Casos del Tribunal Supremo (Página 15)

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el derecho de una abogada a recibir honorarios cuando su cliente fallece antes de que se cumpla la contingencia pactada. La Lcda. Rina Cruz Pérez representaba al Sr. Wilmer Roldán Graniela en un caso de liquidación de comunidad de bienes con un acuerdo de honorarios contingentes del 20%. Tras el fallecimiento del cliente, sus herederas lo sustituyeron y la abogada renunció a la representación. La licenciada solicitó intervenir en el caso para asegurar el cobro de sus honorarios, argumentando el contrato contingente. El Tribunal Supremo determinó que, en situaciones donde el cliente muere y la contingencia no se materializa, el principio aplicable para la compensación del abogado es el de *quantum meruit*. Esto significa que el abogado tiene derecho a un importe razonable por las gestiones evidenciadas realizadas hasta la fecha en que cesó su representación. El Tribunal concluyó que el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar la reclamación de la abogada por falta de alegaciones suficientes. La decisión establece que procede el pago de un importe razonable por la labor efectuada, independientemente de que la contingencia no se haya consumado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión en el caso CC-2017-814, abordando una cuestión de Derecho Procesal Civil. La controversia central era si un desistimiento voluntario bajo la Regla 39.1(a)(1) de Procedimiento Civil impide la imposición de sanciones. Esto aplicaría si se demuestra que la parte que desiste incumplió con la Regla 9.1 del mismo cuerpo legal. El caso se originó con una demanda de Roberto Pagán Rodríguez contra los Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes por negarle acceso al Capitolio para cabildear. Pagán Rodríguez buscaba un interdicto, y el tribunal de instancia emitió una orden provisional a su favor. La pregunta elevada al Supremo era si el desistimiento posterior protegía a la parte de posibles sanciones por incumplimiento procesal. El Tribunal Supremo contestó la pregunta en la negativa. Determinó que un desistimiento voluntario no impide que se imponga una sanción si se prueba una violación a la Regla 9.1. Esta decisión aclara que la facultad de sancionar por incumplimientos procesales subsiste a pesar de un desistimiento voluntario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió indefinidamente del ejercicio de la notaría a la Lcda. Wilma A. Malavé Haddock. La decisión se basa en su incumplimiento craso con la Ley Notarial y su desatención a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). La notaria no respondió a los esfuerzos de la ODIN para inspeccionar su obra, no compareció a citas programadas y mantuvo su sede notarial cerrada. Tampoco actualizó sus datos personales en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Ante esta falta de cooperación, la ODIN solicitó la incautación preventiva de su obra y sello. El Tribunal ordenó la incautación y le requirió mostrar causa para no ser suspendida. A pesar de su respuesta alegando condiciones de salud, el Tribunal procedió con la suspensión. La suspensión indefinida del ejercicio notarial es efectiva desde el 18 de febrero de 2021.

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Este caso del Tribunal Supremo aborda la obligación de propietarios de pagar cuotas de mantenimiento por sistemas de control de acceso en urbanizaciones. La Junta de Residentes de la Urb. Rincón Español demandó a un matrimonio por impago de dichas cuotas. La controversia central giró en torno a si la autorización escrita de un propietario para establecer el control de acceso, conforme a la Ley Núm. 21 de 1987, automáticamente lo obliga al pago de las cuotas. El Tribunal Supremo determinó que sí, la autorización bajo la Sec. 3 de la Ley de Control de Acceso crea automáticamente la obligación de pago. Resolvió además que la ley no impone requisitos de forma adicionales a esa autorización escrita. Este dictamen clarifica que la simple autorización escrita es suficiente para generar la responsabilidad económica por el mantenimiento del sistema.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 5 de febrero de 2021. Atiende la solicitud de Lilliam H. Norat David para reactivar su estatus en el ejercicio de la abogacía. La Sra. Norat David pidió cambiar su estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RÚA). El Tribunal consideró la solicitud presentada. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo proveyó ha lugar a la petición. Se ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus. Con esta decisión, Lilliam H. Norat David queda registrada como abogada activa en el RÚA.

Resumen:

Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de Certiorari. Aborda la cuestión de cómo calcular las indemnizaciones en demandas laborales que combinan reclamaciones bajo la Ley Núm. 80 (despido injustificado) y la Ley Núm. 100 (discriminación en el empleo). El Tribunal busca clarificar la fórmula aritmética correcta para deducir la mesada de la Ley 80. Resuelve que la indemnización por mesada recibida o adjudicada debe descontarse después de aplicar la doble penalidad dispuesta por el Art. 1(a)(1) de la Ley 100. El caso específico involucra una demanda por despido injustificado y discrimen por edad presentada por Juan José Eugenio Santiago Ortiz. La decisión establece el orden preciso para la deducción de la mesada en estos litigios acumulados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó si la Universidad de Puerto Rico (UPR) se considera "patrono" bajo la Ley de Relaciones del Trabajo. La Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad de la UPR solicitó ante la Junta de Relaciones del Trabajo el reconocimiento de la UPR como patrono y el derecho a la sindicación. La Junta desestimó la petición, concluyendo que la UPR no era una instrumentalidad corporativa ni un patrono bajo dicha ley. La Unión recurrió al Tribunal de Apelaciones, que revocó la decisión de la Junta. La UPR apeló ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo confirmó el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Determinó que, según el lenguaje claro de la Ley de Relaciones del Trabajo, la UPR es una corporación pública. Como tal, se considera una instrumentalidad corporativa bajo el Art. 2(11) y, por ende, un patrono bajo el Art. 2(2) de dicho estatuto.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 28 de enero de 2021 en el caso de Abelardo Sánchez Reyes. La resolución responde a una moción presentada por el Sr. Sánchez Reyes solicitando su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la solicitud, el Tribunal determinó reinstalarlo al ejercicio de la abogacía. Asimismo, se le reinstala al ejercicio de la notaría. Sin embargo, la reinstalación como notario está condicionada a la presentación de evidencia de que posee una fianza notarial vigente. Este requisito se fundamenta en el Artículo 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico. La resolución fue acordada por el Tribunal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 28 de enero de 2021 en el caso In re: Rafael Polanco Díaz. La materia principal del caso es la readmisión al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la Moción informativa sobre cumplimiento presentada por el Sr. Polanco Díaz, el Tribunal ordenó su readmisión. Se instruyó a la Secretaría del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Esta decisión permite al Sr. Polanco Díaz retomar la práctica legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico impone una sanción disciplinaria a un miembro de la profesión legal. Se trata del Lcdo. Ángel M. Bermúdez Tejero, quien es suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. La sanción se fundamenta en su incumplimiento con las órdenes y requerimientos de este Tribunal. El letrado tenía dos asuntos disciplinarios pendientes, uno originado por una queja de un cliente y otro por un referido del Tribunal de Apelaciones. La queja del cliente alegaba falta de comunicación e inacción profesional. El abogado no respondió a las comunicaciones iniciales ni cumplió con los términos provistos por el Tribunal en relación con ambos asuntos. Esta desatención a las órdenes judiciales motivó la imposición de la sanción. La suspensión es efectiva a partir del 27 de enero de 2021.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la prelación de créditos en el contexto de fianzas de cumplimiento y pago. Se origina de una demanda presentada por las aseguradoras New Hampshire Insurance Co. y American International Insurance Co. contra Miramar Construction Company y sus accionistas. Las aseguradoras reclamaban dinero adeudado bajo contratos de indemnización y fianza relacionados con obras de construcción. Surgió la interrogante sobre si el Departamento de Hacienda poseía un derecho de crédito preferente sobre dinero consignado en el tribunal. Esta cuestión se analizó a la luz de las disposiciones del Código Civil sobre prelación de créditos y el derecho de subrogación. El Departamento de Hacienda no era parte inicial del pleito contra el alegado deudor contributivo. El Tribunal Supremo determinó, tras un análisis detallado, que el Departamento de Hacienda no tiene derecho a un crédito preferente sobre dichos fondos en este escenario particular. La decisión aclara la aplicación de las normas de prelación de créditos en situaciones que involucran fianzas y deudas contributivas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Neftalí Ortiz Colón (CC-2021-0071). La Corte examinó una petición de certiorari y una moción urgente solicitando remedios en auxilio de jurisdicción presentadas por el peticionario. La mayoría del Tribunal declaró no ha lugar a ambas solicitudes. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez manifestó que hubiese expedido ambos recursos. El Juez Asociado Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al cual se unió el Juez Asociado Feliberti Cintrón. El disenso argumentó que la adecuada administración de justicia requería conceder el auxilio de jurisdicción. Sostuvo que esto evitaría que comenzara un juicio por tribunal de derecho, a pesar de que el peticionario invocó la norma de *Ramos v. Louisiana* sobre el derecho a juicio por jurado. El voto particular criticó que la decisión permitiera el inicio del juicio mientras la controversia sustantiva estaba incierta en el Tribunal de Apelaciones. Concluyó que la determinación de la mayoría no era la más garante del derecho a juicio por jurado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 21 de enero de 2021. El caso concierne la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la Lcda. María G. Chévere Mouriño. El Tribunal examinó la moción de la peticionaria y la certificación del Programa de Educación Jurídica Continua. Tras la revisión, el Tribunal determinó reinstalar a la Lcda. Chévere Mouriño en el ejercicio de su profesión. La decisión incluye un apercibimiento a la abogada. Se le advierte que futuros incumplimientos con las órdenes del Tribunal podrían resultar en sanciones disciplinarias más severas, incluyendo suspensiones más prolongadas. Este documento oficial refleja el proceso de decisión del Tribunal en este asunto particular.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de enero de 2021 en el caso In Re: Agustín González Laboy. La materia principal abordada en el documento es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. El peticionario, Agustín González Laboy, presentó una Moción Solicitando Re Instalación al Ejercicio de la Abogacía. Tras examinar el expediente y la moción, el Tribunal Supremo determinó que procedía conceder la solicitud. La resolución declara Ha Lugar a la petición de reinstalación. El documento es un acto oficial del Tribunal Supremo sujeto a correcciones.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico consolida los casos CT-2021-01 y CT-2021-02. Involucra una disputa electoral por la Alcaldía de Guánica entre varios candidatos y un candidato por nominación directa. Las partes incluyen a Ismael "Titi" Rodríguez Ramos, Edgardo Cruz Vélez, candidatos de otros partidos, la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados electorales. La materia central abordada es el derecho electoral. Específicamente, se trata de la prevalencia de la intención del elector en los votos por nominación directa. Se discute si la voluntad del votante respecto al nombre del nominado supera la lectura de la máquina de escrutinio electrónico. El documento lista los abogados que representan a las distintas partes. La certificación intrajurisdiccional tiene fecha del 12 de enero de 2021. Este caso es un documento oficial del Tribunal Supremo relacionado con la interpretación de votos en elecciones.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión disciplinaria contra el Lcdo. Héctor A. Lugo Quiñones. La decisión, con fecha de 12 de enero de 2021, ordena la suspensión del licenciado del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en la infracción a varios Cánones de Ética Profesional, incluyendo los Cánones 9, 12, 18, 19, 35 y 38. La suspensión será efectiva a partir del 14 de enero de 2021. El procedimiento disciplinario se originó a raíz de una queja presentada por el señor Eliesel González Oyola. El querellante alegó haber contratado al licenciado Lugo Quiñones para un caso de división de bienes gananciales y haberle pagado parte de los honorarios. Sin embargo, sostuvo que el abogado no lo mantuvo informado sobre el progreso del caso, no se comunicaba con él y no cumplió con gestiones procesales requeridas por el tribunal, como la presentación de un memorando de derecho. Esta conducta llevó al Tribunal Supremo a imponer la sanción disciplinaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 7 de enero de 2021. Mediante esta resolución, el Tribunal designa a la Lcda. Lorena Cortés Rivera como Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial. La designación se realiza en virtud de la Regla 5 del Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia. El nombramiento será efectivo a partir del 11 de enero de 2021. La decisión fue tomada por una mayoría del Tribunal. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente, haciendo referencia a su voto particular previo sobre el reglamento. El Juez Asociado Colón Pérez también disiente, argumentando que la facultad de realizar este tipo de nombramientos administrativos corresponde históricamente a la Jueza Presidenta según la Constitución.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 5 de marzo de 2020 en el caso In re: María I. Dátiz Stevens. La materia tratada fue la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía presentada en nombre de la Sra. Dátiz Stevens. El Tribunal examinó la solicitud y determinó proveerla ha lugar. En consecuencia, se ordenó la readmisión de la Sra. Dátiz Stevens al ejercicio de la profesión legal. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una expresión indicando que no atendería la solicitud hasta que se evidenciara la toma de un curso de repaso de reválida, considerando los más de siete años sin ejercer. El Juez Asociado señor Estrella Martínez no intervino en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 1 de abril de 2020 en el caso de Habeas Corpus de Arnaldo Ortiz García contra el Alcaide de la Institución Penal de Bayamón. El Tribunal declaró no ha lugar a la moción de reconsideración presentada por el Sr. Ortiz García. El Juez Asociado Rivera García emitió un voto particular de conformidad, al cual se unió la Jueza Asociada Pabón Charneco, haciendo referencia a su voto anterior en el caso relacionado (2020 TSPR 16). Este voto concurrente también abordó específicamente la conducta de la abogada peticionaria en relación con la presentación de declaraciones juradas presuntamente falsas. La resolución señala que otros jueces tuvieron posiciones diferentes, con algunos (Oronoz Rodríguez, Estrella Martínez, Colón Pérez) favoreciendo la reconsideración basándose en votos disidentes previos o sus propios fundamentos. Los jueces Rodríguez Rodríguez y Kolthoff Caraballo no intervinieron en la decisión. La resolución confirma efectivamente la decisión previa del Tribunal en este caso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un procedimiento disciplinario contra el licenciado Federico O. López Santiago. El caso, AB-2018-52, se originó por un referido de una jueza de instancia sobre la conducta del abogado en un caso criminal. Se imputó al licenciado la violación de los Cánones 9, 12, 18 y 20 del Código de Ética Profesional. Específicamente, las alegaciones se relacionaron con el abandono de la representación legal de un cliente en un caso de asesinato en primer grado sin ser relevado por el tribunal. Se alegó que el abogado indujo a error a su cliente y a la madre de este, y que incompareció a múltiples señalamientos judiciales. Esta conducta obligó al tribunal a asignar representación legal de oficio al cliente. El Tribunal Supremo determinó que el licenciado incurrió en las violaciones éticas imputadas. En consecuencia, el Tribunal ordenó su suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión es por un término de tres meses. La suspensión será efectiva una vez que la Sentencia advenga final y firme conforme a la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario en el caso CP-2017-17 para evaluar la conducta de los Lcdos. Francisco Rádinson Pérez, Sergio Rádinson Caraballo y Francisco Rádinson Caraballo. Los abogados se distanciaron del Canon 18 (Competencia) al incumplir su deber de defender diligentemente los intereses de sus clientes. Esto ocurrió al desconocer el derecho aplicable a la emancipación de un menor en un caso de división de herencia. El Tribunal censuró enérgicamente la actuación de los Lcdos. Francisco Rádinson Pérez y Sergio Rádinson Caraballo. Además, decretó la suspensión inmediata del Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo del ejercicio de la abogacía por el término de un (1) mes. La actuación de los letrados no fue cónsona con su obligación de estudio riguroso y continuo de la normativa legal. La suspensión del Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo será efectiva el 19 de agosto de 2020.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Julio Aldea Irizarry del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta acción disciplinaria se fundamenta en su incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y las órdenes del Tribunal. El proceso se inició con una queja presentada en 2003 por un ciudadano relacionada a una escritura autorizada por el licenciado en 2002. El quejoso alegó que el abogado se negó a entregarle copia certificada de la escritura y documentos complementarios. La ODIN identificó defectos en la escritura y la necesidad de diligencia. A pesar de una resolución del Tribunal en 2005 que le concedía un término para reaccionar al informe de la ODIN e informar al Tribunal, el licenciado Aldea Irizarry no cumplió. Ante su conducta, el Tribunal ejerció su facultad disciplinaria, haciendo efectiva la suspensión a partir del 25 de agosto de 2020.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Juan A. Pizá Ramos del ejercicio de la abogacía. Esta medida disciplinaria se impone por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con las órdenes del propio Tribunal. La Directora Ejecutiva del PEJC informó que el licenciado Pizá Ramos no cumplió con los requisitos reglamentarios para el periodo 2011-2013 ni con periodos posteriores. Además, desatendió los requerimientos del PEJC y las múltiples oportunidades concedidas para subsanar su incumplimiento. El Tribunal le concedió un término para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido. El licenciado Pizá Ramos respondió alegando falta de conocimiento sobre los créditos adeudados y ausencia de notificación adecuada por parte del PEJC. A pesar de su contestación, el Tribunal procedió a ejercer su facultad disciplinaria. La suspensión es efectiva a partir del 26 de agosto de 2020, fecha en que se le notificó.

Resumen:

La disputa legal en este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico se centra en la marca "Pet Friendly". Los demandantes, el matrimonio Corretjer-Bedrosian, reclaman la titularidad de esta marca. Alegan que Nestlé Purina Petcare y otros demandados infringieron y diluyeron su marca al promocionar un evento como "Purina Pet Friendly Week". La controversia principal bajo la Ley de Marcas de Puerto Rico es si "Pet Friendly" es una marca válida, distinguiéndola de ser meramente descriptiva o genérica. El caso llega al Tribunal Supremo tras una decisión del Tribunal de Apelaciones que revocó parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La opinión, emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, busca determinar si el Tribunal de Apelaciones erró. Específicamente, se evalúa si la reclamación marcaria instada por los demandantes es válida bajo la ley puertorriqueña.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión de la Lcda. Eileen Guzmán del ejercicio de la notaría. La suspensión se hizo efectiva el 11 de enero de 2021. Esta medida se tomó debido a su incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y las órdenes del Tribunal. La abogada se trasladó fuera de la jurisdicción de Puerto Rico sin tener un notario sustituto vigente. La ODIN recogió su obra notarial, encontró señalamientos preliminares de faltas y le notificó para subsanar. A pesar de iniciar un proceso de cesación voluntaria, se le requirió completar la subsanación primero. La licenciada Guzmán no compareció a las reinspecciones programadas ni subsanó las faltas. Su reiterada falta de cumplimiento motivó la decisión de suspenderla de la práctica notarial.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 17 de diciembre de 2020 en el caso TS-15,902. La Resolución atiende la Moción solicitando reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Rubie Mariela Alicea Martínez. El Tribunal declaró ha lugar la solicitud, ordenando su reinstalación inmediata. Sin embargo, la decisión levanta la paralización de las quejas disciplinarias en los casos AB-2014-109 y AB-2014-426. Se ordena la continuación de los procedimientos en dichas quejas. La licenciada Alicea Martínez tiene un término de diez días para presentar su contestación a las quejas ante el Tribunal. También debe acreditar haber notificado su contestación a los promoventes. Se le advierte que el incumplimiento con esta Resolución podría resultar en sanciones severas, incluyendo la suspensión indefinida.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su poder inherente para reglamentar la profesión legal en el caso de Rafael Ramos Sáenz. Se ordena la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Ramos Sáenz del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida se fundamenta en la infracción del Código de Ética Profesional y en la comisión de conducta delictiva por la cual fue declarado culpable y sentenciado. El procedimiento disciplinario se originó a raíz de una investigación sobre su conducta mientras se desempeñaba como juez. Se le imputó participar en un grupo político ("Plan para Puerto Rico") afín al Partido Nuevo Progresista mientras ocupaba cargos judiciales. Ramos Sáenz sirvió como Juez Municipal, Juez Superior y brevemente como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. La decisión del Tribunal es del 17 de diciembre de 2020. La suspensión se declara efectiva desde el 17 de noviembre de 2013, fecha en que se le notificó una suspensión inmediata previa.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 14 de diciembre de 2020. La Resolución atiende la Moción en solicitud de reinstalación presentada por Enrique Pellot Córdova y Sheila Pellot Cestero. El Tribunal examinó la solicitud de ambos. Se determinó proveer ha lugar a la moción. Como resultado, se reinstala a Enrique Pellot Córdova y a Sheila Pellot Cestero al ejercicio de la profesión legal. La decisión fue acordada por el Tribunal.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que enmienda el Reglamento Notarial. El enfoque principal recae sobre la Regla 41, que regula la protocolización de documentos otorgados fuera de Puerto Rico. El Artículo 38 de la Ley Notarial exige esta protocolización para que dichos documentos tengan eficacia en la jurisdicción. La Regla 41(A)(1) requiere que el notario puertorriqueño presente evidencia de la autoridad del funcionario o notario extranjero que legitimó el documento. Se identificó que algunas jurisdicciones de Estados Unidos ya no emiten las certificaciones tradicionales que acreditan esta autoridad. Ante esta situación, la enmienda a la Regla 41 busca aclarar el requisito procesal. La modificación permite corroborar la autoridad del funcionario o notario público (notary public) que legitimó las firmas, especialmente para documentos provenientes de estados, territorios y posesiones de Estados Unidos. Esta reforma adapta la regla a las prácticas actuales y al ordenamiento estatutario notarial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso In re: Graciela Vázquez Lagomarsini. La materia tratada fue la Solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Con fecha de 11 de diciembre de 2020, el Tribunal examinó la solicitud presentada. La Resolución determinó proveer ha lugar a la petición de reinstalación. En consecuencia, se ordenó la reinstalación de la Sra. Graciela Vázquez Lagomarsini al ejercicio de la abogacía.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 10 de diciembre de 2020 en el caso In re: Juan M. Rodríguez Martínez, identificado con el número TS-18,333. La materia principal del caso era la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría por parte del Lcdo. Juan M. Rodríguez Martínez. Tras examinar una Moción en cumplimiento de orden, el Tribunal decidió reinstalar al licenciado en el ejercicio de dicha función. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario del Tribunal Supremo. Este documento oficial del Tribunal Supremo comunica la decisión final sobre la solicitud de reinstalación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico dilucida si un demandado renuncia a la defensa afirmativa de prescripción si no la plantea en una moción al amparo de la Regla 10 de Procedimiento Civil. La Opinión del Tribunal en el caso AC-2019-0090 resuelve que no se produce tal renuncia. Se establece que la defensa de prescripción extintiva no figura entre las defensas que la Regla 10.7 obliga a acumular en una moción de desestimación. Conforme a la Regla 6.3, la defensa afirmativa de prescripción únicamente se entiende renunciada si no se aduce en la primera alegación responsiva. La decisión aclara el momento procesal adecuado para levantar esta defensa sin que se considere precluida. El caso de origen involucra una disputa sobre la cesión de un vehículo y una demanda de daños, donde la cuestión surgió en el contexto de una demanda contra tercero. La sentencia sienta un precedente sobre la aplicación de las reglas de procedimiento civil relativas a las defensas afirmativas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 8 de diciembre de 2020 en el caso número TS-12,967. La materia tratada fue la Solicitud de Reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Julio C. López Guzmán. La abogada del peticionario fue la Lcda. Daisy Calcaño López. Tras evaluar la solicitud, el Tribunal determinó proveer con lugar la misma. Por consiguiente, se reinstaló al Sr. Julio C. López Guzmán al ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario. Este documento es una decisión oficial del Tribunal Supremo.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de Certiorari entre la Oficina del Comisionado de Seguros y Point Guard Insurance Company. La controversia se centra en si Point Guard incurrió en conducta anticompetitiva al distribuir material promocional del seguro obligatorio en los "predios de una entidad autorizada" para el cobro. La Oficina del Comisionado de Seguros sancionó a la aseguradora, sanción que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo evalúa si dicha sanción fue correcta, considerando el alcance del término legal "predios de una entidad autorizada". Un aspecto central del caso es el derecho a la libertad de expresión de una persona jurídica en el contexto de gestiones de mercadeo. El Tribunal examina si la acción de Point Guard constituyó un ejercicio válido de este derecho constitucional. La decisión anticipa que, tras un análisis, se concluirá que Point Guard ejerció válidamente su libertad de expresión. Por tanto, se sugiere que la sanción impuesta no debió proceder.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió la solicitud de reinstalación de Dinorah Burgos García al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras examinar las mociones presentadas, el Tribunal proveyó ha lugar a su solicitud de reinstalación a ambas profesiones. La reinstalación a la práctica notarial está expresamente condicionada a que acredite la adquisición de una fianza notarial buena y válida. Concomitantemente, el Tribunal ordenó la reactivación de tres quejas disciplinarias específicas pendientes contra ella. Varios jueces asociados expresaron opiniones disidentes respecto a la decisión. Una jueza asociada reinstalaría solo a la abogacía, no a la notaría. Otro juez asociado denegaría la reinstalación en esta etapa hasta que se adjudiquen los asuntos disciplinarios pendientes, citando preocupaciones sobre el interés público y la consistencia con el trato a nuevos aspirantes. Un tercer juez asociado, al que se unió otro, disintió de reinstalarla a la notaría sin obtener previamente el criterio de la Oficina de Inspección de Notarías sobre el cumplimiento de su obra protocolar.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 2 de diciembre de 2020. La Resolución atiende la Solicitud de Readmisión a la Práctica de la abogacía. Dicha solicitud fue presentada por el Sr. Federico O. López Santiago. Tras examinar la solicitud, el Tribunal ordenó la reinstalación del Sr. López Santiago al ejercicio de la abogacía. Se instruye a la Secretaría del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogado activo. Este registro se realizará en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). La decisión fue acordada por el Tribunal.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 30 de noviembre de 2020. Establece la integración de las Salas de Despacho del Tribunal. Esta constitución se realiza conforme a la Regla 4(d) del Reglamento del Tribunal Supremo. La medida responde a que el Pleno está compuesto por ocho Juezas y Jueces. Se crean dos Salas de Despacho, cada una con cuatro miembros. La Primera Sala es presidida por la Jueza Presidenta Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez. La Segunda Sala es presidida por el Juez Hon. Rafael L. Martínez Torres. Se detalla la composición de cada Sala con los nombres de los Jueces y Juezas. La Resolución también dispone el mecanismo para resolver empates en la votación de las Salas. Se ordena la difusión pública de esta determinación.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha 30 de noviembre de 2020. Autoriza el cambio de estatus a Abogado(a) Inactivo(a) para un grupo de profesionales del derecho. La resolución cubre el periodo comprendido entre marzo de 2019 y agosto de 2020. Detalla los nombres y números de colegiado de los abogados a quienes se les concedió dicho cambio de estatus. La lista se presenta organizada por el mes en que se autorizó la modificación. Este documento oficial del Tribunal Supremo está sujeto a correcciones.

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La carátula de una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico consolida los casos CT-2020-26 y CT-2020-27, con fecha del 25 de noviembre de 2020. Las partes incluyen al alcalde electo de San Juan, la alcaldesa saliente, un candidato a la alcaldía, la Comisión Estatal de Elecciones y varios comisionados electorales. La materia principal es Derecho Electoral. Se discute la facultad de la Comisión Estatal de Elecciones para emitir certificaciones de resultados preliminares de un evento electoral bajo el Código Electoral de 2020. Además, se aborda el deber ministerial impuesto por el Código Municipal de Puerto Rico a todo alcalde incumbente de iniciar un proceso de transición municipal. Este deber se activa el decimoquinto día después de las Elecciones Generales, si la certificación de resultados preliminares de la CEE proyecta a otro candidato como potencialmente electo. La decisión subraya la importancia de la certificación preliminar de la CEE para desencadenar el proceso de transición gubernamental a nivel municipal.

Resumen:

Decisión PER CURIAM del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2020 TSPR 142) resolviendo los casos consolidados CT-2020-24 y CT-2020-25. Las partes principales incluyen al Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana y al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. También participan como partes con interés los comisionados electorales de los partidos Proyecto Dignidad, Popular Democrático, Nuevo Progresista e Independentista Puertorriqueño. La materia abordada es el Derecho Electoral, específicamente relacionada con el Escrutinio General. El Tribunal Supremo dictamina que el Escrutinio General no puede ser paralizado. La única excepción permitida para detener el escrutinio es la que esté expresamente dispuesta por el Código Electoral. Esta determinación se emite el 23 de noviembre de 2020, tres semanas después de la conclusión del ejercicio del voto. El documento es una versión preliminar sujeta a los cambios del proceso de publicación oficial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico autorizó un receso administrativo para el Programa de Educación Jurídica Continua. Este receso, como medida de sana administración y control de gastos, se extenderá desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 8 de enero de 2021, ambos días inclusive. Las labores del Programa se reanudarán el lunes, 11 de enero de 2021. Todo término dispuesto en el Reglamento del Programa que venza durante el referido receso administrativo se extenderá automáticamente. La nueva fecha límite para estos términos será el miércoles, 20 de enero de 2021. Se ordena la difusión pública de esta Resolución para conocimiento general.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su poder disciplinario en el caso CP-2013-01 contra el Lcdo. Carlos A. Mondríguez Rivera. La acción se fundamenta en la violación de los Cánones 19 y 26 del Código de Ética Profesional. El abogado permitió que prescribiera la causa de acción de un cliente, el Sr. Ernesto Vázquez Martínez. El cliente lo contrató para impugnar un despido ante la CASARH, entregándole la carta de cesantía con un término de 30 días. A pesar de que el cliente pagó parte de los honorarios solicitados, el letrado no presentó el recurso de apelación. Tampoco realizó gestiones para obtener la información adicional requerida ni comunicó al cliente la cercanía del vencimiento del término. Esta inacción resultó en la pérdida del derecho del cliente a apelar. Por esta conducta, el Tribunal impone una censura al abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión per curiam sobre el Lcdo. Héctor M. Lezcano Vargas. Se le inició un proceso disciplinario por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua para el periodo 2014-2017. El Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) refirió su incumplimiento y la deuda de multas al Tribunal en abril de 2019. En mayo de 2019, el Tribunal le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendido. El licenciado solicitó una prórroga, alegando inadvertencia. El Tribunal le concedió 30 días adicionales en agosto de 2019 para cumplir con todos los requerimientos del PEJC y pagar las multas. El licenciado Lezcano Vargas no compareció ni acreditó cumplimiento alguno en respuesta a esta segunda orden. Ante su reiterado incumplimiento, el Tribunal decretó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria para suspender inmediata e indefinidamente a la Lcda. Graciela Vázquez Lagomarsini del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento de la letrada con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) para el periodo del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2017. La Directora Ejecutiva del PEJC informó al Tribunal sobre la falta de cumplimiento de la licenciada. A pesar de recibir avisos y múltiples oportunidades para subsanar su incumplimiento y pagar la multa correspondiente, la abogada no cumplió con los requisitos reglamentarios. El Tribunal emitió una resolución previa solicitando a la letrada mostrar causa por la cual no debía ser suspendida. Ante la desidia y el incumplimiento continuo, el Tribunal procede con la suspensión. La suspensión es efectiva a partir del 10 de noviembre de 2020, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión disciplinaria contra la Lcda. Rebecca Díaz Guerrero. La acción se fundamenta en su incumplimiento continuo con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con órdenes previas del Tribunal. La abogada recibió avisos de incumplimiento desde 2013, relacionados con periodos que datan de 2011. A pesar de múltiples oportunidades para cumplir y mostrar causa, su incumplimiento persistió. En 2019, el Tribunal le ordenó mostrar causa para no ser suspendida, a lo que respondió indicando gestiones de cumplimiento y solicitando más tiempo. Ante la falta de cumplimiento total, el Tribunal ha decidido suspenderla. La suspensión es inmediata e indefinida. Esta medida le impide ejercer la abogacía y la notaría, siendo efectiva a partir del 10 de noviembre de 2020.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico da por concluida la labor de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial, la cual presentó su Segundo Informe en abril de 2019. Se expresa agradecimiento a los profesionales que integraron dicha Comisión por su dedicada labor. Con el fin de asegurar la revisión continua del ordenamiento notarial, se constituye por primera vez el Comité Asesor Permanente de Reglamento Notarial, creado originalmente en 1996. Este Comité estará compuesto por los mismos notarios y notarias que sirvieron en la Comisión Notarial, en reconocimiento a su compromiso y trayectoria. La encomienda principal del Comité será considerar y revisar continuamente el Reglamento Notarial vigente. Su objetivo es elevar el estándar de calidad, transparencia, eficiencia y probidad moral de la función notarial. El Comité también recomendará las enmiendas necesarias y llevará a cabo otras tareas delegadas por el Tribunal Supremo, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa si el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al revocar una sentencia sumaria en un caso de despido injustificado. La controversia surge de la querella presentada por Abigail Rosado Reyes contra Global Healthcare Group, LLC. Global alegó que el despido fue justificado debido a la pérdida de la licencia de farmacia en la instalación donde trabajaba la empleada, lo que supuestamente eliminó su puesto. El Tribunal de Apelaciones encontró una controversia de hechos materiales que impedía la sentencia sumaria. El punto central de la apelación ante el Supremo es si un anuncio publicado por el patrono en una página web controvierte la justificación del despido. Para resolver esto, el Tribunal analiza cómo autenticar una impresión de página web bajo la Regla 901 de Evidencia. También considera si dicha impresión constituye prueba de referencia cuando se ofrece como una admisión de parte según la Regla 803(a). La decisión determinará si la impresión de la página web es admisible y si crea una disputa fáctica genuina sobre la causa del despido.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía y notaría presentada por Ángel Hernández Ríos. La Corte proveyó ha lugar a la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía. Sin embargo, proveyó no ha lugar a la readmisión al ejercicio de la notaría. Se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). También se ordenó al Lcdo. Ángel Hernández Ríos actualizar su información de contacto en el RÚA.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 6 de noviembre de 2020. Trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. José Meléndez Figueroa. El Tribunal examinó la moción del peticionario y la certificación del Programa de Educación Jurídica Continua. Tras la revisión, el Tribunal acordó reinstalar al Lcdo. Meléndez Figueroa al ejercicio de la abogacía. La decisión fue tomada por el Tribunal. Una Juez Asociada proveyó no ha lugar a la solicitud de reinstalación. La Jueza Presidenta se inhibió del caso. Este documento oficializa la readmisión del abogado a la práctica legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Néstor A. Amador Chacón. Tras evaluar la petición, el Tribunal autorizó su reinstalación al ejercicio de la profesión. No obstante, se le emitió un apercibimiento. Dicho apercibimiento le exige atender las órdenes del Tribunal con diligencia en el futuro. También le requiere velar por el cumplimiento de los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. Esta decisión fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 2 de noviembre de 2020.