Pueblo v. Vélez Bonilla

Esta opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la compleja cuestión de la prueba perdida o no disponible en procedimientos penales. Examina la obligación del Estado, bajo el debido proceso de ley, de descubrir evidencia favorable a la defensa. El Tribunal distingue entre la prueba que es claramente material y exculpatoria, cuya no divulgación exige un nuevo juicio, y aquella que meramente tenía el potencial de ser exculpatoria. La controversia central radica en cómo proceder cuando el Estado falla en descubrir prueba que cae en esta última categoría y que ahora se ha perdido permanentemente. Los tribunales enfrentan la difícil tarea de determinar la importancia de materiales cuyo contenido es desconocido o disputado. La opinión subraya que el propósito del juicio es la búsqueda de la verdad, lo que requiere que el acusado tenga acceso oportuno a toda la prueba relevante. La sentencia establece los procedimientos para evaluar si procede la desestimación de la acusación cuando el Estado no puede producir prueba potencialmente exculpatoria que ya no está disponible.