Casos del Tribunal Supremo (Página 21)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución el 3 de junio de 2019. El propósito es enmendar el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, aprobado en 2018 y con vigencia a partir de 2020. Estas enmiendas surgen de un esfuerzo de evaluación y discusión con diversos sectores, impulsado por la Rama Judicial y la Comisión Permanente para la Evaluación del Sistema de Oficio. El Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial presentó propuestas basadas en las inquietudes del gremio. La resolución adopta modificaciones específicas al Reglamento. Se detallan cambios a la Regla 7, que establece las causas de exención del servicio de oficio. Entre las nuevas categorías de exención se incluyen empleados públicos a tiempo completo que no ejercen privadamente, empleados de entidades sin fines de lucro que ofrecen servicios legales a indigentes, miembros de comités ad honorem de la Rama Judicial y encargados de clínicas de asistencia legal universitarias. También se aclara la exención para quienes se dedican a otras profesiones, jubilados o quienes solo ofrecen servicios pro bono sin honorarios.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende al licenciado Miguel A. Ojeda Martínez del ejercicio de la abogacía. La suspensión se basa en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. El PEJC informó que el letrado no cumplió con los requisitos para el periodo 2009-2011 ni para periodos posteriores. Tras recibir un requerimiento para mostrar causa, el licenciado Ojeda Martínez alegó problemas de salud y el cuidado de sus padres ancianos como razones para su falta de cumplimiento. Manifestó su deseo y compromiso de cumplir con los requisitos y pagó la penalidad correspondiente. A pesar de su respuesta, el Tribunal procede con la suspensión. La suspensión es efectiva a partir del 5 de junio de 2019, fecha en que fue notificado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2019 TSPR 104) en un recurso de Certiorari (CC-2016-494) entre José Méndez Moll y Edith Román Hernández contra AXA Equitable Life Ins. Co. y otros. La decisión, emitida el 31 de mayo de 2019, confirma la Sentencia recurrida y devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. El caso se relaciona con la aplicabilidad de la Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico. La Sentencia cuenta con una Opinión de Conformidad mayoritaria y una Opinión Disidente minoritaria. La Opinión de Conformidad examina si las anualidades variables constituyen un valor bajo la Ley Uniforme de Valores. Además, evalúa si un inversionista agraviado por una transacción de valores tiene a su disposición causas de acciones adicionales a las instituidas en dicha ley.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa la conducta profesional de la Lcda. Blanca Bonhomme Meléndez en el caso CP-2017-8. La materia principal es la infracción a los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 de Ética Profesional. El caso surge de una queja presentada por la Sra. Nilda Silva Vázquez, a quien la licenciada representó en dos casos laborales ante la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP). La Sra. Silva Vázquez era miembro de la Hermandad de Empleados de la Salud (HES), una unión que ofrecía servicios legales a sus afiliados. La representación de la licenciada Bonhomme Meléndez en los casos de la Sra. Silva Vázquez comenzó en 2006. El Tribunal aborda si el desempeño profesional de un abogado contratado por una unión para representar a sus miembros debe ajustarse a las exigencias sindicales o a los Cánones de Ética Profesional. La decisión subraya que la profesión legal exige un desempeño profesional a la altura de los Cánones de Ética, independientemente del acuerdo contractual con una organización sindical. La licenciada Bonhomme Meléndez fue objeto de una sanción (censura) por su conducta en este contexto.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó el Reglamento para la designación de Jueces o Juezas Presidentes, y Presidentes Alternos de Comisiones Locales de Elecciones, y otros asuntos electorales. Esta acción se fundamenta en la facultad constitucional del Tribunal para reglamentar y en el mandato específico de la Ley Núm. 120-2017. Dicha ley enmendó el Código Electoral para asignar al Tribunal la competencia de designar a estos funcionarios electorales judiciales. El reglamento aprobado establece el método de selección aleatoria simple con reposición. Este método se considera que propende a la transparencia y objetividad necesarias para el proceso. El Tribunal señala que este mismo método fue aprobado y utilizado en las elecciones generales de 2012. El reglamento adjunto a la resolución entrará en vigor noventa días después de la fecha de la resolución. Se ordena la notificación a las partes pertinentes. La resolución incluye votos disidentes de algunos jueces asociados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende la conducta profesional de la Lcda. Grace Monge La Fosse. El caso surge de su incumplimiento con requerimientos de información de la Oficina del Procurador General (OPG). Dicha información fue solicitada en el curso de una investigación ética iniciada contra la abogada. La investigación se originó por una queja presentada por un exempleado de Pfizer, Sr. Víctor López López. El promovente alegó que la licenciada representó a un grupo de 120 exempleados en un caso judicial (KAC-2013-0800). Según la queja, la abogada cobró cuotas mensuales por años, no asistió a vistas, informó falsamente al tribunal sobre el interés y contacto con los clientes, y cesó la representación sin notificar adecuadamente. La decisión del Tribunal, efectiva el 6 de junio de 2019, implica una suspensión, destacando la falta de cooperación con la OPG como el asunto principal abordado en este documento.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su jurisdicción disciplinaria contra la Lcda. Gina Aguilar Gerardino, abogada y notaria. La acción se fundamenta en su incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y con órdenes del propio Tribunal. La ODIN reportó dificultades para completar la inspección de su obra notarial de 2008 a 2012 debido a deficiencias sustantivas, como la omisión de protocolización de instrumentos y escrituras extraviadas, además de una deuda arancelaria de $8,388.50. A pesar de múltiples notificaciones y términos concedidos por la ODIN para subsanar las faltas y pagar la deuda, la licenciada Aguilar Gerardino no respondió ni cumplió. Como resultado, el Tribunal ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión es efectiva a partir del 11 de junio de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Germán R.A. Monroig Pomales por incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y del propio Tribunal. El licenciado Monroig Pomales no compareció a una inspección notarial citada para junio de 2014. Posteriormente, no presentó índices notariales ni informes estadísticos de actividad notarial adeudados desde diciembre de 2014 hasta junio de 2015, incluyendo el informe anual de 2014, a pesar de un requerimiento final en julio de 2015. Tampoco entregó su obra protocolar y volúmenes del Libro de Registro de Testimonios para inspección en septiembre de 2015. Ante esta conducta, el Tribunal decretó la suspensión inmediata e indefinida de su notaría. La suspensión fue efectiva el 11 de junio de 2019, fecha en que se le notificó la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso AC-2016-96 el 22 de mayo de 2019. La controversia llegó al Tribunal vía Certiorari, involucrando a José Méndez Jiménez et al. como recurridos y a Carso Construcción de Puerto Rico, LLC y Puerto Rico Telephone Company, Inc. como peticionarios. El caso provenía de una decisión del Tribunal de Apelaciones, que a su vez revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Tras evaluar la apelación y los alegatos, el Tribunal Supremo decidió acoger la apelación. Consecuentemente, revocó el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue reinstalada por el Tribunal Supremo. La decisión incluyó una Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor Martínez Torres, a la cual se unieron otros cuatro jueces. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión disidente. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y otros dos jueces asociados también disintieron.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que examina los requisitos jurisdiccionales para la notificación adecuada de adjudicaciones de subastas por parte de las juntas de subastas municipales. El Tribunal revisita su precedente en *IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla*, considerando las enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos y el Reglamento 8873. El caso se origina en una subasta del Municipio de Yauco para la administración de su relleno sanitario, adjudicada a Waste Enterprises Corp. Los peticionarios, Puerto Rico Eco Park, Inc., Moca Eco-Park Corp., y Yauco Eco Park, L.L.C., impugnaron la adjudicación. La controversia central es si la notificación de adjudicación emitida por la Junta de Subastas de Yauco fue suficiente para activar el término para solicitar revisión judicial. La notificación indicaba que la decisión podía impugnarse ante el Tribunal de Apelaciones en diez días conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La decisión busca clarificar las garantías mínimas que deben contener estas notificaciones para asegurar una revisión judicial efectiva.

Resumen:

Este caso se originó con una demanda presentada por Laurentino Medina contra Del Valle Group y el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, relacionada con un contrato de remodelación en una égida financiada con fondos federales. La cuestión principal ante el Tribunal Supremo fue determinar si el pleito contra el Estado estaba paralizado conforme a la Sec. 301(a) del Título III de la Ley PROMESA. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la paralización, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión, concluyendo que la paralización sí aplicaba. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el caso contra el Departamento de la Vivienda está efectivamente paralizado en virtud de PROMESA. Por tanto, ordenó el archivo administrativo del caso contra el Estado. Esta paralización se mantendrá hasta la culminación del proceso de quiebra bajo PROMESA o hasta que se levante la suspensión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió al licenciado Enrique J. Prieto González del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento de órdenes del Tribunal. El licenciado Prieto González no cumplió con los requisitos de educación jurídica continua para el período 2011-2013 y no mostró causa tras ser requerido por el Tribunal. Adicionalmente, incumplió con la corrección de deficiencias señaladas por la Oficina de Inspección de Notarías durante una inspección de su obra notarial. Dicha inspección se inició tras una queja, aunque esta fue archivada. Durante el proceso de inspección, entregó sus protocolos, instrumentos, sello notarial y registros, y solicitó el cese voluntario de la notaría. El Tribunal reitera la necesidad de suspender letrados que desobedecen sus mandatos. La suspensión es efectiva a partir del 21 de mayo de 2019, fecha de su notificación por correo electrónico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante la Resolución ES-2019-01, establece la integración de sus salas para funcionar durante el receso de verano de 2019. De conformidad con la Regla 4(d) de su Reglamento, se constituyen tres paneles de jueces para periodos específicos. Del 1 al 31 de julio, la sala estará presidida por la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, junto a las Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez y Hon. Edgardo Rivera García. Para el mes de agosto, del 1 al 31, el panel lo compondrán el Hon. Rafael L. Martínez Torres (Presidente), la Hon. Mildred G. Pabón Charneco y el Hon. Roberto Feliberti Cintrón. La sala de septiembre, del 1 al 30, será presidida por el Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo, acompañado por los Hon. Luis F. Estrella Martínez y Hon. Ángel Colón Pérez. Se indica que las sustituciones de jueces seguirán el procedimiento de la Regla 4(b). El Tribunal continuará certificando Opiniones y Sentencias durante este periodo.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, AC-2016-135, aborda las obligaciones contractuales de dueños de caballos que se desafiliaron de una asociación hípica. La controversia surge entre la Puerto Rico Horse Owners Association (PRHOA), que agrupa a exmiembros de la Confederación Hípica de Puerto Rico, y la empresa operadora del hipódromo, Camarero Race Track. En 2013, varios dueños de caballos se desafiliaron de la Confederación Hípica y formaron la PRHOA. A pesar de su desafiliación, Camarero Race Track continuó exigiéndoles el cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato de 2007 entre Camarero y la Confederación Hípica. Dicho contrato imponía a la Confederación y a todos los dueños de caballos la responsabilidad por la mitad de una deuda y costos de una clínica veterinaria. La opinión del Tribunal, emitida el 10 de mayo de 2019, examina si es legalmente válido imponer estas obligaciones a quienes ya no eran miembros de la asociación original. El Tribunal anticipa que dicha imposición es contraria a la ley. El caso trata sobre derecho contractual y la relación entre asociaciones y miembros desafiliados en la industria hípica.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó una cuestión procesal relativa a la descalificación de abogados. La controversia principal era si una determinación judicial que descalifica al abogado de una parte debe ser notificada al propio abogado descalificado. El Tribunal resolvió afirmativamente esta interrogante. Esta decisión surge de un caso sobre custodia y traslado de una menor entre las partes. En dicho caso, el Tribunal de Primera Instancia había descalificado a los abogados del peticionario *motu proprio*. La determinación del Tribunal Supremo establece un requisito procesal claro para los tribunales al emitir órdenes de descalificación. Subraya la importancia de notificar directamente al abogado afectado por la descalificación. Esto garantiza el debido proceso y permite que el abogado descalificado esté al tanto de la determinación. La opinión detalla los fundamentos legales para esta exigencia de notificación. Este caso clarifica un aspecto específico del derecho procesal civil en Puerto Rico concerniente a la representación legal y las órdenes judiciales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió un recurso de certiorari presentado por Scotiabank de Puerto Rico. La cuestión central fue determinar si una solicitud de orden urgente para depositar pagarés en el tribunal constituye descubrimiento de prueba o un remedio provisional. El Tribunal concluyó que dicha solicitud, al estar dirigida a probar alegaciones y no a asegurar la efectividad de una sentencia, es un asunto de descubrimiento. Por tanto, no se trata de un remedio provisional en aseguramiento de sentencia. Esta distinción fue crucial para determinar la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. Al ser un asunto de descubrimiento, el Tribunal Supremo dictaminó que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para revisar la decisión del Tribunal de Primera Instancia mediante certiorari.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico autorizó la reinstalación del Lcdo. Héctor R. Díaz Vanga al ejercicio de la abogacía. Esta decisión se tomó tras examinar una moción presentada por el propio abogado. Como parte de la resolución, el Tribunal ordenó la reactivación de varias quejas éticas (AB-2017-260, AB-2018-42 y AB-2018-234) que habían sido archivadas administrativamente debido a su suspensión previa. Se le apercibió al abogado que debe cumplir fielmente con el Código de Ética Profesional y atender diligentemente los señalamientos del Tribunal y la Oficina del Procurador General. La decisión no fue unánime; el Juez Asociado señor Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintieron. El Juez Martínez Torres argumentó que la reinstalación debió denegarse hasta que se resolvieran las quejas éticas pendientes para asegurar la idoneidad del abogado.

Resumen:

La opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso AC-2017-76, emitida el 8 de mayo de 2019. El litigio enfrenta a Abel Rodríguez Casillas y otros contra el Estado Libre Asociado y el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices. Procedente del Tribunal de Apelaciones, la controversia principal gira en torno a la constitucionalidad de la colegiación compulsoria para ejercer una profesión. La Jueza Asociada PABÓN CHARNECO redacta la opinión que aborda este asunto fundamental. El Tribunal Supremo, como máximo intérprete de la Constitución de Puerto Rico, examina si el requisito de colegiación obligatoria viola derechos constitucionales. Se evalúa particularmente la posible afectación a la libertad de asociación y otras libertades fundamentales. El documento sienta las bases para el análisis judicial de esta importante cuestión que impacta a diversas profesiones en la isla.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la moción de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Luis A. Flores Martínez. Tras considerar la petición, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la misma. En consecuencia, se ordena la reinstalación del Sr. Flores Martínez a la práctica legal. Esta decisión fue emitida por el Tribunal Supremo el 8 de mayo de 2019. El caso, identificado con el número TS-9,225, resuelve favorablemente la solicitud del peticionario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Xavier Alers Morales del ejercicio de la abogacía y la notaría. La medida disciplinaria se impone por violaciones a los Cánones 2 y 9 del Código de Ética Profesional. El licenciado incumplió con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Específicamente, no completó las horas crédito requeridas para el período de 2011 a 2013. A pesar de recibir avisos de incumplimiento y ser citado a una vista informal, el letrado no subsanó la deficiencia ni compareció. Tampoco cumplió con los plazos adicionales concedidos para corregir la situación. La suspensión se fundamenta en su desatención a los requerimientos del PEJC y a las órdenes del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró si el período de 20 minutos de observación previo a una prueba de aliento, según el Reglamento Núm. 7318, opera a favor del Estado o del acusado. La controversia surgió en el caso de Jorge E. Martínez Landrón, denunciado por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes tras una detención por infracciones de tránsito. El Tribunal determinó que este período de observación opera a favor del acusado. Basado en esta interpretación, el Tribunal Supremo revocó el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. La decisión establece un precedente sobre la aplicación de este requisito reglamentario en casos de manejo bajo los efectos de alcohol. La opinión fue emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso TS-11,646, In re: Armando F. Pietri Torres. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Armando F. Pietri Torres. La solicitud fue radicada ante el Tribunal el 22 de abril de 2019. Tras examinar la petición, el Tribunal Supremo resolvió conceder la reinstalación. La resolución fue dictada en San Juan, Puerto Rico, el 6 de mayo de 2019. Mediante este acto, el Sr. Pietri Torres fue reinstalado al ejercicio de la profesión legal. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por Kristina Lee Díaz Cooper. El Tribunal examinó la Moción en Cumplimiento de Orden sometida por la peticionaria y una Certificación del Programa de Educación Jurídica Continua. Tras evaluar los documentos, el Tribunal determinó que se había cumplido con su Resolución previa del 2 de abril de 2019. Por consiguiente, el Tribunal ordenó la readmisión de la peticionaria a la abogacía. Se instruyó al Secretario del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que modifica la fecha de entrada en vigor del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio. Originalmente aprobado en octubre de 2018 con vigencia para julio de 2019, el Tribunal reconoce los esfuerzos de implementación realizados hasta la fecha. Sin embargo, debido a los cambios tecnológicos y la necesidad de capacitación para la judicatura, el personal y la comunidad legal, se requiere tiempo adicional. Por tanto, se enmienda la Regla 26 del Reglamento para establecer su nueva fecha de efectividad. El Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Se difiere la vigencia de las enmiendas a la Regla 9 del Reglamento del Tribunal Supremo hasta el 17 de noviembre de 2019. La enmienda a la Regla 36 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua mantiene su vigencia para el 1 de enero de 2020. La resolución ordena la notificación y publicación de estos cambios.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión en el caso AD-2016-0001, referente a la conducta del Juez Superior Hon. Jaime J. Benero García. La acción disciplinaria se originó tras una investigación por quejas de ciudadanos y un referido, encontrándose inicialmente causa probable por alegadas violaciones a Cánones de Ética Judicial e incompetencia. La Comisión de Disciplina Judicial recomendó archivar la querella. El Tribunal Supremo acogió esta recomendación. Se reafirmó que los mecanismos disciplinarios no deben sustituir la revisión judicial de las decisiones de los jueces, respetando la independencia judicial. La decisión de archivar se basó en que no se demostró mediante prueba clara, robusta y convincente que el juez cometiera los cargos imputados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico dilucidó si la falta de juramentación en una solicitud ante la Comisión de Servicio Público representa un impedimento jurisdiccional o un error de forma. La controversia se originó con una solicitud de enmienda de autorización presentada por Puma Energy Caribe, LLC para expandir su negocio al gas licuado. Dicha solicitud fue sometida sin estar juramentada, lo que fue objetado por los recurridos, incluyendo a Tropigas de Puerto Rico, Inc. El Tribunal examinó el requisito a la luz de la Ley de Servicio Público y las reglas administrativas aplicables. Determinó que la juramentación de la solicitud es un requisito de forma. Concluyó que este error formal puede ser subsanado durante el trámite administrativo ante la Comisión. Esta decisión establece que la omisión no impide que la Comisión atienda la solicitud.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en decisión del 26 de abril de 2019, examinó la solicitud presentada por el Sr. Fernando L. Llavona Ramia. Dicha solicitud pedía el cambio de su estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas. El Tribunal determinó que se había cumplido la condición previamente impuesta mediante una resolución del 26 de marzo de 2019. En consecuencia, el Tribunal acordó ordenar a la Secretaría que procediera con el registro del cambio de estatus. Se autoriza así la reactivación del Sr. Llavona Ramia al ejercicio activo de la abogacía. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó si la suspensión prolongada de un empleado acusado de delitos graves constituye despido justificado bajo la Ley Núm. 80. El caso se centra en Edwin González Santiago, empleado de Baxter Healthcare, quien fue acusado de múltiples delitos, incluyendo seis graves, por actos contra una menor. Tras conocer de las acusaciones, Baxter suspendió al empleado de empleo y sueldo, basándose en una regla de su manual sobre ofensas mayores que afectan la idoneidad. La cuestión legal era si una suspensión indefinida o mayor a tres meses, motivada por una acusación criminal de esta seriedad, cumplía con la justa causa para el despido. El Tribunal concluyó que, dada la intensidad del agravio imputado, una suspensión que se extiende por más de tres meses sí constituye un despido justificado. Consideró esta acción como una decisión razonable para mantener el buen y normal funcionamiento de la empresa. La decisión establece que una acusación por delito grave, bajo circunstancias específicas y de gran seriedad, puede fundamentar una suspensión prolongada que desemboque en un despido con justa causa.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 17 de abril de 2019. Atiende la solicitud del Lcdo. Mario Soriano Ressy para ser reinstalado al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la moción presentada por el peticionario. Se ordena la reinstalación inmediata del licenciado Soriano Ressy. Adicionalmente, se le concede un término final de noventa días. Este plazo es para corregir los señalamientos realizados por la Oficina del Inspector de Notarías (ODIN) sobre su obra notarial. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión el 17 de abril de 2019 en el caso CC-2018-465, El Pueblo de Puerto Rico v. Edgar A. Rodríguez González. La controversia principal giró en torno a si el Ministerio Público puede anunciar como testigo de cargo a un perito después de haber manifestado expresamente que no lo utilizaría. Este perito había preparado un informe para la fiscalía durante la investigación, pero no fue incluido en la lista inicial de testigos. Tras la fiscalía indicar que no lo usaría, la defensa lo anunció como su testigo en el proceso de descubrimiento de prueba. El Tribunal determinó que el Ministerio Público está impedido de utilizar a dicho perito como testigo de cargo bajo estas circunstancias. La decisión subraya que los procesos judiciales buscan la verdad, no son meras competencias deportivas. Se establece un límite a la capacidad de la fiscalía para cambiar su postura sobre el uso de un perito una vez que la defensa ha actuado basándose en esa representación previa.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió del ejercicio de la abogacía al Lcdo. José S. Dapena Thompson. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento del abogado con órdenes del Tribunal, los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y la falta de actualización de su información en el Registro Único de Abogados(as) (RUA). El incumplimiento con los requisitos del PEJC data del período 2009-2011. A pesar de recibir avisos, prórrogas y ser citado a una vista informal, el licenciado no subsanó las deficiencias ni completó los cursos requeridos. Tampoco actualizó su información en el RUA. Ante la reiterada falta de cumplimiento, el Tribunal procedió con la suspensión. La suspensión es efectiva a partir del 17 de abril de 2019, fecha de notificación al abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el caso de la Lcda. Aissa Tirado Avilés, quien fue referida por incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) desde 2009 y con las cuotas por cumplimiento tardío. A pesar de haberle concedido múltiples oportunidades para mostrar causa y cumplir con los requisitos, la abogada no subsanó su incumplimiento. La letrada alegó problemas de salud y expresó su intención de renunciar, solicitando indulgencia. Sin embargo, no presentó evidencia suficiente ni cumplió con los requisitos del PEJC dentro de los términos otorgados. Ante la persistencia en el incumplimiento, el Tribunal ordenó su suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión se hizo efectiva el 22 de abril de 2019, fecha en que se le notificó la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso In re: Jaime M. Rivera Ortiz. La materia principal del caso es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Sr. Jaime M. Rivera Ortiz presentó una moción solicitando su reinstalación y sometiendo certificación de cumplimiento. Tras examinar la moción y verificar su cumplimiento con los requisitos del PEJC, el Tribunal ordenó su reinstalación. Se instruyó al Secretario del Tribunal a cambiar el estatus del Sr. Rivera Ortiz a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Asimismo, se le requirió actualizar de inmediato toda su información en dicho Registro. Se le advirtió sobre su obligación continua de mantener la información del RUA actualizada.

Resumen:

El Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado presentó al Tribunal Supremo un proyecto de manual. El Comité solicitó la revisión lingüística del documento y un proceso de validación interna. El Tribunal concedió ambas peticiones. Se ordena que la Oficina de la Compiladora realice una revisión lingüística del proyecto, enfocándose en lenguaje inclusivo y accesible, con plazo hasta el 16 de septiembre de 2019. Se delega al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial la organización de un proceso de consulta interna para validar el proyecto, con la colaboración de la Academia Judicial Puertorriqueña. Se autoriza el uso interno preliminar del proyecto por jueces de salas criminales como guía discrecional durante la validación. Se aclara que es un documento de trabajo interno no sujeto a divulgación pública externa en esta etapa. Tras la revisión y validación, el Comité presentará un proyecto enmendado al Tribunal. La divulgación pública se realizará tras la validación interna.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 16 de abril de 2019 en el caso CC-2017-732. La resolución examinó un recurso de certiorari presentado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación contra Eliezer Santana Báez. El Tribunal declaró no ha lugar el recurso presentado por el Departamento. Esta decisión contó con la emisión de varios votos particulares. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un voto de conformidad, destacando la importancia de garantizar el acceso igualitario a los tribunales sin imponer requisitos procesales adicionales. El Juez Asociado Estrella Martínez también emitió un voto de conformidad, al cual se unieron otros cuatro jueces. Por otro lado, el Juez Asociado Kolthoff Caraballo emitió un voto particular disidente, al que se unieron dos jueces asociados. La resolución final denegó la petición del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

El Consejo de Titulares del Condominio Condesa del Mar demandó a Eduardo Chamah Martínez por alquilar su unidad a corto plazo. El Consejo alegó que esta práctica violaba la escritura matriz y el reglamento del condominio, cuyo destino es residencial. Argumentaron que el alquiler tipo hospedería causaba daños y ponía en riesgo la seguridad y tranquilidad de los residentes. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia declaratoria a favor del Consejo. Concluyó que el uso de la propiedad del señor Chamah Martínez estaba limitado por los documentos constitutivos. Determinó que el destino del condominio era residencial y que el alquiler a corto plazo era incompatible con dicho uso. El caso llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora, el Supremo debe evaluar si la controversia sigue siendo justiciable o si cambios fácticos o legales durante el proceso la han tornado académica.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 15 de abril de 2019. La Resolución atiende la Solicitud de Cambio de Status a Abogado Activo presentada por el Sr. Juan C. Marrero Zeda. Dicha solicitud buscaba la reactivación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal evaluó la petición formalmente. Finalmente, el Tribunal Supremo determinó proveer ha lugar la solicitud. Esto significa que se concede el cambio de status solicitado en el Registro Único de Abogados y Abogadas. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 12 de abril de 2019. Se trata de la designación de un miembro para la Comisión de Evaluación Judicial. La designación se realiza conforme a las Reglas 4(A) y 19(B) del Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia. Se nombra al Lcdo. Néstor S. Aponte Hernández para ocupar dicho puesto. El Lcdo. Aponte Hernández sirvió previamente como Juez del Tribunal de Apelaciones por una década. La resolución fue acordada por el Tribunal. Se certifica por el Secretario del Tribunal Supremo. Algunos jueces asociados no intervinieron en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió de manera permanente e indefinida a la Lcda. Lara H. Castro Ward del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en su convicción en el foro federal por delitos menos graves. Específicamente, la abogada se declaró culpable de dos cargos de intento de introducir contrabando (teléfonos celulares) en una institución penal federal. Los hechos estipulados revelaron que intentó ingresar los teléfonos cosidos en carpetas para proveerlos a confinados a cambio de un pago. El Tribunal determinó que estos actos, cometidos en conexión con el ejercicio de la profesión, denotan un carácter moralmente corrompido. Esta conducta la incapacita para continuar ejerciendo la profesión legal. La decisión se basa en la ley aplicable y el poder inherente del Tribunal para reglamentar la profesión. La suspensión es efectiva a partir del 30 de abril de 2019, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico convocó una Sesión Especial para el 7 de junio de 2019. El propósito es discutir y estudiar el Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal de 2018, presentado por el Comité Asesor. Originalmente, la sesión se celebraría en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Mediante esta Resolución, se actualiza la sede del evento. La Sesión Especial ahora tendrá lugar en el Hotel Condado Plaza. La agenda y el horario previamente establecidos se mantienen sin cambios. Se instruye a la Directora del Secretariado a divulgar este cambio de sede a todos los sectores convocados. La Oficina de Prensa de la OAT apoyará en la difusión. Se notificará a diversas partes interesadas, incluyendo miembros del Comité, funcionarios judiciales, y representantes legales y académicos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve una cuestión procesal sobre pleitos contra aseguradoras insolventes. La interrogante es si un caso debe desestimarse y remitirse al foro de liquidación cuando la póliza es de responsabilidad pública y está cubierta por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AGSM). El Tribunal responde negativamente a la desestimación en tales circunstancias. Determina que el procedimiento adecuado es paralizar temporeramente el pleito judicial. Esta paralización permite que la AGSM comparezca en el caso. La AGSM sustituye a la aseguradora insolvente. Su rol es asumir la defensa de la reclamación entablada contra el asegurado. El caso particular que origina esta decisión es una acción por daños contra Longhorn Steakhouse y su aseguradora, Real Legacy, por una lesión sufrida por la peticionaria. La decisión establece la pauta procesal a seguir en situaciones similares que involucran a la AGSM.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución enmendando el Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia. Esta resolución modifica específicamente las Reglas 4 y 19 del reglamento previamente adoptado. Las enmiendas abordan problemas derivados de un cambio anterior que resultó en un número par de miembros en la Comisión de Evaluación Judicial. Para dar mayor certeza al proceso decisional de la comisión, la Regla 4(A) se enmienda para aumentar la composición de la comisión a un presidente o presidenta y diez miembros, haciendo que el número total sea impar. La Regla 4(A) también aclara que los Jueces y Juezas del Tribunal Supremo pueden participar con voz y voto en las actividades de la comisión, pero su asistencia no cuenta para establecer quórum. La Regla 19(B) se enmienda para establecer el quórum de la comisión en seis miembros. La resolución fue adoptada por el Tribunal, con varios jueces emitiendo votos de conformidad y votos particulares disidentes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución para enmendar el Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia. Las enmiendas se realizan a las Reglas 4 y 19 del mencionado reglamento. El propósito es corregir la composición de la Comisión de Evaluación Judicial, que tras una enmienda previa quedó con un número par de miembros. Para imprimir mayor certeza al proceso decisional, se aumenta el número de miembros de la Comisión a diez, además de su presidente. La Regla 4(A) enmendada especifica esta nueva composición y aclara que los Jueces del Tribunal Supremo pueden participar con voz y voto en las reuniones, sin ser contados para el quórum. La Regla 19(B) se enmienda para establecer que el quórum de la Comisión se constituirá con seis miembros. Estas modificaciones se realizan en virtud del poder constitucional del Tribunal. La resolución fue acordada por el Tribunal, con votos concurrentes y disidentes de varios jueces.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 3 de abril de 2019 en el caso de Oscar Crespo López. La materia principal abordada fue la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía. El Sr. Crespo López presentó una moción informando sobre el cumplimiento de una orden anterior y reiterando su petición de reactivación. Tras examinar la moción, el Tribunal determinó que procedía conceder la solicitud. En consecuencia, se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus del Sr. Crespo López en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Su estatus fue modificado oficialmente de abogado "inactivo" a "activo".

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 3 de abril de 2019, identificada con el número de caso TS-3,207. Trata sobre la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía presentada por el peticionario Luis G. Cerra Carreira. El Tribunal examinó la Moción en solicitud de activación. Tras su examen, el Tribunal determinó proveer con lugar la solicitud. Se ordena a la Secretaría del Tribunal Supremo registrar el cambio en el Registro Único de Abogados y Abogadas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró un caso disciplinario contra la abogada Roxana Soto Aguilú. La querella fue presentada por Carmen M. Torres Colón, quien alegó que la abogada la representó en un caso de divorcio. Posteriormente, la letrada representó a su exesposo, Néstor I. Torres Bonilla, en otro pleito relacionado. Esta representación de partes opuestas en asuntos conexos constituyó un alegado conflicto de interés. El Tribunal evaluó si la abogada infringió los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional. El documento detalla los antecedentes fácticos del caso de divorcio y el pleito subsiguiente. La abogada había presentado una moción para relevarse de la representación de la señora Torres Colón. El asunto central giró en torno a la conducta profesional de la abogada y las posibles violaciones éticas. El caso concluyó con una censura enérgica impuesta a la abogada por violar los cánones mencionados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 29 de marzo de 2019. La decisión examinó la Solicitud de reinstalación presentada por el Sr. George Otero Calero. Dicha solicitud fue radicada ante el Tribunal el 1 de marzo de 2019. El propósito principal de la solicitud era obtener autorización para regresar al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras evaluar la petición, el Tribunal autorizó la reinstalación del Sr. Otero Calero. Se le advirtió que debe cumplir fielmente con los deberes impuestos por el Código de Ética Profesional. Adicionalmente, se le requirió atender diligentemente los señalamientos de la Oficina de Inspección de Notaría. Finalmente, se le recordó la importancia de cumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Segunda moción acreditando fianza notarial y solicitando reinstalación presentada por el Sr. Fabio J. Pacheco Gómez. Mediante decisión emitida el 29 de marzo de 2019, el Tribunal autorizó su reinstalación al ejercicio de la abogacía y de la notaría. Esta autorización permite al Lcdo. Pacheco Gómez retomar sus funciones profesionales. Sin embargo, la decisión incluye una advertencia importante. Se le exige dar fiel cumplimiento a los deberes impuestos por el Código de Ética Profesional. Adicionalmente, deberá atender diligentemente los señalamientos y requisitos de la Oficina de Inspección de Notaría. También se le requiere cumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. Este documento oficializa su regreso a la práctica legal y notarial bajo la supervisión del Tribunal Supremo.

Resumen:

La Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2017-512 aclara el ámbito discrecional del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, aborda la autorización para reproducir prueba oral al revisar determinaciones de agencias administrativas. La cuestión central es si el foro apelativo puede adjudicar un planteamiento sobre error en la apreciación de prueba oral por una agencia sin tener acceso a dicha prueba. Esto se considera incluso cuando la parte interesada ha solicitado y justificado adecuadamente su reproducción. El caso que dio origen a esta decisión proviene de una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Un consumidor alegó problemas mecánicos y servicio deficiente con un vehículo usado adquirido de Garage Isla Verde y relacionado con Mercedes Benz. La querella buscaba remedios como el cambio del vehículo o la resolución del contrato. La decisión establece pautas sobre el manejo de la prueba oral en el proceso de revisión judicial administrativa.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la conducta profesional de la Lcda. Melissa Rivera Contreras en relación con un caso de inmigración que manejó en Florida. Un cliente, el Sr. Ricardo J. Benavidez Montenegro, presentó una queja alegando deficiencias en el servicio legal recibido. El cliente sostuvo que la abogada le hizo firmar documentos sin permitirle leerlos y que no le entregó copia de su expediente al solicitarlo. Además, alegó haber recibido asesoramiento legal incompleto y equivocado sobre su proceso de deportación y una petición de familiar extranjero. El tribunal examinó si estas actuaciones violaron el Código de Ética Profesional de Puerto Rico. La decisión determinó que la licenciada violó los Cánones 17, 18, 20 y 23 del Código. Como consecuencia de estas violaciones, se le impuso una censura enérgica.