Torres Alvarado v. Madera Atiles

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó una cuestión procesal relativa a la descalificación de abogados. La controversia principal era si una determinación judicial que descalifica al abogado de una parte debe ser notificada al propio abogado descalificado. El Tribunal resolvió afirmativamente esta interrogante. Esta decisión surge de un caso sobre custodia y traslado de una menor entre las partes. En dicho caso, el Tribunal de Primera Instancia había descalificado a los abogados del peticionario motu proprio. La determinación del Tribunal Supremo establece un requisito procesal claro para los tribunales al emitir órdenes de descalificación. Subraya la importancia de notificar directamente al abogado afectado por la descalificación. Esto garantiza el debido proceso y permite que el abogado descalificado esté al tanto de la determinación. La opinión detalla los fundamentos legales para esta exigencia de notificación. Este caso clarifica un aspecto específico del derecho procesal civil en Puerto Rico concerniente a la representación legal y las órdenes judiciales.