Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

El caso se origina por la denegación de una licencia de corredora de bienes raíces a una peticionaria que presentó la documentación requerida fuera del término de noventa días establecido en un reglamento de la Junta de Corredores. La peticionaria impugnó la decisión administrativa y la validez del reglamento ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones inicialmente atendió el recurso, pero luego lo desestimó por entender que carecía de jurisdicción para evaluar la validez de la disposición reglamentaria. El Tribunal Supremo revisó el caso para aclarar el ámbito de competencia del Tribunal de Apelaciones en la revisión judicial de dictámenes administrativos finales. El Tribunal Supremo determinó que el Tribunal de Apelaciones sí tiene jurisdicción y competencia para examinar la validez de una regla o reglamento aplicado por una agencia al revisar su dictamen final. Asimismo, resolvió que la Junta debe notificar a los aspirantes, junto con la aprobación del examen de reválida, el término de noventa días disponible para someter toda la documentación necesaria para obtener la licencia.