Vera González v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 19 de marzo de 2018 en el caso AC-2018-20, presentado por Juan Vera González en representación de un menor contra el Estado Libre Asociado y el Departamento de Educación. La acción legal era una petición de certiorari. El Tribunal resolvió declarar "no ha lugar" a la petición. La mayoría de los jueces, en un voto particular de conformidad, fundamentaron la decisión en que el caso, relacionado con una reclamación de honorarios bajo la ley IDEA, se encontraba paralizado. Argumentaron que, bajo los conceptos de quiebras y la ley PROMESA, el tribunal federal tiene jurisdicción exclusiva sobre la materia. Por lo tanto, consideraron que el caso debía archivarse administrativamente hasta que el tribunal federal levantara la paralización. La decisión contó con votos particulares de conformidad y varios votos particulares disidentes de otros jueces.