Casos del Tribunal Supremo (Página 10)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó si una orden de registro y allanamiento es válida si no establece causa probable sobre el lugar específico donde se espera encontrar un objeto ilegal. La controversia surgió en el caso de El Pueblo v. Gustavo Salamanca Corchado, quien fue acusado y convicto tras un registro. El Tribunal determinó que la omisión de fundamentos sobre la ubicación particular del objeto incautable constituye una deficiencia fundamental en la orden. Esta falta activa la regla de exclusión de evidencia. Por lo tanto, cualquier prueba obtenida mediante una orden con este defecto debe ser suprimida en el tribunal. La decisión subraya la importancia de que las órdenes de registro cumplan estrictamente con los requisitos de causa probable para proteger las garantías constitucionales. La opinión fue emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó las mociones presentadas por Rosana M. González Rosa. Dichas mociones solicitaban su reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. Mediante resolución emitida el 16 de septiembre de 2022, el Tribunal autorizó la readmisión de la licenciada González Rosa al ejercicio de la abogacía. En cuanto a la solicitud de readmisión a la práctica del notariado, el Tribunal concedió un término de diez días a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Este término es para que la ODIN se exprese sobre dicha solicitud. La resolución fue emitida por una Sala de Verano del Tribunal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió su Sentencia en el caso AC-2021-108 el 14 de septiembre de 2022. El caso enfrentó al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico contra Veterinario Express y otros. La controversia principal giraba en torno a la constitucionalidad de la colegiación compulsoria para los veterinarios. El Tribunal confirmó la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, la cual a su vez había confirmado el dictamen del foro primario. De esta manera, se sostuvo la declaración de inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria. La decisión contó con una Opinión de Conformidad de varios jueces, una Opinión Concurrente y una Opinión Disidente firmada por la Jueza Presidenta y otro juez. Un juez asociado adicional también disintió, expresando preocupación por la derrota de los principios de protección social que sustentan la colegiación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió esta opinión (2022 TSPR 112) en el caso Aleicha Cruz Flores, et al. v. Hospital Ryder Memorial Inc., et al., sobre responsabilidad civil extracontractual por impericia médica. El Tribunal reitera y especifica la norma sobre la adjudicación de responsabilidad a instituciones hospitalarias por incumplir su obligación de velar por la salud y bienestar de los pacientes. Aclara el deber de los hospitales de formular, adoptar y hacer cumplir políticas institucionales que garanticen la salud del paciente, conforme a la buena práctica de la medicina. Se planteó si el hospital incurrió en negligencia al no supervisar adecuadamente los actos de un médico con privilegios en sus facilidades. El Tribunal responde afirmativamente, concluyendo que el hospital fue negligente. Esta negligencia se debió a la omisión de medidas previsoras y el incumplimiento de normas o políticas institucionales. El caso se originó por una demanda de daños y perjuicios tras la muerte de la hija de los peticionarios, alegando impericia médica. La opinión fue emitida por el Juez Asociado señor Rivera García.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 30 de agosto de 2022. El caso trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Virgilio J. González Pérez. El Tribunal examinó la moción presentada por el Lcdo. González Pérez en la queja AB-2022-0042. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo acordó reinstalarlo al ejercicio de la abogacía. La reinstalación se concede únicamente para el ejercicio de la abogacía. Los Jueces Asociados Estrella Martínez y Colón Pérez expresaron que proveerían no ha lugar a la reinstalación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución atendiendo una Solicitud de cambio de estatus en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RÚA). La solicitud fue presentada por la Sra. Rebecca M. Rivera Castro. La materia principal de la solicitud era la reactivación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal, actuando en Sala de Verano, proveyó ha lugar a la solicitud presentada. Se ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus de la peticionaria a abogada activa en el RÚA. Adicionalmente, se ordena a la licenciada Rivera Castro revisar y confirmar que su información de contacto en dicho registro esté debidamente actualizada. La Resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 24 de agosto de 2022 en el caso In re: Elba N. Villalba Ojeda. La materia principal tratada fue la petición de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la petición de la Sra. Villalba Ojeda y los informes presentados por la Oficina de Inspección de Notarías. Tras considerar los documentos, el Tribunal autorizó la reinstalación de la licenciada Villalba Ojeda. Esta autorización se limita únicamente al ejercicio de la abogacía, según lo solicitado. Se le apercibe que cualquier incumplimiento futuro con los estándares éticos del Código de Ética Profesional la expondrá a sanciones disciplinarias. Dichas sanciones podrían incluir la suspensión inmediata e indefinida de la abogacía.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de Certiorari CC-2021-97. El recurso fue presentado por Fulano de Tal contra Demandada A y Demandada B. La controversia central giraba en torno a la autorización para regrabar una vista confidencial que examinó material íntimo. El Tribunal Supremo revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones y modificó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Esta última había autorizado la regrabación íntegra de la vista celebrada el 8 de septiembre de 2020. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia con instrucciones específicas. Se ordena omitir de la grabación los nombres de las personas en situación íntima y cualquier información que las identifique. También se debe eliminar toda narración que aluda a las imágenes de los videos íntimos. El propósito es proteger la identidad y la dignidad de las personas involucradas, especialmente la del peticionario. Una Jueza Asociada concurrió, enfatizando la necesidad de proteger la privacidad ante el uso no autorizado de imágenes íntimas.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la abogada y notaria Heyda D. Torres Rivera. La suspensión se impuso por incumplir con las órdenes del Tribunal. La abogada no completó los créditos de Educación Jurídica Continua requeridos para el periodo de 2017 a 2020. A pesar de recibir un Aviso de Incumplimiento del Programa de Educación Jurídica Continua, no cumplió con los requisitos ni pagó la multa. Posteriormente, el Tribunal Supremo le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendida. La licenciada Torres Rivera no compareció ni respondió a la orden del Tribunal. Su falta de respuesta y cumplimiento con las directivas judiciales motivó la decisión de suspenderla indefinidamente del ejercicio profesional.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió si una moción de relevo de sentencia en rebeldía, presentada en un caso laboral bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2), cumplía con los requisitos para ser considerada. La controversia surgió de una reclamación por despido injustificado y salarios, donde los recurridos fueron declarados en rebeldía. El Tribunal evaluó si la moción de relevo fue oportuna, se basó en motivos adecuados y presentó una defensa meritoria no relacionada con aspectos intrínsecos de la sentencia. Determinó que la moción no cumplió con estos requisitos procesales. Concluyó que el Tribunal de Apelaciones erró al asumir jurisdicción para evaluar los méritos de la petición de relevo. El Tribunal Supremo revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones y confirmó la denegatoria de la moción de relevo por parte del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió si un contratista que trabaja para una corporación pública debe agotar remedios administrativos al impugnar un arbitrio municipal. El caso surge de los trabajos de reconstrucción realizados por Cobra Acquisitions, LLC para la AEE en Yabucoa tras los huracanes. Cobra cuestionó la facultad del Municipio de Yabucoa para cobrar un arbitrio de construcción y la cantidad impuesta. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal. Se determinó que no es necesario agotar remedios administrativos cuando se impugna la autoridad de un municipio para cobrar el arbitrio. No obstante, sí se requiere agotar dichos remedios si la controversia se centra únicamente en la cantidad del arbitrio. Si una parte solicita un remedio que exige agotamiento administrativo y no lo cumple, el tribunal debe desestimar esa reclamación. La decisión fue emitida el 15 de agosto de 2022.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda por primera vez la jurisdicción sobre el memorando de costas en procedimientos de revisión judicial bajo la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley de APP). El caso surge de la impugnación por Puerto Rico Fast Ferries, LLC de la adjudicación de un contrato de transporte marítimo por la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) a HMS Ferries, Inc. Fast Ferries recurrió la decisión de la AAPP ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la adjudicación. La cuestión principal ante el Supremo era determinar si el foro con jurisdicción para atender el memorando de costas de la parte prevaleciente era el Tribunal de Apelaciones o la entidad gubernamental. Considerando las facultades de la AAPP, la exclusión de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el proceso de revisión judicial de la Ley de APP, el Tribunal emitió su dictamen. Resolvió que el Tribunal de Apelaciones es el foro competente para adjudicar el memorando de costas solicitado al amparo del Artículo 20(f) de la Ley de APP. Esta decisión establece claramente el foro judicial para la determinación de costas en este tipo de litigios.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió si las enmiendas al Código de Seguros, introducidas por la Ley Núm. 242-2018, que establecen el mecanismo de valoración o "appraisal", tienen efecto retroactivo. La decisión surge de un caso presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Acquamarina y otros contra Triple-S Propiedad, Inc., relacionado con daños sufridos durante el huracán María en septiembre de 2017. Los peticionarios demandaron a la aseguradora por incumplimiento de contrato en abril de 2019. El Tribunal contestó afirmativamente a la interrogante principal. Determinó que las enmiendas que viabilizan el "appraisal" son aplicables retroactivamente. Específicamente, dictaminó que este mecanismo es de aplicación a las reclamaciones de daños instadas al amparo de pólizas de seguro de propiedad vigentes durante el paso de los huracanes Irma y María. La decisión reafirma la intención legislativa de ampliar los mecanismos para la resolución oportuna de reclamaciones ante las aseguradoras.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó el alcance de la exención contributiva bajo la Sección 9(31) de la Ley de Patentes Municipales. Determinó que una empresa puede reclamar esta exención si su ingreso se deriva únicamente de una actividad de exportación. La Corte afirmó que no se requieren requisitos adicionales más allá de este hecho. Aclaró que los municipios no poseen facultad para imponer requisitos adicionales al procedimiento para acogerse a esta exención. Para disfrutar de la exención, una empresa solo debe cumplir tres requisitos específicos. Estos son: estar debidamente autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, tener sus operaciones localizadas en una Zona de Comercio Exterior, y que el ingreso provenga únicamente de una actividad de exportación. La decisión se emitió en el caso entre Lilly del Caribe, Inc. y el Municipio Autónomo de Carolina.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso Ex parte: Coral M. Rodríguez Vera. La materia tratada fue la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía por parte de la señora Rodríguez Vera. Ella presentó una Moción para reactivación como abogada practicante el 11 de julio de 2022. Tras examinar la solicitud, el Tribunal resolvió proveer Ha Lugar a su petición. Con esta decisión, se autoriza el cambio de estatus de la señora Rodríguez Vera a abogada activa. La Resolución fue emitida el 28 de julio de 2022 por una Sala de Verano del Tribunal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el recurso de Apelación en el caso AC-2020-36, entre MMR Supermarket, Inc. y el Municipio Autónomo de San Lorenzo. Con fecha de 21 de julio de 2022, el Tribunal confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Esta decisión, a su vez, había confirmado la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Los dictámenes de los foros inferiores declararon nula ab initio e inconstitucional la Ordenanza 16-0T, Serie 2016-2017 aprobada por el Municipio de San Lorenzo. El Tribunal Supremo sostuvo esta determinación, declarando la inconstitucionalidad de la referida Ordenanza. Las opiniones concurrentes señalaron que la ordenanza imponía una doble tributación impermisible. Varios Jueces Asociados emitieron Opiniones de Conformidad con la decisión.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Miguel A. Sánchez Pérez del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta es la tercera ocasión en que el letrado es disciplinado por este Foro. La suspensión se fundamenta en violaciones a la fe pública notarial y a varios Cánones del Código de Ética Profesional. Entre las faltas cometidas se encuentran el desatender órdenes del Tribunal y de la Comisionada Especial durante el proceso disciplinario. También se le sanciona por una demora injustificada de casi cinco años en presentar una escritura de cancelación de pagaré hipotecario en el Registro de la Propiedad. Adicionalmente, incumplió con su deber de atender los requerimientos de su cliente y mantenerlo informado sobre el estado de su caso. Estas acciones constituyen un menosprecio a los postulados éticos y un incumplimiento del deber de mantener el honor y la dignidad de la profesión legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó el mecanismo legal para establecer la filiación materna en casos de subrogación tradicional. La decisión establece que el reconocimiento voluntario materno es el método adecuado para determinar la madre legal de un menor nacido mediante esta técnica. Esto es cónsono con una decisión previa que aplicó el mismo mecanismo a la subrogación gestacional. El caso particular involucró a un matrimonio que no podía procrear y la hermana de la esposa actuó como madre subrogada tradicional, utilizando sus propios óvulos. La madre subrogada firmó un documento renunciando a todos sus derechos sobre el futuro menor. El Tribunal validó que el procedimiento judicial que confirmó el reconocimiento voluntario fue el idóneo para la inscripción registral del menor en estas circunstancias. La sentencia clarifica el proceso para que las madres intencionadas establezcan su parentesco legal en nacimientos por subrogación tradicional.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso disciplinario contra la Jueza Superior Hon. Elsie Ochoa D'Acosta. El Tribunal examinó la recomendación de la Comisión de Disciplina Judicial sobre presuntas infracciones a los Cánones de Ética Judicial. Tras evaluar el asunto, el Tribunal decidió desestimar y archivar el caso. La mayoría determinó que no existía prueba clara, robusta y convincente de que la Jueza Ochoa D'Acosta hubiera infringido los Cánones 1, 13, 14 y 23. Se consideró improcedente censurarla por detener una grabación no autorizada de conversaciones privadas. La resolución contó con votos particulares de conformidad y votos particulares disidentes de varios jueces asociados.

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El Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de precisar el alcance del Artículo 4.2(s) de la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental, que prohíbe acciones que pongan en duda la imparcialidad e integridad de la función pública. Se estableció que las determinaciones adjudicativas de la OEG no pueden basarse en inferencias, conjeturas o percepciones mediáticas. Para establecer una infracción ética bajo esta ley, incluyendo el Artículo 4.2(s), se requiere un estándar probatorio claro, robusto y convincente. Este estándar busca producir en el juzgador una convicción permanente de que los hechos son altamente probables, evitando el automatismo adjudicativo. Se reiteró que la mera apariencia de impropiedad, por sí sola, no constituye automáticamente una violación ética. Además, se aclaró que una infracción al Artículo 4.2(s) es individual e independiente de si se infringió o no algún otro artículo relacionado. Por entender que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la infracción del peticionario, el Tribunal Supremo revocó su decisión.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 6 de julio de 2022 en el caso Ex Parte: Leany Iremar Villar Valentín, identificado con el Número del Caso TS-19,339. La materia principal tratada en este documento oficial fue la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía. La Sra. Leany Iremar Villar Valentín, actuando por derecho propio, presentó una Solicitud de cambio a estatus de abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas. La Sala de Verano del Tribunal Supremo evaluó cuidadosamente la petición. Tras la evaluación, el Tribunal Supremo proveyó ha lugar a la solicitud presentada. Como resultado de esta decisión, se le readmite al ejercicio de la abogacía a la Sra. Leany Iremar Villar Valentín. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Resolución de 5 de julio de 2022, examinó la segunda solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría presentada por la Lcda. Julissa Rivera Pérez. La Sala de Verano integrada por varios Jueces Asociados proveyó ha lugar la petición. Se reinstala a la licenciada Rivera Pérez a la práctica notarial. Esta reinstalación está condicionada a que acredite la adquisición de una fianza notarial buena y válida. Una vez cumpla con este requisito y sea reinstalada, tendrá la obligación de recoger su obra protocolar. Dicha obra se encuentra depositada y custodiada en el Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de San Juan. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó el Reglamento del Programa de Administración de Documentos del Poder Judicial. Este reglamento establece las normas uniformes para la administración, conservación y disposición de los documentos y expedientes judiciales, así como otros generados por el Poder Judicial. Aplica tanto a documentos físicos como electrónicos. Su propósito principal es asegurar un manejo sistemático y uniforme de los documentos en todo el Poder Judicial. Busca promover la eficiencia, el ahorro y la utilidad en la gestión documental. El reglamento se fundamenta en la autoridad constitucional y legal vigente. Debe interpretarse de manera compatible y complementaria con otras reglas de procedimiento y administración judicial.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el caso CC-2021-18, una disputa entre Myriam I. Alicea Pérez y Seguros Múltiples. El recurso cuestionaba la desestimación de la demanda por sentencia sumaria en los foros inferiores, basada en la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal Supremo revocó las sentencias del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia. Se ordenó la devolución del caso al foro primario para que continúe los procedimientos. Esta decisión se fundamenta en lo establecido en Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Insurance Company. La Jueza Presidenta emitió una opinión concurrente, señalando que los hechos del caso no justificaban la sentencia sumaria, aunque la figura de pago en finiquito pueda dar lugar a ella. Una Jueza Asociada disintió, argumentando que procedía confirmar el dictamen recurrido según sus fundamentos previos sobre la aplicabilidad del pago en finiquito en reclamaciones de seguros.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía al licenciado Carlos E. Géigel Bunker. Esta medida se fundamenta en la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo, la cual permite suspender a un abogado que no se encuentra en condiciones aptas para ejercer la profesión. La acción surge tras el conocimiento por parte del Tribunal de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. En dicha sentencia, el abogado fue declarado no culpable por inimputabilidad de los delitos de actos lascivos y exposición obscena. Ante esta situación, el Tribunal inició un procedimiento bajo la Regla 15 para auscultar la capacidad mental del letrado. El licenciado Géigel Bunker expresó su conformidad con dicho procedimiento. Se nombró una Comisionada Especial y se notificó a la Oficina del Procurador General para participar en el proceso. La suspensión se decreta como una medida de protección social.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa la situación de la abogada Josey A. Rodríguez Torres bajo la Regla 15 de su Reglamento. El procedimiento se inicia para determinar si la abogada está en condiciones de ejercer la profesión debido a una posible incapacidad mental. El caso surge de una queja presentada por José A. Martínez Vázquez en nombre de FUPO, alegando facturación excesiva y hostigamiento por servicios prestados años atrás. Un factor determinante fue la comunicación de la madre de la abogada, informando que su hija padece condiciones de salud mental que no acepta. La contestación de la abogada a la queja fue considerada no responsiva ni precisa. El Tribunal ejerce su poder inherente para reglamentar la abogacía, buscando proteger la confianza pública y la integridad de la profesión. La Regla 15 permite la suspensión inmediata e indefinida, pero contempla la posibilidad de rehabilitación si se identifica una incapacidad. El objetivo es asegurar que los abogados puedan prestar servicios adecuadamente.

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Este documento detalla información sobre el caso AC-2020-47 ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 30 de junio de 2022. Las partes principales incluyen a Total Petroleum Puerto Rico Corp., Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Aerostar Airport Holding, LLC, PUMA Energy Caribe LLC y BR Products North America Inc. El caso llegó al Supremo mediante Certiorari, revisando una decisión del Tribunal de Apelaciones. La materia central aborda Derecho Constitucional y Obligaciones y Contratos. Específicamente, se discute la cesión del derecho al cobro de dos centavos por galón de combustible de aviación. Un punto clave es la determinación sobre la inexistencia de menoscabo de obligaciones contractuales relacionado con este cobro. El documento lista a los abogados que representaron a las partes apelantes y apeladas. Se identifica como un documento oficial del Tribunal Supremo, sujeto a correcciones.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria sobre el Lcdo. Rodolfo G. Ocasio Bravo. La acción se fundamenta en la violación de los Cánones 9, 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional. El caso surge de una queja presentada por el Sr. Frank Fournier Dasta, cliente del abogado. El cliente alegó que el letrado desatendió su caso de custodia. También indicó que el abogado no compareció a múltiples vistas judiciales ni respondió a sus comunicaciones. Además, el cliente afirmó que el abogado no le devolvió su expediente. Estas alegaciones resultaron en perjuicios económicos para el querellante. La materia del caso es la conducta profesional del abogado. El propósito es determinar la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió un recurso de certiorari en el caso de El Pueblo contra Vicmanuel Colón González. Se planteó si una instrucción al jurado, basada en la presunción de portación ilegal de armas, violentó el debido proceso de ley del acusado. El Tribunal determinó que la instrucción impartida, al ampararse en una presunción contra la persona acusada sobre la falta de licencia, fue errónea y violatoria del debido proceso. Sin embargo, el Tribunal confirmó la convicción del peticionario por el delito de portación y uso de arma de fuego sin licencia. Esta confirmación se fundamentó en que existía otra prueba independiente que demostró que el acusado no poseía la licencia requerida. La decisión aclara el estándar para la validez de las presunciones utilizadas en las instrucciones al jurado en casos criminales. El caso original involucró cargos por asesinato en primer grado y varios delitos de armas, resultando en una condena tras un veredicto de culpabilidad. El acusado había confesado los hechos ante las autoridades.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. José A. Maldonado Trinidad del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta acción disciplinaria surge de un caso iniciado en 2015 por una queja relacionada con la falta de inscripción de una escritura y la comunicación tardía de señalamientos del Registro de la Propiedad. En 2016, el Tribunal archivó la queja inicial, pero apercibió al letrado y le ordenó subsanar los defectos a su costo e informar al Tribunal y a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) sobre los trámites realizados. El Tribunal impone la suspensión en 2022 debido a que el abogado desatendió sus órdenes previas. El promovente original presentó una segunda queja alegando que el letrado no había realizado gestión alguna para la inscripción. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento de los mandatos judiciales y la infracción al Canon 9 del Código de Ética Profesional.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico disciplina al abogado-notario Carlos E. Crespo Pendás por conducta profesional. La acción surge de una queja alegando que autenticó un contrato privado de cesión de cuota de leche el 31 de agosto de 2002. Se imputa que uno de los otorgantes, Ramón Varela Martínez, había fallecido para esa fecha. El licenciado Crespo Pendás argumentó haber cumplido con los requisitos de identificación al conocer personalmente al otro otorgante. Sin embargo, el Tribunal determinó que su actuación infringió el Art. 2 de la Ley Notarial, la Regla 67 del Reglamento Notarial y el Canon 35 del Código de Ética Profesional. Por esta conducta, se le impone una suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión es por un término de seis meses. El Tribunal reitera su obligación de disciplinar a los profesionales que incumplen con la ley y la ética.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso In re: Yolanda Rodríguez Torres, con número TS-10,132 y fecha 27 de junio de 2022. La materia tratada es la reactivación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la Moción informativa y en cumplimiento de orden presentada por la Sra. Yolanda Rodríguez Torres. Se proveyó ha lugar a dicha moción. Como resultado, se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Adicionalmente, se ordenó a la abogada Yolanda Rodríguez Torres actualizar su información de contacto en el RÚA.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia el 24 de junio de 2022 en el caso CC-2020-284, un recurso de certiorari entre MAPFRE Preferred Risk Insurance Co. & Popular Auto y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tras examinar el recurso y los alegatos, las Juezas y los Jueces del Tribunal se encontraron igualmente divididos en cuanto a sus votos. Conforme a la Regla 4(a) de su Reglamento, esta división resultó en la confirmación del dictamen recurrido del Tribunal de Apelaciones. La sentencia incluye una Opinión de Conformidad a la que se unieron cuatro jueces y una Opinión Disidente a la que se unieron tres jueces. Una jueza asociada emitió una expresión disidente separada. Esta expresión disidente aborda la aplicación de la Doctrina de Impedimento Colateral por Sentencia en casos de confiscación. Menciona que los hechos del caso ocurrieron antes de la enmienda de 2018 a la Ley Uniforme de Confiscaciones. Sostiene que dicha enmienda no es retroactiva y que la doctrina debió aplicarse en este caso particular.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia el 23 de junio de 2022 en el caso AC-2017-89. En este recurso de Apelación, el Tribunal evaluó las determinaciones de los foros inferiores. La decisión del Supremo fue revocar las sentencias recurridas. Como resultado, la demanda original fue desestimada, aunque sin perjuicio. La Sentencia contó con varias Opiniones de Conformidad de los jueces. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurrió con el resultado, pero señaló que el Tribunal debió haber dilucidado si la Administración de Vivienda Pública (AVP) es parte indispensable en casos de desahucio y cobro de dinero bajo la Ley de la AVP, especialmente con familias realojadas. Otra expresión de conformidad, a la que se unieron varios jueces, respondió a una opinión concurrente distinta. Esta expresión enfatizó el rol judicial del Tribunal Supremo y la separación de poderes, distinguiéndolo de la fiscalización de agencias ejecutivas como el Departamento de Vivienda. La decisión resuelve el recurso de apelación desestimando la demanda.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico disciplinó a la abogada-notaria Lcda. Elaine M. Vélez Torres. Mediante decisión Per Curiam, se ordenó su suspensión inmediata del ejercicio de la notaría por un término de tres meses. Esta medida disciplinaria se impuso por conducta antiética e incumplimiento con las leyes que rigen la práctica notarial. Específicamente, se determinaron infracciones a artículos de la Ley Notarial de Puerto Rico, la anterior Ley Hipotecaria de 1979 y varios Cánones del Código de Ética Profesional. Las violaciones surgieron a raíz de una queja presentada por un ciudadano. La queja se relacionaba con la autorización de una escritura de compraventa en el año 2000. El promovente alegó que la escritura no se inscribió en el Registro de la Propiedad debido a faltas no corregidas. Indicó que la notaria, quien representó a la vendedora, no realizó gestiones para subsanar la situación. La escritura fue finalmente retirada del Registro. El Tribunal concluyó que la notaria incumplió sus deberes profesionales, justificando la suspensión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión (2022 TSPR 77) interpretando la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. El caso se originó por la confiscación civil de un vehículo en el que se encontraron sustancias controladas. La Cooperativa de Seguros Múltiples y Oriental Bank, partes con interés en el vehículo, impugnaron la confiscación. La controversia central era si la confiscación civil requería que el Gobierno presentara cargos criminales por los hechos que motivaron la incautación. El Tribunal resolvió que la ausencia de cargos criminales no invalida automáticamente la acción de confiscación civil. La opinión establece que la confiscación civil bajo la Ley Núm. 119-2011 puede proceder independientemente de un proceso penal. Esta decisión clarifica el alcance y la aplicación de la ley de confiscaciones en Puerto Rico.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la aplicación retroactiva de las enmiendas al esquema probatorio de la Ley Núm. 80 de 1976, introducidas por la Ley Núm. 4-2017. La controversia principal gira en torno a si estas nuevas reglas probatorias aplican a despidos ocurridos antes de la vigencia de la Ley Núm. 4-2017. El Tribunal Supremo aclara que, debido a su carácter sustantivo y al principio de irretroactividad, las enmiendas probatorias de la Reforma Laboral no aplican a hechos (despidos) anteriores a su entrada en vigor. El caso particular involucra un despido en marzo de 2016, previo a la efectividad de la Ley Núm. 4-2017 en enero de 2017. Además, el Tribunal evaluó si el Tribunal de Apelaciones erró al reevaluar la prueba y concluir que el despido fue injustificado, sustituyendo el criterio del Tribunal de Primera Instancia. El Supremo determinó que el Tribunal de Apelaciones sí erró en su apreciación probatoria. La decisión establece que la ley aplicable en cuanto a la carga de la prueba es la vigente al momento del despido.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Francisco Joubert Lugo. Se ordena su suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por el término de tres meses. La sanción se impone por violaciones a los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional. El abogado había sido suspendido previamente por incumplir con educación jurídica continua y fue reinstalado a la abogacía en 2019. La queja que motivó esta suspensión (AB-2015-0211) fue reactivada tras su reinstalación. Dicha queja se relaciona con su representación de una cliente, la Sra. Edna Vázquez Bonnet, en un caso de daños y perjuicios iniciado en 2006, cuya representación asumió en 2013. El tribunal detalla los antecedentes fácticos que sustentan su dictamen disciplinario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa la nota de pase mínima para las reválidas de derecho general y notarial. El examen busca garantizar que los profesionales del derecho posean la capacidad mínima para ejercer, protegiendo así el interés público y la confianza en el sistema de justicia. Los exámenes son evaluados continuamente bajo estándares psicométricos para asegurar su validez y confiabilidad. La puntuación mínima actual es de 596 puntos ajustados, la cual es fijada periódicamente por el Tribunal. Para esta evaluación, se encargó un estudio psicométrico al Dr. Chad W. Buckendahl. Su informe inicial sugirió considerar una disminución en la nota de pase para la Reválida General. No obstante, la determinación final sobre la puntuación mínima también deberá sopesar factores de política pública relacionados con el ejercicio de la profesión legal en el País.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 8 de junio de 2022, constituye las salas que funcionarán durante el receso de verano. De conformidad con la Regla 4(d) de su Reglamento, se establecen dos periodos distintos para la operación de estas salas. La primera sala operará del 1 de julio al 14 de agosto de 2022, integrada por los Jueces Martínez Torres, Pabón Charneco, Rivera García y Colón Pérez. La segunda sala funcionará del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2022, compuesta por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Kolthoff Caraballo, Feliberti Cintrón y Estrella Martínez. En caso de surgir un empate en la votación de alguna de las Salas de Despacho, se designará a otra Jueza u otro Juez que no forme parte de esa Sala. El Tribunal continuará certificando Opiniones y Sentencias durante todo este periodo de receso.

Resumen:

Este caso examina la corrección de una sentencia sumaria parcial en un pleito de clase contra Puerto Rico Telephone Company. El pleito, iniciado ante una agencia administrativa y luego trasladado al Tribunal de Primera Instancia, alegaba cobros dolosos por renta de equipo entre 1999 y 2009. Tras certificar la clase, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor de la Clase Demandante, declarando a PRTC responsable. Dicho dictamen fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, al revisar la prueba presentada para sustentar la sentencia sumaria, se concluye que esta no demuestra de forma incontrovertible el alegado incumplimiento contractual doloso. Por tanto, se revoca la sentencia sumaria. El caso se devuelve al foro primario para permitir a las partes completar el descubrimiento de prueba y presentar evidencia sobre los méritos de la reclamación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso AB-2022-0092. Se censuró enérgicamente al señor Alan Mitchell Wolper por postular en un caso ante la FINRA en Puerto Rico sin haber sido admitido por cortesía por el Tribunal. Se le requirió cesar toda práctica ilegal de la abogacía en la jurisdicción en casos donde no esté admitido. El Tribunal le apercibió que, para representar a una parte en un procedimiento de arbitraje local, debe solicitar y obtener admisión por cortesía previamente. Se advirtió que el incumplimiento futuro podría acarrear sanciones más severas. Asimismo, se censuró enérgicamente a la licenciada María Álvarez Santos por facilitar la práctica ilegal de la abogacía del señor Wolper. La licenciada Álvarez Santos facilitó la comparecencia de Wolper ante el foro arbitral sin que este estuviera admitido a ejercer en Puerto Rico, contraviniendo el Canon 33 del Código de Ética Profesional. Se le apercibió que incurrir en esta conducta en el futuro la expondrá a sanciones más severas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión en el caso Franklin Credit Management Corp. v. Linda George Riviello. La controversia principal se centró en determinar el alcance de la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar (Ley Núm. 184-2012). Específicamente, se analizó si el mecanismo de mediación compulsoria aplica cuando la propiedad objeto de ejecución hipotecaria no constituye una residencia o vivienda principal según la definición legal. El caso se originó por una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre una propiedad que, según la escritura, era una segunda residencia. El Tribunal reafirmó su interpretación de la ley. Resolvió que la mediación compulsoria solo es aplicable cuando la propiedad por ejecutar es la residencia o vivienda principal del deudor. Por consiguiente, el requisito de mediación no aplica a propiedades que no cumplen con la definición legal de vivienda principal. La decisión contesta la interrogante planteada en la negativa.

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El Tribunal Supremo examinó la Moción de reconsideración y cumplimiento de orden presentada por el Sr. Jorge Meléndez Artau. La moción solicitaba su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras revisar la certificación del Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal autorizó su reinstalación. Se le advirtió al Lcdo. Meléndez Artau sobre la importancia de cumplir puntualmente con los requisitos de educación jurídica continua en el futuro. Adicionalmente, el Tribunal concedió un término de veinte días a la Oficina de Inspección de Notarías. Este término es para que dicha oficina se exprese sobre la solicitud de reinstalación a la práctica de la notaría presentada por el peticionario.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpreta el criterio de "historial de violencia excesiva" de la Escala de Reclasificación de Custodia para confinados sentenciados. La controversia surge en el caso de Luis E. Lebrón Laureano, quien cumple una larga sentencia por asesinatos y Ley de Armas. Se cuestiona si dicho criterio discrecional se circunscribe únicamente a la conducta del confinado durante su encarcelamiento. También se evalúa si este fue el único factor subjetivo empleado para ratificar su custodia máxima. El Tribunal responde negativamente a ambas interrogantes planteadas al inicio de la opinión. En el caso particular del recurrido, la aplicación de la escala objetiva arrojó una puntuación que correspondía a custodia mínima. Sin embargo, el Comité de Clasificación y Tratamiento utilizó la modificación discrecional de "historial de violencia excesiva". Esta modificación se aplicó para ratificar el nivel de custodia máxima del confinado. La decisión establece el alcance de este factor discrecional en el proceso de clasificación de los reclusos.

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Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pedro Juan Rivera Torres contra la Universidad de Puerto Rico. La cuestión principal a determinar fue si la Universidad de Puerto Rico es considerada un patrono bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, conocida como Ley contra el Discrimen en el Empleo. El caso surge de una querella laboral presentada por un excatedrático auxiliar de la UPR alegando despido discriminatorio e injustificado. El Tribunal analizó si la UPR opera como una agencia o instrumentalidad del gobierno que funciona como un negocio o empresa privada para fines de dicha ley. Tras un análisis de las disposiciones legales y jurisprudenciales, el Tribunal Supremo concluyó que la Universidad de Puerto Rico no cumple con la definición de patrono bajo la Ley Núm. 100. Por lo tanto, determinó que la UPR no es el tipo de entidad a la que se refiere la definición de patrono en esa disposición legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su decisión del 23 de mayo de 2022, examinó la Moción en cumplimiento de orden presentada por el Sr. Víctor Manuel Marrero Negrón. Dicha moción solicitaba su reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. El Tribunal proveyó ha lugar a la solicitud del peticionario. En consecuencia, se ordena la reinstalación del Sr. Marrero Negrón a la práctica legal y notarial. Esta reinstalación, sin embargo, está condicionada a que el peticionario acredite tener una nueva fianza notarial. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó las mociones presentadas por el Sr. Ramón Colón Olivo. Dichas mociones solicitaban su reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. El Tribunal proveyó ha lugar a la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Respecto a la reinstalación al ejercicio de la notaría, se concedió un término. La Oficina de Inspección de Notarías debe expresarse en 20 días sobre este particular. Esta decisión fue tomada el 23 de mayo de 2022.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa si procedía eximir a la Dra. Liana Moreno Ferrer de agotar los remedios administrativos antes de acudir a los tribunales. La Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM) le impuso una multa de \$5,000 por una alegada infracción reglamentaria al recomendar cannabis medicinal por teléfono. La doctora fue notificada de su derecho a solicitar una vista administrativa ante la JRCM para impugnar la multa. Sin embargo, optó por presentar una demanda judicial para impugnar la multa y la validez del reglamento. Los foros inferiores eximieron a la doctora de agotar el procedimiento administrativo. El Tribunal Supremo concluye que los foros inferiores erraron. Determina que la doctora contaba con un remedio administrativo adecuado y completo para canalizar su reclamo. La recurrida no demostró circunstancias extraordinarias que justificaran prescindir del trámite administrativo. Por tanto, no procedía que el foro primario atendiera el recurso presentado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 19 de mayo de 2022. La resolución aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Ángel M. González Velázquez. Tras evaluar la moción, el Tribunal determinó proveerla con lugar. Esto implica que se concedió la reinstalación al Sr. González Velázquez. No obstante, la resolución incluye una advertencia. Se le advierte expresamente a no comparecer en calidad de licenciado mientras se encuentre suspendido de la profesión legal. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.