Casos del Tribunal Supremo (Página 14)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión disciplinaria contra el Lcdo. José E. Santiago Maldonado. Se determinó que el abogado y notario infringió varios artículos de la Ley Notarial y de la Ley Núm. 195-2011. La acción disciplinaria surge de una queja presentada en 2019 por una clienta. La clienta alegó negligencia en el manejo de escrituras públicas relacionadas con la liquidación de una sociedad de gananciales y otras propiedades desde 2015. Indicó que no pudo contactar al abogado y tuvo que contratar a otro letrado para continuar sus asuntos. Como resultado, el Tribunal decretó la suspensión inmediata del Lcdo. Santiago Maldonado de la práctica de la notaría. La suspensión se impuso por un término de seis (6) meses. Esta suspensión es efectiva a partir del 17 de mayo de 2021. Adicionalmente, el expediente del caso fue referido a la Oficina del Procurador General para evaluar asuntos no atendidos por la Oficina de Inspección de Notarías y posibles violaciones a Cánones de Ética Profesional.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la conducta profesional del abogado y notario Aníbal Acevedo Rivera. Se ejerce jurisdicción disciplinaria por incumplimiento con la Ley y Reglamento Notarial, el Código de Ética Profesional y requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías. La acción surge de su actuación en un caso civil donde autorizó una escritura de emancipación para un menor codemandante al que representaba. También recibió el 33% de una transacción sin autorización judicial para honorarios superiores al 25% para el menor. La Oficina de Inspección de Notarías concluyó que infringió la Regla 5 del Reglamento Notarial y los Cánones 24 y 38 del Código de Ética. Como resultado, se impone una suspensión de sus funciones notariales. La suspensión es efectiva a partir del 19 de mayo de 2021, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una certificación de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La certificación buscaba precisar si el principio hipotecario de tracto sucesivo es un prerrequisito para la validez de la inscripción automática de una hipoteca bajo la Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad. También se preguntó si dicha inscripción se afecta cuando el dueño no corrige deficiencias notificadas por el Registrador, impidiendo la inscripción de su título de propiedad. Tras examinar la normativa aplicable, el Tribunal resolvió las interrogantes planteadas. Determinó que el ordenamiento jurídico puertorriqueño exige el cumplimiento con el principio de tracto sucesivo como condición para la validez de la inscripción hipotecaria bajo la mencionada ley. Asimismo, concluyó que el hecho de que el titular no corrigiera las deficiencias notificadas no cambia que, en este caso particular, se rebatió la presunción de corrección instituida por el estatuto. La decisión establece la primacía del tracto sucesivo en el contexto de las inscripciones automáticas de hipotecas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó una moción de reconsideración y una solicitud de orden provisional en auxilio de jurisdicción en un caso relacionado con la posible revocación de probatoria de María Fernanda Hernández Fuentes. El Tribunal determinó que la etapa actual no era la propicia para considerar los méritos del proceso de revocación de probatoria. Instruyó a la peticionaria a presentar todos sus planteamientos de derecho, incluyendo aquellos relacionados con el uso de cannabis medicinal, en la vista final pautada en el foro primario. El Tribunal señaló que el foro primario aún no había tomado una determinación definitiva sobre la revocación o la imposición de sanciones alternativas. Enfatizó que la revisión judicial sería apropiada después de la determinación final del foro primario. Un voto particular disidente argumentó que los procedimientos debieron ser paralizados. La disidencia citó la Ley Núm. 42-2017, que legaliza el uso de cannabis medicinal bajo ciertas condiciones y prohíbe consecuencias punitivas por su uso conforme a la ley.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió si procedía divulgar el audio de las vistas de un caso llevado en una sala especializada de violencia doméstica. El Overseas Press Club solicitó acceso a las grabaciones del caso Pueblo v. Miguel Ocasio Santiago. El Tribunal denegó dicha solicitud. La Corte concluyó que los procesos en las salas de violencia doméstica son de naturaleza sensible y requieren acceso controlado por ley. Permitir la divulgación pública de las grabaciones, incluso de forma limitada, es incompatible con el mandato legal de acceso controlado. Sería un contrasentido que un proceso de acceso restringido por ley pudiera tener su audio distribuido públicamente. La sensibilidad de estos casos y la exigencia legal de acceso controlado impiden la posterior divulgación pública de las grabaciones de las vistas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 6 de mayo de 2021. La resolución atendió la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. Alexis Iván Avilés Vega. El Tribunal decidió conceder la solicitud y reinstalar al licenciado Avilés Vega. Sin embargo, la resolución también ordenó la reactivación de la queja AB-2014-229. Esta queja había sido archivada administrativamente tras su suspensión en 2017. El Tribunal dispuso que dicha queja pendiente debe ser dilucidada. El Juez Asociado señor Martínez Torres expresó una opinión disidente. Consideró que la reinstalación debió denegarse o condicionarse a la resolución satisfactoria de la queja ética. Argumentó que un abogado debe demostrar integridad ética antes de ser readmitido.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución ante una solicitud ex parte de información del Overseas Press Club. La solicitud confronta el derecho de acceso público a la información con la confidencialidad de los procesos judiciales en casos de violencia doméstica. El Tribunal enfatiza la importancia crítica de la confidencialidad para proteger a las víctimas, permitiéndoles buscar ayuda judicial sin temor a la exposición pública. Cita el Art. 5.005 de la Ley de la Judicatura, que exige acceso controlado a las salas de violencia doméstica. Aunque reconoce el derecho general de acceso, el Tribunal establece que este cede ante mandatos legales de confidencialidad o para proteger derechos fundamentales de terceros. Concluye que el mandato legal de salvaguardar la confidencialidad de las víctimas de violencia doméstica prevalece sobre el interés de la prensa en acceder a información confidencial. Considera también que el procedimiento ex parte no es el adecuado dada la existencia de un proceso penal relacionado. Por estas razones, el Tribunal declara no ha lugar a la solicitud de información.

Resumen:

Este documento presenta la Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Certiorari CC-2019-121, El Pueblo de Puerto Rico v. Ángel M. Resto Laureano y José Resto Laureano. La decisión fue emitida el 3 de mayo de 2021. El Tribunal Supremo, al encontrarse igualmente dividido, confirmó el dictamen previamente emitido por el Tribunal de Apelaciones. Esta confirmación se basó en la falta de mayoría para revocar la decisión recurrida. La Sentencia fue acompañada por múltiples opiniones que reflejan la división del Tribunal. El Juez Asociado Martínez Torres emitió una Opinión de conformidad, a la cual se unieron otros jueces, indicando que el Ministerio Público probó la culpabilidad del peticionario más allá de duda razonable y que el fallo condenatorio estaba sustentado. La Jueza Asociada Pabón Charneco también emitió una Opinión de conformidad. Por otro lado, el Juez Asociado Estrella Martínez emitió una Opinión disidente, a la cual se unieron la Jueza Presidenta y otros jueces.

Resumen:

Esta es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico relativa a la abogada Rebecca Martínez Jiménez. El Tribunal aborda su reiterado incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). No cumplió con los créditos de educación obligatoria para los periodos 2011-2013 y 2013-2016. A pesar de recibir múltiples avisos de incumplimiento del PEJC y una orden para mostrar causa del Tribunal en 2019, no subsanó la situación. Aunque solicitó una prórroga para cumplir, finalmente no cumplió con los requisitos ni respondió adecuadamente a las directivas del Tribunal. En consecuencia, el Tribunal ejerció su facultad disciplinaria debido a su desatención a sus órdenes y a los requisitos del PEJC. La decisión ordena su suspensión del ejercicio de la abogacía. Esta suspensión es efectiva a partir del 4 de mayo de 2021, fecha en que fue notificada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó una Moción solicitando paralización de procedimientos y una Petición de certiorari presentadas por el menor KDTG. El caso se relaciona con una vista de renuncia de jurisdicción contra el menor, ahora de 18 años, imputado de asesinato. La defensa argumentó que el tribunal primario erró al unir un informe de evaluación social al expediente. El Tribunal Supremo aclaró que los informes sociales son confidenciales y su unión al expediente por la Secretaría no implica su autenticación o admisión como prueba. El Ministerio Público debe presentar prueba para que el informe sea admitido, y la defensa tiene derecho a impugnar su admisibilidad en la vista. La presencia del informe en el expediente social, sin haber sido admitido, no viola los derechos constitucionales del menor a un juicio justo e imparcial. Las determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia merecen gran deferencia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió una Petición de certiorari presentada por Victor Lyons Villanueva contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La Resolución, emitida el 28 de abril de 2021, declaró no ha lugar la petición. El Tribunal estuvo dividido en su decisión. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió un Voto particular de conformidad, al cual se unieron otros tres jueces, expresando su acuerdo con el resultado pero destacando la importancia del cumplimiento de los requisitos procesales para las disposiciones finales de las agencias bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Por otro lado, el Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente, al cual se unió otro juez, manifestando su desacuerdo con el criterio mayoritario. La Jueza Presidenta no intervino en el caso.

Resumen:

Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2019-389) sobre Derecho de Sucesiones. Se centra en los efectos del repudio de la herencia bajo el Código Civil de 1930, aplicable a fallecimientos anteriores a la entrada en vigor del Código Civil de 2020. La controversia principal distingue entre el repudio realizado por todos los parientes del grado más próximo y el repudio por solo algunos de ellos. Si todos los parientes más próximos repudian, se llama a suceder a los parientes del grado siguiente por derecho propio. Si solo algunos repudian, la cuota de los repudiantes acrece a la de los demás parientes del mismo grado que aceptaron. El caso particular que da origen a la opinión involucra una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por Scotiabank. Los hechos del caso se originan en el repudio de la herencia por parte de todos los parientes más cercanos del causante. La opinión busca reiterar y contrastar los efectos de estos dos escenarios de repudio.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la petición de certiorari en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Edwin Alers De Jesús (CC-2020-629) mediante resolución del 23 de abril de 2021. La decisión mayoritaria provocó votos particulares disidentes y expresiones de varios jueces asociados y la Jueza Presidenta. Los jueces disidentes criticaron que el Tribunal no resolviera la controversia sobre la retroactividad del requisito de unanimidad en los veredictos de jurado para casos finales y firmes. Argumentaron que era esencial impartir certeza jurídica y clarificar el derecho aplicable tras las decisiones en *Ramos v. Louisiana* y *Pueblo v. Torres Rivera*. Destacaron la importancia de esta cuestión para los derechos fundamentales y la población correccional. Una jueza disidente propuso la celebración de una vista oral y la participación de amicus curiae para ilustrar al Tribunal. Se mencionó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos está considerando un asunto similar. Los disidentes lamentaron que el Tribunal claudicara su deber de máximo intérprete constitucional.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 23 de abril de 2021 en el caso In re: Migdalia Rodríguez Figueroa. La materia principal tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras evaluar la Moción Urgente de la peticionaria, que incluía la solicitud de reinstalación y la renuncia a la notaría, así como la certificación del PEJC, el Tribunal tomó una decisión. La Lcda. Migdalia Rodríguez Figueroa fue reinstalada al ejercicio de la abogacía. El Tribunal también tomó conocimiento del Informe Final Sobre el Estado de la Obra Notarial Incautada presentado por la Oficina de Inspección de Notarías. Se indicó que, si la licenciada desea ser reinstalada al ejercicio de la notaría, deberá presentar una nueva fianza notarial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 22 de abril de 2021 en el caso TS-8,922. La resolución aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Jazmín G. Torres Lugo. Tras examinar la moción, el Tribunal ordenó la reinstalación de la Sra. Torres Lugo. Asimismo, se instruyó a la Secretaría del Tribunal a registrar su estatus como abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Este documento oficial del Tribunal Supremo formaliza el permiso para que la Sra. Torres Lugo retome su práctica profesional.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 20 de abril de 2021 en el caso In re: Héctor A. Lugo Quiñones, identificado con el número TS-7137. La resolución aborda la solicitud de reinstalación del Sr. Lugo Quiñones al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras examinar la moción presentada, el Tribunal autorizó su reinstalación a ambas profesiones. Dicha autorización está condicionada a que el peticionario acredite ante el Tribunal la prestación de una fianza notarial vigente. Se apercibe al Lcdo. Lugo Quiñones que en lo sucesivo deberá cumplir fielmente con el Código de Ética Profesional. También se le exige atender diligentemente los señalamientos y requerimientos del Tribunal. Finalmente, se le recuerda la obligación de cumplir con el Programa de Educación Jurídica Continua.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Trata sobre la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía. La solicitud fue presentada por la Sra. María Cristina Falcón Font. Ella buscaba la reinstalación tras una inactivación voluntaria. El Tribunal Supremo evaluó la Moción presentada. Mediante esta Resolución, el Tribunal provee ha lugar a la solicitud. Se ordena la readmisión de la Sra. Falcón Font al ejercicio de la abogacía. La decisión fue tomada en San Juan, Puerto Rico, el 20 de abril de 2021. El Secretario del Tribunal Supremo certifica el acuerdo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 14 de abril de 2021 en el caso TS-11,028. La decisión resuelve una moción presentada por Ismael Cuevas Borrero. En dicha moción, Cuevas Borrero solicitó su reinstalación al ejercicio de la abogacía. También pidió la inactivación en el ejercicio de la notaría. El Tribunal autorizó la reinstalación de Ismael Cuevas Borrero como abogado. Asimismo, declaró ha lugar su petición de inactivación como notario. Se ordenó a la Secretaría del Tribunal registrar estos cambios en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Finalmente, se apercibió al Lcdo. Cuevas Borrero sobre su deber de cumplir con el Código de Ética Profesional y los requerimientos del Tribunal y del Programa de Educación Jurídica Continua.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Jorge M. Carmona Rodríguez. Se le suspendió inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía. La suspensión se fundamenta en su conducta de indiferencia y dejadez ante los requerimientos de la Oficina del Procurador General y del propio Tribunal. Se determinó que violentó crasamente los Cánones 9 y 12 de Ética Profesional. La acción disciplinaria se originó por una queja ética presentada por una clienta. La clienta alegó que el abogado no le informó sobre la desestimación de su caso civil en dos ocasiones. Además, sostuvo que el letrado no mantuvo comunicación con ella a pesar de sus múltiples intentos. La clienta solicitó la devolución de los honorarios pagados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el peticionario. Mediante decisión emitida el 14 de abril de 2021, el Tribunal ordenó la reinstalación del Lcdo. Juan Delgado Rivera al ejercicio de la abogacía. Este documento oficial certifica la decisión del Tribunal Supremo.

Resumen:

La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) examinó la obra protocolar del Lcdo. Julio M. Santiago Rodríguez, encontrando deficiencias significativas. El señalamiento principal se relacionó con una Escritura de Poder Especial autorizada en 2003. Se determinó que uno de los poderdantes había fallecido en 1983, veinte años antes de la fecha de autorización. La ODIN verificó el fallecimiento, la incorrección del número de seguro social y la falta de inscripción del instrumento en el Registro de Poderes. El notario, tras ser notificado, aceptó los hallazgos, admitiendo un descuido en la verificación de la identidad del otorgante. Este proceso de inspección y hallazgos llevó a una acción disciplinaria. La suspensión del ejercicio de la notaría del Lcdo. Santiago Rodríguez fue ordenada. Dicha suspensión se hizo efectiva el 9 de abril de 2021, fecha en que se notificó a su representación legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 31 de marzo de 2021 en el caso In re: Lorenzo Vilanova Alfonso. La resolución aborda la materia de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Sr. Vilanova Alfonso presentó una moción informando cumplimiento y reiterando su solicitud de reinstalación. El Tribunal evaluó dicha moción. Se determinó que el Sr. Vilanova Alfonso había cumplido con la Resolución del Tribunal del 3 de septiembre de 2020. Por lo tanto, el Tribunal proveyó con lugar la moción. Como resultado, al Sr. Lorenzo Vilanova Alfonso se le reinstaló al ejercicio de la abogacía. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la aplicación de la Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña en subastas gubernamentales. La controversia principal giró en torno a cómo se aplica el parámetro de preferencia a los productores locales. Específicamente, el caso consideró la situación donde el presupuesto disponible para un proyecto es menor que las propuestas recibidas. El caso surgió de una subasta de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para un proyecto de repavimentación. Super Asphalt Pavement, Corp., como licitador, recibió una preferencia que resultó en la propuesta ajustada más baja. La cuestión legal clave fue determinar el efecto de la preferencia cuando la propuesta ajustada más baja excede el presupuesto del proyecto. La decisión aborda la interacción entre la política de preferencia local y las limitaciones presupuestarias en la adjudicación de contratos públicos. El Tribunal buscó clarificar el alcance de la Ley Núm. 14-2004 en este escenario particular. La opinión fue emitida por el Juez Asociado Rivera García.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de Anthony Salvá Rivera contra la Administración de Corrección. El peticionario presentó una Petición de certiorari y una Moción urgente en auxilio de jurisdicción. Tras evaluar ambas solicitudes, el Tribunal determinó declararlas "no ha lugar". Esta decisión fue adoptada por una mayoría de los jueces. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto Particular de Conformidad al que se unieron otros cuatro jueces. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disintió y hubiese expedido el certiorari y declarado con lugar la moción. El Juez Asociado señor Estrella Martínez también emitió un Voto Particular Disidente. Otro juez disidente señaló que la detención preventiva del peticionario excedía el término constitucional debido a un manejo accidentado del caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió sentencia en el caso CC-2019-758, un recurso de certiorari. La controversia principal giraba en torno a la conmutación de la cuota viudal usufructuaria. El Tribunal evaluó el recurso presentado por la parte peticionaria. Como resultado, revocó la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En su lugar, reinstaló la sentencia original del Tribunal de Primera Instancia. La decisión incluyó una Opinión de Conformidad y una Expresión de Conformidad. Esta última abordó específicamente el por ciento de interés base para calcular la renta anual de la conmutación. Señaló que, si bien el 6% fue la tasa aplicable al momento de la controversia según el estado de derecho vigente entonces, la base legal para dicho por ciento ha sido enmendada legislativamente en dos ocasiones posteriores. La Expresión de Conformidad coincidió con el dictamen para este caso particular, pero expresó reservas sobre la continuidad del 6% como tasa aplicable en el futuro debido a los cambios en la ley.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una Moción de Reconsideración presentada por Massiel Hernández Tolentino. La moción solicitaba un cambio de estatus de abogada inactiva a activa. El Tribunal proveyó ha lugar a la reconsideración. Como resultado, se dejó sin efecto una Resolución anterior emitida el 19 de marzo de 2021. Se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogada activa. Este registro se realizará en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). La decisión permite a la Sra. Hernández Tolentino reactivar su ejercicio profesional.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 29 de marzo de 2021 en el caso In re: Natacha Prego Cruz. La materia tratada fue la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía. La Lcda. Natacha Prego Cruz presentó una petición para cambiar su estatus de abogada inactiva a activa. El Tribunal examinó la petición junto con una certificación del Programa de Educación Jurídica Continua. Tras la revisión, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la solicitud. Por consiguiente, se ordenó el cambio de estatus de la Lcda. Natacha Prego Cruz a abogada activa.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, al estar igualmente dividido, confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Cristian Joel Otero Robles. Esta confirmación valida la decisión del foro apelativo de no intervenir con la exclusión de prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia. El Estado había acusado al señor Otero Robles de conducir negligentemente causando lesiones, pero no de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, a pesar de contar con testigos sobre signos externos de embriaguez. Posteriormente, el Estado intentó presentar prueba sobre el alegado estado de embriaguez para probar el elemento de imprudencia o negligencia del delito imputado, sin notificación previa. El Tribunal de Primera Instancia excluyó esta prueba, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. La expresión de conformidad de varios jueces del Supremo señala que el foro primario no abusó de su discreción al excluir los testimonios de agentes sobre la alegada embriaguez. Argumentan que el Estado optó por no imputar el delito de embriaguez y su intento posterior de usar esa prueba para el delito de conducción negligente, sin aviso, no tiene sustento en los precedentes citados. La exclusión salvaguardó la integridad del procedimiento.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió esta resolución para enmendar el Reglamento Notarial. La acción surge tras el estudio de las propuestas contenidas en el Segundo Informe de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial. Con el apoyo del Comité Asesor Permanente de Reglamento Notarial, el Tribunal examinó las recomendaciones relativas a la Práctica Notarial. Como resultado, se aprobaron dieciocho enmiendas al Reglamento Notarial y se derogó la Regla 16. Estas modificaciones buscan actualizar el ordenamiento procesal notarial ante los retos actuales de la práctica. El objetivo es promover una práctica eficiente y facilitar la supervisión de la función pública delegada a los notarios. Las enmiendas atemperan el reglamento para observar congruencia y mejorar la calidad de los servicios notariales.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 24 de marzo de 2021. La materia tratada es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía por parte del Sr. Segundo Meléndez Zayas. El peticionario presentó una moción solicitando su reinstalación y adjuntando certificación de un curso reválida. El Tribunal examinó la moción presentada. Mediante esta Resolución, el Tribunal Supremo proveyó ha lugar a la solicitud. En consecuencia, se ordena la reinstalación del Sr. Segundo Meléndez Zayas al ejercicio de la abogacía. Como resultado de esta reinstalación, el Tribunal instruye a su Secretaría. Se ordena la reactivación de las quejas administrativas AB-2011-373, AB-2012-109 y AB-2012-127. Estas quejas habían sido previamente archivadas administrativamente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una Resolución sobre suspensiones del ejercicio de la abogacía. La acción se debe al incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y las órdenes del Tribunal. Tras un período de exoneración de multas y la remisión de casos por el PEJC, se concedieron múltiples oportunidades a los abogados incumplidores. Se emitieron órdenes para mostrar causa y se otorgaron prórrogas, considerando eventos naturales y la pandemia de COVID-19. A pesar de estas concesiones y más de un año de oportunidades, ciertos profesionales del Derecho no comparecieron ni cumplieron. Por ello, el Tribunal ordena la suspensión inmediata e indefinida de un grupo específico de abogados. Algunas suspensiones aplican solo a la abogacía, mientras que otras incluyen también la notaría. La suspensión fue efectiva el 10 de marzo de 2021, fecha de notificación a los afectados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Roberto Torres Viera del ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión, emitida el 23 de marzo de 2021, se fundamenta en el incumplimiento del letrado con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con órdenes previas del Tribunal. La suspensión será efectiva a partir del 24 de marzo de 2021, fecha de su notificación. El letrado no cumplió con los créditos de educación jurídica continua requeridos para el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Un informe de la Directora Ejecutiva del PEJC, presentado en diciembre de 2018, alertó sobre esta falta. Esta es la tercera ocasión en que el Lcdo. Torres Viera es suspendido; previamente fue suspendido en 2007 por dos meses y en 2010 de forma inmediata e indefinida, siendo reinstalado en ambas ocasiones. La determinación subraya la obligación de los abogados de cumplir con la educación continua y las directrices del Tribunal.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 17 de marzo de 2021. Atiende la solicitud de readmisión a la práctica de la abogacía y de la notaría presentada por la Sra. Teresa del Carmen Jiménez Meléndez. La solicitud fue radicada el 4 de marzo de 2021. Mediante esta resolución, el Tribunal resuelve reinstalar a la Sra. Jiménez Meléndez únicamente al ejercicio de la abogacía. La decisión no incluye la readmisión a la práctica de la notaría.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió los casos consolidados CC-2021-169 y CC-2021-171, emitiendo la decisión 2021 TSPR 34 el 16 de marzo de 2021. Los casos involucran a Edgardo Cruz Vélez, aspirante a la Alcaldía de Guánica por nominación directa, y a la Comisión Estatal de Elecciones. Otras partes incluyen a Roberto Iván Aponte Berríos, Comisionado Electoral del PIP, y a Ismael "Titi" Rodríguez Ramos, aspirante a la Alcaldía de Guánica por el PPD. El asunto se relaciona con la contienda por la alcaldía de Guánica y procesos electorales. La decisión del Tribunal Supremo incluye una Sentencia, una Opinión de Conformidad y una Opinión Disidente. El caso provino del Tribunal de Apelaciones, Panel II.

Resumen:

El caso CC-2018-502 del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve una controversia sobre el alcance del descubrimiento de prueba en relación con peritos testigos. La disputa surgió en un litigio entre McNeil Healthcare, LLC y el Municipio de Las Piedras respecto a deficiencias de patentes municipales. Se planteó si los borradores del informe pericial de un perito que testificará y las comunicaciones entre este y el abogado de la parte que lo contrata están protegidos por la doctrina del producto del trabajo del abogado (work product). El Tribunal determinó que, ante la ausencia de una protección estatutaria expresa para este tipo de materiales y comunicaciones, no están amparados por dicha doctrina. Concluyó que tanto los borradores de informes periciales de peritos testigos como las comunicaciones relacionadas con ellos entre el perito y el abogado están sujetos al amplio y liberal descubrimiento de prueba que rige en el ordenamiento jurídico puertorriqueño. Esta decisión clarifica qué documentos y comunicaciones de peritos testigos son accesibles a la parte adversa durante la fase de descubrimiento.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la facultad del Ministerio Público para recurrir en certiorari tras la desestimación de acusaciones bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal por alegada ausencia total de prueba. El Tribunal aclara que el Ministerio Público sí puede utilizar el recurso de certiorari en estas circunstancias. Además, el caso examina si procedía la desestimación de las acusaciones presentadas contra el Sr. Nelson Eric Guadalupe Rivera. Contra el Sr. Guadalupe Rivera se presentaron cargos por asesinato atenuado y portación de armas blancas tras una vista preliminar en alzada donde se encontró causa probable para juicio. El acusado solicitó la desestimación bajo la Regla 64(p), argumentando falta de prueba que lo vinculara a los delitos. El Tribunal Supremo determina que no procedía desestimar las acusaciones contra el Sr. Guadalupe Rivera por el fundamento de ausencia total de prueba. La decisión establece un precedente sobre la revisión judicial de desestimaciones basadas en la suficiencia de la prueba presentada en la etapa preliminar.

Resumen:

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve un procedimiento disciplinario contra el Lcdo. Carlos H. Rafucci Caro. La queja fue presentada por un cliente, alegando infracciones éticas y notariales en el ejercicio de sus funciones. Se imputaron faltas de diligencia e irregularidades en la autorización de escrituras públicas. El Tribunal determinó que el licenciado Rafucci Caro infringió los Cánones 18, 19, 21 y 38 del Código de Ética Profesional. En consecuencia, el Tribunal decidió amonestar al letrado por su conducta. Se le apercibe que en el futuro deberá actuar con mayor diligencia en su ejercicio profesional. También se le exige ceñirse estrictamente a los preceptos del Código de Ética y la Ley Notarial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró la petición de certiorari en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Christian Abdiel Rodríguez Méndez (CC-2021-0010). Ante una división igualitaria de los miembros de la sala original, se constituyó una Sala Especial de Despacho para atender el caso. Esta sala estuvo integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados Pabón Charneco, Rivera García, Estrella Martínez y Colón Pérez. La Sala Especial resolvió la petición de certiorari presentada. El Tribunal acordó no dar lugar a la petición de certiorari. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Rivera García habrían expedido el recurso. El Juez Asociado señor Rivera García emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

Resumen:

Esta decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda los requisitos para perfeccionar gravámenes sobre cuotas de producción de leche. La industria lechera está estrictamente regulada y las cuotas de producción son bienes muebles de gran valor utilizados como colateral. La Ley Núm. 301-2000 y el Reglamento Núm. 6669 (previo a 2015) establecieron un mecanismo para constituir y perfeccionar estos gravámenes. El caso aclara si se requería la inscripción tanto en el Registro de Transacciones de Cuotas de la ORIL como en el Registro de Transacciones Comerciales del Departamento de Estado. El Tribunal resolvió que, bajo la ley y reglamento aplicables a los hechos, un gravamen se perfeccionaba con la inscripción en el Registro de la ORIL y su constitución o inscripción conforme al Capítulo 9 de la Ley de Transacciones Comerciales. No era necesaria una inscripción adicional en el Registro de Transacciones Comerciales del Departamento de Estado para que el gravamen se entendiera perfeccionado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Jorge Carlos Venegas Martínez del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta decisión, emitida el 4 de marzo de 2021, se fundamenta en su reiterado incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y las órdenes del propio Tribunal. La ODIN intentó en múltiples ocasiones inspeccionar su obra protocolar, realizando llamadas y enviando correos electrónicos para coordinar una visita. A pesar de las notificaciones formales, el licenciado Venegas Martínez no permitió la inspección programada. Ante su falta de cooperación, el Tribunal le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendido. Sin embargo, el licenciado Venegas Martínez tampoco compareció a la vista de mostrar causa señalada por el Tribunal. Su contumacia y falta de respuesta a los requerimientos y órdenes judiciales llevaron a esta medida disciplinaria. La suspensión es efectiva a partir del 17 de marzo de 2021, fecha en que se le notificó la suspensión inmediata.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario para evaluar la conducta del Lcdo. Julio C. Villalona Viera en su función notarial. Se determinó que infringió Cánones de Ética Profesional, la Ley Notarial y el Reglamento Notarial. La evaluación surgió de un referido judicial tras una vista en un caso criminal. Una jueza encontró que el notario certificó falsamente bajo juramento que las partes comparecieron y firmaron un certificado de título de vehículo, cuando esto no ocurrió. Ante esta conducta, el Tribunal ordenó la suspensión inmediata del letrado. La suspensión es por un término de seis meses del ejercicio de la abogacía. Adicionalmente, se le suspendió indefinidamente del ejercicio de la notaría. La suspensión fue efectiva a partir del 3 de marzo de 2021.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida el 3 de marzo de 2021. Consolida los recursos de Apelación AC-2021-27 y AC-2021-28. Estos recursos fueron presentados por Miguel A. Romero Lugo y la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista. Solicitan la revisión de una Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 15 de febrero de 2021. Dicha Sentencia revocó una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso civil. El recurrido en este procedimiento ante el Supremo es Manuel Antonio Natal Albelo, candidato a la Alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana. El Tribunal Supremo ordenó a Natal Albelo a comparecer y expresarse sobre los recursos presentados. También comparecieron la Comisión Estatal de Elecciones y el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático. La materia principal aborda una Resolución del Tribunal que incluye Votos Particulares.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución relativa al Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado. Este Comité fue reconstituido en 2017 con el fin de revisar y actualizar el proyecto de Instrucciones al Jurado. La Lcda. Alma Méndez Ríos fue designada como miembro de dicho Comité en esa fecha. El Comité presentó el proyecto de Instrucciones al Jurado en marzo de 2019, el cual se encuentra actualmente en revisión. La Lcda. Méndez Ríos presentó una moción solicitando ser relevada de su designación debido a cambios en sus circunstancias personales. El Tribunal acogió su petición y la relevó de sus funciones. La resolución agradece a la licenciada Méndez Ríos por su diligencia, compromiso y valiosas aportaciones durante sus casi cuatro años de servicio ad honorem en el Comité. Su labor fue de gran utilidad para la presentación oportuna del proyecto.

Resumen:

Este documento identifica las partes en el caso CC-2021-130 ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha del 26 de febrero de 2021. Se trata de un recurso de Certiorari que proviene del Tribunal de Apelaciones, Panel VII. Yanitsia Irizarry Méndez, candidata a la alcaldía de Aguadilla, figura como la parte Recurrida. Los Peticionarios incluyen al alcalde electo Julio Roldán Concepción, otros candidatos a la alcaldía, la Comisión Estatal de Elecciones y sus comisionados, así como legisladores municipales de varios partidos políticos. La materia del caso es una Resolución del Tribunal que incluye votos particulares disidentes. Este expediente legal detalla a los actores principales en una controversia electoral significativa elevada ante la máxima instancia judicial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó por primera vez el alcance del privilegio contador público autorizado-cliente (Regla 504 de Evidencia). La decisión establece que este privilegio aplica a personas jurídicas. Protege las comunicaciones confidenciales entre los oficiales de la empresa y los contadores públicos autorizados que les brindan servicios profesionales. Lo determinante es que la comunicación contenga evaluaciones profesionales confidenciales realizadas en un marco de confianza. El privilegio no depende de si el CPA es externo o interno ("in-house"). Las comunicaciones entre contadores públicos autorizados que sirven a la empresa también están protegidas, de forma similar al privilegio abogado-cliente para abogados corporativos. El Tribunal busca proteger la confianza y la comunicación libre y franca entre estos profesionales y sus clientes. El caso surgió de una disputa sobre patentes municipales y solicitudes de descubrimiento de comunicaciones con CPAs de la empresa.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la controversia sobre el inicio del término de 120 días para diligenciar un emplazamiento. La cuestión surge cuando la Secretaría del tribunal no expide el emplazamiento el mismo día en que se presenta la demanda. El Tribunal resuelve que el plazo de 120 días para diligenciar un emplazamiento comienza a transcurrir, sin otra condición, una vez que la Secretaría del tribunal expide dicho emplazamiento. Esta decisión aclara la aplicación de la Regla de Procedimiento Civil pertinente en situaciones donde hay un desfase entre la presentación de la demanda y la expedición del emplazamiento. En el caso particular, la demanda se presentó en octubre de 2018, pero el emplazamiento se expidió días después, siendo diligenciado en febrero de 2019. El peticionario solicitó la desestimación alegando que el término comenzó con la presentación de la demanda. El Tribunal Supremo, basándose en precedentes, dictamina que el cómputo inicia con la expedición del emplazamiento por la Secretaría.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió su sentencia en el caso CC-2019-518 el 25 de febrero de 2021. Tras evaluar el auto de certiorari, el Tribunal revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones. La decisión reinstaló la sentencia emitida originalmente por el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia contó con la participación de varios jueces del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión de Conformidad, a la que se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. Esta opinión aborda si la crisis económica o del sistema de salud pública puede eximir de responsabilidad civil o justificar la evasión de los estándares médicos. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión Disidente, presentando un punto de vista diferente. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó las mociones sobre la solicitud de reinstalación de Carlos A. Contreras Moreno. Mediante resolución de 19 de febrero de 2021, el Tribunal ordenó su reinstalación. Dicha reinstalación se limita únicamente al ejercicio de la abogacía. Adicionalmente, se le concedió un término de sesenta (60) días. Este plazo es para que complete la reconstrucción de la obra notarial no entregada. Esta obra notarial fue incautada a raíz de su suspensión previa.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió al abogado Frank M. Rosa Rivera del ejercicio de la abogacía. Esta acción se debe a su reiterado incumplimiento con órdenes previas del tribunal. Anteriormente, había sido suspendido del ejercicio de la notaría por no subsanar deficiencias en su obra protocolar de 2016 y no presentar los Índices de Actividad Notarial Mensual adeudados, a pesar de las oportunidades concedidas por la Oficina de Inspección de Notarías. El Tribunal le había otorgado un término de sesenta días para corregir estas deficiencias a su costa y le apercibió que el incumplimiento podría acarrear sanciones severas, incluyendo la suspensión de la abogacía. El Lcdo. Rosa Rivera no cumplió con este término ni se comunicó con la ODIN para coordinar la subsanación. En consecuencia, el Tribunal ordenó su suspensión del ejercicio de la abogacía, efectiva el 19 de febrero de 2021. El documento también menciona un trámite disciplinario pendiente contra el abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria sobre el Lcdo. Pablo Colón Rivera por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El abogado no cumplió con la educación requerida para el periodo 2014-2017. El PEJC le notificó en múltiples ocasiones en 2018, otorgándole términos adicionales para subsanar el incumplimiento. A pesar de los avisos, el letrado no completó los requisitos ni pagó la multa correspondiente. En mayo de 2019, el Tribunal le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. El licenciado compareció en junio de 2019, se disculpó y solicitó tiempo para cumplir con lo adeudado. El Tribunal le concedió un término adicional de treinta días. Ante el incumplimiento continuado, el Tribunal procede a suspender al abogado del ejercicio de la profesión. Dicha suspensión será efectiva el 19 de febrero de 2021.