Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 203)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de certiorari presentada por el Municipio de Arecibo. El Municipio buscaba revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que le ordenaba depositar \$205,577.13 adeudados a Aldarondo \& López Bras, P.S.C. El caso se originó por una demanda de cobro de dinero por servicios legales impagados desde 2013. En 2014, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de Aldarondo \& López Bras por más de \$288,000, tras el allanamiento del Municipio. El Municipio realizó solo un pago parcial y alegó que la Ley Núm. 66-2014 le permitía aplazar pagos por falta de fondos. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento, determinando que el Municipio incumplió con los requisitos de certificación de insuficiencia de fondos bajo dicha ley para varios años fiscales. Ante el incumplimiento continuo, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al Municipio consignar la deuda bajo pena de desacato. La denegatoria del certiorari por el Tribunal de Apelaciones confirma la validez de la orden del Tribunal de Primera Instancia. La resolución del Tribunal de Apelaciones también deja sin efecto la paralización del proceso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo un recurso de certiorari presentado por United Surety \& Indemnity Company (USIC). La aseguradora impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original fue incoado por Benjamín Rodríguez Bermúdez contra USIC por incumplimiento de contrato tras los daños sufridos en su propiedad por el huracán María. USIC inicialmente denegó la reclamación, pero luego ofreció \$2,044 como pago total y final, presentando un documento de relevo y un cheque con lenguaje de finiquito. El Sr. Rodríguez cobró el cheque, pero posteriormente demandó a USIC reclamando mayores daños, perjuicios e IVU. USIC argumentó que el cobro del cheque constituyó una transacción y relevo total de las reclamaciones, solicitando la desestimación mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha solicitud. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. El panel apelativo confirmó y modificó en parte la Resolución recurrida.

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Una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones busca revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró HA LUGAR una moción de relevo de sentencia. El caso subyacente es un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por Banco Popular de Puerto Rico contra César Iván Díaz Matos, Maritere Sánchez Cruz y su sociedad legal de gananciales. Banco Popular demandó en 2014 por incumplimiento de múltiples préstamos y líneas de crédito. Los peticionarios alegaron defensas relacionadas con su residencia principal y la Ley 184 de 2012 sobre mediación compulsoria. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor de Banco Popular en 2018. Dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo denegó la revisión. Posteriormente, los peticionarios presentaron una moción de relevo de sentencia en el foro primario, argumentando que la sentencia sumaria era nula por incumplir con la ley y jurisprudencia aplicable a la ejecución de hipoteca sobre una vivienda principal. El Tribunal de Apelaciones ha ordenado la remisión de los autos originales y procederá a atender el recurso que impugna la orden concediendo dicho relevo.

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Un panel de juezas consideró una petición de certiorari presentada por Manpower, Inc. Manpower solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación en una querella instada por la señora María I. Pérez Pérez. La señora Pérez demandó a Manpower alegando despido injustificado, represalias y discrimen tras presentar una querella ante agencias anti-discrimen. Manpower solicitó la desestimación bajo la doctrina de actos propios, argumentando que la señora Pérez había demandado previamente a otras personas por causar su despido basándose en los mismos hechos. La señora Pérez se opuso a la moción, sosteniendo que los casos involucraban reclamaciones y procedimientos distintos, haciendo inaplicable la doctrina. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de Manpower. Inconforme, Manpower presentó esta petición de certiorari impugnando esa denegatoria. El panel, con el beneficio de las comparecencias, resuelve denegar la expedición del certiorari. Esta decisión mantiene, por el momento, la determinación del TPI de no desestimar la querella de la señora Pérez.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Eliezer Santana Báez. El peticionario solicita la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su pedido para levantar la paralización automática bajo la Ley PROMESA. El caso subyacente es una demanda por daños contra Correctional Health Services Corp. y el Estado Libre Asociado, relacionada con alegada falta de tratamiento médico. El peticionario argumentó que la paralización no debía aplicar porque el Estado no fue emplazado y no era parte del litigio. El Tribunal de Primera Instancia mantuvo la paralización, citando las disposiciones de PROMESA y una orden previa del tribunal federal. Inconforme con esa determinación, el peticionario acudió al foro apelativo. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del certiorari solicitado.

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Universal Insurance Company presentó un recurso de *certiorari* ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Resolución había declarado No Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria interpuesta por Universal. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Ramón Pacheco Cardona contra Universal Insurance Company. Pacheco Cardona reclamó daños a su propiedad tras el Huracán María y alegó que la aseguradora no ofreció una compensación justa. Universal solicitó sentencia sumaria argumentando que la reclamación fue finiquitada mediante "accord and satisfaction" al aceptar y cambiar un cheque y firmar un acuerdo. Pacheco Cardona se opuso, alegando que no fue debidamente orientado sobre sus derechos y que aceptó el pago por necesidad, sin estar conforme con la cantidad. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos esenciales en controversia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, denegó la expedición del auto de *certiorari* solicitado. La denegatoria implica que el Tribunal de Apelaciones consideró correcta la determinación del foro primario sobre la existencia de controversias fácticas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de certiorari presentado en un caso de paternidad. El peticionario, Kenneth Quiñones Quiñones, solicitaba la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin jurisdicción para atender su moción, basándose en una sentencia final previa. El peticionario, quien se encuentra confinado, también expresó su interés en el reconocimiento voluntario de su hija. El Tribunal de Apelaciones determinó que el escrito presentado carecía de señalamientos de error, notificación a la parte recurrida y documentación pertinente. Estos incumplimientos contravienen varias reglas del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El tribunal recordó la importancia del cumplimiento riguroso de las normas procesales para perfeccionar un recurso, incluso para quienes comparecen por derecho propio. Dado que los incumplimientos impidieron al tribunal atender los méritos del caso, se procedió a desestimar el recurso. La sentencia ordena notificar al peticionario en la institución penal donde se encuentra.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Lcda. Alexandra Lúgaro Aponte. La Peticionaria solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo que le denegó un relevo de una asignación como abogada de oficio. La Lcda. Lúgaro Aponte fue designada para representar a un imputado indigente tras un conflicto de la Sociedad para la Asistencia Legal. Argumentó que no ejerce la abogacía desde 2015, reside en otra región judicial y se encuentra en medio de una campaña a la gobernación, lo que le impedía ofrecer una representación legal adecuada. El foro primario declaró no ha lugar su solicitud de relevo. Mediante este recurso, el Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un recurso de certiorari solicitado por los demandados en un pleito civil. Los demandados, el matrimonio Nagle y el ingeniero Rosado, buscaban la revisión de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones denegaron su solicitud para que los demandantes prestaran fianza de no residente y su moción de desestimación. El caso original fue presentado por los matrimonios Tulchinsky y Brand López, propietarios en Rincón, Puerto Rico. Alegaron que una construcción cercana realizada por los demandados interfería con su propiedad y violaba la Ley 161-2009. Los demandados argumentaron que los demandantes no residían en Puerto Rico y que el tribunal carecía de jurisdicción, debiendo agotar remedios administrativos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la fianza basándose en la Regla 69.5(b) de Procedimiento Civil. También rechazó la moción de desestimación por falta de jurisdicción y legitimación activa. El Tribunal de Apelaciones determinó no expedir el certiorari, manteniendo las decisiones del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante Certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria. El litigio principal surge de una demanda presentada por Yolanda Ríos Roque contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y mala fe. La disputa se relaciona con la reclamación de daños a su propiedad asegurada tras el paso del Huracán María en 2017. MAPFRE, la aseguradora, intentó resolver el caso por la vía sumaria, argumentando la inexistencia de controversias fácticas. El Tribunal de Primera Instancia identificó hechos no disputados, como la existencia de la póliza y el pago parcial de la reclamación. No obstante, concluyó que persistían controversias de hechos materiales que impedían dictar sentencia sin juicio. Las controversias clave giran en torno a la cobertura de ciertos daños reclamados y si la asegurada aceptó el pago ofrecido como final al endosar y cobrar los cheques. La Resolución apelada determinó que la falta de claridad sobre la aceptación final y la cobertura de daños adicionales requería un proceso probatorio. El recurso de Certiorari busca la revisión de esta determinación por parte del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por The Home Savings and Loan Company of Youngtown, Ohio. El peticionario solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Relevo de Sentencia. El caso subyacente es una demanda de Exequátur instada en 2018 para convalidar y reconocer en Puerto Rico una Sentencia dictada en Ohio en 2011. Mediante esta acción, el peticionario reclamaba el pago de más de $5.5 millones. Uno de los recurridos, Alfonso Valdés, objetó la acción, cuestionando el emplazamiento y la validez y certificación de la sentencia extranjera presentada. El peticionario enmendó la demanda y presentó documentos adicionales, aunque admitió que no eran copias certificadas. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega el auto de certiorari solicitado. Esta determinación valida la decisión del foro primario de denegar el relevo de sentencia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Delfin Rivera Vega. El peticionario demandó a sus antiguos patronos, incluyendo WHM Carib, LLC, por despido injustificado, discrimen y represalias, incoando la acción bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Impugnó tres Órdenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. El foro primario había declarado nulos los emplazamientos diligenciados por errar el término para contestar, indicando 10 días en lugar de los 15 días aplicables bajo la Ley Núm. 2. En consecuencia, el tribunal de primera instancia denegó la solicitud de anotación de rebeldía contra WHM Carib. Además, ordenó que el caso continuara por la vía ordinaria y dio por sometida a la jurisdicción a la parte recurrida tras presentar su alegación responsiva. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados en el recurso de Certiorari. La Resolución concluye denegando expedir el recurso solicitado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de certiorari. El peticionario no proveyó la información básica ni los documentos necesarios para perfeccionar el recurso. Faltaba el epígrafe adecuado, número de caso, región del tribunal, relación de hechos, señalamiento de error y discusión de derecho. Tampoco se incluyó el apéndice requerido para acreditar la jurisdicción del Tribunal. La corte enfatiza la obligación de las partes de cumplir rigurosamente con las normas procesales para la presentación y perfeccionamiento de los recursos. Se cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que aplica estas reglas incluso a quienes comparecen por derecho propio. La falta de diligencia en proveer la información necesaria impide al Tribunal atender los planteamientos. Por tanto, el recurso fue desestimado conforme al Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Bayview Loan Servicing, LLC. Bayview solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración. El caso original trataba sobre la restitución de un pagaré hipotecario extraviado. El foro primario había determinado que procedía la cancelación parcial del pagaré en lugar de su restitución. Bayview presentó varias mociones de reconsideración que fueron denegadas por el TPI. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari presentado por Bayview. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal Apelativo. Se citan las Reglas 47 de Procedimiento Civil y 32 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones relativas a los términos para solicitar reconsideración y presentar recursos de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Leoncio Valdés Menéndez. El peticionario impugna la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de una sentencia previa. Dicha sentencia original, emitida en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, había desestimado la demanda con perjuicio. El TPI determinó que la deuda había sido liberada mediante un *discharge* en un procedimiento de quiebra anterior del recurrido, Alexis Sosa Acosta. Valdés Menéndez solicitó el relevo de la sentencia argumentando que las propiedades hipotecadas habían sido abandonadas por el síndico de quiebras y no fueron descargadas. Sosa Acosta se opuso, señalando que la solicitud de relevo se presentó fuera del término de 6 meses. El TPI denegó el relevo, lo que llevó al presente recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto y confirma la resolución recurrida del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El Dr. Jaime A. Viqueira Mariani presentó un recurso de certiorari contra la Sucesión de Bouke Bendien Von Stenglin. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha resolución había denegado su solicitud de desestimación de la demanda. También había aceptado una fianza y ordenado la continuación del caso. El Dr. Viqueira Mariani además pidió la paralización de los procedimientos de ejecución mediante Moción en Auxilio de Jurisdicción. La controversia original surge de un Acuerdo de Préstamo de 2007 por \$30,000 más intereses y otros cargos. El Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari. En consecuencia, también declaró No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que suprimió evidencia en un caso de sustancias controladas. El Tribunal de Primera Instancia había determinado que la evidencia, ocupada sin orden judicial, carecía de prueba suficiente para establecer posesión y motivos fundados para la intervención. El caso se originó por acusaciones bajo la Ley de Sustancias Controladas contra el imputado, Alexander Merced De Jesús. Un agente testificó haber observado al imputado con una bolsa transparente conteniendo drogas a plena vista sobre una cartera en su regazo. Basado en esta observación, el agente procedió al arresto y ocupación de la evidencia. El Tribunal de Apelaciones concluye que el foro primario erró al suprimir la evidencia. Determina que la evidencia estaba a plena vista y fue ocupada incidentalmente a un arresto válido. Existían motivos fundados para el arresto, sustentados por la prueba incontrovertida presentada ante el Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento presenta múltiples casos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI. Los procedimientos se originan en decisiones del Departamento de Salud relacionadas con solicitudes de Certificados de Necesidad y Conveniencia. Dichas solicitudes buscan la autorización para establecer programas de servicios de salud en el hogar en las regiones Sur, Noreste, Este y Metro de la isla. Las partes involucradas incluyen a diversas entidades proveedoras de servicios de salud en el hogar, como recurrentes o interventoras, y a La Providencia Home Health Care y Arecibo Medical Home Care como recurridas en varios expedientes. El Departamento de Salud figura como agencia recurrida. Varios de los casos han sido consolidados para su consideración conjunta. Los expedientes reflejan disputas sobre la aprobación administrativa para operar nuevos servicios de atención médica domiciliaria.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. Wilfredo Lorenzo Torres impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para enmendar una demanda por enriquecimiento injusto. La demanda original alegaba que Salvador Pérez Acevedo lo defraudó por \$400,000 destinados a inversión. Tras el descubrimiento de prueba, Lorenzo pidió incluir como parte indispensable a la corporación United Security Services y a Pérez Acevedo como su presidente. Esta solicitud se basó en que el dinero en controversia fue depositado en la cuenta bancaria de dicha corporación. Los demandados se opusieron a la enmienda, argumentando que la obligación era personal o que la inclusión era innecesaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó la enmienda. Lorenzo apeló, alegando error al no permitir la inclusión de la corporación para determinar su responsabilidad sobre los fondos depositados. El caso gira en torno a la aplicación de las reglas de procedimiento civil sobre acumulación de partes indispensables.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en el recurso de Certiorari presentado por Brenda Ivelisse Moya Barbosa. La recurrente solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia notificada el 29 de enero de 2020. El Tribunal enfatiza su deber de velar por la jurisdicción y la estricta observancia de los términos procesales. Conforme a la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el recurso de certiorari en casos criminales debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la notificación. Dicho término es de cumplimiento estricto y solo puede eximirse por justa causa debidamente acreditada. El recurso de epígrafe fue presentado en la institución carcelaria el 3 de marzo de 2020. Dado que la presentación ocurrió fuera del término de treinta días establecido, el Tribunal carece de jurisdicción. Por consiguiente, se desestima el recurso de Certiorari por presentación tardía.

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Accenture Puerto Rico, LLC solicita al Tribunal de Apelaciones revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que permitió a Juan Orsini Oliver enmendar su demanda. Orsini Oliver demandó originalmente por despido injustificado y represalias, alegando que fue despedido tras denunciar acoso sexual. Accenture respondió que el despido se debió a conducta impropia del empleado y que una investigación no corroboró las alegaciones de acoso. Durante el litigio, Orsini Oliver pidió enmendar la demanda para añadir reclamaciones bajo las leyes de hostigamiento sexual e igualdad en el empleo (Leyes 17 y 69). Accenture se opuso a la enmienda, argumentando que fue solicitada tardíamente, causaba perjuicio procesal y que las nuevas reclamaciones eran fútiles. El TPI concedió la enmienda, lo que llevó a Accenture a presentar un recurso de certiorari. El documento detalla los argumentos de las partes y los trámites procesales ante el TPI relacionados con la solicitud y oposición a la enmienda. Se menciona que la reclamación por daños al vehículo fue desistida tras un acuerdo. Finalmente, se incluye una orden del TPI requiriendo al demandante responder a la oposición de Accenture sobre la enmienda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por Miguel A. Rodríguez Rodríguez. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reducción de sentencia. Rodríguez Rodríguez fue sentenciado en 2012 tras declararse culpable de infracciones al Código Penal (Art. 106) y la Ley de Armas (Art. 5.05). El foro primario determinó que el principio de favorabilidad (Art. 4 CP 2012) y la aplicación de atenuantes (Art. 67 CP 2012) no eran aplicables a su caso. El peticionario alega que su sentencia es ilegal y excesiva. Sostiene que, bajo el principio de favorabilidad y la Ley 246-2014, su pena debe ajustarse a las disposiciones legales más benignas. También solicita la aplicación de atenuantes. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso sin requerir trámites adicionales. El documento detalla el principio de favorabilidad, que exige la aplicación retroactiva de leyes penales posteriores que sean más benignas para el acusado o convicto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, consideró un recurso de certiorari presentado por Farmacia Imperial y William Román Rivera. Los peticionarios buscaban revisar y revocar una Orden de Embargo y Mandamiento emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de cobro de dinero. El Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Se recordó que el recurso de certiorari es de naturaleza discrecional y su concesión está sujeta a criterios específicos. La denegación se fundamentó en que la controversia planteada no cumplía con dichos criterios. Específicamente, la deuda objeto de ejecución proviene de una sentencia final y firme. Además, la parte demandante realizó ajustes por pagos, manteniendo la deuda líquida y exigible. El Tribunal consideró que el asunto no ameritaba una atención más detenida. La denegación constituye un ejercicio de la facultad discrecional y no implica una adjudicación sobre los méritos del dictamen recurrido.

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En un procedimiento sumario laboral instado por un profesor despedido contra la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al patrono descubrir expedientes de ciertos estudiantes. La universidad recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, impugnando la orden de descubrimiento por motivos de confidencialidad y alegados errores procesales. La universidad presentó dos recursos idénticos, los cuales fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar la solicitud de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado por el patrono. La denegación se basó en que el caso no presentaba la situación extrema necesaria para justificar la revisión de una determinación interlocutoria en este tipo de procedimiento sumario, conforme a la norma general.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una Petición de Certiorari presentada por Erohilda Ocasio Rivera y otros. Los peticionarios solicitan que se ordene la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia y se les releve de un proceso de arbitraje. Alegan que una Sentencia de 2005 del TPI que ordenó el archivo administrativo del caso pendiente de arbitraje, confirmada por este foro apelativo en 2005, fue una determinación interlocutoria. En 2005, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de archivo administrativo y remitió su mandato al TPI. La Resolución examina la figura del mandato judicial en los procesos apelativos. Explica que una vez el mandato es enviado al tribunal de origen, el foro apelativo pierde jurisdicción y el tribunal inferior la readquiere para ejecutar lo resuelto. El documento analiza la solicitud de los peticionarios a la luz de este marco legal y el historial del caso, incluyendo el hecho de que el mandato fue emitido y enviado al TPI hace quince años.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por Héctor González Carranza. El peticionario solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción por Derecho Propio bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Dicha moción buscaba la reconsideración o modificación de sentencias dictadas en su contra en 2017, tras declararse culpable de apropiación ilegal agravada y otros delitos. El señor González Carranza alegaba tener derecho a una rebaja del 25% en su pena de 6 años según un preacuerdo y el Código Penal. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el derecho aplicable. Se determinó que el tribunal carecía de jurisdicción para atender el caso. La falta de jurisdicción se considera un defecto insubsanable que impide entrar en los méritos de la controversia. Por consiguiente, el recurso de certiorari fue desestimado.

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José Santiago Avilés solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su pedido de aplicación retroactiva de una pena menor para el delito de escalamiento agravado. El peticionario, quien cumple sentencia, argumentó tener derecho a beneficiarse de enmiendas legales que disminuyeron la pena. El Tribunal de Primera Instancia había determinado que su solicitud ya había sido resuelta previamente por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento del peticionario con las reglas procesales del Tribunal de Apelaciones. Su escrito carecía de señalamientos de error fundamentados y documentación pertinente, impidiendo al tribunal entender y resolver los méritos. El tribunal recordó la necesidad de cumplir rigurosamente con el reglamento y la obligación de las partes de perfeccionar adecuadamente sus recursos. Se señaló que el peticionario ya había presentado planteamientos similares anteriormente, los cuales fueron atendidos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari presentado por Miguel Ángel Álvarez Souffront. El peticionario busca la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal. Álvarez Souffront fue condenado previamente por infracciones a la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54). En su recurso, el peticionario alega que el foro primario erró al no considerar aspectos de la sentencia y al interpretar incorrectamente la legislación sobre penas sustitutivas. Argumenta que tiene derecho a ser evaluado para penas alternativas a la reclusión según las Leyes 146-2012 y 246-2014. El Tribunal de Apelaciones adelanta que procederá a desestimar el recurso. La decisión se fundamenta en el análisis de los requisitos para el perfeccionamiento de los recursos ante este foro. Se detallan las exigencias de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, especialmente en cuanto al contenido del apéndice. La desestimación se basa en el incumplimiento de los requisitos procesales para la presentación adecuada del recurso de certiorari.

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El Sr. Omar Candelaria Meléndez solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) mediante auto de certiorari. El peticionario impugnaba la denegatoria de su Moción Sobre la Regla 192.1, que buscaba corregir su sentencia. En dicha moción, cuestionaba la imposición de agravantes no determinados por un jurado. El TPI declaró no ha lugar la moción, indicando que el asunto ya había sido resuelto previamente por el Tribunal de Apelaciones en un caso anterior del mismo peticionario (KLCE201200753). Inconforme, el Sr. Candelaria presentó la solicitud de certiorari, alegando error del TPI al basar su denegatoria en esa resolución previa. El Tribunal de Apelaciones revisó el escrito del peticionario y los documentos en autos. Considerando su facultad discrecional para expedir autos de certiorari, el panel procedió a evaluar la solicitud. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de certiorari presentado por Luis González Irizarry. El peticionario impugnaba sus sentencias consecutivas para que fueran concurrentes y solicitaba un abogado de oficio. El tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción, señalando que el peticionario no recurrió de una determinación de instancia ni anejó documentos. Explica que el mecanismo procesal adecuado para impugnar colateralmente una sentencia en Puerto Rico es mediante una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Esta moción debe presentarse ante el tribunal sentenciador. La Regla 192.1 permite atacar sentencias por violaciones constitucionales o legales, falta de jurisdicción, pena excesiva u otros fundamentos válidos de ataque colateral. Este recurso sustituye el uso indiscriminado del hábeas corpus en salas distintas a la sentenciadora. La regla está diseñada para defectos fundamentales que implican una violación al debido proceso de ley.

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Este caso de certiorari revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito de cobro de dinero. El TPI denegó la solicitud de la demandante para incluir a un matrimonio demandado en un solo edicto de emplazamiento, exigiendo edictos separados para cada cónyuge. La demandante recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al imponer dicho requisito. La Regla 4.6 de Procedimiento Civil, que rige el emplazamiento por edicto, no prohíbe la inclusión de múltiples demandados en un mismo edicto. Aunque la regla usa términos singulares, esto no impide emplazar a varios demandados conjuntamente. Interpretar la regla de forma restrictiva va en contra de la economía judicial y el propósito del emplazamiento por edicto, que es lograr la mayor diseminación posible para notificar a las partes. Requerir edictos separados para cónyuges demandados en el mismo caso es innecesario y no está justificado por la regla. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revoca la orden del TPI.

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Mapfre Praico Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. Mapfre buscaba la desestimación de la demanda por daños y perjuicios, alegando la defensa de pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la moción al encontrar controversias de hechos y falta de prueba suficiente para dicha defensa. El Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta denegatoria se basa en el carácter discrecional del recurso y en que la controversia planteada no amerita mayor atención. El tribunal concluyó que la prueba sometida por Mapfre no demostró los elementos necesarios para configurar el pago en finiquito. Se determinó que la advertencia al dorso del cheque no constituyó un acto afirmativo claro de que el pago era en saldo total y definitivo. La ausencia de una comunicación explicativa sobre la oferta y sus consecuencias impidió resolver a favor de la aseguradora. Por tanto, la decisión del Tribunal de Primera Instancia de denegar la sentencia sumaria se mantiene.

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Comparece Francisco Váldes Pérez mediante recurso de certiorari solicitando revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su Moción Solicitando Se Deje Sin Efecto una Sentencia previa. La Sentencia original, emitida el 14 de junio de 2019, desestimó con perjuicio su demanda contra Yasmary Ortiz Ortiz y otros. La desestimación se basó en el incumplimiento del peticionario con órdenes del tribunal para anunciar representación legal y pagar una sanción. El señor Valdés Pérez presentó la moción para dejar sin efecto la sentencia alegando violación a su debido proceso, derecho a ser oído, cánones de ética judicial y exceso de funciones de la jueza. El TPI denegó esta moción mediante Resolución el 29 de abril de 2020. En el certiorari, el peticionario imputa error y abuso de discreción al TPI por esta denegatoria. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el panel resuelve denegar la expedición del auto de certiorari.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones tres recurrentes, confinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Estos impugnan la exigencia del DCR de firmar un documento de relevo de responsabilidad como condición para residir en un módulo particular. Tras solicitar remedios administrativos, el DCR respondió que no debían firmar si no estaban de acuerdo. Los recurrentes acudieron al Tribunal de Apelaciones, alegando la ilegalidad del relevo y la violación del deber de protección del estado. Inicialmente, el Tribunal desestimó el recurso por motivos procesales. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó la devolución del caso para su consideración. Ante el Tribunal de Apelaciones, el DCR argumentó falta de jurisdicción por no agotamiento de remedios administrativos. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones determina que procede la revocación de la determinación administrativa. El caso será devuelto al DCR para la continuación de los procedimientos conforme a lo resuelto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso administrativo presentado por un confinado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó ante la División de Remedios Administrativos del DCR una copia de la Orden Administrativa DCR-2017-09 sobre un programa de pre inserción. Inicialmente, el DCR le proveyó una orden administrativa diferente (DCR-2017-08). El recurrente solicitó reconsideración, insistiendo en la entrega de la orden correcta. La División de Remedios Administrativos del DCR emitió una resolución el 20 de diciembre de 2018, modificando su respuesta original. Dicha resolución ordenó la entrega al recurrente de la Orden Administrativa DCR-2017-09, la cual le fue notificada junto con la resolución el 24 de enero de 2019. Dado que el DCR ya había resuelto administrativamente la solicitud del recurrente a su favor, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en que el caso se tornó académico al haberse satisfecho la petición original del recurrente en la vía administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la denegatoria de una consulta de ubicación. El recurrente solicitó a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) la aprobación para desarrollar una gasolinera y solares comerciales. El proyecto implicaba la segregación de un lote y un cambio de calificación de Terreno Urbanizable a Comercial. Una solicitud previa similar ante la Junta de Planificación fue denegada y confirmada en apelación. El recurrente presentó la consulta actual ante la OGPe tras ser dirigido allí por la presidenta de la Junta. La OGPe denegó la consulta, concluyendo que implicaba una recalificación indirecta (variación en uso). La OGPe determinó que aprobar la consulta significaría conceder una variación en uso, lo cual no procedía para este tipo de solicitud ante dicha agencia. La revisión administrativa solicitada por el recurrente ante la OGPe también fue denegada, reiterando que la Junta de Planificación tenía jurisdicción sobre los cambios de calificación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la OGPe. El Tribunal coincidió en que la OGPe actuó correctamente al denegar la consulta, pues el proyecto requería un cambio de calificación, asunto que compete a la Junta de Planificación y no a la OGPe mediante una consulta de ubicación.

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La Asociación de Laboratorios Clínicos Inc. y la Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico Inc. presentaron una acción de impugnación ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaron la nulidad del Reglamento del Secretario de Salud Núm. 9084, que rige el otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia. Las recurrentes alegaron que el Departamento de Salud adoptó dicho reglamento sin cumplir con los procedimientos requeridos por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Específicamente, señalaron fallas en la publicación posterior a la radicación, la ausencia de justificación y análisis de costos/beneficios en el texto, la falta de disponibilidad pública del expediente regulatorio y la omisión de respuestas a comentarios significativos. El Departamento de Salud detalló el proceso seguido, incluyendo aviso público, vista pública y recepción de comentarios. Tras evaluar los argumentos y el proceso administrativo, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia. En ella, el Tribunal validó el Reglamento Núm. 9084.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una revisión administrativa. Confinados de una institución correccional impugnaron la extensión de una suspensión de privilegios disciplinaria. El recurso fue presentado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Tribunal revisó la presentación de los confinados. Encontró que el recurso no cumplía con los requisitos formales establecidos para las revisiones administrativas. Específicamente, no contenía un señalamiento de errores ni una discusión fundamentada de los mismos. Según la Regla 59 de su Reglamento y la jurisprudencia aplicable, este incumplimiento impide perfeccionar el recurso. La falta de perfeccionamiento priva al Tribunal de jurisdicción para atender el caso. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso sin considerar el fondo del asunto.

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Se revisa un Laudo de Arbitraje emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El laudo determinó que PepsiCo-Frito Lay despidió con causa justa al señor Higinio Avilés Cabán. El despido se basó en un patrón de violaciones a políticas de la empresa, incluyendo la aceptación y emisión de cheques no autorizados. El señor Avilés, a través de su unión, presentó una querella solicitando su restitución y salarios. En el arbitraje, argumentó violaciones al convenio colectivo y validación de sus acciones por un gerente. El Negociado encontró que el señor Avilés incurrió reiteradamente en conducta prohibida, citando advertencias previas y una investigación que documentó múltiples cheques irregulares. El Negociado no dio credibilidad al testimonio del empleado y concluyó que el despido fue justificado. El señor Avilés recurrió la decisión, alegando que el Negociado actuó con prejuicio, admitió prueba indebidamente y relevó al patrono del peso de la prueba. El Tribunal de Apelaciones confirma el Laudo de Arbitraje.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI, se presentan múltiples revisiones judiciales procedentes del Departamento de Salud. Estos casos giran en torno a las Solicitudes de Certificado de Necesidad y Conveniencia para establecer programas de servicios de salud en el hogar. Las solicitudes abarcan diversas regiones geográficas, incluyendo la Sur, Noreste, Este y Metro. Varias entidades, como Advanced Home Care Services West, Vision Infusion Services, Best Option Healthcare, Hospital de Damas, Metro Pavía at Home y Servicios de Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas, figuran como recurrentes o intervinientes. La Providencia Home Health Care y Arecibo Medical Home Care aparecen como recurridas en diferentes procedimientos. El Departamento de Salud actúa como agencia recurrida. Los casos identificados con números KLRA201900607, KLRA201900610, KLRA201900611, KLRA201900612, KLRA201900617, KLRA201900618, KLRA201900619 y KLRA201900623 están siendo revisados. El caso KLRA201900607 se encuentra consolidado con otros.

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Lista de varios casos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI. Los casos involucran a múltiples proveedores de servicios de salud en el hogar como recurrentes y recurridos, y al Departamento de Salud como agencia recurrida. El asunto principal es la revisión de solicitudes de Certificado de Necesidad y Conveniencia para establecer programas de servicios de salud en el hogar. Estas solicitudes corresponden a diferentes regiones de Puerto Rico, incluyendo la Sur, Noreste, Este y Metro. Se mencionan varias propuestas con números específicos (18-06-008, 18-06-009, 18-06-010, 18-06-011). Los casos están identificados con números KLRA y algunos aparecen consolidados. La lista detalla las partes recurrentes, recurridas e interventoras en cada caso, reflejando disputas sobre la autorización de nuevos servicios de salud en el hogar.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI, se presentan múltiples revisiones judiciales consolidadas. Los casos giran en torno a solicitudes de Certificado de Necesidad y Conveniencia para establecer programas de servicios de salud en el hogar. Diversas entidades de salud, como La Providencia Home Health Care, Advanced Home Care Services West, Best Option Healthcare, Hospital de Damas, Metro Pavía at Home y Servicios de Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas, figuran como partes recurrentes o recurridas. El Departamento de Salud de Puerto Rico actúa como agencia recurrida en estos procedimientos. Las solicitudes de certificados abarcan distintas regiones geográficas de la isla, incluyendo la Sur, Noreste, Este y Metro. Estas revisiones judiciales buscan impugnar o defender las decisiones administrativas del Departamento de Salud sobre la aprobación o denegación de dichos certificados. Los casos reflejan disputas entre proveedores de servicios de salud domiciliarios por la autorización para operar en mercados específicos.

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Este documento detalla múltiples casos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI. Los litigios involucran a varios proveedores de servicios de salud en el hogar y al Departamento de Salud. El tema central es la Solicitud de Certificado de Necesidad y Conveniencia para establecer programas de servicios de salud en el hogar. Las solicitudes abarcan las regiones Sur, Noreste, Este y Metro de Puerto Rico. Entidades como Advanced Home Care Services West, Best Option Healthcare, Hospital de Damas, Metro Pavía at Home y Servicios de Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas figuran como recurrentes. La Providencia Home Health Care y Arecibo Medical Home Care son consistentemente listadas como recurridas. El Departamento de Salud actúa como la agencia recurrida en estos procedimientos. El documento consolida varias apelaciones (identificadas por números KLRA) relacionadas con diferentes propuestas (números 18-06). Estos recursos judiciales buscan la revisión de las determinaciones administrativas del Departamento de Salud sobre la necesidad y conveniencia de nuevos servicios de salud en el hogar.

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Este documento detalla múltiples casos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI. Los procedimientos se originan en decisiones del Departamento de Salud relacionadas con Certificados de Necesidad y Conveniencia. Estos certificados son requeridos para establecer programas de servicios de salud en el hogar. Los casos involucran a varios proveedores de salud como recurrentes, incluyendo Advanced Home Care Services West, Vision Infusion Services, Best Option Healthcare, Hospital de Damas, Metro Pavía at Home y Servicios de Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas. La Providencia Home Health Care y Arecibo Medical Home Care figuran como recurridas. Las solicitudes de certificado cubren las regiones Sur, Noreste, Este y Metro de Puerto Rico. El Departamento de Salud es la agencia recurrida en todos los casos. Los procedimientos están identificados por números de caso KLRA y números de propuesta específicos. Estos casos consolidados representan disputas legales sobre la autorización para operar servicios de salud en el hogar.

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Procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI, que consolidan múltiples casos de revisión judicial. Estos casos provienen de decisiones del Departamento de Salud relacionadas con solicitudes de Certificado de Necesidad y Conveniencia. Las solicitudes buscan establecer Programas de Servicio de Salud en el Hogar en diversas regiones de Puerto Rico, como la Sur, Noreste, Este y Metro. Varias entidades proveedoras de servicios de salud en el hogar figuran como recurrentes, recurridas o interventoras. Entre las partes principales se encuentran La Providencia Home Health Care, Inc., Advanced Home Care Services West, Inc., Best Option Healthcare (PR), Inc., Hospital de Damas, Inc., Metro Pavía at Home, LLC, y Servicios de Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas. El documento lista varios números de caso y de propuesta asociados a estas apelaciones consolidadas. La controversia central gira en torno a la aprobación regulatoria para nuevos servicios de salud en el hogar.

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El documento detalla múltiples casos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI. Estos procesos se originan en decisiones del Departamento de Salud. El tema central es la solicitud y otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia. Dichos certificados son requeridos para establecer programas de servicios de salud en el hogar. Las solicitudes cubren diversas regiones geográficas de Puerto Rico, como la Sur, Noreste, Este y Metro. Varias entidades proveedoras de servicios de salud en el hogar figuran como partes recurrentes e interventoras. La Providencia Home Health Care y Arecibo Medical Home Care aparecen consistentemente como partes recurridas. El Departamento de Salud es la agencia recurrida en todos los casos. Los expedientes están identificados por números de caso y propuestas administrativas específicas. Estos casos parecen estar consolidados o relacionados por la naturaleza del asunto y las partes involucradas.