Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud

El Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de precisar el alcance del Artículo 4.2(s) de la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental, que prohíbe acciones que pongan en duda la imparcialidad e integridad de la función pública. Se estableció que las determinaciones adjudicativas de la OEG no pueden basarse en inferencias, conjeturas o percepciones mediáticas. Para establecer una infracción ética bajo esta ley, incluyendo el Artículo 4.2(s), se requiere un estándar probatorio claro, robusto y convincente. Este estándar busca producir en el juzgador una convicción permanente de que los hechos son altamente probables, evitando el automatismo adjudicativo. Se reiteró que la mera apariencia de impropiedad, por sí sola, no constituye automáticamente una violación ética. Además, se aclaró que una infracción al Artículo 4.2(s) es individual e independiente de si se infringió o no algún otro artículo relacionado. Por entender que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la infracción del peticionario, el Tribunal Supremo revocó su decisión.