Casos del Tribunal Supremo (Página 9)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 28 de febrero de 2023 en el caso In re: Ramón Colón Olivo. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía por parte del Lcdo. Colón Olivo. El Tribunal evaluó su Segunda Moción Solicitando Reinstalación. La Resolución provee Ha Lugar a dicha solicitud. Por consiguiente, se reinstala al Lcdo. Ramón Colón Olivo al ejercicio de la abogacía. No obstante, el Tribunal le apercibe que en el futuro deberá dar estricto cumplimiento al Canon 9 del Código de Ética Profesional. Se le advierte que el incumplimiento de esta norma lo sujetará a sanciones mayores.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria sobre el Lcdo. Edwin H. Sepúlveda Valentín. La acción se fundamenta en la infracción de los Cánones 19, 23, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. Un cliente, el Sr. José L. Quiñones Villanueva, presentó una querella imputando varias faltas éticas. El cliente alegó que el abogado transigió un caso civil sin su consentimiento. También señaló que el letrado recibió un pago de $3,000 por dicho acuerdo, del cual se enteró años después. El querellante manifestó desconocer una sentencia previa en el mismo caso. El Tribunal determinó que la conducta del abogado ameritaba una sanción. Como resultado, se decreta la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Sepúlveda Valentín del ejercicio de la abogacía.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 24 de febrero de 2023 en el caso TS-13,710. La materia principal tratada fue la petición de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Harry Carrasquillo Ortiz. El Tribunal examinó informes de la Oficina del Procurador General y de la Comisión de Reputación, además de la contestación del peticionario. Tras revisar la documentación, el Tribunal acordó proveer ha lugar a la reinstalación solicitada. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo. Sin embargo, el Juez Asociado señor Colón Pérez expresó su disenso, indicando que no habría concedido la reinstalación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió si los clientes de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. están exentos del pago de aranceles en el Registro de la Propiedad. El caso se originó por la negativa de una Registradora a conceder dicha exención a una cliente indigente representada por la entidad. La cliente, cualificada por Servicios Legales, buscaba inscribir su hogar principal, heredado de sus padres y hermanas. Servicios Legales argumentó que la Ley 122 de 1967 exime a sus clientes de todo tipo de derechos y aranceles en procedimientos judiciales y certificaciones estatales. La Registradora interpretó que la exención no aplicaba a los aranceles registrales. El Tribunal, tras confirmar la procedencia de los recursos gubernativos, abordó la cuestión de la exención. Concluyó que los clientes de Servicios Legales, al inscribir su hogar principal, no están obligados a pagar aranceles de presentación e inscripción. Esta decisión aclara el alcance de la exención legal para personas indigentes representadas por la entidad en el contexto registral inmobiliario.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2023 TSPR 16) sobre la conducta profesional del Lcdo. Walter Alomar Santiago. El caso surge de una queja presentada en febrero de 2022 por la Sra. Carmen M. Sánchez Álamo. La quejosa contrató al licenciado Alomar Santiago para gestionar la inscripción en el Registro de la Propiedad de inmuebles pertenecientes a su familia y a vecinos. Las propiedades involucraban una historia compleja de derecho de superficie, construcción en suelo ajeno y herencias. Según la queja, el abogado acordó un pago, recibió los documentos necesarios, pero no completó la encomienda. La materia del caso es la conducta profesional del abogado en su práctica notarial. Se le imputa infringir artículos de la Ley Notarial, reglas del Reglamento Notarial y cánones del Código de Ética Profesional. Como resultado, se enfrenta a una suspensión inmediata de seis meses de su práctica notarial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió Sentencia en el caso AC-2022-0070 el 16 de febrero de 2023. La decisión surge de un recurso presentado por el Gobernador y el Departamento de Salud contra una Sentencia del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo acogió el recurso como certiorari y procedió a examinarlo. Tras la revisión, el Tribunal Supremo revocó la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Varios Jueces Asociados emitieron Opiniones de Conformidad con la Sentencia. Una de estas opiniones señaló que el Tribunal no determinó si la emergencia había cesado ni juzgó las facultades del Gobernador sobre órdenes ejecutivas. Esto se debió a que la controversia no era justiciable, considerándose académica y carente de legitimación activa. Cualquier pronunciamiento sobre esos asuntos habría sido una opinión consultiva.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso CC-2021-0883, con fecha de 15 de febrero de 2023. La controversia surge de una demanda presentada por Carmen Semidey Ramos y sus familiares contra Farmacia Belmonte y otros. Los demandantes alegaron que la farmacia no despachó un medicamento recetado (Xarelto) a la Sra. Semidey Ramos en 2013. Esta omisión supuestamente le causó coágulos sanguíneos, requiriendo una nueva hospitalización y provocándole sufrimientos. La demanda también incluyó reclamaciones por daños para sus familiares. El Tribunal de Apelaciones había modificado la valoración de daños del Tribunal de Primera Instancia y omitió considerar la defensa de negligencia comparada. El Tribunal Supremo determinó que el foro apelativo intermedio erró en parte. Por consiguiente, el Tribunal Supremo modificó la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y, así modificada, la confirmó.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió si los beneficios por discapacidad del Seguro Social (SSDI) deben deducirse de la paga atrasada por despido injustificado. La controversia surgió en el caso de Manuel A. Silva Soto contra Suiza Dairy Corporation, donde un laudo arbitral ordenó el pago de haberes dejados de percibir tras un despido injustificado en 2010. Suiza Dairy argumentó que los beneficios de SSDI recibidos por el señor Silva Soto debían restarse de la cuantía adeudada. El Tribunal determinó que, conforme a la doctrina de fuente colateral, tales beneficios no deben ser deducidos. Se enfatizó que el patrono causó el daño que provocó la incapacidad por la que se recibieron los beneficios del SSDI. Por tanto, el beneficio de seguro social recibido por la depresión sufrida tras el despido no se debe deducir de los salarios dejados de percibir. Esta decisión reafirma la aplicación de la doctrina de fuente colateral en el contexto de reclamaciones por despido injustificado en Puerto Rico.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 10 de febrero de 2023. Mediante este documento, el Tribunal aprueba formalmente los cambios de estatus a inactivo para un grupo de abogados. Estos cambios fueron autorizados durante el mes de enero de 2023. La resolución lista específicamente a los profesionales del derecho afectados por esta aprobación. En total, el documento nombra a dieciséis abogados que pasaron a tener estatus inactivo. Esta publicación sirve como certificación oficial de dichos cambios por parte del Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Elaine Santos Negrón del ejercicio de la notaría. Esta decisión se fundamenta en múltiples infracciones a la Ley Notarial de Puerto Rico y el quebrantamiento del principio de la fe pública notarial. La acción surge tras un proceso de inspección de su obra notarial iniciado por la Oficina de Inspección de Notarias (ODIN) en 2019. Dicho proceso, que se extendió hasta octubre de 2022, se vio afectado por la entrega parcial de la obra y los atrasos e incumplimientos de la notaria. La inspección reveló deficiencias significativas en varios volúmenes de su Libro de Registro de Testimonios. Un informe de la ODIN detalló estas faltas, indicando que solo un volumen fue aprobado inicialmente. La notaria no subsanó las deficiencias en los volúmenes restantes. Por consiguiente, el Tribunal determinó que su conducta ameritaba la máxima sanción disciplinaria notarial.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata y provisional del Lcdo. Jorge L. Armenteros Chervoni del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta decisión surge tras ser hallado culpable por un jurado federal de introducir contrabando en una prisión y ofrecer falso testimonio. El Tribunal considera que estos delitos implican depravación moral, justificando la acción bajo su poder inherente y la ley aplicable. La suspensión es provisional mientras el proceso penal federal no sea final y firme. Se le requiere mantener al Tribunal informado sobre el estado de su caso federal. Además, se le advierte que una sentencia condenatoria final podría resultar en una suspensión indefinida. Se le impone el deber de notificar a sus clientes y a los foros judiciales y administrativos sobre su inhabilidad para ejercer en un plazo de treinta días. También debe devolver expedientes y honorarios por trabajos no rendidos y continuar subsanando las deficiencias en su obra protocolar.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión disciplinaria contra el licenciado Luis Aponte Morales. El abogado fue suspendido del ejercicio de la abogacía por un término de treinta días. Esta sanción se impuso por violaciones a los Cánones 9, 12, 17, 18, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. La acción disciplinaria se originó a partir de una queja presentada por una cliente, la señora Margarita Rodríguez Malavé. Ella alegó que el abogado no la representó adecuadamente en un caso civil relacionado con el accidente y fallecimiento de su esposo. Específicamente, la cliente se quejó de la falta de comunicación del abogado, la omisión de discutir una sentencia y los retrasos significativos en la resolución del caso. Estos problemas resultaron en que el esposo de la cliente no recibiera compensación alguna antes de su muerte. El Tribunal señaló que consideró la aceptación de las imputaciones y el arrepentimiento sincero del abogado al determinar la sanción apropiada. La decisión subraya la importancia de la conducta ética y la comunicación en la profesión legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó si una disposición en el reglamento de un condominio que exime del pago de cuotas de mantenimiento atrasadas al adquirente voluntario de una unidad es válida. El caso involucra al Consejo de Titulares del Condominio Centro Internacional de Mercadeo Torre II y a PRCI Loan CR, LLC, quien adquirió una oficina mediante venta judicial. El Consejo demandó a PRCI por las cuotas adeudadas, argumentando que era un adquirente voluntario bajo la Ley de Condominios anterior. PRCI se basó en la cláusula reglamentaria que lo eximía. El Tribunal determinó que los reglamentos de condominio no pueden ir en contra de lo dispuesto en una ley especial como la Ley de Condominios. Concluyó que la disposición reglamentaria que exime al adquirente voluntario del pago de cuotas atrasadas es nula por contravenir la ley. Por tanto, revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones y devolvió el caso al foro primario para continuar los procedimientos.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en ejercicio de su facultad reglamentaria, adopta enmiendas al Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio. Estas modificaciones buscan optimizar la administración de la justicia y la asignación de representación legal a personas indigentes. Se enmienda la Regla 7 para definir el alcance del reglamento y las causas de exclusión del banco de abogados de oficio, como el estatus inactivo en el RUA o haber cumplido 68 años. La Regla 8 se modifica para detallar el proceso de selección de la representación legal. Dicho proceso prioriza la asignación a abogados que voluntariamente soliciten figurar en los primeros turnos. Una vez agotados los voluntarios, la selección se realiza por orden de antigüedad y zona judicial, gestionada a través del Módulo de Asignaciones de Oficio. Los abogados que ya hayan cumplido con sus horas requeridas no serán asignados hasta que se agote el banco en la zona correspondiente. Si el banco de una zona se agota, el sistema reinicia el turno de asignación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en respuesta a la Moción solicitando reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la Sra. Yolanda Díaz Rivera. Tras examinar la solicitud, el Tribunal ordenó su reinstalación al ejercicio de la profesión. Se le apercibió, sin embargo, que en el futuro debe cumplir oportunamente con las órdenes del Tribunal. Finalmente, se ordenó a la Secretaría registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA).

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 21 de diciembre de 2022. Esta Resolución surge a raíz de la Orden Administrativa OAJP-2022-105 que concedió el día 30 de diciembre de 2022 libre sin cargo a licencia. Como consecuencia de dicha concesión, el Tribunal Supremo determinó que el 30 de diciembre de 2022 se considerará día feriado. Esta designación aplica para el cómputo de términos en las distintas leyes, reglas o reglamentos. Afecta los procedimientos y trámites judiciales en todas las Regiones Judiciales. Cualquier término que expire durante el 30 de diciembre de 2022 se extenderá al día laborable siguiente. La Resolución ordena su difusión pública inmediata.

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Se disciplina a un miembro de la profesión legal, el Lcdo. Alberto J. Rafols Van Derdys, por conducta reñida con la Ley Notarial, el Reglamento Notarial y el Código de Ética Profesional. Se determinó que infringió varias disposiciones al dar fe de un hecho falso en su función notarial. Específicamente, en enero de 2014, legitimó las firmas del Sr. Lutgardo Acevedo López en dos testimonios de autenticidad. En estos documentos, el letrado certificó conocer personalmente al Sr. Acevedo López y que este firmó ante él. Una auditoría de la Oficina del Contralor reveló irregularidades, y un análisis forense concluyó que la firma no correspondía al Sr. Acevedo López. El Tribunal Supremo concluyó que el licenciado Rafols Van Derdys atestiguó un hecho falso. En consecuencia, se ordenó su suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía. La suspensión es por un término de seis meses, efectiva a partir de la fecha de la decisión, 21 de diciembre de 2022.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión inmediata y provisional del Lcdo. Arnaldo J. Irizarry Irizarry del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta decisión se fundamenta en el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado federal en un caso criminal en su contra. Tras concederle un término para mostrar causa, el Tribunal procede con la suspensión. La suspensión notarial conlleva la cancelación automática de su fianza, la cual se mantiene válida por tres años para actos previos. Se le impone la obligación de notificar a sus clientes y a los foros judiciales y administrativos sobre su inhabilidad para ejercer en un plazo de treinta días. Deberá devolver expedientes y honorarios por trabajos no rendidos y certificar el cumplimiento ante el Tribunal. Asimismo, debe mantener informado al Tribunal sobre el estado del proceso penal federal. Se le advierte que una sentencia condenatoria final y firme resultará en una suspensión indefinida. Finalmente, se ordena el archivo administrativo de la Queja AB-2022-0220.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 16 de diciembre de 2022 en el caso El Pueblo v. Javier Zeno Torres (CC-2022-039). La controversia principal gira en torno a la admisibilidad de una declaración jurada anterior de un testigo como prueba sustantiva en un juicio criminal. El caso surge en un juicio por asesinato donde una testigo de cargo presentó inconsistencias y falta de memoria respecto a una declaración jurada previa. El fiscal utilizó la declaración para refrescar memoria e impugnar a la testigo. La pregunta legal es si dicha declaración, o partes de ella, puede ser admitida como prueba de los hechos que narra. El Tribunal resuelve que la admisibilidad de una declaración jurada anterior como prueba sustantiva es limitada. Conforme a la Regla 802(a) de las Reglas de Evidencia, solo las partes de la declaración que cumplen con los requisitos establecidos en dicha regla son admisibles como prueba sustantiva. Esta decisión establece el alcance bajo el cual las declaraciones juradas previas pueden ser consideradas prueba de fondo en Puerto Rico.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. José C. Bonilla Rosado, emitió una resolución el 14 de diciembre de 2022. El Tribunal examinó una moción urgente de paralización de procedimientos y una petición de certiorari presentadas por el peticionario. La mayoría del Tribunal declaró No Ha Lugar tanto la moción como la petición de certiorari. Esta decisión ratificó la determinación previa del Tribunal de Apelaciones, la cual había revocado una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El Juez Asociado Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. Argumentaron que la decisión de la mayoría apoya implícitamente un fallo del Tribunal de Apelaciones que es irreconciliable con los principios de Miranda v. Arizona sobre las protecciones constitucionales para sospechosos criminales. El Juez Asociado Colón Pérez también expresó una opinión a favor de paralizar y revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones dadas las particularidades del caso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 14 de diciembre de 2022 en el caso Ex parte: Alexandra M. López Cruz, identificado con el número TS-16,249. La resolución aborda la Solicitud de cambio a estatus de abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas presentada por la señora López Cruz. Tras examinar la petición, el Tribunal determinó declarar Ha Lugar la solicitud. Esto implica que se aprobó la reactivación de Alexandra M. López Cruz para ejercer la abogacía en estatus activo. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico involucra una petición de certiorari presentada por la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) contra Manuel A. Díaz Rivera. El Tribunal Supremo atendió la urgente moción y la petición de certiorari de la AEELA. La resolución del Tribunal fue declarar No Ha Lugar a ambas solicitudes. La decisión contó con votos particulares disidentes de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados Estrella Martínez y Colón Pérez. El disenso principal se fundamenta en que el Tribunal de Apelaciones sancionó a la AEELA eliminando señalamientos de error relacionados con la transcripción de prueba oral sin apercibirle previamente. Los jueces disidentes consideraron esta sanción excesiva y contraria a la política judicial de permitir la corrección de defectos antes de desestimar recursos. Argumentaron que el foro apelativo se precipitó al imponer la sanción más lesiva sin una advertencia adecuada. Por ello, hubiesen declarado ha lugar el recurso de certiorari.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico autorizó un receso administrativo para el Programa de Educación Jurídica Continua. Este receso se extenderá desde el 26 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero de 2023, ambos días inclusive. Las labores del Programa se reanudarán el lunes 9 de enero de 2023. Como consecuencia de este receso, todo término dispuesto en el Reglamento del Programa que venza durante dicho periodo se extenderá automáticamente. La nueva fecha de vencimiento para estos términos será el lunes 23 de enero de 2023. Sin embargo, esta extensión no aplicará a los periodos de cumplimiento de tres años que venzan entre estas fechas, según lo establecido en la Regla 29 del Reglamento. La Resolución ordena la difusión pública de esta determinación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria en el caso CP-2018-10 contra el Lcdo. Eduardo M. Joglar Castillo. La acción surge de una queja presentada por Advanced Wireless Communications, Inc. La corporación alegó que el licenciado, quien había sido su abogado y presidente, recibió una demanda en su contra en calidad de agente residente. A pesar de no ser ya empleado, el licenciado tardó 43 días en notificar y remitir la demanda a Advanced. Esta demora provocó que se le anotara la rebeldía a la corporación en el pleito subyacente. El Tribunal determinó que la conducta del licenciado quebrantó los principios deontológicos recogidos en los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional. Por consiguiente, el Tribunal decidió imponer una sanción disciplinaria. La decisión final fue amonestar y apercibir al Lcdo. Joglar Castillo por su actuación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso Ex parte: Madeline Colón Rodríguez. La señora Colón Rodríguez había solicitado ser eximida del pago de aranceles judiciales por razón de indigencia. Tras examinar la solicitud, el Tribunal ordenó a la peticionaria que presentara evidencia detallada de sus ingresos y gastos. Se le concedió un término de diez días para someter documentos que sustentaran la información financiera declarada. Ejemplos de la evidencia requerida incluyen talonarios de pago, facturas de servicios y contratos de renta. La decisión del Tribunal no fue unánime. Se emitieron un Voto Particular de Conformidad, al que se unieron varios jueces, y un Voto Particular Disidente, suscrito por otros jueces, incluyendo a la Jueza Presidenta. La mayoría requirió la documentación para evaluar responsablemente la solicitud de litigar in forma pauperis.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria sobre el Lcdo. Ismael E. Jusino Torres. Se le impone una suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por el término de tres meses. Esta sanción se debe a la violación de los Cánones 18, 19, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. El procedimiento disciplinario se inició a raíz de una queja presentada por sus clientes, la Sra. Ana H. Ortiz Arroyo y el Sr. Julio Fernández Ortiz. Los promoventes contrataron al licenciado Jusino Torres en 2002 para representarlos en un caso de impericia médica. El caso fue presentado, pero quedó paralizado debido a la quiebra de un codemandado. Los clientes alegaron que el abogado les informó sobre la paralización y les indicó que no era necesario comunicarse con él por aproximadamente siete años. La decisión aborda el incumplimiento del abogado con sus deberes éticos en la tramitación y comunicación de este caso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 16 de noviembre de 2022, consolidando los casos CC-2021-337 y CC-2021-353. La controversia principal versó sobre si las agencias administrativas poseen la facultad de modificar, mediante determinación administrativa, el término jurisdiccional de veinte días para presentar una moción de reconsideración. El Tribunal resolvió que las agencias no están autorizadas para variar dicho término. La decisión, en materia de Derecho Administrativo, involucró a la Autoridad de Carreteras y Transportación y a organizaciones de empleados como PROSOL y la Asociación de Empleados Gerenciales y Supervisores. La opinión fue emitida por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de noviembre de 2022. La resolución, identificada con el número de caso TS-16,636, aborda la materia de readmisión al ejercicio de la abogacía. Se examinó una moción para solicitar la reinstalación presentada por el Sr. Víctor A. Casiano Cosme. Tras considerar la solicitud, el Tribunal acordó readmitir al Sr. Casiano Cosme al ejercicio de la profesión legal. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

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En una resolución del 14 de noviembre de 2022, el Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Meraide S. Romero Llavona. Tras considerar su moción, el Tribunal proveyó ha lugar a la misma y ordenó su reinstalación inmediata. La decisión permite a la señora Romero Llavona retomar la práctica legal. Asimismo, el Tribunal abordó asuntos pendientes relacionados con su obra notarial. Se le concedió un término final de sesenta (60) días, contados desde la notificación de la resolución, para completar la subsanación de dichos asuntos. Esta resolución conjunta resuelve la petición de reinstalación y establece un plazo para finalizar las correcciones notariales requeridas.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su Resolución de 4 de noviembre de 2022, examinó la solicitud de Maritza Conde Vázquez para cambiar su estatus a abogada activa y ser readmitida al ejercicio de la notaría. El Tribunal autorizó el cambio de estatus solicitado, permitiendo a la peticionaria ejercer la abogacía activamente. Sin embargo, la decisión sobre la readmisión al ejercicio de la notaría quedó pendiente. Se concedió un término de treinta días a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para que presente sus comentarios sobre dicha solicitud. Esta resolución fue acordada por el Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso CC-2022-580 el 4 de noviembre de 2022. Las partes en el caso son el Gobierno de Puerto Rico y Elizabeth Torres Rodríguez, quien figura en su capacidad oficial como delegada especial en la Delegación Congresional. La materia tratada es una resolución del Tribunal con voto particular disidente. El Tribunal proveyó no ha lugar a la solicitud de certiorari presentada por la parte peticionaria. Esta decisión fue acordada por la mayoría de los jueces. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió un voto particular disidente. En su disidencia, el juez critica la Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico. Argumenta que dicha ley propende el uso de fondos públicos para fines privados y la considera ilegal e inconstitucional. La disidencia señala que la ley ha generado múltiples controversias.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 3 de noviembre de 2022 en el caso CC-2021-468, Héctor Román Ortiz v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La resolución atendió mociones presentadas por ambas partes, incluyendo un aviso de desistimiento del recurso por parte de los peticionarios. El Tribunal resolvió anular el auto previamente expedido. Asimismo, dio por desistido el recurso presentado. El Juez Asociado señor Martínez Torres hizo constar una expresión aclarando que la anulación del auto por desistimiento implica que el recurso terminó ante el Tribunal Supremo con perjuicio en cuanto a su reactivación. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurrió, indicando que hubiese concedido la solicitud de desistimiento sin más. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un voto particular concurrente. El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su resolución del 2 de noviembre de 2022, atendió las solicitudes de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentadas por el Sr. Salvador Tió Fernández. La decisión ordena la reinstalación del Sr. Tió Fernández a la práctica legal. Asimismo, el Tribunal se pronunció sobre una urgente moción en solicitud de relevo de representación legal. Se autorizó el relevo de representación solicitado. Se concedió al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico un término de quince días para anunciar una nueva representación legal en el caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión en un caso de procedimiento criminal bajo la Regla 192.1. El recurrido, convicto en 2004, vio su recurso de apelación desestimado por presentación tardía. Catorce años después, solicitó la anulación de sentencias alegando representación legal inadecuada en el proceso apelativo. El Tribunal revisó si los foros inferiores erraron al conceder dicho remedio. La controversia principal giró en torno al quantum de prueba necesario para establecer la inefectividad del abogado. El Tribunal determinó que la mera prueba de la presentación tardía de un recurso apelativo no es suficiente. Por sí sola, esta evidencia no cumple con el estándar aplicable para casos de alegada representación legal inadecuada. La decisión aclara que se requiere prueba convincente y satisfactoria más allá de la simple tardanza para obtener el remedio solicitado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa en este caso (CC-2021-708) la denegatoria de una solicitud de honorarios de abogado adicionales en una reclamación laboral. La reclamación, presentada hace 20 años, resultó en una indemnización para la trabajadora, Iszol Ortiz Valle. Los honorarios iniciales se calcularon al 25% de la indemnización base, sumando \$10,625.00. La representación legal solicitó honorarios adicionales basados en horas trabajadas, argumentando que el extenso esfuerzo legal (dos juicios, apelaciones, negociaciones) justificaba una suma mayor. Los foros inferiores denegaron esta solicitud, considerándola tardía y fuera de los límites de razonabilidad. El Tribunal Supremo examina el término y los criterios para solicitar honorarios por horas trabajadas, según su jurisprudencia previa en casos como López Vicil. La opinión destaca la obligación judicial de conceder honorarios razonables para compensar justamente a los abogados que defienden a los trabajadores. Se aborda la tensión entre el cálculo estándar del 25% y la posibilidad de solicitar honorarios por horas cuando el esfuerzo legal lo amerita y se cumplen los requisitos procesales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso CC-2022-20, atendió un recurso de Certiorari presentado por Noticentro de Puerto Rico y otros contra Ildefonso Torres Rodríguez y Nydia I. Santana Segarra. La Sentencia emitida el 31 de octubre de 2022 revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo resolvió que corresponde al foro primario determinar si la identidad de la fuente periodística es pertinente para evaluar la naturaleza difamatoria de la información divulgada sobre el licenciado Torres Rodríguez. De considerar la información pertinente a la causa de acción, el foro primario deberá establecer si se configuran los requisitos de algún privilegio. Varios jueces asociados emitieron opiniones de conformidad con la sentencia. La decisión se centra en la aplicación de las reglas de evidencia, particularmente la pertinencia, en casos de difamación que involucran fuentes periodísticas.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 28 de octubre de 2022, identificada como AC-2017-103. El caso proviene de apelaciones del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Bayamón-Aibonito. Las partes son El Pueblo de Puerto Rico como apelante y Roberto Rodríguez López, Luis Rivera Caraballo y Alvin Rodríguez Rodríguez como apelados. La materia principal es el Derecho Constitucional, específicamente la constitucionalidad del Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2000. El Tribunal Supremo aborda por primera vez la constitucionalidad de dicho artículo. La evaluación se realiza a la luz de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y su jurisprudencia interpretativa. La opinión fue emitida por el Juez Asociado Señor Colón Pérez.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó un recurso de Certiorari en el caso CC-2020-0542, presentado por Orlando Feliciano contra Luxury Hotels International of Puerto Rico Inc. La decisión, emitida el 26 de octubre de 2022, abordó una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia apelada debido a que sus miembros se encontraron igualmente divididos, conforme a su reglamento. La materia principal del caso giró en torno a la validez y trascendencia de los acuerdos transaccionales en el derecho laboral. Específicamente, se discutió si es válido que un empleado despedido por justa causa firme un acuerdo transaccional a cambio de una indemnización voluntaria post-cesantía. La Sentencia fue acompañada por una Opinión de Conformidad, a la que se unieron cuatro jueces, validando la importancia de dichos acuerdos. Simultáneamente, se emitió una Opinión Disidente, respaldada por otros tres jueces, que aparentemente discrepó sobre la validez en este contexto. La Jueza Presidenta también disintió sin opinión escrita, resultando en la división 4-3-1 que llevó a la confirmación por división. La división igualitaria del Tribunal Supremo dejó en firme la determinación del Tribunal de Apelaciones sobre el asunto.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió Sentencia el 25 de octubre de 2022 en los casos consolidados CC-2017-505 y CC-2017-507. La decisión revisó una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de la Región Judicial de Bayamón-Aibonito. El Tribunal Supremo confirmó la Sentencia apelada. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. La Sentencia incluyó una Opinión de Conformidad y una Opinión Disidente. La Opinión de Conformidad, a la que se unieron varios jueces, explicó la base de la decisión. Se determinó que los peticionarios no presentaron prueba suficiente en el foro primario para establecer que Yesenia Torres Figueroa era una figura pública en la fecha de los hechos litigados (septiembre de 2013). No bastaba con señalar su profesión de periodista para probar dicha alegación. La conclusión se fundamentó estrictamente en la prueba ante el foro primario y el momento específico de los hechos.

Resumen:

Se constituyó un Comité Especial el 25 de marzo de 2022 para revisar el Informe sobre el Proyecto de Código de Conducta Profesional de Puerto Rico. Su propósito es atemperar el código a los cambios más novedosos en la práctica de la abogacía. El plazo original para completar la encomienda vencía el 31 de octubre de 2022. El Comité solicitó una extensión de siete meses, citando la complejidad y amplitud de los temas, la modificación del calendario de trabajo, compromisos profesionales y el impacto del Huracán Fiona. Presentaron un recuento detallado de los trabajos realizados y reafirmaron su compromiso. El Tribunal evaluó la solicitud y proveyó ha lugar a la extensión. Se concede al Comité Especial un plazo adicional que vence el 31 de mayo de 2023. La decisión será notificada a los miembros del Comité y a la Directora del Secretariado. El Juez Asociado Martínez Torres proveería no ha lugar a la prórroga.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que enmienda los Artículos XIV y XV del Reglamento de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Las enmiendas se realizan al amparo de la Ley de Personal para la Rama Judicial para atemperar la reglamentación al esquema de revisión judicial aplicable y autorizar notificaciones ágiles. El Artículo XIV se modifica para establecer que la parte adversamente afectada por una orden o resolución de la Junta puede presentar una moción de reconsideración en 15 días. También puede presentar una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en 30 días desde la notificación de la orden o resolución. Si se presenta reconsideración, el término para el certiorari comienza desde la notificación de la resolución sobre la reconsideración. El Artículo XV se enmienda para autorizar la notificación de las resoluciones u órdenes por correo certificado, fax, medio electrónico o entrega personal. Las resoluciones de la Junta deberán advertir sobre los derechos de solicitar reconsideración y recurrir al Tribunal de Apelaciones. Estas enmiendas entran en vigor inmediatamente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el caso de Certiorari CC-2021-213, presentado por TEC General Contractors, Corp. contra la Autoridad de Energía Eléctrica y CSA Architects & Engineers. El Tribunal Supremo revocó la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Consecuentemente, se reinstaló la Sentencia dictada originalmente por el Tribunal de Primera Instancia. La decisión del Tribunal Supremo corrigió la interpretación errónea del Tribunal de Apelaciones sobre el Artículo 34 del contrato entre las partes. El foro apelativo había concluido incorrectamente que el incumplimiento de TEC con dicho artículo equivalía a una renuncia a posibles reclamos contra la AEE. El Tribunal Supremo determinó que esta conclusión de derecho no surgía ni se pactó en el contrato. Las opiniones de conformidad discutieron la facultad de los foros apelativos para revisar prueba documental, pero señalaron que el error del Tribunal de Apelaciones radicó en la apreciación incorrecta de dicha prueba.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la petición de reinstalación de Anthony John Medina Flores. El Tribunal ordenó la reinstalación inmediata del peticionario al ejercicio de la abogacía. Sin embargo, para la reinstalación a la notaría, se le requiere presentar evidencia de haber completado doce créditos de educación jurídica continua en derecho notarial. El Tribunal también proveyó Ha Lugar a una moción urgente de relevo de representación legal. Un Juez Asociado emitió una expresión disidente, argumentando que la reinstalación debió denegarse en esta etapa. La opinión disidente sostiene que la reinstalación solo debería considerarse tras la culminación de todas las quejas éticas pendientes contra el peticionario. Se enfatiza la necesidad de evaluar la idoneidad ética de abogados suspendidos antes de permitirles ejercer nuevamente, protegiendo así el interés público.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2022 TSPR 123). Aborda una cuestión de procedimiento civil crucial. La controversia principal es el efecto de una suspensión de procedimientos bajo la Regla 69.5 sobre el término de 120 días para diligenciar un emplazamiento según la Regla 4.3(c). El caso surge de una demanda presentada por Diana Martajeva, una demandante no residente. Un demandado solicitó la fianza de no residente, resultando en una orden judicial de suspensión de los procedimientos. La duda procesal era si el tiempo que duró esta suspensión contaba dentro del plazo para emplazar. El Tribunal Supremo determinó que el término de 120 días para emplazar queda en suspenso. Esta suspensión ocurre cuando el foro judicial decreta la paralización de los procedimientos para que una parte demandante no residente preste fianza. La suspensión aplica siempre que el término para emplazar no hubiera transcurrido al momento de decretarse la paralización. La decisión clarifica la interacción entre estas dos reglas procesales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 7 de octubre de 2022 en el caso TS-14,206. La resolución atiende la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la Lcda. Anabelle Quiñones Rodríguez. El Tribunal dio por cumplido un escrito presentado en respuesta a una resolución previa. Se proveyó Ha Lugar a la solicitud de reinstalación, permitiendo a la abogada retomar el ejercicio de la profesión. No obstante, se apercibe a la Lcda. Quiñones Rodríguez sobre la importancia de cumplir con las futuras órdenes de comparecencia del Tribunal.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, TS-10,698, emitida el 28 de septiembre de 2022. La materia principal del documento es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía por parte de Francisco Joubert Lugo. El Sr. Joubert Lugo presentó una moción solicitando su reincorporación a la profesión legal. El Tribunal Supremo, a través de su Sala de Verano, examinó detenidamente la moción presentada. Tras el examen, el Tribunal acordó proveer ha lugar a la solicitud. En consecuencia, la resolución ordena la reinstalación de Francisco Joubert Lugo al ejercicio de la abogacía. La reinstalación se limita específicamente a la práctica legal. Este documento oficial certifica la decisión del Tribunal Supremo en este caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 26 de septiembre de 2022 en el caso Ex parte: Diego Ramírez Bigott. La materia tratada fue la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía por parte del Sr. Ramírez Bigott. Tras examinar la solicitud de reactivación, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la misma. En consecuencia, se concedió la readmisión al ejercicio de la abogacía al peticionario. La Resolución ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Asimismo, se le ordena al Lcdo. Diego Ramírez Bigott actualizar su información de contacto en dicho registro.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 23 de septiembre de 2022, aborda medidas judiciales tras el paso del Huracán Fiona. Se menciona el estado de emergencia decretado por el Gobernador y la previa suspensión de labores judiciales el 19 de septiembre de 2022. La resolución anterior había extendido los términos que vencían en esa fecha. Ante la incertidumbre sobre el restablecimiento de energía eléctrica y agua potable, se disponen medidas adicionales. El Tribunal ordena que todo término que haya vencido o venza entre el lunes 19 de septiembre de 2022 y el lunes 10 de octubre de 2022, inclusive, se extenderá. Dichos términos vencerán ahora el martes 11 de octubre de 2022. Esta acción se fundamenta en la facultad del Tribunal para reglamentar los procedimientos judiciales. Se ordena la difusión pública inmediata de la resolución.

Resumen:

Ante la situación de emergencia provocada por el Huracán Fiona, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decreta medidas judiciales específicas. Se extienden los términos del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua que venzan entre el 19 y el 30 de septiembre de 2022. La nueva fecha límite para estos términos será el lunes, 17 de octubre de 2022. Durante este periodo, el Programa no emitirá avisos de incumplimiento a los profesionales del derecho. Es importante notar que esta extensión no aplica a los periodos de cumplimiento de tres años que venzan en las mismas fechas. Adicionalmente, se relevará del pago de la multa por cumplimiento tardío a quienes acrediten la totalidad de los créditos adeudados para el periodo que vence el 30 de septiembre de 2022, siempre que lo hagan en o antes del 17 de octubre de 2022. Se ordena la difusión pública de esta resolución para conocimiento general.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una Resolución ante el paso del Huracán Fiona. Se decreta la suspensión de los trabajos en el Poder Judicial para el lunes 19 de septiembre de 2022, con posible reanudación el martes 20, dependiendo de las condiciones del tiempo. Como resultado, se extiende el cómputo de términos judiciales. Conforme a los artículos 388 y 389 del Código Político, el 19 de septiembre de 2022 se considerará día feriado. Cualquier término que venza en esa fecha se extenderá hasta el martes 20 de septiembre de 2022 o hasta que se reanuden las labores en los tribunales y se anuncie. Además, se extienden por igual periodo los términos del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua. Se ordena la difusión pública inmediata de esta Resolución.