Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 2)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revoca una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó por falta de jurisdicción una demanda presentada por Tomas F. Daviú Ledesma. El demandante imputó violaciones al Código de Seguros, incumplimiento de contrato y daños contra MAPFRE, la Asociación de Condominios Dos Marinas I y Chubb Insurance. La controversia surge tras el paso del huracán María, cuando el apartamento del apelante sufrió daños y se presentaron reclamaciones bajo pólizas de seguro matriz y multilineal. El apelante alegó que MAPFRE emitió erróneamente la póliza de propiedad personal a favor de la Asociación en lugar de a los titulares individuales, basándose en una determinación previa de la Oficina del Comisionado de Seguros. Además, se denunció que la Junta de Directores de la Asociación ajustó arbitrariamente las cantidades a pagar, resultando en una compensación significativamente menor a la estimada originalmente. El demandante sostuvo que MAPFRE actuó de forma negligente al realizar pagos a la Asociación a sabiendas de que esta no poseía un interés asegurable sobre los bienes privados. Mediante esta sentencia, el foro apelativo determina que el tribunal de origen erró al declararse sin jurisdicción y ordena la continuación del proceso judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de ejecución de hipoteca *in rem* presentada por Finance of America Reverse, LLC (FAR). La desestimación original se fundamentó en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, tras concluirse que la parte demandante supuestamente incumplió con órdenes judiciales para producir evidencia específica sobre la deuda. El litigio surgió debido a que la deudora, Gloria María Cruz Delgado, incumplió con sus obligaciones de pagar impuestos y seguros vinculados a una hipoteca revertida, lo que tornó el préstamo en líquido y exigible. A lo largo del proceso, FAR presentó diversos desgloses de las cantidades adeudadas y notificaciones de incumplimiento, aclarando que, por la naturaleza del producto financiero, no existía una tabla de amortización de pagos periódicos. El foro primario desestimó la causa de acción apenas nueve días después de haber otorgado un plazo de diez días para que el apelante presentara evidencia adicional de pagos por contribuciones. Tras analizar el historial procesal, el Tribunal de Apelaciones determinó que la desestimación fue prematura e improcedente, ordenando así la continuación de los procedimientos. Esta decisión subraya la importancia de permitir que los acreedores validen el incumplimiento de obligaciones accesorias en contratos de hipoteca revertida antes de imponer sanciones procesales extremas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia que declaró con lugar una querella por despido injustificado presentada por Blanca Vargas Camacho contra Plaza Loíza Corporation. La reclamación se fundamentó en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 y se tramitó mediante el procedimiento sumario de reclamaciones laborales. La apelada alegó que trabajó para la empresa durante siete años hasta que fue despedida en febrero de 2022 sin que mediara una razón válida. Por su parte, Plaza Loíza argumentó que el despido fue justificado debido a que la empleada supuestamente abandonó su puesto al ausentarse cinco días adicionales tras una licencia por enfermedad para viajar al extranjero. La empresa también señaló un historial de insubordinación y múltiples amonestaciones previas por incumplimiento de normas internas y descuadres de dinero. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido carecía de justa causa y ordenó a la corporación el pago de $9,360.00 por concepto de mesada. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el foro apelativo validó la determinación del tribunal de origen al no encontrar fundamentos para revocarla. La sentencia concluye que la apelante no logró demostrar que la conducta de la empleada constituyera una causa legítima para la terminación del empleo bajo los parámetros legales vigentes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia para resolver los recursos consolidados KLAN202500130 y KLAN202500132, presentados por Liz Archilla Betancourt y Glaxosmithkline Puerto Rico Inc. La controversia principal surge de una querella por despido injustificado en su modalidad de despido constructivo, discrimen por sexo y represalias. La empleada impugna la desestimación sumaria de sus reclamaciones por discrimen y represalias, mientras que el patrono cuestiona la negativa del tribunal de instancia a desestimar la causa de acción por despido constructivo. Los hechos se fundamentan en alegaciones de disparidad salarial frente a colegas varones y empleados de la jurisdicción de Florida, a pesar de realizar funciones similares. Archilla Betancourt sostiene que recibió evaluaciones de desempeño deficientes basadas en datos de ventas erróneos, situación que el patrono conocía y no corrigió. Además, la querellante alega que sus reclamos internos sobre la discriminación y las métricas injustas fueron ignorados por la gerencia. El documento detalla la trayectoria laboral de la demandante desde 1994 y los cambios en la estructura de supervisión que exacerbaron el conflicto. Esta determinación judicial busca evaluar si proceden las reclamaciones presentadas bajo el amparo de la Ley Núm. 80 y otras protecciones laborales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa dos recursos consolidados presentados por Liz Archilla Betancourt y Glaxosmithkline Puerto Rico Inc. tras una sentencia sumaria parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La demandante, quien laboró para la empresa desde 1994, alega haber sido víctima de despido constructivo, discrimen por razón de sexo y represalias. Entre sus reclamos principales destaca una disparidad salarial injustificada en comparación con sus homólogos en Florida y un compañero varón en Puerto Rico, a pesar de realizar funciones similares. Archilla sostiene además que recibió una evaluación de desempeño deficiente basada en datos de ventas irreales, aun cuando la gerencia tenía conocimiento de que no se estaba capturando correctamente el volumen de ventas en la isla. El foro primario desestimó las reclamaciones por discrimen y represalias, pero se negó a desestimar la causa de acción por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. Ante esto, la apelante busca que se reinstalen los cargos desestimados, mientras que el patrono solicita la desestimación total de la querella. El Panel Especial consolidó ambos recursos para resolver de forma conjunta las controversias legales que emanan de los mismos hechos procesales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso presentado por Luis German Cacho Cordero y otros contra una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La controversia surge a raíz de un contrato de arrendamiento con opción de compraventa sobre una propiedad ubicada en el Viejo San Juan. El conflicto principal radica en la interpretación de la cláusula 16.4 del contrato, específicamente sobre si los vendedores se reservaron el derecho de no vender el inmueble al finalizar el término. Los apelados demandaron por cumplimiento específico de contrato y daños, alegando que los apelantes actuaron de mala fe y con dolo durante las negociaciones. Por su parte, los apelantes sostuvieron que no estaban obligados a otorgar la escritura de compraventa basándose en las reservas estipuladas en el acuerdo. Ambas partes solicitaron la resolución del caso mediante sentencia sumaria, presentando argumentos opuestos sobre la intención de las partes y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El tribunal de instancia acogió la solicitud de la parte demandante tras celebrar una vista argumentativa y analizar la prueba documental. Actualmente, el foro apelativo revisa la determinación para certificar si procede la revocación de la sentencia impugnada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia relacionada con una demanda por daños y perjuicios derivada de un accidente de tránsito fatal ocurrido el 8 de abril de 2021 en la carretera #22. El incidente involucró a un camión de la empresa Paradise Ice & Water Company, conducido por Dennys Claudio Adorno, quien presuntamente realizó una maniobra negligente al retroceder en la vía para cambiar su ruta tras recibir instrucciones de su supervisor. Como consecuencia de esta acción, el vehículo conducido por Javier Hernández Albino impactó la parte posterior del camión, lo que le ocasionó la muerte en el acto. Los familiares del fallecido y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado demandaron al conductor, a la empresa y a su aseguradora, solicitando compensación por daños y el reembolso de gastos incurridos. Por su parte, los demandados alegaron que el accidente fue provocado por la propia negligencia de la víctima al no estar atento a las condiciones del tránsito. Tras analizar el recurso de apelación presentado contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia, el foro apelativo determinó modificar la sentencia recurrida y, así modificada, confirmarla.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia que ordena a la empresa HVAC PR LLC pagar una indemnización de $9,224 a favor del ex-empleado Jorge Rivera Santiago por despido injustificado. El litigio comenzó tras una querella presentada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos bajo el amparo de la Ley 80 y el procedimiento sumario de la Ley 2. El demandante alegó haber trabajado para la compañía desde 2017 hasta 2022, cuando fue despedido sin recibir la compensación legal correspondiente. Por su parte, la empresa sostuvo que el despido fue justificado, argumentando que el empleado había abandonado su puesto tras ausentarse varios días. No obstante, durante el juicio se presentó evidencia documental, incluyendo certificados médicos y mensajes de texto, que demostraban que el trabajador se había reportado enfermo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el patrono no logró rebatir la presunción de despido injustificado, acogiendo una moción de *nonsuit* a favor del querellante. Tras evaluar el recurso de apelación, el foro revisor concluyó que no hubo error en la apreciación de la prueba ni en la aplicación del derecho por parte del tribunal de origen. Esta sentencia reafirma la obligación de la empresa de indemnizar al trabajador basándose en su tiempo de servicio y salario devengado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso presentado por NPOP LLC contra una sentencia que desestimó su demanda por falta de exposición de un remedio legal bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. La controversia se originó tras la compra de una propiedad en Ocean Park, San Juan, donde el comprador alegó la existencia de vicios ocultos y dolo contractual por parte del vendedor. Sin embargo, el expediente indica que el apelante contrató a un ingeniero que advirtió sobre grietas estructurales antes de formalizar la compraventa mediante escritura pública. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la acción estaba prescrita conforme al Código Civil y que el contrato incluía una cláusula de relevo de responsabilidad aceptada por las partes. NPOP LLC argumenta en su apelación que el foro primario abusó de su discreción al no reconocer las alegaciones de mala fe y al interpretar erróneamente las normas sobre vicios ocultos. El apelante sostiene además que la desestimación fue prematura, ya que existen causas de acción distintas que no debieron considerarse prescritas en esa etapa procesal. Este recurso busca la revocación de la sentencia para permitir que el caso continúe su curso ordinario en los tribunales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una Sentencia Parcial que desestimó con perjuicio una demanda contra tercero instada por Gabriel Lugo Hernández contra la corporación Western Optical Outlet, Inc. El litigio se originó en el contexto de la liquidación de la comunidad de bienes post ganancial tras el divorcio entre el apelante y Liza Mercedes Colón Bengoa. El señor Lugo Hernández alegó que su exesposa utilizó la referida corporación como un "alter ego" para desviar fondos gananciales hacia cuentas corporativas y cubrir gastos personales. Su pretensión principal era descorrer el velo corporativo para incluir los activos de la empresa en el inventario de bienes gananciales a ser liquidados. Por su parte, Western Optical argumentó que es una entidad con personalidad jurídica propia y que sus acciones son de carácter privativo por haber sido incorporada antes del matrimonio. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la corporación debido a la insuficiencia de prueba presentada por el apelante para sustentar sus alegaciones generales. El foro apelativo determinó que el apelante no logró demostrar con datos específicos el supuesto esquema de descapitalización o desvío de fondos durante el proceso de descubrimiento de prueba. Al no existir evidencia que justificara la intervención con la figura jurídica de la corporación, se ratificó la desestimación de la causa de acción en su contra.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso de apelación presentado por Marifé Sámara Marcano Schall y Lizette Segarra Pizarro contra una sentencia que desestimó su demanda sucesoral. El Tribunal de Primera Instancia fundamentó la desestimación en la falta de inclusión de la Iglesia Evangélica Unida de Roosevelt como parte indispensable, dado que esta es legataria de $10,000 según el testamento de la causante, Sara Mercado Romero. La controversia se originó cuando las apelantes reclamaron el cobro de sus legados y alegaron que la albacea, Irma Dolores Montañez Díaz, incumplió con la distribución de los bienes en el plazo de cuatro años dispuesto en el testamento. En su demanda original, las recurrentes solicitaron la remoción de la albacea actual y la designación de Lizette Segarra Pizarro para ejecutar el pago de los legados pendientes. El foro apelativo dio por perfeccionado el recurso tras el transcurso de los términos procesales y la falta de oposición efectiva de la parte apelada en esta etapa. El documento detalla la distribución porcentual de la herencia y los trámites procesales que llevaron a la desestimación por la omisión de la institución religiosa en el litigio. Esta sentencia busca determinar si procede la revocación del dictamen de desestimación para permitir la continuación de la causa de acción civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado una demanda presentada por el confinado Roberto Quiñones Rivera contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El apelante impugnó la constitucionalidad del Manual de Normas y Procedimientos de Servicios Bibliotecarios, específicamente el inciso que limita el uso de computadoras para trabajo legal a treinta minutos diarios. Quiñones Rivera sostuvo que esta restricción, sumada a la prohibición de fotocopiar o imprimir información legal en la Institución 501 de Bayamón, vulnera el derecho constitucional de los confinados al acceso efectivo y adecuado a los tribunales. El foro primario había declarado "No Ha Lugar" la demanda basándose erróneamente en que una sentencia previa de 2022 constituía la "ley del caso". No obstante, el apelante argumentó que en el proceso anterior no se había planteado ni resuelto la inconstitucionalidad del reglamento en cuestión. Tras analizar los méritos del recurso y el historial procesal, el panel judicial determinó que procedía revocar el archivo del caso para que se atiendan los reclamos de fondo presentados por el apelante.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una Sentencia Parcial que desestimó con perjuicio una demanda por daños y perjuicios, abuso de derecho y persecución maliciosa presentada por Omar Safar Halabi contra Rubén Sergio Solanot Quiroga. El litigio se originó a raíz de una serie de conflictos legales previos entre vecinos, incluyendo pleitos civiles por cuotas de mantenimiento y procesos penales relacionados con órdenes de protección. El apelante alegó que fue víctima de un patrón de persecución maliciosa tras ser arrestado por una supuesta violación a una orden de protección, caso en el cual el apelado testificó como testigo del Estado. Por su parte, el señor Solanot Quiroga sostuvo que no instigó activamente el proceso criminal y que su única acción civil directa fue una solicitud de orden de protección de la cual desistió voluntariamente. El foro de primera instancia determinó que los hechos bien alegados en la demanda no eran suficientes para configurar los elementos de una causa de acción por persecución maliciosa contra el apelado. Finalmente, el tribunal apelativo validó dicho razonamiento, concluyendo que no existía base jurídica para revocar la desestimación de la reclamación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia confirmando el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda contra el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). El demandante, Alexander Despiau Batista, alegó que la institución financiera fue responsable de los daños sufridos por vicios de construcción en su vivienda al desembolsar fondos del préstamo a pesar de supuestos incumplimientos en la obra. La reclamación se fundamentaba en que el banco, a través de su inspector, conocía o debía conocer que la edificación no cumplía con los planos y permisos establecidos. Aunque el foro apelativo había revocado una desestimación previa en 2019 para permitir un mayor descubrimiento de prueba, el caso regresó tras una nueva determinación del tribunal de instancia a favor del banco. Tras evaluar los hechos y la demanda enmendada de 2022, el panel judicial determinó que no procedía la responsabilidad solidaria ni el incumplimiento contractual imputado a la institución financiera. En consecuencia, se validó la Sentencia Parcial que declaró "Ha Lugar" la solicitud de desestimación sumaria de BPPR y "No Ha Lugar" la moción de sentencia sumaria presentada por el apelante.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 30 de mayo de 2025, resuelve un recurso de Certiorari presentado por Gladimar Ortiz Aponte contra Josué Rodríguez Ortiz. El caso original, procedente del Tribunal de Primera Instancia, versaba sobre la división de bienes entre las partes. La peticionaria impugnó una Resolución del TPI de marzo de 2025, que denegó su moción de reconsideración y clarificó que los honorarios de abogado otorgados representaban el 15% solo de los bienes adjudicados a ella. Previamente, el TPI había impuesto costas y honorarios de abogado a la parte perdidosa, cuantificando en $39,500.00 los honorarios a pagar por Ortiz Aponte. La peticionaria cuestionaba la cuantificación de costas y la imposición de honorarios por temeridad. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó expedir el recurso y Revocar el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución denegando un auto de certiorari presentado por Pedro Rivera Durán, Versatech, Inc., Versatech Products, Inc., Prime Development Corporation y Tu Farmacia Móvil Corp. Los peticionarios buscaban revocar una resolución previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, fechada el 28 de marzo de 2025. El caso subyacente se originó con una demanda presentada por Carlos E. Colón Burgos y Xiomara S. Rivera Rodríguez, quienes alegaron ser codueños de las corporaciones mencionadas. Los recurridos solicitaron una sentencia declaratoria de co-propiedad, la liquidación y disolución de las empresas comunes, y una compensación de $3,000,000 por daños contractuales, violación de la buena fe y daños extracontractuales. Previamente, los peticionarios habían solicitado una sentencia sumaria para desestimar las reclamaciones de los recurridos y declarar con lugar sus reconvenciones. El Tribunal de Primera Instancia había establecido hechos incontrovertidos sobre la incorporación y roles de los directores en Versatech y Versatech Products, donde Colón Burgos y Rivera Durán figuraban como directores y oficiales. Sin embargo, en Prime Development, Rivera Durán fue designado como el único director y oficial, lo que subraya la disputa sobre la estructura de propiedad y gestión de estas empresas. La decisión del Tribunal de Apelaciones de denegar el certiorari mantiene la resolución del tribunal inferior.

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Francheska Rodríguez Guzmán apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, que la declaró culpable de agresión bajo el Artículo 108 del Código Penal y le impuso una multa de $400.00. La apelante buscaba la revocación de esta condena. Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que el Ministerio Público no había revelado un escrito preparado por una testigo de cargo, a pesar de una solicitud previa de descubrimiento de prueba. El foro primario ordenó al Ministerio Público entregar el documento en cuestión, lo cual se realizó. Posteriormente, la defensa solicitó la eliminación del testimonio de dicha testigo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente y el derecho aplicable, confirmó la sentencia apelada. Así, se ratifica la condena por agresión y la multa impuesta a la señora Rodríguez Guzmán.

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La presente Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega la expedición de un recurso de certiorari presentado por Willer Vélez Quiñones y Melanie F. López Torres. Los peticionarios buscaban la revisión de una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce, notificada el 24 de noviembre de 2024, que declaró No Ha Lugar su solicitud de relevo de sentencia. El caso original se inició en febrero de 2023, cuando la Asociación de Residentes de Urbanización Vista Real de Yauco, Inc. demandó a los peticionarios por interdicto y sentencia declaratoria. La Asociación alegó que los demandados incumplieron las condiciones restrictivas de la urbanización (Escritura Núm. 130) al construir una residencia sin la aprobación del Comité Arquitectónico y que no se ajustaba a los diseños preestablecidos. El TPI falló a favor de la Asociación en agosto de 2023, declarando válidas las condiciones restrictivas y ordenando el cese de la construcción no conforme. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en junio de 2024. Posteriormente, la Asociación solicitó una orden de demolición ante el TPI. La denegación de la solicitud de relevo de sentencia por parte del TPI es lo que motivó el presente recurso de certiorari, el cual es finalmente denegado por este foro intermedio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN202500357, que involucra a Espacio Residential LLC como apelado y Francisco Garced Malavé como apelante. El recurso de apelación, presentado por el señor Garced Malavé, busca revocar una Sentencia sumaria dictada el 25 de febrero de 2025 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Dicha sentencia declaró ha lugar la solicitud de Espacio Residential LLC en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, iniciado originalmente en 2014 por Doral Recovery II, LLC. Previo a cualquier otra consideración, el Tribunal de Apelaciones examinará su jurisdicción sobre el asunto. El apelante alega tres errores principales: la admisión de una tabla de amortización no juramentada ni certificada, la emisión de la sentencia basada en dicha tabla tras más de doce años de litigio, y la omisión de requerir prueba documental auténtica y continua de la cadena de cesiones del pagaré. El proceso judicial ha incluido múltiples intentos de mediación y trámites de descubrimiento de prueba a lo largo de los años.

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El Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda de cobro de dinero contra los herederos de Manuel Barrio Viel. El BPPR buscaba cobrar una deuda originada por tarjetas de crédito y un incumplimiento de pago estipulado en un acuerdo de 2012, aprobado en el caso civil JCD2011-1252. Los herederos, Manuel Barrio Huertas y Lourdes Barrio, alegaron que el BPPR conocía del fallecimiento del deudor desde 2014, no solicitó la sustitución de partes en el pleito original ni la ejecución de la sentencia existente. Argumentaron que la disputa debía tramitarse en el caso JCD2011-1252, donde ya existía una sentencia final y firme. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta postura, desestimando la nueva demanda del BPPR y ordenando que todo trámite se realizara en el pleito original. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, revocó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó la participación de Alfredo Rolón Narváez en el Programa de Pre-Reinserción a la Libre Comunidad (Programa REDES). Rolón Narváez, un confinado, solicitó la revisión judicial de esta determinación, emitida el 10 de enero de 2025, la cual lo clasificó como "no favorable" para el programa. La denegatoria se fundamentó en la necesidad de observar sus ajustes por un año adicional y la imposibilidad de localizar a una víctima para entrevista, sumado a la oposición de otra víctima por su condena por asesinato en primer grado. El recurrente alegó que el Departamento erró al basar su decisión en estas razones. El Departamento de Corrección, representado por el Procurador General, solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción o, en su defecto, la confirmación de la decisión. El Tribunal aceptó la comparecencia del recurrente a pesar de no haber incluido los aranceles o una solicitud de litigar in forma pauperis, dada su condición de confinado. Finalmente, el panel de jueces resolvió confirmar la determinación administrativa impugnada.

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La sentencia aborda una apelación sobre la validez de un testamento, originada en una disputa sucesoria tras el fallecimiento del Sr. Juan Ruiz Valentin. La controversia principal gira en torno a dos testamentos otorgados por el causante: un "Primer Testamento" en mayo de 2019 y un "Segundo Testamento" en septiembre de 2022, el cual expresamente revocaba el anterior. Los demandantes iniciaron la acción solicitando la nulidad del "Segundo Testamento" por incumplimiento de requisitos legales. La viuda, aunque admitió la nulidad del segundo testamento, reconvino para que se declarara válido y eficaz el "Primer Testamento". El Tribunal de Primera Instancia ("TPI") declaró nulo el "Segundo Testamento". La cuestión jurídica central se centró en si, al ser nulo el testamento revocatorio, el "Primer Testamento" recuperaba su validez, a pesar de la intención expresa de revocación contenida en el documento nulo. Los demandantes argumentaron que no, al no haber una manifestación explícita del causante para que el primer testamento subsistiera. El TPI concluyó que el "Primer Testamento" era válido. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada, ratificando la validez del "Primer Testamento" ante la indisputada nulidad del testamento posterior y la ausencia de otras controversias sobre su eficacia.

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El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el recurso de Certiorari presentado por el Municipio de San Germán. El Municipio buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" su petición de sentencia sumaria. La controversia original se centra en una demanda interpuesta por el Municipio contra ALR Construction, LLC y United Surety and Indemnity Company (USIC) por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. El Municipio alegó que ALR no ejecutó la remodelación de la Escuela Rafael García Cabrera, un proyecto valorado en $2,690,000.00, y que USIC, como fiador, no cumplió con sus obligaciones. Tras re-adjudicar el proyecto a otra empresa por un costo mayor, el Municipio reclamó $1,181,089.29 en daños. ALR y USIC se opusieron a la sentencia sumaria, argumentando la existencia de hechos materiales en controversia, como errores de diseño, la validez de la fianza y el cumplimiento de las obligaciones. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían controversias de hechos que impedían dictar sentencia sumaria, decisión que el Tribunal de Apelaciones confirmó al denegar el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia confirmando la desestimación de una reclamación civil contra el Municipio Autónomo de Humacao. Walter García Sánchez y Keyla Nazario Delgado apelaron una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La reclamación original de García Sánchez, empleado municipal, buscaba indemnización por daños sufridos en un accidente laboral el 11 de enero de 2023, que le causó la pérdida de visión en un ojo por falta de equipo de protección. El Municipio solicitó la desestimación alegando que García Sánchez incumplió con el requisito jurisdiccional del Artículo 1.051 del Código Municipal. Dicho artículo exige notificar por escrito al Alcalde dentro de los noventa días siguientes al conocimiento de los daños. García Sánchez argumentó que la presentación de querellas interrumpió el término prescriptivo y que su incapacidad física lo eximía de la notificación. Sin embargo, el foro primario concedió la desestimación al determinar que no se cumplió con la notificación requerida. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones confirma una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó una demanda de cobro de dinero. Tania M. Ortiz Menéndez demandó a la Sucesión de Victoria Valentín De Jesús para recuperar \$6,751.18, correspondientes a pagos de contribuciones al CRIM que la Sra. Ortiz Menéndez realizó sobre un inmueble de la causante. La Sra. Valentín De Jesús falleció en 2011, y los pagos se efectuaron en 2024. Inicialmente, el foro primario declaró con lugar la demanda en rebeldía, pero luego reconsideró su dictamen. La sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda. El foro primario argumentó que, según el Artículo 1120 del Código Civil, un tercero que paga sin el consentimiento del deudor debe probar que el pago fue de buena fe y útil al deudor. Concluyó que la Sra. Ortiz Menéndez no satisfizo el requisito de utilidad, dado que la deudora había fallecido años antes del pago. La apelante presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada, y luego recurrió al Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la conclusión del foro primario sobre la falta de prueba de utilidad. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones ratifica la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones, mediante resolución del 30 de mayo de 2025, denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por IBD Energy LLC. La parte peticionaria buscaba revocar una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón, que había rechazado su solicitud para dejar sin efecto una anotación de rebeldía. La demanda original, presentada por Delos Development, LLC y otros, versaba sobre daños y perjuicios, incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto. IBD Energy LLC fue emplazada en agosto de 2022, y la rebeldía se anotó en septiembre de 2022 al no presentar una alegación responsiva. En agosto de 2023, IBD solicitó el levantamiento de la rebeldía, alegando defensas meritorias y falta de conocimiento de la demanda hasta una búsqueda reciente en SUMAC, debido a la renuncia de su agente residente. La parte recurrida se opuso, argumentando que IBD fue debidamente emplazada, su agente residente le remitió la demanda y el emplazamiento por correo certificado con acuse de recibo firmado por IBD en agosto de 2022. Además, se había enviado una carta de intención de demanda previamente a IBD y a sus abogados. El TPI denegó el levantamiento de la rebeldía en noviembre de 2024, al considerar que IBD no demostró causa justificada para su incomparecencia durante dos años. Tras la denegación de una reconsideración por el TPI, IBD acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual, tras evaluar el expediente, confirmó la decisión del TPI al denegar el auto de certiorari.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda una controversia sobre la pensión alimentaria de menores. Zaidse Díaz Navarro solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la inclusión de los gastos de cafetería escolar como parte de la pensión alimentaria suplementaria. Tras el divorcio en 2019, se estableció una pensión de $3,000 mensuales que cubría diversos gastos, incluyendo educación. Posteriormente, la Sra. Díaz Navarro pidió un aumento y argumentó que los costos de cafetería ($575 y $625 semestrales por menor) eran gastos suplementarios relacionados con la educación. El foro primario inicialmente ordenó su inclusión, pero luego reconsideró su decisión. En su resolución final, el Tribunal de Primera Instancia determinó que los gastos de cafetería estaban contemplados en la pensión básica y no constituían un gasto suplementario adicional. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso de Certiorari, confirmó el dictamen recurrido, ratificando que los gastos de cafetería escolar no deben ser incluidos como una partida suplementaria en el cómputo de la pensión alimentaria.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una apelación presentada por Elvis Martínez Evangelista y María Betancourt contra FirstBank Puerto Rico, relacionada con una demanda por daños y perjuicios y abuso del derecho. Los apelantes demandaron a FirstBank alegando que el banco actuó negligentemente y abusó de su derecho al iniciar un pleito de ejecución hipotecaria basado en un pagaré expirado hace más de 24 años, el cual FirstBank posteriormente desistió voluntariamente con perjuicio. Sostuvieron que la acción del banco fue frívola, maliciosa y les causó daños emocionales y económicos, solicitando una indemnización de $300,000. FirstBank, por su parte, solicitó la desestimación de la demanda de daños, argumentando que el ordenamiento jurídico solo permite la imposición de costas y honorarios de abogado en tales casos, no una acción civil independiente, y que ellos creían tener una causa de acción al momento de radicar el pleito original. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, tras analizar los fundamentos, revoca la sentencia apelada del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución en el caso KLCE202500454, denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por First Bank Puerto Rico. La entidad bancaria buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria. Dicha solicitud se presentó en el marco de una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios incoada por José William Lamboy Lamboy y su esposa. Los demandantes alegaron que, tras refinanciar una hipoteca en 2003 con Santander Mortgage (cuyo pagaré es ahora supuestamente de First Bank), la hipoteca original de 2001 no fue cancelada. Esta omisión impidió la venta de su propiedad en 2020, atribuyendo el incumplimiento contractual y la negligencia a First Bank. Por su parte, First Bank negó las alegaciones, sosteniendo que la obligación de cancelar el gravamen de 2001 recaía en la parte recurrida según la escritura de 2003. La Resolución del Tribunal de Apelaciones, por tanto, mantiene la decisión del foro primario de no conceder la sentencia sumaria a First Bank, permitiendo que el caso continúe su curso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por William Rivera y otros titulares del Condominio Playamar contra el Consejo de Titulares del mismo condominio. Los recurrentes solicitaban la revocación de una resolución sumaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que había desestimado su querella. La querella impugnaba la aprobación de una enmienda al Reglamento del Condominio que prohíbe los arrendamientos a corto plazo e impone multas por su incumplimiento. Previamente, el Tribunal había ordenado la paralización de los efectos de la resolución del DACO mientras se tramitaba el recurso. Tras analizar los argumentos de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido del DACO. Esta decisión ratifica la facultad del Consejo de Titulares para enmendar el Reglamento y prohibir los alquileres a corto plazo. Cabe destacar que este mismo foro ya había confirmado en un caso anterior la potestad del Consejo de Titulares para establecer dicha prohibición. En consecuencia, se deja sin efecto la orden de paralización emitida previamente por este Tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de Víctor Torres Hau contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El señor Torres Hau apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del 9 de enero de 2025, que declaró ha lugar la Moción de Desestimación del DCR y no ha lugar su Demanda de Mandamus. El apelante, quien padece de condiciones de salud severas como paraplejia, había sido egresado del Complejo Correccional bajo el programa de Pase Extendido por Condición de Salud desde 2018. En mayo de 2024, el DCR lo reingresó al Centro Médico Correccional, alegando que sus condiciones podían ser atendidas internamente y que su caso sería reevaluado. El señor Torres Hau, argumentando que su condición se había agravado y que no se le garantizó el debido proceso de ley al dejar sin efecto su privilegio, solicitó su reingreso al programa de Pase Extendido. Ante la negativa, interpuso una Demanda de Mandamus en octubre de 2024. El DCR solicitó la desestimación, aduciendo la inexistencia de un deber ministerial incumplido y la disponibilidad de un remedio adecuado. La apelación busca la revisión de la decisión del TPI de desestimar la demanda de Mandamus, centrada en si el DCR incumplió con el procedimiento administrativo para la revocación del pase por condición de salud.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 30 de mayo de 2025, revoca una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso de acción reivindicatoria y daños y perjuicios. Los apelantes, Edgar Antonio Rodríguez Ocasio y su sociedad legal de gananciales, habían demandado a Benito Soto Rodríguez y otros, alegando que los apelados invadieron su propiedad con construcciones y utilidades tras una compraventa de terreno en 2017. Los apelantes buscaban la demolición de las estructuras invasoras y compensación por daños, mientras que los apelados negaron la invasión y presentaron una reconvención por acoso. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por la falta de inclusión de una parte indispensable: el hijo menor de edad de una codemandada, quien era donatario de la propiedad en cuestión. El Tribunal de Apelaciones determinó que la desestimación fue errónea. Por consiguiente, revocó la sentencia apelada y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia de Caguas para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Jesús Manuel Rodríguez Rosario. El peticionario busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que lo mantiene de forma vitalicia en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales. Rodríguez Rosario fue convicto en el año 2000 por tentativa de violación y actos lascivos contra una menor, cumpliendo su sentencia suspendida en 2010. En 2024, solicitó su exclusión del registro, argumentando que habían transcurrido más de 23 años, basándose en leyes anteriores que establecían un período de 10 años. El Ministerio Público se opuso, señalando que la Ley Núm. 266 de 2004 modificó el inicio del término a la fecha de cumplimiento de la sentencia, y que la Ley Núm. 243 de 2011, anterior a su elegibilidad para exclusión, lo clasificó como Ofensor Tipo III, lo que implica permanencia vitalicia. El Ministerio Público sostuvo que esta ley es una medida de protección social y no punitiva, por lo que no aplica la garantía constitucional contra leyes *ex post facto*. El Tribunal de Primera Instancia confirmó la inclusión vitalicia, lo que llevó a Rodríguez Rosario a apelar, alegando una violación de sus derechos constitucionales. El Tribunal de Apelaciones ha expedido y confirmado el recurso de certiorari para revisar estos planteamientos.

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El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró nulos un testamento abierto y un poder duradero. La apelante, Sra. Rosa G. Báez González, había solicitado la revocación de dicho dictamen. El litigio se originó con una demanda de la Sucesión de Eligio Pérez De Jesús, hijos biológicos del cónyuge de Paula Mercedes Marzant Soto, quienes impugnaron dos escrituras públicas otorgadas por la Sra. Marzant Soto a favor de la Sra. Báez González. Estas escrituras incluían un poder duradero del 29 de septiembre de 2021 y un testamento abierto del 8 de noviembre de 2021, que instituía a la Sra. Báez González como heredera universal. La Sucesión alegó que la Sra. Marzant Soto carecía de capacidad, discernimiento y voluntariedad al momento de otorgar estos documentos, mientras que la Sra. Báez González defendió la plena capacidad de la testadora. El foro primario concedió una sentencia sumaria declarando la nulidad de los instrumentos, decisión que el Tribunal de Apelaciones ahora ratifica.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoce un recurso de revisión administrativa presentado por los confinados Pablo Estévez González y Juan J. Rosado Méndez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Los recurrentes impugnan la extensión de la suspensión de privilegios impuesta bajo la Regla 9 del Reglamento Núm. 9221, que rige el procedimiento disciplinario de la población correccional. Argumentan que la restricción de privilegios no afecta la seguridad institucional y perjudica la implementación de su Plan Institucional. Inicialmente, el 24 de marzo de 2025, el Superintendente de la Institución Bayamón 501 suspendió privilegios como recreación, visitas y acceso a la comisaría a los confinados de la Unidad de Vivienda I-C por una muerte sospechosa y contrabando. Posteriormente, el 31 de marzo de 2025, un Oficial Examinador aprobó una extensión de dicha suspensión por sesenta días, efectiva hasta el 30 de mayo de 2025, motivada por el hallazgo de teléfonos celulares y sustancias controladas. Los recurrentes alegan que la Administración de Corrección incurrió en errores al aplicar la Regla 9 sin el debido proceso de ley y al emitir una resolución defectuosa. La Regla 9 permite al Superintendente suspender privilegios por un máximo de diez días por seguridad institucional, prohibiendo expresamente la extensión de dicho término y su uso como medida disciplinaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de certiorari presentado por FirstBank Puerto Rico contra René Adalberto Padilla Maiz, Lourdes Enit De Jesús Morales y su sociedad legal de gananciales. FirstBank solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de sentencia sumaria en una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La institución bancaria alegó que el matrimonio Padilla-De Jesús incumplió con los términos de un pagaré hipotecario y la hipoteca que lo garantiza, al dejar de pagar las mensualidades desde febrero de 2018, adeudando más de $320,000. Por su parte, el matrimonio recurrido se defendió alegando mala fe, dolo y engaño por parte de FirstBank. Argumentaron que el banco obstaculizó y denegó repetidamente sus solicitudes de mitigación de pérdidas, incluyendo una dación en pago, a pesar de sus esfuerzos activos tras mudarse por razones médicas. El matrimonio Padilla-De Jesús también presentó una reconvención reclamando daños y perjuicios por los actos del banco. Tras revisar el caso, el Panel Especial del Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó el pronunciamiento impugnado del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en respuesta a una apelación presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La apelación busca revocar una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Popular Auto, LLC. El caso se centra en la impugnación de la confiscación de un vehículo Nissan Máxima, ocupado por la Policía de Puerto Rico tras ser utilizado en una actividad que infringía el Artículo 215 del Código Penal (falsificación de documentos). Popular Auto, como acreedor hipotecario del vehículo, demandó la nulidad de la confiscación, alegando ser un "tercero inocente" que no consintió el uso ilícito del automóvil. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta solicitud, declarando nula la confiscación y ordenando la devolución del vehículo. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, revoca la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de revisión presentado por Ralph Nieves Castro contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Nieves Castro había solicitado participar en el Programa de Pre-Reinserción a la libre comunidad, pero su petición fue denegada inicialmente. Tras solicitar una reconsideración, el Departamento de Corrección y Rehabilitación aceptó la solicitud e informó que el caso sería reevaluado. A pesar de este proceso administrativo en curso, el recurrente presentó un recurso ante el Tribunal, solicitando la revisión directa de la denegatoria original. El Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso, ya que su autoridad se limita a revisar decisiones administrativas finales. Se enfatizó que un recurso es prematuro cuando se presenta antes de que el proceso administrativo haya culminado y no exista una determinación final. Dado que el Departamento de Corrección y Rehabilitación estaba reevaluando el caso, la controversia aún no había finalizado a nivel de la agencia. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso al determinar que no había una decisión final susceptible de revisión judicial en ese momento.

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PR Recovery and Development; REO, LLC y Recovery and Development, JV, LLC ("PR Recovery") interpusieron un Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Los Peticionarios solicitaron la revocación de una Orden Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 30 de abril de 2025. Dicha orden instruía a PR Recovery a entregar información sobre la cartera de préstamos objeto de una controversia legal y a coordinar el acceso a esta para el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico ("Banco"). El Banco había presentado una demanda enmendada en 2020, buscando la nulidad de la venta de dicha cartera de préstamos a PR Recovery. En el contexto de conversaciones transaccionales, el Banco solicitó la inspección de documentos para evaluar una oferta de PR Recovery y formular una contraoferta, argumentando la necesidad de su nueva Junta de Directores de conocer el estado actual de los préstamos. PR Recovery se opuso, alegando que la solicitud implicaba compilar información de más de once mil préstamos, era confidencial y no ayudaría a la transacción. Tras una vista, el foro primario emitió la orden impugnada, exigiendo la entrega de la información sobre el estatus o comportamiento de la cartera de préstamos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó el recurso de certiorari presentado por PR Recovery.

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El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación de una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. La acción fue presentada por Félix X. Rodríguez Aponte, un corredor de bienes raíces, contra Verde Real Development, LLC y varios asociados. El Realtor reclamaba una comisión por la venta de un proyecto residencial al gobierno en 2023, alegando un contrato de corretaje de 2015. Sin embargo, el Desarrollador había notificado la cancelación de dicho contrato en febrero de 2020. El Desarrollador solicitó la desestimación argumentando la nulidad del contrato por carecer de una fecha de vencimiento específica, requisito indispensable bajo la Ley 10-1994 de corretaje de bienes raíces, y que el Realtor no participó en la venta. Por su parte, los Asociados, personas ligadas al desarrollo del proyecto, también pidieron la desestimación, alegando que cualquier reclamación en su contra por supuestas intervenciones negligentes entre 2015 y 2020 estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró. Determinó que no existía una causa de acción viable contra el Desarrollador por la venta de 2023, dado que el contrato había sido terminado en 2020. Asimismo, dictaminó que no se alegaron acciones u omisiones pertinentes por parte de los Asociados, con quienes el demandante no tenía contrato, durante el año previo a la presentación de la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel Especial, emitió una sentencia el 30 de mayo de 2025, confirmando la condena de Daniel Vélez Vélez. El señor Vélez Vélez había apelado la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, del 5 de febrero de 2024. Mediante juicio por jurado, fue hallado culpable de infringir los Artículos 3.3 (maltrato mediante amenaza) y 3.5 (agresión sexual conyugal y tentativa) de la Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica. Adicionalmente, se le encontró culpable de dos cargos del Artículo 6.05 (portación de armas sin licencia) y un cargo del Artículo 6.14(b) (disparar o apuntar armas de fuego) de la Ley de Armas de Puerto Rico. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021 y mayo de 2022, involucrando a su pareja consensual, la Sra. Yazmin Enid Rivera Alequín. La prueba de cargo incluyó testimonios de agentes y de la víctima, quien relató que el apelante la confrontó en su apartamento, le exigió intimidad y apareció con un arma de fuego. La apelación fue desestimada, ratificándose la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un recurso de apelación relacionado con una demanda de impugnación y nulidad de testamento. Los apelantes, Inocencia Casiano Díaz y otros, buscaban la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La demanda original alegaba que la testadora, la Sra. Silvia Casiano Díaz, carecía de capacidad mental al otorgar su testamento abierto. Esta era la segunda ocasión en que los demandantes presentaban esta causa de acción, habiendo sido desestimada la primera por problemas de emplazamiento y falta de partes indispensables. El foro primario desestimó la demanda con perjuicio y les impuso honorarios de abogado por temeridad a los demandantes. Esta decisión se fundamentó en la nulidad de los emplazamientos por edicto a dos codemandados y la consecuente falta de diligenciamiento, lo que resultó en la ausencia de partes indispensables en el litigio. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago de costas y honorarios de abogado por $500 a favor de Heysha Figueroa Meléndez y $500 a favor de Juan Evangelista Casiano Díaz. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la Sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 30 de mayo de 2025, resolviendo una solicitud de revisión presentada por Professional Truck Parts, Inc. (PTP). PTP impugnaba una determinación de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Mayagüez que adjudicó la Subasta Número 2025-013 (Mantenimiento y Reparación de Flota Vehicular) a Global Mechanics Services, Inc. PTP alegó que el licitador agraciado debió ser descalificado y que la notificación de la determinación final fue irregular. No obstante, el Municipio Autónomo de Mayagüez solicitó la desestimación del recurso por academicidad. Informó que la Junta de Subastas dejó sin efecto la determinación recurrida y procederá a evaluar las ofertas nuevamente. Ante esta nueva circunstancia, el Tribunal de Apelaciones adelanta la desestimación del recurso. La controversia se tornó académica, ya que los eventos posteriores eliminaron la disputa viva y presente, haciendo innecesario que el tribunal se pronuncie sobre los méritos originales. Por lo tanto, el tribunal carece de jurisdicción para intervenir en un asunto que ya no constituye una controversia genuina.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revocó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegaba la desestimación de una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. La acción fue presentada por el corredor de bienes raíces Félix X. Rodríguez Aponte contra Verde Real Development, LLC y varias personas asociadas al proyecto. El tribunal apelativo concluyó que el TPI erró al no desestimar la demanda. Respecto al desarrollador, se determinó que no existía una causa de acción viable por la venta del proyecto en 2023, ya que el contrato de corretaje, aunque presumiblemente válido, fue terminado en 2020. El desarrollador había alegado la nulidad del contrato por carecer de una fecha de vencimiento específica, requisito indispensable bajo la Ley 10-1994. En cuanto a los asociados, el tribunal encontró que no se alegó ninguna acción u omisión relevante por su parte durante el año previo a la presentación de la demanda. Los asociados habían solicitado la desestimación por prescripción extintiva, dado que los actos imputados ocurrieron entre 2015 y 2020, y la demanda se radicó en febrero de 2024, fuera del plazo de un año. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones ordenó la desestimación de la demanda contra todos los demandados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución el 30 de mayo de 2025, denegando la expedición de un recurso de certiorari solicitado por Universal Insurance Company. La aseguradora buscaba la revisión de una resolución previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que había rechazado su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Wanda Font Serrano y otros contra Estancia LLC, Helen Marleen Santos Rivera y Universal Insurance Company, entre otros. Los demandantes alegan que la señora Font Serrano, residente del Hogar Estancia, sufrió una caída el 10 de enero de 2023 debido a la negligencia de una empleada del hogar, quien supuestamente le indicó levantarse en un cuarto oscuro y húmedo sin asistencia adecuada. Universal Insurance Company argumentó en su solicitud de sentencia sumaria que los daños reclamados estaban excluidos de la cubierta de su póliza. Específicamente, citó los endosos "Exclusión - Designated Professional Services" y "Exclusión - Patient Injury", que excluyen reclamaciones por servicios profesionales y lesiones a pacientes en la institución asegurada. La aseguradora también se apoyó en jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que clasifica la supervisión y atención en hogares de envejecientes como servicios profesionales. Al denegar el certiorari, el Tribunal de Apelaciones mantiene la decisión del foro primario de no desestimar la reclamación contra Universal Insurance Company en esta etapa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLCE202500494, donde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. La recurrida, Evangelista Ríos Excia, presentó en 2012 una demanda de impugnación de confiscación de su vehículo, alegando notificación tardía de la tasación. En 2014, el TPI falló a su favor, ordenando la devolución del vehículo o el pago de su valor tasado más intereses. Tras varias mociones de ejecución de sentencia, el Estado argumentó en 2024 que la recurrida debía presentar un "proof of claim" bajo la Ley PROMESA para que el TPI tuviera jurisdicción. La recurrida sostuvo que PROMESA no aplicaba al caso, dado que la sentencia era anterior a su vigencia. El 6 de marzo de 2025, el TPI emitió una Resolución ordenando al Estado cumplir con la sentencia original, levantando una paralización. Inconforme, el Estado recurrió en Certiorari, alegando que el TPI erró al permitir la continuación de los procedimientos sin el "proof of claim" requerido, careciendo de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones procede a expedir el auto solicitado y revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en un caso de incumplimiento de contrato. La apelación fue presentada por Triple-S Salud, Inc., buscando revocar la decisión que la condenaba al pago de $98,317.06 y $20,000.00 en honorarios de abogado por temeridad a Mayra S. Grana Raffucci, Rubén Rivera Carrión y su sociedad legal de gananciales. La demanda original, incoada en mayo de 2021, alegaba que Triple-S se negó a cubrir los gastos médicos de Grana Raffucci, quien recibió tratamiento para un cáncer en el Tampa General Hospital de Florida en 2019. A pesar de presentar su tarjeta de plan médico, Triple-S rechazó el pago, forzando a los apelados a cubrir los servicios y posteriormente solicitar un reembolso. Triple-S argumentó que la asegurada incumplió con el requisito de precertificación previa para servicios no emergentes recibidos en Estados Unidos, lo que, a su juicio, invalidaba la reclamación de reembolso. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia había denegado una moción de desestimación de Triple-S, encontrando una causa de acción plausible. El Tribunal de Apelaciones, al confirmar el dictamen apelado, ratifica la responsabilidad de Triple-S por el incumplimiento contractual.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una sentencia en el caso de Rosa Villafañe Vivo contra Sea Cave Food Corp. y otros, abordando una apelación por despido injustificado, discrimen y represalias. La apelante solicitó la revocación de una resolución interlocutoria y una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que desestimaron su demanda contra Sea Cave y sus causas de acción por discrimen y represalias. Villafañe Vivo, exesposa del presidente de Sea Cave, alegó haber sido víctima de hostigamiento y despido discriminatorio y por represalias tras su divorcio, buscando una compensación sustancial. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado las alegaciones de discrimen y represalias contra Sea Cave, aunque inicialmente denegó la desestimación contra el presidente de la compañía. Tras varios trámites procesales, incluyendo mociones de reconsideración y un recurso de certiorari previo, la apelante recurrió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones. Este tribunal, al revisar el caso, confirma los dictámenes apelados del foro primario. En consecuencia, se mantiene la desestimación de las causas de acción por discrimen y represalias presentadas por Villafañe Vivo contra Sea Cave Food Corp.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitió una Sentencia el 30 de mayo de 2025, en el caso KLAN202500343. Este proceso judicial se originó como una apelación presentada por Wilson Vázquez Díaz, la parte apelante, contra Morovis Community Health Center Inc. y otros, la parte apelada. La apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, y versaba sobre un despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, entre otras reclamaciones. El 29 de mayo de 2025, el apelante presentó una solicitud de desistimiento de su apelación. El Tribunal de Apelaciones declaró Con Lugar dicha solicitud, conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento. Como resultado de esta decisión, se ordenó el archivo definitivo de la causa.

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