Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 309)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve la apelación presentada por Daniel Deliz Nieves. El apelante fue declarado culpable por el Tribunal de Primera Instancia del delito de Empleo de Violencia o Intimidación contra la Autoridad Pública. Se le impuso una pena de un año y diez meses de cárcel por hechos ocurridos en una institución penal. Según la prueba de cargo, Deliz Nieves se negó a cumplir una orden y lanzó orines y excrementos a varios oficiales de custodia. El apelante impugnó la sentencia alegando que la prueba fue insuficiente e inverosímil para probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Argumentó que no se probaron todos los elementos del delito imputado. Tras revisar los autos y la transcripción de la prueba, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía revocar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la sentencia impuesta a Roderick Romero Betancourt por el Tribunal de Primera Instancia. El apelante fue declarado culpable por un jurado de homicidio negligente y tres infracciones a la Ley de Armas, resultando en una pena de cuarenta y tres años y cinco meses de reclusión. La apelación se centra en la impugnación de la aplicación del Artículo 7.03 de la Ley de Armas, que duplicó las penas por las infracciones a dicha ley. El apelante argumenta que esta aplicación violó su derecho al debido proceso y a un juicio por jurado, ya que el factor agravante no figuró en los pliegos acusatorios ni fue sometido al jurado. Adicionalmente, alega que una de las infracciones a la Ley de Armas (Art. 5.06) debió ser desestimada por estar subsumida en otra (Art. 5.04). Un tercer señalamiento de error cuestiona la proporcionalidad de la sentencia, calificándola de cruel e inusitada. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, anuncia que confirmará la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201300782. La apelante, Sheila Taína Rosa Falero, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, que la declaró culpable de asesinato en primer grado y la sentenció a noventa y nueve años de prisión. Se le imputó haber dado muerte a Jonathan Sánchez Torres el 6 de noviembre de 2010 en Fajardo. La apelante alega que el tribunal erró al encontrarla culpable de asesinato en primer grado, argumentando que la prueba demostró características del Síndrome de la Mujer Maltratada. También sostiene que la muerte ocurrió tras una provocación del occiso, en una reacción violenta e intencional pero no premeditada, producto de un arrebato de cólera. El Tribunal de Apelaciones ha analizado los alegatos, los autos originales y la transcripción de la prueba. El documento comienza a discutir el estándar de prueba en casos criminales, requiriendo que el Estado pruebe la culpabilidad más allá de duda razonable. El tribunal está listo para atender y resolver las controversias planteadas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de Certiorari presentada por Francisco Borrero Vázquez. Buscaba revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que le denegó el privilegio de la libertad a prueba y ordenó cumplir su sentencia en reclusión. Borrero Vázquez se había acogido a una alegación pre acordada por restricción ilegal de la libertad y actos lascivos, cargos reducidos de secuestro y agresión sexual. Aunque el pre acuerdo recomendaba penas concurrentes y libertad a prueba, los informes pre sentencia no la recomendaron. El Tribunal de Primera Instancia aceptó la alegación pero lo sentenció a reclusión. Borrero Vázquez argumentó que su abogado anterior lo indujo a error al garantizarle la probatoria. El Tribunal de Apelaciones señaló que la recomendación del pre acuerdo estaba sujeta a los informes pre sentencia. Además, el Tribunal de Primera Instancia le informó explícitamente a Borrero Vázquez que no estaba obligado por las recomendaciones y podía ordenar reclusión, lo cual él aceptó. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari y confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Delvis López Rivera. La apelante fue hallada culpable en el Tribunal de Primera Instancia por infracción al Art. 2.8 de la Ley 54, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Los hechos se relacionan con la violación de una orden de protección previamente emitida a favor de su ex esposo, al éste alegar que ella se le acercó y le profirió palabras soeces y gestos obscenos. Tras un juicio por tribunal de derecho, se emitió fallo de culpabilidad y se le impuso una pena de tres años bajo un programa de desvío. La Sra. López Rivera apeló la sentencia, argumentando que la prueba presentada fue insuficiente para establecer su culpabilidad más allá de duda razonable. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente, incluyendo los alegatos de las partes y la transcripción del juicio. El tribunal contextualiza el caso dentro del propósito de la Ley 54 para combatir la violencia doméstica. Habiendo completado el análisis de los documentos y argumentos, el tribunal se dispone a resolver la apelación.

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El documento contiene el testimonio de Enriquillo Fernández Berroa en un juicio por tribunal de derecho celebrado en mayo y junio de 2013. El testigo relata los sucesos del 10 de junio de 2011, cuando él, Ariel Arroyo y Christian Vázquez Quintana se encontraron con el apelante (Torres Pontón, "Joe") y Tomasito Torres. Describe una discusión previa en un pub entre Ariel, Tomasito y el apelante. Más tarde esa noche, mientras estaban estacionados en un Martin's BBQ, el testigo afirma que el apelante, desde un vehículo conducido por Tomasito, les disparó. Fernández Berroa identificó al apelante como la persona que les apuntó y disparó desde el lado del pasajero del vehículo. El testimonio detalla la secuencia de eventos desde el encuentro inicial hasta el momento de los disparos y la reacción inmediata. Este relato constituye parte de la evidencia presentada por el Ministerio Público en el caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201301695. Se resuelve una apelación presentada por William Collazo Almedina contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue instado por José Burgos Negrón y otros por incumplimiento de contrato y daños. La controversia surgió de un acuerdo transaccional para resolver problemas de desplazamiento de aguas y tierras entre fincas colindantes en Cayey. Dicho acuerdo incluía la construcción de una zanja, instalación de mallas para control de erosión y terminación de un muro de contención. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, concluyendo que los apelantes incumplieron el acuerdo al realizar las obras de manera negligente. Ordenó remedios específicos y concedió indemnización por daños, honorarios de abogado y costas. El apelante impugnó los hallazgos y conclusiones del foro primario. El Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentada por Osvaldo Pagán Hernández contra El Pueblo de Puerto Rico. El apelante solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que dictó sentencia en su contra. Dicha sentencia se basó en un hallazgo de culpabilidad por violación al Artículo 3.3 de la Ley 54. La acusación principal fue por realizar una llamada telefónica amenazante a su expareja, Eva Pagán Lugo, causándole temor. Durante el juicio, la víctima testificó identificando la voz del apelante y describiendo su miedo. Se presentó prueba pericial de la compañía telefónica confirmando la llamada desde un número específico. Tras evaluar los argumentos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre Minerva De Jesús Reyes y otros contra Octavio A. Seda Delgado y otros. El recurso apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas de diciembre de 2013. Dicha sentencia de instancia declaró nula una sentencia previa emitida en rebeldía el 20 de febrero de 2001. La nulidad se basó en la falta de jurisdicción sobre la persona, específicamente por notificación insuficiente de la sentencia de 2001. Los apelados (demandados originales) habían solicitado relevo de la sentencia de 2001 años después, alegando no haber sido emplazados ni notificados adecuadamente. Tras un recurso anterior ante este foro, se ordenó al Tribunal de Instancia celebrar una vista para evaluar la validez del emplazamiento y notificación. El Tribunal de Instancia determinó que la notificación de la sentencia de 2001 fue devuelta por dirección insuficiente. Por ello, el foro primario relevó a los apelados de la sentencia de 2001. La presente sentencia del Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación contra la sentencia de 2013. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para entender en este recurso.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un recurso presentado por Luis A. Meléndez García. Meléndez García impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de asesinato en primer grado, escalamiento agravado y violación a la Ley de Armas. Los cargos se originan en hechos ocurridos el 18 de febrero de 2013, donde Meléndez García, supuestamente con otras personas, entró a la residencia de Carmelo Cruz Nieves. La víctima fue presuntamente golpeada con un bloque de cemento, amarrada y privada de la vida durante el incidente. Meléndez García fue acusado en marzo de 2013 y, tras renunciar a la vista preliminar, procedió a juicio por tribunal de derecho en octubre de 2013. El documento detalla el trasfondo procesal y comienza a relatar la prueba desfilada en juicio, iniciando con el testimonio de un agente de la policía que describió la escena del crimen donde se encontró a la víctima atada y fallecida.

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Se apela la sentencia impuesta a Juan Rosario Rosario por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Rosario Rosario fue declarado culpable de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas, amenazas e infracciones a la Ley de Armas. La apelación busca revocar dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó la prueba presentada en el juicio, incluyendo el testimonio del agente investigador y de un testigo clave, Andrés Josué Rivera Marrero, conocido como "Gallo". La prueba detalló el hallazgo del cuerpo de la víctima, José Antonio Rivera Montesino, y la investigación que llevó a identificar al apelante como sospechoso. El testigo "Gallo" relató lo presenciado y afirmó haber sido amenazado. Tras evaluar los fundamentos, el panel del Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso presentado por Omaira Centeno Ortiz y otros contra el Municipio Autónomo de San Juan. Los apelantes buscaban revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios. La demanda original alegaba negligencia del Municipio por un accidente sufrido por la Sra. Centeno en una acera con un desnivel. En el juicio, tras presentar su prueba, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por insuficiencia probatoria. También denegó una solicitud de los apelantes para activar una presunción de evidencia adversa relacionada con un testigo sustituido por el Municipio. Los apelantes recurrieron esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los alegatos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Por tanto, se mantuvo la desestimación de la demanda contra el Municipio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una acción de daños y perjuicios por prescripción. Los apelantes demandaron originalmente en octubre de 2012 por una caída ocurrida en noviembre de 2011. Casi dos años después del incidente y más de un año después de la demanda inicial, los apelantes incluyeron a National Building Maintenance Corp. como codemandada en una demanda enmendada. La apelada solicitó la desestimación argumentando que la acción estaba prescrita, basándose en la doctrina que exige interrumpir la prescripción individualmente para cada cocausante dentro del término de un año, según el caso *Fraguada Bonilla*. Los apelantes se opusieron, alegando que el término prescriptivo comenzó cuando conocieron la identidad de la apelada a través del descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y el derecho aplicable. Finalmente, el panel confirmó la Sentencia Parcial apelada, validando la desestimación de la acción contra National Building Maintenance Corp. por estar prescrita.

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Es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Israel Maldonado Santiago. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, que desestimó su demanda de división de comunidad de bienes gananciales contra Adelaida Nieves Valentín. El litigio se relaciona con un inmueble adquirido durante el matrimonio, disuelto en 2005. Aunque la señora Nieves Valentín firmó un contrato de opción de compraventa antes del matrimonio, identificándose como soltera, la escritura de compraventa y la hipoteca se otorgaron mientras estaban casados. El señor Maldonado Santiago reclamó la división de los bienes gananciales, incluyendo esta propiedad. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda y la desestimó con perjuicio. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de Alexandra Tapia Rivera contra el Departamento de la Familia. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que privó a la madre de la custodia legal de su hijo menor, JMT, y eximió al DF de realizar esfuerzos de reunificación familiar. El caso se origina por alegaciones de maltrato de menores, específicamente una fractura sufrida por JMT. Como antecedente, se menciona la muerte de una hija anterior de la apelante, causada por el padre biológico (quien fue convicto), el mismo padre de JMT. El Tribunal de Primera Instancia había determinado que la remoción del menor fue conforme a derecho. La apelante presentó mociones de reconsideración que fueron denegadas. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, determinó revocar la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de Eduardo M. Joglar Castillo. El apelante busca revocar una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de sentencia declaratoria. La controversia surge de la renuncia de Joglar Castillo a AWCI, LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware. Tras su renuncia, Joglar Castillo solicitó la liquidación de su participación en la empresa. Los otros miembros, Gerald A. Torres y Luis A. Penna, continuaron operando AWCI y se negaron a liquidar su participación. Alegaron que el acuerdo operativo no contempla la liquidación por renuncia a menos que ocurra la disolución de la compañía. Merrill Lynch, donde AWCI tiene sus cuentas de inversión (su único activo), intervino al recibir instrucciones contradictorias sobre los fondos. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de los demandados, basándose en 22 hechos probados, incluyendo que no se configuró un evento de disolución de AWCI. Joglar Castillo apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del 30 de junio de 2015 relacionada con un patrón de abuso sexual contra el menor M.M.S. ocurrido en Cabo Rojo entre 2002 y 2009. El documento describe el entorno familiar del menor, incluyendo padres divorciados, madrastra, hermanastros y madrina. M.M.S. visitaba y pernoctaba frecuentemente tanto en casa de su padre como en la de su madrina. El apelante, Rafael Doitteau Cruz, compañero de la madrina, desarrolló una relación muy cercana con el menor. La madrastra de M.M.S. notó cambios preocupantes en su comportamiento, como hábitos de sueño y baño inusuales. El menor dejó de visitar la casa de su madrina en dos ocasiones, la última a los dieciséis años. Coincidiendo con esto, su rendimiento académico disminuyó. El texto establece el contexto familiar y social del menor y las relaciones clave que rodearon los hechos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación contra una declaración de incapacidad y nombramiento de tutor. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia, donde José R. Lugo Mattei y Zaida Lugo Mattei solicitaron declarar incapaz a su madre, Zaida Genoveva Mattei Mullet, y nombrar a José como su tutor. Alegaron que la madre padecía demencia que la incapacitaba para tomar decisiones. El Tribunal de Primera Instancia, tras celebrar vistas y evaluar la prueba, incluyendo testimonio médico experto, declaró la incapacidad y nombró al tutor solicitado. La Dra. María de Lourdes Córdova Comas testificó que la madre sufría de demencia progresiva por infartos, afectando su capacidad cognitiva y de decisión. Rosa Ileana Lugo Mattei, hermana de los peticionarios, apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y las determinaciones de hecho del foro primario. Concluyó que la prueba, especialmente el testimonio médico, sustentaba la declaración de incapacidad. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda una controversia sobre incumplimiento de subcontrato de obra y daños en el proyecto de construcción Art at San Patricio. AG Interior Design, Inc., subcontratista principal, demandó a JMA Management Corp. y Nova Construction Corp., subcontratistas, por deficiencias y abandono de la obra. JMA, subcontratista de AG, cesó operaciones y abandonó el proyecto por problemas de flujo de efectivo. Tras la salida de JMA, AG y Nova, subcontratista de JMA, acordaron que Nova continuaría los trabajos bajo la supervisión de AG, quien asumiría el pago de las deudas de JMA a Nova. Posteriormente, Nova también abandonó la obra. AG reclamó daños significativos por gastos incurridos en corregir defectos, completar trabajos, atrasos y multas. Nova contrademandó a AG, alegando que se le adeudaban pagos por trabajos realizados, particularmente después de que JMA dejara el proyecto. Las partes acordaron que la cuestión preliminar a resolver era si existía una relación contractual directa entre AG y Nova tras el abandono de JMA. El documento detalla los antecedentes del caso, las reclamaciones y la prueba presentada para determinar dicha relación contractual.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. La apelación fue presentada por Efraín Andino Lago y Dalila Cruz Otero. El pleito original, iniciado en 2007, incluía reclamaciones por cumplimiento de contrato y vicios de construcción. Una sentencia parcial previa de 2012, que desestimó a las instituciones bancarias, fue confirmada y es final y firme. La sentencia apelada desestimó la demanda de los apelantes debido a su reiterado incumplimiento con las órdenes del tribunal de instancia. Los apelantes no cumplieron con la orden de detallar a quién representaban, a pesar de haber sido sancionados y apercibidos con la desestimación. El Tribunal de Primera Instancia procedió a desestimar su demanda tras el incumplimiento. Tras examinar el recurso y los escritos de las partes, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del tribunal de instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelación fue presentada por IMC Development Corp. y otros contra DF Investments, LLC. El recurso impugna una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Coamo. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca. Estos reclamos surgen de un contrato de línea de crédito entre IMC Development Corp. y Doral Bank (predecesor de DF Investments, LLC) para la construcción de la urbanización Quintas de Coamo. El préstamo estaba garantizado por fianzas personales y una hipoteca sobre la propiedad del proyecto. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor de DF Investments, LLC y desestimó las reconvenciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión apelada y resolvió confirmar la Sentencia Sumaria Parcial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Se trata de la apelación presentada por Jorge A. Raya Arroyo y otros contra South American Restaurants Corporation (SARCO). La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. El foro primario había declarado ha lugar una moción de sentencia sumaria de SARCO y desestimado la demanda del apelante con perjuicio. El apelante impugnó la sentencia, señalando errores como la existencia de hechos esenciales en controversia y la falta de consideración de una causa de acción por represalias (Ley 115). Argumentó que existían intricadas controversias de hecho y derecho que requerían vista evidenciaria y que la moción se resolvió prematuramente. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente, incluyendo la moción de sentencia sumaria y la oposición. Acogió como suyas las determinaciones de hechos del foro primario relativas al empleo y responsabilidades del apelante en SARCO. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo confirmó la sentencia apelada. Esto valida la desestimación de la demanda por daños y perjuicios presentada por el apelante.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación por despido injustificado y otros reclamos. Luis Rivera Colón apela una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su causa de acción por incumplimiento de contrato. Rivera Colón demandó a su antiguo empleador, UHS, y a la corporación que adquirió los activos del hospital donde trabajaba, UMC, tras no ser contratado por esta última. Alega que el acuerdo de venta de activos, aprobado por la FTC, obligaba a UMC a ofrecer empleo a todos los empleados de UHS, y que UMC incumplió dicho contrato al no contratarlo. UMC y UHS argumentan que el tribunal carece de jurisdicción sobre asuntos relacionados con el acuerdo aprobado por la FTC. UMC sostiene que el acuerdo solo le daba la oportunidad de contratar y que no contrató a Rivera Colón debido a hallazgos de ineficiencia durante su auditoría ("due diligence"). Además, UMC afirma que Rivera Colón nunca fue su empleado y no fue despedido por ellos, ni tiene derecho a reclamar bajo un contrato del que no es parte. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisará la desestimación de la reclamación por incumplimiento de contrato.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de sentencia declaratoria. El apelante, Eduardo M. Joglar Castillo, demandó a Luis A. Penna y otros en relación con AWCI, LLC, una compañía de responsabilidad limitada de la cual era miembro. Joglar Castillo renunció a AWCI y solicitó la liquidación de su participación y la disolución de la compañía. Los otros miembros de AWCI se opusieron, alegando que el acuerdo operativo no permite la liquidación de un miembro renunciante a menos que ocurra un evento de disolución, el cual, según ellos, no se configuró. Merrill Lynch, que administra las cuentas de inversión de AWCI, intervino en el caso debido a instrucciones contradictorias sobre el desembolso de fondos. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria, determinando, entre otros hechos, que no se había configurado un evento de disolución de AWCI. Joglar Castillo apela esta sentencia sumaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo la apelación de Lidiana Rodríguez Economou contra Saint John's School. La apelante impugnó la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus reclamaciones. Originalmente, las causas de acción eran por despido injustificado, libelo, difamación y calumnia. Posteriormente, se incluyó una reclamación por represalias contra su hijo. La apelante alegó despido sin justa causa y difamación por un correo electrónico interno. Saint John's School sostuvo que la relación era un contrato de servicios profesionales por término fijo no renovado. La escuela también defendió la comunicación interna y negó las represalias. El Tribunal de Primera Instancia desestimó todas las reclamaciones en sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones evaluó los planteamientos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia desestimatoria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201401386. Banco Popular de Puerto Rico apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Daniel Ortiz Alicea. El Tribunal de Primera Instancia había declarado con lugar la demanda de BPPR, ordenando el pago de la deuda o la venta en pública subasta de los pagarés hipotecarios entregados en prenda. BPPR solicitó reconsideración de esa sentencia, la cual fue denegada. La demanda original de BPPR, como sucesor de Westernbank, reclamaba una deuda de $329,710.90 más intereses y costas, derivada de un pagaré de $370,000 incumplido por el Sr. Ortiz. Dicho pagaré estaba garantizado con pagarés hipotecarios sobre una finca en Ponce. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, confirma la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación en un caso de división de comunidad de bienes posganancial entre Samuel Pellot Torres y Crucelina Rodríguez Pérez. El Sr. Pellot apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que dividió y adjudicó los bienes tras su divorcio en 2012. Las principales controversias incluyeron la determinación del crédito y la naturaleza de una vivienda construida en un solar privativo de la Sra. Rodríguez. También se debatió el carácter ganancial o privativo de las pensiones recibidas por el Sr. Pellot durante el matrimonio. Se presentaron alegaciones sobre la disposición de fondos de negocios y dinero de la sociedad de gananciales por parte de la Sra. Rodríguez. Las partes expusieron sus argumentos y presentaron prueba documental y testimonial. El Tribunal de Apelaciones revisó los autos del caso y el derecho aplicable. El panel especial del Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre el recurso de apelación presentado por Luis E. Carrasquillo Rosa. El apelante solicitaba la revocación de una sentencia criminal dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Un Jurado lo encontró culpable de asesinato en primer grado y de infracciones a los Artículos 5.04 (3 cargos) y 5.15 de la Ley de Armas. Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2013 en Fajardo, resultando en la muerte de Axel Manuel Troche Ortiz. El foro apelado le impuso una pena de 149 años de cárcel. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente, la transcripción de la prueba oral estipulada y el derecho aplicable. Tras considerar todos los elementos, el panel decidió confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. La Autoridad de Tierras apeló la decisión que declaró con lugar una demanda del matrimonio Reyes Román. Los demandantes reclamaban el reconocimiento de una servidumbre de paso sobre terrenos de la Autoridad de Tierras, la cual alegaban fue destruida. La Autoridad de Tierras negó la existencia de dicha servidumbre. El foro primario determinó que la servidumbre existía y dio la razón a los demandantes. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Se reconoce la existencia de la servidumbre a favor del matrimonio Reyes Román. El caso se devuelve al tribunal de origen. Esto es para que se determine la cuantía que la Autoridad de Tierras debe recibir por el establecimiento de la servidumbre, según el Código Civil.

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Sentencia de un panel del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico con fecha de 30 de junio de 2015. Resuelve un recurso de apelación presentado por Pevafersa América, Inc. (PAI) y otros codemandados. La apelación busca revocar una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia (T.P.I.) del 25 de agosto de 2014. Dicha sentencia del T.P.I. declaró con lugar una demanda del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (Banco). La demanda del Banco reclamaba el pago de un préstamo impagado de \$5,000,000 otorgado a PAI en 2009. El préstamo, destinado a una fábrica de paneles solares, contaba con garantías personales y corporativas. Ante el incumplimiento de PAI y los garantizadores, el Banco demandó para cobrar la deuda y ejecutar las garantías. El T.P.I. había declarado la deuda vencida y ordenado el pago y la subasta de los bienes hipotecados. Tras evaluar los alegatos y documentos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia apelada del T.P.I.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una apelación presentada por Julio del Toro Calero contra una sentencia de convicción. El apelante no cumplió con las órdenes del tribunal para perfeccionar su recurso, específicamente no presentó la transcripción de la prueba. A pesar de concederle extensiones y ordenarle mostrar causa, el apelante no actuó con la diligencia requerida. El tribunal fundamenta su decisión en la Regla 83(C) de su reglamento y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige el cumplimiento riguroso de los procedimientos. La falta de la transcripción impide al tribunal revisar adecuadamente los planteamientos del apelante, que están vinculados a la apreciación de la prueba. El incumplimiento reiterado demuestra una despreocupación por el recurso. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación por falta de perfeccionamiento y diligencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve tres recursos de apelación consolidados contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó por una acción civil de R.J. Reynolds Tobacco contra Francisco Vega Otero, Inc. (FVO) y su aseguradora MAPFRE, por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Reynolds demandó tras el hurto de una carga de cigarrillos transportada por un contratista de FVO. El Tribunal de Primera Instancia condenó a los demandados a pagar \$676,845.36 a Reynolds. Las apelaciones fueron presentadas por MAPFRE, Reynolds y FVO, impugnando diversos aspectos de la sentencia. MAPFRE alegó falta de cobertura de la póliza y falta de legitimación activa de Reynolds. Reynolds reclamó ser indemnizado por el precio de venta total de la mercancía. FVO argumentó caso fortuito, cuestionó el cálculo de daños y la legitimación de Reynolds. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los recursos, resolvió modificar la sentencia recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida tres recursos de apelación. Las apelaciones impugnan una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que condenó a Francisco Vega Otero, Inc. (FVO) y MAPFRE a pagar a R.J. Reynolds Tobacco (Reynolds) por daños. El caso se originó por el hurto de mercancía (cigarrillos) transportada por un contratista de FVO. Reynolds demandó a FVO y su aseguradora por incumplimiento de contrato y negligencia. Los apelantes plantean diversos errores, incluyendo la cobertura de la póliza de MAPFRE y la legitimación activa de Reynolds, dado que su propia aseguradora, Factory Mutual, le pagó una suma considerable por la pérdida. También se discute la base para calcular la indemnización (costo vs. precio de venta) y la posible exención de responsabilidad de FVO por caso fortuito. El Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará la determinación recurrida.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres recursos de apelación consolidados. El caso se originó de una acción civil presentada por R.J. Reynolds Tobacco contra Francisco Vega Otero, Inc., un transportista, y su aseguradora, MAPFRE. Reynolds demandó por incumplimiento de contrato y daños tras el hurto de un cargamento de cigarrillos durante el transporte, un delito en el que estuvo implicado el subcontratista del transportista. El Tribunal de Primera Instancia encontró a los demandados responsables y les ordenó pagar una suma considerable. Todas las partes apelaron esta decisión. MAPFRE cuestionó la cobertura de la póliza y la legitimación activa de Reynolds. Reynolds apeló buscando ser indemnizado por el precio de venta, no solo el costo. FVO alegó caso fortuito, cuestionó la inclusión de arbitrios en la indemnización y la legitimación de Reynolds, y pidió imputar el pago de la aseguradora de Reynolds. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar las alegaciones, resuelve modificar la determinación recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA apeló la cuantía de la indemnización y los honorarios de abogado concedidos por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había condenado a la AAA a pagar \$50,000 por angustias mentales e ingresos dejados de devengar, más \$5,000 en honorarios, por la suspensión indebida del servicio de agua. La suspensión ocurrió en la residencia de los apelados, quienes tenían una hija encamada con esclerosis múltiple, lo que agravó la situación. El servicio fue suspendido por un día debido a una presunta falta de pago, a pesar de que la factura había sido objetada. Una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones ya había determinado la negligencia de la AAA. El TPI cuantificó los daños, encontrando que los apelados sufrieron angustia, coraje y frustración, y que el esposo perdió \$1,150 en ingresos. La AAA solo cuestionó en apelación la cuantía de los daños y los honorarios. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y la prueba, modificando la sentencia apelada del TPI. La sentencia del TPI, así modificada, fue confirmada.

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Comparece Yohelis Rodríguez Castillo apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios. La demanda se originó por una caída sufrida en una tienda, alegando que tropezó con un desnivel en el piso. El foro de instancia concluyó que la demandante no probó la existencia de una condición peligrosa que causara la caída, determinando que se cayó por sus propios medios. La apelante presentó varios señalamientos de error, cuestionando la apreciación de la prueba por parte del TPI respecto al desnivel, la causalidad y la negligencia de la tienda. También impugnó la decisión del TPI de no dar por admitidos unos requerimientos de admisiones no contestados. El Tribunal de Apelaciones revisó los alegatos, el expediente y la evidencia presentada. Consideró el marco legal de responsabilidad por negligencia bajo el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada. La determinación del foro primario de desestimar la demanda fue ratificada.

Resumen:

El Banco Popular de Puerto Rico presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los deudores Jophet Montoyo Robles y Nydia Damaris Rivera Ayala. Los deudores contestaron la demanda y presentaron una reconvención, alegando mala fe, negligencia y discriminación por parte de Westernbank, la institución original del préstamo, ahora adquirida por Popular. Banco Popular solicitó la desestimación de la reconvención, argumentando que las reclamaciones contra Westernbank estaban sujetas al procedimiento administrativo compulsorio de revisión de reclamaciones bajo FIRREA, dado que Westernbank fue intervenida por la FDIC. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, entendiendo que existía jurisdicción concurrente. Inconforme, Banco Popular acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución del foro primario. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre arbitrios de construcción. Rama Construction, S.E. apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia en su disputa con el Municipio Autónomo de Ponce. La controversia giraba en torno al cálculo de los arbitrios para el proyecto "Construcción del Parque Ecológico Urbano". Rama Construction pagó \$203,605.00 bajo protesta, reclamando que el Municipio incluyó partidas no tributables en la base imponible. Entre las partidas reclamadas estaban la ganancia del contratista, fianzas, seguros y gastos generales. El Tribunal de Primera Instancia ordenó un reembolso parcial de \$375.00, denegando la mayor parte de la reclamación. La única controversia a adjudicar era la base tributable correcta según la ordenanza municipal. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y las estipulaciones de hecho de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLAN201401927. El recurso fue presentado por Carla Ortiz Solano y otros, apelando una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha sentencia de instancia había desestimado con perjuicio la causa de acción de los apelantes contra Scotiabank de Puerto Rico y Banco Popular de Puerto Rico. Los apelantes habían demandado a los desarrolladores, bancos y otros tras adquirir una vivienda en un proyecto residencial que fue abandonado. Este abandono resultó en graves problemas de seguridad y salubridad, causando daños y forzándolos a abandonar su hogar. La demanda original buscaba el cumplimiento específico o la resolución del contrato y daños y perjuicios. Los apelantes incluyeron a los bancos, relacionados con el financiamiento del proyecto y de su vivienda, como partes indispensables para la causa de acción alterna de resolución de contrato. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondría, revocó el dictamen recurrido que desestimó la demanda contra Scotiabank y BPPR.

Resumen:

JR Mortgage demandó a González Marín por cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre una propiedad. González Marín presentó una demanda contra tercero contra Oriental, el vendedor, alegando que la propiedad adquirida estaba ubicada en un solar diferente al descrito en el contrato. Sostuvo que esta discrepancia invalidaba el contrato de compraventa por falta de causa y, por ende, el préstamo hipotecario. Solicitó la nulidad del contrato y la devolución de las sumas pagadas por Oriental. Oriental presentó una moción de desestimación de la demanda de tercero, argumentando, entre otras cosas, prescripción y cosa juzgada. El tribunal de instancia acogió la moción y desestimó la reclamación de González Marín contra Oriental. Inconforme, González Marín apeló dicha sentencia parcial. Este foro revisó la decisión del tribunal inferior. Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia apelada que desestimó la demanda contra tercero.

Resumen:

Se trata de una apelación sobre una solicitud de custodia de menores presentada por el padre, Ernesto J. Román Carlo, tras su divorcio por mutuo consentimiento en 2010, donde la custodia fue otorgada a la madre, Vielka M. Cintrón Rivera. El padre solicitó la custodia en 2011, alegando el deseo de los menores y su capacidad para cuidarlos, a lo que la madre se opuso. El Tribunal de Primera Instancia ordenó un informe social, celebró vistas y se reunió con los menores para evaluar la situación. Tras considerar el informe social y el derecho aplicable, el TPI denegó la solicitud del padre, determinando que el mejor interés de los menores era continuar bajo la custodia materna. El padre apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Jesús M. Hernández. El apelante impugnaba una convicción por delito menos grave de alteración a la paz (Artículo 241 del Código Penal). Sus señalamientos de error se relacionaban principalmente con la apreciación de la prueba y la suficiencia de la misma. Para sustentar sus argumentos, el apelante debía presentar una exposición narrativa de la prueba del juicio. El tribunal le autorizó obtener la regrabación del juicio para preparar dicha exposición. A pesar de varias resoluciones y un término final concedido por el Tribunal de Apelaciones, el apelante no realizó los trámites necesarios para obtener la regrabación ni presentó la exposición narrativa. La defensa fue sancionada por falta de diligencia en el proceso. Ante el incumplimiento reiterado y la inacción del apelante, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de diligencia del apelante para cumplir con las reglas procesales y las órdenes del tribunal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre un caso de injunction y violación a la Ley de Condominios. Antonio Muñoz Alcarria y otros apelaron la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original impugnaba supuestas enmiendas ilegales al Reglamento del Condominio Amapola Seaside. Los apelantes alegaron que una escritura pública legalizó portones instalados en áreas comunes sin la debida aprobación del Consejo de Titulares. Sostuvieron que estos portones constituían una apropiación ilegal de áreas comunes y creaban riesgos de seguridad al obstruir salidas de emergencia. Indicaron que la instalación de los portones contravenía órdenes del Cuerpo de Bomberos. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda tras una moción de falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la desestimación. El caso fue devuelto al foro primario para que continúen los procedimientos.

Resumen:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró responsable por daños y perjuicios. Dicha sentencia ordenó al Estado pagar \$25,000 a Roberto Morales Román por sufrimientos y angustias mentales. La demanda se originó por un incidente ocurrido el 12 de enero de 2011 en el Recinto de Río Piedras de la UPR. El Sr. Morales Román, estudiante, fue arrestado por la policía mientras repartía hojas informativas en salones de clase. Durante el arresto, fue tirado al piso, esposado y detenido por ocho horas en condiciones desagradables. Sus pertenencias, incluyendo una identificación de trabajo, fueron confiscadas. La publicación de noticias sobre el arresto, con imágenes de su identificación, le causó preocupación por su futuro profesional en el campo de las comunicaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en una acción confesoria de servidumbre. Los apelantes impugnan la desestimación sin perjuicio dictada por el TPI. El caso original versaba sobre una servidumbre de paso, donde las partes habían llegado a una estipulación adoptada como sentencia parcial. Dicha estipulación disponía la desestimación con perjuicio en caso de incumplimiento. Los apelados incumplieron parcialmente, alegando insolvencia económica. El TPI desestimó la demanda sin perjuicio, considerando que los demandantes habían realizado un pago y que existía controversia sobre si su finca estaba enclavada. El TPI entendió que una desestimación con perjuicio no adelantaba los fines de la justicia ante la posibilidad de una servidumbre forzosa. Los apelantes argumentan que el TPI erró al no aplicar la estipulación que requería la desestimación con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones evalúa si la decisión del TPI se ajusta a derecho y a los procedimientos.

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Sentencia de un panel judicial resolviendo una controversia sobre fondos de retiro. La disputa surge tras el fallecimiento de la Profa. Miriam Justiniano Cruz, quien había designado a Gladys Justiniano Cruz como única beneficiaria de sus aportaciones al Sistema de Retiro para Maestros (SRM). Ante reclamaciones contrapuestas de la beneficiaria designada y la sucesión de la fallecida (su esposo e hijos), el SRM consignó los fondos en el Tribunal de Primera Instancia (TPI). La sucesión apelante impugnó la validez de la designación de beneficiaria. Alegaron que la fallecida no firmó el documento personalmente, que estaba incapacitada por enfermedad terminal, que los testigos faltaron a la verdad y que el documento carecía del sello oficial del SRM. La sucesión reclamaba derechos sobre los fondos basados en bienes gananciales, usufructo viudal y herencia forzosa. El TPI declaró ha lugar la solicitud de la Sra. Justiniano Cruz y ordenó el pago de los fondos consignados a su favor. La sucesión apeló esta determinación. El panel judicial revisó la sentencia apelada. Finalmente, el tribunal de apelaciones confirmó la sentencia del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por MCP & G, Inc. D/B/A Terranova Realty Group contra ALDA 1593, Inc. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia por una demanda de incumplimiento y negligencia. ALDA demandó a Terranova alegando que esta no le notificó que tenía en su poder un cheque para el pago de enseres eléctricos, parte de la compra de un apartamento a Swiss Chalet, donde Terranova actuó como agente. La falta de notificación impidió a ALDA redimir el cheque antes de que Swiss Chalet se declarara en quiebra y el cheque caducara. ALDA tuvo que pagar los enseres por su cuenta y reclamó a Terranova la suma de \$8,979.44. Terranova negó responsabilidad, argumentando que solo actuó como mandatario de Swiss Chalet. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda y condenó a Terranova al pago. Terranova apeló dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los méritos, resuelve confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Impra Engineers, PSC apeló la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que acogió la Demanda instada por Omar B. Mera Perdomo, su esposa Rosa M. Negrón Zavala y la sociedad legal de gananciales. La Demanda original fue presentada por el matrimonio Mera-Negrón contra Impra Engineers, PSC, Isabel Piñeiro y Lilly Del Caribe, Inc. El caso versa sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios relacionados con servicios profesionales. El señor Mera alegó haber prestado servicios de instrumentación e ingeniería a Impra para proyectos en las instalaciones de Lilly Del Caribe. La disputa incluye reclamaciones por trabajos realizados en una primera fase del proyecto y un cambio de orden que, según el demandante, no fue pagado. También se menciona una segunda fase del proyecto para la cual el señor Mera presentó una propuesta aceptada por Impra. El Tribunal de Apelaciones revisó los alegatos de las partes, los documentos y la prueba oral para resolver el recurso. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia favoreció a los demandantes, lo que motivó la apelación de Impra Engineers.

Resumen:

Se trata de una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó una reclamación de daños y perjuicios. El demandante, Sergio Solís Vázquez, alegó que las negociaciones para la compra de una propiedad fracasaron debido a la culpa de los demandados. Solís Vázquez buscaba adquirir una propiedad para una ferretería, pero descubrió que el vendedor, Rafael Figueroa Soto, no era el dueño registrado, sino una corporación. Además, alegó que Figueroa Soto le solicitó un pago adicional "por debajo de la mesa", a lo que se negó. El demandante reclamó diversas partidas de daños por los gastos incurridos y la pérdida del negocio proyectado. El foro primario determinó que los demandados incurrieron en culpa al romper las negociaciones, pero concluyó que los daños reclamados no procedían bajo la doctrina de la culpa *in contrahendo*. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación. La sentencia apelada es confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre el recurso presentado por Carmen B. Martínez Avilés. La apelante impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que la declaró culpable de acecho agravado, amenazas y alteración a la paz. El TPI le impuso una pena de tres años de libertad a prueba por estos delitos. Los cargos se basan en hechos ocurridos el 28 de abril de 2014, relacionados con una disputa vecinal con Bethliz Caraballo. La señora Caraballo testificó sobre problemas continuos, una orden de acecho recíproca y un incidente específico donde la apelante supuestamente la insultó y amenazó desde su residencia. La testigo expresó haber sentido temor por su seguridad y la de sus hijos a raíz de los hechos. Tras examinar los escritos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones acordó modificar la Sentencia apelada.