Pueblo v. Santos Santos

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa el alcance del derecho constitucional a confrontar testigos en casos criminales. La cuestión principal es si se satisface la cláusula de confrontación cuando un perito testifica sobre un informe de análisis preparado por otro químico que no comparece a corte. Esta evaluación se realiza a la luz de la normativa establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en casos como Crawford v. Washington y Meléndez Díaz v. Massachusetts, así como por la jurisprudencia previa de este Tribunal. El caso específico involucra a un acusado bajo la Ley de Sustancias Controladas, donde se admitió un informe pericial a través del testimonio de una química supervisora en lugar del químico que realizó el análisis. De determinar que existe una violación al derecho de confrontación, el Tribunal debe resolver si dicho error es de naturaleza estructural, que conlleva la revocación automática de la sentencia, o si está sujeto a la doctrina del error constitucional no perjudicial. La decisión busca clarificar los requisitos para la admisibilidad de informes periciales y el testimonio de peritos sustitutos bajo la cláusula de confrontación.