari en reconsideración. El Tribunal revocó las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia del 15 de noviembre de 2019 y del Tribunal de Apelaciones del 31 de agosto de 2020. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro deberá evaluar y resolver el caso en conformidad con lo resuelto por el Tribunal Supremo en *Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Insurance Company* (2021 TSPR 73). La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disintió del trámite adoptado, criticando la Sentencia escueta sin análisis fáctico o jurídico. Argumentó que este método no permite evaluar si se incumplió con *Feliciano Aguayo* en las circunstancias particulares del caso. Consideró que despachar estos asuntos sin análisis concienzudo no beneficia a las partes ni a los foros inferiores. La Jueza Asociada Pabón Charneco también emitió una opinión disidente.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve una controversia en un pleito de expropiación forzosa iniciado por la Administración de Terrenos contra Ponce Bayland Enterprises, Inc. La expropiación buscaba adquirir una propiedad en Ponce para el proyecto del Puerto de las Américas. La disputa central giró en torno a la valoración de la propiedad. Específicamente, se planteó si la Sala de Expropiaciones del Tribunal de Primera Instancia tenía jurisdicción para considerar evidencia sobre contaminación ambiental. También se cuestionó si los costos asociados a la remediación de dicha contaminación eran admisibles. El Tribunal Supremo determinó que la Sala de Expropiaciones sí posee jurisdicción para evaluar esta evidencia. La presencia de contaminantes y los costos de su remediación son factores relevantes para determinar el valor en el mercado de la propiedad expropiada. Esta evidencia es admisible para fijar la justa compensación al momento de la incautación. La admisibilidad de dicha prueba está sujeta a las Reglas de Evidencia vigentes. La decisión clarifica el tratamiento de los asuntos ambientales en los procesos de valoración en casos de expropiación forzosa.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso Bonnelly Sagrado v. United Surety & Indemnity Company. Actuando sobre una segunda moción de reconsideración, el Tribunal acogió el recurso como certiorari. Mediante Sentencia expedida conforme a la Regla 50, se revocaron las determinaciones previas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Este foro deberá evaluar y resolver la controversia en conformidad con lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Insurance Company. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disintió del trámite adoptado. Criticó la Sentencia por ser escueta, sin exposición de hechos ni análisis jurídico particular del caso. Argumentó que despachar estos asuntos sin un análisis concienzudo no representa los mejores intereses de las partes ni de los foros inferiores. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco también emitió una Opinión disidente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso CC-2019-650, un recurso de Certiorari relacionado con una disputa de seguros. Mediante una Sentencia breve bajo la Regla 50, el Tribunal revocó las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que sea evaluado y resuelto conforme a lo establecido por el Supremo en el caso *Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Insurance Company*. La Sentencia fue emitida el 29 de junio de 2021. La Jueza Asociada Pabón Charneco emitió una opinión disidente. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez también expresó su disenso, criticando el uso de una Sentencia escueta sin análisis fáctico o jurídico. Argumentó que este tipo de decisión genérica dificulta la aplicación correcta de la norma de *Feliciano Aguayo*, particularmente en casos de seguros post-huracanes y la figura del pago en finiquito. La Jueza Presidenta enfatizó la necesidad de un análisis individualizado para cada caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió la Sentencia 2021 TSPR 94 en el caso de certiorari CC-2021-392, El Pueblo v. Lissy A. Espinet García. La controversia principal ante el Tribunal era determinar si el Tribunal de Apelaciones se pronunció sobre un asunto académico. Específicamente, se debatía si la recurrida había renunciado a su planteamiento sobre la violación al derecho a juicio rápido o si este había perdido vigencia. El Tribunal de Apelaciones había resuelto que la controversia mantenía su vigencia. El Tribunal Supremo, al estar igualmente dividido, expidió el auto de certiorari. Como resultado de la división, se emitió una Sentencia confirmatoria de la decisión del Tribunal de Apelaciones. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de conformidad, a la que se unió el Juez Asociado Colón Pérez. El Juez Asociado Kolthoff Caraballo emitió un Voto particular disidente, al que se unió el Juez Asociado Rivera García. Otros jueces habrían optado por un trámite expedito y una orden para mostrar causa por la cual no revocar al Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 29 de junio de 2021 en el caso TS-13,980. La decisión resuelve la Petición presentada por la Sra. Mariola Montequín Gumá. Dicha petición solicitaba su readmisión al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la solicitud radicada el 14 de junio de 2021. Como resultado de su examen, el Tribunal proveyó ha lugar a la petición. En consecuencia, se ordena la readmisión de la Sra. Montequín Gumá al ejercicio de la profesión legal. Adicionalmente, se le instruye a revisar y actualizar su información de contacto en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (2021 TSPR 88) trata una controversia laboral sobre un alegado despido injustificado bajo la Ley 80. La cuestión central es si el Tribunal de Apelaciones erró al revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia a favor del peticionario, Edgar Rodríguez Gómez. El foro primario había dictado sentencia en rebeldía contra Multinational Insurance Co. y Multinational Life Insurance Co., limitando el proceso al cómputo de la mesada. De manera crucial, el Tribunal de Primera Instancia no corroboró la veracidad y suficiencia de las alegaciones de la querella enmendada antes de dictar la sentencia en rebeldía. El peticionario reclamó despido injustificado, alegando que la recurrida era patrono sucesor de National Life Insurance Co. (NALIC) y que fue despedido tras cinco años de servicio. Por su parte, la recurrida negó ser patrono sucesor, sostuvo que el peticionario renunció voluntariamente a NALIC y presentó un acuerdo de relevo general firmado por el peticionario renunciando a reclamaciones laborales. La recurrida también afirmó que el peticionario nunca trabajó para ellas después del 10 de noviembre de 2011. El Tribunal Supremo debe ahora determinar si la revocación del Tribunal de Apelaciones estuvo justificada por el error procesal del foro primario al dictar la sentencia en rebeldía.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió a la Lcda. Yolanda M. Stacholy Ramos del ejercicio de la abogacía por un término de tres meses. La suspensión se fundamenta en la violación de los Cánones 9, 12, 18, 20 y 38 del Código de Ética Profesional. Un cliente, el Sr. Martín Santiago Rodríguez, presentó una queja alegando negligencia profesional. El cliente sostuvo que la abogada no contestó notificaciones ni cumplió con plazos judiciales. Esta falta de diligencia resultó en la desestimación de su caso ante el Tribunal de Primera Instancia. Además, el cliente indicó que la letrada se negó a renunciar al caso y a devolverle el expediente. La decisión del Tribunal Supremo, emitida el 21 de junio de 2021, resuelve este procedimiento disciplinario. Previamente, la abogada había sido suspendida indefinidamente por incumplimiento en el propio proceso disciplinario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión permanente e indefinida del ejercicio de la abogacía del Lcdo. Joel E. Reyes Martínez. Esta medida disciplinaria se impone tras su alegación de culpabilidad en el foro federal por el delito de conspirar para poseer con intención de distribuir y distribuir una sustancia controlada (cocaína). La Corte señala que este delito lo descalifica para continuar ejerciendo la profesión legal. Se recuerda que el licenciado ya había sido suspendido previamente por un mes en 2016 por incumplir órdenes del Tribunal e infringir el Código de Ética, aunque fue reinstalado posteriormente. La suspensión actual es efectiva a partir del 25 de junio de 2021.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 22 de junio de 2021. La Resolución atiende la materia de readmisión al ejercicio de la abogacía. La abogada Wilmarie Rosado Pérez había presentado una Moción en cumplimiento de orden. Tras examinar la moción, el Tribunal decidió readmitirla al ejercicio de la profesión. Se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Además, se ordenó a la abogada Rosado Pérez actualizar su información de contacto en dicho registro.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 22 de junio de 2021 en el caso TS-14,207. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Luis R. Rivera Medina. Tras evaluar la Moción, el Tribunal decidió proveer ha lugar la solicitud. En consecuencia, se ordenó la reinstalación del Sr. Rivera Medina al ejercicio de la abogacía. La Resolución incluye un apercibimiento al abogado. Se le advierte que deberá cumplir fielmente con los deberes del Código de Ética Profesional. Asimismo, se le requiere atender diligentemente los señalamientos y requerimientos del Tribunal. Finalmente, se le exige cumplir con el Programa de Educación Jurídica Continua.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución sobre el incumplimiento con el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Tras un periodo de exoneración de multas y evaluaciones posteriores, se identificaron abogados que no cumplieron con los requisitos del PEJC. El Tribunal concedió múltiples oportunidades, incluyendo prórrogas y consideraciones por eventos naturales y la pandemia de COVID-19, para que los profesionales del derecho cumplieran o mostraran causa. A pesar de estas concesiones y plazos adicionales, algunos abogados no comparecieron ni cumplieron con las órdenes judiciales. Por ello, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de varios profesionales. Asimismo, se suspende de la abogacía y la notaría a otros abogados por las mismas razones. Los abogados suspendidos deben notificar a sus clientes, devolver honorarios por trabajos no realizados e informar a los foros judiciales y administrativos. Deben acreditar el cumplimiento de estas obligaciones ante el Tribunal en un plazo de treinta días. El incumplimiento con estas directrices podría afectar su eventual reinstalación.

Resumen:

Esta opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la inscripción de un menor nacido mediante subrogación gestacional. El caso involucra a padres intencionales que utilizaron una donante de óvulos anónima y una mujer gestante. La pareja buscó inscribir al menor como hijo suyo después del nacimiento. Una cuestión legal clave era si la mujer gestante era parte indispensable y si el proceso debía ser un trámite judicial contencioso. El Tribunal resolvió que la mujer gestante y su pareja no son partes indispensables en el proceso de inscripción. También determinó que el proceso no debe ser un asunto judicial contencioso. El Tribunal estableció que el reconocimiento voluntario es el mecanismo adecuado para la inscripción registral original de un menor nacido por subrogación gestacional, estableciendo la filiación materna a la madre intencional. Esta decisión clarifica el procedimiento legal para los padres intencionales en estos casos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución del 11 de junio de 2021, establece la integración de sus salas para el receso de verano. Se constituyen dos salas distintas para operar desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2021. La primera sala funcionará del 1 de julio al 15 de agosto, presidida por la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, e integrada además por las juezas y jueces Mildred G. Pabón Charneco, Edgardo Rivera García y Luis F. Estrella Martínez. La segunda sala operará del 16 de agosto al 30 de septiembre, bajo la presidencia del Hon. Rafael L. Martínez Torres, junto a Erick V. Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Ángel Colón Pérez. En caso de empate en alguna Sala de Despacho, se designará a otro juez o jueza no integrante de la misma. El Tribunal continuará certificando Opiniones y Sentencias durante este periodo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Gabriel G. Espinosa González. La acción surge de dos quejas éticas independientes presentadas por sus clientas, Sra. Claribel Jiménez Díaz (AB-2020-30) y Sra. Ninoshka Velázquez Santiago (AB-2020-40). Ambas quejas alegan que el abogado no mantuvo comunicación con ellas ni respondió a sus solicitudes de información o expedientes. En un caso, se menciona la falta de respuesta tras recibir un adelanto por servicios. Ante su incumplimiento con los requerimientos de la Oficina del Procurador General y del Tribunal, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Espinosa González del ejercicio de la abogacía. La suspensión es efectiva a partir del 11 de junio de 2021, fecha de su notificación.

Resumen:

Este recurso gubernativo del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la función calificadora del Registrador de la Propiedad ante documentos judiciales. La controversia surge de la denegación por parte del Registrador de Arecibo de inscribir una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia se relaciona con un inmueble adquirido durante un matrimonio disuelto por divorcio, cuya sociedad de gananciales no fue liquidada antes del fallecimiento de uno de los cónyuges. El Tribunal Supremo revisita los límites del Registrador al calificar documentos provenientes de un tribunal. Se establece que el Registrador no puede revisar las determinaciones de hecho y de derecho contenidas en un dictamen judicial. Tampoco puede requerir documentos adicionales para dilucidar asuntos legales ya resueltos por la sentencia. La opinión reafirma que la función del Registrador se limita a verificar la congruencia formal del documento judicial con los asientos registrales y la ley aplicable, sin invadir la esfera judicial. La decisión revoca la determinación del Registrador, clarificando el principio de legalidad registral en relación con las decisiones judiciales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una decisión en un pleito de despido injustificado instado por un ex empleado contra la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. La universidad justificó el despido en querellas de hostigamiento sexual presentadas por estudiantes. La controversia central es si la orden de divulgar los récords médicos de estas estudiantes, quienes no son partes en el litigio, constituye una grave injusticia. Se evalúa si tal orden es revisable interlocutoriamente en el contexto de un procedimiento sumario laboral. El Tribunal también debe determinar el alcance de la confidencialidad de estos récords bajo la ley federal FERPA. Se analiza la protección de la privacidad de los récords médicos de estudiantes en instituciones educativas. La decisión busca balancear el derecho a la prueba del empleado con la protección de la privacidad de terceros no litigantes. Este caso sentará pautas sobre la admisibilidad de dicha evidencia en procedimientos laborales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa un caso de despido entre Indulac y la Central General de Trabajadores. La controversia central gira en torno a si la violación del derecho a la intimidad de un empleado por parte de otro en el contexto laboral justifica el despido como primera falta grave bajo la Ley Núm. 80 de 1976. El caso específico involucra el despido de un empleado por instalar una cámara de video escondida en la oficina de una compañera de trabajo para observarla subrepticiamente. La Unión impugnó el despido como injustificado. El Tribunal aprovecha la oportunidad para reiterar y ampliar los contornos de la protección constitucional al derecho a la intimidad en el ámbito laboral. Dictamina que la violación de este principio constitucional mediante este tipo de conducta constituye razón suficiente para el despido como primera falta grave. Esta decisión clarifica la aplicación de la Ley Núm. 80 en casos de invasión a la privacidad en el empleo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ejerciendo su poder inherente para regular la abogacía, designa un nuevo miembro a la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría. Esta designación se formaliza mediante la Resolución EJ-2021-02, emitida el 4 de junio de 2021. De acuerdo con el Reglamento para la Admisión de Aspirantes, los miembros de la Junta son nombrados por Resolución de este Tribunal. Se designa al Lcdo. Hiram A. Meléndez Juarbe para formar parte de dicho cuerpo examinador. Su término de servicio se extenderá desde el 15 de junio de 2021 hasta el 15 de junio de 2022. La Resolución dispone la notificación al designado y a los demás integrantes de la Junta, así como su publicación oficial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso CC-2019-519, aborda el alcance de una desestimación bajo la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. La controversia central es si la falta de prestación oportuna de una fianza de no residente configura necesariamente una adjudicación en los méritos, es decir, una desestimación con perjuicio. Se busca aclarar si es permisible que los tribunales decreten que dicha desestimación sea sin perjuicio. El caso se origina en una disputa sobre cánones de arrendamiento, donde la parte peticionaria, VS PR, LLC, demandó a Drift-Wind, Inc. El Tribunal Supremo resuelve que los tribunales sentenciadores tienen discreción para determinar el efecto de una desestimación por incumplimiento con la fianza de no residente. Pueden precisar si la desestimación es con o sin perjuicio, aclarando así lo resuelto en Bram v. Gateway Plaza, Inc.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2019-847) con fecha de 28 de mayo de 2021. El caso involucra a Universal Insurance Company y Popular Auto, LLC, entre otros. La cuestión central abordada es la interpretación del límite financiero de una "fianza de concesionario" (dealer bond), un tipo de fianza legal requerida para los distribuidores de vehículos de motor en Puerto Rico. Específicamente, el Tribunal consideró si la cantidad de $100,000.00$ estipulada en dichas fianzas representa un límite global único para todo el período de vigencia o un límite anual aplicable por cada año que la fianza esté en efecto. El Tribunal Supremo concluyó, tras analizar los hechos y el derecho aplicable, que estas fianzas responden por la cantidad de $100,000.00$ anuales. Esto significa que el límite de responsabilidad se renueva cada año que la fianza está activa, en lugar de ser un fondo único. Esta decisión revoca un dictamen previo del Tribunal de Apelaciones sobre el mismo asunto. La sentencia clarifica el alcance de la responsabilidad para las aseguradoras que emiten estas fianzas obligatorias.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó el derecho de acceso a la información pública en el contexto de los Informes sobre el Uso de Fuerza del Negociado de la Policía. Reafirmó la importancia fundamental del acceso ciudadano a la información gubernamental para la fiscalización de la función pública. Aunque el derecho no es absoluto y puede ser limitado por un interés público apremiante, el Estado debe justificar tal restricción. En este caso, el Tribunal determinó que el Estado no demostró un interés apremiante que justificara negar incondicionalmente el acceso a los informes solicitados por Kilómetro 0, Inc. Por consiguiente, resolvió que el Estado está obligado a entregar los Informes sobre el Uso de Fuerza. La entrega deberá realizarse conforme a los parámetros específicos establecidos en la Opinión del Tribunal. Esta decisión subraya la transparencia necesaria en la actuación policial y el derecho del público a conocer sobre el uso de la fuerza.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el proceso de confección, administración y corrección de las reválidas de derecho general y notarial. Este sistema se fundamenta en estudios profundos y parámetros psicométricos para asegurar la consistencia en el nivel de dificultad a través de los años, utilizando preguntas calibradoras para comparar el desempeño de los aspirantes. Se han implementado procesos para garantizar la objetividad en la corrección y la confidencialidad del examen. La reválida general ha mantenido un alto coeficiente de confiabilidad promedio de .91 en los últimos 35 años. Las discusiones sobre la reválida se han intensificado a raíz de la notificación del American Bar Association (ABA) a las facultades de Derecho de Puerto Rico sobre el incumplimiento del estándar de acreditación 316. Este estándar exige que al menos el 75% de los egresados de una facultad aprueben una reválida dentro de los dos años siguientes a su graduación. El Poder Judicial y la Junta Examinadora han realizado esfuerzos para dialogar con las facultades, compartiendo aspectos psicométricos, métodos de conversión y datos de estudios sobre el examen. El sistema de reválida ha sido diseñado para ser un instrumento de medición confiable y consistente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la figura del pago en finiquito ("accord and satisfaction") en el contexto de una reclamación de seguro por daños causados por el Huracán María. La controversia surgió entre un asegurado y Mapfre Panamerican Insurance Company respecto a si un pago parcial constituyó la liquidación total de la deuda. El Tribunal analizó los requisitos del pago en finiquito considerando el derecho de seguros, la jurisprudencia aplicable y la Ley de Transacciones Comerciales. La aseguradora había estimado los daños a la propiedad del asegurado y realizado un pago basado en su evaluación. El asegurado, sin embargo, discrepó con la cuantía determinada por la aseguradora. El Tribunal concluyó que el tribunal de instancia erró al dictar sentencia sumaria. Determinó que la aplicación del pago en finiquito en casos de seguros requiere una evaluación estricta de si se cumplen todos los elementos necesarios para extinguir la obligación. Por tanto, resolvió que no procedía dictar sentencia sumaria sin un análisis completo de los hechos bajo el marco legal pertinente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió si la transcripción de un juicio debe incluir las conversaciones en el estrado para considerarse completa. Concluyó que no es necesario incluir dichas conversaciones a menos que se hayan tomado medidas específicas para grabarlas o verterlas en récord abierto. Determinó que el Tribunal de Apelaciones erró al ordenar un nuevo juicio basándose únicamente en la ausencia de estas conversaciones en la transcripción. Revocó la decisión del foro apelativo intermedio y devolvió el caso para que sea evaluado en sus méritos. Instruyó al Tribunal de Apelaciones sobre el escrutinio de dos partes a aplicar cuando se plantean errores de insuficiencia de prueba y falta de unanimidad del jurado. Primero, se evalúa la insuficiencia de la prueba; de ser meritoria, procede la absolución. Si la prueba es suficiente, se atiende el error sobre la unanimidad del jurado, lo que podría resultar en un nuevo juicio. El caso involucra a Wilfredo Ortiz Colón, condenado por asesinato y violaciones a la Ley de Armas. La opinión establece un criterio claro sobre la composición del récord de apelación en juicios criminales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió la Petición de certiorari presentada por Geovanny Ortiz Pérez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Mediante Resolución de 21 de mayo de 2021, el Tribunal proveyó no ha lugar a la petición. La decisión fue acordada por la mayoría de los jueces. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto particular de conformidad, al cual se unieron otros tres jueces, argumentando que no se debía sustituir el criterio del Departamento y que la clasificación del nivel de custodia fue razonable. Por otro lado, la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y dos jueces asociados emitieron Votos particulares disidentes, indicando que expedirían para revocar la decisión recurrida. El caso está identificado con el número CC-2021-63.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 19 de mayo de 2021 en el caso TS-15,374. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la Sra. Beatriz Negrón Ramos. El Tribunal examinó la Moción sometiendo certificación y reiterando la solicitud. Tras el examen, el Tribunal declaró con lugar la moción. En consecuencia, ordenó la reinstalación de la Sra. Negrón Ramos al ejercicio de la abogacía. Adicionalmente, se instruyó a la Secretaría del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA).