Casos del Tribunal Supremo (Página 30)

Resumen:

Procedimiento disciplinario incoado contra la Lcda. Carmen T. Agudo Loubriel a raíz de una queja por documentos notariales no presentados y cobros en exceso. La Oficina de Inspección de Notarías informó que la abogada presentó los documentos y acordó devolver \$314.00 al querellante. El Tribunal Supremo ordenó a la licenciada Agudo responder al informe de la ODIN y, posteriormente, acreditar la devolución del dinero. A pesar de las órdenes, la abogada incumplió reiteradamente con los términos concedidos por el Tribunal. Ante la falta de cumplimiento con las órdenes de acreditar el reembolso, el Tribunal impuso una sanción. Como resultado de su conducta y el incumplimiento, se decretó su suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión fue efectiva a partir del 5 de mayo de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 27 de abril de 2017 en el caso In re: Roberto Febry Martínez. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Luego de examinar la Respetuosa Solicitud de Reinstalación, el Tribunal ordenó la reinstalación del Sr. Roberto Febry Martínez. Asimismo, se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA).

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó dos querellas consolidadas (AD-2014-7 y AD-2015-4) presentadas contra el Juez Superior César Mercado Santaella. Las querellas, iniciadas por la Oficina de Administración de los Tribunales y una queja ciudadana, imputaron al juez múltiples violaciones a los Cánones de Ética Judicial. Se le acusó de quebrantar los Cánones 2, 4, 8, 19, 20, 23, 24, 28 y 30 mediante diversas actuaciones. Entre los cargos se incluyeron socavar la confianza en la judicatura y faltar a su deber de conducta ejemplar por publicaciones en Facebook. También se le imputó influir indebidamente a otra jueza, no inhibirse en un caso criminal y registrar horas no trabajadas. La Comisión de Disciplina Judicial encontró causa probable para iniciar el proceso disciplinario. Este documento oficial del Tribunal Supremo culminó con la destitución inmediata del juez Mercado Santaella. La decisión busca enfatizar la importancia del cumplimiento ético para preservar la integridad del estrado judicial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó la cuestión de si los veredictos de culpabilidad en los tribunales territoriales de la isla deben ser unánimes. La controversia surgió en la apelación de Pablo José Casellas Toro, condenado por delitos graves mediante un veredicto de jurado de 11 a 1. El Tribunal de Apelaciones había considerado este punto tras las decisiones en Pueblo v. Sánchez Valle. El Supremo rechazó la interpretación de que esos casos federales o locales impongan el requisito de unanimidad en Puerto Rico. Sostuvo que la unanimidad en veredictos condenatorios no constituye un derecho fundamental aplicable al territorio. Reafirmó la validez de veredictos con la concurrencia de al menos nueve miembros del jurado, según la Constitución de Puerto Rico. En consecuencia, revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones sobre este asunto. El caso fue devuelto al foro apelativo para que evaluara los restantes señalamientos de error del apelado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Solicitud sobre readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por la Sra. Ingrid Cruz Reyes. Con fecha de 24 de abril de 2017, el Tribunal declaró con lugar dicha solicitud. Como resultado, se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus de la Sra. Cruz Reyes a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Adicionalmente, se le requirió a la abogada actualizar su información de contacto en el mismo registro. Esta decisión permite a la Sra. Cruz Reyes reanudar su práctica legal en Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución sobre la reinstalación del Lcdo. Javier Torres Sobá al ejercicio de la notaría. Tras examinar la moción del peticionario y el informe de la Oficina de Inspección de Notarías, el Tribunal autorizó su reinstalación. La resolución indica que el notario ha prestado una nueva fianza notarial con MAPFRE PRAICO Insurance Company. Por consiguiente, se da por terminada la fianza otorgada previamente por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, la cual se mantendrá válida por tres años para actos pasados. El Tribunal aprobó la nueva fianza de MAPFRE PRAICO, vigente desde el 25 de marzo de 2012. Finalmente, se ordena al Archivero General de Protocolos correspondiente que entregue los protocolos al notario cuando este lo solicite.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso Ex parte Manuel Javier González del Toro, identificado como TS-15,862. La materia principal del caso se relaciona con la readmisión al ejercicio de la abogacía. El peticionario, Manuel Javier González del Toro, presentó una solicitud para cambiar su estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Tras examinar la solicitud, el Tribunal Supremo determinó que procedía concederla. En consecuencia, la resolución provee ha lugar a la petición. Se ordena a la Secretaría del Tribunal Supremo que registre el cambio de estatus solicitado en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Esta decisión fue emitida el 24 de abril de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Luis F. Mangual Acevedo del ejercicio de la abogacía. La decisión se fundamenta en la violación del canon 9 del Código de ética profesional. El abogado incumplió con sus deberes notariales al no presentar veinticinco índices de actividad notarial mensual ni informes estadísticos correspondientes a los años 2012 y 2013. Tampoco acreditó la vigencia de su fianza notarial para los años 2011 a 2015. A pesar de múltiples prórrogas y una suspensión previa e indefinida de la notaría en 2015 por estas mismas faltas, el licenciado no corrigió las deficiencias. Una inspección posterior de su obra notarial incautada reveló nuevas irregularidades, incluyendo protocolos sin encuadernar e instrumentos sin enumerar, además de deuda arancelaria. La suspensión de la abogacía es efectiva a partir del 24 de abril de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 20 de abril de 2017 en el caso Ex Parte Patricia Andreu Hernández, identificado como TS-18,942. La materia principal del caso era la readmisión al ejercicio de la abogacía. La Sra. Andreu Hernández había presentado una Moción Sobre Readmisión el 7 de abril de 2017. Mediante esta Resolución, el Tribunal atendió dicha moción. El Tribunal Supremo autorizó la reinstalación de Patricia Andreu Hernández al ejercicio de la abogacía. Se ordenó la notificación inmediata de la decisión por varios medios. Asimismo, se dispuso la publicación de la Resolución.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de José A. Candelario Lajara. La Resolución aborda la solicitud de reinstalación del Lcdo. Candelario Lajara al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras examinar su Moción de Reconsideración y Solicitud de Reinstalación, así como un informe de la Oficina de Inspección de Notarías, el Tribunal decidió reinstalarlo. Sin embargo, se le apercibe que incurrir nuevamente en la conducta que motivó la acción disciplinaria previa será considerado falta de interés en la profesión. Dicha reincidencia podría acarrear medidas disciplinarias más severas, incluyendo la suspensión indefinida de la práctica legal.

Resumen:

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 19 de abril de 2017, corresponde al caso CT-2017-2. La materia principal abordada es el Derecho Constitucional. El caso trata sobre la aplicabilidad de la veda electoral establecida en la Ley Electoral de 2011. Específicamente, se discute si dicha veda aplica al plebiscito convocado bajo la Ley Núm. 7 de 2017, conocida como la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico. El Tribunal resolvió que la veda electoral no procede ser aplicada a este plebiscito. Esta decisión implicó la revocación de lo resuelto previamente en el caso P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). Entre las partes involucradas se encuentran comisionados electorales, la Comisión Estatal de Elecciones, la Secretaria de Justicia y los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. El caso llegó al Tribunal Supremo mediante una Certificación Intrajurisdiccional.

Resumen:

Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2014-1081. La controversia principal gira en torno al alcance del límite de responsabilidad por impericia médica. Este límite está dispuesto en el Artículo 7 de la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico (Ley Núm. 136 de 2006). El Tribunal debe determinar cómo aplica dicho límite a los Centros Médicos Académicos Regionales y a los facultativos que ejercen labores docentes en ellos. El caso surge de una demanda por impericia médica presentada por los familiares de un paciente fallecido. El paciente recibió atención en un CDT y luego en el Hospital Episcopal San Lucas, el cual forma parte de un consorcio con la Escuela de Medicina de Ponce. La demanda se dirige, entre otros, contra una doctora y el hospital. La opinión repasa los hechos para dilucidar la aplicación de la Ley Núm. 136 de 2006 en este contexto particular.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico establece el alcance del privilegio de secretos del negocio y el procedimiento para invocar privilegios probatorios. La controversia se origina en una demanda por difamación presentada por Ponce Advance Medical Group Network, Inc. (PAMG) contra el Dr. Carlos Y. Santiago González. PAMG alegó que el doctor hizo expresiones difamatorias en una página de Facebook que menoscabaron su reputación. Como parte del descubrimiento, el doctor solicitó a PAMG varios documentos, incluyendo información financiera y contratos. PAMG condicionó la entrega a la firma de un acuerdo de confidencialidad, invocando la protección de secretos del negocio y datos de terceros. Expresaron preocupación de que la información solicitada fuera publicada en la página de Facebook. El Tribunal utilizó este caso para delinear por primera vez el alcance del privilegio de secretos del negocio en Puerto Rico. Asimismo, detalló el procedimiento estándar para invocar y conceder privilegios probatorios en el ordenamiento legal.

Resumen:

La ACAA aprobó un Plan de Cesantías en 2009 para reducir su déficit operacional. Dicho plan decretó la cesantía de empleados gerenciales con 9 años o menos de servicio público al 30 de junio de 2009. Esta fecha de corte uniforme se estableció para computar la antigüedad y desobligar fondos necesarios. Empleados como la Sra. Mónica Rodríguez Ocasio, el Sr. Radamés Pérez Rodríguez y el Sr. Iván E. González García fueron identificados bajo este criterio. Tras celebrar vistas informales, la ACAA envió notificaciones de cesantía a los empleados afectados. Este documento es una Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que atiende el litigio surgido a raíz de estas cesantías. La decisión considera el proceso seguido y hace referencia a la jurisdicción limitada del Juez Administrativo de la ACAA en casos relacionados. La Sentencia resuelve la controversia legal sobre la implementación del plan de reducción de personal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó el informe final sobre el estado de la obra notarial incautada y la moción solicitando reinstalación presentada por el Lcdo. Miguel A. Montalvo Delgado. Tras considerar ambos documentos, el Tribunal acordó reinstalar al licenciado Montalvo Delgado al ejercicio de la notaría. Se ordenó al Archivo General de Protocolos del Distrito correspondiente que, al solicitárselo el notario, le haga entrega de sus protocolos. Adicionalmente, se exhortó al licenciado Montalvo Delgado a dar fiel cumplimiento en el futuro a la Ley Notarial de Puerto Rico y su Reglamento. Esta decisión fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 10 de abril de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 7 de abril de 2017 en el caso CC-2017-0109. La resolución atendió una petición de Certiorari presentada por el Comité Local PNP Gurabo y la Legislatura Municipal contra el Partido Nuevo Progresista. El Tribunal determinó no ha lugar a la petición de Certiorari. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un voto particular de conformidad. En su voto, la Jueza Presidenta concurrió con la denegación del recurso. Explicó que el foro apelativo intermedio interpretó correctamente las disposiciones legales aplicables. Señaló la posible incompatibilidad entre el Artículo 9.006(4) de la Ley Electoral y el Artículo 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos respecto a la forma de cubrir vacantes de alcalde.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un procedimiento disciplinario contra el Lcdo. Alexis I. Avilés Vega por conducta profesional. El licenciado Avilés Vega cuenta con un historial previo de suspensiones del ejercicio de la abogacía en 1996 y 2004 por incumplimientos similares. La presente acción se origina en una queja de una cliente que lo contrató en julio de 2010 para una demanda por daños y perjuicios, advirtiéndole sobre la proximidad del término prescriptivo. La querella alega falta de diligencia en la tramitación del asunto encomendado. El Tribunal determina que el licenciado Avilés Vega incurrió nuevamente en conducta contraria a los cánones de ética profesional. En consecuencia, el Tribunal ordena su separación del ejercicio de la abogacía. La suspensión de su licencia para ejercer la notaría será efectiva una vez la sentencia advenga final y firme. Esta decisión subraya la importancia de la diligencia y el cumplimiento con los deberes profesionales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende del ejercicio de la abogacía a la licenciada María del Carmen López Castro. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y las órdenes del propio Tribunal. Una inspección de su obra notarial en 2014 identificó deficiencias significativas, destacando deudas arancelarias considerables en su Libro de Registro de Testimonios y Tomos de Protocolos. A pesar de haber recibido extensiones de tiempo, la licenciada López Castro no logró subsanar completamente las deficiencias señaladas. El Tribunal recuerda que la abogada ya había sido suspendida previamente en 2003 por incumplir órdenes judiciales, siendo reinstalada en 2004. La suspensión actual es efectiva a partir del 5 de abril de 2017.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la conducta profesional de un abogado-notario. El Lcdo. Grimaldi Maldonado Maldonado fue disciplinado por conducta antiética e incumplimiento con la Ley Notarial. Una queja alegó que el letrado tardó más de seis años en presentar una escritura pública de liquidación de sociedad legal de gananciales en el Registro de la Propiedad, a pesar de haber recibido pago para ello en 2007. La quejosa necesitaba la presentación para vender una propiedad en 2013. El abogado argumentó que los pagos correspondían a honorarios por la escritura y el caso de divorcio. Tras examinar las circunstancias, el Tribunal concluyó que la conducta del letrado ameritaba una sanción. Se le impuso una suspensión del ejercicio de la notaría por el término de tres meses. La suspensión será efectiva una vez que la sentencia advenga final y firme conforme a la regla aplicable.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 31 de marzo de 2017 en el caso Ex Parte Ethel Santisteban Rivera. La Resolución examinó la Moción presentada por la peticionaria solicitando un cambio de estatus al de Abogada Activa. El Tribunal proveyó con lugar la solicitud de la Sra. Santisteban Rivera. Como resultado, se ordenó a la Secretaría del Tribunal Supremo registrar el cambio de estatus en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Este documento oficial aborda la materia de readmisión al ejercicio de la abogacía.

Resumen:

Esta es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la conducta profesional del abogado y notario José Candelario Lajara. La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) identificó múltiples deficiencias sustantivas y arancelarias en sus protocolos notariales y libros de registro de testimonios de 2011 y 2012. A pesar de ser notificado repetidamente y recibir extensiones, el letrado no subsanó todas las deficiencias señaladas. Su incumplimiento con las órdenes y requerimientos de la ODIN motivó esta acción disciplinaria. El Tribunal resolvió suspenderlo del ejercicio de la abogacía y la notaría. Dicha suspensión es efectiva a partir del 5 de abril de 2017. La decisión subraya la obligación de los abogados y notarios de cumplir con las órdenes judiciales y reglamentarias.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico analiza las implicaciones éticas del uso de redes sociales por parte de un magistrado, un asunto considerado novedoso en el ordenamiento jurídico. El caso involucra al Juez Municipal Hon. Eric Colón Colón y su conducta en la red social Facebook. A raíz de un referido, se investigó su perfil virtual, determinándose que su comportamiento infringió varios Cánones del Código de Ética Judicial. Específicamente, se le imputa la violación de los Cánones 2, 8, 19 y 23. La Corte busca equilibrar el uso de las redes sociales con los deberes éticos de la judicatura en su vida pública y privada. El Tribunal concluye que la conducta exhibida por el juez a través de su perfil virtual infringió los cánones imputados. Consecuentemente, la Corte ejercerá su poder disciplinario para imponer una sanción proporcional a la gravedad de las actuaciones. La decisión establece un precedente sobre la conducta esperada de los jueces en plataformas digitales.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico analiza los contornos legales del contrato mercantil de transporte terrestre. Busca esclarecer el resarcimiento permitido por el Artículo 281 del Código de Comercio cuando un porteador no entrega la mercancía en el estado en que la recibió debido a su pérdida. Los hechos se remontan a 2006, cuando R.J. Reynolds Tobacco contrató a Francisco Vega Otero, Inc. para transportar 900 cajas de cigarrillos. El subcontratista, Jorge Padilla, reportó falsamente un secuestro y hurto de la carga. La investigación federal reveló que Padilla conspiró para robar la mercancía y se declaró culpable. Aunque se recuperaron 168 cajas, estas caducaron mientras estaban bajo custodia federal. La controversia central gira en torno a la responsabilidad del porteador y la compensación aplicable por la pérdida total de la mercancía transportada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 27 de marzo de 2017 en el caso EX Parte: Mireya Segura Márquez, número TS-16,533. La resolución atiende una moción de readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por la señora Segura Márquez. Tras examinar la moción, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la solicitud. Como resultado, se ordena a la Secretaría del Tribunal Supremo registrar el cambio en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Este documento oficial certifica la decisión del Tribunal Supremo sobre la readmisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó una querella presentada contra el Juez Superior Ricardo J. González Porrata-Doria. La querella se centró en alegaciones de conducta antiética, específicamente por intervenir indebidamente con una potencial testigo durante una investigación ética. También se examinó su acción de contactar personalmente a la abogada de su exesposa, con quien mantenía controversias judiciales pendientes, con el fin de indisponerla en su contra. El Tribunal determinó que el Juez incurrió en conducta violatoria de los Cánones 7, 13 y 23 del Código de Ética Judicial. Considerando la gravedad de las faltas y la política institucional contra conductas que laceran la confianza pública, se ordenó su destitución inmediata. La decisión fue emitida el 17 de marzo de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la decisión CC-2014-242 de 17 de marzo de 2017, abordó dos cuestiones clave en derecho laboral. La primera controversia se centró en determinar cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo para presentar una demanda de hostigamiento sexual por ambiente hostil. La segunda cuestión examinó si un empleado transitorio puede reclamar por represalias bajo la ley aplicable si el patrono no renueva su contrato tras presentar una queja administrativa. El Tribunal resolvió que, en reclamaciones de hostigamiento por ambiente hostil, el término prescriptivo inicia con el último acto de hostigamiento, a menos que existan circunstancias de coacción o intimidación. Asimismo, concluyó que la Ley de Represalias sí cobija a los empleados transitorios dentro de su definición de "empleado". El caso se originó con la reclamación de Zoraida Velázquez Ortiz, una enfermera transitoria del Municipio de Humacao, quien alegó haber sufrido hostigamiento sexual y represalias.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en decisión Per Curiam del 17 de marzo de 2017, ordenó la suspensión de varios abogados del ejercicio de la abogacía. Las suspensiones afectan a Alvia L. Gómez Riefkohl, Klarimarie Báez Nazario, Sylvia Herrera López, Carmen Teresa Ubarri Nevares y Víctor A. Lago Aballi. La medida se tomó debido al incumplimiento de los letrados con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Adicionalmente, se citan como razones el desacato a órdenes y requerimientos del Tribunal y la falta de actualización de sus datos en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). La decisión detalla el caso de la Lcda. Gómez Riefkohl, quien incumplió con múltiples periodos de educación continua y no respondió a avisos ni compareció a vistas. La suspensión para cada abogado es efectiva a partir del 27 de marzo de 2017, fecha de su notificación por correo. El Tribunal lamenta tener que recurrir nuevamente a este tipo de sanción por estas faltas recurrentes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 17 de marzo de 2017, suspendió inmediata e indefinidamente al licenciado Benancio Santana Rabell del ejercicio de la notaría. Esta decisión se basó en un informe de la Oficina de Inspección de Notarías y el incumplimiento del abogado con órdenes previas del Tribunal. Se ordenó al Alguacil incautar el sello y la obra notarial del licenciado Santana Rabell para su entrega a la ODIN. El asunto fue referido nuevamente a la Oficina del Procurador General para investigar la posible existencia de firmas de partes no comparecientes en la Escritura Núm. 12. Dicha investigación busca determinar las violaciones a la Ley Notarial, el Reglamento Notarial y los Cánones de Ética Profesional. Adicionalmente, se le ordenó al licenciado Santana Rabell certificar en treinta días el reembolso total de honorarios por trabajos no completados. También debe acreditar la entrega de los documentos que mantiene bajo su custodia. La suspensión se hizo efectiva el 30 de marzo de 2017, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad inherente para regular la profesión legal. Se decidió suspender inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Lcdo. Genaro Rodríguez Gerena. Esta sanción se impuso por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. Además, el letrado desatendió los requerimientos emitidos por el Tribunal. La suspensión, dictada el 16 de marzo de 2017, fue efectiva a partir del 28 de marzo de 2017. El documento también reseña el historial disciplinario previo del abogado, incluyendo sanciones anteriores por diversas faltas. Se señala que penden contra él varias quejas y querellas adicionales. La decisión subraya la importancia del cumplimiento con las normas profesionales y los mandatos judiciales.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Roynell Valentín Rivera. Valentín Rivera fue hallado culpable de agresión y violaciones a la Ley de Armas, recibiendo una pena de diecinueve años y seis meses. Apeló ante el Tribunal de Apelaciones, cuestionando la valoración de la prueba. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida. Dicho foro desestimó la apelación por la omisión del peticionario de incluir una transcripción o exposición de la prueba oral. Inconforme, Valentín Rivera presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo. Su argumento principal es que el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar el recurso sin notificarle previamente la falta del documento probatorio. La Procuradora General se opuso a la petición. El documento contiene la decisión del Tribunal Supremo sobre este planteamiento procesal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión Per Curiam sobre el licenciado José R. Franco Rivera. El abogado, previamente suspendido y reinstalado al ejercicio de la abogacía en 2011, fue condicionado a subsanar serias deficiencias en su obra notarial. La Oficina de Inspección de Notarías informó al Tribunal que las faltas persistían a pesar de sus compromisos. En octubre de 2013, el Tribunal le concedió un término final de treinta días para corregir las deficiencias, advirtiéndole de una posible suspensión. El licenciado Franco Rivera incumplió nuevamente con esta orden. Ante la reiterada falta de cumplimiento con las directrices del Tribunal, se ordena su suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión es efectiva a partir del 14 de marzo de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprueba un nuevo Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial mediante Resolución de 10 de marzo de 2017. Este reglamento sustituye la normativa anterior de 2003 y la de arrendamiento de locales de 1997. Su propósito es aumentar la transparencia, garantizar el uso óptimo de los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos de adquisición. La nueva reglamentación rige la compra de bienes y servicios mediante subasta formal, compra negociada o en mercado abierto, e incluye normas para el arrendamiento de locales a largo plazo. Un cambio clave es el aumento a cinco miembros en la Junta de Subastas, incorporando un representante del interés público seleccionado por convocatoria abierta. Se busca una sana administración pública y la adquisición eficiente de bienes y servicios al mejor costo. El reglamento entrará en vigor treinta días después de su aprobación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 9 de marzo de 2017 sobre la conducta profesional del Lcdo. Arsenio Marín Serrano. El caso aborda el incumplimiento del abogado con órdenes judiciales y deberes éticos, particularmente bajo el Canon 9. Una inspección de su oficina notarial reveló serias deficiencias. Se encontró que omitió cancelar sellos a favor de la Sociedad de Asistencia Legal en libros de testimonios, generando una deficiencia arancelaria de $4,206. Además, no pudo facilitar obra protocolar anterior, alegando que estaba en un local arrendado cuya llave había entregado. Estas faltas llevaron a la incautación de sus libros y sello notarial. Considerando la desatención a sus deberes, el Tribunal ordenó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se hizo efectiva el 21 de marzo de 2017, fecha de notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la conducta profesional del Lcdo. Carlos R. Rodríguez García. El caso disciplinario se originó en un proceso criminal donde el abogado actuaba como defensor de oficio. Durante una vista preliminar, el licenciado llevó a una persona para que se hiciera pasar por su representado. Esta estrategia buscaba poner a prueba la identificación que realizaría un testigo. Un agente de la policía identificó a la persona sentada detrás del abogado como el individuo que vendió sustancias controladas. El abogado cuestionó al agente sobre esta identificación. El Tribunal determinó que esta acción constituyó una violación a los Cánones 5, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. Como resultado, se impuso una sanción disciplinaria al abogado. La suspensión de su licencia para ejercer la abogacía sería efectiva el 14 de marzo de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso CC-2017-146, con fecha de 3 de marzo de 2017. La controversia enfrentaba al Partido Nuevo Progresista, representado por su Secretario General, contra el Comité Local PNP de Gurabo y otros. El Tribunal examinó una Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción y una petición de certiorari presentadas. La mayoría del Tribunal decidió declarar no ha lugar a ambas solicitudes. Sin embargo, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez disintieron de esta decisión. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente al cual se unieron los otros dos jueces. El voto disidente señala que el caso presentaba una controversia de alto interés público. Específicamente, se trataba de determinar el procedimiento aplicable para seleccionar un nuevo Alcalde cuando el electo no juramentó. Los jueces disidentes consideraban que el Tribunal debía haberse pronunciado sobre si aplicaba la Ley de Municipios Autónomos o la Ley Electoral en estos supuestos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una Resolución para reconstituir el Comité de Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado. Esta acción se fundamenta en la necesidad de actualizar el manual existente. Los cambios en el Código Penal vigente (Ley Núm. 146-2012), las Reglas de Evidencia (2009), las Reglas de Procedimiento Criminal (enmendadas) y el desarrollo jurisprudencial hacen indispensable esta revisión. El Comité, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, estará integrado por miembros de la Judicatura, la Academia, abogados de práctica privada y funcionarios públicos. Se nombran catorce miembros específicos, incluyendo representantes de la Fiscalía General y la Sociedad para la Asistencia Legal. La encomienda es actualizar el contenido del manual conforme al ordenamiento penal vigente. El Comité cuenta con un plazo no mayor a un año para completar su tarea. Recibirá apoyo jurídico y técnico del Secretariado. Se le faculta para crear subcomités de trabajo.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso "In re: Carmen L. Aponte Ayala". La materia principal es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. La señora Aponte Ayala presentó una moción urgente solicitando el cambio de su estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RÚA). Tras examinar la solicitud, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la moción. Se ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogada activa en el RÚA. Adicionalmente, se le requiere a la abogada Aponte Ayala actualizar su información de contacto en dicho registro.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende del ejercicio de la notaría al licenciado Axel A. Núñez Vázquez. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento reiterado de sus funciones notariales y la desobediencia a las órdenes del Tribunal y de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). El licenciado Núñez Vázquez no presentó un total de sesenta y siete índices de actividad notarial mensual y seis informes estadísticos anuales correspondientes a varios años entre 2007 y 2014. A pesar de recibir múltiples notificaciones y plazos de la ODIN para cumplir con sus deberes, el abogado no radicó los documentos requeridos ni justificó la tardanza. La ODIN presentó un informe especial ante el Tribunal detallando el incumplimiento. Como resultado, el Tribunal ordena su suspensión del ejercicio de la notaría. La suspensión es efectiva a partir del 14 de marzo de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra el Juez de Apelaciones Carlos Candelaria Rosa. La acción se tomó tras determinar que el juez incurrió en conducta que infringe los Cánones 1, 3, 6, 8 y 14 del Código de Ética Judicial. Además de la violación ética, la conducta atentó contra el principio de obediencia jerárquica del sistema judicial. Luego de evaluar una querella, el informe de la Comisión de Disciplina Judicial y los alegatos de las partes, el Tribunal impuso una sanción. Se decretó la suspensión de empleo y sueldo del Juez Candelaria Rosa. La suspensión tendrá una duración de tres meses. Esta decisión subraya la importancia del cumplimiento ético y la estructura jerárquica dentro del poder judicial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión sobre la conducta profesional del Lcdo. Diego E. Mejías Montalvo. El tribunal determinó que el licenciado incumplió de forma reiterada con sus órdenes. Esta conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional. Como resultado, el tribunal ordenó su separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. La suspensión es efectiva a partir del 9 de marzo de 2017, fecha de su notificación. El caso se originó por una queja presentada en 2013 relacionada con servicios legales en un asunto sucesorio. Aunque la Oficina de Inspección de Notarías no encontró falta notarial, el proceso disciplinario reveló el incumplimiento del abogado con los mandatos judiciales. La decisión enfatiza la gravedad de la inobservancia a los deberes profesionales que llevó a la suspensión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en decisión per curiam del 27 de febrero de 2017, aborda la conducta profesional de varios abogados. La decisión resuelve los casos identificados con los números TS-3103, TS-4026, TS-4233, TS-5410, TS-5833, TS-12878 y TS-12898. El Tribunal procede a separar de la profesión de la abogacía y la notaría a los licenciados Máximo R. Ruidiaz Rodriguez, Pedro R. Fagot Bigas, Demetrio Torre Rada, Carlos M. Torres Rodriguez, Rafael Camps Morales, José A. Soto Peña y Segismundo López Montalvo. La medida se toma debido a la dejadez de estos profesionales ante las órdenes del Tribunal. Específicamente, incumplieron con los requisitos de educación jurídica continua y no mantuvieron su información de notificación actualizada. Las suspensiones tienen fechas de efectividad específicas a principios de marzo de 2017, coincidiendo con la notificación a los abogados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró si un municipio, bajo la Ley de Municipios Autónomos y la Ley para la Reforma de Permisos Administrativos, tiene la facultad de revocar un permiso de uso que previamente otorgó. Se examinó si esta potestad reside en el municipio o si, al igual que las agencias del poder ejecutivo, debe acudir a los foros judiciales para tal fin. Tras analizar las disposiciones legales aplicables, el Tribunal determinó que tanto los municipios como las agencias ejecutivas se encuentran en igual posición respecto a la revocación de permisos de uso. Ambos carecen de la facultad administrativa para revocar permisos de uso que han concedido. La decisión establece que esta potestad no reside en la esfera administrativa municipal. Por consiguiente, un municipio no tiene la facultad de revocar unilateralmente un permiso de uso otorgado.

Resumen:

Este documento presenta la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Certiorari CC-2016-1138, incoado por Ana María González Rodríguez contra Agropecuaria Las Américas, Inc. y otros. Con fecha de 17 de febrero de 2017, el Tribunal resolvió no ha lugar al Certiorari solicitado por la parte peticionaria. La decisión fue adoptada por la mayoría de los jueces. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un voto particular disidente. En su disidencia, la Jueza Presidenta expresó su desacuerdo con la determinación mayoritaria, argumentando que le confiere carácter jurisdiccional a un requisito de cumplimiento estricto. Sostuvo que, en su lugar, debió expedirse el auto de certiorari y revocar el dictamen recurrido. La disidencia señala que la peticionaria presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones con antelación al vencimiento del término y notificó a las partes al día siguiente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Gerán González Acevedo. La acción disciplinaria se originó por un patrón reiterado de remisiones tardías de notificaciones de instrumentos públicos y falta de cancelación de aranceles en su obra notarial. A pesar de múltiples oportunidades y órdenes judiciales, el abogado no subsanó las deficiencias señaladas desde 2014. El Tribunal incautó sus protocolos y sello notarial en agosto de 2015 debido a la gravedad de los defectos. Posteriormente, se constató la existencia de escrituras aparentemente autorizadas por el licenciado meses después de dicha incautación. El incumplimiento con un término final para corregir las deficiencias y las prácticas indebidas llevaron a la determinación del Tribunal. La suspensión se fundamenta en la violación de los cánones 9, 18 y 38 del Código de Ética Profesional. La suspensión será efectiva a partir del 24 de febrero de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión (TSPR 24, 2017) para aclarar el alcance de la Ley Núm. 115-1991 sobre represalias laborales. La controversia central era si esta ley permite una acción independiente contra los agentes del patrono que ejecutaron los actos de represalia. El caso surgió de una querella presentada por un empleado contra su patrono y sus dueños/oficiales, alegando represalias tras cooperar con una auditoría de Hacienda. El Tribunal interpretó que la mención de "agentes" en la definición de "patrono" en la Ley 115-1991 tiene el propósito exclusivo de reconocer la responsabilidad vicaria del patrono. No se extiende a crear una causa de acción directa contra dichos agentes en su carácter personal. La decisión precisa que el objetivo de la ley es que los empleados agraviados tengan una causa de acción contra el patrono. Por tanto, la Ley 115-1991 no contempla la imposición de responsabilidad personal sobre los agentes del patrono por los actos proscritos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso AB-2014-192 el 10 de febrero de 2017. La resolución aborda una queja presentada contra las licenciadas Magda Morales Torres, María I. Torres Alvarado y Ligía E. Santos Torres. Tras examinar los escritos de las licenciadas, el Tribunal decidió referir el asunto a la Oficina del Procurador General. El propósito es que dicha oficina investigue los hechos y rinda un informe. Esta determinación fue adoptada por una mayoría del Tribunal. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un voto particular disidente, al que se unieron dos jueces asociados. La disidencia sostiene que el referido no procedía. Argumentan que los hechos subyacentes a la queja ya habían sido investigados y adjudicados por otros foros, incluyendo el propio Tribunal Supremo. Una jueza asociada adicional habría optado por apercibir a las licenciadas y archivar la queja. La resolución documenta la acción procesal del Tribunal Supremo ante esta queja disciplinaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión indefinida del Lcdo. Manuel Díaz Collazo del ejercicio de la abogacía. Esta medida se tomó por su incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y del propio Tribunal. El licenciado adeudaba cincuenta y un Índices de Actividad Notarial Mensual y no mantenía su fianza notarial vigente por varios años. La ODIN solicitó su suspensión inmediata e indefinida de la notaría. El Tribunal ordenó la incautación preventiva de su obra protocolar y sello, y le requirió mostrar causa para no ser suspendido de la abogacía y notaría. El abogado solicitó una prórroga alegando problemas de salud. A pesar de ello, el Tribunal procedió con la suspensión. La suspensión indefinida es resultado de su persistente falta de cumplimiento con sus deberes notariales y las órdenes judiciales. La suspensión fue efectiva a partir del 22 de febrero de 2017, fecha de su notificación.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de conducta profesional contra la Lcda. Sharon M. Hernández López. Se determinó que la abogada violó múltiples cánones del Código de Ética Profesional. Las violaciones se relacionan con el abandono de un litigio de despido injustificado en representación de un cliente. La licenciada no compareció a vistas judiciales, no respondió a órdenes del tribunal y desatendió inicialmente el proceso disciplinario en su contra. El Tribunal concluyó que su conducta fue contraria a la ética profesional al abandonar el caso y desatender el proceso disciplinario. Como resultado, se ordenó su suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión se hizo efectiva el 14 de febrero de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una Resolución para enmendar el formulario de solicitud de admisión por cortesía bajo la Regla 12(f) de su Reglamento. Esta modificación responde a la identificación de errores recurrentes en las solicitudes presentadas. Se especifican cambios en varios acápites del formulario para agilizar el trámite. En la sección sobre el caso, se requerirá detallar todas las partes y representados. Respecto a las jurisdicciones de admisión, solo se aceptarán certificados de good standing originales emitidos dentro de los 90 días previos. Para las solicitudes previas, se deberá usar un formato de tabla específico, incluyendo datos del caso y la determinación del Tribunal. El formulario revisado, que se aneja a la Resolución, será de uso obligatorio para todas las futuras peticiones. Estas enmiendas entrarán en vigor diez días después de su aprobación y aplicarán a las peticiones presentadas a partir de esa fecha.

Resumen:

La Oficina de Inspección de Notarías informó al Tribunal Supremo sobre el incumplimiento del Lcdo. Gerardo A. De Jesús Annoni con sus obligaciones notariales. El abogado adeudaba numerosos índices mensuales y reportes anuales de actividad notarial, además de carecer de fianza notarial. El Tribunal emitió varias resoluciones requiriendo al licenciado mostrar causa y cumplir con los requisitos. Se le concedieron términos y prórrogas para subsanar las faltas. A pesar de los requerimientos y apercibimientos, el licenciado no cumplió cabalmente con lo ordenado. Solo presentó los índices mensuales, pero no los informes anuales ni obtuvo la fianza. Ante el incumplimiento reiterado e injustificado, el Tribunal decidió imponer una sanción disciplinaria. Se suspende al Lcdo. Gerardo A. De Jesús Annoni de forma inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría. Se ordena la incautación de su sello y obra notarial.