González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó si la suspensión prolongada de un empleado acusado de delitos graves constituye despido justificado bajo la Ley Núm. 80. El caso se centra en Edwin González Santiago, empleado de Baxter Healthcare, quien fue acusado de múltiples delitos, incluyendo seis graves, por actos contra una menor. Tras conocer de las acusaciones, Baxter suspendió al empleado de empleo y sueldo, basándose en una regla de su manual sobre ofensas mayores que afectan la idoneidad. La cuestión legal era si una suspensión indefinida o mayor a tres meses, motivada por una acusación criminal de esta seriedad, cumplía con la justa causa para el despido. El Tribunal concluyó que, dada la intensidad del agravio imputado, una suspensión que se extiende por más de tres meses sí constituye un despido justificado. Consideró esta acción como una decisión razonable para mantener el buen y normal funcionamiento de la empresa. La decisión establece que una acusación por delito grave, bajo circunstancias específicas y de gran seriedad, puede fundamentar una suspensión prolongada que desemboque en un despido con justa causa.