Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 4)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de apelación presentado por Edgardo Van Rhyn Soler contra Multinational Life Insurance Co., que buscaba revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre un despido injustificado. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del apelante con la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que exige notificar el recurso al foro recurrido dentro de las setenta y dos horas siguientes a su presentación. Multinational Life Insurance Co. solicitó la desestimación, señalando la falta de notificación, un término de estricto cumplimiento. Aunque el apelante reconoció el incumplimiento y alegó haberlo subsanado posteriormente, argumentó que no causó perjuicio y existía justa causa. Citó la Regla 12.1 del Reglamento y jurisprudencia del Tribunal Supremo que promueve la atención de los casos en sus méritos y la flexibilidad en términos no jurisdiccionales. Las razones presentadas como justa causa incluyeron la brevedad del término para apelar, la coincidencia con un fin de semana largo y la ausencia de personal administrativo. No obstante, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por no haberse perfeccionado conforme a las normas procesales.

Resumen:

Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve recursos de certiorari presentados por Viejo Construction LLC, One Alliance Insurance y Mr. Condado Opportunity Zone Fund, LLC. Estas partes buscaban revocar dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones de sentencia sumaria parcial por prescripción. El caso original es una demanda por daños y perjuicios interpuesta por Omar E. Díaz Ortega y otros, quienes alegaron sufrir lesiones por una caída en una acera con materiales de construcción. La demanda inicial se presentó contra el Municipio de San Juan y otros, pero posteriormente se incluyó a Mr. Condado como tercero demandado y a Viejo Construction y One Alliance en una segunda demanda enmendada. Tanto Mr. Condado como Viejo Construction y One Alliance argumentaron que las reclamaciones en su contra estaban prescritas. El Tribunal de Primera Instancia determinó que las causas de acción no habían prescrito. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la denegatoria de las peticiones de sentencia sumaria por prescripción emitidas por el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de auto de certiorari presentada por el Gobierno de Puerto Rico, en representación del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). El DTOP buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que había declarado sin lugar su Moción de Desestimación en un caso de daños y perjuicios. La reclamación original fue instada por Jeannette Santiago Lucerna, quien sufrió una caída en una vía pública. El DTOP argumentó que la señora Santiago Lucerna incumplió con el requisito de notificar al Secretario de Justicia sobre su reclamación dentro del término de noventa días, según lo exige la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, contando desde la fecha del incidente. Sin embargo, la recurrida sostuvo que el término de notificación para el Estado debía comenzar a partir del momento en que tuvo conocimiento certero de que la jurisdicción de la carretera donde ocurrió el accidente correspondía al DTOP, y no al Municipio de Cataño, debido a certificaciones contradictorias. Inicialmente, el Municipio certificó la jurisdicción, pero posteriormente el DTOP emitió una certificación indicando que la vía era estatal, lo que llevó a la señora Santiago Lucerna a enmendar su demanda para incluir al Estado. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, decidió no expedir el auto de certiorari, manteniendo la decisión del foro primario de no desestimar la reclamación contra el DTOP.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 23 de mayo de 2025, confirmando el dictamen previo del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. El caso se centra en una apelación presentada por Sandra I. Mercado Vélez, SM Capitol Properties y George Andrew Massuco contra Eduardo Tarafa Feliciano. La demanda original de Tarafa Feliciano solicitaba una acción resolutoria por el alegado incumplimiento de los apelantes de un Contrato de Opción de Compraventa suscrito el 21 de enero de 2022. El Tribunal de Primera Instancia había declarado "Ha Lugar" la demanda de Tarafa Feliciano y "No Ha Lugar" la reconvención de los apelantes. Entre las determinaciones de hechos, se estableció que el contrato, redactado por Sandra I. Mercado Vélez, estipulaba la transferencia de la propiedad libre de gravámenes. Sin embargo, la prueba demostró que el titular registral no era el codemandado, impidiendo el cumplimiento de esta cláusula. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, ratificando el incumplimiento contractual y la desestimación de la reconvención de los apelantes.

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Un recurso de certiorari presentado por el Sr. Alberto López Lozada fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones. El peticionario buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que denegó su solicitud de inhibición o recusación contra la Jueza Ingrid Caro Cobb. López Lozada argumentó que las expresiones de la jueza durante una vista de desacato revelaron prejuicio y parcialidad, impidiéndole continuar con el caso. Tras la denegación de su solicitud inicial y una posterior moción de reconsideración por el foro primario, el Sr. López Lozada acudió al Tribunal de Apelaciones. El asunto subyacente es un proceso de divorcio y pensión alimentaria, donde el Sr. López Lozada solicitó ser relevado del pago de pensión para su hijo mayor de edad, Diego López Soto, quien a su vez reclamaba la continuidad de la pensión y el pago de deudas. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los planteamientos, expidió el recurso de certiorari y confirmó el dictamen recurrido. Esto significa que se mantuvo la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no recusar a la jueza.

Resumen:

Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda un recurso de certiorari consolidado (KLCE202500114 y KLCE202500137) relacionado con una demanda por daños y perjuicios. El caso original fue presentado por Omar E. Díaz Ortega y otros, quienes alegaron haber sufrido daños por una caída en una acera con materiales de construcción en San Juan en abril de 2021. El recurso fue interpuesto por Viejo Construction LLC, One Alliance Insurance y Mr. Condado Opportunity Zone Fund, LLC. Estas partes solicitaban la revocación de dos Resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones de sentencia sumaria parcial por prescripción. Argumentaban que la causa de acción en su contra estaba prescrita, ya que fueron incluidos en el pleito mediante una segunda demanda enmendada en septiembre de 2023, después de que la demanda inicial se presentara en abril de 2022. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, decidió expedir y confirmar la denegatoria de ambas peticiones de sentencia sumaria por prescripción emitidas por el foro primario. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones ratifica que las reclamaciones contra Viejo Construction, One Alliance y Mr. Condado no se encuentran prescritas y deben continuar su curso procesal.

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El Tribunal de Apelaciones, Panel II, emitió una Resolución en un recurso de certiorari (KLCE202500530) presentado por AMG Securities, LLC y otros contra Central Park Group, LLC y otros. Los peticionarios buscaban la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de remedios, costas y gastos de honorarios de abogados. Dicha solicitud se basaba en el alegado incumplimiento de la parte recurrida con la renuncia al emplazamiento, conforme a la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, lo que, según los peticionarios, justificaba el reclamo de costas por los gastos incurridos en el diligenciamiento. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de certiorari. La denegatoria se fundamenta en que el asunto planteado no cumple con las circunstancias excepcionales establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil para la revisión de órdenes interlocutorias. El Tribunal concluyó que la controversia no se enmarca en las categorías que justifican una revisión inmediata por certiorari y puede ser planteada en una apelación posterior a la sentencia final.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentada por el confinado Rafael Sánchez Rodríguez. El recurrente impugnó la decisión del CCT del 6 de diciembre de 2024, que reclasificó su nivel de custodia de mínima a mediana. Esta reclasificación se fundamentó en que el señor Sánchez Rodríguez no proporcionó una muestra para una prueba toxicológica en el tiempo reglamentario, lo que resultó en un positivo administrativo. A pesar de haber obtenido una puntuación de cero en la Escala de Reclasificación de Custodia, que normalmente indicaría custodia mínima, el CCT aplicó una modificación discrecional por desobediencia a las normas. La resolución del CCT también solicitó su traslado al CDO Mayagüez. Tras una solicitud de reconsideración denegada por el CCT, el confinado acudió al Tribunal de Apelaciones. El tribunal, tras revisar el caso, confirmó la resolución recurrida del Comité de Clasificación y Tratamiento.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación interpuesta por Mario Mancera contra David Michael Schmitt y DMS Management Group of PR, LLC. Mancera solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda de desahucio sumario y cobro de dinero. El Tribunal de Apelaciones, en su dictamen del 23 de mayo de 2025, confirma en parte y revoca en parte la sentencia apelada. El litigio se originó por el arrendamiento de una propiedad en Guaynabo, formalizado en febrero de 2021, con vigencia hasta febrero de 2023. Un adéndum suscrito en febrero de 2023 extendió el contrato hasta febrero de 2024 e incorporó una opción de compraventa del inmueble por $275,000, con fecha límite en mayo de 2025, aplicando $850 mensuales del canon de arrendamiento al pronto pago. En febrero de 2024, Mancera notificó la no renovación del contrato y solicitó el desalojo, alegando pagos tardíos y deudas acumuladas. Los apelados, por su parte, reconvinieron, argumentando que el adéndum establecía una opción de compra vinculante que pretendían ejercer, y que Mancera intentaba evadir la venta debido a un proceso de quiebra personal. La controversia central gira en torno a la interpretación y cumplimiento de esta opción de compraventa frente a la solicitud de desahucio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de certiorari presentado por El Pueblo contra Juan Maldonado De Jesús y Aaron Vick. La Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que exige la entrega de partes de un Informe de Investigación Preliminar a la defensa. Tras la reinstalación de cargos por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones había instruido al TPI a identificar prueba exculpatoria en el informe. El TPI ordenó la divulgación de mensajes de texto entre los imputados y análisis legales, considerándolos exculpatorios. La OPFEI argumenta que esta calificación es errónea. El caso examina el alcance del derecho a la defensa y al descubrimiento de prueba, ponderando la discreción del TPI frente a los límites constitucionales y procesales. La sentencia busca determinar la validez de la orden de divulgación de dicha evidencia.

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La presente es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación, acogida como certiorari, presentada por Diolanda Pantoja Rabell. La peticionaria solicita revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Reconsideración y mantuvo una Orden de Ejecución de Sentencia. El caso original, iniciado en 2020 por Ramona Altagracia Pimentel Rabell y Josefina Delgado Rabell, buscaba la liquidación de una comunidad de bienes sobre una propiedad inmueble en San Juan. Esta propiedad fue una donación de su madre a las tres hermanas. Las demandantes alegaron que Diolanda Pantoja Rabell residía en la propiedad sin pagar renta, la administraba como única titular y se negaba a dividirla, adeudándoles rentas. Diolanda Pantoja Rabell, por su parte, argumentó que las rentas se remitían a su madre según un acuerdo y que había adquirido la propiedad por prescripción. Tras varios procedimientos, las partes llegaron a una Estipulación y Acuerdo de Transacción en 2022. En este acuerdo, estipularon un precio de venta de \$100,000 y que Diolanda Pantoja Rabell adquiriría las participaciones de sus hermanas en 90 días, o la propiedad sería vendida si no obtenía financiamiento. La apelación actual se centra en la impugnación de la decisión del foro primario de mantener la ejecución de las órdenes relacionadas con este acuerdo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Michael Delgado Rodríguez contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El peticionario busca revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Fajardo, que declaró "No Ha Lugar" una moción suya. Dicha moción argumentaba la inconstitucionalidad de los Artículos 2.48 (C) y (E), 12.02 (A) y 12.07 (B) de la Ley Núm. 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Delgado Rodríguez sostiene que la implementación del sello digital para el marbete vehicular no provee una notificación adecuada de la fecha de vencimiento, lo cual viola su derecho al debido proceso de ley. Con base en esto, solicitó la eliminación de gravámenes anotados en su vehículo o licencia. El peticionario alega que el foro de instancia erró y abusó de su discreción al descartar su moción de inconstitucionalidad de manera escueta. El Departamento de Transportación y Obras Públicas, por su parte, ha solicitado la desestimación del recurso de certiorari, citando incumplimientos procesales del peticionario. La Resolución también incluye una explicación sobre la naturaleza discrecional del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLCE202401093, donde Héctor Alejandro Rosado Matías interpone un recurso de certiorari. El peticionario busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Supresión de Evidencia, presentada tras ser acusado por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas. Rosado Matías alegó que la evidencia (armas y drogas) fue obtenida ilegalmente sin orden de registro, producto de un testimonio estereotipado y una confidencia no investigada sobre la violación de condiciones del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). El Ministerio Público se opuso, argumentando que existían motivos fundados basados en la corroboración de la manipulación de un grillete y que la evidencia fue abandonada por el peticionario al huir, haciendo innecesaria una orden. Tras una vista, el TPI evaluó la prueba testifical y documental, concluyendo que la Policía de Puerto Rico tuvo motivos fundados para la intervención y que la incautación de evidencia y el arresto fueron legales. El foro primario otorgó credibilidad al testimonio detallado del Agente Lorenzo Bonet, corroborado por un oficial del PSAJ. Inconforme, Rosado Matías plantea que el TPI erró al denegar la supresión, pues el Ministerio Público no rebatió la presunción de ilegalidad del registro sin orden basado en datos del PSAJ, ni la ilegalidad del arresto sin orden y sin motivos fundados, y que los testimonios de los agentes eran estereotipados. La Oficina del Procurador General, en representación del Pueblo, se opuso a la solicitud del recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso KLAN202500256, confirmando una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia. El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) apeló la sentencia sumaria que desestimó su demanda por difamación y daños y perjuicios contra Sylvia Bedrosian Heres y Pet Friendly PR, Corp. El foro primario había determinado que las expresiones de los demandados constituían una opinión y no eran de naturaleza difamatoria. El CMVPR alegó que los apelados publicaron un video editado en Instagram de una entrevista a su presidenta, acompañado de comentarios que señalaban la "ineptitud" y falta de credibilidad del Colegio. También se mencionó una publicación en Facebook que afirmaba que la presidenta "hizo el ridículo". El CMVPR sostuvo que estas publicaciones dañaron su reputación y credibilidad, solicitando el cese de las expresiones y la remoción de los videos, además de una compensación por daños. Por su parte, los demandados admitieron la publicación del video, pero negaron haberlo editado, argumentando que solo lo divulgaron y comentaron como un asunto de interés público. Se defendieron invocando la libertad de expresión y opinión. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, ratificando la desestimación de la demanda por difamación.

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El Tribunal de Apelaciones, en sentencia del 23 de mayo de 2025, resolvió una apelación presentada por Bancrédito Holding Corporation (BHC) contra Driven Administrative Services. BHC había recurrido la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitida el 30 de enero de 2025, que declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación de la Demanda Enmendada presentada por Driven en una acción derivativa. La demanda original de BHC, instada el 17 de julio de 2024, buscaba una acción derivativa. Tras la denegación de su moción de reconsideración por el foro primario, BHC acudió al Tribunal de Apelaciones el 2 de mayo de 2025, señalando errores en la desestimación de su demanda enmendada. Sin embargo, Driven Administrative Services presentó una Moción de Desestimación del Recurso de Apelación por Falta de Jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, desestimó el recurso de apelación de BHC por falta de jurisdicción, impidiendo así la revisión de los méritos de la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones denegó un recurso de certiorari presentado por Amarilis González García contra Juan Balcells Gallarreta, confirmando así las resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. El caso original versa sobre la liquidación de una comunidad de bienes post-gananciales, donde la señora González también reclamaba pensiones alimentarias adeudadas y daños y perjuicios. Tras una moción de desestimación del señor Balcells, la peticionaria intentó enmendar su demanda para incluir a sus dos hijos mayores de edad como codemandantes, buscando reclamar las pensiones alimentarias supuestamente impagadas. El Tribunal de Primera Instancia solicitó la posición del recurrido y, posteriormente, declaró "No Ha Lugar" la enmienda. Argumentó que la inclusión de estas nuevas partes y causas de acción, ajenas a la liquidación, entorpecería y dilataría los procedimientos. La señora González impugnó esta decisión, alegando errores procesales y una violación al debido proceso de ley. No obstante, el Tribunal de Apelaciones determinó que no procedía la expedición del auto de certiorari, validando la postura del foro inferior.

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Un panel de jueces, con el Juez Sánchez Ramos como ponente, emitió una sentencia el 23 de mayo de 2025 en un caso de pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) había declinado declarar al padre en desacato por la falta de pago de una sanción económica impuesta previamente por el Tribunal de Apelaciones a favor de la madre, limitándose a ordenar su pago en un plazo determinado. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al no encontrar al padre incurso en desacato, pues su incumplimiento constituía un desafío voluntario a la autoridad judicial. La sanción original, impuesta en julio de 2024, ordenaba al padre pagar $1,733.00 por servicios de cuidadora y $3,000.00 por honorarios de abogado, con una penalidad adicional de $200.00 diarios por cada día de retraso. La madre presentó una moción de desacato al no recibir el pago completo, argumentando que la sanción diaria continuaba acumulándose. El padre se opuso, alegando que el desacato civil no aplicaba a sanciones no alimentarias y que estas eran compensables con una supuesta deuda de arrendamiento de la madre. El TPI resolvió que el desacato civil no procedía para sanciones no alimentarias, fijó la cuantía adeudada por sanciones en $15,400.00 hasta el 4 de octubre de 2024, y ordenó al padre pagar en 45 días. La madre recurrió esta resolución, sosteniendo que el TPI erró al no aplicar el desacato civil, que las sanciones seguían acumulándose y que debió condenar al padre al pago de honorarios de abogado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en su Resolución del 23 de mayo de 2025, desestimó un recurso de certiorari presentado por Rafael A. Jorge Rosario. El peticionario, quien cumple una pena de diez años por delitos bajo el Artículo 182 del Código Penal, solicitaba una nueva sentencia aplicando el principio de favorabilidad, a pesar de reconocer que dicho artículo no sufrió cambios relevantes. Sin embargo, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción, debido a un incumplimiento craso con las disposiciones reglamentarias para su perfeccionamiento. La decisión subraya la importancia de que los tribunales sean celosos guardianes de su jurisdicción y que la ausencia de esta no es subsanable. Se enfatizó la obligación de las partes de perfeccionar sus recursos apelativos conforme al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, citando específicamente la Regla 34(C) sobre el contenido de las solicitudes de certiorari. Por consiguiente, el Tribunal no entró a considerar los méritos de la solicitud del señor Jorge Rosario.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Sentencia en el caso KLAN202500023, resolviendo un recurso de Apelación, acogido como Certiorari, presentado por José F. Pagán Vázquez, Rosario Aponte Ubarri y su Sociedad Legal de Gananciales. Los peticionarios solicitaron la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, que los condenó al pago de $239,085.28 por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Esta condena se originó por un pagaré con garantía hipotecaria. Los hechos se remontan a 2002, cuando los peticionarios adquirieron una propiedad del señor Luis Francisco López Díaz, suscribiendo un pagaré de $950,000.00 garantizado con hipoteca, con vencimiento en 2022. Surgieron disputas sobre los pagos, llevando a solicitudes de verificación por parte del señor López Díaz en 2014 y 2022, las cuales no fueron debidamente atendidas por los peticionarios. Posteriormente, el señor López Díaz presentó una demanda en 2023. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari y revocó la Sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial presentado por Luis Hiram Quiñones Santiago contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Quiñones Santiago solicitó la exención de aranceles, una copia del recurso, que se declarara ha lugar su apelación y el debido mantenimiento de las consolas de aire acondicionado en la Institución Guayama 1000. El Tribunal determinó que el recurso fue presentado prematuramente, careciendo de jurisdicción para atenderlo. Se enfatizó que la jurisdicción sobre la materia es un requisito insubsanable y que un recurso prematuro no produce efectos jurídicos al no existir una autoridad judicial o administrativa para acogerlo en el momento de su presentación. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece que la revisión judicial aplica únicamente a órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales de las agencias. Dado que el recurrente manifestó no haber recibido respuesta a sus solicitudes de remedio administrativo, no existía una decisión administrativa final que pudiera ser revisada por el Tribunal de Apelaciones. Por tanto, el Tribunal procedió a desestimar el recurso conforme a su Reglamento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Glenn Swanson. Swanson solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón, emitida el 7 de marzo de 2025. Dicha Orden declaró "No Ha Lugar" a la petición de Swanson de anotar la rebeldía contra Caribbean Hemp Farms, LLC (CHF) y denegó su solicitud de reconsideración sobre la concesión de veinte días a CHF para fijar su posición o contestar la Querella. El caso original, iniciado por Swanson en mayo de 2023, versa sobre despido injustificado y represalias. Tras una desestimación inicial por el TPI, el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión en octubre de 2024, ordenando un juicio plenario. Posteriormente, Swanson solicitó la rebeldía de CHF al no contestar la Querella en el término de diez días tras la notificación del Mandato apelativo. CHF, por su parte, pidió una prórroga de treinta días, alegando una cirugía de emergencia de su abogada. El TPI concedió a CHF un término de veinte días para responder, decisión a la que Swanson se opuso y solicitó reconsideración, argumentando falta de justa causa y presentación fuera de término. El TPI denegó ambas solicitudes de Swanson. Ante esta situación, el Tribunal de Apelaciones adelanta la denegación de la expedición del auto de certiorari, indicando que no revisará la decisión del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por María de Lourdes Ferrá Pietri y Janine Ferrá Pietri contra Mayra Alleza Ferrá Pietri. Las apelantes buscan revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud de sentencia declaratoria por ausencia de legitimación activa y falta de parte indispensable. Inicialmente, las demandantes solicitaron que se determinara si una servidumbre de paso disfrutada por la demandada era de uso exclusivo y que se les permitiera el acceso a un agrimensor para mensurar sus propiedades con miras a su segregación. Argumentan que la escritura pública que constituyó la servidumbre no estipula un uso exclusivo y que el acceso es crucial para evitar que sus lotes queden enclavados. La demandada, por su parte, sostiene que la servidumbre es exclusiva para su finca enclavada, fundamentándose en una resolución de ARPE y la escritura pública que la constituyó a perpetuidad. La controversia principal radica en la interpretación del alcance y la exclusividad de dicha servidumbre de paso.

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El Tribunal de Apelaciones emite una sentencia que confirma el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. La apelante, María Luisa Nelson Rodríguez, había solicitado la revocación de una sentencia sumaria que desestimó con perjuicio su demanda contra Tíber Health Public Benefit Corp. h/n/c Ponce Health Sciences University (PHSU). Nelson Rodríguez demandó a PHSU por despido ilegal e injustificado, reclamando indemnización y beneficios por incumplimiento de contrato. PHSU, por su parte, argumentó que la apelante fue despedida durante un período probatorio de 360 días estipulado en su contrato de empleo a término fijo, el cual facultaba la terminación sin previo aviso ni causa. La apelante se opuso a la sentencia sumaria, alegando la inaplicabilidad de múltiples períodos probatorios y que su desempeño había sido calificado como "excelente". Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente y el estado de derecho, ratifica la decisión del foro primario de conceder la moción de sentencia sumaria a favor de PHSU.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia confirmando una resolución enmendada del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución había declarado "Ha Lugar" una querella presentada por Rafael Santiago Ríos contra LT Autos LLC y USAA Federal Savings Bank. La querella original de Santiago Ríos alegaba incumplimiento de contrato y prácticas engañosas relacionadas con la compraventa de un vehículo de motor. Específicamente, el recurrido sostuvo que su póliza de seguro vehicular fue cancelada por falta de pago de primas, responsabilidad que atribuyó a LT Autos según el contrato de compraventa. El DACo condenó a LT Autos y USAA a responder, en partes iguales, por un balance de \$45,140.00, que con intereses ascendía a \$50,826.34. Además, ambas entidades fueron sentenciadas a pagar \$250.00 cada una a Santiago Ríos por los inconvenientes sufridos. Los recurrentes, LT Autos y USAA, solicitaron la revisión judicial de esta decisión del DACo. Tras evaluar los recursos, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la resolución recurrida en su totalidad.

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Un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, emite una sentencia el 22 de mayo de 2025. El Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Ernesto G. González Rodríguez, presentó un recurso de apelación, acogido como certiorari, buscando revocar una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia del TPI, emitida el 21 de marzo de 2025, había declarado ha lugar las mociones de desestimación presentadas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP). En consecuencia, el TPI desestimó un recurso de revisión judicial del PPD que buscaba la contabilización de votos, e impuso al PPD una multa de $3,000 en honorarios de abogados a favor de la CEE. La controversia central giraba en torno a la solicitud del PPD para contabilizar papeletas del Precinto 032 de Isabela que no fueron adjudicadas debido a la ausencia o insuficiencia de iniciales de los funcionarios. Esta solicitud había sido denegada previamente por la CEE mediante una resolución. Tras examinar el expediente y el estado de derecho, el panel de jueces confirma el dictamen recurrido, ratificando la desestimación del recurso del PPD y la imposición de honorarios.

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El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda por impericia médica. Rita Marchese Torres apeló la decisión que rechazó su reclamación de daños y perjuicios contra Professional Hospital Guaynabo, Inc. y varios médicos, por la muerte de su esposo, el Sr. José Manuel Ibarra García. La demanda original alegaba negligencia en el diagnóstico y tratamiento. Los demandados solicitaron la desestimación argumentando inmunidad bajo leyes federales y estatales de emergencia, como la PREP Act y CARES Act, y que la acción estaba prescrita. La parte apelante se opuso, explicando que había interrumpido el término prescriptivo mediante una carta extrajudicial y una demanda previa que luego desistió sin perjuicio. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia reconsideró su decisión inicial y concluyó que la inmunidad aplicaba y la reclamación estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, ratifica la desestimación de la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones emite una sentencia en revisión judicial de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que involucra a Marcel Airando Torres y París Auto Sales, Inc. El DACo había determinado que un vehículo Lexus GX470, adquirido por el señor Torres de París Auto, presentaba vicios ocultos. Consecuentemente, el DACo ordenó la resolución del contrato de compraventa, la compensación monetaria por el costo del automóvil, daños por angustias mentales y pérdida de ingresos. Adicionalmente, el DACo concedió una suma por daños y perjuicios relacionados con la compra de una motora y gastos asociados. París Auto Sales, Inc. recurrió la decisión, argumentando falta de jurisdicción del DACo debido al millaje del vehículo y que este fue vendido "as is" sin garantía. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones modifica la Resolución del DACo. Elimina las cuantías concedidas por los daños y perjuicios derivados de la compra de la motora y sus gastos relacionados, pero confirma el resto de la determinación del DACo, manteniendo la resolución del contrato y las demás compensaciones a favor del señor Torres.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 22 de mayo de 2025, resuelve una apelación presentada por Javier Núñez Aquino y Ivis Emelina González Rosa contra Jonathan Javier Morales Alicea y Frances Loucil Afanador. Los apelantes buscaban la revocación de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, que desestimó su demanda de deslinde y amojonamiento. En su demanda original, los apelantes alegaron confusión en los linderos de sus propiedades colindantes y la posesión de terrenos suyos por parte de los apelados. Sin embargo, los apelados negaron estas alegaciones, afirmando que los límites estaban claros y que eran los apelantes quienes intentaban alterarlos. Tras examinar el expediente, los argumentos de las partes y la prueba oral, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del foro primario. El Tribunal de Primera Instancia había determinado que los límites entre las fincas estaban claramente definidos por las escrituras y la evidencia física, como la pared este de la casa de los demandantes, haciendo innecesario un deslinde técnico. Además, el foro primario concluyó que la reclamación de posesión de terrenos correspondía a una acción reivindicatoria, no a una de deslinde, y desestimó la credibilidad del informe del agrimensor de los apelantes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia el 22 de mayo de 2025 en el caso KLAN202500439. Este recurso de apelación fue presentado por Mario Alejandro Ortiz García contra Inmobiliaria Moreno de Ayala, Inc. El apelante buscaba la revocación de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que había declarado con lugar una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero a favor de la Inmobiliaria. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para conocer del caso. Esta carencia jurisdiccional se debió al incumplimiento del apelante con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La Sentencia reitera la importancia de la observancia rigurosa de las normas procesales para el perfeccionamiento de los recursos apelativos. Subraya que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, la cual no es susceptible de ser subsanada si está ausente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de Certiorari presentada por María Eulalia Juarbe I Botella contra Sandra Liamar Silva Ruiz, en un caso sobre división de comunidad remanente. La peticionaria solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Fajardo, que denegó su "Moción en Solicitud de Eliminación de Alegaciones y Otros Extremos". Dicha moción se fundamentó en el alegado incumplimiento de la recurrida con el descubrimiento de prueba y órdenes judiciales en el pleito original, iniciado en 2021 para liquidar bienes inmuebles y recuperar joyas valoradas en $350,000. La peticionaria argumentó que el TPI había apercibido a la recurrida en una Minuta del 4 de diciembre de 2023 que el incumplimiento con el descubrimiento de prueba resultaría en la eliminación de sus alegaciones. Tras la moción de la peticionaria, el TPI requirió a la recurrida mostrar causa, a lo que esta respondió presentando evidencia de cumplimiento parcial y atribuyendo algunos incumplimientos a su representación legal anterior. La recurrida también alegó que la solicitud de eliminación de alegaciones era un intento de la peticionaria de justificar sus propios incumplimientos procesales. La peticionaria reiteró su solicitud, insistiendo en la inobservancia de la fecha límite pautada por el foro primario. Luego de examinar la solicitud de autos, el expediente y el estado de derecho, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel VIII, emitió una resolución el 22 de mayo de 2025, denegando un recurso de Certiorari presentado por Trailer Bridge, Inc. Dicho recurso buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, que había declarado "No Ha Lugar" una Moción de Sentencia Sumaria de Trailer Bridge. El caso original es una querella por despido injustificado (Ley Núm. 80) presentada por Reynaldo Ortega Jiménez, quien alegó haber sido despedido caprichosamente tras 23 años de servicio, luego de negar una imputación de faltarle el respeto a un compañero. Trailer Bridge, por su parte, argumentó que el despido estaba justificado por la conducta del empleado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al considerar que la prueba presentada por el patrono era testimonial y requería un juicio plenario para dirimir la credibilidad de los hechos en controversia. Inconforme, Trailer Bridge recurrió alegando que el foro primario erró al imponerle el peso de la prueba. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el expediente, confirmó la decisión del foro primario al denegar el Certiorari.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 22 de mayo de 2025, aborda los recursos de certiorari consolidados presentados por Juan Antonio Huertas Flores. El peticionario solicitó la intervención del tribunal para dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, que rechazó una pena alternativa a la reclusión acordada por las partes en un caso de violencia doméstica bajo la Ley Núm. 54, imponiendo en su lugar una pena de prisión. Huertas Flores alegó diez errores, incluyendo la falta de motivación del tribunal de instancia para rechazar el preacuerdo y emitir sentencias sin exposición razonada, así como diversas anomalías procesales en la notificación de resoluciones y la concesión de prórrogas. El Tribunal de Apelaciones desestimó ambos recursos, KLCE202500469 y KLCE202500492. La desestimación se fundamentó en la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que permite rechazar recursos por falta de jurisdicción o presentación fuera de término, indicando un incumplimiento de las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento de los recursos.

Resumen:

Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda la solicitud presentada por Nelson Figueroa Velázquez, quien alegó una controversia con su representación legal y una posible mala práctica profesional. El señor Figueroa Velázquez, un confinado, no especificó un remedio procesal ni basó su reclamo en una determinación previa de un foro inferior que deseara recurrir. El Tribunal de Apelaciones enfatiza su naturaleza estrictamente apelativa, cuya función principal es revisar sentencias finales y órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia o decisiones de agencias administrativas. Se detalla que la competencia de este foro se ejerce mediante recursos como la apelación, el certiorari o la revisión judicial, siempre sobre dictámenes emitidos por foros primarios. Específicamente, el recurso de certiorari, regulado por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, permite la revisión discrecional de resoluciones u órdenes interlocutorias bajo circunstancias muy específicas. Dado que el peticionario no solicitó la revisión de una determinación de instancia y su escrito no aclara si busca una acción por daños o un proceso disciplinario, el tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender su reclamo. El Tribunal de Apelaciones no puede dilucidar controversias que no provengan de un dictamen de un foro inferior, siendo el Tribunal de Primera Instancia el foro adecuado para iniciar una reclamación por daños.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en los recursos de revisión judicial consolidados presentados por LT Autos LLC y USAA Federal Savings Bank. Las recurrentes solicitaban la revisión de una Resolución Enmendada emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 7 de marzo de 2025. Mediante dicha resolución, el DACo declaró ha lugar una querella presentada por Rafael Santiago Ríos, el recurrido, y condenó a LT Autos y USAA a responder solidariamente por un balance de $45,140.00, que con intereses ascendía a $50,826.34. Adicionalmente, el DACo ordenó a LT Autos y USAA pagar $250.00 cada una al señor Santiago Ríos por los inconvenientes sufridos. La querella original de Santiago Ríos, presentada en 2020, alegaba incumplimiento de contrato y prácticas engañosas por parte de LT Autos, tras la compra de un vehículo en 2019. El recurrido sufrió un accidente en 2022 y descubrió que su póliza de seguro, financiada por USAA, había sido cancelada por falta de pago de primas. Santiago Ríos sostuvo que LT Autos era responsable de cursar los documentos y realizar el pago inicial para la activación del seguro. Tras evaluar los recursos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del DACo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 22 de mayo de 2025, confirmando una Resolución Final de la Administración de Seguros de Salud (ASES). Dicha resolución, emitida el 17 de diciembre de 2024, había declarado ha lugar una querella presentada por la Cooperativa de Dueños de Laboratorios Privados de Puerto Rico (COOPLAB) contra First Medical Health Plan, Inc. (First Medical). La querella original de COOPLAB, consolidada con otras similares, alegaba el cobro de dinero debido al incumplimiento de First Medical con varias Cartas Normativas de ASES. Específicamente, First Medical no había pagado por los códigos de procedimientos (CPT) 99001 y 99211, utilizados para la toma de muestras de COVID-19 bajo el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico (Plan Vital), desde el 12 de mayo de 2023. Estos códigos sustituyeron a los previamente eliminados por el Center for Medicaid and Medicare (CMS), según lo instruido por la Carta Normativa 230609 de ASES. COOPLAB reclamaba una cuantía adeudada que ascendía a \$244,729.68 hasta octubre de 2023, la cual seguía incrementando. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso presentado por First Medical, ratificó la decisión de ASES a favor de COOPLAB.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en respuesta a dos recursos de certiorari consolidados presentados por Juan Antonio Huertas Flores. El peticionario buscaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, que rechazó una pena alternativa a la reclusión acordada entre las partes y, en su lugar, impuso una pena de prisión por una violación a la Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica. Huertas Flores había formulado alegación de culpabilidad bajo el preacuerdo. Tras una moción de reconsideración que fue denegada, el peticionario presentó los recursos de certiorari, alegando múltiples errores del foro primario, incluyendo el rechazo inmotivado del preacuerdo, la falta de exposición razonada en sus decisiones y anomalías procesales en las notificaciones. El Tribunal de Apelaciones desestimó ambos recursos. La desestimación se fundamentó en la Regla 83 de su Reglamento, que permite rechazar recursos por falta de jurisdicción o presentación fuera de término, subrayando la estricta observancia de las disposiciones reglamentarias.

Resumen:

La Unión de Tronquistas de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia del TPI, emitida el 28 de marzo de 2025, había declarado ha lugar una demanda de José Santiago, Inc., revocando un laudo arbitral del Negociado de Conciliación y Arbitraje (NCA). El laudo original, dictado en junio de 2023, había ordenado a José Santiago, Inc. pagar un diferencial por licencia por enfermedad acumulada y no utilizada a empleados del área del freezer, conforme al Convenio Colectivo, cubriendo los años 2018, 2019 y 2020. José Santiago, Inc. impugnó el laudo ante el TPI, alegando que el NCA se extralimitó en su autoridad al ordenar el pago retroactivo por tres años y al aplicar incorrectamente la Ley Núm. 180 de 1998, la cual excluye a empleados cubiertos por convenios colectivos. El TPI, tras denegar una moción de desestimación de la Unión, determinó que el NCA efectivamente excedió los límites del Convenio Colectivo en cuanto al periodo de reclamación y erró al aplicar la Ley 180-1998. Por consiguiente, el TPI revocó el laudo arbitral. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el certiorari, expide el auto solicitado y confirma el dictamen recurrido del TPI, manteniendo así la revocación del laudo arbitral.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, emitió una Sentencia el 22 de mayo de 2025, en el caso KLCE202500464. Este certiorari, procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, involucraba a CAPITAL MANAGEMENT GROUP, LLC como recurrido y a JOSÉ A. SÁNCHEZ FIGUEROA como peticionario, en una acción de cobro de dinero ordinario. El panel, integrado por la Juez Domínguez Irizarry, el Juez Ronda Del Toro (ponente) y el Juez Pérez Ocasio, consideró la Moción de Desistimiento presentada por la parte peticionaria el 21 de mayo de 2025. Tras su evaluación, el Tribunal declaró "Ha Lugar" dicha moción. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, se ordenó el archivo inmediato del caso por desistimiento. La decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Lcda. Lilia M. Oquendo Solís.

Resumen:

Este es un recurso de apelación presentado por Luz Petrocelli contra T-Mobile Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones. La señora Petrocelli impugnó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria a favor de T-Mobile y desestimó su Demanda Enmendada. La apelante había alegado discrimen en el empleo por razón de embarazo, sexo, origen nacional y represalias, además de un despido constructivo, por la supuesta negativa de T-Mobile a concederle ajustes de horario tras una licencia de maternidad. Solicitaba una compensación por daños. T-Mobile, por su parte, sostuvo que concedió la mayoría de los ajustes solicitados por la señora Petrocelli, excepto algunos sábados libres por necesidades operacionales, y que la renuncia de la empleada fue libre y voluntaria, no constituyendo un despido constructivo. Tras el descubrimiento de prueba, T-Mobile presentó una Moción de Sentencia Sumaria, argumentando la ausencia de controversia sobre hechos esenciales. El Tribunal de Apelaciones, en esta Sentencia, confirma la decisión apelada, ratificando la desestimación de la demanda de la señora Petrocelli.

Resumen:

La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, con fecha del 22 de mayo de 2025, aborda el recurso de revisión administrativa presentado por Daniel Morales González contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó la revocación de una determinación del DCR que desestimó su petición de mejorar los servicios bibliotecarios y el acceso a herramientas de investigación legal, como Lex-Juris, dentro de la institución correccional. Morales González alegó falta de servicio, conflictos de horario con sus terapias, tiempo insuficiente (30 minutos) para usar Lex-Juris y la denegación de una tableta electrónica por razones de seguridad. El DCR había respondido inicialmente indicando horarios establecidos y la restauración del sistema Lex-Juris, confirmando su postura tras una solicitud de reconsideración. Ante la inconformidad, el recurrente apeló ante el foro intermedio, reiterando sus argumentos sobre los conflictos de horario y la limitación de tiempo. Tras examinar el expediente y el estado de derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión administrativa. El documento también detalla el marco legal para la revisión y reconsideración de decisiones de agencias administrativas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico. La Asociación impugnó una Resolución Enmendada del Departamento de Salud que declaró "No Ha Lugar" una querella interpuesta contra Dispensario FarmaVerde La Central, LLC. La querella original alegaba que FarmaVerde violaba la Ley de Farmacias de Puerto Rico al utilizar el nombre "FarmaVerde" y un símbolo de cruz verde, lo que, según la Asociación, inducía a error al público al sugerir que era una farmacia. FarmaVerde argumentó que su nombre fue aprobado por la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal y el Departamento de Estado, y que no usaba la palabra "farmacia". El Departamento de Salud desestimó la querella, lo que llevó a la Asociación a solicitar la revisión judicial. La Asociación señaló errores administrativos en la interpretación de la ley y la validez de las autorizaciones de nombre. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la determinación administrativa, ratificando así la desestimación de la querella contra FarmaVerde.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari presentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y MAPFRE PRAICO Insurance Company contra RJ Automotive Enterprises, Inc., en un caso de daños y perjuicios. Las peticionarias solicitaban la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó, por prematura, su moción para eliminar el testimonio de un perito de RJ Automotive. Alegaron que el perito no había producido la totalidad de los documentos requeridos y carecía del conocimiento especializado necesario para su testimonio sobre daños económicos. RJ Automotive, por su parte, argumentó que el valor probatorio del testimonio debía evaluarse en el juicio. Las peticionarias señalaron como errores del TPI su negativa a eliminar la prueba testifical y documental no producida oportunamente, así como el testimonio del perito sobre asuntos sin evaluación especializada. Tras analizar el recurso, el Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel VIII, revisó un recurso presentado por el Pueblo de Puerto Rico contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Fajardo. El Pueblo buscaba revocar la absolución perentoria del señor Davis Ponce Feliciano del cargo de asesinato en primer grado. Los hechos se remontan a 2019, cuando el señor Ponce fue acusado de dar muerte a Víctor A. Marín Piña con un machete y de uso ilegal de arma blanca. Durante el juicio, el jurado votó 10 a 2 a favor de la culpabilidad por asesinato en primer grado, pero de forma unánime (12 a 0) por el delito de arma blanca. A pesar de la votación mayoritaria del jurado en el cargo de asesinato, el TPI acogió una solicitud de absolución perentoria del señor Ponce para ese delito. El Pueblo presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada por el TPI. Ante esta situación, el Pueblo apeló, alegando que el TPI erró al absolver al señor Ponce a pesar de la prueba suficiente presentada. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, confirmó la Sentencia apelada, manteniendo así la absolución perentoria del señor Ponce por el cargo de asesinato en primer grado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, emite una Resolución denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por Rubén Arnaldo Tirado Ortiz. El peticionario buscaba la revisión de una Orden del Tribunal Superior de Ponce, notificada el 15 de enero de 2025, que denegó su moción de Anulación de Ley de Armas. Tirado Ortiz fue acusado en 2016 por Asesinato en Primer Grado y violaciones a la Ley de Armas. Tras un acuerdo con el Ministerio Público, se declaró culpable de Asesinato en Segundo Grado y de portación y uso de armas de fuego sin licencia (Artículo 5.04), siendo sentenciado a 58 años de reclusión. Posteriormente, el peticionario alegó que la pena impuesta por la infracción a la Ley de Armas era inconstitucional, ya que al momento de los hechos contaba con licencia para portar armas. El foro primario denegó su moción, lo que motivó el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras considerar los argumentos de ambas partes y la naturaleza discrecional del recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel I, emite una Resolución en el caso KLCE202500395, originado por una Petición de Certiorari presentada por Oriental Bank and Trust y Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez del 19 de marzo de 2025. Dicha resolución denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria de los peticionarios, determinando que no cumplieron con los requisitos estatutarios para aplicar la doctrina de tercero inocente. La controversia central gira en torno a la impugnación de la confiscación de un vehículo Hyundai Tucson, realizada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 19 de julio de 2024, por su presunto uso en la infracción de la Ley de Sustancias Controladas. Oriental Bank mantenía un contrato de venta condicional sobre el vehículo, mientras que la Cooperativa de Seguros Múltiples había expedido una póliza de seguro. Los peticionarios alegaron ser terceros inocentes, haber tomado medidas cautelares, y cuestionaron la notificación de la confiscación y la tasación del vehículo. Previamente, en septiembre de 2024, los peticionarios consignaron una fianza de $16,000, solicitando la devolución del vehículo, pero el Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud. El Tribunal de Apelaciones concedió al Estado un término para exponer su posición sobre el certiorari, pero al no comparecer, el recurso se dio por perfeccionado, procediendo el panel a pormenorizar los hechos para su revisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia el 22 de mayo de 2025, resolviendo una Petición de Certiorari interpuesta por Jorge Machado Guzmán. El señor Machado Guzmán solicita la revisión de tres Órdenes del Tribunal de Primera Instancia, dictadas el 22 de febrero de 2023, que le requerían cumplir con el descubrimiento de prueba, exponer su posición sobre la imposición de sanciones y le concedían quince días. El trasfondo de la controversia se remonta al 7 de diciembre de 2018, cuando Necco, Inc. y Medical Express Rental Equipment, Inc. presentaron demandas separadas contra Machado Guzmán y otros. Las demandas alegaban cobro de dinero, enriquecimiento injusto y violación de deberes de fiducia, reclamando a Machado Guzmán sumas significativas por pagos indebidos y daños. Específicamente, Necco le imputaba haber causado un desangre financiero y le reclamaba más de $273,000, mientras Medical Express le exigía la devolución de más de $267,000 por salarios y beneficios recibidos sin trabajar. En el proceso de descubrimiento, las demandantes solicitaron una amplia gama de documentos financieros y personales de Machado Guzmán desde 1995 hasta 2016. A pesar de objeciones previas y una Sentencia anterior del Tribunal de Apelaciones sobre el cumplimiento, el Tribunal de Primera Instancia reiteró la obligación de Machado Guzmán de entregar la información requerida, lo que motivó esta nueva apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Sentencia denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por Triple-S Management Corp. La empresa buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Vega Baja, emitida el 19 de marzo de 2023, que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación por falta de parte indispensable y prescripción, ordenando la continuación de los procedimientos. El caso original es una reclamación por despido injustificado (Ley 80) y procedimiento sumario (Ley Núm. 2) presentada por el señor Nelson Avilés Cardona, a través del Departamento del Trabajo, contra Triple-S Management. El querellante alegó haber sido despedido sin justa causa el 22 de junio de 2023 y que la empresa se negó a pagarle $16,153.85 por servicios prestados. Triple-S Management había solicitado la desestimación del caso en el foro primario, argumentando que no era el patrono del señor Avilés Cardona. Sin embargo, el querellante presentó una carta de despido con el remitente de Triple-S Management. Al denegar el certiorari, el Tribunal de Apelaciones valida la decisión del foro primario de continuar con el litigio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel VI, emitió una resolución en el caso de Pueblo de Puerto Rico contra Héctor González Carranza. El señor González Carranza, un recluso, presentó un recurso de certiorari para impugnar una orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, que denegó su moción bajo el Artículo 67 del Código Penal. El peticionario argumentaba que dicho artículo permite una reducción de hasta el 25% de la pena fija por circunstancias atenuantes, y que esta interpretación no se le aplicó correctamente. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. La denegación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso, sin trámite ulterior. La resolución subraya la obligación de los tribunales de auscultar su propia jurisdicción y que, al carecer de ella, la única acción posible es desestimar la reclamación sin entrar en los méritos del asunto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un recurso de Certiorari presentado por James Michael Bergener. El peticionario buscaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigía pagar $13,359.00 mensuales por concepto de renta, sumando un total de $280,539.00, por el uso exclusivo de una propiedad ganancial. Dicha propiedad, ubicada en Dorado, Puerto Rico, fue adquirida durante su matrimonio con Noella Noel Bergener, la recurrida. Tras el divorcio, la señora Bergener interpuso una demanda para la liquidación de la comunidad postganancial, reclamando el pago de la renta desde el 27 de marzo de 2023, fecha en que le cursó una carta de interpelación. Aunque una demanda anterior con un reclamo similar fue desistida voluntariamente, la recurrida presentó una nueva demanda reiterando la solicitud de renta. El señor Bergener admitió haber recibido la interpelación, pero argumentó que esta se envió en el contexto del caso anterior. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el recurso de certiorari no satisfacía los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, procediendo a denegarlo.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Renatus, LLC contra el Municipio de Patillas. Renatus solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración en un pleito por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios. El caso original se inició en diciembre de 2020, cuando Renatus demandó al Municipio por la falta de pago de $765,281.68 por servicios profesionales y de consultoría relacionados con la asesoría sobre ayudas federales tras los huracanes Irma y María, reclamando además $250,000 en daños. El Municipio de Patillas, por su parte, negó las alegaciones, argumentando que Renatus conocía la falta de aprobación de fondos federales, que los servicios no fueron prestados y que los contratos eran nulos. Adicionalmente, el Municipio presentó una reconvención, alegando que los contratos eran inexistentes y ultra vires al no haber sido remitidos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico ni contar con presupuesto aprobado. Renatus refutó estas alegaciones, afirmando haber verificado la capacidad financiera del Municipio antes de la contratación. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.