Casos del Tribunal Supremo (Página 64)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consolidó los casos CC-2007-125 y CC-2007-132 para resolver cuestiones comunes. El Procurador General recurrió dos dictámenes del Tribunal de Apelaciones que confirmaron decisiones de Primera Instancia. Dichas decisiones requerían al Ministerio Público justificar por qué sometía casos para determinación de causa para arresto sin citar a los imputados. Los imputados, Carlos Rivera Martell y Jovet Vega Pérez, se encontraban confinados al momento de los procesos. El Procurador General sostenía que la citación a la vista de causa era de absoluta discreción fiscal. El Tribunal Supremo examinó a quién corresponde la decisión de citar al imputado a la vista de determinación de causa para arresto. Resolvió que esta decisión recae en el magistrado que preside el proceso. Por tanto, confirmó los dictámenes recurridos. Los casos originales involucraban cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico define por primera vez los contornos del concurso real de delitos bajo el Art. 79 del Código Penal de 2004. Se precisa en qué supuestos procede imponer la pena agregada que provee dicha disposición. La Corte concluye que esta pena aplica únicamente a situaciones donde los delitos en concurso real son juzgados simultáneamente. Esto ocurre según las reglas procesales sobre acumulación de delitos, como cuando son de igual o similar naturaleza, producto de un mismo acto, o parte de un plan común. El caso específico involucra a José L. Álvarez Vargas, juzgado simultáneamente por dos apropiaciones ilegales separadas. El Tribunal de Apelaciones había resuelto que el Art. 79 no aplicaba a su caso, a pesar del juicio conjunto. El Tribunal Supremo revoca el dictamen recurrido en cuanto a la inaplicabilidad del Art. 79.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 15 de abril de 2008. La Resolución trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. El abogado involucrado es Carlos A. Vilches López. El Tribunal autorizó su reinstalación de forma inmediata. Sin embargo, ordenó a la Comisión de Ética Profesional del Colegio de Abogados que continúe con los trámites disciplinarios. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disintió de la decisión mayoritaria.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In re: José A. Díaz Algarín. La resolución atiende una moción solicitando la reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. El Tribunal Supremo determinó reinstalar al peticionario, José A. Díaz Algarín. La reinstalación se concede con la obligación de comparecer ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. Un juez asociado disintió de la reinstalación inmediata, sugiriendo que debía posponerse hasta subsanar deficiencias notariales y responder a una querella. Otro juez asociado no intervino en la decisión. La resolución fue emitida el 15 de abril de 2008.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico involucra a Javier Viruet Camacho, acusado de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. La controversia central gira en torno a la admisibilidad de una confesión que Viruet Camacho supuestamente hizo. El peticionario busca suprimir esta confesión, alegando que fue obtenida ilegalmente. Según Viruet Camacho, la confesión ocurrió tras conocer a su medio hermano, un oficial del Departamento de Corrección, quien luego lo llevó a la policía. Argumenta que su medio hermano actuó como agente del orden público al obtener la admisión. Por lo tanto, sostiene que la confesión es inadmisible porque no se le hicieron las advertencias de ley correspondientes antes de confesar. El Tribunal Supremo revisa la decisión previa sobre la supresión de esta evidencia crucial.

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Empleados y ex-empleados de Motorola Electrónica de Puerto Rico radicaron una demanda reclamando salarios por trabajos durante periodos de comida, días de descanso y vacaciones. Inicialmente, solicitaron que el pleito fuera certificado como acción de clase bajo la Ley de Horas y Días de Trabajo y las Reglas de Procedimiento Civil. Motorola negó las reclamaciones y se opuso a la certificación de clase, alegando incumplimiento de requisitos y prescripción de las acciones. El Tribunal de Primera Instancia denegó la certificación de clase. Esta determinación fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. Los demandantes acudieron al Tribunal Supremo, que también denegó la expedición del recurso de certiorari sobre este asunto. Posteriormente, los demandantes radicaron una segunda demanda enmendada para incluir a ciento quince demandantes adicionales. Este documento detalla el historial procesal de la reclamación de salarios, enfocándose en el intento fallido de certificar el caso como acción de clase.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la controversia entre la Junta de Directores del Condominio Torre de Caparra y un titular sobre el arrendamiento de un elemento común. La Junta de Directores arrendó espacio en la azotea del edificio a una compañía de celulares para la instalación de antenas. La aprobación se obtuvo mediante votación en una asamblea de titulares. Un titular, Denjiro Rivera Rodríguez, se opuso formalmente a la decisión. El Tribunal de Apelaciones declaró nulo el contrato de arrendamiento. La Junta de Directores solicitó la revisión de esta decisión ante el Tribunal Supremo. La cuestión central a resolver es si el arrendamiento de un elemento común a un tercero ajeno al régimen de propiedad horizontal requiere el voto de una mayoría o la unanimidad de los titulares. La opinión, emitida por la Jueza Asociada Fiol Matta, busca clarificar este punto legal crucial para los condominios residenciales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Apelaciones relativa a un contrato de arrendamiento en un condominio. La Junta de Directores del Condominio Torre de Caparra solicita la revocación de un dictamen apelativo que declaró nulo dicho contrato. El acuerdo fue suscrito entre el Consejo de Titulares del condominio y una compañía privada de celulares. Mediante este contrato, se arrendó espacio en la azotea del edificio, un elemento común, para la instalación de antenas y equipos de transmisión. La controversia principal que debe resolver el Tribunal Supremo es si el arrendamiento de un elemento común a un tercero ajeno al régimen de propiedad horizontal requiere el voto de una mayoría simple o la unanimidad de los titulares. El Tribunal de Apelaciones había determinado la nulidad del contrato. La opinión del Tribunal Supremo es emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró y aclaró su norma sobre quiénes son "parte" para fines de la notificación en procedimientos de reconsideración o revisión judicial de determinaciones administrativas. Se basó en la norma establecida previamente en *Lugo Rodríguez v. Junta de Planificación*. La mera notificación de la determinación final de una agencia no convierte automáticamente a una persona o entidad en "parte" para fines de procedimientos posteriores si no cumplen con otros requisitos. Las agencias administrativas deben explicar brevemente la designación de "parte" cuando no se trate del promovido, promovente o un interventor formal. Las personas notificadas por su proximidad a un proyecto tampoco se convierten automáticamente en "parte" para la notificación de un recurso de revisión judicial. La agencia debe evaluar la naturaleza de su participación para determinar si son meros participantes o participantes activos antes de designarlos como "parte". Esta aclaración surge en el contexto de un caso de revisión administrativa de una determinación de ARPE sobre un proyecto residencial.

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Un juicio del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2008 TSPR 53) resuelve una controversia entre la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes y el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia. La Comisión, mediante Resolución de la Cámara 2756, investiga los procedimientos del Departamento de la Familia en el caso del niño Matthew Elías Amigo y sus hermanos, tras el fallecimiento del menor. El propósito es identificar acciones administrativas y legislativas necesarias. Para la investigación, la Comisión solicitó expedientes e información confidencial relacionada con el caso a ambos Departamentos. Los Departamentos se opusieron a la entrega, alegando la confidencialidad de los registros. El Tribunal de Primera Instancia denegó inicialmente la solicitud de la Comisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión, ordenando la entrega de la información. Los Secretarios de Justicia y de la Familia, como peticionarios, recurren ahora ante el Tribunal Supremo impugnando la sentencia del Apelativo. La cuestión central es el balance entre el poder investigativo legislativo y la confidencialidad de los expedientes de maltrato de menores.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la conducta profesional de la abogada Shirley Monge García. El caso consolida dos procedimientos disciplinarios presentados por sus antiguos clientes, Ángel D. Rodríguez Cruz y Bernard Hall Marín. Las quejas se originaron por la representación legal que la licenciada Monge García les brindó en reclamaciones administrativas bajo la Defense Base Act. Estas reclamaciones eran contra sus antiguos patronos (Lockheed Martin, ITT) y su aseguradora (ACE USA) por alegada exposición tóxica en Vieques. Posteriormente, el abogado de uno de los patronos, no admitido en Puerto Rico, contactó a la licenciada Monge García. Le solicitó que representara a las compañías demandadas en un caso relacionado ante el Tribunal Federal. El documento expone los hechos que dieron lugar a las quejas disciplinarias. La decisión es una opinión "PER CURIAM" fechada el 28 de marzo de 2008.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el caso CC-2006-774 el 26 de marzo de 2008. La cuestión principal era determinar si la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces confiere jurisdicción al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre los propietarios de una propiedad vendida. El caso surgió de una querella presentada por los compradores (matrimonio Izquierdo-Amieiro) ante DACO contra la agencia de bienes raíces (Pinnacle) y las vendedoras (señoras Arredondo Pérez). Los compradores descubrieron materiales tóxicos en la propiedad después de la compra. El Tribunal analizó el alcance de la ley de bienes raíces. Determinó que dicho estatuto expresamente excluye de su aplicación a los propietarios de inmuebles que no se dedican habitualmente al negocio de bienes raíces. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que DACO no tiene jurisdicción sobre las vendedoras bajo esta ley específica. Se confirmó así la decisión recurrida que denegaba la jurisdicción de DACO sobre las propietarias.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 25 de marzo de 2008. La resolución trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía de Héctor R. Santos Rivera. El Tribunal evaluó las mociones presentadas por el peticionario y la Oficina de Inspección de Notarías. Se verificó que el señor Santos Rivera cumplió con el término de un mes de suspensión. Además, satisfizo todos los señalamientos realizados por la Oficina de Inspección de Notarías sobre su obra notarial. Habiendo cumplido con estos requisitos, el Tribunal Supremo acordó reinstalarlo al ejercicio de la abogacía.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 17 de marzo de 2008. El documento aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría presentada por el Lcdo. Alfredo Berríos Pérez. Tras examinar la petición, el Tribunal Supremo decidió autorizar la reinstalación del licenciado Berríos Pérez. La reinstalación al ejercicio de la notaría es efectiva inmediatamente a partir de la fecha de la resolución. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaría.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 14 de marzo de 2008. Mediante esta, se concedió el Jueves Santo, 20 de marzo de 2008, como día libre para los empleados de la Rama Judicial. Dicho día libre se cargó a la licencia de vacaciones. Como resultado, el Tribunal determinó que, para el cómputo de los términos judiciales, el Jueves Santo se consideraría como un día feriado. Esto se fundamenta en los Artículos 388 y 389 del Código Político de 1902. Por consiguiente, cualquier término que venciera el 20 de marzo de 2008 se extendió automáticamente. La nueva fecha de vencimiento para estos términos sería el lunes, 24 de marzo de 2008, al ser el próximo día laborable.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en reconsideración (2008 TSPR 47). El caso surge de una disputa sobre un injunction preliminar entre una asociación de vecinos y una asociación educativa, entre otras partes. El Tribunal previamente confirmó, por división, una sentencia del Tribunal de Apelaciones que dejó sin efecto el injunction concedido por el Tribunal de Primera Instancia. La reconsideración busca aclarar dos controversias principales. Primero, determinar si la solicitud de injunction preliminar se rige por la Regla 56 (remedios provisionales) o la Regla 57 (injunction) de Procedimiento Civil. Segundo, examinar si el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al conceder el injunction tras una vista donde no admitió cierta prueba testifical. Se analiza la discreción de los tribunales de instancia para limitar la evidencia en vistas de injunction preliminar.

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Luis R. Rodríguez Vicente fue declarado culpable por un jurado de Asesinato en Primer Grado y posesión ilegal de arma de fuego, recibiendo sentencias consecutivas de 99 y 20 años de prisión. Durante el juicio, la defensa solicitó una instrucción al jurado sobre el delito de Homicidio Voluntario, la cual fue denegada por el juez de instancia. Tras ser sentenciado, Rodríguez Vicente apeló, alegando principalmente el error en la negativa de dicha instrucción. El Tribunal de Apelaciones acogió este planteamiento, revocó la sentencia y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Inconforme con esta decisión, el Procurador General recurrió ante el Tribunal Supremo mediante certiorari. El Tribunal Supremo señala que la actuación del Tribunal de Apelaciones es errónea y contraria a su reiterada jurisprudencia. El caso se centra en determinar si procedía la instrucción sobre Homicidio Voluntario y si el foro apelativo actuó correctamente al revocar la convicción.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un caso de conducta profesional contra los licenciados José F. Irizarry Pérez y Manuel Reyes Dávila. La acción se inició tras un referido del Tribunal de Apelaciones sobre las actuaciones de los abogados en un caso anterior. El Procurador General presentó una querella imputando violaciones a los Cánones 35 y 38 de Ética Profesional, relacionados con la sinceridad, honradez y apariencia impropia. Se designó un Comisionado Especial para investigar y rendir un informe. El Comisionado concluyó que los abogados violaron el Canon 18, que exige diligencia y competencia. Los abogados querellados objetaron el informe del Comisionado. Alegaron que la determinación de violación al Canon 18 no estaba sustentada por la prueba. También argumentaron errores en el análisis legal y violaciones al debido proceso en el procedimiento del Comisionado. El Tribunal Supremo procede a evaluar estas determinaciones y objeciones.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende la solicitud del Colegio de Abogados para suspender a seis licenciados del ejercicio de la abogacía. La causa de la solicitud es el impago de las cuotas de colegiación por parte de los abogados Anna E. Giráldez Iñesta, Lydia Pérez Lugo, Víctor Vargas Negrón, Rosario M. Méndez Figueroa, Ivette Vázquez Choisne y Rosa M. Tirado Arroyo. El Tribunal emitió resoluciones concediendo términos para mostrar causa por la cual no debían ser suspendidos. Se les apercibió que el incumplimiento resultaría en suspensión inmediata. La licenciada Giráldez Iñesta compareció solicitando tiempo adicional por problemas de salud y económicos, obteniendo una prórroga del Colegio de Abogados, pero no realizó el pago. Los demás licenciados no comparecieron ni cumplieron con las órdenes del Tribunal tras ser debidamente notificados y concedérseles un término final. El término final para estos últimos expiró sin que hayan respondido o cumplido.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha 29 de febrero de 2008, identificada con el número de caso TS-4866. El documento trata sobre la solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía presentada por Héctor Santiago Ortiz. Tras examinar la moción, el Tribunal accedió a lo solicitado. La resolución autoriza a Héctor Santiago Ortiz a darse de baja de la abogacía. Fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaría.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un caso de daños y perjuicios presentado por Roberto Vigoreaux Lorenzana contra Quizno's Sub, Inc. La disputa se originó por el uso no autorizado de la imagen del Sr. Vigoreaux, un excandidato político, en un anuncio comercial de Quizno's. El anuncio, publicado tras unas primarias, mostraba su fotografía junto a la frase "Para los que se quedaron con las ganas" para promocionar un sándwich. El caso requirió balancear la libertad de expresión comercial de Quizno's con el derecho a la intimidad y el derecho patrimonial a la propia imagen del Sr. Vigoreaux. Quizno's utilizó la imagen sin obtener permiso ni ofrecer compensación alguna. El Tribunal determinó que, en las circunstancias particulares del uso comercial sin autorización, el derecho a la intimidad y a la propia imagen del Sr. Vigoreaux prevalecían. La decisión subraya la protección constitucional del derecho a la propia imagen frente a su explotación comercial no consentida. Por tanto, el Tribunal revocó la sentencia recurrida, fallando a favor del demandante.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In re Víctor M. Irizarry Pérez. El documento aborda la solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. Irizarry Pérez. Su petición se fundamenta en su retiro y su traslado de residencia a los Estados Unidos. El Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó una moción en contestación a la resolución previa del Tribunal. Tras considerar la misiva del peticionario y la respuesta del Colegio, el Tribunal Supremo emitió su decisión. La Resolución, fechada el 29 de febrero de 2008, autoriza al Lcdo. Víctor M. Irizarry Pérez a darse de baja voluntaria de la institución. El Juez Presidente se inhibió en este caso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico recibió copia certificada de una sentencia federal contra el abogado Edwin Castillo Martínez. Dicha sentencia documenta que Castillo Martínez se declaró culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína, un delito grave federal. Por estos hechos, la corte federal le impuso una pena de 37 meses de cárcel, una multa y libertad supervisada. Ante esta información, el Tribunal Supremo le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendido provisionalmente del ejercicio de la abogacía. En respuesta, Castillo Martínez presentó un escrito allanándose a la suspensión y reiterando una solicitud previa de renuncia voluntaria. Certificó haber renunciado a la representación de clientes, no tener casos pendientes ni honorarios no devengados, y haber entregado su obra notarial. El Tribunal Supremo procede a resolver el asunto considerando la información recibida y la posición de Castillo Martínez, reafirmando su facultad para reglamentar la profesión legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Apelaciones en un caso entre Plaza Las Américas, Inc. y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El litigio original versaba sobre la responsabilidad del pago de la contribución sobre la propiedad inmueble por mejoras realizadas por inquilinos en Plaza Las Américas. El Tribunal de Primera Instancia determinó que los inquilinos eran los únicos responsables de dicha contribución. El CRIM apeló esta sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Surgió una controversia procesal sobre el término para apelar del CRIM. Plaza Las Américas argumentó que el CRIM tenía 30 días para apelar y que su recurso, presentado a los 60 días, era tardío. El Tribunal de Apelaciones resolvió que el CRIM se beneficiaba del término extendido de 60 días para presentar su apelación. Este recurso ante el Tribunal Supremo solicita la revisión de esa determinación del Tribunal de Apelaciones sobre el término apelativo del CRIM.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso entre San Gerónimo Caribe Project, Inc. y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe). El caso surge de una orden de ARPe del 27 de diciembre de 2007 que dejó sin efecto permisos de construcción y paralizó las obras del proyecto Paseo Caribe. La acción de ARPe se basó en una opinión del Secretario de Justicia que concluía que parte de los terrenos eran de dominio público. El Tribunal de Apelaciones revisó la orden de ARPe, determinando que se violó el debido proceso de ley, pero mantuvo vigente la orden de paralización. San Gerónimo Caribe Project acudió entonces al Tribunal Supremo mediante una petición de certiorari. El Tribunal Supremo expidió el auto solicitado y acortó los términos a catorce días para la presentación de alegatos. La Resolución también considera la solicitud de la peticionaria para dejar sin efecto una orden de ARPe que extendió la paralización de las obras. El Tribunal tomó conocimiento judicial de una sentencia reciente del Tribunal de Primera Instancia que resolvió que los terrenos en cuestión no son de dominio público, contradiciendo la base de la orden de ARPe.

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La opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 27 de febrero de 2008, aborda un caso de revocación de probatoria. El recurrido, George Acevedo Ramos, disfrutaba de libertad a prueba por una infracción a la Ley de Sustancias Controladas. Una condición de su probatoria estipulaba que, de cometer un delito grave, la vista inicial de revocación se celebraría conjuntamente con la vista de causa probable para arresto. Cuatro meses después, Acevedo Ramos fue acusado de otro delito grave bajo la misma ley. Al no comparecer a la vista de causa probable, el ministerio público solicitó la celebración conjunta de ambas vistas. El tribunal de instancia denegó la petición conjunta, citando la ausencia del probando, la falta de notificación y la ausencia del oficial sociopenal. No obstante, el juez halló causa probable para el nuevo delito y ordenó el arresto. Se programó una vista sumaria inicial de revocación separada. Este dictamen del Supremo revisa el proceso seguido en el tribunal inferior respecto a la celebración de las vistas.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2008 TSPR 42, CP-2005-18) sobre una querella de conducta profesional. La querella, presentada por el Procurador General, imputa al Lcdo. Segismundo López Montalvo violaciones a los cánones 9 y 12 de Ética Profesional. Los hechos surgen de su actuación como abogado en la etapa apelativa del caso *Souffront Cordero v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados*. Tras la desestimación del caso en instancia mediante sentencia notificada el 8 de diciembre de 2003, el abogado presentó el recurso de apelación 31 días después, el 8 de enero de 2004. Para justificar la jurisdicción del foro apelativo, alegó que la notificación de la sentencia ocurrió el 9 de diciembre de 2003. Como prueba de esta fecha posterior, incluyó en el apéndice del recurso una copia de un sobre con matasellos del 9 de diciembre de 2003. La querella se basa en esta conducta relacionada con la presentación del recurso y la evidencia aportada para acreditar su supuesta oportunidad.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de Certiorari relacionado con un recurso de Habeas Corpus. Noel Paonesa Arroyo, acusado de Asesinato en Primer Grado y violación a la Ley de Armas, fue detenido el 1 de diciembre de 2005. Tras encontrarse causa probable y leerse la acusación, se señaló juicio por jurado. El juicio, inicialmente fijado para mayo de 2006, fue pospuesto por el tribunal para junio de 2006 debido a asuntos de calendario, aunque se tomó juramento preliminar a los candidatos a jurado. El 1 de junio de 2006, Arroyo presentó un recurso de Habeas Corpus. Alegó que su excarcelación procedía conforme a la Constitución de Puerto Rico. Sostuvo que habían transcurrido más de seis meses desde su detención sin la celebración del juicio. El caso aborda la aplicación del derecho constitucional a un juicio rápido en el contexto de una posposición judicial.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda un caso de daños y perjuicios. Los peticionarios son los padres de un menor, actuando en su nombre y en el de su hijo, contra múltiples recurridos, incluyendo el conductor de un vehículo y aseguradoras. La controversia surge de un accidente ocurrido en un complejo residencial donde un menor de tres años fue atropellado. El niño se encontraba bajo la supervisión de su padre, quien se distrajo momentáneamente. El menor intentó cruzar la vía y fue impactado por un vehículo. La cuestión legal principal a determinar es si procede el pago total de la indemnización a un menor cuando la negligencia de su progenitor contribuyó al accidente. El Tribunal Supremo anticipa una resolución negativa a esta pregunta. El documento detalla los hechos específicos del incidente que dio origen a la demanda por daños.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una acción declaratoria de simulación de contrato. Se analiza una escritura de compraventa de un inmueble donde la verdadera intención de las partes no fue realizar una venta, sino constituir una garantía para un préstamo personal. La dueña de la propiedad "vendió" el inmueble a la prestamista, abuela de su entonces esposo, para asegurar el pago de un préstamo de \$30,000. El acuerdo subyacente era que la propiedad sería "vendida" de vuelta una vez saldada la deuda. La transacción se formalizó mediante una escritura de compraventa por un precio menor al del préstamo. El Tribunal debe determinar la naturaleza simulada del contrato y si esta simulación afectó la transferencia posterior de la propiedad a terceros. La opinión fue emitida el 21 de febrero de 2008 en el caso CC-2006-1120.

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El Pueblo de Puerto Rico vs. Francisco Javier Rivera Toro es un caso de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El peticionario, ex-alcalde de Hormigueros, fue acusado por la Oficina del Fiscal Especial Independiente de apropiación ilegal agravada, soborno agravado y violación a la Ley de Ética Gubernamental. Tras un juicio por jurado, Rivera Toro fue hallado culpable de tres de los cuatro cargos presentados. Posteriormente, solicitó un nuevo juicio y/o desestimación por falta de jurisdicción, argumentando errores del tribunal de instancia. Dicha solicitud fue declarada sin lugar por el tribunal. El tribunal de instancia sentenció a Rivera Toro a cumplir pena de prisión y una multa especial. Inconforme con la sentencia, el peticionario apeló y solicitó fianza. Este documento contiene la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitida el 20 de febrero de 2008, resolviendo el recurso de Certiorari presentado en este caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró una Moción Urgente para la Desestimación por Falta de Jurisdicción en los casos consolidados AC-2007-66, AC-2007-67 y CC-2007-827. Estos casos involucran a Iris Meléndez Vega y El Vocero de Puerto Rico, Inc., et als, en una acción civil por difamación y libelo. La moción de desestimación fue declarada no ha lugar por el Tribunal, debido a que se encontraba igualmente dividido. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, a la que se unió la Jueza Asociada señora Fiol Matta, emitió un voto disidente. El disenso se basa en la creencia de que el Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso. Argumentan que no se cumplió con el requisito jurisdiccional de notificar a todas las partes dentro del término legal. Consideran que la decisión de no desestimar el recurso, a pesar de la falta de jurisdicción, es contraria a Derecho.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó el Reglamento para la Concesión de Licencias Sabáticas a Jueces y Juezas de la Rama Judicial. Esta aprobación responde a la facultad conferida por la Ley de la Judicatura de 2003, que requiere al Tribunal establecer las condiciones para otorgar dichas licencias. El propósito principal del reglamento es brindar a los jueces la oportunidad de realizar estudios, investigaciones y actividades creativas que promuevan su mejoramiento profesional y beneficien a la Rama Judicial. También contempla la concesión de licencias para actividades docentes en programas de educación judicial. El reglamento detalla aspectos como la elegibilidad, duración, compensación, requisitos de solicitud, evaluación y las consecuencias del incumplimiento. Se considera un paso de vanguardia que subraya la importancia del desarrollo académico de la Judicatura. Este reglamento entrará en vigor treinta días después de la fecha de la Resolución.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la conducta profesional del abogado Francisco Ortiz McWilliams. El caso consolida un procedimiento disciplinario iniciado por una queja y otro por la falta de pago de la cuota de colegiación del año 2007. El Colegio de Abogados informó que el abogado no había pagado su cuota a pesar de varias comunicaciones. El Procurador General presentó un informe sobre la queja. El Tribunal concedió múltiples términos al abogado para responder al informe y mostrar causa por la cual no debía ser suspendido, apercibiéndole de suspensión. A pesar de las oportunidades, el abogado no cumplió con las resoluciones ni pudo ser localizado para notificación. Como resultado de su inacción y falta de cumplimiento, el Tribunal ordena su suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión será efectiva a partir del 11 de marzo de 2008, fecha de notificación de la suspensión inmediata.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 13 de febrero de 2008. La Resolución atiende la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Lucas M. Irisarri Castro. Tras examinar los escritos, el Tribunal ordenó su reinstalación. Dicha reinstalación se limita al ejercicio de la abogacía. La efectividad de la reinstalación es a partir del 15 de febrero de 2008. Como parte del proceso, se requiere que la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías rinda un informe al Tribunal. Este informe deberá presentarse luego de que Lucas M. Irisarri Castro se reúna con la Inspectora de Protocolos. La reunión está programada para el 15 de febrero de 2008. La Resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Apelaciones que confirmó las determinaciones de la Comisión de Relaciones del Trabajo sobre la unidad apropiada para la sindicalización de empleados del Departamento de Estado. El Departamento de Estado cuestionó la inclusión de ciertos empleados, argumentando que debían ser excluidos por ser confidenciales o supervisores. La controversia principal gira en torno a la interpretación de las definiciones de "empleado confidencial" y "supervisor" bajo la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico (Ley Núm. 45 de 1998). El Tribunal Supremo delimita estas definiciones. Resuelve que "supervisor" incluye a quienes recomiendan medidas disciplinarias o asignan/dirigen trabajo habitualmente. En cuanto a "empleado confidencial", determina que la definición no se limita a empleados vinculados a la política laboral, sino que abarca a aquellos con un efecto significativo en la política pública general de la agencia o que tienen una relación confidencial con quienes la formulan o implementan. La decisión sienta un precedente sobre la aplicación de estas exclusiones en el servicio público.

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Una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda un caso de alegado discrimen por edad bajo la Ley Núm. 100. El demandante, José Miguel Mestres Dosal, alegó que fue despedido injustificadamente de su empleo en Laboratorio Clínico Román tras cumplir 65 años. Sostuvo que su hermano, administrador del negocio de su madre, le indicó que debía retirarse y acogerse al Seguro Social, despidiéndolo al rehusarse. Mestres Dosal demandó a su madre y hermano, solicitando la reposición en el empleo y el doble de los salarios dejados de percibir, entre otros daños. Los demandados pidieron la desestimación, argumentando inmunidad familiar y que el demandante ya recibía beneficios del Seguro Social. La cuestión legal principal ante el Tribunal Supremo era si un reclamante despedido después de los 65 años podía recuperar daños por ingresos dejados de percibir bajo la Ley Núm. 100. El Tribunal resolvió afirmativamente, confirmando que la recuperación de salarios perdidos es posible en tales circunstancias.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución para la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Conferencia Judicial. La conferencia se celebrará el 14 y 15 de febrero de 2008 en el Hotel Condado Plaza. Convoca a los jueces del Tribunal General de Justicia y a los miembros de la Conferencia Judicial. La agenda incluye sesiones plenarias dedicadas a la discusión de proyectos de reglas de Procedimiento Civil, Criminal y Evidencia, presentados por los comités asesores permanentes. El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ofrecerá los mensajes de apertura y clausura. Se realizarán talleres grupales de discusión para jueces durante la tarde del segundo día. La Directora Administrativa de los Tribunales actuará como Secretaria de la Conferencia. Se establecen reglas básicas para el evento, como mantener los teléfonos celulares en silencio. El documento detalla el horario específico de cada actividad a lo largo de los dos días. Esta resolución sirve como el señalamiento oficial y establece la agenda y reglas para la sesión.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2008-78, con fecha de 31 de enero de 2008. El caso enfrenta a El Pueblo de Puerto Rico como peticionario contra Eddie Miró Castañeda y Juanita Medina Boria como recurridos. Proviene del Tribunal de Apelaciones y trata sobre la Sección 6049(c) del Código de Rentas Internas de 1994. El peticionario presentó un recurso de Certiorari junto con una Moción en Auxilio de Jurisdicción y en Solicitud de Trámite Expédito. El Tribunal Supremo examinó ambas presentaciones. La resolución del Tribunal fue declarar "no ha lugar a ambas", denegando así las solicitudes del peticionario. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió un voto particular de conformidad. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Presidente señor Hernández Denton. La resolución fue certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Luis Alberto Cid. El abogado representó a unos clientes en una demanda por daños que finalizó con una transacción de \$7,269.10. Tras recibir el dinero, el licenciado Cid solicitó a sus clientes que se lo prestaran por problemas económicos, a lo que ellos accedieron. Se pactó la devolución total del monto en un plazo de 60 días. Sin embargo, el abogado incumplió el acuerdo, no devolviendo el dinero incluso después de más de un año. Ante la falta de pago, los clientes presentaron una queja formal ante el Tribunal. El Procurador General, por instrucción del Tribunal, presentó una querella contra el licenciado Cid. Se le imputaron violaciones a los Cánones 23 y 38 del Código de Ética Profesional por retener fondos de clientes y faltar a su deber profesional.

Resumen:

Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2008 TSPR 8) en el caso Wilson López Leyro contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La cuestión principal a determinar es si el Comité de Clasificación y Tratamiento de una institución correccional tiene autoridad para atender el caso de un confinado que ya fue sancionado por un Comité de Disciplina Institucional por los mismos hechos. El caso se origina con el confinado Wilson López Leyro, quien recibió sanciones disciplinarias por dos violaciones al reglamento, incluyendo un cambio de custodia. Aunque un oficial de reconsideración modificó algunas sanciones, el Comité de Clasificación también intervino. El Tribunal Supremo, en opinión del Juez Presidente Hernández Denton, concluye que el Comité de Clasificación y Tratamiento sí posee la autoridad para revisar el caso de un confinado, aun cuando un Comité de Disciplina haya actuado previamente. Esta decisión aclara la competencia de ambos comités dentro del sistema correccional. Por entender que existe tal autoridad, el Tribunal Supremo revocó el dictamen recurrido.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 25 de enero de 2008 en el caso In re: Nydia I. Mancini García, identificado como TS-14748. La resolución aborda la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía presentada por la señora Mancini García. El Tribunal consideró la comparecencia del Colegio de Abogados, realizada en cumplimiento de una resolución previa. Tras evaluar la situación, el Tribunal Supremo autorizó formalmente la renuncia solicitada por la peticionaria para dejar de ejercer la profesión legal. Se dispuso la notificación de esta decisión al Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en virtud de su poder para reglamentar la abogacía y conforme al Reglamento de Educación Jurídica Continua, emite una resolución. La resolución aborda la composición de la Junta de Educación Jurídica Continua tras vencer el término de los nombramientos originales. Se renominan los miembros activos de la Junta y se designan tres nuevos miembros. La Junta estará compuesta por ocho distinguidos abogados y jueces. Se nombra al Dr. Efraín González Tejera como Presidente de la Junta. Los miembros designados son Hon. Luis Roberto Piñero, Hon. José Alberto Morales, Lic. Tamara Sosa Pascual, Lic. Mario Rafael Oronoz Rodríguez, Lic. Angélica Toro Lavergne, Lic. María Dolores Trelles Hernández y Lic. Carmen E. Mora Ruiz. Los términos de los nombramientos varían entre dos, tres, cuatro y cinco años para los distintos miembros. Esta resolución tiene vigencia inmediata a partir del 25 de enero de 2008.

Resumen:

El documento corresponde al caso CC-2006-533, resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 25 de enero de 2008. La materia del litigio es Daños y Perjuicios, con José Santos Díaz Ríos y otros como peticionarios frente al Hospital Santo Asilo de Damas y otros recurridos. El Tribunal Supremo atendió una moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria. Mediante resolución, el Tribunal declaró no ha lugar a dicha moción. La Secretaria del Tribunal Supremo certificó la decisión. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió una Opinión disidente en la etapa de reconsideración. En su disidencia, el Juez Rebollo López reflexiona sobre el deterioro social y la pérdida de valor de la vida humana. Critica la actitud de displicencia de un por ciento de profesionales de la salud. Señala que abordará la conducta de los obstetras en lo pertinente al caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Rafael Oliveras López de Victoria. El Procurador General presentó una querella imputándole infracción a los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional. Se le acusó de haber hecho falsas representaciones e inducido a error al tribunal. El abogado negó los cargos en su contestación a la querella. Se designó un Comisionado Especial para recibir prueba y rendir un informe con sus determinaciones. Tras examinar el informe del Comisionado y la totalidad del expediente, el Tribunal Supremo concluyó. El Tribunal determinó que el Lcdo. Oliveras López de Victoria incurrió en las violaciones imputadas. El caso se originó en relación con una demanda previa de daños y perjuicios donde el abogado representó a clientes que obtuvieron una sentencia favorable.

Resumen:

Se presentó una queja contra la Lcda. Ana Elena Cuebas Vargas por incumplimiento de contrato, retención de expediente y no devolución de honorarios. La queja fue referida inicialmente a la Oficina de Inspección de Notarías, que determinó que no se trataba de conducta notarial indebida y recomendó su remisión al Procurador General. El Tribunal Supremo ordenó a la licenciada Cuebas Vargas expresarse sobre el informe de ODIN. Ante su incomparecencia, el Tribunal le concedió un término final de quince días para cumplir con lo ordenado. Se le apercibió que el incumplimiento conllevaría sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión automática. A pesar de la notificación personal de esta resolución, la licenciada no compareció. El Tribunal reitera la obligación de los abogados de responder con prontitud a los requerimientos relacionados con quejas de conducta profesional. La falta de respuesta a las órdenes del Tribunal puede acarrear sanciones severas. Este caso resultó en la suspensión de la abogada.

Resumen:

Este documento es una Resolución (Nunc Pro Tunc) del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2006-208. Las partes involucradas son Johnson & Johnson International Inc. como peticionario y el Municipio de San Juan como recurrido, en una materia de Incumplimiento de Contrato. Fechada el 22 de enero de 2008, la resolución tiene como propósito enmendar una Opinión previa emitida por el Tribunal el 19 de diciembre de 2007. Específicamente, corrige un error textual en la página 19, segundo párrafo, segunda oración de la opinión anterior. La enmienda cambia el texto de "J&J" a "al Municipio". Esta resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.