Casos del Tribunal Supremo (Página 25)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró el caso CC-2016-454 entre Marta Quiles Algarín y la Asociación Bonafide ULEES. La controversia principal giró en torno a la interpretación y alcance del término "disputa obrera" según el Artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil. Se buscaba determinar si este concepto legal aplicaba a una orden protectora de embargo solicitada post-sentencia. La peticionaria, Marta Quiles Algarín, había demandado a la organización obrera ULEES por daños y perjuicios. La demanda se basó en la publicación de artículos supuestamente difamatorios sobre ella en el boletín informativo de la asociación. Estos artículos se distribuían entre empleados y trataban sobre situaciones laborales. La opinión del Tribunal tuvo como propósito delimitar si un reclamo por difamación derivado de una publicación de una organización obrera, en el contexto descrito, constituía una "disputa obrera". Esto era crucial para definir la aplicabilidad de ciertas reglas procesales, particularmente en la fase de ejecución de sentencia mediante embargo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico impone una sanción disciplinaria a los licenciados George Otero Calero y Fabio J. Pacheco Gómez. La acción surge de una queja presentada por una cliente relacionada con el manejo de un caso de discrimen laboral. El Tribunal determina que ambos letrados incumplieron con varios postulados éticos de la profesión. Específicamente, se encontraron violaciones a los Cánones 12, 18, 19, 24 y 38 del Código de Ética Profesional por parte del licenciado Otero Calero, y a los Cánones 12, 18, 19, 20, 24 y 38 por parte del licenciado Pacheco Gómez. Como consecuencia de estas infracciones, el Tribunal ordena la suspensión de ambos abogados del ejercicio de la abogacía. La suspensión será efectiva una vez que la Sentencia advenga final y firme conforme a la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo. Esta decisión reitera la obligación de los miembros de la profesión legal de adherirse a los estándares éticos mínimos.

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Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario contra el notario Alfredo Cardona Álvarez. La acción se debió a su incumplimiento tardío con la Ley Notarial y el Canon 9 de Ética Profesional. Específicamente, el notario se negó a expedir una copia certificada de una escritura pública a un cliente. La negativa se fundamentó en una deuda de honorarios profesionales por parte del cliente. Esta conducta contravino los artículos 43 y 44 de la Ley Notarial. Tras una queja, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) intervino en el asunto. La ODIN requirió al notario que expidiera la copia certificada, estableciendo un plazo para ello. El licenciado Cardona Álvarez desatendió los requerimientos de la ODIN y no cumplió con el plazo. Ante el incumplimiento, la ODIN presentó un informe especial ante el Tribunal Supremo, resultando en una censura enérgica para el notario.

Resumen:

Este documento presenta la carátula y metadatos de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2018-475, 2018 TSPR 106. La decisión, emitida el 11 de junio de 2018, resuelve un recurso de Certiorari. Las partes involucradas son múltiples peticionarios, incluyendo a Yali Acevedo Feliciano, Sonia Arroyo Velázquez y Elsie Alvarado Rivera, contra la Iglesia Católica Apostólica y Romana y varias de sus entidades afiliadas. El caso proviene del Tribunal de Apelaciones de la Región Judicial de San Juan. La materia principal abordada incluye derecho constitucional, específicamente las cláusulas de separación de Iglesia y Estado y libertad de culto. También se discute la personalidad jurídica de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Otros puntos relevantes son la procedencia de un embargo en aseguramiento de sentencia y un interdicto preliminar sin fianza. Finalmente, se analiza el alcance del Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico. La Opinión del Tribunal fue emitida por el Juez Asociado Estrella Martínez.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 11 de junio de 2018. La resolución aborda la aprobación de solicitudes de baja voluntaria presentadas por abogados. Cubre el período comprendido entre marzo y mayo de 2018. Durante este lapso, el Tribunal autorizó la baja de varios letrados. La resolución detalla específicamente los nombres y números de colegiación de cinco abogados cuya baja voluntaria fue aprobada en mayo de 2018. Se ordena la publicación de esta resolución como documento oficial del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución con fecha de 11 de junio de 2018. Este documento oficial detalla la aprobación de cambios de estatus para miembros de la abogacía. La resolución autoriza específicamente el cambio a estatus de Abogado(a) Inactivo(a) en el Registro Único de Abogados (RUA). Cubre las autorizaciones concedidas por el Tribunal durante el periodo comprendido entre marzo de 2018 y mayo de 2018. La resolución lista los nombres completos y los números de registro de los abogados cuyo estatus fue modificado a inactivo. Los abogados se presentan agrupados por el mes específico (marzo, abril o mayo de 2018) en que se aprobó su cambio de estatus. Esta publicación sirve como constancia oficial de dichas modificaciones en el registro profesional.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal. El Comité fue reconstituido en febrero de 2017 con la encomienda de actualizar las recomendaciones de un informe de 2008, otorgándosele un término de un año. En noviembre de 2017, el Comité solicitó una extensión debido a la interrupción causada por los huracanes Irma y María y la complejidad de los temas. Esta primera extensión fue concedida en diciembre de 2017. El 1 de junio de 2018, el Comité presentó una nueva moción solicitando un término adicional. El Tribunal, examinada la petición y considerando la complejidad de los trabajos, extiende el término para el cumplimiento de la encomienda hasta el 30 de noviembre de 2018. La resolución ordena la notificación a los miembros del Comité y su publicación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 6 de junio de 2018. La materia tratada fue la reinstalación al ejercicio de la notaría. La decisión concierne a la Lcda. María N. Toro Imbernón. El Tribunal examinó una Moción en Cumplimiento de Resolución presentada por el Programa de Educación Jurídica Continua. Como resultado de dicho examen, se ordenó la reinstalación de la Lcda. Toro Imbernón a la práctica notarial. Este documento oficial del Tribunal Supremo certifica dicha determinación. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria Interina. La Jueza Presidenta no intervino en este caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera si el Ministerio Público puede someter un caso nuevamente ante otro Juez Superior después de que un primer Juez Superior determinara no causa probable para arresto en una vista de Regla 6. En el caso específico, un Juez Superior no encontró causa probable contra el imputado por los delitos presentados. El Ministerio Público solicitó una vista en alzada, basándose en la doctrina previa sobre la revisión de determinaciones de no causa. La defensa se opuso, argumentando que la Regla 6(c) del Procedimiento Criminal requiere que la revisión sea ante un magistrado de categoría superior, lo cual no aplicaría si el juez inicial ya era un Juez Superior. El Ministerio Público argumentó que la Ley de la Judicatura de 1994 modificó el contexto de la Regla 6(c). El Tribunal Supremo resuelve que el Estado sí puede someter el asunto nuevamente ante otro Juez Superior. Esta decisión establece el procedimiento aplicable cuando un Juez Superior determina no causa probable en la etapa inicial del proceso penal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 23 de mayo de 2018 en el caso In re: Carlos R. Rodríguez García, identificado como TS-7,061. La materia tratada fue la reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó una Moción Reiterando Solicitud de Reinstalación presentada por el Lcdo. Carlos R. Rodríguez García. Tras considerar la solicitud, el Tribunal resolvió reinstalar al Lcdo. Carlos R. Rodríguez García al ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria Interina.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2018 TSPR 102) que examina el derecho de un abogado a ser compensado tras renunciar a la representación de su cliente. La controversia surge en un caso donde el abogado fue contratado bajo un pacto de honorarios contingentes. El punto central es si un abogado que se retira voluntariamente antes de completar la gestión profesional tiene derecho a recibir pago por los servicios prestados. La decisión se enfoca en la aplicación de la figura del quantum meruit en este escenario. El Tribunal busca determinar si una renuncia voluntaria, pero con justa causa, justifica la compensación a base de quantum meruit. Se revisan las sentencias previas del Tribunal de Primera Instancia, que concedió honorarios y gastos al abogado, y del Tribunal de Apelaciones, que la modificó. La decisión establece que un abogado que renuncia voluntariamente a la representación legal antes de culminar la gestión, por la cual pretendía cobrar honorarios contingentes, tiene derecho a ser compensado por sus servicios a base de un quantum meruit. Esto aplica siempre y cuando el abogado demuestre que hubo justa causa para la renuncia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Bernadette Arocho Cruz del ejercicio de la abogacía. Esta medida disciplinaria se impone debido a su incumplimiento reiterado con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y de la Oficina de Inspección de Notarías. Además, la abogada ha demostrado un patrón de desidia ante las órdenes de la Curia. El documento hace referencia a una queja previa (AB-2014-252) relacionada con su práctica notarial, que surgió de un referido del Departamento de Justicia en 2014 por presunta participación en un esquema de fraude con traspasos de vehículos. Como resultado de esa queja, ya se le había suspendido de la práctica de la notaría de forma indefinida en 2017. La suspensión del ejercicio de la abogacía es efectiva a partir del 29 de mayo de 2018.

Resumen:

El caso se origina por la denegación de una licencia de corredora de bienes raíces a una peticionaria que presentó la documentación requerida fuera del término de noventa días establecido en un reglamento de la Junta de Corredores. La peticionaria impugnó la decisión administrativa y la validez del reglamento ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones inicialmente atendió el recurso, pero luego lo desestimó por entender que carecía de jurisdicción para evaluar la validez de la disposición reglamentaria. El Tribunal Supremo revisó el caso para aclarar el ámbito de competencia del Tribunal de Apelaciones en la revisión judicial de dictámenes administrativos finales. El Tribunal Supremo determinó que el Tribunal de Apelaciones sí tiene jurisdicción y competencia para examinar la validez de una regla o reglamento aplicado por una agencia al revisar su dictamen final. Asimismo, resolvió que la Junta debe notificar a los aspirantes, junto con la aprobación del examen de reválida, el término de noventa días disponible para someter toda la documentación necesaria para obtener la licencia.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución en ocasión del fallecimiento de la Hon. Miriam Naveira Merly. Se destaca su trayectoria como pionera en la profesión legal y en la judicatura puertorriqueña. Fue la primera mujer en juramentar como Jueza Asociada del Tribunal Supremo en 1985. Posteriormente, en 2003, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Jueza Presidenta. Durante sus diecinueve años en el Tribunal, inyectó la perspectiva de género al quehacer jurídico y luchó contra el discrimen y por los derechos fundamentales. Como Jueza Presidenta, impulsó la implementación de la Ley de la Judicatura de 2003 para mejorar el acceso a los tribunales. El Tribunal reconoce su valioso servicio al país, su compromiso con la independencia judicial y la dignidad humana. Su obra jurídica y liderazgo redefinieron la Corte y sirvieron de ejemplo para el rol de la mujer en la sociedad.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución sobre el caso de Javier Pérez Rojas. Tras examinar varias mociones presentadas por el abogado, el Tribunal ordenó su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Sin embargo, la resolución también dispuso la reactivación de varias quejas disciplinarias pendientes en su contra. Se concedió al señor Pérez Rojas un término de treinta días para que se expresara sobre las quejas que aún no había contestado. Adicionalmente, se ordenó a la Oficina de Inspección de Notarías que culminara la investigación sobre su obra notarial y presentara un informe en un plazo de treinta días. Un juez asociado disintió, opinando que la reinstalación solo debía considerarse tras la culminación del trámite de las quejas pendientes. Esta decisión permite la reinstalación del abogado, pero sujeta a la continuación y resolución de los procedimientos disciplinarios y la investigación notarial en curso.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el Lcdo. Héctor J. Martínez Maldonado. El licenciado fue hallado culpable por un jurado federal de soborno a programas federales y sentenciado por el Tribunal de Distrito Federal. Tras ser notificado de la sentencia, el Tribunal Supremo le requirió mostrar causa para no suspenderlo provisionalmente del ejercicio de la abogacía. El licenciado Martínez Maldonado compareció y se allanó a la suspensión provisional. Informó haber notificado a sus clientes, al Tribunal General de Justicia y foros administrativos, y certificó no tener casos pendientes ante el Tribunal Supremo. Al amparo de su poder inherente y la ley aplicable a delitos de depravación moral, el Tribunal Supremo ordena su suspensión provisional. Esta suspensión es provisional debido a que la sentencia federal no es final y firme, ya que el licenciado ha apelado la decisión ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. Se le ordena mantener informado al Tribunal Supremo sobre el resultado de la apelación. Si la sentencia federal es confirmada, procederá una suspensión indefinida de la profesión.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve una controversia sobre la jurisdicción de los tribunales locales en casos de derecho de familia interestatales. La cuestión central es si Puerto Rico tiene jurisdicción para modificar un decreto de alimentos y relaciones paternofiliales emitido por un tribunal de otro estado. Específicamente, se analiza un caso donde un tribunal de Michigan emitió el decreto original y se reservó la jurisdicción sobre el caso y las partes. A pesar de que los menores han residido en Puerto Rico por un periodo de cinco años, el Tribunal Supremo determinó que los foros locales no tienen jurisdicción para modificar dicho decreto. La decisión se basa en la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en el Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA) y la Ley uniforme interesatatal sobre alimentos para la familia de Puerto Rico. Por tanto, la jurisdicción para modificar el decreto original permanece en el estado que lo emitió y retuvo dicha jurisdicción.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2017-232) de 11 de mayo de 2018, originada en la Región Judicial de San Juan. El caso principal involucra a Mariela Ruiz Camilo y Trafon Group, Inc. La controversia central es determinar si la moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil es compatible con el procedimiento sumario de reclamaciones laborales establecido en la Ley Núm. 2 de 1961. El Tribunal enfatiza la necesidad de inyectar rapidez a los procedimientos judiciales, especialmente en casos especiales como los laborales. Se concluye que la Regla 43.1 es incompatible con la naturaleza sumaria del procedimiento laboral bajo la Ley Núm. 2. Por consiguiente, se responde negativamente a la aplicabilidad de dicha regla en este contexto. Adicionalmente, el Tribunal determina que el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para atender el recurso de apelación en este caso. Como resultado, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Amaury Lloréns Balzac. Se le suspendió de forma inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la práctica de la notaría. La suspensión se debió a su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con órdenes del Tribunal. El letrado fue notificado desde 2009 sobre su insuficiencia de créditos del PEJC para el periodo 2007-2009. A pesar de recibir avisos, no tomó los cursos requeridos ni pagó la multa por cumplimiento tardío. Tampoco compareció a una vista informal señalada en 2012. Se le advirtió que de no subsanar la situación, el caso sería elevado a la Junta del PEJC. La suspensión es efectiva a partir del 15 de mayo de 2018.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende a la Lcda. María de los Ángeles Torres Hernández. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con las órdenes del Tribunal y los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). La abogada no cumplió con los requisitos de educación jurídica continua para el período 2007-2009. A pesar de ser orientada por el PEJC, no presentó la solicitud de relevo o exoneración por estar admitida en otra jurisdicción. Tampoco compareció a una vista informal a la que fue debidamente citada. Adicionalmente, no mantuvo actualizados sus datos personales en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Esta falta de diligencia resultó en que las notificaciones le fueran enviadas a una dirección desactualizada. La suspensión de la abogada es efectiva a partir del 15 de mayo de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su poder disciplinario para suspender a la Lcda. Lydia Pérez Lugo. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para el periodo 2009-2011. Además, la abogada no cumplió con las órdenes y requerimientos del Tribunal y del PEJC. Un factor determinante fue su omisión en mantener actualizados sus datos personales en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Los intentos de notificarle sobre su incumplimiento y una orden para mostrar causa resultaron infructuosos debido a la información desactualizada. La licenciada Pérez Lugo reside en Texas desde 1985, y las notificaciones a sus direcciones registradas fueron devueltas. La suspensión es efectiva a partir del 15 de mayo de 2018.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 11 de mayo de 2018. Aborda importantes cuestiones de derecho constitucional y procesal penal relacionadas con la privacidad digital. La decisión se centra en determinar si una persona tiene una expectativa razonable de intimidad sobre el contenido de su teléfono celular de uso personal, incluso si no es el titular de la cuenta. Además, evalúa bajo qué criterios un tercero, propietario del teléfono pero no usuario, puede consentir a su registro. El caso se originó a partir de una moción de supresión de evidencia en un proceso penal por homicidio y violaciones a la Ley de Armas contra José A. López Colón. La defensa buscaba suprimir un video obtenido de un teléfono celular de uso exclusivo del peticionario, incautado sin su consentimiento. La opinión del Tribunal, emitida por el Juez Asociado Kolthoff Caraballo, establece la normativa aplicable a la búsqueda y ocupación de dispositivos electrónicos en estas circunstancias.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa la conducta profesional del Lcdo. Lemuel Velilla Reyes. El licenciado fue encontrado culpable por un jurado de cinco cargos criminales graves en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Los delitos incluyeron ocultar a una persona para evitar su arresto, fraude postal, obstrucción a la justicia e intervención con un testigo. Tras el veredicto, el Tribunal Supremo ordenó la incautación preventiva de su obra y sello notarial y le requirió mostrar causa para no ser suspendido. El licenciado Velilla Reyes respondió indicando que apelaría el veredicto federal. El Tribunal Supremo resuelve suspender permanente e indefinidamente al licenciado Velilla Reyes del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta sanción se impone por incurrir en conducta delictiva y por incumplir con el Canon 9 del Código de Ética Profesional. La suspensión será efectiva una vez que la sentencia federal advenga final y firme.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su poder disciplinario contra la Lcda. Vilma A. Cesani Rodríguez. La acción se debe a su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y por no acatar órdenes del Tribunal. Desde 2010, la abogada fue notificada de su falta de créditos para el periodo 2007-2009. A pesar de recibir avisos y alternativas, no completó los cursos requeridos ni pagó las multas correspondientes. Tampoco compareció a una vista informal señalada en 2012 ni respondió a notificaciones posteriores. Ante su reiterado incumplimiento y desobediencia, el Tribunal ha decidido suspenderla inmediata e indefinidamente. La suspensión le impide ejercer la abogacía y la práctica de la notaría, siendo efectiva a partir del 29 de mayo de 2018.

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El Lcdo. Julio E. Rivera Aponte, admitido en 1986, dejó de practicar la abogacía a finales de 2012 debido a un grave deterioro de salud. Incumplió con los requisitos de educación jurídica continua (PEJC) para el periodo 2011-2012. El PEJC le notificó el incumplimiento y posteriormente lo citó a una vista informal. Su hija informó al PEJC sobre las serias condiciones de salud de su padre, incluyendo cirugía de corazón abierto y cáncer, y solicitó representarlo. El PEJC le explicó que la obligación de cumplir persiste mientras el abogado mantenga estatus activo, sugiriendo el cambio a estatus inactivo para quedar exento. La hija compareció a la vista, testificando sobre la salud de su padre, pero sin presentar evidencia documental. La suspensión del licenciado Rivera Aponte por incumplimiento de los requisitos de educación continua se hizo efectiva el 14 de mayo de 2018.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve una controversia sobre el cómputo del término para apelar en procedimientos de desahucio sumario. El caso surge de una demanda de desahucio presentada por la Administración de Vivienda Pública contra Joanie Vega Martínez. El foro primario dictó sentencia a favor del desahucio el 20 de marzo de 2017, notificándola ese día y enviándola por correo el 21 de marzo. La parte peticionaria apeló el 28 de marzo de 2017. El Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por considerarla tardía. El Tribunal Supremo analiza cómo se computa el término de cinco días para apelar sentencias de desahucio según el Art. 628 del Código de Enjuiciamiento Civil y la Regla 68 de Procedimiento Civil de 2009. La opinión busca clarificar la interacción de estas reglas para determinar la tempestividad de los recursos apelativos en esta materia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Rogelio Canales Pacheco del ejercicio de la abogacía. La decisión se fundamenta en la violación del canon 9 del Código de Ética Profesional. Esta acción surge tras una suspensión preventiva previa de su práctica notarial en 2017. Una inspección de su obra notarial reveló múltiples y serias deficiencias. Entre las fallas encontradas se destacan la falta de encuadernación, índice y numeración adecuada de los protocolos. También se identificó la omisión de notas de apertura y cierre, así como la ausencia de varios instrumentos públicos. Se constató la falta de sellos de Rentas Internas, Impuesto Notarial y SAL en instrumentos, sumando \$2,298.50. El licenciado también enfrenta otras querellas pendientes y está en incumplimiento con la educación jurídica continua. La suspensión es efectiva a partir del 5 de junio de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende a la licenciada Yecimar Tirado Camacho del ejercicio de la abogacía. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con la obligación de mantener actualizada su información en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Específicamente, la abogada no tenía registrada una dirección de correo electrónico, dato esencial para el sistema de Notificación Electrónica (NET). La implementación del NET y el sistema SUMAC requiere que los abogados tengan un correo electrónico válido en el RUA para recibir notificaciones judiciales. La licenciada Tirado Camacho fue referida por un tribunal de primera instancia debido a esta omisión, que impedía la notificación electrónica. La Secretaría del Tribunal Supremo le había notificado previamente por correo certificado en agosto de 2017 sobre la falta y la necesidad de actualizar sus datos. A pesar de la comunicación y la obligación reglamentaria, la abogada no corrigió la situación. Ante el incumplimiento persistente, el Tribunal Supremo ordena su suspensión inmediata del ejercicio de la profesión legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Lizzette Morales Díaz del ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de la abogada con las órdenes del Tribunal. Específicamente, la licenciada no cumplió con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para el periodo de 1 de marzo de 2009 al 28 de febrero de 2011. A pesar de recibir un Aviso de Incumplimiento en 2011 y ser citada a una vista informal, a la que no compareció, la abogada persistió en su incumplimiento. Tampoco cumplió tras ser notificada del Informe del Oficial Examinador. Ante la falta de respuesta y cumplimiento, el Director Ejecutivo del PEJC recomendó el caso al Tribunal Supremo. La suspensión es efectiva a partir del 10 de mayo de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió al Lcdo. Eddie González Vázquez del ejercicio de la abogacía. La suspensión se dictó por su incumplimiento con varias órdenes del Procurador General y del propio Tribunal. El caso disciplinario se originó a raíz de una queja presentada por una clienta. La clienta alegó que el licenciado no presentó una demanda para la cual le había pagado y dejó de comunicarse con ella. El licenciado no respondió a las notificaciones del Tribunal ni a los requerimientos de la Oficina del Procurador General sobre la queja. Tampoco contestó la orden del Tribunal para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido. Ante su falta de respuesta y cumplimiento, el Tribunal ejerció su facultad disciplinaria, haciendo efectiva la suspensión a partir del 29 de mayo de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende del ejercicio de la abogacía y la notaría a la licenciada Ludmilia Rivera Burgos. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento reiterado de la abogada con las órdenes del Tribunal y los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Específicamente, la licenciada Rivera Burgos no cumplió con los requisitos del PEJC para el periodo de 2009 a 2011. A pesar de recibir múltiples avisos de incumplimiento desde 2011 y órdenes del Tribunal concediéndole oportunidades para cumplir, la abogada no presentó la evidencia requerida ni respondió a los emplazamientos. El Tribunal señala que esta no es la primera vez que la letrada enfrenta acciones disciplinarias relacionadas con su práctica. Ante la falta de respuesta y cumplimiento, el Tribunal ordena su suspensión inmediata. La suspensión es efectiva a partir del 17 de mayo de 2018, fecha en que fue notificada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión Per Curiam disciplinando a la abogada Penny T. López Cordero. La acción se fundamenta en el incumplimiento de la letrada con los requisitos de educación jurídica continua establecidos por el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). A pesar de recibir avisos de incumplimiento desde 2013 y ser citada a una vista informal en 2014, la licenciada López Cordero no completó los créditos requeridos. Aunque alegó razones económicas y pagó la multa por cumplimiento tardío, persistió en la falta de cumplimiento con los créditos. Ante la desobediencia a las órdenes del Tribunal y la normativa del PEJC, se impone una sanción disciplinaria. La medida adoptada es la suspensión del ejercicio de la abogacía. Dicha suspensión será efectiva a partir del 10 de mayo de 2018, fecha en que se le notificó la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo reconstituyó la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en diciembre de 2016, encomendándole actualizar recomendaciones previas en un plazo de seis meses. La Comisión solicitó una primera extensión en noviembre de 2017, citando la interrupción de trabajos por los huracanes Irma y María y la complejidad de los temas. Esta primera prórroga fue concedida por el Tribunal en diciembre de 2017. Posteriormente, el 2 de mayo de 2018, la Comisión presentó una nueva moción solicitando un término adicional. En atención a la complejidad de los trabajos en proceso, el Tribunal Supremo extiende el término para el cumplimiento de la encomienda hasta el 30 de noviembre de 2018. La resolución ordena la notificación a la Directora del Secretariado y a los miembros de la Comisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 8 de mayo de 2018. Mediante esta resolución, el Tribunal aprueba y hace constar las bajas voluntarias de varios abogados. Las bajas autorizadas corresponden al periodo comprendido entre diciembre de 2016 y febrero de 2018. El documento lista específicamente los nombres y números de colegiado de los abogados cuyas renuncias fueron aprobadas durante dicho lapso. La resolución sirve como notificación oficial de estas autorizaciones concedidas por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 8 de mayo de 2018. Mediante este documento, el Tribunal autorizó el cambio de estatus de varios abogados. La autorización corresponde al cambio a Abogado(a) Inactivo(a) en el Registro Único de Abogados (RUA). La resolución abarca las aprobaciones realizadas durante el periodo de enero de 2017 a febrero de 2018. Se incluye una lista detallada de los abogados cuyo estatus fue modificado en cada uno de los meses comprendidos en dicho periodo. La lista presenta el nombre de cada abogado junto con su número de registro. Este documento constituye un registro oficial de las decisiones del Tribunal Supremo respecto a estos cambios de estatus.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Alberto Rivera Claudio del ejercicio de la abogacía. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con órdenes del Tribunal. El abogado no completó los créditos de educación jurídica requeridos para el periodo del 1 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2009. A pesar de recibir un Aviso de Incumplimiento, no tomó los cursos necesarios. Tampoco compareció a una Vista Informal citada para el 13 de junio de 2012. Posteriormente, no respondió a la notificación del Informe del Oficial Examinador ni subsanó la insuficiencia de créditos ni pagó la multa correspondiente. El Director Ejecutivo del PEJC informó al Tribunal sobre el incumplimiento y la reiterada desatención del letrado. La suspensión es efectiva a partir del 9 de mayo de 2018, fecha en que se le notificó por correo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 3 de mayo de 2018 en el caso identificado como TS-15,338. Este procedimiento se centró en la Solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Dicha solicitud fue presentada ante el Tribunal por el Sr. José O. Sepúlveda Padilla. Tras examinar la petición, el Tribunal Supremo determinó autorizar la reinstalación del Sr. Sepúlveda Padilla. Esta Resolución constituye la decisión oficial del Tribunal sobre este asunto particular.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decreta la separación del Lcdo. Augusto C. Medina Perea de la práctica legal. Esta decisión se basa en su desobediencia a órdenes previas del Tribunal. El letrado había sido separado inicialmente de la abogacía y el notariado en febrero de 2014. Una inspección de su obra notarial reveló múltiples deficiencias, incluyendo protocolos sin encuadernar, omisión de notas y firmas, y falta de índices desde 2003. Aunque se le dio un plazo para corregir y mostró algunos esfuerzos, fue reinstalado a la abogacía en diciembre de 2015, pero no al notariado. La presente resolución constituye una nueva separación de la profesión legal. La suspensión es efectiva a partir del 1ro de mayo de 2018. El Tribunal ejerce así su poder disciplinario ante el incumplimiento continuo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución con fecha de 30 de abril de 2018 en el caso TS-17,259. La resolución atiende la petición de readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Francis O. Rodríguez Cardona. Tras examinar el escrito, el Tribunal autorizó su readmisión. Se ordena al Secretario del Tribunal registrar este cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). El Sr. Rodríguez Cardona tiene la obligación de actualizar de inmediato toda su información en dicho Registro. Asimismo, se le advierte sobre su responsabilidad de mantener siempre actualizada la información en el RUA. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino en esta decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión Per Curiam en el caso CP-2015-20, In re: Hiram I. Pérez Soto. La materia tratada es Conducta Profesional. El caso se originó por una queja ética presentada en 2013 por el Lcdo. Enrique Alcaraz Micheli. La queja imputó conducta antiética al Lcdo. Pérez Soto en el contexto de un pleito sobre la partición de la herencia de su padre. Se alegó que el licenciado mantenía un patrón de presentar quejas contra abogados o jueces que discrepaban de él y utilizaba lenguaje ofensivo. Tras evaluar la queja y los informes correspondientes, el Tribunal concluyó que el Lcdo. Pérez Soto violó los Cánones 9, 12, 15, 17, 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. La decisión detalla el trasfondo del caso hereditario y las acciones legales tomadas por el licenciado. Como resultado de las violaciones éticas encontradas, se impuso una suspensión efectiva a partir del 26 de abril de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 24 de abril de 2018, dispuso la integración de sus salas para funcionar durante el receso de verano de 2018. De conformidad con la Regla 4(d) de su Reglamento, se constituyeron tres salas distintas para periodos específicos. La primera sala operará del 1 al 31 de julio, presidida por la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez e integrada por las Hon. Mildred G. Pabón Charneco y Hon. Edgardo Rivera García. La segunda sala funcionará del 1 al 31 de agosto, bajo la presidencia del Hon. Rafael L. Martínez Torres y con los Hon. Roberto Feliberti Cintrón y Hon. Ángel Colón Pérez. La tercera sala estará activa del 1 al 30 de septiembre, presidida por la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez e integrada por los Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo y Hon. Luis F. Estrella Martínez. Se establece que, de ser necesario sustituir a algún juez, se seguirá el procedimiento de la Regla 4(b). El Tribunal continuará certificando Opiniones y Sentencias durante este periodo.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la procedencia de ordenar la venta de bienes de una comunidad post ganancial. La controversia surge de un pleito de divorcio entre Amarilis Betancourt González y Dwight Pastrana Santiago. Tras el divorcio, se formó una comunidad de bienes post ganancial, controlada por el señor Pastrana Santiago. Las partes acordaron, mediante estipulación, que la señora Betancourt González recibiría anticipos mensuales de su participación. El Tribunal de Apelaciones ordenó la venta en pública subasta de ciertos bienes de esta comunidad para satisfacer una deuda entre los ex cónyuges. Esta orden se emitió sin que previamente se hubiera liquidado formalmente la comunidad de bienes. El Tribunal Supremo revisó si el foro apelativo intermedio abusó de su discreción al emitir dicha orden. Se concluyó que el Tribunal de Apelaciones sí abusó de su facultad revisora. Resulta improcedente ordenar la venta de bienes específicos de la comunidad post ganancial antes de su liquidación formal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión disciplinaria contra el Lcdo. Efraín Latoni Rivera. Se ordena su suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con órdenes del Tribunal. La acción surge de una queja presentada por clientas en octubre de 2016. Las clientas alegaron haber pagado al abogado por el otorgamiento y registro de dos escrituras de compraventa. Sostuvieron que el proceso de presentación de los instrumentos ante el Registro de la Propiedad no se completó. Indicaron que uno de los instrumentos presentados caducó y que el abogado tardó en proveer información sobre el proceso. La suspensión es efectiva a partir del 30 de abril de 2018. Esta decisión subraya la obligación de los letrados de cumplir con sus deberes profesionales y las directrices del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha ordenado la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Héctor Vargas Díaz del ejercicio de la abogacía. Esta acción se debe a su incumplimiento reiterado con las órdenes del Tribunal y los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Los problemas se originaron por su falta de cooperación durante la inspección de su obra notarial y la omisión en subsanar deficiencias. A pesar de advertencias y órdenes previas, incluyendo la incautación preventiva de su obra y sello notarial, y una suspensión indefinida previa de la notaría en mayo de 2017, el licenciado Vargas Díaz continuó desatendiendo los mandatos. El Tribunal subraya su proceder reprochable y su persistente incumplimiento como fundamento para esta severa sanción. La suspensión es efectiva a partir del 23 de abril de 2018, fecha en que se le notificó.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión el 19 de abril de 2018 en el caso CC-2015-888. La cuestión principal a determinar fue si los agentes y supervisores de un patrono pueden ser considerados personalmente responsables por actos de represalia. La reclamación original incluía alegaciones de hostigamiento sexual, discrimen y represalias bajo diversas leyes laborales, incluyendo las Leyes Núm. 69 de 1985 y Núm. 17 de 1988. La peticionaria, una exempleada, demandó a su patrono y a varios individuos, gerentes y el propietario, alegando represalias tras quejarse de hostigamiento sexual. Los individuos recurridos solicitaron la desestimación argumentando falta de responsabilidad personal. El Tribunal Supremo resolvió que el ordenamiento jurídico puertorriqueño no contempla la responsabilidad personal de agentes y supervisores por actos de represalia al amparo de las Leyes Núm. 69 y Núm. 17. Esta decisión aclara el alcance de la responsabilidad individual en casos de represalias laborales bajo estas leyes específicas.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso AB-2013-377, con fecha 19 de abril de 2018, sobre la conducta profesional del Lcdo. Jorge E. Rodríguez Vega. El Tribunal ordena la suspensión inmediata e indefinida del abogado. La razón principal de la medida disciplinaria es el incumplimiento de órdenes previas del Tribunal. El caso se originó por una queja presentada en 2013 por el Sr. Domingo Irizarry. El Sr. Irizarry alegó que contrató al abogado para finalizar trámites relacionados con escrituras de propiedad de su difunta esposa, pagándole parte de los honorarios acordados. A pesar del pago parcial, el abogado no completó el trabajo ni proporcionó instrucciones claras sobre documentos entregados. La suspensión es efectiva a partir del 23 de abril de 2018.

Resumen:

Ante el colapso total del sistema eléctrico en Puerto Rico ocurrido el 18 de abril de 2018 y la falta de restablecimiento completo del servicio, el Tribunal Supremo emitió una resolución. Con el fin de evitar que las partes se vean imposibilitadas de presentar recursos por esta situación imprevista, el Tribunal ejerció su facultad para reglamentar los procedimientos judiciales. Se dispuso que, al computar los términos en los procedimientos y trámites judiciales, se aplicarán los artículos 388 y 389 del Código Político de 1902. Esto implica que los días 18, 19 y 20 de abril de 2018 se considerarán como si fueran días feriados. Consecuentemente, cualquier término que venciera en esos tres días se extiende automáticamente. La nueva fecha límite para la presentación de dichos trámites será el lunes, 23 de abril de 2018. Esta medida aplica a todos los casos y asuntos en todas las Regiones Judiciales. Se ordenó la difusión inmediata de esta resolución.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró el incumplimiento del Lcdo. Francisco Vázquez Gutiérrez con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El PEJC informó que el licenciado no cumplió con los créditos necesarios durante el periodo 2011-2012. A pesar de recibir un Aviso de Incumplimiento y ser citado a una vista informal, el abogado no respondió ni subsanó la deficiencia. El PEJC refirió el asunto al Tribunal Supremo. El Tribunal determinó que el licenciado hizo caso omiso a los requerimientos del PEJC y a las órdenes judiciales. Esta conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional. Por consiguiente, el Tribunal ordenó la suspensión indefinida del Lcdo. Vázquez Gutiérrez del ejercicio de la abogacía. Esta medida se impuso de forma cautelar. La suspensión fue efectiva a partir del 19 de abril de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 18 de abril de 2018. La Resolución aborda la renuncia de un miembro de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico. Esta Comisión fue reconstituida en 2016 con la encomienda de actualizar recomendaciones previas sobre la función notarial. El Lcdo. Luis Mojica Sandoz presentó una moción solicitando ser relevado de su designación como miembro. Explicó que cambios en sus circunstancias personales y profesionales luego del huracán María le impedían colaborar con la Comisión. El Tribunal acogió su petición y lo relevó de su designación. La Resolución reconoce la labor del Lcdo. Mojica Sandoz como miembro de la Comisión desde 2004. Además, agradece su aportación profesional ad honorem para el mejoramiento de la práctica notarial. Esta Resolución tuvo vigencia inmediata.