Casos del Tribunal Supremo (Página 26)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió Sentencia en el caso de certiorari CC-2018-210 entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas y Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico. El Tribunal expidió el auto solicitado. Dejó sin efecto las Sentencias del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia. La decisión se fundamenta en que dichos foros actuaron sin jurisdicción. La falta de jurisdicción se debe a la paralización automática impuesta por el caso de quiebra del Estado Libre Asociado bajo PROMESA Título III. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Se ordenó su archivo administrativo. El archivo se mantendrá hasta que concluya el caso de quiebra federal o se levante la paralización automática. Varios jueces emitieron votos particulares concurrentes y disidentes sobre la aplicación de la paralización y PROMESA.

Resumen:

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve un procedimiento disciplinario incoado contra el Lcdo. Juan C. Villanueva López. El caso se originó por una queja de conducta profesional presentada en febrero de 2014. Inicialmente, el Tribunal tuvo dificultades para notificar al abogado debido a direcciones incorrectas. Aunque el letrado eventualmente proporcionó una dirección en California y solicitó una prórroga para contestar la queja, no presentó su respuesta. A pesar de múltiples oportunidades y un término final e improrrogable bajo apercibimiento, el licenciado Villanueva López incumplió con su obligación de responder. Ante la falta de comparecencia y respuesta a la queja, el Tribunal Supremo procedió a imponer una sanción disciplinaria. Mediante esta decisión *Per Curiam*, se ordena la suspensión del ejercicio de la abogacía del Lcdo. Juan C. Villanueva López. La suspensión será efectiva a partir del 16 de abril de 2018, fecha en que se le notificó por correo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso CC-2014-426, resolvió si la falta de inclusión de ciertas personas constituye ausencia de parte indispensable en un pleito de nulidad de escritura de donación de un inmueble. La controversia surgió en un litigio entre hermanos sobre una propiedad heredada, donde se cuestionó la validez de una donación. El Tribunal determinó que, conforme a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, procede el relevo de sentencia por falta de parte indispensable bajo ciertas circunstancias. Estableció como norma que, en cualquier pleito donde se cuestione la validez de un negocio jurídico sobre un bien inmueble, son partes indispensables quienes hayan adquirido un derecho real o interés en el inmueble *posterior* a la inscripción del negocio impugnado en el Registro de la Propiedad, siempre que dicho derecho o interés surja del propio Registro. Esta decisión subraya la relevancia del Registro de la Propiedad para identificar a las partes afectadas en este tipo de litigios.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera un caso de certiorari sobre derecho procesal civil en materia de alimentos. La controversia principal se centra en una Resolución Enmendada que modificó créditos por gastos de menores concedidos a una de las partes. Se plantea si esta modificación constituye un error subsanable mediante enmienda *nunc pro tunc*. La alternativa es si se trata de un dictamen sustantivo que debió ser revisado por los medios procesales ordinarios. El caso se origina tras un divorcio, el establecimiento de custodia compartida y ajustes en la pensión alimentaria. La disputa específica es sobre la validez de la forma en que el tribunal de instancia alteró los créditos previamente reconocidos. La opinión busca definir los límites de una enmienda *nunc pro tunc* frente a cambios sustantivos en las resoluciones judiciales. La decisión determinará si la Resolución Enmendada fue un mecanismo procesal válido para ajustar los créditos en este contexto. El Tribunal clarifica la naturaleza de la determinación judicial en cuestión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 9 de abril de 2018. La resolución trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Carlos A. Mondríguez Rivera. Tras examinar la Moción Informativa y en Solicitud de Reinstalación, el Tribunal acordó reinstalarlo. Se le apercibe que en el futuro deberá cumplir rigurosamente con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Adicionalmente, el Tribunal reactivó la Querella Núm. CP-2013-1 y la Queja Núm. AB-2014-120, las cuales habían sido archivadas administrativamente. Esta decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico dilucida la manera en que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) puede extender el plazo legal para que los fiscales especiales presenten denuncias criminales. La cuestión principal es si el fiscal especial debe solicitar la prórroga y acreditar justa causa, y si la falta de estos requisitos conlleva la pérdida de jurisdicción. El caso se origina en una investigación contra el Lcdo. Melvin Colón Bonet por presunta intervención ilegal en un caso criminal. Fiscales especiales fueron designados para llevar a cabo la investigación a fondo. La opinión del Tribunal establece que la Ley del Fiscal Especial Independiente faculta al PFEI para extender el término. La única condición para dicha extensión es que esté justificada por el Panel. El Tribunal concluye que, si el PFEI actúa justificadamente al conceder la prórroga, el fiscal especial no pierde jurisdicción. Esto es válido incluso si la presentación de cargos ocurre después del plazo inicial de treinta días tras la investigación. La decisión aclara el alcance de las facultades del PFEI y los fiscales especiales en cuanto a los términos procesales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión Per Curiam suspendiendo al licenciado Juan Aragón Longo del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para los periodos 2009-2010 y 2011-2012. El letrado no subsanó las deficiencias ni pagó la multa por cumplimiento tardío tras recibir los avisos correspondientes. Asimismo, incumplió con su deber de mantener actualizada su información en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Las comunicaciones enviadas a su dirección registrada fueron devueltas por el servicio postal. El licenciado Aragón Longo tampoco compareció a una vista informal señalada por el PEJC. Ante su reiterado incumplimiento con las órdenes del Tribunal y sus deberes profesionales, se determinó la suspensión. Esta decisión resalta la obligación de los abogados de cumplir con los requisitos de educación continua y mantener su información de contacto actualizada. La suspensión fue efectiva a partir del 2 de julio de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó una controversia jurisdiccional en el ámbito del derecho procesal penal. La cuestión principal a resolver era si las decisiones interlocutorias dictadas durante una vista preliminar en alzada son susceptibles de ser recurridas ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Se buscaba determinar si la doctrina previa sobre la no apelabilidad de asuntos interlocutorios en la vista preliminar inicial se extendía a la etapa de alzada. El caso específico surgió de un proceso por infracciones a la Ley de Armas, donde el Ministerio Público solicitó una vista preliminar en alzada tras una determinación de no causa. La opinión del Tribunal Supremo concluyó que no procede la revisión por certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de los asuntos interlocutorios que surjan en el curso de una vista preliminar en alzada. Esta determinación establece un límite a la intervención apelativa en esta fase procesal.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la solicitud de reinstalación de la Lcda. Rebecca D. Rodríguez Mercado. El Tribunal ordenó la reinstalación de la abogada exclusivamente al ejercicio de la profesión. La decisión incluyó una opinión disidente del Juez Asociado Martínez Torres. El disenso se fundamentó en la existencia de conducta no adjudicada que provocó una querella contra la abogada. El Juez disidente argumentó que reinstalar la licencia en tal circunstancia pone en riesgo el interés público. Comparó el trato con el que se daría a un aspirante revalidado con conducta cuestionada. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se inhibió del caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Héctor A. Tosado Arocho del ejercicio de la abogacía. Esta medida disciplinaria se impuso por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) correspondientes al periodo de 2012 a 2014. El abogado no completó los cursos requeridos ni pagó la multa por cumplimiento tardío, a pesar de haber sido notificado. Además, no compareció a una vista informal citada por el PEJC ni respondió a la correspondencia enviada. El Tribunal ejerció su facultad disciplinaria ante la falta de cumplimiento con sus órdenes y las reglas del Programa. La suspensión es efectiva desde el 3 de abril de 2018, fecha en que se le notificó. El documento señala que el abogado tenía antecedentes disciplinarios previos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión del Lcdo. Pedro A. Quiñones Vélez del ejercicio de la abogacía. La decisión se fundamenta en el incumplimiento reiterado del abogado con los requisitos de educación jurídica continua del periodo 2007-2009. A pesar de múltiples avisos y oportunidades desde 2010, el licenciado no subsanó la insuficiencia de créditos ni pagó la multa por cumplimiento tardío. Ignoró una citación a vista informal en 2012 y no atendió las advertencias posteriores sobre la posible remisión de su caso al Tribunal. Esta conducta, que incluyó obviar órdenes directas del Programa de Educación Jurídica Continua, fue considerada una violación al canon 9 del Código de Ética Profesional. Ante su persistente falta de cumplimiento y atención a los requerimientos, el Tribunal determinó que procedía la sanción disciplinaria. La suspensión se hizo efectiva el 5 de abril de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Leilani Alberty Oms en el caso TS-16,053. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento de la abogada con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Específicamente, adeudaba créditos de ética del período 2009-2011. Además del incumplimiento, la togada desatendió los requerimientos de la oficina del PEJC y las órdenes emitidas por el Tribunal. La abogada alegó haberse mudado a Estados Unidos y haber cesado la práctica, solicitando una exención. Sin embargo, el Tribunal determinó que su conducta justificaba la sanción. La suspensión es efectiva a partir del 4 de abril de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en resolución del 3 de abril de 2018, atendió el caso In re: Edwin L. Bello Rivera, TS-8977, sobre su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la Moción Informando Cumplimiento con lo Ordenado y la Solicitud de Readmisión, así como una Moción Informativa, el Tribunal decidió reinstalar al Sr. Bello Rivera. Se le apercibe que en el futuro deberá cumplir rigurosamente con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una expresión aparte, entendiendo que el señor Bello Rivera debía completar los requisitos del PEJC para el período 2015-2018 previo a ser reinstalado, según la recomendación del Director del programa. La Jueza Presidenta y otro Juez Asociado no intervinieron en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 2 de abril de 2018 en el caso CC-2018-181, relativo a una petición de Certiorari presentada por José L. Morales Pérez contra la Policía de Puerto Rico. La petición provenía de la Región Judicial de San Juan-Caguas del Tribunal de Apelaciones. Tras examinar la petición, el Tribunal Supremo declaró "no ha lugar", denegando así la solicitud. Esta decisión no fue unánime y estuvo acompañada de varios votos particulares. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto Particular de Conformidad, al que se unieron otros cuatro jueces asociados. Por otro lado, el Juez Asociado señor Estrella Martínez presentó un Voto Particular Disidente, haciendo referencia a fundamentos expuestos en casos anteriores. Asimismo, el Juez Asociado señor Colón Pérez emitió otro Voto Particular Disidente, al que se unieron la Jueza Presidenta y otra jueza asociada. La resolución documenta la acción del Tribunal y las distintas posturas de sus miembros respecto a la denegación del certiorari.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió a la Lcda. Esperanza Esteban Rodríguez del ejercicio de la abogacía. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua para el periodo 2009-2011. El Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) le notificó el incumplimiento y le brindó oportunidad para remediarlo y comparecer a una vista, pero la abogada hizo caso omiso. El asunto fue referido al Tribunal Supremo, que emitió una resolución requiriéndole mostrar causa por la cual no debía ser suspendida. Dicha resolución no pudo ser notificada por correo ni personalmente, ya que la licenciada no mantuvo actualizada su información de contacto en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Ante el incumplimiento y la imposibilidad de notificación, el Tribunal procedió con la suspensión. La suspensión es efectiva a partir del 18 de abril de 2018, fecha en que se le notificó la decisión. Este caso resalta la importancia de cumplir con la educación continua y mantener los datos actualizados en el RUA.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Germán Zambrana Trinidad (CC-2018-314) el 26 de marzo de 2018. La Resolución atendió una petición de Certiorari y una Moción en Auxilio de Jurisdicción presentadas por la parte peticionaria. El Tribunal declaró No Ha Lugar a ambas solicitudes. La decisión fue acordada por la Mayoría del Tribunal. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto Particular Disidente. En su disidencia, el Juez Estrella Martínez expresó su desacuerdo con la decisión de la Mayoría de no reconocer la insuficiencia de una denuncia por insuficiencia de fondos. Argumentó que la denuncia carecía del requisito de la interpelación, el cual es un elemento esencial del delito según el Código Penal y la jurisprudencia. Consideró que la decisión de la Mayoría constituía una interpretación errónea de derecho.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución en ocasión del fallecimiento del Hon. Baltasar Corrada del Río. El ex Juez Asociado sirvió en este Tribunal desde 1995 hasta 2005. Nacido en Morovis en 1935, obtuvo su grado de Juris Doctor de la UPR en 1959. Antes de su nombramiento judicial, tuvo una destacada carrera en el servicio público. Ocupó puestos electivos como Comisionado Residente ante el Congreso de EE.UU. (1976-1984) y Alcalde de San Juan (1984-1989). También fue miembro de la Comisión de Derechos Civiles y Secretario de Estado (1993-1995). Durante su década en el Tribunal Supremo, suscribió un total de 312 opiniones y sentencias. Se retiró en 2005 al cumplir la edad de jubilación compulsoria. Sus compañeros Jueces destacaron su trato respetuoso, espíritu conciliador y alto sentido de responsabilidad y justicia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su decisión del 20 de marzo de 2018, atendió la moción presentada por Sara E. Saldaña López. La moción solicitaba un cambio en su estatus como abogada. El Tribunal autorizó la readmisión de la Sra. Saldaña López al ejercicio de la abogacía. Se ordenó la notificación inmediata de esta decisión por varios medios.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su poder disciplinario sobre la Lcda. Yanira Santiago Santiago. La acción surge tras un informe del Director del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) sobre el incumplimiento de la licenciada con los requisitos de educación continua. El Tribunal emitió una primera Resolución en junio de 2017, concediendo veinte días a la abogada para mostrar causa por su incumplimiento y falta de comparecencia. Al no acatar dicha orden, el Tribunal dictó una segunda Resolución en agosto de 2017, otorgando un término final de diez días para mostrar causa por la posible suspensión. La licenciada Santiago Santiago tampoco cumplió con esta segunda orden del Tribunal. Como resultado de su desobediencia a las órdenes judiciales, el Tribunal decreta la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Yanira Santiago Santiago del ejercicio de la abogacía. La decisión subraya la facultad inherente del Tribunal para regular la profesión y asegurar la responsabilidad de sus miembros.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su poder disciplinario sobre el Lcdo. José L. Cotto Ramos. Se ordena su separación de la práctica legal y notarial. La decisión se basa en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para el periodo 2011-2012. El Director del PEJC informó al Tribunal sobre esta falta. El Tribunal emitió una Resolución el 30 de mayo de 2017, concediéndole 20 días para mostrar causa por la cual no debía ser separado. Ante su inacción, se dictó una segunda Resolución el 29 de diciembre de 2017, otorgándole un plazo final de 10 días para cumplir. A pesar de las advertencias de posibles sanciones severas, incluyendo la separación, el licenciado Cotto Ramos desobedeció las órdenes del Tribunal. Por consiguiente, se dicta su separación de la profesión, efectiva el 6 de julio de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 19 de marzo de 2018 en el caso AC-2018-20, presentado por Juan Vera González en representación de un menor contra el Estado Libre Asociado y el Departamento de Educación. La acción legal era una petición de certiorari. El Tribunal resolvió declarar "no ha lugar" a la petición. La mayoría de los jueces, en un voto particular de conformidad, fundamentaron la decisión en que el caso, relacionado con una reclamación de honorarios bajo la ley IDEA, se encontraba paralizado. Argumentaron que, bajo los conceptos de quiebras y la ley PROMESA, el tribunal federal tiene jurisdicción exclusiva sobre la materia. Por lo tanto, consideraron que el caso debía archivarse administrativamente hasta que el tribunal federal levantara la paralización. La decisión contó con votos particulares de conformidad y varios votos particulares disidentes de otros jueces.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso AC-2018-14, Sharon Torres Torres contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, emitida el 19 de marzo de 2018. El Tribunal revisó una decisión del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan. Al estar igualmente dividido, el Tribunal acogió la apelación como un recurso de Certiorari y expidió el auto solicitado. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 4 de diciembre de 2017 fue confirmada. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un voto particular de conformidad, al que se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión Disidente, a la que se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró si los tribunales locales tienen facultad para convalidar sentencias dictadas por tribunales federales de Estados Unidos mediante el procedimiento de exequátur. El caso involucró a Hernán Serrano, Síndico, y Camioneros Cooperativa de Transporte de Carga. La controversia se centró en la aplicabilidad de la Regla 55 de Procedimiento Civil, que establece el procedimiento de exequátur en Puerto Rico. El Tribunal resolvió que la Regla 55 no provee para la convalidación de sentencias emitidas por tribunales federales estadounidenses. Esta decisión aclara que el procedimiento de exequátur, tal como está regulado por la Regla 55, no es el mecanismo apropiado para reconocer este tipo de sentencias en la jurisdicción local.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la abogada Marién R. Muriente Colón. Esta acción disciplinaria se tomó por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con las órdenes del Tribunal. La abogada no completó los cursos requeridos ni pagó la multa por cumplimiento tardío para el período 2009-2011. A pesar de recibir avisos y ser citada a una vista informal por el PEJC, no corrigió la situación. En su respuesta escrita, la abogada alegó haberse mudado a Illinois, no ejercer, problemas económicos y de salud, y creer que había cumplido con los requisitos, entre otras razones. La decisión del Tribunal destaca la reiterada desatención de la letrada a los requerimientos del PEJC y del propio Tribunal. La suspensión se hizo efectiva el 19 de marzo de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 6 de marzo de 2018. La Resolución atiende la Petición de reinstalación a la práctica de la abogacía y de la notaría presentada por la Sra. Marilia García-Rodríguez Pimentel. El Tribunal tomó conocimiento del escrito presentado el 27 de febrero de 2018. En consecuencia, se autorizó su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Respecto a la notaría, la reinstalación procederá una vez que la peticionaria presente la fianza notarial requerida. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 6 de marzo de 2018 en el caso In re Alessandrina Casale Villani. La resolución examinó una moción urgente solicitando la reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal concedió la reinstalación a la licenciada Casale Villani. Adicionalmente, se evaluó un informe sobre el estado de su obra notarial incautada. Se le otorgó un término de treinta días para completar la subsanación de dicha obra notarial. Se le apercibió que el incumplimiento podría acarrear sanciones disciplinarias severas.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 6 de marzo de 2018. Trata sobre la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía presentada por Rafael Fuentes Fernández. El Tribunal evaluó la Moción en Cumplimiento de Orden sometida por el peticionario. Se proveyó Con Lugar a su solicitud. Esto resulta en el cambio de su estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Se ordena al Secretario del Tribunal que realice dicho cambio en el RUA. Adicionalmente, se exhorta al señor Fuentes Fernández a actualizar sus datos en el mencionado Registro. Esta decisión le permite retomar su práctica legal activa.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Ricardo Mas González. La acción se fundamenta en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con órdenes previas del Tribunal. El licenciado no cumplió con los créditos de educación continua correspondientes al periodo del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011. A pesar de recibir un Aviso de Incumplimiento y una citación a una vista informal, no subsanó la deficiencia ni compareció. El Director Ejecutivo del PEJC presentó un informe detallando el historial de incumplimiento del abogado. El Tribunal considera que la conducta del licenciado, al desatender los requisitos reglamentarios y las notificaciones, amerita una sanción. En consecuencia, se ordena la suspensión del Lcdo. Ricardo Mas González del ejercicio de la abogacía. La suspensión será efectiva a partir del 6 de marzo de 2018, fecha en que se le notificó la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la primera moción de reconsideración presentada por José A. Torres Rivera. La mayoría del Tribunal determinó que la petición del recurrente, relacionada con un análisis de ADN, no cumplía con los requisitos de la Ley Núm. 246-2015. Específicamente, la solicitud carecía de una justificación detallada que demostrara una probabilidad razonable de que el análisis de ADN cambiara la convicción. Una minoría significativa de jueces disintió de esta decisión. Los jueces disidentes argumentaron que se debió conceder la reconsideración a la luz de la recién aprobada Ley Núm. 73 de 2018. Esta nueva ley, con vigencia retroactiva, permite ordenar el traslado de evidencia para análisis forense. Consideraron que la solicitud del peticionario buscaba precisamente determinar la existencia de evidencia genética bajo la nueva ley. Negar la moción impone una carga adicional al peticionario, obligándolo a iniciar un nuevo proceso en el foro primario bajo la Ley 73.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Amaury D. Padilla García. La acción se fundamenta en el incumplimiento del abogado con las órdenes del Tribunal, específicamente relacionadas con los requisitos de educación jurídica continua (PEJC). Desde 2010, el licenciado Padilla García no completó los créditos requeridos para el periodo 2007-2009 ni pagó la multa correspondiente. A pesar de recibir avisos, citaciones a vistas informales y suscribir prórrogas comprometiéndose a subsanar la deficiencia, el abogado persistió en su incumplimiento. Se le advirtió en múltiples ocasiones sobre las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones. Ante la falta de acción del licenciado, el Tribunal determinó imponer una sanción. Por estos fundamentos, el Tribunal Supremo suspendió de forma inmediata e indefinida al Lcdo. Amaury D. Padilla García del ejercicio de la abogacía y la práctica de la notaría. La suspensión es efectiva a partir del 12 de abril de 2018, fecha en que se le notificó la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, haciendo uso de su facultad constitucional y reconocida por ley, aprobó enmiendas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Mediante resolución fechada el 23 de febrero de 2018, se modifican las Reglas 4, 5, 7, 9, 60 y 87 de dicho reglamento. Las enmiendas a la Regla 4, sobre Administración, detallan funciones como hacer recomendaciones al Tribunal Supremo y designar jueces sustitutos. La modificación a la Regla 5 especifica las responsabilidades del Secretario, incluyendo la custodia de los expedientes originales. Estas enmiendas buscan facilitar, acelerar y uniformar los sistemas y procedimientos administrativos en el Tribunal de Apelaciones. El documento oficial incluye votos de conformidad, votos particulares de conformidad y votos particulares disidentes de los jueces.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió la Resolución ER-2018-2 el 23 de febrero de 2018. Mediante esta Resolución, el Tribunal aprobó el Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia. Esta acción se fundamenta en la autoridad constitucional del Tribunal para adoptar reglas de administración de los tribunales, según el Artículo V, Sección 7 de la Constitución. La Ley Núm. 120-2017 reconoció esta facultad al derogar la Comisión de Evaluación Judicial y permitir que el Tribunal Supremo reglamente la materia. El Reglamento adoptado se adjunta y forma parte de la Resolución. La decisión fue tomada por el Tribunal, aunque contó con Votos Particulares Disidentes de la Jueza Presidenta y dos Jueces Asociados.

Resumen:

En un caso criminal por delitos de drogas, el acusado solicitó el descubrimiento de videos relacionados con la investigación. El Ministerio Público pidió una orden protectora sobre dichos videos, alegando que revelarían la identidad y pondrían en peligro a un agente encubierto aún activo, además de exponer técnicas de investigación del Estado. El tribunal de instancia denegó la solicitud de orden protectora y ordenó la entrega de los videos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó esta decisión mediante certiorari. El Supremo determinó que el tribunal de instancia abusó de su discreción. Consideró que la discreción judicial debe ser informada y sopesar cuidadosamente los intereses en conflicto. Al ordenar la entrega de los videos sin considerar adecuadamente el riesgo para la seguridad del agente y la revelación de métodos investigativos, el foro inferior actuó de manera imprudente. La decisión subraya la importancia de equilibrar el derecho al descubrimiento con la necesidad de proteger a los agentes encubiertos y las técnicas del Estado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso CC-2018-56, un recurso de certiorari entre Manuel Narváez Cortés y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Tribunal ordenó el archivo administrativo y la paralización de los procedimientos. Esta decisión se basó en la petición presentada por el Estado bajo el Título III de PROMESA. La paralización se fundamenta en la aplicación de la paralización automática dispuesta por el Código Federal de Quiebras. Esto ocurre porque el caso afecta el patrimonio del deudor, que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los procedimientos permanecerán paralizados hasta que se certifique el levantamiento de la paralización automática. Un voto particular concurrente explica que la reclamación está paralizada por afectar el patrimonio del deudor en quiebra y subraya la supremacía de la ley federal bajo PROMESA y la Constitución de EE. UU. La Jueza Presidenta emitió un voto particular disidente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión Per Curiam en el caso CP-2017-16, In re: Federico O. López Santiago, sobre conducta profesional. La decisión principal fue la suspensión del licenciado López Santiago del ejercicio de la abogacía. Dicha suspensión fue efectiva a partir del 23 de febrero de 2018, fecha en que se le notificó. El caso se originó a raíz de una queja presentada por una cliente relacionada con servicios profesionales y honorarios. El Tribunal aprovechó la oportunidad para exhortar a los abogados que incurren en violaciones éticas a aceptar sus actos voluntariamente. Se destacó la importancia de cooperar con la búsqueda de la verdad, asumir responsabilidad y demostrar arrepentimiento. Esta actitud, según el Tribunal, agiliza los procesos disciplinarios y evita convertirlos en litigios adversativos innecesarios. La cooperación fomenta una mejor administración de la justicia y permite al Tribunal atender más controversias en sus méritos. El Tribunal elogió la conducta del querellado en este caso particular por aceptar sus errores y cooperar.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico relativa al proceso de selección del representante ciudadano ante la Junta de Subastas de la Rama Judicial. Mediante la Resolución ER-2017-3, se aprobó el procedimiento para esta selección, que incluye la identificación de personas cualificadas y un sorteo. El Proceso establece que un Panel de la Rama Judicial debe someter un informe final al Tribunal en 60 días, certificando el cumplimiento de las normas. Los miembros del Panel solicitaron una prórroga para cumplir con esta tarea, argumentando que sus otras funciones impedían la entrega a tiempo. El Tribunal evaluó la petición y concedió una extensión. El nuevo plazo para que el Panel someta su informe final es el 1 de marzo de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una Resolución para extender los términos judiciales. Esta medida responde a los cierres totales del Tribunal General de Justicia decretados mediante Orden Administrativa OAJP-2018-032 como parte de las medidas de control de gastos. Los días de cierre total incluyen el 23 y 29 de marzo, 23 de noviembre, 24 y 31 de diciembre de 2018, así como el 18 de abril, 18 y 29 de noviembre y 24 de diciembre de 2019. Durante estos cierres, los tribunales permanecerán cerrados, operando solo jueces de turno para asuntos urgentes. Conforme a los artículos 388 y 389 del Código Político, estos días se considerarán feriados a efectos del cómputo de términos procesales. Cualquier término que expire en una de estas fechas se extenderá automáticamente hasta el próximo día laborable. Se ordena la difusión pública de esta Resolución.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, actuando conforme al Art. 4.1 de la Ley Núm. 106-2017, procedió a la designación del representante de la Rama Judicial ante la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. Mediante Resolución de 16 de febrero de 2018, el Pleno del Tribunal designó al Lcdo. Luis A. Rosario Villanueva para ocupar dicha posición. Se destacó la extensa trayectoria del licenciado Rosario Villanueva dentro de la Rama Judicial, habiendo servido como Juez en diversas instancias, incluyendo el Tribunal de Apelaciones. La determinación ordena al Secretario del Tribunal notificar la designación al Gobernador, a los Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, y a los miembros de la Junta de Retiro.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una decisión de instancia y apelación sobre un caso de cobro de dinero. La controversia principal se centra en la figura del "pago por tercero" en el Derecho Civil puertorriqueño. El caso involucra a la Asociación de Condóminos de la Torre Médica HIMA San Pablo y Atlantis Health Care Group. La Asociación demandó a Atlantis reclamando el reembolso de \$151,855 pagados a la AAA por un servicio que correspondía a esta última. La Asociación alegó que su desembolso constituyó un "pago por tercero" con derecho a repetición. Atlantis argumentó que la Asociación ya había sido compensada por la AAA. El Tribunal busca clarificar los contornos y el alcance del "pago por tercero", una figura poco abordada en su jurisprudencia. Debe determinar si los tribunales inferiores erraron al concluir que procedía la acción de cobro bajo esta figura. La decisión abordará el requisito de la intención de extinguir la obligación para que se configure el "pago por tercero".

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión disciplinaria contra la licenciada Nydia I. Espino Valcárcel. La acción surge de una queja presentada por un cliente en 2016, alegando que la abogada no completó los trámites necesarios para una escritura de donación solicitada en 2010, a pesar de haber recibido $\$ 1,700.00$. Específicamente, la queja señala que la letrada no gestionó el relevo de donaciones ni la inscripción en el Registro de la Propiedad. A pesar de múltiples comunicaciones del Tribunal, la licenciada Espino Valcárcel no presentó una contestación a la queja. El Tribunal señala que esta es otra instancia de incumplimiento por parte de la abogada con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y las órdenes judiciales. Como resultado de su conducta profesional y su falta de comparecencia, el Tribunal Supremo ordenó su suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión se hizo efectiva a partir del 20 de febrero de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra John Álvarez Chevalier. La resolución atendió una moción de reconsideración presentada por el peticionario. El Tribunal declaró "no ha lugar" a la moción de reconsideración. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una expresión concurrente con la resolución. En su expresión, señaló que el peticionario fue sentenciado hace 24 años por múltiples delitos graves, incluyendo asesinato y robo, con penas consecutivas que suman 372 años. Argumentó que la doctrina sobre menores citada en el voto disidente no aplica debido a la pluralidad y naturaleza de las convicciones. El Juez Martínez Torres afirmó la validez y firmeza de la sentencia, indicando que no se cometió error. Enfatizó la necesidad de justicia para la sociedad y que la rehabilitación no implica necesariamente la excarcelación. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un voto disidente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso CC-2013-1036, examinó la facultad del Secretario del Departamento de Hacienda para realizar acuerdos finales sobre el pago de contribuciones. La controversia principal giraba en torno a si dicha autoridad permitía incluir periodos contributivos que no habían sido previamente tasados o investigados. El caso se originó con una demanda de Demeter International, Inc. impugnando deficiencias contributivas para los años 1996 a 2003, alegando, entre otras cosas, que las deudas no se basaban en su realidad contributiva o estaban prescritas. El Tribunal concluyó que la facultad del Secretario para realizar acuerdos sobre el pago de contribuciones está limitada a aquellos periodos que hayan sido previamente tasados o investigados. Esta determinación establece un límite claro a la autoridad transaccional del Departamento de Hacienda en asuntos tributarios.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 8 de febrero de 2018. Trata sobre la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía presentada por la Sra. Lizmarie Mena Feliciano. El Tribunal examinó la Moción de Solicitud de Activación al Ejercicio del Derecho radicada el 30 de enero de 2018. La resolución declara Ha Lugar la solicitud de la peticionaria. Se ordena a la Secretaría del Tribunal Supremo registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Adicionalmente, se instruye a la licenciada Mena Feliciano a actualizar su información de contacto en dicho registro.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Héctor González López. El letrado es suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía. La suspensión se basa en su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para el periodo 2007-2009. Adicionalmente, el abogado desatendió los requerimientos de la oficina del PEJC y las órdenes emitidas por el Tribunal. A pesar de múltiples avisos y citaciones desde 2010, el licenciado González no subsanó las deficiencias ni compareció. La suspensión es efectiva a partir del 26 de febrero de 2018.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Nicole A. McConnie Shorter del ejercicio de la abogacía. Esta medida disciplinaria se impone por su reiterado incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y las órdenes del Tribunal. La abogada no cumplió con los cursos de educación jurídica ni pagó la multa por cumplimiento tardío correspondiente al periodo del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2010. A pesar de haber sido debidamente notificada del incumplimiento y citada a una vista informal, la licenciada McConnie Shorter no subsanó la situación. Alegó que creía estar exenta por estar en "good standing" en Florida, pero no presentó la certificación prometida. La suspensión es efectiva a partir del 26 de febrero de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examina la conducta profesional del Lcdo. Luis A. Flores Martínez, abogado y notario. Fue referido por el Departamento de Justicia por su alegada intervención en un esquema de apropiación ilegal y fraude. Se le imputa haber autorizado traspasos de vehículos de motor sin la presencia de todos los comparecientes requeridos. El documento detalla un caso específico de traspaso de un vehículo Hyundai donde las declaraciones juradas de las partes involucradas contradicen el testimonio de autenticidad autorizado por el notario. Las partes negaron haberse conocido o haber firmado el traspaso ante el licenciado. El Tribunal confirma la suspensión del Lcdo. Flores Martínez del ejercicio de la abogacía. Dicha suspensión fue efectiva a partir del 20 de febrero de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 6 de febrero de 2018 en el caso TS-7,126. La materia principal del caso era la reinstalación al ejercicio de la notaría. El licenciado Félix Carattini Alvarado solicitaba ser reinstalado. El Tribunal examinó una Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Tras examinar la moción, el Tribunal ordenó la reinstalación del licenciado Carattini Alvarado al ejercicio de la notaría. Dicha reinstalación está sujeta a que presente evidencia de una fianza vigente. Adicionalmente, el Tribunal le apercibe sobre la importancia de cumplir fielmente con la Ley Notarial y su Reglamento. La decisión fue acordada por el Tribunal.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una cuestión de jurisdicción apelativa. Se centra en si el Tribunal de Apelaciones posee la facultad para revisar órdenes interlocutorias emitidas por la Junta de Relaciones del Trabajo. La controversia surge de un conflicto laboral entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA (UIA). El conflicto se originó por un proyecto de reestructuración y consolidación de oficinas de la AAA, basado en una Orden Ejecutiva gubernamental. La AAA procedió a reubicar empleados, lo que fue objetado por la UIA, alegando falta de notificación y solicitando arbitraje. La disputa escaló a la Junta de Relaciones del Trabajo, que emitió una orden no final. La parte peticionaria (AAA) buscó la revisión de dicha orden en el Tribunal de Apelaciones. La decisión del Tribunal Supremo resolverá el alcance de la revisión judicial de las determinaciones provisionales de la Junta de Relaciones del Trabajo. La opinión fue emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión el 6 de febrero de 2018 en los casos consolidados AC-2015-103 y AC-2015-105, abordando temas de Derecho Laboral y Procedimiento Civil. La decisión surge de una revisión de una sentencia del Tribunal de Apelaciones que había revocado sentencias sumarias. El Tribunal Supremo aprovechó la ocasión para delimitar el contenido de las declaraciones juradas presentadas en apoyo u oposición a mociones de sentencia sumaria, exigiendo que contengan hechos específicos basados en conocimiento personal. Además, clarificó la aplicación de la figura del patrono sucesor. Estableció que, previo a analizar dicha figura, los tribunales deben identificar si el primer patrono tenía obligaciones laborales o cometió actos ilegales contra el empleado reclamante. Si no existe tal obligación o acto ilegal imputable al patrono original, la doctrina del patrono sucesor no es aplicable. Esta opinión es una secuela de un caso anterior que ya había clarificado el estándar de revisión de sentencias sumarias.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución relativa a la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial. Esta Comisión fue reconstituida en diciembre de 2016 con la encomienda de actualizar las recomendaciones de un informe anterior. Su plazo de trabajo fue extendido hasta junio de 2018. Algunos miembros de la Comisión solicitaron una exoneración de los requisitos de educación jurídica continua. Fundamentaron su petición en que la tarea exige un estudio minucioso del derecho notarial y materias afines. Además, destacaron el trabajo ad honorem y las múltiples reuniones requeridas. El Tribunal examinó la solicitud y, en reconocimiento a su dedicación, concedió la exoneración. Los miembros de la Comisión quedan exentos del requisito de educación jurídica continua durante el periodo de su designación. Se instruyó notificar al programa de educación continua cuando cesen las funciones de la Comisión.