Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 305)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso civil. El Municipio de Carolina demandó a Luis F. Torrent Sierra, Sonia Colón y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por construcciones sin permisos. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia ordenando a los demandados obtener permisos o demoler las obras ilegales. Tras la sentencia, el demandado Luis F. Torrent Sierra solicitó la nulidad del dictamen. Alegó que la sentencia era nula por falta de parte indispensable, ya que Sonia Colón, copropietaria y cónyuge, no fue emplazada personalmente. El TPI denegó esta moción mediante una resolución postsentencia. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones, acogido como certiorari, impugna específicamente esta resolución. La revisión se limita al asunto de la acumulación de partes y emplazamientos, sin entrar en los méritos de la causa de acción original.

Resumen:

Se presenta una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por Venrod Trading Company, Inc. contra Able Sales Company, Inc. El recurso busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre violación de contrato, dolo contractual y daños. Específicamente, Venrod impugna la denegatoria de su solicitud para que Able Sales produjera borradores de contratos y cartas de intención relacionados con un posible acuerdo de compraventa de marcas. Venrod argumentó que estos documentos eran pertinentes y no estaban protegidos por privilegio. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de descubrimiento y la posterior reconsideración. Venrod alega que esta denegatoria constituyó un error y abuso de discreción que afectó su derecho al descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición y la oposición, resuelve denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado.

Resumen:

El Estado Libre Asociado (ELA) presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El ELA impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimar una demanda en daños y perjuicios. La demanda fue presentada por José A. Aponte Colón y otros, quienes alegaron que agentes de la policía entraron a su hogar sin orden y ocuparon su vehículo de motor. Los demandantes reclamaron que la incautación fue ilegal y que sufrieron daños. El ELA solicitó la desestimación argumentando que los demandantes no cumplieron con el requisito de notificar previamente al Estado sobre la posible reclamación, según la Ley Núm. 104. Los demandantes se opusieron, aduciendo que presentaron la demanda poco después de conocer que los cargos criminales relacionados con el vehículo habían sido archivados, lo que, según ellos, constituía una excepción al requisito de notificación. Tras evaluar el recurso y los documentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la petición de certiorari del ELA.

Resumen:

Edwin Torres Resto apeló ante el Tribunal de Apelaciones la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su clasificación de custodia máxima. El recurrente cumple una sentencia de 31 años por delitos graves, incluyendo violencia doméstica y asesinato en segundo grado. Fue reclasificado a custodia máxima en 2014 debido a acciones disciplinarias dentro de la institución. El Comité de Clasificación y Tratamiento ratificó esta clasificación en 2015, citando la naturaleza de sus delitos y su historial de querellas disciplinarias, recomendando continuar terapias. El recurrente objetó, argumentando que las querellas fueron desestimadas y no debían considerarse. La agencia denegó su apelación y reconsideración, indicando que la desestimación fue por incumplimiento reglamentario, no por los méritos, y que la conducta institucional es relevante. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y, tras considerar los hechos y argumentos, confirmó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los apelantes, Ricardo Irizarry Ramírez y otros, buscan revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó una demanda por daños y perjuicios, considerando que los daños reclamados eran "futuros". La demanda original alegaba que el demandado, un investigador, perdió un maletín con información personal sensitiva de los demandantes debido a negligencia. Este incidente ocurrió tras el hurto del maletín del vehículo del investigador. Los demandantes reclamaron angustia, preocupación por su seguridad física y financiera, y afectación a su vida social y familiar. Específicamente, alegaron el temor a ser víctimas de secuestro o robo de identidad y la retención de un reintegro del IRS debido a una planilla falsa usando el seguro social de la esposa. El demandado argumentó que los daños eran especulativos y que no existía nexo causal entre su actuación y el hurto por un tercero. El Tribunal de Primera Instancia acogió una moción de sentencia sumaria como desestimación. El Tribunal de Apelaciones, por las razones que expondrá, revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Marlene Hernández Román. La peticionaria impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de relevo de rebeldía. Dicha rebeldía resultó en una Sentencia parcial en su contra en un pleito de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. La señora Hernández Román argumenta que la sentencia en rebeldía debe dejarse sin efecto porque tiene defensas legítimas. Sostiene que no es responsable de la deuda corporativa y niega haber firmado una garantía personal, alegando falta de prueba por parte de la demandante. Afirma que levantar la rebeldía permitiría ventilar el caso en sus méritos sin causar dilación o perjuicio. La parte recurrida, Southeastern Surgical Products, LLC, solicitó la desestimación del certiorari por falta de jurisdicción. Alega que la peticionaria no notificó a todos los codemandados dentro del término estricto para presentar el recurso. El Tribunal examina la controversia, incluyendo el argumento de la recurrida sobre la notificación defectuosa.

Resumen:

Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentada por un confinado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El confinado fue sancionado disciplinariamente por violar el Código 131 (uso de sustancias) tras una prueba toxicológica rápida positiva. La controversia principal gira en torno a la solicitud de una prueba de corroboración, que el confinado afirma haber pedido pero que el Departamento denegó por no haber sido solicitada adecuadamente. El confinado recurrió la determinación, señalando errores en la celebración de la vista, la fiabilidad de la prueba rápida y la legalidad de la sanción impuesta. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente administrativo, los argumentos del recurrente y la postura de la Procuradora General. Tras evaluar el caso, el panel judicial determinó confirmar la Resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La sentencia valida la sanción impuesta al confinado por la infracción disciplinaria.

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Ante el Tribunal de Apelaciones se presentó un recurso de revisión judicial por Betterecycling Corporation contra la adjudicación de una subasta del Municipio de Arroyo para el suministro de asfalto. Betterecycling impugnó la decisión, alegando que el aviso de adjudicación no exponía los fundamentos de la decisión ni consideraba la preferencia de inversión del 15% que le correspondía por ley. La Junta de Subastas del Municipio de Arroyo compareció y se allanó a los señalamientos de Betterecycling. La Junta admitió que el aviso de adjudicación emitido no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto el aviso de adjudicación original. El caso fue devuelto a la Junta de Subastas del Municipio de Arroyo. La Junta deberá emitir un nuevo aviso de adjudicación que se ajuste a derecho.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por \#1 Auto Sales, Inc. La empresa cuestiona una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que acogió una querella de Manuel Matos Ortiz. El consumidor alegó que un vehículo Ford Ranger 2009 adquirido presentaba fallos significativos poco después de la compra, incluyendo problemas mecánicos y corrosión. También indicó que la empresa no había saldado el préstamo del vehículo entregado en trade in. Una inspección técnica de DACo confirmó defectos graves, incluyendo corrosión estructural y ruidos internos del motor, con un costo de reparación estimado en \$7,500. \#1 Auto Sales se defendió argumentando que el vehículo se vendió sin garantía debido a su alto millaje. La decisión de DACo recurrida ordenó a \#1 Auto Sales reparar el vehículo. Este documento detalla los antecedentes fácticos y procesales de la querella y la revisión judicial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, que desestimó las denuncias contra Luis Hernández Bonilla y Alberto J. Cruz Colón. Los recurridos enfrentaban cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, relacionados con hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2014. La desestimación en primera instancia se basó en la Regla 64(p) de Procedimiento Civil. El documento detalla el proceso previo, incluyendo la vista preliminar donde se determinó causa probable. Se presenta el testimonio de un testigo herido, quien identificó a los recurridos presentes tras las detonaciones. Sin embargo, el testigo no pudo identificar quién disparó ni si los recurridos portaban armas. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la determinación de desestimación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso sobre impericia médica y daños. Los apelantes, Maritza Torres Cruz y otros, solicitaron la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El tribunal apelativo requirió a los apelantes acreditar el cumplimiento con la notificación al foro primario según la Regla 33(A) y justificar cualquier incumplimiento. Ante dificultades para cumplir con dicho requisito, los apelantes presentaron una moción solicitando el desistimiento voluntario sin perjuicio del recurso. El Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar la petición de desistimiento voluntario. En consecuencia, se tuvo a la parte apelante por desistida del recurso. Se ordenó el archivo del caso sin especial imposición de costas u honorarios de abogado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Edward Rivera Aponte. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación y revocó los beneficios de sentencia suspendida. Rivera Aponte fue convicto en 2007 por delitos de sustancias controladas y se le suspendió la sentencia bajo condiciones, incluyendo permanecer en un hogar. En agosto de 2007, se solicitó la revocación de su probatoria por abandonar el hogar. Se emitió una orden de arresto, pero no fue localizado y se informó que estaba en Estados Unidos. Años después, en 2014, el Tribunal inició el proceso de revocación. La defensa de Rivera Aponte argumentó que el extenso retraso en el procedimiento violó su derecho al debido proceso de ley. El Ministerio Público sostuvo que Rivera Aponte conocía la posibilidad de la vista en ausencia y se hicieron gestiones para localizarlo. El documento detalla el trasfondo fáctico y los argumentos de las partes ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó denuncias contra José L. Tapia Rivera por violaciones a la Ley de Armas. El Ministerio Público había presentado nuevas denuncias luego de que una vista preliminar en alzada previa resultara en una desestimación. El foro primario fundamentó su desestimación en que el Ministerio Público no podía reiniciar el proceso tras la desestimación en alzada, considerándola una determinación final. La Procuradora General recurrió en certiorari, argumentando que las reglas permiten iniciar otro proceso por delitos graves en tales circunstancias. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Tras revisar el caso, el Tribunal revocó la resolución del foro primario que desestimó las denuncias.

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Se trata de una sentencia de un panel apelativo sobre una demanda de desahucio en precario. La acción fue instada por Amalio Méndez Negrón y su esposa contra su hermana, Doris Méndez Negrón. La controversia gira en torno a la posesión de la Parcela B en Ponce, la cual fue donada a Amalio por sus padres en 1985 y está inscrita a su nombre. Doris, quien recibió otra parcela en la misma donación, ha ocupado la Parcela B de su hermano desde 1985 con su consentimiento y sin pagar canon. Surgieron desavenencias entre los hermanos, motivando la solicitud de desahucio. Doris se opone, alegando ser edificante de buena fe por haber pagado la construcción de la casa con anuencia del titular, reclamando derecho a retención hasta ser reembolsada. Amalio sostiene que él pagó por terminar la edificación y que es el titular registral que sufraga los gastos de la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaria para dilucidar estas reclamaciones. La sentencia resuelve la apelación presentada en este litigio de desahucio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El caso versa sobre una demanda de daños y perjuicios y discrimen político presentada por José A. Vallecillo Sánchez y Celenia Ramírez González contra la Autoridad de los Puertos. La demanda se relaciona con gestiones para establecer un negocio en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio, acogiendo la defensa de cosa juzgada. Dicha desestimación se fundamentó en que los apelantes habían presentado previamente dos demandas sobre la misma controversia, las cuales fueron desestimadas con perjuicio. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el historial procesal y los fundamentos de la desestimación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida. La confirmación valida la aplicación de la doctrina de cosa juzgada a la tercera demanda presentada por los apelantes.

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Un panel judicial evaluó la validez de un contrato entre el Municipio Autónomo de Ponce y CSCG, Inc. El litigio surgió de una demanda de CSCG por incumplimiento de un contrato para desarrollar un proyecto de vivienda social. CSCG alegó que el Municipio no cumplió su obligación de entregar una finca libre de ocupantes, lo que le causó daños. El Municipio negó el incumplimiento y sostuvo que el contrato era nulo por falta de objeto cierto. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor de CSCG, encontrando que hubo incumplimiento contractual. El Municipio apeló esta determinación, argumentando la nulidad del contrato. El panel revisó las disposiciones del Código Civil sobre contratos y los hechos del caso. Tras el análisis, el panel CONFIRMÓ la sentencia apelada. La decisión valida el contrato y la determinación de incumplimiento por parte del Municipio. La causa de acción por daños y perjuicios quedó pendiente para una vista posterior.

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Litigio sobre la sucesión de Práxedes Ortiz Santiago, con desavenencias entre su viuda y sus cuatro hijos, declarados herederos. La viuda y una hija instaron una demanda para la liquidación de los bienes hereditarios contra los otros tres hijos. Dos de los hijos demandados, residentes en Florida, fueron emplazados por edicto y declarados en rebeldía al no comparecer. Posteriormente, estos hijos comparecieron en el litigio y solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que dejara sin efecto la anotación de su rebeldía. El Tribunal denegó dicha solicitud. Insatisfechos, los peticionarios acudieron ante este Tribunal apelando la denegatoria. Este Tribunal concedió término a la parte recurrida para mostrar causa por la cual no se deba revocar la resolución apelada.

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La recurrente, maestra del Departamento de Educación, reclamó el reembolso de gastos de dieta y millaje por el uso de su vehículo privado. Tras la negativa del Departamento, apeló ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP desestimó el caso por falta de jurisdicción, argumentando que las reclamaciones de dieta y millaje corresponden al Departamento de Hacienda. La recurrente solicitó reconsideración, que fue denegada, y acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la decisión de la CASP y el alcance de su jurisdicción según el Plan de Reorganización Núm. 2-2010. Determinó que la jurisdicción de la CASP está limitada a asuntos específicos no relacionados con reclamaciones de dieta y millaje bajo reglamentos de Hacienda. Confirmó que la CASP actuó correctamente al declararse sin jurisdicción. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la CASP que desestimó la reclamación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por José M. Montañez Rodríguez. El apelante impugnó la sentencia de ciento veintinueve (129) años de reclusión dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia se impuso tras un veredicto de culpabilidad de un Jurado por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos se relacionan con el homicidio de Ricardo Rey Reyes Evans ocurrido el 14 de noviembre de 2012. La pena de 129 años resultó de 99 años por asesinato y penas consecutivas por las infracciones a la Ley de Armas, duplicadas según la ley. El apelante solicitó la revocación de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo los hechos y la prueba desfilada en el juicio. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Este caso es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un proceso de divorcio (D DI1992-3245). La apelante, Sra. Rosaura María Lugo Martínez, recurre de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución, dictada el 3 de febrero de 2015, denegó su Moción de Reconsideración. La moción buscaba reconsiderar una orden previa que relevó al Sr. Felipe O. Hernández Torres del pago de pensión alimentaria para su hijo mayor de edad. El caso había sido previamente devuelto al TPI por este Tribunal para celebrar una vista sobre el relevo de pensión. Se señaló una vista, pero la representación legal de la Sra. Lugo no compareció, lo que llevó a la orden de relevo. La Sra. Lugo presentó la moción de reconsideración explicando la incomparecencia por motivos de salud de su clienta y su representación legal. El TPI denegó esta moción sin evaluar las razones expuestas. Mediante esta Sentencia del 17 de julio de 2015, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Multiplaza de Puerto Rico, Inc. Multiplaza demandó a Cabo Norte, Inc. y otros, buscando la nulidad de un contrato de compraventa de acciones y pagarés de una corporación dueña de una finca. El contrato de 2007 estaba relacionado con el desarrollo de un proyecto residencial y turístico. Multiplaza alegó que su consentimiento al contrato estaba viciado. Específicamente, sostuvo que no se le entregó un estudio de suelos de 2002 ni se le informó sobre procedimientos de FEMA para reclasificar los niveles de inundabilidad del terreno. La demanda solicitaba la devolución del dinero pagado y una indemnización por daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio tras el juicio en su fondo. Multiplaza apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los señalamientos de error, el panel de jueces confirmó la sentencia apelada. La transacción se originó con una carta de intención en marzo de 2007 y se formalizó con un acuerdo de compraventa en abril de 2007.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Magaly Carrión Chico, solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda. La demanda original fue presentada contra Plaza Las Américas, Inc., Ranger American of P. R., Inc., y otras entidades, alegando negligencia. La apelante sufrió daños durante un intento de robo en el estacionamiento del centro comercial, argumentando falta de seguridad adecuada. Tras la presentación de la prueba de la apelante en el TPI, los demandados solicitaron la desestimación bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. El TPI declaró No Ha Lugar la demanda y le impuso costas a la apelante. El Tribunal de Apelaciones, luego de revisar los autos y la transcripción del juicio, procede a confirmar el dictamen apelado. La sentencia del TPI que desestimó la reclamación por daños y perjuicios es, por tanto, ratificada.

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Fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La acción fue presentada por Jesús M. Ruiz Delgado y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (FSE) contra Clif Rob Properties SE y la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos. La reclamación se originó por un accidente en el que el Sr. Ruiz Delgado sufrió una dislocación de hombro. El Tribunal de Primera Instancia determinó la responsabilidad de los demandados. Condenó a los demandados al pago de sesenta y ocho mil dólares ($68,000.00) por los daños sufridos. La sentencia de instancia dispuso que el FSE debía recobrar sus gastos de tratamiento de dicha partida. El Tribunal de Primera Instancia no fijó honorarios de abogado. El demandante y el FSE solicitaron la revisión de esta sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación presentada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de Certiorari presentado por Elliot D. Rivera Pérez y Nanette Dumont. Los peticionarios solicitan la revocación de una orden post-sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden, emitida el 10 de marzo de 2015, declaró no ha lugar una moción de aclaración de sentencia. La sentencia original fue dictada el 14 de octubre de 2014 en un caso de cobro de dinero. El caso fue iniciado por Samuel Ferrer Alicea contra los peticionarios y A\&O Solutions, LLC. La controversia original giraba en torno a una deuda por servicios y ventas. Los peticionarios argumentaron que la deuda correspondía a la entidad corporativa, no a ellos personalmente. El Tribunal de Apelaciones analizó los antecedentes procesales del caso. Concluyó que el recurso de Certiorari fue presentado de manera prematura. Por consiguiente, se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Xavier Padilla Vélez, confinado por apropiación ilegal agravada (Art. 182 C.P.), solicitó al Tribunal de Primera Instancia la aplicación de enmiendas recientes al Código Penal (Leyes 146-2012 y 246-2014). Argumentó que estas enmiendas, bajo el principio de favorabilidad, debían reducir su sentencia de tres años a seis meses. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No ha lugar" su petición el 26 de mayo de 2015. Padilla Vélez recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante una moción de revisión judicial. Sostuvo que el delito cualificaba para la aplicación de las enmiendas y que había cumplido con el pago de daños. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud sin requerir comparecencia escrita de la parte apelada. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de certiorari presentado por el apelante. La decisión se basa en parte en las reglas de procedimiento criminal y del Tribunal de Apelaciones relativas a la revisión de sentencias y órdenes del foro primario.

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Luis A. Rodríguez Torres presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en una acción civil contra Melissa Colón Rodríguez Inc. El peticionario cuestionaba el manejo del foro primario respecto a la alegada falta de cumplimiento de la Corporación con una orden de descubrimiento de prueba y la denegatoria de su moción de reconsideración sobre el particular. El Tribunal de Apelaciones examinó si el recurso cumplía con los requisitos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico para la expedición de un Certiorari contra resoluciones interlocutorias. Dicha regla limita la revisión apelativa de este tipo de órdenes a casos específicos, como mociones dispositivas o excepciones puntuales no relacionadas con el manejo ordinario del descubrimiento. El Tribunal determinó que el asunto recurrido, relativo a las facultades discrecionales del foro primario en el manejo del descubrimiento de prueba, no está comprendido en las disposiciones de la Regla 52.1 que permiten la revisión interlocutoria. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que carecía de autoridad para acoger el recurso. Se desestimó el recurso de Certiorari presentado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por Angelita Rivera Colón contra Abiezer Ortiz Martínez, dueño de Mueblería La Casa del Gavetero. La Sra. Rivera Colón reclamó la resolución de un contrato de compraventa de un juego de cuarto que fue entregado tarde y con defectos (polilla). El DACo determinó que el Sr. Ortiz Martínez incumplió el contrato al no entregar el mueble a tiempo y al entregarlo defectuoso, a pesar de que la consumidora pagó el precio total. Por ello, el DACo ordenó al Sr. Ortiz Martínez reembolsar a la consumidora el costo del juego de cuarto más el impuesto. El Sr. Ortiz Martínez solicitó reconsideración al DACo y luego presentó una revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el proceso administrativo y la prueba desfilada. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección y Rehabilitación a Ismael Benítez Méndez, miembro de la población correccional. La sanción, consistente en la pérdida de privilegios por 25 días, derivó de una alegada agresión basada en la declaración de otro confinado. Benítez Méndez impugna la decisión alegando un error en su nombre en la querella, una investigación que excedió el término reglamentario y la existencia de una declaración de otro confinado asumiendo responsabilidad. El tribunal aplica el estándar de revisión judicial que exige deferencia a las determinaciones fácticas de las agencias administrativas si están sustentadas por evidencia sustancial. Se menciona una posible falta de jurisdicción por la ausencia de pago de aranceles o autorización para litigar *in forma pauperis*, aunque el tribunal procede a evaluar el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Departamento de la Familia. El Departamento solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo arbitral. El laudo, emitido por la Comisión Apelativa del Servicio Público, ordenó la reclasificación retroactiva de Carmen Gutiérrez Rivera al puesto de Oficinista IV y el pago de salarios retroactivos desde el 7 de julio de 2008. La señora Gutiérrez Rivera solicitó la reclasificación en esa fecha y realiza las tareas del puesto superior sin haber recibido una determinación final de la agencia. El Departamento se opone específicamente al pago retroactivo de salarios. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la petición del Departamento y confirmó el laudo. El Departamento alega que el TPI erró al concluir que el árbitro actuó conforme a derecho al ordenar dicho pago retroactivo. El Tribunal de Apelaciones procederá a revisar la decisión del TPI, considerando la política pública a favor del arbitraje y el alcance limitado de la revisión judicial de los laudos.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Alfredo B. Herger Dorsey. El apelante cuestiona la sentencia de culpabilidad dictada en su contra por infracciones a los artículos 5.04 (portación de armas sin licencia) y 5.15 (apuntar armas) de la Ley de Armas. Los hechos se remontan a septiembre de 2013, resultando en denuncias y un proceso judicial. Inicialmente, se ordenó la supresión de evidencia (armas) obtenida en una intervención, dictamen que fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones, llevando al archivo de uno de los cargos. El caso continuó a juicio por jurado por un cargo de Art. 5.04 y otro de Art. 5.15. El jurado emitió veredicto de culpabilidad en ambos casos. El Tribunal de Primera Instancia sentenció al apelante a penas consecutivas de 5 y 1 año. Herger Dorsey apeló, alegando errores relacionados con el uso de evidencia suprimida, evidencia derivada, instrucciones al jurado y la prueba del cargo de Art. 5.15. Tras analizar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de mandamus. La peticionaria, RL Partners, LLC., sucesora en interés de Scotiabank, solicitó que se ordenara al Tribunal de Primera Instancia resolver una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Final. Dicha moción fue presentada el 21 de septiembre de 2012 en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El pleito original fue incoado en 2008 por R-G Premier Bank contra los recurridos por incumplimiento de préstamos comerciales. Los recurridos contestaron la demanda y reconvinieron, alegando nulidad de los préstamos. Tras varias incidencias procesales y sustituciones de parte, Scotiabank presentó la moción de sentencia sumaria final. Los recurridos solicitaron una prórroga para oponerse, condicionada a información sobre la titularidad del crédito. La moción de sentencia sumaria final permanecía sin resolver al momento de la petición de mandamus en junio de 2015. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, denegó la expedición del auto de mandamus solicitado.

Resumen:

Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones revisa una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de relevo de sentencia en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La demanda original, presentada en 2009 contra un hospital y un médico, fue paralizada en 2010 debido a la quiebra del hospital. El Tribunal de Primera Instancia emitió órdenes en octubre de 2010 que dispusieron la paralización y el archivo administrativo o terminación para fines estadísticos, reteniendo jurisdicción por 60 días. Tras finalizar el proceso de quiebra, la demandante solicitó reabrir el caso. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reapertura, interpretando que sus órdenes de 2010 se habían convertido en sentencias finales y firmes. Posteriormente, denegó una moción de relevo de sentencia. El Tribunal de Apelaciones determina que las órdenes de 2010 solo decretaron la paralización del caso a raíz de la quiebra y no resolvieron la reclamación de forma final. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia erró al considerar que dichas órdenes advinieron finales y al denegar la moción de relevo. Se expide el auto y se revoca la decisión recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Banco Popular contra Héctor Cuprill y Aurora Serrallés. Los peticionarios incumplieron un préstamo hipotecario otorgado en 2009. Tras la demanda del Banco, los emplazamientos fueron diligenciados personalmente a los peticionarios. Estos, aunque admitieron haber recibido los documentos, impugnaron la validez del diligenciamiento. Alegaron que la certificación del emplazador era nula por omitir el lugar exacto y el modo específico de la entrega. El Tribunal de Primera Instancia denegó su moción, validando el emplazamiento y ordenándoles contestar la demanda. Insatisfechos, los peticionarios recurrieron al Tribunal de Apelaciones. Su planteamiento principal es que el tribunal de instancia erró al no declarar la nulidad del diligenciamiento. El documento detalla el historial procesal y el punto controvertido sobre la suficiencia de la certificación del emplazamiento personal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de revisión judicial presentado por Universal Fire Control, Corp. contra una resolución del Negociado de Seguridad de Empleo. Dicha resolución había declarado elegible para beneficios por desempleo a un exempleado de Universal Fire. La empresa recurrió la decisión administrativa, pero su escrito inicial no incluyó copia de la resolución impugnada ni una discusión fundamentada de los errores señalados. Universal Fire se limitó a anunciar su intención de apelar y solicitar una prórroga para presentar un alegato completo. El tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La desestimación se fundamentó en que el recurrente no formalizó adecuadamente el recurso dentro del término jurisdiccional de 30 días, conforme a las reglas del Tribunal de Apelaciones. La falta de inclusión de la decisión recurrida y la ausencia de argumentación fundamentada impidieron al tribunal evaluar los reclamos. Además, las reglas no permiten prórrogas para términos jurisdiccionales, y la falta de jurisdicción es un defecto insubsanable.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por José A. Guevara Ortiz. El peticionario buscaba revisar una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó reclamaciones contra dos demandados en un pleito de daños y perjuicios. La decisión del Tribunal de Apelaciones se basó en incumplimientos procesales sustanciales. El peticionario no pagó los aranceles ni solicitó litigar in forma pauperis, lo que afectaba la jurisdicción. Además, el recurso incumplió gravemente con los requisitos de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Faltaron elementos esenciales como cubierta, índices, una discusión fundamentada de los errores y un apéndice completo con los documentos relevantes del caso. Estos incumplimientos, incluso para una parte que comparece por derecho propio, son suficientes para desestimar el recurso. Aunque el tribunal mencionó las alegaciones del peticionario sobre representación legal inadecuada y acciones de fiscales/juez, no entró a considerar el fondo debido a las fallas procesales. La sentencia parcial apelada tampoco era final y apelable, lo cual fue otra advertencia. Por tanto, el recurso fue denegado prescindiendo de otros trámites.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El recurso surge de una demanda presentada por Luis Pagán Cardona tras el ataque de un perro a su hijo en el área residencial de Dorado Beach. La Asociación de Residentes de Dorado Beach apela la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente la reclamación contra el codemandado St. James Security Services Inc. St. James solicitó la desestimación argumentando que su contrato no le obligaba a intervenir con animales realengos. Dorado Beach se opuso, señalando que St. James era parte indispensable y que el descubrimiento de prueba no había culminado. El Tribunal de Primera Instancia concedió la desestimación sumaria a St. James, considerando que la prueba documental no presentaba controversias de hechos materiales. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el caso, revoca la Sentencia Parcial recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Ponce, emitida el 17 de julio de 2015. El recurso fue presentado por Javier Rolón Cosme, Alicia Rodríguez Vázquez e Israel Martínez Guzmán. Apelan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce de septiembre de 2014. Dicha sentencia del TPI desestimó por prescripción una reclamación de daños y perjuicios. La demanda original fue instada por los apelantes y Nivea Rolón Rodríguez contra St. Luke's Memorial Hospital, los doctores Felipe Sánchez Gaetán y Manuel Pellicier, y su aseguradora SIMED. La reclamación se basó en alegada impericia médica durante una cirugía de vesícula realizada a la señora Rolón Rodríguez en julio de 2007, que causó complicaciones. El TPI determinó que la acción legal había caducado. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por los apelantes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial. El recurrente, un confinado, impugnó una resolución del Departamento de Corrección relativa a sus servicios médicos por dolor de espalda. Había solicitado atención de un fisiatra, alegando demora y servicios deficientes. La agencia confirmó que el recurrente fue evaluado por un fisiatra y que se programaron terapias físicas. Inconforme, el recurrente acudió al tribunal solicitando mejor atención médica. El Tribunal de Apelaciones, antes de evaluar el fondo del reclamo, consideró su facultad para atender el caso. Determinó que carecía de jurisdicción para conocer del recurso. Por consiguiente, el recurso de revisión fue desestimado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión judicial. La recurrente impugnó una resolución del DACO que cerró su querella contra la empresa Casas Mi Estilo. La querella original ante DACO se basaba en el incumplimiento de un contrato de compraventa de una casa prefabricada, pagada pero no entregada. DACO ordenó el archivo de la querella al determinar que la empresa recurrida se había acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. La agencia fundamentó su decisión en la paralización automática que impone la ley federal de quiebras (11 U.S.C. § 362). DACO orientó a la querellante a presentar su reclamación en el foro de quiebras. La recurrente solicitaba la entrega de la casa o la devolución del dinero. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de DACO. La sentencia valida que, ante un proceso de quiebra, la jurisdicción para atender este tipo de reclamaciones recae exclusivamente en el Tribunal de Quiebras.

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María Nadal Colón presentó una querella por despido injustificado contra su exempleadora, Rama Construction, LLC, bajo la Ley 2. Rama alegó que el despido estuvo justificado por una disminución en el volumen de negocios, conforme a la Ley 80. El Tribunal de Primera Instancia concedió una sentencia sumaria a favor de Rama, desestimando la querella. Nadal Colón apeló, argumentando que el despido fue injustificado y contrario a la Ley 80 por retenerse empleados de menor antigüedad. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para entender en el recurso. Esto se debió a que la Ley 133 de 2014 estableció un término jurisdiccional de diez días para apelar en casos bajo la Ley 2. La apelación fue presentada después de que dicho plazo expirara. Por lo tanto, el Tribunal ordenó la desestimación del recurso de apelación.

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Carlos Omar Morales Colón, un confinado, solicitó al Tribunal de Apelaciones un auto de mandamus contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Buscaba obligar al Departamento a emitir una respuesta a su solicitud de reconsideración administrativa sobre su traslado a otra institución correccional. Bajo el reglamento aplicable a su solicitud, recibir la respuesta de reconsideración era un requisito previo para solicitar revisión judicial. El peticionario presentó la acción de mandamus porque no había recibido la respuesta y deseaba preservar su derecho a la revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición y determinó que era prematura. El tribunal señaló que el mandamus contra una agencia por dilación generalmente procede solo después de una tardanza irrazonable, a menudo considerada superior a seis meses según la jurisprudencia y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Al encontrar que no se cumplían los requisitos esenciales para el auto discrecional, el tribunal desestimó la petición.

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La Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) inspeccionó el contador de energía en la residencia del recurrente Juan Dávila Rivera y encontró que estaba intervenido con un resistor que impedía la medición real del consumo. La A.E.E. estimó una deuda de \$14,459.06 por consumo no medido, asumiendo que la situación existía desde 2005. La agencia suspendió el servicio y notificó la deuda al recurrente. Dávila Rivera apeló la determinación ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la A.E.E. Tras una vista evidenciaria, la A.E.E. emitió una resolución confirmando la violación reglamentaria y ordenando el pago de la deuda estimada, gastos administrativos y una multa. Insatisfecho, Dávila Rivera recurrió ante este tribunal, cuestionando la determinación de incumplimiento y la inspección en su ausencia. El tribunal aplica la norma de deferencia a las agencias administrativas cuyas determinaciones de hecho estén apoyadas por evidencia sustancial. La corte señala que la determinación de la A.E.E. sobre el contador intervenido está respaldada por la declaración de testigos de la agencia, a quienes el foro administrativo dio credibilidad.

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Esta sentencia aborda la actuación del Tribunal de Primera Instancia en la fijación de honorarios de abogado. Previamente, este Tribunal ordenó al foro primario fijar honorarios, incluyendo los de la etapa apelativa. El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución concediendo honorarios porcentuales para todas las etapas antes de recibir el mandato. Este Tribunal revocó dicha resolución, instruyendo al foro primario a esperar el mandato y fijar los honorarios apelativos según el Canon 24 y la prueba sometida. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia volvió a emitir la misma resolución revocada, actuando nuevamente antes de recibir el mandato y concediendo honorarios porcentuales contrarios a la orden. La norma establece que el Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción para actuar hasta recibir el mandato del foro superior, y sus resoluciones que contradicen el mandato son nulas. La actuación del foro primario de emitir la resolución del 20 de mayo de 2015 fue inoficiosa, prematura y contraria a la sentencia previa. Esta conducta ha causado gastos innecesarios a la parte apelante. Por tanto, se revoca la resolución del 20 de mayo de 2015. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que proceda conforme a lo ordenado previamente.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de revisión judicial presentado por Betterecycling Corporation contra la Junta de Subastas del Municipio de Yauco. Betterecycling impugnaba la adjudicación de la Subasta 2015-16 Renglón 4 y 5 a R&F Asphalt Unlimited, Inc. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal. Según la Ley de Municipios Autónomos, el término para solicitar revisión judicial de una adjudicación de subasta es de diez días a partir del depósito en correo de la notificación. La Junta de Subastas notificó su determinación el 19 de junio de 2015, según el ponche del correo. Bettercycling Corporation presentó su recurso el 30 de junio de 2015, transcurridos once días desde la notificación. El tribunal rechazó el argumento de Bettercycling sobre una fecha de notificación posterior basada en rastreo electrónico, prevaleciendo la fecha del ponche. Al haberse presentado el recurso fuera del término jurisdiccional de diez días, el tribunal carecía de autoridad para atender el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la solicitud de pase familiar de un confinado. El recurrente, Samuel Rivera Alejandro, impugna la decisión de Corrección que denegó y archivó su solicitud por falta de jurisdicción. Previamente, en 2009, el recurrente fue referido para un pase inicial, el cual fue denegado en 2012 tras oposición de la familia de la víctima y recomendaciones negativas. Un recurso anterior ante este Tribunal fue desestimado al no considerarse la denegatoria una adjudicación final, instruyéndosele a esperar una determinación final. El recurrente alega no haber recibido nunca esa determinación final ni haber sido referido nuevamente para el pase. En 2014, solicitó que se reiniciara el proceso para obtener pases iniciales, indicando que cualificaba. La División de Remedios Administrativos denegó esta solicitud basándose en el trámite de la denegatoria original, sin atender el pedido de reinicio del proceso. El recurrente solicitó reconsideración, argumentando que no se consideraron sus ajustes institucionales ni se le permitió ser referido nuevamente. La Oficina de la Procuradora General concurre en que el caso debe ser devuelto a Corrección para que se atienda el reclamo del recurrente conforme a la reglamentación.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones denegando una solicitud de certiorari presentada por Heriberto Cruz Torres. El peticionario busca la revisión de la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su segunda moción de nuevo juicio. Cruz Torres fue convicto en 2008 por asesinato en primer grado y otros delitos, sentencia que fue confirmada en apelación. Previamente, presentó una primera moción de nuevo juicio basada en nueva prueba testifical, la cual fue denegada por el TPI y confirmada en apelación. La segunda moción se fundamenta en la declaración jurada de otro testigo, cuya versión contrasta con una declaración previa a la policía. El peticionario también intentó, sin éxito, la inhibición del juez del TPI que consideraba la segunda moción. El Tribunal de Apelaciones deniega la solicitud de certiorari para revisar la negativa del TPI a conceder el nuevo juicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta sentencia en respuesta a una moción presentada por Héctor M. Velázquez Cabrera. Velázquez Cabrera solicitó la modificación de su sentencia por infracciones a los Artículos 199 y 215 del Código Penal y al Artículo 15 de la Ley 8. Alegó ser elegible para dicha modificación basándose en una enmienda al Código Penal de 2012. Compareciendo por derecho propio, presentó una moción pidiendo la enmienda de su sentencia. No obstante, el tribunal determinó que su presentación carecía de información y documentación esencial. Faltaba información sobre la sentencia original, trasfondo fáctico y procesal, discusión de errores y un apéndice con documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de términos jurisdiccionales. El tribunal recordó que comparecer por derecho propio no exime a las partes de cumplir con las reglas procesales. Citando doctrina reiterada, la sentencia señala que el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias para la presentación de recursos puede resultar en su desestimación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la moción de Velázquez Cabrera por incumplimiento de las reglas procesales.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación de la Comisión Industrial. La disputa central gira en torno a la concesión de incapacidad total permanente por factores socioeconómicos al Sr. José M. Orozco Carrasquillo. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) había denegado inicialmente esta incapacidad. El Sr. Orozco Carrasquillo, quien sufrió un accidente laboral en 1992 como crupier, apeló la decisión de la CFSE ante la Comisión Industrial. La Comisión revocó la determinación de la CFSE y ordenó la concesión de los beneficios por incapacidad total. La CFSE solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por la Comisión. Mediante este recurso, la CFSE apeló la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución en Reconsideración emitida por la Comisión Industrial.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial sobre un recurso de mandamus presentado por un confinado. El recurrente solicitó bonificación a su pena por estudio y trabajo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) el 3 de junio de 2015. Sin esperar respuesta, presentó el recurso de mandamus el 14 de julio de 2015. El tribunal examinó el Reglamento del DCR para atender remedios administrativos, el cual establece plazos específicos para el trámite interno de las solicitudes. Estos plazos incluyen términos para la remisión de la solicitud, la respuesta de las áreas pertinentes y la contestación final al confinado. Se consideró también la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que dispone un término directivo de seis meses para que las agencias resuelvan casos. El tribunal determinó que el recurso de mandamus fue presentado prematuramente. Por consiguiente, se desestima el recurso.