Casos del Tribunal de Apelaciones

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia confirmando la culpabilidad de Julio Manuel Santana Herrera por el asesinato de Juan Carlos Montañez Salamán. Los hechos se remontan al 21 de julio de 2019 en San Juan, donde el apelante, en concierto y común acuerdo con otro individuo, le causó la muerte a la víctima mediante múltiples disparos. Por estos actos, Santana Herrera fue convicto por infracciones al Artículo 93 (A) del Código Penal de 2012 y varios cargos bajo la Ley de Armas de 2000. Durante el juicio celebrado en agosto de 2021, el Ministerio Público presentó una robusta prueba documental que incluyó 129 fotografías, videos de seguridad de diversos establecimientos, informes periciales y análisis forenses. La evidencia también integró actas de ruedas de confrontación y certificaciones del registro de armas que vinculaban al acusado con los hechos delictivos. Por su parte, la defensa no presentó prueba documental para refutar las acusaciones durante el proceso en el Tribunal de Primera Instancia. Tras analizar el expediente y los fundamentos presentados, el foro apelativo determinó que no existían razones para revocar el dictamen de culpabilidad. En consecuencia, se ratificó la sentencia apelada, manteniendo las convicciones impuestas contra el recurrente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda enmendada presentada por WM Capital Partners 53, LLC contra Barreras, Inc. y Gables Towers Inc. El recurso legal, interpuesto al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, buscaba la nulidad de una sentencia previa emitida en 2017 sobre una compleja disputa de derechos propietarios. La controversia tiene su origen en un contrato de arrendamiento de 1960 que permitía la construcción de edificios en terrenos de Barreras, Inc., los cuales pasaron a ser propiedad de Gables Towers Inc. tras varias cesiones. WM Capital, como sucesor de los acreedores hipotecarios, pretendía ejecutar garantías sobre dichas edificaciones ante el incumplimiento de Gables en el pago de impuestos y mantenimiento. Por su parte, Barreras, Inc. reclamaba la propiedad de las estructuras libre de gravámenes tras la resolución del contrato de arrendamiento. El historial procesal del caso incluye múltiples litigios previos sobre desahucio, cobro de dinero y la obligatoriedad de cláusulas de arbitraje. Tras analizar los hechos y el tracto fáctico, el foro apelativo determinó que no existían fundamentos para revertir la decisión sumaria del foro primario. En consecuencia, se ratificó la desestimación de las pretensiones de nulidad solicitadas por la parte apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia consolidada para resolver los recursos presentados por Universal Insurance Company, Comercial La Pino, Inc. y M. Otero & Compañía, Inc. tras un pleito por daños y perjuicios. El caso se originó a raíz de un accidente automovilístico ocurrido en 2019, donde la demandante, Caterina Rachele, sufrió lesiones cervicales, lumbares y en el hombro tras ser impactada por un camión mientras estaba detenida en un semáforo. El Tribunal de Primera Instancia de San Sebastián había fallado a favor de la demandante, ordenando una indemnización por daños físicos y mentales, además del pago de honorarios de abogado por temeridad y costas procesales. Los apelantes solicitaron la revocación de dicha sentencia y de una orden posterior que aprobó un memorándum de costas por la cantidad de $15,157.34. Tras evaluar la prueba pericial y testifical presentada durante el juicio, el foro apelativo decidió modificar la sentencia principal únicamente para reducir la cuantía por daños físicos, impedimento y angustias mentales a un total de $400,000.00. El tribunal confirmó el resto de la sentencia original en todos sus extremos, incluyendo la determinación de temeridad y la validez del pago de las costas de litigio. Esta decisión ratifica la responsabilidad civil de los apelantes, ajustando los remedios económicos otorgados a la demandante bajo los criterios de razonabilidad del tribunal revisor.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una Sentencia Sumaria que ordena a Patricia Corcino Pérez el pago de una deuda pendiente derivada de un contrato de arrendamiento de vehículos. La acción legal fue iniciada por Island Portfolio Services, LLC, en calidad de agente gestor de Fairway Acquisitions Fund, LLC, entidad que adquirió los derechos de la cuenta originalmente suscrita con Popular Auto, LLC. La controversia se originó tras el incumplimiento de pago de la apelante, quien, a pesar de realizar la entrega voluntaria del vehículo, mantuvo un balance de deficiencia de $18,192.45. Durante el proceso, la parte apelante impugnó la legitimación activa de la demandante, argumentando una falta de evidencia sobre la cesión de la cuenta y la autoridad para litigar. Sin embargo, el tribunal determinó que Island Portfolio acreditó debidamente su facultad mediante un poder de representación y la documentación de transferencia de activos. Al no existir controversias de hechos materiales, el foro judicial validó la procedencia del cobro y la responsabilidad de la apelante sobre la deuda reclamada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La controversia se originó tras una demanda presentada por Servimetal, Inc. contra Abimael Padilla Negrón y la corporación Challenger Brass & Copper, Inc. por una deuda ascendente a $20,795.75. Dicha cantidad corresponde a facturas pendientes por la compra de materiales de acero y galvalume, además de gastos incurridos por la parte vendedora. El señor Padilla Negrón se obligó personalmente al pago de la deuda mediante la firma de un Contrato de Garantía Continua, actuando como fiador solidario de la corporación. Aunque los apelantes argumentaron que la demanda carecía de hechos específicos y cuestionaron la admisibilidad de la prueba, no lograron rebatir la existencia de la obligación. La parte apelada fundamentó su solicitud de sentencia sumaria con una declaración jurada que detallaba las gestiones de cobro infructuosas y la liquidez de la deuda. Tras evaluar los antecedentes procesales, el foro apelativo determinó que no existían hechos materiales en controversia que justificaran un juicio plenario. Por tales fundamentos, se ratificó la decisión recurrida, obligando a los demandados al pago de la suma principal, costas, gastos y honorarios de abogado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia relacionada con los recursos de apelación presentados por el Municipio de Guánica y la Junta de Planificación contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia. La controversia se originó a raíz de una demanda por expropiación a la inversa incoada por Frank Torres Rodríguez y otros, quienes alegaron que el cambio de zonificación de su propiedad de Desarrollo Turístico Selectivo a Bosque y Suelo Rústico Especialmente Protegido constituyó una incautación sin justa compensación. Los demandantes argumentaron que esta reclasificación impedía cualquier uso productivo del terreno, configurando una expropiación por vía de reglamentación. El foro de instancia inicialmente dictó una sentencia sumaria parcial a favor de los demandantes, validando que la calificación del terreno representaba una privación perpetua de la propiedad. No obstante, tras evaluar los argumentos de las partes apelantes, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia parcial apelada. Esta decisión deja sin efecto la conclusión previa que obligaba al Estado y al Municipio a compensar a los propietarios bajo la premisa de una incautación automática por cambios en la planificación territorial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de un exesposo para eliminar la pensión alimentaria de su excónyuge. La controversia se originó tras un divorcio por consentimiento mutuo en 2013, en el cual las partes estipularon voluntariamente una pensión mensual de $2,500 de forma indefinida. El apelante solicitó el relevo de esta obligación alegando que la exesposa no tenía necesidad económica debido a los bienes recibidos en la liquidación de la sociedad de gananciales y su grado académico. No obstante, la apelada demostró que sus ingresos personales son mínimos y que sus gastos aumentaron por condiciones médicas surgidas tras el divorcio. El tribunal determinó que, al tratarse de una pensión pactada por estipulación, su modificación requiere probar un cambio sustancial en las circunstancias. En este caso, se concluyó que el apelante no alegó un cambio en su capacidad de pago ni demostró una reducción en las necesidades de la acreedora. Además, se señaló que el exesposo incumplió con el pago del plan médico al que también se había obligado. Por tales razones, el foro apelativo validó la continuación de la pensión alimentaria según lo acordado originalmente por las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso de apelación presentado por la señora Luz Zeneida Martínez Rodríguez contra una sentencia que desestimó su demanda de daños y perjuicios con perjuicio. La controversia se originó tras una caída sufrida por la demandante el 10 de febrero de 2019 en una acera de la Calle Industrial en San Germán, la cual alegadamente se encontraba en mal estado y sin mantenimiento. La acción legal incluyó como demandados al Municipio de San Germán, a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) y a su aseguradora, Multinational Insurance Company. Tras un desistimiento voluntario en una primera instancia procesal, la recurrente presentó una nueva demanda en marzo de 2021. Por su parte, PRIDCO contestó la reclamación alegando que no ostenta la titularidad, control ni deber de mantenimiento sobre el área donde ocurrieron los hechos. El Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez dictó la sentencia de desestimación el 14 de septiembre de 2023, lo que motivó el presente recurso ante el foro apelativo. La apelante solicita la revisión de dicho dictamen para que se reconsidere el archivo de su causa de acción. El tribunal analiza ahora el trasfondo fáctico y procesal para determinar la validez de la determinación del foro a quo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en los casos consolidados KLAN202500261 y KLAN202500262 sobre una reclamación de expropiación a la inversa. La controversia surgió cuando los demandantes alegaron que la reclasificación de su finca en Guánica como Bosque y Suelo Rústico Especialmente Protegido constituyó una incautación de su propiedad sin justa compensación. El Tribunal de Primera Instancia había fallado inicialmente a favor de los propietarios mediante una sentencia sumaria parcial, determinando que el cambio de zonificación eliminó cualquier uso productivo del terreno. Ante esto, el Municipio de Guánica y la Junta de Planificación presentaron recursos de apelación solicitando la revisión de dicha determinación. Los apelantes argumentaron que no se cumplían los criterios legales para declarar una expropiación por vía de reglamentación bajo el marco jurídico vigente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia parcial apelada tras evaluar los fundamentos de derecho y los hechos presentados. Esta decisión deja sin efecto la conclusión previa de que el Estado y el municipio incurrieron en una incautación de los terrenos en cuestión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia relacionada con la administración y rendición de cuentas finales del caudal relicto del causante Juan Miguel Santa Cruz Sigarreta. La controversia principal surgió cuando el apelante, Emilio Santa Cruz Bacardí, impugnó la gestión de la albacea y reclamó la inclusión de activos adicionales en el inventario de la herencia. Tras una vista evidenciaria, el foro primario determinó que unos fondos ascendentes a $941,454.43 en una cuenta bancaria en Panamá y ciertas acciones de Bacardí Limited tenían carácter privativo y no pertenecían a la sociedad de gananciales. El apelante argumentó que el tribunal erró en la apreciación de la prueba y en la admisión de varios documentos presentados por la albacea. No obstante, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la prueba aportada fue suficiente para refutar la presunción de ganancialidad de los bienes en disputa. Al no encontrar error manifiesto o parcialidad en el dictamen recurrido, el foro apelativo validó el Auto Definitivo que dio por recibida y aprobada la cuenta final de la administración. Esta decisión reafirma la finalidad de las determinaciones de hechos realizadas por el tribunal de instancia cuando están sustentadas por el expediente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia relacionada con un recurso de apelación presentado por el Banco Popular de Puerto Rico contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El litigio se originó tras una demanda de cobro de dinero interpuesta por el banco contra Rafael Doitteau Cruz e Ysis Doitteau Cofresí por deudas en una línea de crédito y una tarjeta de crédito. La codemandada Doitteau Cofresí alegó que no era titular de los instrumentos financieros, señalando que era menor de edad al momento de la apertura de la cuenta y que solo figuraba como firmante autorizada. Ante esto, presentó una reconvención por daños y perjuicios, argumentando que la institución bancaria afectó su crédito y le causó angustias mentales mediante una demanda temeraria y el uso indebido de su información personal. El foro primario falló a favor de la señora Doitteau Cofresí, concediéndole una indemnización de quince mil dólares. Tras evaluar los méritos del caso y el historial procesal, el Tribunal de Apelaciones determinó modificar la sentencia apelada y, así modificada, confirmarla. El documento subraya la importancia de validar la titularidad de las deudas antes de iniciar acciones legales que puedan perjudicar la reputación crediticia de los ciudadanos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia relacionada con un proceso de expropiación forzosa instado por el Municipio Autónomo de Bayamón. La controversia principal se centró en la determinación de la justa compensación por la adquisición de un inmueble comercial de dos plantas conocido como "Salón de Actividades Los Artistas". El municipio apelante solicitó la revisión de la cuantía adjudicada por el foro primario, la cual ascendió a $396,840.00 más intereses acumulados. Originalmente, el ayuntamiento había estimado el valor de la propiedad en $214,425.00 y pretendía realizar descuentos por deudas contributivas ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Por su parte, los propietarios afectados impugnaron la valoración inicial y cuestionaron la constitucionalidad de ciertos descuentos realizados por el municipio. Tras analizar los antecedentes procesales y los argumentos de las partes, el panel judicial determinó que procedía ratificar la valoración del tribunal de origen. Esta decisión valida el derecho de los expropiados a recibir una compensación que refleje el valor real del bien inmueble y sus estructuras. Finalmente, la sentencia reafirma la transferencia del título de dominio absoluto a favor del municipio para fines de utilidad pública, condicionada al pago de la suma total establecida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia relacionada con una demanda por daños y perjuicios interpuesta por Carlos Manuel Urrutia Bruzón contra el Municipio de Guaynabo, Caparra Center Associates y sus respectivas aseguradoras. El litigio se originó tras una caída sufrida por el demandante en mayo de 2018 en un paseo peatonal de San Patricio Plaza, la cual resultó en una lesión de rodilla que requirió cirugía. Los demandantes alegaron negligencia por parte del municipio al no proveer una superficie con la fricción adecuada y por parte de Caparra Center por falta de mantenimiento en la vía. Tras una vista de negligencia, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia parcial adjudicando responsabilidad a las partes demandadas. Inconformes, las entidades demandadas recurrieron al foro apelativo mediante recursos de certiorari y apelación, los cuales fueron consolidados para su resolución. El Tribunal de Apelaciones evaluó el desfile de prueba, que incluyó testimonios y un video del incidente, tras lo cual decidió modificar y revocar en parte la determinación del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia que desestimó una querella por despido injustificado y represalias bajo la Ley Núm. 115-1991. La apelante, Lizette Martínez Ortiz, alegó que su salida de Viajeros's Bakery fue una respuesta punitiva tras haber solicitado una orden de protección contra el esposo de la dueña del establecimiento. Por el contrario, la parte apelada sostuvo que la terminación del empleo se debió a un patrón de insubordinación y al incumplimiento reiterado de las tareas asignadas por parte de la empleada. El Tribunal de Primera Instancia determinó, tras evaluar la prueba testifical y documental, que la querellante tenía un historial de amonestaciones y suspensiones previas por conducta similar durante sus años de servicio. Los hechos probados demostraron que el 31 de marzo de 2023 la apelante se negó rotundamente a seguir una instrucción directa de su patrona, utilizando expresiones desafiantes. El foro apelativo concluyó que no hubo error en la apreciación de la prueba al validar que el despido estuvo justificado por causas legítimas y no por represalias. En consecuencia, se ratificó la desestimación con perjuicio de la querella al no probarse un nexo causal entre la acción legal de la empleada y su despido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel Especial, atiende los recursos de apelación consolidados presentados por Keishla Pérez Bigio y William Alexis Avilés González tras ser hallados culpables en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. La señora Pérez Bigio fue sentenciada a un total de 109 años de cárcel por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Por su parte, el señor Avilés González recibió una pena agregada de 149 años de prisión por asesinato en primer grado y múltiples infracciones relacionadas con la portación y uso de armas de fuego. Ambos apelantes solicitan la revocación de sus respectivas sentencias de culpabilidad dictadas tras un juicio por tribunal de derecho. El foro apelativo ordenó la consolidación de los casos KLAN202400232 y KLAN202400351 para su resolución conjunta. Actualmente, el tribunal ha emitido directrices procesales para el perfeccionamiento de los recursos, incluyendo la preparación de la Transcripción de la Prueba Oral. Esta etapa del proceso se centra en la revisión de los autos originales y el cumplimiento de los términos para la presentación de la prueba documental y testifical.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por impericia médica presentada por la Sra. Luz Eneida Martínez Morales y su familia contra la Dra. Kathia V. Alejandro Serrano. La controversia se originó tras una cirugía de reducción de senos realizada en octubre de 2016, la cual resultó en una necrosis del complejo pezón-areola en el seno izquierdo de la paciente. Los demandantes alegaron que la doctora actuó con negligencia y que no obtuvo un consentimiento informado adecuado, debido a que el documento firmado no mencionaba explícitamente el riesgo de necrosis. Aunque la paciente manifestó preocupaciones sobre la coloración de su pezón desde el día siguiente a la operación, la doctora inicialmente no identificó complicaciones mayores durante la primera evaluación. En visitas de seguimiento posteriores, la galena recetó tratamiento para la posible necrosis, aunque se observaron deficiencias en las anotaciones del expediente médico sobre dichas observaciones. El tribunal de instancia determinó que no se logró establecer el nexo causal ni el incumplimiento con el estándar de cuidado médico requerido. Tras analizar los antecedentes y la prueba documental, el foro apelativo concluyó que no hubo error en la determinación del tribunal inferior. Por tales fundamentos, se ratificó la desestimación de la demanda a favor de la doctora y su aseguradora.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia relacionada con los recursos de apelación consolidados de Keishla Pérez Bigio y William Alexis Avilés González. Ambos apelantes solicitan la revocación de sus convicciones por asesinato en primer grado y diversas violaciones a la Ley de Armas, dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón tras un juicio por tribunal de derecho. Pérez Bigio fue sentenciada a una pena total de 109 años de prisión, mientras que Avilés González recibió una condena de 149 años de cárcel por cargos adicionales de portación ilegal de armas. El documento detalla el historial procesal de las apelaciones, incluyendo las fechas de radicación y las órdenes emitidas para el perfeccionamiento de los recursos. Se destaca la solicitud de los convictos para utilizar la Transcripción de la Prueba Oral como método de reproducción de la prueba presentada en el foro primario. Finalmente, el tribunal establece las directrices necesarias para que las partes completen el expediente apelativo y se pueda proceder con la revisión judicial de las sentencias de culpabilidad.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia sumaria que ordena a Karina K. Ramos Rivera el pago de una deuda de $13,753.35, más intereses, costas y honorarios de abogado. La controversia se originó de un contrato de financiamiento de vehículo celebrado en 2014 con Popular Auto, LLC, cuya cuenta fue posteriormente cedida a Fairway Acquisitions Fund, LLC. Tras el incumplimiento en los pagos, la apelante entregó voluntariamente la unidad en 2016, pero su venta posterior no cubrió la totalidad del balance adeudado, resultando en una deficiencia líquida y exigible. Island Portfolio Services, LLC, actuando como agente de cobro, instó la demanda tras notificar extrajudicialmente a la deudora sin obtener el pago. La señora Ramos Rivera se opuso al reclamo alegando la inexistencia de la deuda, falta de evidencia y la prescripción de la causa de acción. No obstante, el foro apelativo determinó que no existían controversias de hechos materiales, ya que la prueba documental presentada sustentaba la legitimidad de la acreencia y el proceso de cesión. Por consiguiente, el tribunal validó la determinación del foro primario al concluir que procedía la adjudicación sumaria del caso a favor de la parte demandante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio una demanda por cobro de dinero y daños incoada por la Asociación de Condómines Villamil 306. La controversia surgió tras el reclamo de una deuda de $63,567.64 por concepto de cuotas de mantenimiento y derramas contra Empresas Fidalgo, Inc. y otros codemandados. El foro primario decretó el archivo del caso debido a que la parte demandante no diligenció los emplazamientos dentro del término de 120 días establecido por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Durante el proceso, la Asociación intentó sin éxito emplazar por edicto y posteriormente presentó una demanda enmendada para incluir a las sucesiones de los titulares. Aunque la parte apelante alegó que algunas codemandadas suscribieron una renuncia al emplazamiento, el tribunal determinó que dicha gestión y las mociones de desistimiento parcial se realizaron una vez vencido el plazo reglamentario. El dictamen judicial enfatiza que la Asociación no acreditó haber emplazado oportunamente ni justificó una prórroga válida para extender el término. Por tales fundamentos, el foro apelativo ratificó la desestimación de la causa de acción por falta de diligencia procesal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia confirmando la desestimación con perjuicio de una demanda por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato presentada por Aireko Construction Management Services, LLC contra su ex empleado, José Núñez Camacho. El conflicto legal se originó tras una reclamación previa del señor Núñez Camacho, quien alegó que la empresa le retiró una oferta de empleo en St. Thomas justo después de obligarlo a renunciar a su puesto en Puerto Rico. En el recurso apelado, Aireko sostenía que el empleado fue negligente en sus funciones como supervisor de un proyecto de construcción en Carolina, afectando la integridad estructural de la obra y exponiendo a la compañía a reclamaciones legales. El Tribunal de Primera Instancia de Carolina, tras reconsiderar una resolución previa, determinó que procedía la desestimación de la demanda instada por la empresa. Al revisar los méritos del caso, el foro apelativo validó la decisión del tribunal de instancia y confirmó la sentencia que favorece al señor Núñez Camacho. Esta determinación judicial subraya la resolución de las controversias procesales y sustantivas surgidas entre las partes tras la terminación de su relación laboral.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la sentencia de dos años de prisión impuesta a Elvin Muriel Cumba por violaciones a la Ley 121 de Adultos Mayores y al Artículo 177 del Código Penal. El apelante había alcanzado un acuerdo de culpabilidad tras amenazar de muerte a su madre, violar una orden de protección y manifestar su intención de quemar la residencia familiar. Un informe pre-sentencia detalló que el convicto posee un extenso historial delictivo desde el año 2000 y un patrón de incumplimiento con múltiples programas de rehabilitación previos. Los padres del apelante y varios vecinos expresaron temor por su seguridad, señalando que este ha abusado y robado a sus progenitores de forma recurrente debido a su consumo problemático de sustancias. A pesar de que el apelante solicitó una restricción terapéutica, la técnica de servicios socio penales no la recomendó debido al alto riesgo que representa para las víctimas y su falta de estructura conductual. El tribunal determinó que el historial de fracasos en tratamientos anteriores y la gravedad de las amenazas justifican la pena de reclusión impuesta. Por tales fundamentos, el foro apelativo validó la determinación del Tribunal de Primera Instancia de Humacao en todas sus partes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado, por falta de jurisdicción, una querella laboral presentada por Ana Lydia Vega Martínez y otros 47 empleados. Los demandantes reclaman indemnizaciones por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, fundamentando su causa de acción en la doctrina de patrono sucesor contra Metro Caguas Incorporated y B.V.R. Ambulance Best Care LLC. El foro primario había determinado originalmente que la reclamación debía ventilarse ante el Tribunal Federal de Quiebras, debido a que los activos de los patronos anteriores fueron adquiridos mediante procesos de reorganización bajo el Capítulo 11. Las empresas apeladas sostuvieron que las órdenes de venta del tribunal federal las eximían de responsabilidad sucesora y que dicho foro retenía jurisdicción exclusiva para interpretar los acuerdos de compraventa. Sin embargo, tras analizar los fundamentos procesales, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la desestimación y ordenó la continuación del proceso en el tribunal estatal. Esta determinación permite que se evalúe en los méritos si las protecciones de la ley de quiebras efectivamente impiden las reclamaciones de los trabajadores en este caso particular.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso presentado por la parte demandante tras una determinación de Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. El foro apelativo reclasifica el recurso de apelación como uno de certiorari, debido a que la decisión recurrida no constituye una sentencia final al no resolver la totalidad de las controversias ni cumplir con los requisitos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. El litigio surge de una reclamación por daños y perjuicios por alegada negligencia e impericia médica ocurrida tras el nacimiento de un menor en el Hospital General Menonita de Aibonito en agosto de 2020. La sentencia recurrida desestimó las reclamaciones contra cuatro enfermeras, una licenciada y la responsabilidad vicaria del hospital respecto a estas profesionales. Los demandantes alegan que el personal de enfermería falló en su deber de cuidado al no documentar adecuadamente ni informar oportunamente sobre un hematoma y una laceración craneal detectados en el recién nacido. Específicamente, se imputa a las enfermeras Aponte Berríos y Luna Green la falta de notificación inmediata a los padres y al pediatra, así como la administración de cuidados locales sin orden médica previa. A pesar de la desestimación parcial objeto de revisión, el pleito principal continúa su curso contra el hospital y el médico pediatra codemandado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la sentencia condenatoria contra Kenneth A. Rabelo Rodríguez por el delito de agresión sexual bajo el Artículo 130(A) del Código Penal. El apelante fue sentenciado originalmente por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, a una pena de 50 años de reclusión tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a una menor de dieciséis años en hechos ocurridos entre 2020 y 2021. En su recurso de apelación, el convicto argumentó que la prueba presentada no fue suficiente para derrotar la presunción de inocencia y cuestionó la admisión de testimonios sobre mensajes de texto que no fueron presentados como evidencia física. El foro apelativo analizó los testimonios de la perjudicada, sus familiares y agentes del orden público que desfilaron durante el juicio por derecho. La sentencia destaca que la apreciación de la prueba es facultad del tribunal sentenciador y que solo se interviene en apelación si se demuestra error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Tras examinar el expediente y las transcripciones, el tribunal determinó que la culpabilidad fue establecida más allá de duda razonable. Finalmente, el panel judicial concluyó que no existían fundamentos para revocar la determinación previa, ratificando así la condena impuesta al apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso interpuesto por Antonio Rosario Ramos y otros vecinos de la Comunidad Montecristo en Juana Díaz contra una sentencia que desestimó su demanda de injunction estatutario. Los demandantes alegan que la empresa LAM Investment Solution, LLC opera ilegalmente un negocio de compra, venta y almacenamiento de vehículos en una zona clasificada como Distrito Rural General (R-G). Según la demanda, esta actividad comercial ha provocado una acumulación excesiva de vehículos, aumento de tráfico pesado, obstrucción de accesos y acumulación de basura en la comunidad. La acción legal se fundamenta en el Artículo 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, buscando proteger los derechos propietarios y la tranquilidad de los residentes. El documento detalla que el Tribunal de Primera Instancia de Ponce desestimó la causa de acción, lo que motivó la presente apelación para revisar dicho dictamen. Durante el proceso, surgieron controversias procesales relacionadas con la presentación de prueba audiovisual que no pudo ser cargada al sistema SUMAC por su tamaño. Los apelantes sostienen que las operaciones de la empresa afectan la salud de los vecinos y contravienen las regulaciones de planificación vigentes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de ejecución de hipoteca instado por Oriental Bank contra la Sucesión de Virginia Acosta Escobar y Luis Hernández Acosta. La parte apelante presentó una moción informativa solicitando el desistimiento del recurso de apelación tras haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con la institución bancaria. Por su parte, Oriental Bank compareció mediante una moción en cumplimiento de orden expresando que no tenía objeción alguna a la solicitud de desistimiento. Ante lo informado por las partes, el Panel Especial del Tribunal declaró con lugar el desistimiento del recurso en virtud del referido acuerdo. La resolución judicial ordena el archivo definitivo de la causa sin la imposición de costas, gastos ni honorarios de abogado. Esta determinación pone fin al litigio procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, bajo el número de caso BY2023CV06881.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de injunction presentada por Casa Bella, Inc. contra un matrimonio de consumidores. El litigio surgió luego de que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ordenara a la empresa constructora retomar y finalizar la construcción de una vivienda tras una querella por la paralización de la obra. Casa Bella, Inc. recurrió al foro judicial alegando que los propietarios no le permitían el acceso a la propiedad para cumplir con la resolución de la agencia administrativa. No obstante, la parte demandada solicitó la desestimación del caso por falta de jurisdicción, argumentando que no se habían agotado los remedios administrativos correspondientes. El tribunal de primera instancia acogió dicha solicitud y decretó la desestimación, decisión que fue posteriormente apelada por la constructora. Tras analizar los antecedentes, el Tribunal de Apelaciones determinó que el dictamen del foro primario fue correcto y procedió a confirmar la desestimación de la demanda. Este fallo reafirma la necesidad de agotar los procesos ante las agencias administrativas antes de solicitar la intervención de los tribunales de justicia.

Resumen:

La Junta de Planificación de Puerto Rico presentó un recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de injunction estatutario. La controversia se originó por una construcción residencial en Hatillo que presuntamente carecía de los permisos requeridos, debido a que el permiso original expiró en el año 2016 sin que se completara la obra. Previo al litigio judicial, la agencia agotó un proceso administrativo que incluyó una orden de cese y desista y una multa de $4,112.64, determinaciones que advinieron finales y firmes ante la falta de comparecencia de los querellados. En su demanda, la Junta solicitó la paralización de los trabajos, la demolición de lo construido ilegalmente y el cobro de la multa e intereses. Por su parte, los demandados argumentaron que la reclamación debía desestimarse porque la obra ya estaba terminada y contaban con un nuevo permiso de construcción obtenido posteriormente. El foro primario acogió estos argumentos y desestimó el caso, provocando la apelación de la agencia gubernamental. Tras evaluar el tracto procesal y los fundamentos de derecho, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada. Esta decisión permite que el proceso continúe para adjudicar las violaciones de ley planteadas y la exigibilidad de las sanciones administrativas impuestas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras contra MEDI Films Inc., el Municipio Autónomo de Mayagüez y otros codemandados. La controversia se originó tras el incumplimiento de una línea de crédito de $5,000,000 otorgada para la producción de una película, la cual fue garantizada con una hipoteca sobre el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez. El Tribunal de Primera Instancia había declarado nulas las escrituras de transferencia de titularidad e hipoteca, desestimando además la causa contra el Municipio y la corporación municipal MEDI. Inconforme, la Cooperativa apeló denunciando actuaciones fraudulentas y el uso indebido de bienes públicos como garantía. Tras analizar los hechos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia parcial recurrida con el fin único de dejar sin efecto la desestimación con perjuicio en cuanto a la entidad MEDI. Esta decisión permite que el litigio continúe para determinar las responsabilidades correspondientes sobre los gravámenes y las transacciones legales cuestionadas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia que declaró con lugar una demanda de daños y perjuicios tras un accidente de tránsito ocurrido en Guayama. El pleito surgió cuando una excavadora conducida por Jorge L. Vázquez Meléndez impactó frontalmente el vehículo de Víctor M. Burgos Pérez en la Carretera 179. El tribunal de instancia determinó que el apelante actuó con negligencia al invadir el carril contrario y transitar sin la escolta requerida por la Ley de Vehículos y Tránsito. Como consecuencia del choque, el demandante sufrió lesiones físicas significativas, incluyendo pérdida de conocimiento y heridas que requirieron sutura, además de la pérdida total de su vehículo. Aunque el apelante presentó una reconvención alegando que el demandante fue quien invadió su carril, el foro primario desestimó dicha versión tras evaluar la prueba testifical y documental. El dictamen original otorgó una compensación de $14,000.00 a favor del señor Burgos Pérez por concepto de daños físicos y morales. Tras analizar los fundamentos del recurso, el foro apelativo concluyó que no existían razones para alterar las determinaciones de hechos y la adjudicación de responsabilidad del tribunal de origen.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia confirmando la desestimación de una querella por discrimen y represalia presentada por Ángel Luis Nieves Rodríguez contra The Clorox Company. El apelante, quien se desempeñaba como "group leader" en el almacén de la compañía, alegó que tras presentar quejas sobre sus condiciones laborales, su supervisora le removió funciones de importancia y alteró su turno de trabajo habitual. Nieves Rodríguez sostuvo que estas acciones, junto con la creación de una nueva plaza que requería un grado académico que él no poseía, constituían una violación a la Ley Núm. 115-1991. Por su parte, Clorox argumentó que los cambios en las tareas y turnos respondían a un programa de adiestramiento cruzado de carácter temporero para optimizar las operaciones del almacén. La empresa aclaró que el propósito era capacitar a otros empleados para cubrir funciones críticas en ausencia del apelante, sin intención de desplazarlo permanentemente. El Tribunal de Primera Instancia de Ponce desestimó la acción con perjuicio tras evaluar los méritos de la controversia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar el dictamen recurrido al no encontrar fundamentos para revocar la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia para decretar la paralización de los procedimientos en el caso de Rodolfo Cruz Castrejón contra Twin Investment, LLC y otros. Esta determinación surge tras una moción presentada por la parte apelada, Sunnova Energy Corp, informando sobre la radicación de una petición de quiebra bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. La solicitud de paralización se fundamenta en la Sección 362(a) del Código de Quiebras federal, la cual establece una suspensión automática de los procesos judiciales en curso. El tribunal declaró "Ha Lugar" la petición y ordenó que el recurso se considere terminado para fines estadísticos mediante un archivo administrativo. No obstante, el foro apelativo se reservó expresamente la jurisdicción para reabrir el caso a solicitud de parte en el futuro. Dicha reapertura procedería si la petición de quiebra es denegada, si se levanta la paralización automática o si se emite una orden de relevo que permita continuar con el litigio. La sentencia fue certificada el 23 de junio de 2025 por la secretaría del tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" una demanda sobre liquidación de comunidad de bienes y daños y perjuicios. Las demandantes, Luisa Vanessa y Edna María del Toro Reyes, iniciaron la acción legal contra la albacea designada y otros herederos para reclamar la partición de la herencia de sus padres. En su recurso, alegaron que la falta de gestión de la albacea provocó la pérdida de activos del caudal, incluyendo una ejecución de hipoteca y la imposición de gravámenes sobre sus bienes personales. A pesar de que los demandados fueron emplazados por edicto y se les anotó la rebeldía tras no comparecer, el foro primario desestimó las reclamaciones de las apelantes en su sentencia original. El tribunal revisor examinó los hechos probados y los incidentes procesales, determinando que la decisión del foro de origen no se ajustaba a derecho. Esta determinación permite que el proceso de partición de herencia y la reclamación por daños continúen su curso legal. La sentencia del Tribunal de Apelaciones subraya la importancia de proteger los derechos de los herederos forzosos frente a la inacción de los administradores de bienes hereditarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia que declaró con lugar una demanda por incumplimiento contractual presentada por los esposos Erickson contra el señor José Cuevas Guash y su sociedad de bienes gananciales. El foro de instancia ordenó al demandado el pago de $5,269.63 por daños derivados del incumplimiento, además de $10,000.00 en honorarios de abogado e intereses legales. La controversia se originó tras un contrato de opción de compraventa de un inmueble en Añasco, donde los compradores entregaron un depósito de $5,000.00. El cierre de la transacción se frustró debido a que el poder legal presentado por el vendedor no fue aceptado por las instituciones bancarias, dado que la co-dueña padecía de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, el vendedor incumplió con los acuerdos de realizar una nueva mensura y reparaciones necesarias en el techo de la propiedad para asegurar el financiamiento. Los demandantes sostuvieron que el incumplimiento fue intencional, pues el apelante intentó vender la propiedad posteriormente por un precio mucho mayor al pactado originalmente. Tras analizar los autos, el foro apelativo determinó que la prueba sustentaba la negligencia y el incumplimiento de la parte vendedora, validando así las compensaciones impuestas.

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La asignación del código KLAN202400151 establece la estructura inicial para la emisión de una resolución oficial programada para el año 2025. La función primordial de este registro es definir un número identificador único, RES2025_, que permita la correcta indexación y búsqueda en bases de datos institucionales. Al actuar como un encabezado formal, facilita la organización de expedientes técnicos y la vinculación con tablas de datos complementarias. Su implementación asegura la trazabilidad de los trámites legales o administrativos dentro de un marco temporal específico. La brevedad de la información contenida subraya su carácter de ficha de identificación para procesos de gestión documental. Este sistema de codificación resulta fundamental para el control normativo y la sistematización de decisiones administrativas futuras.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado una demanda de cobro de dinero presentada por el Banco Popular de Puerto Rico. La controversia se originó por el incumplimiento de una línea de crédito de $25,000 otorgada en 2009, la cual fue garantizada personalmente por los demandados. El Banco reclamaba un balance principal de $23,201.67 más intereses acumulados, sustentando su reclamación mediante una moción de sentencia sumaria y una declaración jurada de un funcionario. Aunque el tribunal de instancia reconoció la validez de la garantía y la titularidad del pagaré, desestimó la acción alegando que el Banco no demostró detalladamente el cómputo de la deuda. No obstante, el foro apelativo determinó que el tribunal de origen erró, ya que del expediente no surgía una controversia real sobre la existencia y exigibilidad de la deuda. El dictamen establece que la declaración jurada presentada por la institución financiera era suficiente para sostener los hechos, pues no fue contradicha con prueba fehaciente por la parte deudora. Por lo tanto, el tribunal concluyó que procedía la resolución del caso a favor del Banco por la vía sumaria al no existir hechos materiales en disputa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso de apelación presentado por el Estado Libre Asociado (ELA) contra una sentencia parcial que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de expropiación forzosa. La controversia se originó en 2016, cuando el ELA solicitó la adquisición de una propiedad en San Juan para mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad especial Chicharo Seboruco. La Sucesión Jesús Rivera Quiñones impugnó el fin público de la expropiación, argumentando que la petición se basaba en un acuerdo transaccional de un caso previo del cual no fueron parte. Tras una prolongada paralización de los procedimientos debido a la Ley PROMESA, el caso fue reactivado en 2022 para continuar con el litigio. El Tribunal de Primera Instancia determinó no ha lugar a la petición sumaria del Estado, validando en su lugar la oposición presentada por la Sucesión demandada. Ante esta decisión, el ELA solicita la revisión judicial del dictamen para que se reconozca la validez de la expropiación y el fin público perseguido. El panel de jueces analiza el extenso trasfondo fáctico y procesal para resolver si la determinación del foro primario se ajustó a derecho.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una Sentencia Parcial que desestimaba una demanda por incumplimiento de contrato contra la corredora de bienes raíces Heidi Isern Huertas. Los demandantes, Jorge Ortiz Jiménez y otros, alegaron que la señora Isern Huertas actuó como intermediaria en un contrato de opción de compraventa para un terreno en Cabo Rojo que nunca llegó a concretarse. La parte apelante sostuvo que la corredora indujo a error y actuó con dolo al ocultar información relevante sobre un proyecto que afectaba la propiedad y al promocionar el terreno a terceros a pesar del contrato vigente. Se imputaron violaciones específicas a la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces (Ley Núm. 10) y al principio de buena fe contractual, reclamando el cumplimiento específico y el pago de daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado inicialmente la acción contra la corredora bajo el argumento de que esta no era parte contratante, sino meramente una intermediaria. No obstante, el foro apelativo determinó que las alegaciones de la demanda eran suficientes para exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio legal. Como resultado, se dejó sin efecto la desestimación para que el caso continúe su curso procesal ordinario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia que desestimó la demanda presentada por Ana M. Maldonado Flores contra Adecco Personnel Services, Inc. La controversia se originó cuando la demandante solicitó una sentencia declaratoria para impugnar una cláusula de no competencia, además de reclamar daños por interferencia torticera. Tras varios incidentes procesales, la parte demandada argumentó que la impugnación de la cláusula se tornó académica debido a que el término de doce meses de vigencia ya había expirado. En cuanto a la alegación de interferencia torticera, Adecco sostuvo que no se cumplían los elementos legales necesarios, principalmente por la inexistencia de un contrato con término fijo. El Tribunal de Primera Instancia acogió estos planteamientos y determinó que la demanda carecía de alegaciones suficientes para justificar la concesión de un remedio legal. Finalmente, el foro apelativo validó dicha determinación al concluir que la controversia sobre la cláusula perdió vigencia y que las reclamaciones de daños no estaban debidamente fundamentadas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evaluó un recurso presentado por la Sra. Melissa A. Meléndez Lamboy contra una sentencia que otorgó la custodia compartida de su hija menor de edad. El litigio comenzó cuando el Sr. Rafael Bernal Martínez solicitó la custodia monoparental o compartida, alegando incidentes de violencia doméstica por parte de la madre. Por su parte, la apelante negó las acusaciones, imputó conducta maltratante al padre y solicitó la custodia exclusiva junto con una pensión alimentaria. Durante el proceso, la Unidad Social de Relaciones de Familia realizó una investigación y presentó un informe con recomendaciones sobre el bienestar de la menor y las relaciones paternofiliales. El Tribunal de Primera Instancia decidió apartarse de las recomendaciones específicas del informe social y determinó que lo más beneficioso para la menor era que ambos progenitores ejercieran la custodia compartida. La madre apeló esta decisión buscando que se revisara la determinación del foro primario bajo el argumento de que no se acogió el informe social. Tras analizar la totalidad del expediente y los fundamentos legales aplicables, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, validando el régimen de custodia compartida establecido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia confirmando la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" una demanda por daños y perjuicios e impericia médica. El recurso fue interpuesto por Cándido Ortiz Cáez y sus hijos contra el Hospital Menonita de Caguas tras el fallecimiento de Rosa D. Rivera Cruz. La controversia se originó a raíz de complicaciones postoperatorias sufridas por la paciente luego de intervenciones quirúrgicas cervicales destinadas a corregir el desplazamiento de una placa y tornillos. Tras una segunda cirugía para remover un hematoma, la paciente sufrió un fallo cardiaco y muerte cerebral, falleciendo finalmente el 25 de febrero de 2020. La parte apelante alegó que el personal médico y de enfermería se desvió de los estándares de cuidado aceptados en la evaluación, diagnóstico y monitoreo de la finada. No obstante, el foro primario desestimó la acción y ordenó el archivo del caso al no encontrar probada la negligencia hospitalaria. Tras analizar los fundamentos del recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada en todas sus partes.

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Este recurso de apelación surge tras la desestimación de una demanda de usucapión presentada por los herederos de Margarita Del Valle Alicea contra la sucesión de Nilda Alicia Del Valle. La controversia gira en torno a un inmueble inscrito a nombre de ambas hermanas, quienes fallecieron en 1982, pero que ha sido poseído exclusivamente por Margarita y sus descendientes desde entonces. Los demandantes alegan haber mantenido la posesión pública, pacífica e ininterrumpida en concepto de dueños, costeando todos los gastos y mantenimientos de la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la demanda a pesar de reconocer que los apelantes podrían cumplir con los términos de posesión requeridos por ley. El foro primario fundamentó su decisión en que la propiedad forma parte de un caudal hereditario que aún no ha sido objeto de partición formal entre los coherederos. Asimismo, se señaló la falta de los certificados de cancelación de gravamen contributivo requeridos por el Código de Rentas Internas. El tribunal razonó que el derecho a pedir la partición de la herencia no prescribe y que la usucapión no debe utilizarse como un subterfugio para evitar los trámites sucesorios y fiscales correspondientes. Por tales motivos, el tribunal concluyó que no procedía declarar la titularidad total a favor de una sola parte de la sucesión sin cumplir con las formalidades legales. Los apelantes solicitan la revocación de dicha sentencia para que se les reconozca la adquisición del inmueble por el transcurso del tiempo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso interpuesto por PR ASSET PORTFOLIO 2013-1 INTERNATIONAL, LLC (PRAPI) contra una sentencia que desestimó con perjuicio su demanda por incumplimiento de contrato de seguros. La controversia se originó tras el paso del huracán María en 2017, cuando PRAPI reclamó daños a diversas propiedades aseguradas por ONE ALLIANCE INSURANCE CORPORATION. Aunque inicialmente las partes acordaron un proceso de reclamación en tres fases y la aseguradora realizó pagos por la primera etapa, ONE ALLIANCE se retractó posteriormente de los ajustes realizados. La aseguradora alegó que PRAPI carecía de interés asegurable sobre ciertos bienes y que suministró información falsa o incompleta, por lo que se negó a pagar las fases restantes y solicitó la devolución de fondos. PRAPI recurrió al foro judicial solicitando el pago de $770,767.58 y compensaciones adicionales por violaciones al Código de Seguros. El Tribunal de Primera Instancia denegó una solicitud de sentencia sumaria de la demandante y, tras evaluar la prueba, dictó la desestimación del caso por insuficiencia de prueba bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil. Mediante esta apelación, PRAPI busca que se revisen dichas determinaciones y se declare la invalidez de la retractación unilateral de la aseguradora.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia enmendada que declaró con lugar una querella por despido injustificado y discrimen por razón de embarazo. La demandante, Krystal Saldaña Rivera, alegó que fue despedida el mismo día en que se reintegró a sus labores tras concluir su licencia de maternidad. Por su parte, la corporación demandada argumentó que la terminación del empleo fue justificada y no discriminatoria, basándose en una supuesta reducción de personal. Sin embargo, el foro primario determinó que el despido fue ilegal, ya que otras empleadas con menor antigüedad permanecieron en sus puestos de trabajo. La decisión judicial concedió remedios económicos a la trabajadora al amparo de la Ley Núm. 80 de Despidos Injustificados y la Ley Núm. 3 de Protección de Madres Obreras. Tras revisar el recurso de apelación interpuesto por Centeno Avilés, Corp., el tribunal revisor concluyó que no existían fundamentos para alterar el dictamen original. Esta sentencia ratifica la protección legal contra el discrimen laboral por maternidad y valida las determinaciones de hechos realizadas por el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia que desestimó una demanda por daños y perjuicios y resolución de contrato tras un accidente aéreo fatal ocurrido en el municipio de Rincón. Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2015, cuando Ricardo Agustín Torres Justiniano falleció luego de que la avioneta en la que viajaba sufriera un fallo de motor y cayera al mar. Poco antes del siniestro, el codemandante Antonio Zapata Berríos había adquirido la aeronave del demandado Miguel Beltrán Sánchez por la suma de $13,600.00 tras realizar un vuelo de prueba inicial. La parte demandante alega que el accidente fue provocado por la negligencia del vendedor al no brindar el mantenimiento adecuado ni inspeccionar correctamente el filtro de gasolina del avión. Durante el segundo vuelo del día, el motor perdió potencia, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en el agua para evitar a los bañistas en la zona rocosa de la playa. Aunque el piloto logró sobrevivir, el pasajero quedó atrapado y, a pesar de los esfuerzos de rescate, falleció por ahogamiento. Los apelantes solicitan la revocación de la determinación del Tribunal de Primera Instancia, buscando compensación por la muerte ilegal y la resolución del contrato de compraventa. El documento detalla el trasfondo fáctico y procesal necesario para evaluar si el foro primario erró al declarar no ha lugar la reclamación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso interpuesto por Carlos J. Chiesa Cedó contra una sentencia sumaria que desestimó su demanda por reivindicación y enriquecimiento injusto. La controversia principal se centra en una franja de terreno que el apelante reclama como suya, la cual es ocupada por Fanovidal, S.E. para el estacionamiento del centro comercial Cantón Mall. El pleito tiene su origen en una sentencia previa de 2007 que ordenaba la devolución de 338.4012 metros cuadrados y la reubicación de una verja divisoria según puntos específicos de mensura. Por su parte, Fanovidal alegó haber adquirido la titularidad del terreno mediante prescripción adquisitiva, argumentando una posesión pública, pacífica y de buena fe desde la reubicación de la verja en 2008. El Tribunal de Primera Instancia favoreció inicialmente a Fanovidal al dictar una sentencia sumaria que archivó el caso con perjuicio. Sin embargo, tras analizar los fundamentos expuestos y los hechos en controversia, el foro apelativo determinó revocar el dictamen recurrido. Esta decisión deja sin efecto la desestimación sumaria, permitiendo que el proceso judicial continúe para adjudicar finalmente los reclamos de propiedad en disputa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una sentencia que desestimaba por falta de jurisdicción una demanda de custodia y privación de patria potestad presentada por Gabriela Bortolamedi García. La controversia surgió luego de que la madre trasladara a la menor desde México a Puerto Rico, alegando ser víctima de violencia doméstica y denunciando abuso sexual contra la niña por parte del padre, Mauricio Flores Peña. El apelado solicitó la desestimación del pleito y el retorno de la menor bajo el Convenio de La Haya, argumentando que la niña fue sustraída ilegalmente de su país de residencia habitual. Aunque el Tribunal de Primera Instancia se declaró sin jurisdicción originalmente, el foro apelativo determinó que procedía revocar dicho dictamen para evaluar adecuadamente los méritos del caso. Esta decisión permite que el tribunal de instancia considere las protecciones solicitadas bajo la Ley Núm. 57-2023 y la Ley Núm. 54-1989 frente a las alegaciones de sustracción internacional. El dictamen subraya la necesidad de resolver el conflicto jurisdiccional para garantizar el bienestar y la seguridad de la menor involucrada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la sentencia condenatoria contra Carola del Mar Alvarado Vázquez por infracciones graves a la Ley de Vehículos y Tránsito. La apelante fue hallada culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y de forma temeraria, provocando un accidente fatal el 4 de abril de 2021 en la carretera 52 de Caguas. En dicho incidente, Alvarado Vázquez conducía en contra del tránsito e impactó frontalmente el vehículo de Ariel Muriel Cirino, quien falleció a causa del choque. El foro primario le impuso penas concurrentes de quince y ocho años de prisión, además de multas, la revocación de su licencia de conducir por cinco años y penas especiales para la compensación a víctimas de delito. La defensa solicitó la revocación de la sentencia alegando que las muestras de sangre que arrojaron un 0.14% de alcohol fueron obtenidas ilegalmente y sin consentimiento informado. No obstante, tras evaluar los hechos y los fundamentos legales, el panel judicial determinó confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El documento detalla el historial procesal del caso, incluyendo la etapa de vista preliminar y la controversia sobre la supresión de evidencia. Finalmente, el tribunal reafirmó la responsabilidad penal de la apelante por los daños causados bajo un estado de embriaguez y menosprecio a la seguridad pública.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revoca una sentencia que desestimó una demanda de daños y perjuicios presentada contra el Municipio Autónomo de Caguas. La controversia surge tras un incidente violento en el antiguo parque "Moisty Skate and Family Park", donde un prófugo de la justicia disparó contra un grupo de jóvenes, causando la muerte de tres de ellos. La parte apelante sostiene que el municipio incurrió en negligencia al abandonar las instalaciones, no remover estructuras atrayentes para jóvenes y mantener verjas defectuosas que facilitaban el acceso. Además, alegan que el municipio tenía conocimiento de que personas peligrosas se refugiaban en el lugar y no ejerció una seguridad preventiva adecuada. El Tribunal de Primera Instancia había declarado con lugar una moción de desestimación a favor del municipio, pero el foro apelativo determinó que tal determinación fue errónea. La sentencia concluye que el caso debe ser devuelto al tribunal de origen para continuar con el descubrimiento de prueba. De esta forma, se busca determinar si existió un incumplimiento del deber de cuidado por parte del municipio en la gestión de la propiedad pública.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia contra Wilfredo Rivera Marrero por delitos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos se remontan a agosto de 2016 en el municipio de Santa Isabel, donde el apelante causó la muerte de los hermanos Héctor y Roberto Rivera Torres mediante múltiples disparos. El Ministerio Público imputó dos infracciones al Artículo 93 (a) del Código Penal y una violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, incluyendo diversos agravantes procesales. Durante el trámite judicial, la defensa solicitó la supresión de evidencia obtenida de un teléfono celular, alegando que la orden de registro contravenía las protecciones constitucionales contra registros y allanamientos irrazonables. Tras evaluar el expediente y los fundamentos de derecho, el foro apelativo determinó que no existían razones para revocar el dictamen de culpabilidad. Esta resolución ratifica las penas impuestas y valida los procedimientos realizados desde la determinación de causa para arresto hasta la sentencia final. El dictamen concluye que la prueba presentada fue suficiente para sostener las convicciones por los delitos graves imputados al apelante.