Casos del Tribunal Supremo (Página 22)

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico dilucida la normativa sobre la aceptación de capacidad económica en pleitos de alimentos. Aborda la situación en la que un progenitor no custodio admite tener medios económicos para sustentar a su hijo antes de cumplirse los tres años para la revisión de una pensión alimentaria previamente decretada. La cuestión central es determinar la fecha desde la cual debe ser efectiva la nueva pensión que resulte de este proceso de revisión. El Tribunal resuelve que, ante un decreto de alimentos final y la admisión de capacidad económica previa a los tres años, la nueva pensión se hará efectiva a partir de la fecha en que se admitió dicha capacidad. La decisión establece un criterio jurisprudencial sobre la retroactividad de la pensión en estas circunstancias específicas. El caso involucra a Yailin Pesquera Fuentes y Miguel A. Colón Molina, con antecedentes de fijación y revisión de pensión desde 2002.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia el 27 de marzo de 2019 en el caso Annette Camacho Rivera, et al. v. Richard Mitchell, Inc., et al. (AC-2015-93). El Tribunal revisó una decisión del Tribunal de Apelaciones de la Región Judicial de San Juan. Mediante su Sentencia, el Tribunal Supremo revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones emitida el 30 de junio de 2015. La decisión del Tribunal Supremo no fue unánime. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión de Conformidad, a la cual se unieron otros tres jueces. El Juez Asociado señor Colón Peréz emitió una Opinión Disidente, a la cual se unieron la Jueza Presidenta y otros tres jueces. La Opinión de Conformidad indica que el caso trata sobre la responsabilidad civil extracontractual de comerciantes, particularmente clubes nocturnos, por actos criminales de terceros contra clientes bajo el Artículo 1802 del Código Civil. Se busca aclarar la norma sobre la necesidad de probar actos delictivos previos en el área cercana al comercio.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria para separar al Lcdo. Elpidio Castro Colón de la práctica de la abogacía y la notaría. La decisión se fundamenta en el incumplimiento del letrado con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Se detalla que el abogado no completó las horas crédito mandatorias para los periodos 2009-2011, 2011-2013, y no tenía créditos para 2013-2016. A pesar de recibir requerimientos del Tribunal para mostrar causa por su inobservancia, el licenciado Castro Colón no respondió adecuadamente ni cumplió con sus obligaciones. Se le concedieron plazos adicionales, pero no satisfizo los requisitos pendientes. Por consiguiente, el Tribunal dictamina su suspensión. La suspensión es efectiva a partir del 2 de abril de 2019, fecha en que se le notificó la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el caso CC-2019-0067, entre la Oficina de Ética Gubernamental como peticionaria y Lornna J. Soto Villanueva como recurrida. El caso provino del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan-Caguas. Mediante Resolución emitida el 20 de marzo de 2019, el Tribunal Supremo declaró no ha lugar la Solicitud de Certiorari presentada por la parte peticionaria. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un Voto Particular Disidente respecto a esta decisión. Posteriormente, el 24 de abril de 2019, se emitió una Resolución enmendada (Nunc Pro Tunc). Esta enmienda tuvo el único propósito de hacer constar la composición de la Sala de Despacho que atendió el caso. Dicha Sala estuvo integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. El documento lista a las abogadas de la parte peticionaria y al abogado de la parte recurrida.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario para separar al Lcdo. Allan A. Peña Ríos de la profesión legal. La decisión se fundamenta en el quebrantamiento de los Cánones 18, 19, 23, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. Los hechos que motivaron la sanción involucran la representación de una clienta en una reclamación contra una aseguradora. El letrado aceptó un acuerdo transaccional extrajudicial sin informar ni consultar a su clienta. Posteriormente, endosó el cheque producto del acuerdo, emitido a nombre de ambos, utilizando el nombre de la clienta. Finalmente, depositó dicho cheque en su cuenta bancaria personal. La conducta del abogado, al transar sin consentimiento, falsificar un endoso y apropiarse de los fondos, constituyó una grave falta ética. Por estas violaciones, el Tribunal determinó su separación de la abogacía. La suspensión de la licencia para ejercer la profesión legal es efectiva a partir del 26 de marzo de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Apolinar Rodríguez López. La acción se debe a su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y su desatención a las órdenes del Tribunal. El licenciado adeudaba horas crédito de educación continua para varios periodos, incluyendo 4 horas para 2009-2011. A pesar de recibir avisos de incumplimiento y extensiones de tiempo, no tomó los cursos adeudados ni pagó las cuotas correspondientes. Tampoco compareció ni respondió a una citación para una vista informal en 2014. Ante esta conducta, el Tribunal decreta su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. La suspensión es efectiva a partir del 3 de mayo de 2019, fecha en que fue notificado. Este documento oficial del Tribunal está sujeto a cambios en el proceso de publicación.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con número de caso TS-15,854, emitida el 15 de marzo de 2019. La materia principal es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía por parte de Janhec Pérez Pasarell. Tras examinar una moción presentada el 11 de marzo de 2019, el Tribunal ordenó la readmisión de la señora Pérez Pasarell. Asimismo, se instruyó a la Secretaría del Tribunal Supremo a realizar el cambio de su estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Este documento oficial refleja la decisión del Tribunal sobre la readmisión solicitada.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Lydia Pérez Lugo. La materia tratada es la readmisión al ejercicio de la abogacía. La Sra. Pérez Lugo presentó una moción solicitando su reinstalación a la práctica legal. El Tribunal Supremo atendió la petición presentada el 11 de marzo de 2019. Mediante resolución de 15 de marzo de 2019, el Tribunal autorizó su readmisión al ejercicio de la abogacía.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Carmen T. García Salgado del ejercicio de la abogacía. Esta acción disciplinaria se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con órdenes del Tribunal. La licenciada no completó los cursos de educación jurídica requeridos ni pagó la multa por cumplimiento tardío para el periodo de 2009 a 2011. A pesar de recibir avisos y citaciones, incluyendo una para una vista informal, la abogada no compareció ni se comunicó con el PEJC. La suspensión es efectiva a partir del 15 de marzo de 2019, fecha de notificación. La decisión se basó en un informe del Director Ejecutivo del PEJC detallando la reiterada desatención de la letrada a sus obligaciones profesionales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 13 de marzo de 2019 en el recurso gubernativo RG-2018-1. La peticionaria, Zulma Toro Valcárcel, impugnaba una decisión de la Registradora de la Propiedad de Carolina, Sección Segunda. La Registradora presentó una moción solicitando la desestimación del recurso. El Tribunal examinó la moción y la oposición de la peticionaria. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso gubernativo. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción se debió al incumplimiento de los requisitos de notificación establecidos en el Artículo 245 y la Regla 245.1 de la Ley 210, Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Un voto particular de conformidad, al que se unieron varios jueces, abundó sobre el incumplimiento específico en la notificación a la Registradora sobre la presentación del recurso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión del licenciado Luis R. Torres Rodríguez del ejercicio de la abogacía. La suspensión, efectiva el 13 de marzo de 2019, se fundamenta en la infracción de varios Cánones de Ética Profesional. Específicamente, se encontraron violaciones a los Cánones 9 (Conducta ante los tribunales), 12 (Puntualidad), 18 (Competencia), 35 (Sinceridad) y 38 (Preservación del honor). El proceso disciplinario se inició tras una resolución del Tribunal de Primera Instancia que señaló el reiterado incumplimiento del abogado con órdenes judiciales en un caso de partición hereditaria. Tras una investigación de la Oficina del Procurador General y la presentación de una querella, el Tribunal Supremo determinó imponer la sanción. La decisión destaca la necesidad de suspender a un miembro de la profesión legal por su conducta.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario para suspender a un abogado por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua. El Programa de Educación Jurídica Continua refirió el caso del Lcdo. Ramón A. Santini Rivera por no cumplir con el periodo de 2009 a 2011. El Tribunal le concedió varios términos para mostrar causa y cumplir con los cursos requeridos. A pesar de las oportunidades y notificaciones, incluyendo una enviada a la dirección que él mismo proveyó, el licenciado no presentó la certificación de cumplimiento. Ante la reiterada desatención a las órdenes del Tribunal, se decretó su suspensión. La suspensión del Lcdo. Ramón A. Santini Rivera de la práctica de la abogacía es inmediata e indefinida. Esta decisión subraya la obligación de los abogados de cumplir con la educación continua. La suspensión fue efectiva tras la notificación al abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su jurisdicción disciplinaria sobre la Lcda. María Del Pilar García Incera en el caso CP-2016-12. El procedimiento se inició por una queja de un cliente que alegó que la abogada dilató indebidamente su caso, provocando su desestimación con perjuicio. La abogada inicialmente negó responsabilidad, atribuyendo la demora al cliente, pero luego admitió un error al anotar una fecha de vista. La Oficina de la Procuradora General investigó y presentó una querella formal. Se imputaron violaciones a los Cánones 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional. Las alegaciones incluyeron la incomparecencia a una vista, el incumplimiento de una orden para contestar un interrogatorio y la falta de diligencia en el manejo del caso. Estas acciones resultaron en dilaciones procesales que llevaron a la desestimación de la reclamación del cliente y a la presentación tardía de un recurso de apelación. La materia del caso indica que la abogada fue objeto de una censura enérgica por infringir los Cánones 12 y 18.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el caso de la licenciada Carmen I. Chiqués Velázquez, abogada y notaria, tras recibir quejas sobre su conducta profesional. Su abogado informó que ella no se encontraba en condiciones para atender las quejas ni ejercer su práctica legal. El Tribunal designó una Comisionada Especial para evaluar su capacidad mental o emocional. Varios peritos psiquiatras la examinaron y concluyeron unánimemente que padece condiciones que le dificultan el ejercicio de la profesión y el cumplimiento de sus obligaciones. La licenciada Chiqués Velázquez solicitó una renuncia voluntaria al ejercicio de la abogacía y notaría, pero el Tribunal la denegó. En virtud de su poder inherente para reglamentar la profesión, el Tribunal determinó que la abogada no está en condiciones para el ejercicio adecuado de sus funciones. Por tanto, se ordenó su suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión fue efectiva a partir del 13 de marzo de 2019.

Resumen:

El caso CC-2017-478 ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve si la aplicación retroactiva de las enmiendas a la Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores viola la prohibición constitucional ex post facto. Específicamente, se analiza si la Ley Núm. 266-2004, enmendada por la Ley Núm. 243-2011, puede aplicarse a personas convictas antes de su vigencia. El recurrido, Efraín Ferrer Maldonado, fue convicto en 2003 por delitos sexuales y ordenado a inscribirse en el Registro. Solicitó su eliminación en 2016, alegando que el término de 10 años bajo la ley anterior (Ley Núm. 28-1997) había expirado. El Ministerio Público argumentó que el Registro es una herramienta de protección y que la ley actual aplica. La controversia principal gira en torno a si la aplicación de las disposiciones de la ley enmendada a hechos y convicciones previas constituye una ley ex post facto. El Tribunal busca delinear el alcance de su decisión previa en *Pueblo v. Hernández García* sobre este asunto. La opinión emitida por la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez aborda esta cuestión legal.

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Esta decisión del Tribunal Supremo, CC-2017-492, clarifica el alcance de la responsabilidad patrimonial de un deudor respecto a obligaciones garantizadas individualmente. El caso involucró a una persona casada bajo el régimen de sociedad legal de gananciales que garantizó un préstamo de forma individual. Tras una sentencia en su contra y su posterior fallecimiento, el acreedor procuró ejecutar la deuda contra su caudal hereditario. La cuestión legal clave presentada fue si un acreedor podía ejecutar contra los bienes del caudal hereditario, incluyendo bienes gananciales, por esta deuda garantizada individualmente. El Tribunal determinó que la respuesta es afirmativa. Resolvió que un acreedor puede ejecutar una obligación contra los bienes hereditarios de un deudor que la garantizó individualmente, aunque algunos de los bienes sean gananciales. Este dictamen confirma que la garantía individual crea una responsabilidad exigible contra el caudal del deudor, incluyendo bienes gananciales, tras su muerte. La decisión ofrece guía sobre la intersección de obligaciones, sucesiones y el régimen de gananciales en Puerto Rico.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el licenciado Héctor Landrón Hernández. El Tribunal procede a suspenderlo del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta acción se debe a su reiterado incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Específicamente, no completó los cursos requeridos para el periodo de marzo de 2009 a febrero de 2011. A pesar de recibir un Aviso de Incumplimiento en mayo de 2011 y una citación para una vista informal en diciembre de 2013, no tomó los cursos, pagó la multa ni compareció a la vista. Su falta de cumplimiento con el reglamento del PEJC y las órdenes subsiguientes del Tribunal motivaron esta medida disciplinaria. La suspensión será efectiva a partir del 18 de marzo de 2019.

Resumen:

Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso AC-2015-101, Xerox Corporation v. José A. Gómez Rodríguez y otros. El caso aborda la cuestión del término de prescripción aplicable a la acción para reclamar plazos vencidos en virtud de un contrato de leasing. La peticionaria, Xerox, presentó una demanda en cobro de dinero y reposesión de bienes contra los recurridos (Print Outlet) en 2014, basada en un contrato de 2008. Se debatía si la reclamación estaba sujeta a la prescripción quinquenal de cinco años (Art. 1866 del Código Civil). Alternativamente, se consideraba la prescripción ordinaria de quince años (Art. 1864 del Código Civil). El Tribunal examinó los hechos y el derecho aplicable para resolver esta controversia. Determinó que la causa de acción para reclamar mensualidades adeudadas en un contrato de leasing no está sujeta al término prescriptivo de cinco años. Concluyó que este tipo de reclamación se rige por la prescripción ordinaria de quince años establecida en el Art. 1864 del Código Civil. La decisión clarifica el plazo legal para este tipo de acciones contractuales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite esta Resolución sobre el proyecto de reglamento para el manejo de fondos de clientes en cuentas de fideicomiso para servicios legales (IOLTA). La iniciativa busca fomentar el acceso a la justicia, particularmente para personas indigentes y en condiciones de vulnerabilidad. Se reconoce la efectividad de los programas IOLTA, ampliamente adoptados en Estados Unidos, para subvencionar servicios legales gratuitos. Estos programas generan fondos a partir de los intereses de cuentas conjuntas de clientes donde los depósitos individuales son pequeños o a corto plazo. Aunque el Código de Ética local no anticipaba IOLTA, la Ley Núm. 165-2013 estableció la política pública que requiere a los abogados y bufetes mantener estas cuentas para depósitos cualificados. Los recursos generados por las cuentas IOLTA están destinados a organizaciones sin fines de lucro que proveen representación y asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos. La Resolución se fundamenta en el poder inherente del Tribunal para reglamentar la abogacía y la normativa ética sobre la prestación de servicios pro bono.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de Francisco Joubert Lugo. La Resolución atiende la moción del Sr. Joubert Lugo solicitando su reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. El Tribunal concedió su solicitud de reinstalación únicamente al ejercicio de la abogacía. Respecto a su práctica notarial, el Tribunal le ordenó expresarse en un término de veinte días sobre un informe de la Oficina de Inspección de Notarías relativo al estado de su obra notarial. Además, el Tribunal ordenó reactivar una queja pendiente en su contra, identificada como AB-2015-0211, para que continúe su curso ordinario. El Juez Asociado Martínez Torres expresó una opinión disidente, indicando que denegaría la solicitud de reinstalación en esta etapa y requeriría la resolución de la queja pendiente primero para proteger el interés público. El Juez Asociado Kolthoff Caraballo no intervino en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución sobre la solicitud de reinstalación de Dinorah Burgos García. La resolución ordena la reinstalación de la peticionaria al ejercicio de la abogacía y la notaría. Se instruye al Secretario del Tribunal a registrar su estatus como Abogada Activa en el registro correspondiente. Como consecuencia de la reinstalación, se ordenó la reactivación de todas las quejas pendientes contra la peticionaria. Se concedió un término de cuarenta y cinco días a la Oficina del Procurador General para presentar informes sobre tres quejas específicas. Asimismo, se otorgó a la peticionaria un término final de diez días para contestar otras cinco quejas identificadas. Se apercibe a la peticionaria que un nuevo incumplimiento con las órdenes del Tribunal podría acarrear sanciones disciplinarias severas. Estas sanciones podrían incluir una nueva suspensión del ejercicio de la profesión. El Juez Asociado señor Martínez Torres expresó que proveería No Ha Lugar a la reinstalación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió indefinidamente a la Lcda. Nilsa L. García Cabrera del ejercicio de la notaría. Esta decisión disciplinaria se fundamenta en su conducta profesional al no completar los trámites de inscripción de una escritura de compraventa autorizada en 2006. Los compradores afectados descubrieron años después que no aparecían como titulares registrales al intentar vender la propiedad. La letrada tampoco logró subsanar la situación con una escritura posterior ni mantuvo informados a sus clientes sobre el estado del caso. La falta de diligencia y comunicación llevó a los clientes a presentar una queja formal. La suspensión de la notaría es efectiva a partir del 28 de febrero de 2019, fecha de notificación de la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró si es posible encontrar causa probable para juicio por violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas aplicando una inferencia o presunción de portación ilegal en la vista preliminar. El caso involucra a Kevin J. Nieves Cabán, acusado de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por hechos ocurridos en Aguada en 2014. La denuncia y acusación alegaron que el peticionario portaba o usaba un arma de fuego ilegalmente, sin licencia ni permiso. Tras la vista preliminar, se determinó causa probable para todos los delitos imputados. El peticionario cuestionó si la determinación de causa probable para el Art. 5.04 podía basarse en una presunción de ilegalidad. El Tribunal Supremo contestó afirmativamente a esta interrogante. Confirmó que es válido aplicar una inferencia o presunción de portación ilegal de armas en la etapa de vista preliminar para establecer causa probable. La decisión valida la determinación del tribunal de primera instancia en este aspecto.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una orden el 20 de febrero de 2019 en el caso In re: Michelle Brull Díaz, identificado con el número TS-15,699. La orden atiende la Moción presentada por la Sra. Brull Díaz el 12 de febrero de 2019. En su moción, solicitó un cambio de estatus para ser registrada como abogada activa. Tras examinar la solicitud, el Tribunal declaró ha lugar la petición. Por consiguiente, se ordenó la reactivación de Michelle Brull Díaz al ejercicio de la profesión de la abogacía. Este documento oficializa su reinstalación.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 19 de febrero de 2019. El caso, identificado con el número TS-14,523, trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. Héctor J. Martínez Maldonado. El Tribunal examinó la petición. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo resuelve reinstalar al Lcdo. Héctor J. Martínez Maldonado al ejercicio de la abogacía.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por el Sr. Félix Rivera Durán. Dicha moción fue presentada el 31 de enero de 2019. El Tribunal proveyó ha lugar a la solicitud del peticionario. Como resultado de esta decisión, se reinstaló al señor Rivera Durán al ejercicio de la abogacía. La determinación fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 15 de febrero de 2019. Se le apercibió al señor Rivera Durán que en el futuro deberá dar estricto cumplimiento con las órdenes y requerimientos del Tribunal. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

Esta es una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso *El Pueblo de Puerto Rico v. Néstor Samol Bonilla*. El Tribunal evaluó una moción presentada por el recurrido solicitando la reconsideración y desestimación de la petición de certiorari. La moción argumentaba deficiencias relacionadas con el apéndice y la presentación tardía de documentos. El Tribunal Supremo declaró Ha Lugar la moción del recurrido. En consecuencia, se anuló el auto de certiorari que había sido expedido previamente en el caso. Varios jueces emitieron opiniones separadas. El Juez Asociado señor Rivera García, al cual se unió la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, emitió un voto particular de conformidad. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco expresó su desacuerdo con los fundamentos para conceder la moción, indicando que el recurrido no estaba obligado a presentar las sentencias de instancia y que los documentos jurisdiccionales fueron sometidos. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón hubiera provisto No Ha Lugar, y el Juez Asociado señor Estrella Martínez denegaría el recurso en los méritos.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha 15 de febrero de 2019, trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía de la Sra. Amaris Urbina Echevarría. La peticionaria presentó una moción informando haber cumplido con los requisitos de educación jurídica continua, acreditando 4 créditos de notaría y 4 créditos generales. El Tribunal se dio por enterado de dicho cumplimiento. Asimismo, aceptó a la Lcda. Daisy Calcaño López como representante legal de la Sra. Urbina Echevarría. En respuesta a la moción urgente de reinstalación, y confirmada la certificación del Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal autorizó la reinstalación de la Sra. Urbina Echevarría. Se le advierte a la abogada que deberá cumplir puntualmente con los futuros requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. La decisión ordena la notificación inmediata.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de José M. Jiménez Román. La materia principal es su solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden presentada por el señor Jiménez Román, el Tribunal determinó que se cumplió con la orden previa del 25 de enero de 2019. Por consiguiente, se ordena su reinstalación inmediata a la práctica legal. Se instruye al Secretario del Tribunal a cambiar su estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). El señor Jiménez Román tiene la obligación de actualizar de inmediato y mantener al día toda su información en dicho registro. La Jueza Presidenta y un Juez Asociado hicieron constar que, a su juicio, la reinstalación debió ser sin condiciones adicionales, dado que el peticionario acreditó haber tomado un curso de repaso de reválida.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 7 de febrero de 2019 en el caso de Juan E. Medina Torres. La materia principal del caso era la reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Sr. Medina Torres presentó una "Moción incluyendo certificación" ante el Tribunal. Tras examinar la moción, el Tribunal acordó reinstalarlo. Por tanto, se le reinstala al ejercicio de la abogacía según lo dispuesto por el Tribunal. La resolución fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria para suspender inmediata e indefinidamente a la Lcda. Karla M. Silvestrini Carrasquillo del ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión se fundamenta en la violación de los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional. El asunto disciplinario se originó por un referido de una jueza del Tribunal de Primera Instancia. La abogada incumplió reiteradamente órdenes judiciales, específicamente la de notificar la dirección de su representada. Además, no pagó una sanción económica de $300 impuesta por dicho incumplimiento. La letrada también causó dilación indebida en el trámite de la queja ante el Tribunal Supremo al no comparecer tras ser requerida. La suspensión, dictada el 6 de febrero de 2019, será efectiva a partir del 11 de marzo de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 6 de febrero de 2019 en el caso TS-12,260. La resolución atiende una Moción presentada por Eduardo José Iglesias Badillo. Dicha moción solicitaba el cambio de su estatus de abogado inactivo a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RÚA). Tras examinar la solicitud, el Tribunal determinó proveer ha lugar la petición. En consecuencia, se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus en el RÚA. Este documento oficializa la reactivación de Iglesias Badillo al ejercicio de la abogacía.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2018-945, Jorge Luis Jorge Moreu v. El Pueblo de Puerto Rico. Con fecha de 4 de febrero de 2019, el Tribunal denegó la petición de certiorari presentada por el peticionario. También se denegó una Moción para Informar Traslado a Institución Adecuada. La decisión fue acordada por el Tribunal. Se emitieron votos particulares de conformidad y disidentes por parte de varios jueces asociados. Un voto particular de conformidad argumentó que el recurso era académico y no justiciable, destacando la importancia de este principio para que los tribunales puedan atender controversias.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 1ro de febrero de 2019. Aborda la materia de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El caso involucra al Lcdo. Héctor J. Bonilla Calero. El Tribunal examinó una moción en cumplimiento de orden y solicitud de reinstalación presentada por el peticionario. Como resultado, se ordenó la reinstalación del Lcdo. Bonilla Calero al ejercicio de la profesión legal. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario. La Juez Asociada señora Rodriguez Rodríguez proveería no ha lugar a la solicitud y le recordaría al abogado ser más cuidadoso. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Robert W. Odasz del ejercicio de la abogacía. La decisión se fundamenta en el incumplimiento del abogado con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y las órdenes del Tribunal. El Lcdo. Odasz no cumplió con los créditos de educación continua para el periodo 2009-2011. A pesar de recibir un aviso de incumplimiento en 2012 y ser citado a una vista informal en 2014, no subsanó la deficiencia ni compareció. Su correspondencia fue devuelta, indicando que no mantenía su dirección actualizada en el Registro Único de Abogados. Además, adeuda una multa de $150. El Tribunal considera que su conducta contraviene el Canon 9 del Código de Ética Profesional. La suspensión será efectiva a partir del 12 de febrero de 2019, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario sobre el Lcdo. Rodolfo Cobas Mondríquez. La acción se debió a su reiterado incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). El licenciado no presentó múltiples Índices Mensuales e Informes Estadísticos Anuales de Actividad Notarial, algunos adeudados desde 2006. A pesar de las notificaciones de la ODIN y las prórrogas concedidas, el licenciado no cumplió. La ODIN informó al Tribunal Supremo sobre la situación. El Tribunal ordenó al licenciado cumplir en un término de treinta días, apercibiéndole de posibles sanciones. El licenciado Cobas Mondríguez hizo caso omiso a la orden del Tribunal. Ante su inacción y desacato, el Tribunal decretó su suspensión inmediata e indefinida. La suspensión le impide ejercer tanto la abogacía como la notaría. Esta decisión subraya la importancia del cumplimiento con las órdenes judiciales y los deberes profesionales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende a la Lcda. Dianne M. Suárez Lasa del ejercicio de la abogacía. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para el periodo 2010-2012. A pesar de ser notificada de su incumplimiento en 2012, la abogada no compareció a una vista informal citada por el PEJC en octubre de 2014 ni presentó escrito alguno. Posteriormente, se comunicó con el PEJC mencionando problemas de dirección y su cumplimiento en Illinois, siendo orientada sobre posibles relevos. Sin embargo, tras recibir una comunicación del PEJC en junio de 2016 informándole su estatus y otorgándole un término de 60 días para responder, tampoco cumplió. Su falta de comparecencia y el incumplimiento con las órdenes del Tribunal llevaron a esta determinación. La suspensión es efectiva a partir del 4 de febrero de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 31 de enero de 2019 en el caso TS-9535, respondiendo a una moción de reconsideración de Gerardo De Jesús Annoni. La resolución examina la suspensión del ejercicio de la abogacía impuesta al Sr. De Jesús Annoni mediante una Opinión Per Curiam de 13 de diciembre de 2018. Dicha suspensión se basó en la falta de acreditación de dieciocho (18) créditos en materia notarial. En esta nueva decisión, el Tribunal reconsidera su determinación previa. Autoriza que los cursos en materia general evidenciados por el peticionario sean acreditados para cubrir los dieciocho créditos adeudados en materia notarial. Consecuentemente, deja sin efecto la suspensión del ejercicio de la abogacía. Se apercibe al licenciado De Jesús Annoni que el incumplimiento futuro con los requisitos de educación continua o las órdenes del Tribunal podría resultar en una suspensión inmediata e indefinida. Asimismo, se le informa que para solicitar su reinstalación a la práctica notarial, deberá acreditar dieciocho créditos específicos en esa materia. La resolución fue acordada por el Tribunal, con una disidencia y abstenciones.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión sobre la conducta profesional de la Lcda. Amaris Urbina Echevarría. Se le suspende del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir reiteradamente con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). La licenciada no completó los cursos requeridos ni pagó las multas correspondientes para varios periodos entre 2009 y 2015. A pesar de recibir avisos, comparecer a una vista informal y obtener prórrogas, no subsanó las deficiencias. Este incumplimiento con las órdenes del Tribunal y los requerimientos del PEJC motiva la suspensión. La suspensión será efectiva a partir del 5 de febrero de 2019.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la conducta profesional de la Lcda. Maritza Ortiz Sánchez. El Tribunal determinó que la Lcda. Ortiz Sánchez violó varios Cánones de Ética Profesional. Estas violaciones incluyeron enviar una copia de una moción directamente a un oficial jurídico a través de LinkedIn sobre su propio caso. También respondió de manera irrespetuosa a la advertencia del oficial sobre su conducta. Además, durante el procedimiento disciplinario, no fue sincera e intentó inducir a error al tribunal. El Tribunal concluyó que su comportamiento ameritaba acción disciplinaria. Por consiguiente, el Tribunal Supremo ordenó su suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría por un término de tres meses. La suspensión fue efectiva el 8 de febrero de 2019, fecha en que fue notificada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Olga M. Valentín Avilés del ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión se basa en su incumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua (PEJC) para el periodo 2011-2012 y subsiguientes. A pesar de recibir avisos y oportunidades para cumplir, la licenciada no lo hizo ni compareció a los procedimientos del PEJC. El caso fue referido al Tribunal Supremo, que le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendida. Su falta de respuesta a esta orden constituyó un incumplimiento adicional. Ante la inacción de la licenciada, el Tribunal procedió a imponer la suspensión. La suspensión es efectiva a partir de la fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso In re: Nelson H. Valle Milán, relacionado con conducta profesional. La resolución, fechada el 25 de enero de 2019, surge tras la incomparecencia del Lcdo. Valle Milán al plazo concedido en una resolución previa. Esta falta de respuesta se interpretó como un allanamiento al informe de la Oficina de Inspección de Notarías. Por consiguiente, el Tribunal lo suspendió indefinida e inmediatamente del ejercicio de la notaría. Adicionalmente, se le ordenó mostrar causa dentro de veinte días por la cual no deba ser suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía. El Alguacil del Tribunal Supremo fue instruido para incautarse del sello y la obra notarial del abogado suspendido y entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías. La resolución fue notificada personalmente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó el caso de Guillermo J. Zúñiga López. La materia tratada fue su solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal consideró el Informe del Procurador General, el Informe de la Comisión de Reputación y el Informe del peticionario. También se evaluó una Moción para someter transcripción de prueba oral. Mediante Resolución de 25 de enero de 2019, el Tribunal autorizó la reinstalación del Sr. Zúñiga López. La autorización se concedió únicamente para el ejercicio de la abogacía. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintió de la decisión de reinstalar. La Jueza Presidenta y dos Jueces Asociados no intervinieron en el caso. La Resolución fue publicada según lo acordado por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 24 de enero de 2019 sobre la conducta profesional del licenciado Adán A. Rodríguez Lugo. Se ordena la suspensión del abogado del ejercicio de la abogacía. Dicha suspensión será efectiva a partir del 5 de febrero de 2019 o la fecha de notificación de su suspensión inmediata. La medida disciplinaria se impone por la infracción de varios Cánones de Ética Profesional, incluyendo el Canon 9 (conducta ante tribunales), Canon 12 (puntualidad), Canon 18 (competencia) y Canon 38 (honor y dignidad). El documento detalla, como parte de los antecedentes, la actuación del abogado como defensor de oficio en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Francisco Miranda Bermúdez. En ese caso, tras una sentencia condenatoria, el licenciado Rodríguez Lugo presentó un recurso de apelación pero simultáneamente solicitó relevarse de la representación, lo cual fue denegado por el Tribunal de Apelaciones. Las violaciones éticas que motivan la suspensión se derivan de su manejo de este y posiblemente otros asuntos profesionales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su resolución del 24 de enero de 2019 en el caso CC-2019-35, examinó las peticiones de certiorari y mociones de paralización presentadas por los alcaldes de Culebra y Villalba contra la Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente. El Tribunal determinó no ha lugar a ambas solicitudes. La decisión contó con un voto particular de conformidad de varios jueces asociados. Asimismo, se emitieron múltiples votos particulares disidentes. La Jueza Presidenta y otros jueces disidentes habrían concedido las peticiones, revocando al Tribunal de Apelaciones. Argumentaron que el proceso llevado a cabo por la UPAD y el OPFEI fue ultra vires y violó el debido proceso de ley de los funcionarios.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al Lcdo. Luis A. Ortiz López. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento del abogado con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarias (ODIN) y su falta de acatamiento a las órdenes del Tribunal. El licenciado Ortiz López, quien ya había sido suspendido y readmitido previamente, informó en febrero de 2018 la pérdida de parte de su obra notarial por el Huracán María y la deuda de informes notariales. ODIN autorizó el traslado de su obra y le citó para una inspección y reconstrucción. A pesar de ser debidamente notificado por correo postal y electrónico, el abogado no compareció a la reunión pautada. Tampoco se comunicó para excusar su ausencia o coordinar una nueva fecha, a pesar de los múltiples intentos de contacto por parte de ODIN. Ante esta conducta de incumplimiento y desobediencia, el Tribunal ejerció su facultad disciplinaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión en el caso de Certiorari CC-2017-576, Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., et al. El caso versa sobre si el Tribunal de Apelaciones debió revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que permitió la sustitución de partes en un pleito. El Municipio de Caguas se opuso a la sustitución, alegando que buscaba evadir la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno. El foro apelativo intermedio se negó a revisar, considerando la resolución un trámite rutinario no revisable bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. El Tribunal Supremo determinó que el Tribunal de Apelaciones erró en su apreciación. Consideró que el asunto reviste alto interés público y que la negativa a intervenir podría causar un fracaso irremediable de la justicia, ambos supuestos que permiten la revisión bajo la Regla 52.1. Por tanto, el Tribunal Supremo procederá a examinar el fondo de la controversia relacionada con la sustitución de partes a la luz de la ley de sostenibilidad fiscal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución en ocasión del fallecimiento del Hon. José A. Andréu García. El Juez Andréu García sirvió como Juez Presidente de este Tribunal desde 1992 hasta 2003, tras una distinguida carrera en la Rama Judicial y la práctica privada. Inició su trayectoria como Juez de Distrito en 1963, pasando luego por roles como Fiscal y Juez Superior. Fue designado Juez Asociado en 1990 antes de asumir la presidencia. Durante su incumbencia, se propuso modernizar el sistema judicial, incorporando tecnología para agilizar trámites. Promovió el acceso a la justicia, la reorganización de procedimientos y la educación continua para abogados y personal. Tuvo una participación activa en conferencias judiciales internacionales. Abogó por la autonomía presupuestaria de la Rama Judicial y la creación de una comisión contra el discrimen por razón de género. La resolución reconoce sus valiosas contribuciones y su legado en la administración de justicia en Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en decisión del 15 de enero de 2019, aborda la cuestión de si una pensión por incapacidad que recibe un veterano de las fuerzas armadas de Estados Unidos debe considerarse como ingreso al momento de calcular y fijar una pensión alimentaria. El caso surge de un proceso de divorcio y custodia entre Nadia Liz Serrano Maldonado y Emanuel Molina Figueroa. La Examinadora de Pensiones Alimentarias incluyó la compensación por incapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos como ingreso del padre para determinar la obligación alimentaria de su hija menor. La EPA razonó que la ley federal Child Support Enforcement Act no contiene una prohibición para utilizar dicha pensión en el cálculo de ingresos. Esta decisión del foro primario llevó el asunto al Tribunal Supremo para evaluar si los foros inferiores erraron al incluir dicha pensión en el cómputo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de enero de 2019 en el caso TS-15,043. La resolución trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía de Nelson Vélez Concepción. Tras evaluar un informe de la Oficina de Inspección de Notarías y el escrito de solicitud, el Tribunal acordó reinstalar al señor Vélez Concepción. No obstante, se reactivaron las quejas AB-2011-150 y AB-2014-177 relacionadas con el caso. Estas quejas se mantienen paralizadas. La paralización continuará hasta que culminen los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia en el caso ISC2013-0413. Las partes involucradas deben mantener informado al Tribunal Supremo sobre el estado procesal de los casos, según resoluciones previas.