Casos del Tribunal Supremo (Página 43)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera múltiples quejas de conducta profesional presentadas contra el Lcdo. Martín González Vázquez por el Sr. Wilkins Román Samot. Las quejas, identificadas con los números AB-2013-118, AB-2013-119, AB-2013-120, AB-2013-332 y AB-2013-333, se refieren a diversas alegaciones de conducta impropia del letrado. Entre las imputaciones se encuentran declaraciones supuestamente falsas sobre los grados académicos del quejoso, específicamente si su título de J.D. constituye un grado doctoral. También se alega que el licenciado González Vázquez cuestionó la legitimación activa del Sr. Román Samot para presentar denuncias o demandas. Una de las quejas señala que el abogado envió una carta a un fiscal de distrito, alegadamente con ánimo de amenazar al quejoso y testigos e interferir con un caso judicial. Otra imputación se relaciona con la afirmación del letrado de que documentos publicados por una entidad representada por el quejoso fueron presentados como documentos oficiales del Tribunal. Este documento del Tribunal Supremo detalla la presentación de estas quejas por parte del Sr. Román Samot.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpreta por primera vez el "felony murder rule" conforme al Artículo 106 del Código Penal de 2004. La opinión busca definir los elementos necesarios para configurar esta modalidad de asesinato estatutario. El caso se origina de un incidente en 2010 donde un menor, E.S.M.R., estuvo involucrado en un intento de apropiación ilegal que derivó en un altercado con el propietario, quien posteriormente falleció. El análisis del Tribunal se aplica a casos cuyos hechos ocurrieron durante la vigencia del Código Penal de 2004. La decisión modifica la determinación previa del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en respuesta a una Petición Especial de Autorización presentada por varias asociaciones de periodistas y fotoperiodistas. La petición buscaba permiso para el uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual en procesos judiciales. El Tribunal declaró con lugar la solicitud de los gremios periodísticos. Se establece que el uso de dicho equipo deberá regirse por el Reglamento del Programa Experimental existente. La resolución contó con votos de conformidad de varios jueces. Sin embargo, hubo una expresión disidente que consideró la solicitud prematura y fuera del alcance del programa experimental vigente, el cual estaba limitado a ciertas salas y aún bajo evaluación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa la conducta del exjuez Superior Roberto L. García Vega en el procedimiento disciplinario AD-2011-3. Se le imputaron violaciones a varios Cánones de Ética Judicial (1, 3, 23 y 30) durante su desempeño. El licenciado García Vega renunció a su cargo de juez mientras transcurría el proceso. La Corte analiza si sus actuaciones como juez constituyeron violaciones a los Cánones de Ética Profesional. El documento comienza a detallar un incidente ocurrido la noche del 28 de enero de 2011, donde el entonces juez conducía un vehículo. El encabezado del documento indica que la suspensión es efectiva a partir del 6 de noviembre de 2013. La decisión busca determinar las consecuencias de su comportamiento previo a la renuncia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Moción en Auxilio Urgente y la Solicitud de Admisión por Cortesía presentada por Lorenz Michel Prüss. El Tribunal proveyó ha lugar la solicitud de admisión. Esta admisión fue condicionada a que el peticionario informe el caso específico ante el Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en el cual postulará. Se estableció que, de postular en más de una querella, deberá cancelar los sellos correspondientes. La decisión fue acordada por el Tribunal. La resolución contó con un Voto Particular de Conformidad de la Jueza Asociada Pabón Charneco, al que se unieron otros jueces. También hubo un Voto Particular Disidente del Juez Presidente Hernández Denton, al que se unieron otras juezas. Un juez asociado no intervino en la decisión.

Resumen:

Esta opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la compleja cuestión de la prueba perdida o no disponible en procedimientos penales. Examina la obligación del Estado, bajo el debido proceso de ley, de descubrir evidencia favorable a la defensa. El Tribunal distingue entre la prueba que es claramente material y exculpatoria, cuya no divulgación exige un nuevo juicio, y aquella que meramente tenía el potencial de ser exculpatoria. La controversia central radica en cómo proceder cuando el Estado falla en descubrir prueba que cae en esta última categoría y que ahora se ha perdido permanentemente. Los tribunales enfrentan la difícil tarea de determinar la importancia de materiales cuyo contenido es desconocido o disputado. La opinión subraya que el propósito del juicio es la búsqueda de la verdad, lo que requiere que el acusado tenga acceso oportuno a toda la prueba relevante. La sentencia establece los procedimientos para evaluar si procede la desestimación de la acusación cuando el Estado no puede producir prueba potencialmente exculpatoria que ya no está disponible.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirma la facultad limitada del Registrador de la Propiedad al calificar documentos. El caso surge de la negativa de una Registradora a inscribir una escritura de conversión a régimen de propiedad horizontal. La Registradora señaló, entre otras faltas, la existencia de condiciones restrictivas previamente inscritas que limitaban la edificación a no más de dos familias en dos plantas. Consideró que estas condiciones impedían la constitución del condominio. El Tribunal establece que un registrador no posee la facultad para revisar la razonabilidad o validez de condiciones restrictivas que ya constan inscritas en el Registro. La función del registrador se circunscribe a examinar la legalidad del documento presentado y su conformidad con los asientos existentes. Cuestionar la validez de inscripciones previas requiere un procedimiento distinto al de la calificación registral. Esta decisión subraya un principio fundamental del ordenamiento registral inmobiliario puertorriqueño.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución con fecha 25 de octubre de 2013. Mediante este documento, el Tribunal aprobó las solicitudes de baja voluntaria de varios abogados. La resolución cubre el periodo de agosto y septiembre de 2013. Durante agosto, se autorizó la baja de Enrique A. Jordán Musa. En septiembre, se aprobaron las bajas de Héctor Cordero Vázquez, Ana Cecilia Hernández Santos y José Antonio Berríos Ortiz. Este documento oficializa la salida de estos profesionales del ejercicio de la abogacía según lo autorizado por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión de la abogada Isel M. Falcón López. La suspensión se basa en su declaración de culpabilidad por cinco cargos de delito menos grave. Estos cargos corresponden a infracciones a la Sec. 6059 del Código de Rentas Internas de 1994. Específicamente, se le encontró culpable de no conservar constancias suficientes para determinar su responsabilidad contributiva. Inicialmente, la abogada enfrentó cargos graves por no radicar planillas de contribución sobre ingresos. Sin embargo, estos cargos fueron modificados a delitos menos graves durante el proceso judicial. La licenciada Falcón López se acogió a un preacuerdo y se declaró culpable de los cargos menos graves relacionados con la falta de registros. A pesar de haber radicado las planillas y pagado las contribuciones adeudadas posteriormente, la conducta constituyó una violación al Código de Rentas Internas. La suspensión del ejercicio de la abogacía es efectiva a partir del 30 de octubre de 2013.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 25 de octubre de 2013. La resolución aprueba y documenta los cambios de estatus a Abogado(a) Inactivo(a) en el Registro Único de Abogados (RUA). Estos cambios fueron autorizados por el Tribunal durante el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2013. El documento lista específicamente los nombres y números RUA de los abogados cuyo estatus fue modificado en cada uno de esos meses. En total, la resolución identifica a 44 abogados que pasaron a tener estatus inactivo durante dicho trimestre. Esta publicación sirve como registro oficial de dichas aprobaciones por parte del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Héctor L. Ayala Vega. El procedimiento se originó por una queja relacionada con su representación en un caso criminal. Se alegó negligencia y el incumplimiento en la tramitación de una apelación criminal a pesar de haber recibido un adelanto. La queja fue presentada inicialmente ante la Oficina del Procurador General, que la archivó. El quejoso acudió al Tribunal Supremo, que refirió el asunto a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. La Comisión recomendó archivar la queja, aunque se mencionó que el abogado devolvió un cheque. El Tribunal Supremo, en su decisión Per Curiam, determinó la acción disciplinaria. Como resultado, se impuso una suspensión al licenciado Ayala Vega. La suspensión se hizo efectiva el 17 de octubre de 2013.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 10 de octubre de 2013 en el caso Ex Parte de Anthony Guadalupe Baerga. El asunto principal del caso es la readmisión al ejercicio de la abogacía. La resolución atiende una "Moción de Cambio de Estatus" presentada por el peticionario. El Tribunal acordó proveer ha lugar dicha moción. La decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 9 de octubre de 2013 en el caso TS-7056. La resolución atiende la "Solicitud de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría" presentada por la Lcda. Rosana Rivera Ortiz. El Tribunal consideró la solicitud conforme a su pronunciamiento anterior del 16 de octubre de 2009. Al verificar el cumplimiento con lo exigido en dicha fecha, el Tribunal resolvió proveer ha lugar a la solicitud. Por consiguiente, se ordena la reinstalación de la Lcda. Rosana Rivera Ortiz al ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión fue acordada por el Tribunal. No obstante, el Juez Asociado señor Rivera García proveería no ha lugar a la solicitud. La resolución fue certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

Resumen:

Este recurso gubernativo, RG-2013-2, del 9 de octubre de 2013, enfrenta a Juan H. Soto Solá con la Registradora de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda. La controversia principal gira en torno a la posibilidad de modificar la fecha de vencimiento de un pagaré hipotecario por acuerdo de las partes, incluso después de que la fecha original haya pasado, siempre que la obligación aún esté vigente. El peticionario impugna la denegatoria de recalificación e inscripción de una escritura de modificación de pagaré e hipoteca por parte de la Registradora. Los hechos se originan en una compraventa de oficina de 2008 con precio aplazado, garantizado por un pagaré hipotecario con vencimiento original el 12 de noviembre de 2009. El peticionario busca que se ordene la inscripción de la modificación que extiende dicho plazo, tras la negativa registral.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida el 9 de octubre de 2013 en el caso Ex Parte Wendy Sue O'Neill. La materia tratada es la readmisión al ejercicio de la abogacía y la notaría. La peticionaria presentó una Moción Solicitud para Activación de Obra Notarial y Presentación de Fianza Notarial. Tras examinar la moción, el Tribunal resolvió reinstalar a Wendy Sue O'Neill al ejercicio de la abogacía. Asimismo, autorizó su admisión al ejercicio de la notaría en Puerto Rico. Esta autorización está condicionada a que cumpla con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una orden el 9 de octubre de 2013. La orden resuelve la Moción Solicitando Reactivación como Abogada presentada por Frances M. Hamel Grafals. Dicha moción buscaba la readmisión al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la solicitud, el Tribunal Supremo proveyó ha lugar a la misma. Con esta decisión, se concede la reactivación de la abogada en el registro oficial. Se ordena específicamente a la Secretaría del Tribunal Supremo que proceda a registrar este cambio. La orden se relaciona con el caso Ex Parte: Frances M. Hamel Grafals, bajo el número TS-14667. Constituye una decisión oficial sobre la readmisión al Registro Único de Abogados y Abogadas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución con fecha de 8 de octubre de 2013 en el caso Ex Parte Brenda L. Bey Viñas, identificado con el número TS-14358. La resolución atendió la Solicitud de Cambio de Estatus en el Registro Único de Abogados y Abogadas y de Readmisión al Ejercicio de la Abogacía presentada por la Sra. Brenda L. Bey Viñas. Tras examinar la solicitud, el Tribunal determinó proveerla con lugar. Esto significa que la petición de la Sra. Bey Viñas para ser readmitida al ejercicio de la abogacía fue concedida por el Tribunal Supremo. La resolución ordena su publicación y fue certificada por la Secretaria del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 8 de octubre de 2013. La resolución aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. Dicha solicitud fue presentada por Héctor Javier Miranda Casasnovas. El Tribunal examinó la petición junto con una certificación de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Tras considerar la información, el Tribunal determinó reinstalar al Lcdo. Héctor Javier Miranda Casasnovas. Con esta decisión, se le permite retomar el ejercicio de ambas profesiones. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpreta el Artículo 3 de la Ley Núm. 80 de 1976, que establece el orden de retención de empleados por antigüedad en casos de despidos por reducción de personal. La controversia central es cómo computar la antigüedad de un empleado para estos fines. Se analiza si la antigüedad se calcula basándose en el tiempo en una clasificación ocupacional particular o en el tiempo total de servicio en la empresa. Además, el Tribunal considera la aplicación de estas reglas a empresas con múltiples establecimientos. El caso específico involucra a una empleada que fue despedida tras trasladarse entre plantas de la misma compañía. La opinión busca clarificar el método adecuado para determinar la antigüedad y el orden de retención conforme a la Ley Núm. 80.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (RG-2013-1) surge de un recurso gubernativo presentado por Doña Antonia Rivera García. La peticionaria impugna la denegatoria de la Registradora de la Propiedad de Bayamón a anotar su derecho a hogar seguro. Dicha anotación fue solicitada al amparo de la Ley Núm. 195-2011 sobre una propiedad que es parte de una comunidad hereditaria. La propiedad es el antiguo hogar conyugal, ahora en común proindiviso entre la peticionaria y sus hijos herederos. La solicitud se hizo mediante Acta Notarial donde solo compareció la peticionaria. El Tribunal Supremo se pronunciará por primera vez sobre la naturaleza y alcance del derecho a hogar seguro bajo la Ley 195-2011. Específicamente, determinará si para inscribir este derecho en una propiedad hereditaria es necesaria la comparecencia de todos los cotitulares en el Acta Notarial. El caso busca clarificar los requisitos registrales para el hogar seguro en este tipo de propiedades.

Resumen:

Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 7 de octubre de 2013, identificada con el número de caso CT-2013-17. El documento detalla los abogados que representan a la parte peticionaria, al Hon. Edgardo Rivera García y a la parte recurrida. La materia legal abordada incluye acciones de Injuction Mandatorio, Preliminar y Permanente, Mandamus, Quo Warranto y Sentencia Declaratoria. Se trata de un documento oficial del Tribunal Supremo, sujeto a correcciones antes de su publicación final. La sentencia inicia destacando la relevancia fundamental de la confianza del pueblo en su Judicatura para el funcionamiento de la sociedad democrática. Se subraya que esta confianza es indispensable para que los ciudadanos puedan llevar sus controversias y reclamar sus derechos ante una Rama Judicial eficiente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico sanciona al licenciado Calixto A. López González por su reiterada falta de cumplimiento con las órdenes emitidas por el Tribunal en procedimientos disciplinarios. Esta conducta es considerada inaceptable e irrespetuosa por la Corte. La decisión se basa en el historial del abogado, incluyendo una queja específica donde se le imputa haber desistido de casos sin el consentimiento de su cliente. A pesar de los requerimientos de la Comisión de Ética, el abogado demoró en responder a dicha queja. Ante el incumplimiento con las órdenes judiciales, el Tribunal Supremo decreta la suspensión inmediata e indefinida del licenciado López González de la práctica de la abogacía. Otros procedimientos disciplinarios pendientes contra el abogado quedarán inactivos mientras dure la suspensión. La suspensión será efectiva a partir de la fecha en que se le notifique al abogado.

Resumen:

Esta opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la aplicación del requisito de notificación bajo la Ley Núm. 104, que rige las reclamaciones y demandas contra el Estado. El asunto específico es si este requisito aplica a las personas confinadas en instituciones correccionales. El tribunal considera si la "realidad del confinado" constituye automáticamente justa causa para una notificación tardía al Estado. La opinión ratifica la norma establecida de que todo demandante, incluyendo los confinados, debe explicar cualquier tardanza en notificar al Estado según lo exige la ley. Aclara que el hecho de estar confinado en una institución correccional no provee automáticamente la justa causa requerida por el estatuto. Por lo tanto, la realidad del confinamiento no es una excepción a la regla general sobre el cumplimiento de la notificación al demandar al Estado por daños y perjuicios.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico lamenta profundamente el fallecimiento del Hon. Efraín Rivera Pérez, Juez Asociado Retirado de este Tribunal. Nacido en Mayagüez en 1951, tuvo una destacada carrera en la judicatura y la práctica privada. Sirvió como Juez de Distrito y Superior, y posteriormente como Juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ocupó el cargo de Juez Asociado del Tribunal Supremo desde el 13 de julio de 2000 hasta su retiro el 31 de julio de 2010. Fue un servidor público distinguido, caracterizado por su sensibilidad, sentido de justicia y dedicación. Su personalidad afable y afectiva armonizaba con su carácter firme y apasionado. El Tribunal destaca su compromiso con el servicio público y el respeto hacia sus compañeros. Su legado permanece como evidencia de una vida dedicada a la justicia. El Tribunal extiende sus sinceras condolencias a su familia, en especial a su hija Mariela.

Resumen:

Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2011-706, emitida el 19 de septiembre de 2013. La materia principal abordada es el alcance del privilegio abogado-cliente en el contexto corporativo, según la Regla 503 de Evidencia. El caso surge de una demanda laboral presentada por José Pagán Cartagena contra su antiguo empleador, First Hospital Panamericano. El recurrido fue despedido tras un incidente de suicidio de una paciente y alega que su despido se debió a expresiones vertidas en una reunión con la administración y los abogados de la corporación. Dicha reunión se celebró para discutir los hechos del suicidio, en preparación para una potencial demanda de terceros contra la corporación. La controversia central es si la conversación entre el empleado y los abogados de la corporación, sostenida para abordar un posible litigio externo, conserva su carácter privilegiado en el pleito laboral subsiguiente instado por el empleado contra la corporación. El Tribunal Supremo busca delimitar el alcance de este privilegio en situaciones donde el empleado que participó en la comunicación privilegiada luego demanda a la corporación.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que enmienda las Reglas de Disciplina Judicial. Se fundamenta en la autoridad constitucional y legal para regular el procedimiento disciplinario de jueces. Las enmiendas afectan a las Reglas 13(a), 14, 16(b), 17(a), 20, 21(a), 26(d)(3), 27(d), 28(a), 28(c), 28(d), 30(a), 30(b) y 32. Los cambios detallan el proceso de evaluación de informes de investigación por un Comisionado Asociado para determinar causa probable. Establecen los plazos y procedimientos para la notificación de resoluciones y la presentación de querellas o peticiones de retiro involuntario. Regulan los mecanismos de descubrimiento de prueba, incluyendo plazos, notificaciones y la necesidad de autorización para deposiciones. Finalmente, fijan el término para la celebración de la vista evidenciaria tras completarse el descubrimiento. Estas modificaciones buscan ajustar y clarificar los procedimientos disciplinarios aplicables a los jueces.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Orlando Martínez Sotomayor. La acción se inició por una queja de compradores de una propiedad. Alegaron que la negligencia del abogado al autorizar una escritura de compraventa impidió su inscripción en el Registro de la Propiedad. Los hechos se enmarcan en un pleito de partición de herencia donde el licenciado representó a parte de los herederos. El abogado autorizó escrituras de aceptación de legado y compraventa donde no comparecieron todos los componentes de la sucesión. La escritura de compraventa describía a los vendedores, solo algunos herederos, como dueños con pleno dominio. Esta situación afectó la registrabilidad del título adquirido por los querellantes. El Tribunal Supremo determinó la conducta profesional del licenciado. Como resultado, se impuso una suspensión en el ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión fue efectiva a partir del 16 de septiembre de 2013.

Resumen:

Ante el aviso del Servicio Nacional de Meteorología por el paso de la tormenta tropical Gabrielle, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión de los trabajos en la Rama Judicial y el cierre de los Tribunales y Secretarías el 5 de septiembre de 2013. Esta medida se tomó para salvaguardar la seguridad de empleados, funcionarios y ciudadanos. Como resultado de esta suspensión, y al amparo de su facultad reglamentaria, el Tribunal dispuso que el 5 de septiembre de 2013 se consideraría como un día feriado para el cómputo de términos judiciales. Esto se basa en los artículos 388 y 389 del Código Político de 1902. Consecuentemente, cualquier término procesal que venciera en esa fecha se extendió automáticamente hasta el viernes, 6 de septiembre de 2013. Se ordenó la inmediata difusión pública de esta Resolución para informar a la comunidad.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari (CC-2012-152) relacionado con una demanda por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El caso enfrenta a José J. Zapata Berrios contra J.F. Montalvo Cash \& Carry, Inc., quien alegó justa causa basada en una reorganización por reducción de ventas. La controversia surgió en el contexto de una solicitud de sentencia sumaria presentada por el patrono. El Tribunal aborda tres temas principales en su opinión. Primero, rechaza el uso de declaraciones juradas posteriores para contradecir testimonios previos en deposiciones con el fin de evitar la sentencia sumaria. Segundo, clarifica los requisitos formales para impugnar hechos materiales en mociones de sentencia sumaria bajo la nueva Regla 36 de Procedimiento Civil. Tercero, interpreta el concepto de justa causa según el Artículo 2(e) y (f) de la Ley 80. Esta interpretación se centra en la facultad del patrono para cesantear empleados como parte de una reorganización motivada por una reducción en el volumen de ventas o ganancias. La decisión establece pautas importantes sobre el mecanismo de sentencia sumaria y la aplicación de la Ley 80 en casos de despidos por razones económicas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó una querella contra el Hon. Reinaldo Santiago Concepción, Juez Superior. Se le imputó violar los Cánones de Ética Judicial y Profesional. Las alegaciones principales fueron conducta constitutiva de violencia doméstica y uso de sustancias controladas. Tras examinar el informe de la Comisión de Disciplina Judicial y la prueba, el Tribunal coincidió en que el juez incurrió en la conducta imputada. Consideró que estas faltas contravienen principios éticos fundamentales y la política pública de la Rama Judicial. La conducta vulnera la dignidad humana y las normas contra la violencia doméstica y el uso de drogas. Como resultado, el Tribunal ordenó la destitución inmediata de Reinaldo Santiago Concepción como Juez Superior. También dispuso su desaforo del ejercicio de la profesión de la abogacía.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en ejercicio de su poder inherente, enmendó el Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría. La Resolución ER-2013-2, con fecha de 12 de agosto de 2013, modifica específicamente las Reglas 5.7.1 y 6.2.1(j). La enmienda a la Regla 5.7.1 establece que la solicitud para el examen de Reválida General deberá ir acompañada de un pago de \$250. Asimismo, fija el pago para la solicitud de Reválida Notarial en \$200. Esta regla también indica que el pago se realizará según disponga la Junta, ya sea electrónicamente o mediante sellos de Rentas Internas. La Regla 6.2.1(j) se enmienda para requerir un pago general de \$250 con la solicitud, salvo dispensa autorizada. Estas modificaciones se realizan al amparo de la Regla 15.4 del reglamento vigente. Las enmiendas entran en vigor de inmediato.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconsidera su decisión en el caso Pueblo v. Ángel Santos Santos (CC-2011-98). La controversia central es determinar si la revocación de una convicción por la admisión errónea de prueba que viola el derecho de confrontación requiere la absolución del acusado o la celebración de un nuevo juicio. En una opinión previa (185 D.P.R. 709), el Tribunal había revocado la sentencia condenatoria y absuelto al acusado. Esto se basó en que la prueba inadmisible (informe químico sin testimonio del analista) impedía al Ministerio Público probar la culpabilidad más allá de duda razonable. Ahora, el Tribunal reconsidera su posición sobre el remedio adecuado en estos casos. Resuelve que, cuando una convicción es revocada por la admisión errónea de evidencia que infringe el derecho de confrontación, lo procedente es ordenar la celebración de un nuevo juicio. El caso original surgió de una convicción por violación a la Ley de Sustancias Controladas, donde se cuestionó la admisión de un informe químico sin la comparecencia del perito.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 8 de agosto de 2013, que consolida los casos CC-2008-1128 y CC-2010-620. El caso enfrenta a empleadas de la Rama Judicial (Recurridas) contra la Directora Administrativa de los Tribunales (Peticionaria). La controversia central gira en torno a planteamientos bajo el debido proceso de ley. Se examina la aplicación del principio constitucional de igual paga por igual trabajo. Este principio se evalúa específicamente en relación con los Planes de Clasificación y Retribución de los Reglamentos de Personal de la Rama Judicial. La opinión, emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ, aborda derechos constitucionales y laborales en el ámbito judicial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la capacidad mental del Lcdo. Vidal Rodríguez Amaro. Se consideró que la condición mental de un abogado impacta su cumplimiento con el Código de Ética Profesional. Ante las preocupaciones sobre sus facultades mentales, el Tribunal decidió suspenderlo preventivamente del ejercicio de la abogacía. El licenciado fue admitido en 1975 y 1976 para la abogacía y notaría, respectivamente. Ya había sido suspendido en 2004 por incumplimiento, siendo reinstalado solo a la abogacía, con la notaría pendiente por deficiencias en su obra. La acción actual surge de documentos de un caso en el Tribunal de Primera Instancia que evidenciaron situaciones durante una vista. La suspensión preventiva busca asegurar que pueda desempeñarse a la altura requerida por la profesión. La efectividad de la suspensión está sujeta a que la Sentencia advenga final y firme conforme a la Regla 45.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó la representación legal en procedimientos de arbitraje en la isla por abogados admitidos en otras jurisdicciones de Estados Unidos. El caso se originó por una queja contra abogados de Illinois que representaban a una entidad en un arbitraje de FINRA en Puerto Rico sin estar admitidos localmente ni solicitar admisión por cortesía. Los abogados argumentaron que la ley sobre la práctica ilegal de la abogacía no aplicaba a arbitrajes de FINRA y que era una práctica común. El Tribunal concluyó que los abogados admitidos en otras jurisdicciones estadounidenses deben solicitar admisión por cortesía, conforme a la Regla 12(f) del Reglamento del Tribunal Supremo, para representar clientes en arbitrajes que se ventilen en Puerto Rico. Esta obligación aplica incluso si el foro no es judicial, como FINRA, cuando el arbitraje se rige por las leyes de Puerto Rico. La decisión establece un requisito formal para la participación de abogados foráneos en arbitrajes locales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra la Lcda. Gail Ramos Martínez por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). La abogada no cumplió con la educación continua obligatoria para el periodo de marzo de 2007 a febrero de 2009. La Directora del PEJC informó al Tribunal sobre el incumplimiento en marzo de 2013. Previamente, se le enviaron avisos de incumplimiento y se le otorgaron prórrogas para que tomara los cursos requeridos. La licenciada Ramos Martínez pagó la cuota por incumplimiento tardío y compareció por escrito tras no asistir a una vista informal. A pesar de las múltiples oportunidades y extensiones concedidas, no cumplió con los requisitos. En consecuencia, el Tribunal ordenó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión fue efectiva a partir del 30 de octubre de 2013, fecha de notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución de 24 de julio de 2013, abordó la aprobación de bajas voluntarias de abogados. La Sala de Verano del Tribunal autorizó la separación voluntaria de la práctica legal de varios letrados durante los meses de abril y mayo de 2013. Específicamente, se aprobó la baja de Héctor Cordero Vega en abril. Para el mes de mayo, se autorizó la baja voluntaria de Héctor M. Varela Riestra e Irma C. Cuebas Chardón. La resolución detalla los números de colegiado de cada abogado cuya baja fue aprobada. El Tribunal ordenó la publicación de esta resolución como constancia oficial.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico fechada el 24 de julio de 2013. Constituye una enmienda Nunc Pro Tunc a una Resolución anterior del 16 de abril de 2013. El propósito es incluir abogados adicionales en la lista de aquellos a quienes se les aprobó el cambio a estatus inactivo. La aprobación cubre el período de enero a marzo de 2013. Se detallan los nombres y números de colegiado de los abogados añadidos para cada mes. La decisión fue tomada por una Sala de Verano del Tribunal Supremo.

Resumen:

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Gumersindo Colón Hernández. La acción se originó por una queja presentada por la Sra. María S. Rosario Osorio. La clienta alegó haber contratado al abogado para un Expediente de Dominio, pagándole un total de $20,000. Según la queja, el licenciado Colón Hernández dejó de comunicarse y de informarle sobre el estado del caso. La petición de la clienta fue eventualmente desestimada por el tribunal. La Sra. Rosario Osorio también cuestionó la realización de un estudio de título y el valor del trabajo efectuado por la suma pagada. La Oficina del Procurador General investigó los hechos tras recibir la queja. El encabezado del documento señala que la suspensión del abogado es efectiva desde el 7 de agosto de 2013. El caso detalla las alegaciones de falta de diligencia y comunicación que llevaron a la acción disciplinaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Ángel M. Rosado Nieves. Se le imputó violar la fe pública notarial y faltar a su deber de sinceridad y honradez en el ejercicio de la notaría. Las alegaciones surgieron de una queja de 2006 relacionada con un testamento y una declaración jurada otorgados en 1989, los cuales fueron declarados nulos o vulneraron la fe pública. También se le acusó de representar a una cliente a sabiendas de su incapacidad en 1991. El licenciado se defendió argumentando indefensión por el tiempo transcurrido desde los hechos. El Tribunal determinó que sus actuaciones demostraron graves faltas a la veracidad en documentos públicos. Por consiguiente, se decidió suspenderlo indefinidamente del ejercicio de la notaría. La suspensión fue efectiva a partir del 7 de agosto de 2013, fecha de su notificación.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida el 9 de julio de 2013. Aborda los casos identificados con los números CT-2013-8, CT-2013-9 y CT-2013-10. La decisión principal consiste en declarar "no ha lugar" a las mociones de reconsideración presentadas por las partes peticionarias en estos casos. Se trata de una resolución Per Curiam. La decisión contó con votos disidentes. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió un voto particular disidente al que se unieron los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y Estrella Martínez. Los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Rivera García también se mencionan en relación con opiniones. El documento es oficial del Tribunal Supremo, sujeto a cambios del proceso de publicación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consolidó varios casos disciplinarios contra el Lcdo. Osvaldo Aponte del Valle. La conducta principal bajo escrutinio fue su reiterado incumplimiento con órdenes emitidas por el Tribunal. Específicamente, se le había ordenado desde 2009 subsanar deficiencias en una escritura pública en la que actuó como notario. A pesar de múltiples resoluciones y extensiones de tiempo concedidas, el abogado no cumplió con lo requerido. El Tribunal consideró esta falta de cumplimiento con sus órdenes disciplinarias como una conducta inadmisible para cualquier miembro de la profesión legal. Por ello, decidió imponer la sanción más severa contemplada: el desaforo. La suspensión efectiva se fijó para el 30 de julio de 2013. Esta decisión subraya la importancia del cumplimiento con las directrices del Tribunal en el ejercicio de la profesión legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión el 3 de julio de 2013 en los casos consolidados AC-2007-66, AC-2007-67 y CC-2007-827. La materia principal abordada es el estándar de revisión en casos de daños y perjuicios por difamación y un aspecto de procedimiento civil sobre la sustitución de jueces. La opinión, redactada por el Juez Asociado FELIBERTI CINTRÓN, contiene una resolución significativa. Por primera vez desde la incorporación de la doctrina de *New York Times Co. v. Sullivan*, el Tribunal determinó que un funcionario público logró probar adecuadamente que la prensa escrita actuó con malicia real. Esta decisión establece un precedente importante sobre la aplicación del estándar de malicia real en reclamaciones por difamación presentadas por funcionarios públicos contra medios de comunicación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 2 de julio de 2013 para extender los términos judiciales. Esto se debe a que el Juez Presidente concedió los días 5 y 26 de julio de 2013 como días libres para los empleados de la Rama Judicial. Para efectos del cómputo de términos procesales, estos días se considerarán como si fueran feriados, aplicando los Artículos 388 y 389 del Código Político de 1902. Cualquier término que venza el viernes 5 de julio de 2013 se extenderá hasta el próximo día laborable, el lunes 8 de julio de 2013. Asimismo, los términos que venzan el viernes 26 de julio de 2013 se extenderán hasta el lunes 29 de julio de 2013. Esta medida se toma en virtud de la facultad reglamentaria del Tribunal. Se ordena la inmediata difusión pública de esta resolución.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el caso del notario Ronald L. Rosenbaum. El notario informó el extravío de varios tomos de sus protocolos notariales de los años 2005 y 2006. Se le concedió un término de 90 días para intentar la reconstrucción de los documentos perdidos. A pesar de las gestiones realizadas, el notario comunicó al tribunal que la reconstrucción no había sido posible. Indicó que no poseía la mayoría de los expedientes ni copias de los documentos. Sus intentos de contactar a clientes y entidades resultaron infructuosos. El tribunal determinó que la pérdida se debió a la negligencia del notario en custodiar los protocolos que pertenecen al Estado. Como consecuencia de este incumplimiento y la imposibilidad de reconstruir la obra notarial, el tribunal ordenó su suspensión inmediata del ejercicio de la notaría. La decisión subraya el deber del notario de salvaguardar diligentemente los protocolos estatales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la petición de certificación en el caso Lydia E. Cruz y otros v. Estado Libre Asociado. La resolución aborda si la eliminación de beneficios adicionales a los retirados, como el aguinaldo de navidad y los aumentos trienales, por la Ley Núm. 3-2013, constituye un menoscabo constitucional. El Tribunal reiteró su postura de *Trinidad Hernández v. E.L.A.*, indicando que estos beneficios no forman parte de la pensión. Se basó en la Ley Núm. 447 de 1951, que define la pensión como una "anualidad por retiro" y lista estos como "otros beneficios". La diferencia en las fuentes de financiamiento para estos beneficios adicionales, provenientes del presupuesto general o del fideicomiso del sistema, abona a esta conclusión. Por tanto, la eliminación de estos beneficios adicionales no viola la Constitución al no menoscabar la pensión definida legalmente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Eddie A. Pérez Pérez. La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) informó al Tribunal sobre las múltiples gestiones infructuosas para contactar al licenciado. Estas gestiones buscaban dar cumplimiento a una citación relacionada con su registro notarial. Específicamente, se requería información sobre la Declaración Núm. 255 de 21 de noviembre de 2011, referente a un vehículo. La ODIN realizó numerosos intentos sin éxito para obtener la información requerida. Ante la falta de respuesta y cooperación, el Tribunal Supremo tomó acción disciplinaria. Como resultado, se impuso una suspensión al licenciado Pérez Pérez. La suspensión se hizo efectiva el 15 de agosto de 2013, fecha en que se le notificó.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia el 27 de junio de 2013 en el caso CC-2009-243. El caso involucra apelaciones separadas presentadas por Haydeé Ortiz González y José Rivera contra una decisión del Tribunal de Apelaciones. La señora Ortiz González, exempleada, busca revocar la sentencia apelativa que exoneró a su antiguo patrono, Caribbean Restaurants (Burger King), de responsabilidad por alegados actos de hostigamiento sexual en el empleo. Argumenta que el foro apelativo erró al no encontrar al patrono responsable. Por otro lado, el señor Rivera, también parte en el caso, sostiene que los actos en cuestión no constituyeron hostigamiento sexual. En la alternativa, el señor Rivera plantea que, de haber hostigamiento, Caribbean Restaurants debía responder solidariamente. Ambas partes solicitan la revocación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones. La Sentencia del Tribunal Supremo aborda estas controversias relacionadas con la responsabilidad patronal y la calificación de los actos en un caso de hostigamiento sexual.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 27 de junio de 2013 en el caso identificado como TS-10,547, "In re: Iván Vega Lassalle". La materia tratada en este documento judicial es la Solicitud de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía presentada por el Lcdo. Iván Vega Lassalle. Tras considerar la solicitud, el Tribunal Supremo resolvió concederla. Por tanto, se reinstala al Lcdo. Iván Vega Lassalle únicamente al ejercicio de la abogacía. La resolución fue pronunciada por el Tribunal y certificada por la Secretaria Interina.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una Resolución del Tribunal de Apelaciones en el caso CC-2012-775, Dámaso I. Soto Pino v. Uno Radio Group. El peticionario, Uno Radio, solicitó la revisión de la negativa del foro apelativo a desestimar un recurso de apelación. Dicho recurso fue presentado por la parte recurrida a pesar de haber incumplido con varias disposiciones reglamentarias procesales. El Tribunal Supremo aprovecha la oportunidad para reafirmar postulados de Derecho Procesal Apelativo. Específicamente, ratifica la norma de que los tribunales carecen de discreción para prorrogar automáticamente los términos de cumplimiento estricto. Además, recuerda que la justa causa para incumplir con estos términos no se acredita con meras alegaciones generales o excusas superfluas. La controversia se centra únicamente en los aspectos procesales apelativos, no en los hechos sustantivos del pleito laboral subyacente.