Casos del Tribunal Supremo (Página 12)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó si la denegatoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a fotocopiar ciertas cartas de un confinado infringe su derecho constitucional al libre acceso a los tribunales. La Corte determinó que, en este caso particular, dicha acción no constituyó una violación a ese derecho fundamental. Más allá de la controversia inmediata, la decisión aprovechó para abordar de forma novedosa el alcance de la discreción administrativa del DCR. Se estableció que el ejercicio de la discreción del Departamento, al amparo de su ley orgánica y reglamentos, se presume válido. Esta presunción se mantiene en la medida en que no entre en conflicto o vulnere algún derecho constitucional del confinado. La opinión, emitida por el Juez Asociado Rivera García, sienta pautas sobre el balance entre la autoridad del DCR para manejar las instituciones penales y los derechos de la población penal. El caso tuvo su origen en una solicitud de fotocopiado de "cartas legales" denegada en la biblioteca de una institución penal. La decisión aclara los límites de la agencia al aplicar sus normativas internas sobre las condiciones de vida de los confinados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó un recurso de certiorari presentado por Foot Locker Retail, Inc. contra Marcos Delgado Adorno. Foot Locker impugnaba una decisión del Tribunal de Apelaciones que había denegado su recurso previo, el cual buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la Moción de Sentencia Sumaria de Foot Locker sin consignar los hechos materiales genuinamente controvertidos, señalando en su lugar asuntos de estricto derecho. El Tribunal Supremo determinó que esta actuación incumplió con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Por tanto, el Tribunal Supremo revocó el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia. La devolución es para que el Tribunal de Primera Instancia consigne adecuadamente los hechos materiales que encontró de buena fe controvertidos. La Jueza Presidenta emitió una Opinión de Conformidad, mientras dos Jueces Asociados disintieron.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Juan M. Maldonado De Jesús del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida disciplinaria se impone por infringir disposiciones clave de la Ley Notarial, el Reglamento Notarial y el Código de Ética Profesional. La acción surge de una queja disciplinaria presentada en julio de 2020, basada en un informe legislativo sobre la adquisición de pruebas de COVID-19. Se imputa al letrado haber autorizado una declaración jurada sin la presencia del otorgante, pero incluyendo su firma, lo que atenta contra la fe pública notarial. Las violaciones específicas incluyen los Arts. 2, 12, 56 y 57 de la Ley Notarial; las Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial; y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. La suspensión es efectiva a partir del 19 de enero de 2022.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Moción en Cumplimiento de Orden y Reiterando la Solicitud de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía presentada por el Sr. Felipe Hernández Román. Tras considerar la solicitud, el Tribunal resolvió reinstalar al señor Hernández Román al ejercicio de la abogacía. La resolución fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 19 de enero de 2022.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 18 de enero de 2022 en el caso número TS-10,150. La materia del caso es la readmisión al ejercicio de la abogacía del Sr. Carmelo Pérez García. Tras examinar la moción presentada por el peticionario, el Tribunal decidió readmitirlo al ejercicio de la profesión legal. La resolución ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Asimismo, se ordena al abogado Pérez García actualizar su información de contacto en dicho registro.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el procedimiento adecuado para impugnar boletos de tránsito expedidos por agentes municipales. Los peticionarios, en representación del Hotel Ciqala, impugnaron una multa de \$500 impuesta por el Municipio de San Juan por estacionarse sobre la acera. Inicialmente, el Hotel siguió el proceso administrativo establecido por una ordenanza municipal, el cual confirmó la validez de la multa. El Tribunal Supremo intervino para aclarar la ley y el trámite aplicable a este tipo de impugnaciones. Considerando la jurisprudencia previa y la legislación pertinente, el Tribunal determinó el procedimiento correcto. La decisión establece que el Artículo 23.05 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley Núm. 22-2000) rige el proceso para impugnar boletos municipales por violaciones de circulación, estacionamiento y tránsito. Esta sentencia clarifica el foro y el procedimiento legal que los ciudadanos deben seguir para disputar multas de tránsito impuestas por la policía municipal.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2020-159) examina la validez de un Acta aclaratoria y de subsanación en el ámbito del Derecho Registral y Notarial. Dicha Acta fue otorgada por un notario para modificar escrituras de hipoteca previas. Su propósito era establecer la distribución de la responsabilidad hipotecaria entre dos inmuebles vendidos que garantizaban un pagaré al portador. La controversia principal radicaba en si esta modificación era válida al realizarse sin la presencia del deudor, acreedor o terceros afectados. El Tribunal Supremo revisó la decisión del Tribunal de Apelaciones que había declarado nula el Acta. El Supremo concluyó que el foro apelativo actuó correctamente al decretar la nulidad del Acta aclaratoria y de subsanación. Además, el Tribunal Supremo determinó que las escrituras de hipoteca originales que dieron paso al Acta también eran nulas de pleno derecho. La decisión aborda los requisitos formales y sustantivos para la modificación de hipotecas y la distribución de responsabilidad en el registro de la propiedad.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario sobre el Lcdo. José R. Meléndez Mulero. Se determinó que el abogado infringió los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional. Esta decisión se basa en su conducta profesional, incluyendo aspectos de su representación legal en un caso que pasó a jurisdicción federal. El abogado ya contaba con un historial disciplinario previo de 1989, donde fue suspendido como notario y amonestado como abogado por incumplimiento y desobediencia a órdenes judiciales, siendo advertido de medidas más severas en el futuro. Como resultado de la presente evaluación, el Tribunal ordenó su suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión se impuso por el término de un año. Dicha suspensión es efectiva a partir del 18 de enero de 2022.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó una petición de certiorari presentada por el Procurador General en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Johnny Pérez Núñez. La petición buscaba revisar la determinación de los foros inferiores sobre la solicitud del Ministerio Público para que un testigo clave testificara por videoconferencia. El Ministerio Público alegó que el testigo, Jimmy Bonilla Torres, no podía viajar a Puerto Rico por razones de salud. Tras una vista de necesidad, el Tribunal de Primera Instancia concluyó, basándose en la prueba médica y testimonios, que el testigo no tenía una contraindicación médica que le impidiera trasladarse para testificar. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta decisión. El Tribunal Supremo proveyó no ha lugar a la petición de certiorari. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurrió con la decisión, señalando que no se debe intervenir con la apreciación de la prueba hecha por el foro primario en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. El Ministerio Público no logró probar la existencia de un cuadro de salud que impidiera la presencia física del testigo en el juicio.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la razonabilidad de remedios provisionales dictados en aseguramiento de sentencia en el contexto de un contrato de construcción entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Engineering Services International, Inc. La controversia principal se centró en si dichas medidas seguían siendo adecuadas ante cambios fácticos ocurridos durante el litigio. Se evaluó si el fin de la relación contractual entre las partes alteró las circunstancias de manera que invalidara las órdenes provisionales. El Tribunal resolvió que, efectivamente, la terminación del contrato constituyó un cambio fáctico que hizo que los remedios provisionales dejaran de ser adecuados e idóneos. Determinó que el Tribunal de Apelaciones se equivocó al confirmar las resoluciones del foro primario que mantenían en efecto dichas medidas. El caso se originó por una disputa contractual sobre la instalación de bombas en un proyecto de tratamiento de agua. Engineering Services había demandado a la Autoridad buscando, entre otras cosas, una sentencia declaratoria y órdenes para facilitar la ejecución del contrato. La opinión establece que los cambios en las circunstancias, como el fin de una relación contractual, pueden justificar dejar sin efecto medidas provisionales previamente dictadas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 1 de julio de 2021 en el caso TS-15,582. La Resolución atiende la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría presentada por Paolo J. Pérez Román. El Tribunal examinó la moción del peticionario y resolvió reinstalarlo al ejercicio de la abogacía. En cuanto a la reinstalación al ejercicio de la notaría, se concedió un término de veinte días a la Oficina de Inspección de Notarias (ODIN) para que se exprese. Adicionalmente, se ordenó reactivar las quejas AB-2013-211 y AB-2014-363 que el licenciado tenía pendientes y que fueron archivadas administrativamente tras su suspensión en 2017. La Jueza Presidenta no intervino en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió a la notaria Roxanna I. Soto Aguilú del ejercicio de la notaría por el término de un año. La suspensión se fundamenta en violaciones a la Ley Notarial, la Ley Hipotecaria, el Código de Rentas Internas y el Código de Ética Profesional. El proceso disciplinario se originó por una queja relacionada con una escritura de compraventa autorizada en 2007. La notaria incumplió con su deber al no entregar una copia de la escritura a la parte compradora ni presentarla para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Además, no proveyó documentos solicitados por la compradora sobre el tracto registral del inmueble. El Tribunal determinó que estas acciones constituyen conducta profesional indebida. La suspensión por un año es efectiva inmediatamente a partir del 30 de diciembre de 2021. Esta decisión subraya la obligación de los notarios de cumplir diligentemente con sus responsabilidades legales y éticas, incluyendo la entrega y registro oportuno de los documentos que autorizan.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 30 de diciembre de 2021. Mediante este documento, el Tribunal procedió a la designación de un nuevo Director Ejecutivo para la Comisión de Evaluación Judicial. La designación se realizó en virtud de la Regla 5 del Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia. El Lcdo. Alexander G. Reynoso Vázquez fue nombrado para ocupar dicho cargo. Su designación será efectiva a partir del 18 de enero de 2022. La Resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

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Este documento judicial, identificado como CT-2021-14 y fechado el 27 de diciembre de 2021, aborda una controversia en materia de derecho constitucional y electoral. La disputa, iniciada por el Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad, cuestiona la permanencia en sus cargos del Presidente y la Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) una vez expirado su término legal. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que ambos funcionarios pueden continuar desempeñando sus funciones. Esta decisión se fundamenta en la cláusula de continuidad indefinida dispuesta en el Código Electoral de 2020. Como resultado directo de esta interpretación, el Tribunal revocó su decisión previa en el caso Nogueras v. Hernández Colón, de 1991. La opinión fue emitida por el Juez Asociado Feliberti Cintrón. Diversos comisionados electorales de otros partidos y el Gobernador participaron como partes con interés. El caso resuelve la incertidumbre sobre la continuidad de la alta gerencia de la CEE bajo la ley electoral vigente.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó la procedencia de una Moción de Resentencia presentada bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario, Benito Arroyo Rodríguez, fue sentenciado a 26 años de prisión por actos lascivos. Presentó una apelación que fue desestimada por el Tribunal de Apelaciones debido a abandono, al no presentar la transcripción de la prueba oral a pesar de múltiples órdenes y advertencias. Casi tres años después de la desestimación de la apelación, el peticionario presentó la moción de resentencia alegando representación legal inadecuada. El Tribunal Supremo determinó que no se cumplió con el estándar de prueba requerido para fundamentar una moción bajo la Regla 192.1. Por tanto, resolvió que procedía declarar No Ha Lugar la moción. En consecuencia, confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Solicitud de cambio a estatus de abogada inactiva a activa presentada por Nilda Carrero Nieves. La peticionaria buscaba reactivarse al ejercicio de la abogacía. En su decisión del 23 de diciembre de 2021, el Tribunal proveyó ha lugar a la solicitud. Se ordenó a la Secretaría registrar el cambio en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Esta determinación permite a Nilda Carrero Nieves ejercer la abogacía activamente.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Marie Liz Vargas Martínez. La decisión se basa en su craso incumplimiento al Canon 9 de Ética Profesional y su falta de acatamiento a las órdenes del Tribunal. Un cliente presentó una queja alegando que la abogada, tras asumir su representación, fue irresponsiva, lo que resultó en la desestimación de su demanda. A pesar de recibir notificaciones y dos resoluciones del Tribunal Supremo concediéndole términos para contestar la queja, la licenciada Vargas Martínez no compareció ni respondió. Esta inacción y desobediencia a los mandatos judiciales motivaron la sanción disciplinaria. La suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría es efectiva a partir del 20 de diciembre de 2021.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico autorizó un receso administrativo para el Programa de Educación Jurídica Continua. Este receso, efectivo desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022, fue recomendado por la Directora Ejecutiva del Programa. La medida se implementó como parte de una sana administración y control de gastos. Las labores del Programa se reanudarán el 10 de enero de 2022. Los términos dispuestos en el Reglamento del Programa que venzan durante el receso se extenderán hasta el 28 de enero de 2022. No obstante, esta prórroga no aplica al periodo de cumplimiento de tres años que expire entre estas fechas, según la Regla 29 del Reglamento. La Resolución ordena la difusión pública de esta determinación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Oscar J. Santamaría Torres del ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión se basa en que el licenciado se ha distanciado de los principios de honradez y moral que rigen la profesión. El licenciado Santamaría Torres, admitido en 2007 como abogado y 2008 como notario, solicitó un cambio a estatus inactivo en el registro de abogados. Informó al Tribunal que suscribió un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable de conspiración, soborno y "kickbacks" bajo 18 USC 371. Reconoció estar incapacitado para desempeñar éticamente sus deberes profesionales. El acuerdo de culpabilidad, firmado el 30 de noviembre de 2021, se relaciona con un esquema de soborno y conspiración en contratos municipales de Cataño entre 2017 y 2021. Previamente, el licenciado había solicitado la cesación voluntaria de la notaría, entregando su obra y sellos. La suspensión es efectiva a partir del 13 de diciembre de 2021.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 2 de diciembre de 2021 en el caso identificado como TS-16,445. La Resolución atendió una Moción presentada por el Sr. José R. Laureano Cintrón. Dicha Moción solicitaba un cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas. El Tribunal examinó la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía. Tras su evaluación, el Tribunal proveyó ha lugar la petición del Sr. Laureano Cintrón. En consecuencia, ordenó el cambio de su estatus a abogado activo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso In re: Javier Pérez Rojas, con fecha de 24 de noviembre de 2021. La Resolución examinó las mociones presentadas por el licenciado Pérez Rojas y la Oficina de Inspección de Notarías. Como resultado, el Tribunal autorizó la reinstalación del peticionario al ejercicio de la notaría. Esta reinstalación fue condicionada expresamente a que el letrado acredite la adquisición de una fianza notarial buena y válida. Además, se apercibió al licenciado Pérez Rojas de que en lo sucesivo deberá dar fiel cumplimiento a las disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento. La decisión fue acordada por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió una controversia sobre el cálculo de haberes dejados de percibir en casos de despido discriminatorio. El caso, *Irma Torres Rivera v. Econo Rial, Inc.*, requirió determinar el momento adecuado para descontar los ingresos que la empleada perjudicada obtuvo de otros empleos durante el periodo del despido. La pregunta específica era si dicho descuento debía realizarse antes o después de aplicar la doble penalidad dispuesta por ley. El Tribunal concluyó que los ingresos devengados por la empleada de otras fuentes deben ser descontados de la cuantía de haberes dejados de percibir *antes* de imponer la doble penalidad. Esta determinación se fundamenta en el carácter reparador y no punitivo de los estatutos laborales aplicables. El caso se originó de una querella por despido injustificado, discrimen por edad, impedimento y represalias.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2019-928. El recurso de certiorari surge de una controversia sobre la vigencia y alcance de servidumbres en equidad (condiciones restrictivas) en la Urbanización Santa María. Los peticionarios, residentes y asociaciones, demandaron a Rad-Man San Juan III-D, LLC. por presunta violación de estas restricciones al arrendar su propiedad. El Tribunal de Primera Instancia emitió un interdicto permanente contra Rad-Man, concluyendo que hubo contravención. El Tribunal de Apelaciones revocó esta Sentencia Sumaria. El Tribunal Supremo revisa si el Tribunal de Apelaciones erró al revocar la sentencia, específicamente si hubo cambios en el vecindario que justificaran modificar o extinguir las servidumbres. La opinión concluye que no se demostró la ocurrencia de cambios radicales en el área sujeta a las condiciones restrictivas. Por tanto, no existen hechos materiales en controversia que impidan dictar sentencia sumaria. El Tribunal Supremo revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Se reinstala la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la decisión CC-2018-748 del 10 de noviembre de 2021, resolvió una controversia sobre la validez de un acuerdo de arbitraje en el ámbito laboral. La cuestión principal era si la continuidad en el empleo constituye una forma válida de consentimiento tácito a dicho acuerdo, haciendo innecesaria la firma de las partes. El Tribunal determinó que, bajo el ordenamiento puertorriqueño y sujeto a la Ley Federal de Arbitraje, la continuidad en el empleo sí configura un consentimiento tácito válido. Por consiguiente, en casos como el presente, la validez del acuerdo de arbitraje no requiere la firma de los empleados. Aplicando este principio al litigio entre empleados y Pfizer Pharmaceuticals, LLC, el Tribunal concluyó que existía un acuerdo de arbitraje válido. Esta determinación llevó a revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y a reinstalar la sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia, confirmando la aplicabilidad de la cláusula de arbitraje. El Tribunal señaló que este principio es consistente con las normas sobre el consentimiento en los Códigos Civiles de 1930 y 2020.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Luis M. Pavía Vidal del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida disciplinaria se impuso por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El letrado no completó los créditos de educación continua requeridos para el periodo del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2018. La Directora Ejecutiva del PEJC le notificó el incumplimiento y le concedió varias oportunidades para subsanarlo y pagar la multa correspondiente. A pesar de las notificaciones y términos concedidos, el licenciado Pavía Vidal no cumplió con los requisitos reglamentarios ni con las órdenes del Tribunal. Ante su actitud de desidia, el Tribunal ejerció su facultad disciplinaria. La suspensión es efectiva a partir del 9 de noviembre de 2021.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 8 de noviembre de 2021 en el caso TS-18,937. La materia principal tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría por parte del Lcdo. Carlos Carrasquillo Bermúdez. El Tribunal examinó una moción presentada por el licenciado informando cumplimiento de una orden previa. También consideró el informe final de la Oficina de Inspección de Notarias (ODIN) sobre el estado de la obra notarial incautada. Tras evaluar estos documentos, el Tribunal Supremo acordó reinstalar al Lcdo. Carrasquillo Bermúdez en el ejercicio de sus funciones notariales. La decisión subraya la importancia de que el licenciado cumpla fielmente con la Ley Notarial y su Reglamento en el futuro.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 27 de octubre de 2021 en el caso TS-10,537, ordenó iniciar un procedimiento para determinar la capacidad mental del Lcdo. Carlos E. Géigel Bunker para ejercer la abogacía. Este proceso se lleva a cabo conforme a la Regla 15(c) del Reglamento del Tribunal Supremo. Se designó a una Comisionada Especial para recibir prueba sobre la capacidad mental del licenciado y rendir un informe con sus hallazgos y recomendaciones. Se requiere la designación de un panel de tres psiquiatras en un término de diez días. La Oficina del Procurador General fue notificada para participar en el procedimiento. Como medida de protección social, el Tribunal suspendió provisionalmente al licenciado Géigel Bunker del ejercicio de la abogacía. Dicha suspensión se mantendrá vigente hasta que se determine su capacidad mental. La resolución ordena la notificación personal y publicación del dictamen.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 25 de octubre de 2021 en el caso In re: Yolanda M. Stacholy Ramos. La materia principal tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó una solicitud de reconsideración presentada el 19 de octubre de 2021. Tras su evaluación, el Tribunal determinó proveer ha lugar a dicha solicitud. Como resultado directo de esta decisión, se ordenó la reinstalación de la Sra. Yolanda M. Stacholy Ramos al ejercicio de la profesión legal. Este documento oficializa la decisión del Tribunal en este asunto particular.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso CT-2021-13, entre Equipo Sanjuaneras de la Capital y la Federación Puertorriqueña de Voleibol. La resolución examinó una urgente petición de auto certificación intrajurisdiccional. El Tribunal decidió declarar no ha lugar la petición. Esto implica que el caso no será elevado inmediatamente al Tribunal Supremo y deberá continuar el trámite ordinario en los foros inferiores. La resolución incluye un voto particular de conformidad que apoya la decisión de que el caso siga su curso procesal regular. Varios jueces emitieron votos particulares disidentes. Las opiniones disidentes argumentaron que la controversia presentaba alto interés público, cuestiones constitucionales novedosas (relacionadas con el embarazo de una jugadora) y la necesidad de delimitar la autonomía deportiva frente a la revisión judicial. Consideraron que estos factores justificaban la certificación inmediata del caso por el Tribunal Supremo.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la extensión de términos judiciales. Se emite en respuesta a la Orden Administrativa OAJP-2021-084, que estableció el 5 de enero de 2022 como día de cierre total del Tribunal General de Justicia. Esta medida forma parte de las acciones de control de gastos del Poder Judicial. Durante un cierre total, los tribunales permanecen cerrados, operando solo jueces de turno para asuntos urgentes. Conforme a las facultades del Tribunal para reglamentar procedimientos, los días de cierre total se consideran feriados a efectos del cómputo de términos. Aplicando los artículos 388 y 389 del Código Político, cualquier término procesal que venza el 5 de enero de 2022 se extenderá automáticamente al siguiente día laborable. Esta regla aplica también a otras fechas decretadas como cierres totales por órdenes administrativas previas. La resolución ordena su difusión pública.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión en el caso CT-2021-12 con fecha 15 de octubre de 2021. La controversia principal giró en torno a la constitucionalidad del inciso (3) del Artículo 3.7 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020. Dicha disposición establecía que, ante la ausencia de nombramientos por parte del Gobernador y la Asamblea Legislativa, el Pleno del Tribunal Supremo debía elegir al Presidente y Presidente Alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La Corte se avocó a determinar si el sistema constitucional puertorriqueño permite delegar al Poder Judicial la facultad de nombrar a los directivos de la CEE. El caso contó con la participación de abogados del Senado, la Oficina del Procurador General, los comisionados electorales del PPD y PNP como partes interventoras, y amicus curiae del comisionado electoral de MVC y la Cámara de Representantes. El documento subraya que la única cuestión a resolver era la compatibilidad de esta disposición con la Constitución.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Hermán F. Valentín Figueroa. La acción se debe a su incumplimiento reiterado con los requisitos reglamentarios del Programa de Educación Jurídica Continua. Específicamente, el licenciado no cumplió con el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2019. Se le envió un Aviso de Incumplimiento en septiembre de 2019, otorgándole términos para comparecer, explicar y subsanar la falta, así como pagar la multa correspondiente. A pesar de las oportunidades brindadas, el abogado no cumplió con los requisitos. El caso fue referido por la Directora Ejecutiva del Programa a la Junta, la cual recomendó su remisión al Tribunal Supremo. Como resultado de su inacción y falta de cumplimiento, el Tribunal ordena su suspensión inmediata e indefinida. La suspensión le impide ejercer la abogacía y la práctica de la notaría. Esta medida disciplinaria es efectiva a partir del 8 de octubre de 2021, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Ricardo L. Pérez Bartolomei. Dicha solicitud fue radicada ante el Tribunal el 4 de octubre de 2021. Mediante decisión emitida el 8 de octubre de 2021, bajo el número de caso TS-16,757, el Tribunal Supremo resolvió sobre la petición. El Tribunal acordó y ordenó la reinstalación del Sr. Ricardo L. Pérez Bartolomei al ejercicio de la abogacía. Esta decisión constituye un documento oficial del Tribunal Supremo. La orden fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

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Una asociación de residentes instó un procedimiento sumario de cobro de dinero contra un propietario por cuotas de mantenimiento impagadas, amparado en la Regla 60 de Procedimiento Civil. El propietario contestó la demanda y formuló defensas afirmativas, argumentando que la deuda no era líquida ni exigible debido a un supuesto cálculo incorrecto de las cuotas por parte de la asociación desde 1993. El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró si estas defensas afirmativas justificaban convertir el procedimiento sumario a uno ordinario. La Corte resolvió que las defensas afirmativas claras y sustanciales que impugnan la liquidez y exigibilidad de la deuda reclamada sí permiten la conversión del procedimiento a uno ordinario. Esta conversión procede aun cuando tales defensas coincidan con alegaciones presentadas en una reconvención desestimada que también impugnaba el cálculo de las cuotas. La opinión establece que la impugnación de la liquidez de la deuda mediante defensas afirmativas es un fundamento válido para requerir un procedimiento ordinario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 22 de septiembre de 2021 en el caso TS-12,040. La Resolución atiende la Moción Solicitando Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía presentada por la Sra. Rebecca Díaz Guerrero. El Tribunal declaró ha lugar la moción, reinstalando a la señora Díaz Guerrero al ejercicio de la abogacía. Sin embargo, la reinstalación se limita solamente a la abogacía. Adicionalmente, se le concedió un término final de veinte días para completar la subsanación de su obra protocolar incautada. Se apercibe a la licenciada Díaz Guerrero que el incumplimiento de esta orden podría resultar en un procedimiento de desacato civil. La decisión fue acordada por el Tribunal, con la no intervención del Juez Asociado Estrella Martínez.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 20 de septiembre de 2021 en el caso número TS-15,278. La resolución se refiere a la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Julio C. Villalona Viera. Tras examinar la petición radicada el 14 de septiembre de 2021, el Tribunal procedió a resolver sobre la misma. Mediante esta decisión, se ordena la reinstalación del Sr. Julio C. Villalona Viera. Dicha reinstalación se limita únicamente al ejercicio de la abogacía. La determinación fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

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Este recurso gubernativo, presentado por FirstBank contra la Registradora de la Propiedad de Ponce, aborda dos puntos clave. Primero, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclara si se requiere la presentación de una copia física de un documento calificado, presentado telemáticamente, para perfeccionar un recurso gubernativo. El Tribunal determina que este requisito es obsoleto e innecesario, en consonancia con la digitalización de los procesos registrales. Segundo, el caso examina los requisitos para la inscripción de escrituras de modificación de hipoteca. El Tribunal valida la denegatoria de inscripción por parte de la Registradora. La escritura de modificación de hipoteca presentada por FirstBank no cumplía con el Art. 89 de la Ley Hipotecaria. Dicho artículo exige que el notario dé fe expresa de haber tenido ante sí el pagaré original al momento de otorgar la escritura y de haber tomado razón de los cambios en el mismo. Al carecer la escritura de esta dación de fe, la Registradora actuó correctamente al denegar su inscripción.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una orden oficial el 15 de septiembre de 2021. La orden se refiere al caso de José R. Franco Rivera. La materia principal es su solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la moción presentada por el señor Franco Rivera. También consideró la certificación del Programa de Educación Jurídica Continua. Tras revisar estos documentos, el Tribunal acordó reinstalar al letrado José R. Franco Rivera al ejercicio de la profesión legal. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la validez de las instrucciones al jurado sobre el requisito de unanimidad para los veredictos. La controversia surge en un caso criminal donde se debatió si tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad debían ser unánimes. El Ministerio Público solicitó una instrucción que exigiera unanimidad para ambos resultados, mientras la defensa argumentó que solo la culpabilidad requería unanimidad, permitiendo una mayoría para la no culpabilidad. El Tribunal examina la aplicación de los principios de unanimidad tras las decisiones en *Ramos v. Louisiana* y *Pueblo v. Torres Rivera*. La opinión emitida por el Juez Asociado Kolthoff Caraballo resuelve la cuestión. Se determina que solo es válida la instrucción que aclare al Jurado que tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad deben ser unánimes. Esta decisión establece el estándar de unanimidad para todos los veredictos del jurado en casos criminales en Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 2 de septiembre de 2021 en el caso In re: Francis Vargas Leyro. La materia tratada fue la reinstalación al ejercicio de la notaría. El Tribunal examinó la moción de reinstalación presentada por el Lcdo. Francis Vargas Leyro y la moción de la Oficina de Inspección de Notarías. Tras considerar ambas presentaciones, el Tribunal dio por cumplida una orden previa. Se autorizó la reinstalación del letrado al ejercicio de la notaría. Esta autorización está condicionada a que el Lcdo. Vargas Leyro acredite ante el Tribunal la prestación de una fianza notarial vigente.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución para despedir al Lcdo. José I. Campos Pérez, quien culmina sus funciones como Secretario. Se reconoce su labor con tenacidad y entrega al Poder Judicial y al pueblo de Puerto Rico durante su gestión. El licenciado Campos Pérez ocupó el cargo de Secretario desde noviembre de 2018, tras una trayectoria previa en el Tribunal. Durante su secretaría, implementó mejoras en los procesos internos para lograr efectividad y eficiencia. Aseguró el funcionamiento ininterrumpido de la Secretaría durante el lockdown por la pandemia. Además, impulsó proyectos clave como la digitalización de expedientes y la presentación digital de documentos. El Tribunal le agradece por su excelente servicio y le desea éxito en su nuevo rol como Asesor en Gerencia y Eficiencia Gubernamental en la Oficina del Gobernador. El Juez Asociado Kolthoff Caraballo se une a la despedida, destacando su dedicación, conocimientos y calidad humana.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su decisión del 26 de agosto de 2021 en el caso CC-2019-905, examina la figura de la tentativa imposible o inidónea en el derecho penal puertorriqueño, un tema poco explorado previamente por la corte. La controversia se centra en si es punible la conducta de una persona que intenta cometer un delito, pero las circunstancias hacen que la consumación sea objetivamente inalcanzable. El caso fáctico involucra a un médico que intentó introducir una sustancia que creía era cocaína a una cárcel, pero que en realidad era otra sustancia proporcionada por un agente encubierto. Este escenario plantea una tentativa de narcotráfico que era imposible de consumar. La opinión analiza la aplicabilidad de un enfoque objetivo-subjetivo para determinar la punibilidad. El Tribunal concluye que, bajo el texto vigente del ordenamiento penal, las tentativas imposibles sí son punibles en Puerto Rico.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria sobre el Hon. Aníbal Lugo Irizarry, juez superior. La acción surge de una queja presentada por la Hon. Mónica Alpi Figueroa, jueza superior. La queja alegaba que el juez Lugo Irizarry realizó comentarios difamatorios y antiéticos sobre la jueza Alpi Figueroa a un alguacil. Los comentarios se referían a una supuesta oposición de la jueza Alpi Figueroa a la renominación de otro juez. El juez Lugo Irizarry admitió haber compartido el contenido de una conversación que escuchó. El Tribunal determinó que su conducta infringió los Cánones 4, 6, 7, 13 y 23 de Ética Judicial. También se encontró una violación a la Regla 10 de las Reglas de Disciplina Judicial. Como resultado, el Tribunal impuso una censura enérgica al juez Lugo Irizarry.

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El Tribunal Supremo considera una reclamación de una asegurada contra su aseguradora por daños causados por el huracán María. La Sra. María H. García Bermúdez demandó a la Cooperativa de Seguros Múltiples, alegando incumplimiento de contrato, investigación incompleta y subestimación de daños, reclamando sobre \$111,000. La aseguradora solicitó la desestimación, argumentando que el cobro de dos cheques por parte de la asegurada constituía un pago en finiquito que saldaba la reclamación. La Cooperativa sostuvo que estos pagos cubrían todos los daños a la propiedad. La asegurada se opuso, planteando controversias sobre la cuantía real de los daños y si consintió en renunciar a sus derechos al aceptar los cheques. El Tribunal debe determinar si procede la disposición sumaria bajo la doctrina del pago en finiquito, aplicando los criterios establecidos en un caso previo (Feliciano Aguayo). El caso evalúa si la defensa de finiquito es válida cuando el asegurado disputa la suficiencia del pago y la intención de renuncia. Se aborda la cuestión recurrente de disputas de seguros post-huracán María y la aplicación de doctrinas de transacción.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 20 de agosto de 2021. El caso, identificado con el número TS-14,530, trata sobre la readmisión al ejercicio de la abogacía. La parte peticionaria es Roberto J.J. Buono Colón. El Tribunal examinó una moción presentada en cumplimiento de una orden previa. Se determinó que el señor Buono Colón cumplió con la orden emitida el 29 de junio de 2021. En vista de dicho cumplimiento, el Tribunal acordó reactivar al abogado Roberto J.J. Buono Colón al ejercicio de la abogacía. La resolución fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

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Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda un punto de derecho procesal civil. La controversia surge en una demanda bajo la Ley Núm. 75 por terminación de contrato de distribución. Específicamente, se discute la validez del emplazamiento por edicto a una corporación foránea. La parte demandante omitió incluir la fecha de publicación del edicto entre los documentos remitidos a la demandada. El Tribunal Supremo resolvió que esta omisión constituye un error técnico. Dicho error es subsanable mediante una enmienda, conforme a la Regla 4.8 de Procedimiento Civil. Se determinó que el foro primario posee discreción para ordenar esta enmienda. Si el emplazamiento original se realizó dentro del término de 120 días, la enmienda posterior no priva al tribunal de jurisdicción. La decisión clarifica la aplicación de las reglas de procedimiento civil en casos de emplazamiento por edicto con errores técnicos.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Cándido Valcárcel Ríos. La materia principal es la readmisión al ejercicio de la abogacía. El Tribunal atendió una moción presentada por el peticionario en cumplimiento de una resolución previa del 30 de junio de 2021. La moción fue declarada Con Lugar. Con esta decisión, se da por cumplida la resolución anterior. El Tribunal ordena a la Secretaria registrar el cambio de estatus del Sr. Valcárcel Ríos a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Esto le permite reanudar el ejercicio activo de la profesión legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examina la naturaleza de la solidaridad entre un patrono y su empleado bajo los Artículos 1803 y 1804 del Código Civil. El caso plantea si la doctrina de solidaridad impropia, aplicable a cocausantes, rige en la responsabilidad presunta del patrono por actos de su empleado. La Corte establece que la relación entre patrono y empleado en este contexto es de solidaridad propia, distinta de la solidaridad impropia. Por tanto, resuelve que no procede reducir la indemnización imputada a un patrono bajo el Art. 1803 por la porción de culpa de un empleado no demandado. Esta determinación asegura que el demandante pueda cobrar la totalidad de la indemnización del patrono. Asimismo, se alinea con la facultad del patrono de repetir contra el empleado lo pagado, conforme al Art. 1804. Se aplica por primera vez la distinción entre solidaridad propia e impropia en el ámbito de la responsabilidad vicaria patronal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 9 de agosto de 2021. La Resolución examinó la Moción presentada por la Sra. Sara H. Cortés Correa. Dicha Moción solicitaba su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la solicitud, el Tribunal Supremo decidió proveer ha lugar la Moción. En consecuencia, la Sra. Sara H. Cortés Correa fue reinstalada al ejercicio de la abogacía.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución para designar a su nuevo Secretario. La resolución anuncia el cese de funciones del Lcdo. José I. Campos Pérez como Secretario, efectivo el 31 de agosto de 2021, agradeciendo su destacada labor. Se designa al Lcdo. Javier O. Sepúlveda Rodríguez para ocupar el cargo de Secretario del Tribunal Supremo, con efectividad a partir del 1 de septiembre de 2021, tras prestar juramento. La resolución destaca el sobresaliente trasfondo profesional y académico del Lcdo. Sepúlveda Rodríguez, incluyendo su experiencia como Oficial Jurídico del Tribunal, participación en proyectos de reforma judicial y roles previos en el Departamento de Justicia. La decisión fue acordada por el Tribunal, con un Voto de Conformidad de varios jueces. Un juez emitió una expresión particular disidente, criticando el proceso de nombramiento por no seguir la práctica previa de buscar consenso.