Rivera Torres y otros v. Díaz López y otros

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó mediante certiorari una decisión del Tribunal de Apelaciones sobre la validez del emplazamiento a una corporación doméstica. La cuestión principal fue determinar si la entrega del emplazamiento a una vendedora a comisión en la sede del negocio satisface el requisito legal de ser entregado a una "persona adulta" con capacidad para representar a la entidad. Según la Ley General de Corporaciones, la persona que recibe el emplazamiento debe tener una posición o función con suficiente autoridad para asegurar que el documento llegue a la corporación. El Tribunal determinó que una vendedora a comisión no posee la autoridad o función necesaria para ser considerada la "persona adulta" designada por la ley para recibir emplazamientos corporativos. Concluyó que el emplazamiento diligenciado de esa manera no fue eficaz. Por tanto, el Tribunal revocó la sentencia del foro apelativo intermedio, corrigiendo su interpretación sobre el alcance del emplazamiento a corporaciones.