Casos del Tribunal Supremo (Página 28)

Resumen:

Tras el paso del Huracán Irma, el sistema eléctrico de Puerto Rico sufrió averías generalizadas, impidiendo el restablecimiento total del servicio en muchos sectores. Para evitar que las partes se vean imposibilitadas de presentar sus recursos, el Tribunal Supremo ha dispuesto una extensión de términos judiciales. Se extienden hasta el miércoles 13 de septiembre de 2017 los términos que quedaron en suspenso desde el martes 5 de septiembre de 2017. Esta medida aplica a los términos que hubiesen vencido hoy, lunes 11 de septiembre de 2017, al ser el próximo día laborable. La extensión se fundamenta en la facultad del Tribunal para reglamentar los procedimientos judiciales. Se exhorta a los abogados y demás partes a hacer los arreglos necesarios para cumplir con la presentación de escritos conforme a la nueva fecha límite.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un procedimiento disciplinario contra la abogada Sheila A. Acevedo Álvarez (TS-9783). La letrada cuenta con un historial de suspensiones previas del ejercicio de la abogacía y permanece suspendida de la notaría. El caso actual (AB-2008-252) fue reactivado tras una suspensión anterior. La Oficina del Procurador General investigó una queja presentada contra la abogada. El asunto principal en este procedimiento es la falta de respuesta de la abogada a las órdenes del Tribunal y los requerimientos del Procurador General sobre la queja. El Procurador General recomendó la imposición de sanciones por esta conducta. En esta decisión Per Curiam del 11 de septiembre de 2017, el Tribunal impone una sanción. La sanción consiste en una suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión se hizo efectiva el 5 de diciembre de 2017, fecha de notificación de la suspensión inmediata. La decisión subraya la falta de cooperación de la abogada en el proceso disciplinario.

Resumen:

Ante el aviso de huracán para todo Puerto Rico por el inminente paso del Huracán Irma, el Tribunal Supremo decreta la suspensión de los trabajos en la Rama Judicial. La suspensión comienza el 5 de septiembre de 2017 a las 12:00 del mediodía y se extiende hasta nuevo aviso. Esta medida se toma en vista de la situación climatológica y el riesgo a la vida y la propiedad. Como consecuencia, todo término judicial que venza el 5 de septiembre de 2017, y mientras dure la emergencia, queda extendido. Los términos se reanudarán una vez que las condiciones del tiempo permitan la reapertura de los tribunales. La resolución se emite al amparo de la facultad reglamentaria del Tribunal Supremo. Se ordena la difusión inmediata de esta disposición judicial.

Resumen:

Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico respondiendo una pregunta certificada de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito. La cuestión central aborda la responsabilidad civil extracontractual. Específicamente, analiza si un deudor solidario puede valerse del límite de responsabilidad estatutario que cobija a un municipio codeudor. Esto aplicaría a la porción de la deuda que sea atribuible a ese municipio. El Tribunal considera esta controversia como una cuestión novedosa de derecho puertorriqueño que requiere su dilucidación. El caso subyacente se origina en un accidente fatal ocurrido en 2010, donde un camión del Municipio de San Juan estuvo involucrado. Los familiares de la víctima presentaron una demanda por daños y perjuicios contra el Municipio, su aseguradora y otros. La aseguradora del Municipio consignó la cantidad de \$500,000, representando el tope de su seguro de responsabilidad. La decisión del Tribunal Supremo dilucida el efecto de este límite en la responsabilidad de los demás codeudores solidarios en la acción de daños.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre conducta profesional del Lcdo. Alexis Irizarry Vega. La Oficina del Procurador General presentó una querella imputándole violaciones a varios cánones de ética. El Tribunal acogió las determinaciones de hecho de la Comisionada Especial. Se determinó que el licenciado violó los Cánones 12, 18 y 38 del Código de Ética Profesional. Las faltas éticas se originaron en su representación de clientes en un pleito de impugnación de herencia. El abogado no contestó a tiempo una moción de sentencia sumaria presentada por la parte demandada. A pesar de haber solicitado y obtenido prórrogas, no presentó la contestación. Esta omisión provocó que el Tribunal de Primera Instancia desestimara la demanda de sus clientes. El Tribunal Supremo concluyó que estos hechos constituyeron las violaciones éticas imputadas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su opinión del 23 de agosto de 2017 (CC-2017-427), aborda una cuestión de Derecho Corporativo y Probatorio. El caso, entre Raúl E. Casasnovas Balado et al. y UBS Financial Services, Inc. et al. junto a Puerto Rico Fixed Income Fund, Inc. et al., se centra en el privilegio abogado-cliente. Específicamente, el Tribunal considera por primera vez la incorporación de la doctrina *Garner v. Wolfinbarger* en la jurisdicción. Esta doctrina establece una excepción fiduciaria al privilegio abogado-cliente. La excepción se examina en el contexto de acciones derivativas. Se toma en cuenta el deber fiduciario que una corporación con fines de lucro tiene hacia sus accionistas. La opinión busca determinar si los criterios de *Garner* son aplicables en Puerto Rico para decidir si procede la excepción fiduciaria en la relación accionista-corporación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió un procedimiento disciplinario contra el Lcdo. Héctor H. Pérez Villanueva. La acción se originó por una queja de su cliente, Jonathan Rodríguez Betancourt. El cliente alegó que la negligencia del abogado, al no notificar al Departamento de Justicia, provocó la desestimación de su apelación en un caso criminal donde fue sentenciado a 26 años. Sostuvo que esta actuación infringió el Canon 18 de Ética Profesional y afectó sus derechos. El abogado argumentó que el acuerdo de honorarios solo cubría la etapa de juicio y que el cliente le adeudaba dinero. Tras evaluar el caso, el Tribunal determinó que el licenciado Pérez Villanueva vulneró el Canon 18. Por consiguiente, el Tribunal Supremo le impuso una censura enérgica por su conducta profesional.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la responsabilidad de una aseguradora que actúa como Tercero Administrador de un Programa de Responsabilidad Pública de los Municipios. La controversia surge de una demanda presentada por la señora Bonnie Savary Leguillow y otras contra el Municipio de Fajardo e Integrand Assurance Company. Las demandantes reclamaron daños y perjuicios sufridos por la señora Savary a causa de una caída en una acera municipal, ocasionada por el desnivel de una tapa de acero. Integrand fue demandada en su capacidad de administrador del programa de responsabilidad del municipio. La cuestión legal principal fue determinar si Integrand, bajo este rol, respondía directamente a la persona perjudicada. El Tribunal examinó el acuerdo entre el Departamento de Hacienda e Integrand. Resolvió que no procede una reclamación directa contra Integrand Assurance Company en su función de Tercero Administrador del Programa. La decisión aclara el alcance de la responsabilidad de una entidad que gestiona un programa de autoseguro municipal.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (2017 TSPR 158) trata sobre una denuncia por violencia doméstica contra Marangely Nazario Aponte, quien tiene serias dificultades auditivas. La controversia principal surge de la vista de determinación de causa probable para arresto, donde se le encontró causa sin que se le proveyera asistencia de un intérprete. La señora Nazario Aponte, sin representación legal en esa etapa, compareció acompañada de su madre. Posteriormente, el tribunal de primera instancia desestimó la denuncia basándose en la falta de intérprete en la vista inicial. El Ministerio Público apeló esta decisión, y el Tribunal de Apelaciones revocó la desestimación. La peticionaria acudió entonces al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo confirmó el dictamen del Tribunal de Apelaciones. La decisión se fundamentó en la ausencia de constancia en el expediente judicial sobre lo ocurrido en la vista de causa probable, considerando además que se proveyó para la asistencia de un intérprete en la vista preliminar y que la imputada no estaba privada de su libertad.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución con fecha 17 de agosto de 2017. La Resolución concierne al Lcdo. Luis Roberto Santos Báez y su conducta profesional. Se ordena la suspensión provisional del abogado del ejercicio de la abogacía. Esta medida se toma en relación con un procesamiento penal que obra en su contra. La suspensión será efectiva a partir del 29 de agosto de 2017. Se le requiere al Lcdo. Santos Báez mantener informado al Tribunal sobre el estado de su caso penal. Se le apercibe que, de ser hallado culpable en dicho proceso, procederá su suspensión indefinida de la profesión legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el cómputo del término prescriptivo de un año para que un empleado lesionado presente una demanda por daños contra un tercero responsable bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. La controversia se centra en los casos donde el Administrador del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) decide si ejercer la acción de subrogación. El caso de Jessica Saldaña Torres, lesionada en 2010, sirve de contexto, donde la decisión administrativa finalizó el 1 de mayo de 2014. La demanda contra el Municipio de San Juan fue presentada el 21 de mayo de 2015. El Tribunal resuelve que el periodo de un año para presentar la acción contra el tercero comienza a transcurrir desde que la resolución del Administrador del CFSE adviene final y firme. La demanda debe ser instada antes de que se cumpla un año desde esa fecha de firmeza. Esta determinación establece claramente el momento en que el obrero puede ejercer su derecho a reclamar daños a un tercero negligente.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión disciplinaria contra el licenciado Rafael Bermúdez Meléndez. La acción se fundamenta en su conducta al mantener una relación personal y comunicaciones con una miembro del jurado en un caso criminal donde representaba al acusado. Esta conducta se considera una violación del compromiso ético fundamental de la profesión legal. El Tribunal señala que tal comportamiento se aparta del deber de exaltar el honor y la dignidad de la profesión y evitar la apariencia de conducta impropia. La queja original fue presentada por el Fiscal General del Departamento de Justicia. El caso criminal en cuestión involucró un segundo juicio por jurado contra Javier Hernández Ramos, donde el licenciado Bermúdez Meléndez actuó como abogado defensor. Como resultado de la decisión, se impone una suspensión al abogado. La suspensión será efectiva a partir del 16 de agosto de 2017.

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Este documento aborda la procedencia de la aplicación retroactiva de las Guías mandatorias para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico de 2014. El caso surge de una solicitud de revisión de una pensión alimenticia fijada originalmente bajo las Guías de 2006 para tres hijos menores. La solicitud de revisión se presentó en 2012, y durante el proceso, que incluyó múltiples vistas, entraron en vigor las nuevas Guías de 2014. La Examinadora de Pensiones Alimentarias recomendó calcular la pensión revisada aplicando las Guías vigentes para cada periodo específico cubierto por la revisión. Esto implicó el uso de las Guías de 2006 para los periodos anteriores a noviembre de 2014 y las Guías de 2014 para los periodos posteriores. La cuestión central ante el Tribunal Supremo es si las Guías de 2014 pueden aplicarse a un caso de revisión que estaba pendiente al momento de su aprobación. El Tribunal busca aclarar el concepto de caso pendiente en el contexto de la obligación alimentaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 10 de agosto de 2017 en el caso de Julio Díaz Rosado. La materia principal tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras examinar la Moción en cumplimiento presentada por el Sr. Díaz Rosado y una Moción informativa del Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal procedió a resolver. La decisión autoriza la reinstalación del señor Díaz Rosado para ejercer ambas profesiones. Adicionalmente, se ordenó al Director de la Oficina de Inspección de Notarías que devuelva la obra y el sello notarial pertenecientes al señor Díaz Rosado. Esta determinación se basa en el cumplimiento de resoluciones y sentencias previas del Tribunal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 10 de agosto de 2017 en el caso CC-2015-600. El caso se relaciona con un procedimiento de pensión alimentaria iniciado por Carmen I. Class Sánchez contra Fernando Vélez Rosario. Se estableció una pensión alimentaria provisional tras la presentación de Planillas de Información Personal y Económica. Surgieron disputas procesales, incluyendo la denegación de una solicitud de descubrimiento de prueba adicional. Posteriormente, la señora Class Sánchez solicitó enmendar sus planillas informativas, lo cual fue denegado por el Tribunal de Primera Instancia. La parte peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones, que se negó a expedir un auto de certiorari para revisar la actuación del foro primario. El Tribunal Supremo revisó la decisión del Tribunal de Apelaciones. El Supremo determinó que el foro apelativo intermedio realizó un ejercicio válido de su discreción al denegar el auto. Por consiguiente, el Tribunal Supremo confirmó el dictamen recurrido.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Apelaciones que desestimó un recurso por falta de jurisdicción. La controversia central gira en torno al requisito jurisdiccional de solicitar reconsideración ante la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), según el Artículo 11A de su Ley Orgánica. El caso se originó a partir de una solicitud de pensión alimentaria y una posterior petición de modificación. El Tribunal Supremo debe determinar si la Asamblea Legislativa, al mantener parte del Artículo 11A sin cambios a pesar de otras enmiendas, expresó su intención de conservar dicho requisito como jurisdiccional. Esta determinación se realizará a la luz de la jurisprudencia previa del Tribunal, particularmente el caso Aponte v. Policía de PR. La decisión impactará la interpretación del requisito de agotar remedios administrativos antes de acudir a los tribunales en casos de sustento de menores.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 8 de agosto de 2017. El caso trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía de la Sra. Arlene Zambrana Ortiz. Tras examinar la Moción Informativa y Acreditación de Cursos Tomados presentada por la peticionaria, el Tribunal determinó proceder con la solicitud. Por tanto, se ordena la reinstalación de la Sra. Zambrana Ortiz a la práctica legal. Adicionalmente, se instruye al Secretario del Tribunal a registrar este cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Esta decisión permite a la Sra. Zambrana Ortiz retomar sus funciones como abogada.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 7 de agosto de 2017 en el caso identificado como TS-9830, In re: James Lugo Medina. La materia principal abordada es la inactivación al ejercicio de la abogacía. Tras examinar el Informe presentado por el Director Ejecutivo del Programa de Educación Jurídica Continua y otros documentos del expediente personal del Lcdo. James Lugo Medina, el Tribunal tomó una determinación. Se ordenó al Secretario del Tribunal que procediera a registrar un cambio de estatus para el mencionado abogado. Dicho cambio consiste en registrarlo como abogado inactivo. Este registro se efectuará en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). La Resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió la decisión 2017 TSPR 149 en el caso CP-2014-5, referente a la conducta profesional del licenciado Eric Pagani Padró. El procedimiento disciplinario se originó por una queja de la señora Paula Figueroa Ruiz. La querellante alegó que el notario no preparó adecuadamente una escritura de compraventa de un terreno. Sostuvo haber pagado \$37,000 a una persona, pero la escritura identificaba a otra como vendedora, a quien no conocía. Además, la escritura no había logrado acceso al Registro de la Propiedad. El licenciado Pagani Padró argumentó que su función notarial se limitó a preparar la escritura y tomar firmas, desconociendo los acuerdos de pago previos. El Tribunal determinó que el letrado quebrantó su compromiso ético de actuar con diligencia y honradez en su función notarial. Se le impuso una censura y apercibimiento por violar los Cánones 18, 35 y 38 de Ética Profesional.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso de Alejandro del Villar Manzueta contra la Administración de Corrección. La mayoría del Tribunal declaró "no ha lugar" a la solicitud presentada por el peticionario. El Juez Asociado Estrella Martínez, con la concurrencia del Juez Asociado Colón Pérez, emitió un voto particular disidente. Este voto disidente subraya la necesidad de definir el derecho aplicable al crédito de sentencia por el tiempo de privación de libertad en espera de extradición. Señala la incertidumbre existente, evidenciada por los distintos cómputos propuestos por la Administración de Corrección, el Procurador General y el peticionario. Los jueces disidentes consideran que el Tribunal debió haber expedido el auto para pautar el derecho en esta materia. Otro juez habría denegado por incumplimiento reglamentario, y una jueza no intervino.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende al Lcdo. Wilfredo Cruz Liciaga del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en su reiterado incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y con órdenes directas del Tribunal. Específicamente, el licenciado no compareció a una inspección de su obra protocolar señalada para el 13 de febrero de 2017. A pesar de solicitar una posposición, no justificó adecuadamente su ausencia ni cumplió con las directrices subsiguientes de la ODIN y del Tribunal relacionadas con dicha inspección. El Tribunal señala que esta no es la primera ocasión en que el letrado enfrenta acciones disciplinarias, habiendo sido censurado previamente en 2017. La suspensión impuesta por el Tribunal Supremo será efectiva a partir del 10 de agosto de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 4 de agosto de 2017. La resolución atiende la solicitud de Carlos A. García Pérez. El abogado presentó una moción pidiendo su reactivación al ejercicio general de la abogacía. También sometió una moción en cumplimiento de una orden previa. El Tribunal examinó ambas peticiones. Se proveyó ha lugar a la solicitud de reactivación y a la moción en cumplimiento. Se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Adicionalmente, se le ordenó al abogado García Pérez actualizar su información de contacto en el RÚA.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 4 de agosto de 2017 en el caso número TS-9806. La materia principal abordada en este documento fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría. El Lcdo. Grimaldi Maldonado Maldonado presentó una moción ante el Tribunal solicitando su reinstalación. Tras examinar la moción presentada, el Tribunal Supremo procedió a resolver sobre la petición. La resolución acordada por el Tribunal fue proveer ha lugar a la solicitud. Esto implica que se concedió la reinstalación del Lcdo. Grimaldi Maldonado Maldonado para ejercer la notaría. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

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Dictamen del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2017 TSPR 159) en un procedimiento disciplinario contra el Lcdo. Carlos J. Nazario Díaz (CP-2013-0019). Se examinaron alegaciones de que el abogado infringió varios cánones del Código de Ética Profesional. Las imputaciones incluían el uso de procedimientos de cobro para presionar a la quejosa, falta de diligencia y prontitud en la defensa de intereses de clientes, incumplimiento del deber de informar y orientar, no renunciar a la representación, falta de honradez en el proceso disciplinario y no exaltar la dignidad de la profesión. El Tribunal determinó que el licenciado violó los Cánones 18, 19, 35 y 38 de Ética Profesional. El documento también hace referencia a suspensiones previas del abogado en 2008 y 2016 por violaciones éticas similares. La decisión fue emitida el 4 de agosto de 2017. La suspensión impuesta es efectiva a partir del 29 de agosto de 2017.

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El documento CT-2017-7 presenta una lista de casos judiciales. En cada caso, un individuo figura como recurrente. Estos recurrentes han presentado apelaciones contra diversas entidades del sistema correccional y de libertad bajo palabra de Puerto Rico. Las agencias recurrentes incluyen la Junta de Libertad bajo Palabra, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Administración de Corrección. Se detallan al menos once apelaciones distintas. Cada entrada especifica al recurrente individual y a la agencia gubernamental recurrida. Uno de los casos listados hace referencia a la decisión 2017 TSPR 144. La compilación parece agrupar apelaciones relacionadas con asuntos penitenciarios y de libertad condicional.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 3 de agosto de 2017 (2017 TSPR 145), aborda la materia de la paralización de casos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones. La paralización se fundamenta en la Ley Federal Puerto Rico Oversight, Management, Economic Stability Act (PROMESA). El caso, identificado con el número CT-2017-8, consolida o relaciona a varias partes de distintos litigios, incluyendo Laboratorio Clínico Irizarry Guasch y Hilda Justiniano García. La decisión, emitida "PER CURIAM" y bajo la figura de "Certificación", surge en respuesta a una acción presentada por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico el 3 de mayo de 2017. El documento establece la posición del Tribunal Supremo respecto a cómo la ley PROMESA afecta la continuación de los procesos judiciales en el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió la querella disciplinaria AD-2015-2 presentada contra la Jueza Superior Hon. Sylkia Carballo Nogueras. La Oficina de Administración de los Tribunales había formulado cargos por supuestas violaciones a Cánones de Ética Judicial. La Comisión de Disciplina Judicial, tras examinar el caso, recomendó desestimar y archivar la querella al concluir que la conducta de la jueza no violentó las normas éticas. El Tribunal Supremo evaluó el informe y el expediente, acogiendo la determinación de la Comisión. Por tanto, ordenó el archivo de la querella contra la jueza Carballo Nogueras. La decisión contó con votos particulares de conformidad y votos particulares disidentes de varios jueces asociados. Una de las juezas disidentes expresó preocupación por la aparente inconsistencia en el manejo de asuntos disciplinarios judiciales por parte de la mayoría.

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Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 2 de agosto de 2017 en el caso CC-2017-518. El Pueblo de Puerto Rico solicita la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Dicha Sentencia apelativa revocó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Desestimación. El recurrido, Carlos Almodóvar Negrón, fue acusado de violar una orden de protección bajo la Ley Núm. 54. Durante la vista de causa probable para arresto, el recurrido, quien es sordo y no usa lenguaje de señas ni lee labios, no recibió un acomodo razonable como un intérprete de labios. Alegó que esta omisión violó su derecho al debido proceso de ley. El Tribunal de Primera Instancia encontró causa probable a pesar de la falta de acomodo. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, revocó la determinación de causa probable al acoger el argumento del recurrido. El Tribunal Supremo examina ahora la decisión del Tribunal de Apelaciones.

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Esta es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2015-609, 27 de julio de 2017) en el caso de Miramar Marine, Inc. (una corporación disuelta) contra Citi Walk Development Corporation y otros. La controversia principal ante el Tribunal requirió el análisis conjunto de los Artículos 9.08 y 9.09 de la Ley General de Corporaciones. El caso versó sobre el procedimiento adecuado para que una corporación disuelta liquide activos, específicamente una deuda hipotecaria, después de que ha expirado el término legal para liquidar sus asuntos bajo el Artículo 9.08. Miramar Marine, tras su disolución, intentó cobrar una deuda hipotecaria asumida por Citi Walk relacionada con una venta de propiedad previa. El Tribunal examinó la interacción entre las dos disposiciones estatutarias que rigen a las corporaciones disueltas. Concluyó que, una vez que expira para una corporación disuelta el término dispuesto por el Artículo 9.08, el único remedio existente para liquidar cualquier propiedad que aún posea es el procedimiento establecido por el Artículo 9.09 de la Ley General de Corporaciones. Basado en este análisis, el Tribunal Supremo revocó la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. La decisión clarifica la vía legal exclusiva para las corporaciones disueltas que buscan disponer de activos remanentes después del período inicial de liquidación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 26 de julio de 2017. La resolución atiende un informe del Director del Programa de Educación Jurídica Continua. Dicho informe solicitaba la inactivación de la Lcda. Flor M. Claudio de Vázquez. La solicitud se fundamentó en el incumplimiento con el requisito de educación jurídica continua. El Tribunal Supremo proveyó ha lugar a la solicitud. En consecuencia, se ordenó la inactivación de la Lcda. Flor M. Claudio de Vázquez del ejercicio de la abogacía. Se instruyó al Secretario del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogada inactiva. Este registro se realizará en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera el caso del Lcdo. Javier Abendaño Ezquerro, abogado y notario. La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) solicitó la incautación cautelar de su obra notarial. Esta solicitud surge por una deuda arancelaria de $180,926.50 correspondiente a los años 2004-2011, lo que impidió la aprobación de sus protocolos. La ODIN también señaló que la deuda podría incrementarse al no haberse inspeccionado la obra notarial posterior (2012-2016) ni el Libro de Registro de Testimonios. A pesar de ser notificado de la deficiencia y requerido a responder y saldar la deuda, el notario incumplió con estos requerimientos. La decisión del Tribunal se fundamenta en este incumplimiento. La suspensión del notario, mencionada al inicio del documento, se hace efectiva el 2 de agosto de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un caso entre la Junta de Planificación y la Asociación de Residentes de Altamira. La cuestión central era determinar si la Junta de Planificación debe identificar en sus resoluciones de rezonificación los nombres y direcciones postales de los dueños de las propiedades afectadas. El Tribunal resolvió que la Junta de Planificación tiene la obligación de especificar los nombres y direcciones de los dueños peticionarios en dichas resoluciones. Esta determinación se basa en los principios fundamentales del debido proceso de ley. La inclusión de esta información es crucial para que cualquier persona o entidad interesada pueda presentar un recurso de revisión judicial. Permite cumplir con el requisito de notificar debidamente a todas las partes afectadas en el proceso de revisión. Esta exigencia asegura la efectividad del acceso a la revisión judicial de los dictámenes de rezonificación. El caso se originó por solicitudes de cambio de zonificación para varias propiedades en la Urbanización Altamira.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de despido injustificado presentado por Pedro Pabón Reyes contra South American Restaurants Corp. El foro primario declaró con lugar la reclamación del empleado y condenó a la empresa a pagar indemnización. La empresa apeló ante el Tribunal de Apelaciones, cuestionando la apreciación de la prueba. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario. La empresa recurrió entonces al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo determinó que el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al emitir su sentencia sin tener la transcripción de la prueba del juicio. Por tanto, el Tribunal Supremo revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones. El caso fue devuelto al foro apelativo intermedio para que resuelva los méritos de la controversia con el beneficio de la transcripción de la prueba.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera las quejas disciplinarias AB-2013-408 y AB-2014-7 contra el Lcdo. Paolo J. Pérez Román. El abogado, quien había sido suspendido previamente y luego reinstalado, enfrenta nuevas acciones por incumplimiento. La decisión se basa en el incumplimiento reiterado del licenciado con las órdenes emitidas por este Tribunal. Se expone una de las quejas, donde se alega que el abogado no manejó adecuadamente un caso tras el fallecimiento del cliente, no se comunicó y no devolvió dinero. Ante su conducta y el incumplimiento de órdenes, el Tribunal ordena su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. La suspensión es efectiva a partir del 28 de julio de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico enmienda el Reglamento del Tribunal de Apelaciones para fomentar la eficiencia en la gestión judicial. La resolución busca viabilizar la notificación electrónica de determinaciones judiciales, modernizando los procesos en línea con la implementación del módulo NET en el Tribunal de Primera Instancia. Se modifican las Reglas 16, 26, 28, 34, 48, 49, 50, 52, 55, 59, 69, 71 y 77 del Reglamento. Un cambio clave es la enmienda a la Regla 16, que exige incluir la dirección de correo electrónico de abogados y partes en los escritos de apelación civil. Además, se requiere el número del Registro Único de Abogados (RUA) en lugar del número de colegiación para la identificación de los letrados. Estas enmiendas buscan dotar de mayor eficiencia judicial a las operaciones del Tribunal de Apelaciones mediante la modernización del proceso de notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso de Hans S. Perl Matanzo, referente a su readmisión al ejercicio de la abogacía. La resolución examinó la solicitud del abogado para cambiar su estatus de inactivo a activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Tras considerar las mociones presentadas, incluyendo las del Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal proveyó ha lugar a la readmisión solicitada. Se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogado activo en el RÚA. Adicionalmente, se instruyó al abogado Perl Matanzo a actualizar su información de contacto en dicho registro.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2017 TSPR 133) atendiendo una queja disciplinaria contra la Lcda. Sonia I. Vélez Colón. La acción se centra en sus actuaciones como Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Se le imputa haber excedido sus poderes al contratar a un abogado para investigar denuncias públicas contra el Ex Juez Presidente sobre el uso de fondos y recursos públicos. El contrato para dicha investigación se describe como sumamente laxo en su alcance y oneroso en su costo. El Tribunal determina que estas acciones constituyeron una violación al Código de Ética Profesional. Considera que tales actuaciones, al no estar en controversia, deben ser motivo de una sanción disciplinaria. La resolución enfatiza la importancia del respeto a los tribunales y la necesidad de mantener la confianza pública en la administración de justicia. El deber de los abogados de mantener un orden jurídico íntegro y eficaz impide avalar este tipo de actuaciones.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Nomar José Mimbs Machiavelo. El recurso de certiorari aborda la clasificación legal de una modalidad del delito de Insuficiencia de Fondos. Específicamente, se examina si el segundo párrafo del artículo 222 del Código Penal tipifica un delito menos grave o un delito grave. Esta determinación es fundamental para la imputación de reincidencia. La controversia surge porque el primer párrafo del artículo clasifica el delito como menos grave, mientras que el segundo impone una pena de tres años de reclusión sin especificar su clasificación. El Tribunal debe dilucidar esta disyuntiva. El caso se originó por denuncias contra el peticionario por emitir cheques sin fondos suficientes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió la Moción Informativa presentada por el Sr. Gerardo Mariani Padilla. Mediante este documento, el Tribunal autoriza la reinstalación del peticionario al ejercicio de la abogacía. Se le advierte sobre su obligación de mantener actualizada la información en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Asimismo, se le apercibe que debe cumplir con los requisitos del Reglamento de Educación Jurídica Continua. El Secretario del Tribunal procederá a registrar el cambio de estatus del peticionario en el RUA de inactivo a abogado activo. Un Juez Asociado votó en contra de la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Roberto Rodríguez Cintrón. La decisión se fundamenta en el incumplimiento del letrado con requerimientos de la Oficina del Procurador General y del propio Tribunal. La acción se originó a partir de una queja de un cliente, Wilfredo Méndez De Jesús, quien alegó abandono de su caso y falta de comunicación. Tras recibir la queja y la contestación del abogado, el Tribunal refirió el asunto para investigación. A pesar de negar las alegaciones, el licenciado Rodríguez Cintrón no cumplió con los procedimientos subsiguientes. La suspensión fue ordenada por el Tribunal Supremo. Esta suspensión, dictada el 30 de junio de 2017, se hizo efectiva el 10 de julio de 2017. El Tribunal lamenta tener que tomar esta medida disciplinaria.

Resumen:

Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2017 TSPR 122) que examina aspectos del derecho procesal apelativo. La controversia central se relaciona con la notificación de una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Específicamente, aborda la validez de utilizar un negocio privado autorizado por el Servicio Postal de Estados Unidos para realizar la notificación y cómo se debe evidenciar dicha autorización. El caso se origina en una solicitud de descalificación de abogados por conflicto de interés en un pleito de liquidación de bienes gananciales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la descalificación, lo que motivó a la peticionaria a recurrir en certiorari. El Tribunal de Apelaciones requirió a la peticionaria acreditar la notificación a la parte recurrida. El Tribunal Supremo interviene para aclarar y añadir a su jurisprudencia previa sobre los requisitos de notificación en recursos de certiorari.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera si la Lcda. Maricarmen Márquez Colón violó Cánones de Ética Profesional y disposiciones de la Ley y Reglamento Notarial. La evaluación se basa en una queja que requirió un recuento detallado de los hechos. Se describe una compraventa de propiedad en 2010 de un padre a su hijo y nuera, con un pagaré y cesión de uso. En 2013, la licenciada autorizó una escritura donde la nuera, tras disolver su matrimonio, vendió su participación al hijo. Posteriormente, el padre demandó al hijo y la exnuera por incumplimiento del contrato original. La Lcda. Márquez Colón fue contratada para representar a ambos en este litigio. El tribunal examinará estos eventos para determinar si su actuación constituyó una violación a las normas aplicables.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario en el caso de la Lcda. Marilia García-Rodríguez Pimentel. La decisión ordena la suspensión inmediata e indefinida de la abogada. Esta medida se impone por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Específicamente, la licenciada no cumplió con los periodos 2007-2009 y 2009-2011. A pesar de recibir avisos de incumplimiento en 2009 y 2011, no completó los cursos requeridos. Tampoco compareció adecuadamente a una vista informal citada en 2011, respondiendo solo por escrito. Además, no efectuó los pagos por cumplimiento tardío. La suspensión es efectiva a partir del 5 de julio de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso In re: Idalis Abreu Figueroa, TS-15,497, sobre conducta profesional. La Lcda. Idalis Abreu Figueroa mostró un comportamiento contrario a los Cánones 2 y 9 del Código de Ética Profesional. Además, incumplió con los Reglamentos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal. La abogada no completó las horas crédito de educación jurídica continua requeridas para el periodo 2008-2010. A pesar de recibir avisos de incumplimiento, citaciones a vistas informales y notificaciones por correo y correo electrónico, no subsanó la deficiencia ni compareció. El Director Ejecutivo del PEJC informó al Tribunal sobre el incumplimiento persistente. Ante la falta de respuesta y corrección por parte de la letrada, el Tribunal determinó imponer una sanción. Por estas razones, se decretó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión es efectiva a partir del 11 de julio de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico impone una sanción disciplinaria a la Lcda. Rosa del M. Latorre Lagares. La acción surge tras una queja presentada en su contra por una clienta. A pesar de múltiples requerimientos y órdenes del Tribunal, la abogada no contestó la queja ni cumplió con los plazos establecidos. El Tribunal le concedió términos de 10 y 5 días, apercibiéndola de posibles sanciones severas, incluyendo la suspensión. La abogada fue notificada personalmente de la última orden pero persistió en su incumplimiento. Esta conducta constituye una violación al Canon 9 de Ética Profesional, que exige respeto a los tribunales y diligencia en responder a sus requerimientos. El Tribunal reitera que ignorar sus órdenes amerita la suspensión del ejercicio de la profesión, independientemente de los méritos de la queja original. Por tanto, se ordena la suspensión de la Lcda. Latorre Lagares. La suspensión será efectiva a partir del 7 de julio de 2017.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de Marifé Nazario Yordán. La Resolución evalúa la Moción de readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por la Sra. Nazario Yordán. El Tribunal determinó proveer ha lugar la solicitud, concediendo así su readmisión. Adicionalmente, la Resolución aborda el pago de multas por cumplimiento tardío. Se informa a la peticionaria que no se le requerirá el pago de la multa correspondiente al período del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014. Esta exoneración se basa en una Resolución previa del 16 de junio de 2017 que estableció un período de gracia para el pago de multas bajo el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua. La decisión fue acordada por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario contra el Lcdo. Alexis Alejandro Zúñiga. La acción se tomó debido a su incumplimiento con el deber de contestar una queja presentada en su contra. Además, el letrado desobedeció las órdenes expresas del Tribunal. Una querella fue radicada en su contra, y la Secretaría del Tribunal le requirió respuesta en múltiples ocasiones. Ante su falta de respuesta, el Tribunal emitió una Resolución ordenándole contestar en un término final y apercibiéndole de sanciones severas. A pesar de ser notificado personalmente de esta orden, el licenciado Zúñiga no compareció ni contestó. Por consiguiente, el Tribunal ordenó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión jurídica.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el caso de la Lcda. Carmen Cardona Rodríguez, abogada y notaria. La Oficina de Inspección de Notarías solicitó la incautación cautelar de su obra notarial tras una queja del Secretario de Justicia. Durante el proceso de incautación en 2014, se descubrió que la notaria residía fuera de Puerto Rico desde 2011. La ODIN informó sobre serias deficiencias en su obra, incluyendo la omisión de tres tomos de su Libro de Registro de Testimonios y una deuda arancelaria preliminar de \$46,300.50. También se señalaron otras faltas como omisión de instrumentos y firmas. En febrero de 2015, el Tribunal ordenó a la licenciada entregar los tomos faltantes y corregir las deficiencias, particularmente el pago de la deuda, en un plazo de treinta días. El asunto de la deuda fue referido al Departamento de Justicia. La suspensión de la notaria es efectiva a partir del 5 de julio de 2017.

Resumen:

El caso CC-2016-402 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Collazo Dragoni v. Noceda González, aborda las reglas jurisdiccionales para la modificación de custodia bajo el Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA). La cuestión principal era si los tribunales de Puerto Rico retienen jurisdicción continua sobre órdenes de custodia cuando el menor reside en otro estado. El Tribunal resolvió que, si se cumplen los requisitos de la 28 U.S.C. sec. 1738A(d), los tribunales de Puerto Rico mantienen jurisdicción continua para atender solicitudes de modificación de custodia. Esto aplica incluso si el estado de residencia del menor ya no es Puerto Rico. La decisión busca precisar la jerarquía jurisdiccional establecida por el PKPA y armonizar expresiones previas del Tribunal sobre el tema. El caso subyacente se originó en un divorcio donde se concedió la custodia al padre, quien luego solicitó autorización para trasladar a los menores a Florida por una oferta de empleo. La madre solicitó posteriormente la custodia, lo que planteó la cuestión jurisdiccional. El dictamen confirma la autoridad de los tribunales puertorriqueños en estos escenarios de modificación de custodia interestatal bajo la ley federal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión del Lcdo. Jaime L. Vázquez Bernier. La suspensión se fundamenta en la infracción de los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional. Estas violaciones ocurrieron durante la tramitación de un pleito y por desatender los requerimientos del Tribunal y de la Oficina del Procurador General. El procedimiento disciplinario se inició por una queja presentada por un cliente, el Dr. José R. Rodríguez Santiago. El quejoso alegó que el licenciado desatendió su caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato tras presentar la demanda en 2012. Afirmó que el abogado no realizó gestiones posteriores y que no logró comunicarse con él a pesar de múltiples intentos. El licenciado tampoco respondió a las comunicaciones de la Secretaría del Tribunal ni a una Resolución que le concedía un término final para contestar la queja. La suspensión será efectiva a partir del 6 de julio de 2017, fecha de su notificación.