Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 321)

Resumen:

Ernesto Cruz Méndez, un miembro de la población correccional, comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari. Solicita la revocación de una orden interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de asignación de un abogado de oficio. El peticionario presentó una demanda civil por derecho propio contra el Estado y Correctional Health Services, Inc. Reclama \$75,000 por daños y perjuicios, alegando omisión en la provisión de servicios médicos para una fractura en la mano sufrida mientras estaba confinado. Sostiene que, debido a su confinamiento, necesita un abogado para garantizar su acceso a los tribunales. El Tribunal de Apelaciones evalúa la procedencia del recurso. Considera los derechos de los confinados y su obligación de cumplir con las normas procesales generales. La corte destaca que no está claro si posee jurisdicción para entender en la presente solicitud.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Estado Libre Asociado. Buscan revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de expropiación forzosa. La Autoridad de Carreteras expropió una servidumbre sobre el edificio Prudencio Rivera Martínez, consignando \$150,000. Atlantic Quality Construction Corp., propietario al momento de la expropiación, retiró los fondos. El Departamento del Trabajo, arrendatario con opción a compra desde 1979 y propietario desde 2010, reclamó la compensación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Departamento del Trabajo no tenía derecho a la compensación consignada por la servidumbre, ya que no era propietario al momento de la incautación. No obstante, el TPI reconoció su derecho a reclamar la porción correspondiente a su interés como arrendatario y por daños causados por la expropiación, en armonía con el contrato original. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Eliezer Santana Báez, miembro de la población correccional, recurre ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La controversia surge de una visita legal donde Santana Báez alega que no se salvaguardó la privacidad al realizarse en un salón compartido con oficiales gubernamentales y otro confinado a distancia no prudente. Presentó un remedio administrativo alegando la violación de su derecho a una entrevista confidencial con su abogado. El Departamento inicialmente indicó que existía un área exclusiva que debía solicitarse. Tras una reconsideración, el Departamento modificó su respuesta, aclarando que el reglamento exige proveer un área confidencial sin previa solicitud. No obstante, la agencia concluyó que no se demostró que la entrevista específica de Santana Báez se viera limitada o afectada en esa ocasión. El Departamento dispuso que, en lo sucesivo, se utilizara el área destinada para entrevistas legales si estaba disponible. Inconforme, Santana Báez apeló, argumentando que la agencia validó una visita que no cumplió con los requisitos de privacidad establecidos en los reglamentos. El caso se centra en la aplicación de las normas que garantizan la confidencialidad en la relación abogado-cliente dentro de las instituciones correccionales. El Tribunal revisa la actuación de la agencia ante la queja del confinado.

Resumen:

Héctor D. Figueroa Ramírez, un confinado, acudió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando un nuevo juicio basado en las circunstancias de su alegación de culpabilidad. El tribunal revisó las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Criminal, como la Regla 185 y la Regla 192.1, que permiten la corrección, modificación o anulación de sentencias bajo ciertas condiciones. Estas reglas establecen que las solicitudes para tales remedios deben presentarse ante el tribunal que dictó la sentencia original. Dado que el peticionario presentó su solicitud directamente ante el foro apelativo y no ante el tribunal sentenciador, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el asunto. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por el Sr. Figueroa Ramírez.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Bayamón y Utuado, emitió una sentencia el 9 de junio de 2015. La sentencia resuelve los casos consolidados KLRA201500224 y KLRA201500241, ambos sobre Oposición a Anteproyecto. Las partes involucradas eran Maritza Sánchez, el Municipio Autónomo de Guaynabo y Daniel Hostettler Senn. El tribunal examinó una moción conjunta presentada por Maritza Sánchez y Daniel Hostettler Senn. Dicha moción informaba sobre un acuerdo alcanzado entre ellos y solicitaba una sentencia con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones aprobó el acuerdo presentado por las partes. En consecuencia, ordenó el archivo y cierre de los casos consolidados. La decisión se basó en el desistimiento con perjuicio de las partes, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Juncos. El Municipio solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. Dicha orden denegó la moción de desestimación del Municipio. La desestimación se basaba en el alegado incumplimiento de los demandantes con el requisito de notificación previa al Municipio, conforme al Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. Los demandantes argumentaron que desconocían con certeza la responsabilidad del Municipio, lo que, a su juicio, impedía el inicio del término de notificación. El foro primario acogió la postura de los demandantes y denegó la desestimación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones determinó que el foro primario erró y revocó su dictamen.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó dos recursos de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando decisiones del Tribunal de Primera Instancia. En los casos de Miguel Tolinchi Lugo y José L. Estrada Ramírez, el tribunal inferior los eximió del pago de la pena especial establecida en el Artículo 61 del Código Penal de 2012. El Ministerio Público argumentó que la imposición de dicha pena especial es obligatoria y no discrecional. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su consideración. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el tribunal decidió expedir los autos de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia que eximieron a los recurridos del pago de la pena especial.

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Recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por el confinado Emiliano Ortiz Rentas. El recurrente impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) relacionada con daños a su televisor. Alegó que su televisor fue dañado por oficiales del DCR tras ser confiscado durante una sanción disciplinaria. Solicitó una investigación interna y la radicación de una denuncia policial por daños a la propiedad. El DCR respondió inicialmente que verificaría las condiciones del televisor. Tras una solicitud de reconsideración, el DCR emitió una resolución concluyendo que el televisor ya estaba dañado al momento de ser ocupado. El DCR confirmó así su respuesta previa, desestimando la reclamación del confinado. Inconforme, el Sr. Ortiz Rentas acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la resolución del DCR. Pidió que se ordenara al DCR radicar la denuncia policial y realizar una investigación administrativa contra los oficiales involucrados. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, procedió a revocar la determinación recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Julio Ángel Meléndez Jiménez. El peticionario, convicto de homicidio negligente bajo el Código Penal de 2012, solicitó la reconsideración de su sentencia. Argumentó que la Ley 246-2014, posterior a su convicción, le permitía cualificar para restricción domiciliaria u otras penas alternativas. El Tribunal de Primera Instancia denegó su moción de reconsideración. Meléndez Jiménez apeló, alegando error al no aplicar las enmiendas de la Ley 246-2014 que favorecen penas alternativas para delitos negligentes. El Tribunal de Apelaciones analizó los principios constitucionales sobre leyes ex post facto y el principio de favorabilidad en la aplicación de leyes penales. Se discute la norma que permite la aplicación retroactiva de leyes penales más benignas. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la reconsideración.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación en un caso de cobro de dinero. El apelante, Walter Pérez de Jesús, demandó a los apelados reclamando una deuda de \$39,138.43 por préstamos otorgados entre 2010 y 2011. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. El apelante solicitó la intervención del Tribunal de Apelaciones para revocar dicha sentencia. El documento describe el inicio del proceso judicial, incluyendo la presentación de la demanda y contestación. Se detallan las incidencias iniciales del manejo del caso, como el descubrimiento de prueba y la programación de la conferencia inicial y el juicio. Los apelados negaron la existencia de la deuda y solicitaron la desestimación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondría, decidió revocar la sentencia del tribunal primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una impugnación de confiscación de un vehículo propiedad de Luis B. Santini Casiano. El vehículo fue ocupado por el Estado por alegadas infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. Santini Casiano presentó una demanda civil argumentando que el vehículo no fue utilizado ilegalmente y que su resultado favorable en una vista preliminar criminal debía impedir la confiscación civil. El Tribunal de Primera Instancia acogió su solicitud de sentencia sumaria, aplicando la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Dicho foro concluyó que la determinación de ausencia de causa en la vista preliminar implicaba que el vehículo no se usó en un delito. Consecuentemente, ordenó al Estado pagar el valor del vehículo. El Estado apeló, argumentando que el procedimiento de confiscación civil es independiente del proceso penal y que la doctrina de cosa juzgada no aplicaba. El Estado también planteó que el foro primario erró al requerirle probar la comisión del delito en la oposición a la sentencia sumaria. Tras evaluar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó dos recursos de certiorari consolidados presentados por el Pueblo. Estos recursos impugnaban decisiones del Tribunal de Primera Instancia de San Germán que eximieron a los señores Miguel Tolinchi Lugo y José L. Estrada Ramírez del pago de la pena especial dispuesta en el Artículo 61 del Código Penal de 2012. El señor Tolinchi fue declarado culpable de apropiación ilegal menos grave, y el señor Estrada de conducir en estado de embriaguez. El Ministerio Público argumentó que la imposición de dicha pena especial es obligatoria y no discrecional. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos, expidió los autos y procedió a revocar las determinaciones recurridas. La sentencia, emitida el 9 de junio de 2015, corrige el error de derecho cometido por el tribunal inferior al eximir a los convictos de la pena especial.

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Parking For You, Inc. presentó un recurso de revisión administrativa contra la Junta de Subastas del Municipio de Bayamón. Impugnó la resolución que dejó sin efecto la adjudicación de la subasta para la administración de estacionamientos municipales. El recurrente alegó que la notificación de la decisión carecía de las advertencias legales sobre el derecho a revisión judicial, el plazo y el foro. La Junta de Subastas admitió que la notificación fue inadecuada al no incluir dicha información esencial. La Junta solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción debido a este defecto. El Tribunal de Apelaciones subrayó la importancia de una notificación adecuada para garantizar el debido proceso en las impugnaciones de subastas. Una notificación deficiente impide a la parte afectada impugnar la decisión de forma efectiva. Dado que la notificación fue defectuosa y la Junta lo admitió, el Tribunal desestima el recurso. Esto permite a la Junta emitir una nueva notificación que cumpla con todos los requisitos legales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de apelación presentado por Haydee Pérez Lugo. La apelante recurre una sentencia criminal del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia la declaró culpable de violar el Artículo 170 del Código Penal, sobre violación de morada, imponiéndole una multa. La Sra. Pérez Lugo alegó en su apelación que no se probó su culpabilidad más allá de duda razonable, argumentando que tenía consentimiento y que la propiedad no era la residencia del perjudicado. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente, los escritos de las partes y el derecho aplicable. Se analizó la tipificación del delito de violación de morada y el bien jurídico protegido. Tras el examen, el Tribunal de Apelaciones procedió a revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El recurso proviene de una apelación presentada por Janine Vargas contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión ordenó a la Sra. Vargas pagar $1,250.00 a Tania Celeste Chico Morales. La controversia se originó de un contrato de arrendamiento comercial entre las partes. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la Sra. Vargas adeudaba cánones de arrendamiento y una penalidad por cancelar el contrato antes de tiempo. El contrato de arrendamiento se firmó en mayo de 2013 por un año. La inquilina desocupó el local en marzo de 2014, habiendo notificado su intención de cancelar en noviembre de 2013. El TPI encontró que las acciones de la demandante contribuyeron a la controversia, por lo que no impuso costas. La apelación de la Sra. Vargas cuestiona la procedencia de la demanda, la interpretación del contrato y el manejo de su defensa por el TPI. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la determinación apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. Heidi Rosado apeló una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reconsideración. Dicha solicitud buscaba revocar una Sentencia previa que fijó la pensión alimentaria. La Sentencia original adoptó las recomendaciones de la Examinadora de Pensiones Alimentarias. Se fijó una pensión mensual de \$967.00 para dos hijos menores de edad. Además, se impuso una sanción económica de \$500.00 a la apelante y \$200.00 en honorarios de abogado al apelado. El caso se inició en 2011 con una petición para fijar alimentos para un hijo, posteriormente enmendada para incluir un segundo hijo. El Tribunal de Apelaciones resolvió modificar y confirmar la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. El Municipio Autónomo de Caguas impugnó un permiso de construcción para una torre de telecomunicaciones otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a QMC Telecom. El Municipio solicitó reconsideración ante la OGPe, alegando errores en el número de catastro y falta de consulta ambiental. La División de Reconsideración de la OGPe acogió la solicitud de reconsideración el 9 de febrero de 2015. Posteriormente, el 17 de marzo de 2015, la División denegó la reconsideración tras una vista. El Municipio apeló esta última determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal determinó que el foro administrativo carecía de jurisdicción para denegar la reconsideración después de haberla acogido inicialmente. Por tanto, el recurso de revisión presentado por el Municipio ante el Tribunal de Apelaciones resultó tardío. El Tribunal desestimó el caso por falta de jurisdicción, conforme a los términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Osvaldo Walker Isaac, impugna la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su clasificación en nivel de custodia máxima. El recurrente cumple una extensa sentencia de 148 años y seis meses por delitos graves. El Comité de Clasificación y Tratamiento evaluó su caso, reconociendo que no había sido objeto de querellas administrativas recientes. No obstante, el Comité mantuvo la custodia máxima fundamentándose en la desproporción entre el tiempo cumplido y la larga sentencia impuesta. El recurrente alega que la decisión es errónea y discrecional, ignorando su comportamiento positivo y participación en programas. El documento contextualiza la clasificación dentro del marco legal de rehabilitación y el rol del Comité. El caso versa sobre la validez de mantener la custodia máxima basándose principalmente en la gravedad del delito y la duración de la sentencia, a pesar del buen comportamiento del confinado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emitió una sentencia el 9 de junio de 2015. La sentencia resuelve los casos consolidados de revisión administrativa KLRA201500224 y KLRA201500241. Estos casos versaban sobre una oposición a un anteproyecto e involucraban a Maritza Sánchez, el Municipio Autónomo de Guaynabo y Daniel Hostettler Senn. El tribunal examinó una moción conjunta presentada por Maritza Sánchez y Daniel Hostettler Senn. Dicha moción informaba sobre un acuerdo alcanzado entre ellos y solicitaba una sentencia con perjuicio. El tribunal impartió su aprobación a la moción. En consecuencia, ordenó el archivo y cierre de los casos consolidados. La decisión se fundamentó en el desistimiento con perjuicio de las partes que llegaron al acuerdo. El archivo se realizó al amparo de la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Los apelados demandaron a los apelantes, una corporación vendedora de terrenos y sus representantes. Alegaron haber comprado un solar bajo la representación de que era apto para construir, pero descubrieron que el terreno era inestable y estaba compuesto por escombros y relleno. Sostuvieron que los vendedores conocían esta condición y la ocultaron, reclamando gastos de reparación, daños y honorarios de abogado. Los apelantes negaron mala fe y conocimiento de vicios ocultos significativos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los compradores. Los apelantes recurrieron la decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones modificó y confirmó la sentencia de instancia.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por Edwin Ramos et al. impugnando la denegatoria de anotación de rebeldía por parte del tribunal de primera instancia. La parte recurrida argumentó que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción porque el caso había sido trasladado al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El expediente confirma que se presentó un Aviso de Traslado en el tribunal federal y se notificó al tribunal estatal en septiembre de 2014, antes de la presentación de esta apelación. Conforme a principios legales establecidos, una vez que un caso es debidamente trasladado al tribunal federal y se notifica al tribunal estatal, la jurisdicción de este último cesa y sus procedimientos quedan automáticamente paralizados. El tribunal federal adquiere jurisdicción completa y exclusiva sobre el asunto. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para entender en la apelación. La resolución ordena el archivo administrativo del caso para fines estadísticos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impugnación de deficiencias contributivas. La apelación fue presentada por el Secretario de Hacienda contra José R. González González. La disputa central gira en torno a una deficiencia contributiva señalada para el año 2000, relacionada con la venta de acciones de Zymed, Inc. y su costo base. El Departamento de Hacienda auditó al Sr. González tras una reclamación de reintegro, resultando en la notificación de una deficiencia. El Sr. González impugnó la deficiencia ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro declaró con lugar la demanda, dando credibilidad al testimonio del contribuyente sobre la transacción y errores en su planilla federal. Hacienda apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia resuelve una Petición de Certiorari presentada por MSF Maintenance Services, Inc. contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado con lugar una querella laboral sumaria presentada por el Sr. Salvador Martínez Chacón contra MSF. La decisión del TPI se basó en que MSF presentó su contestación fuera del término jurisdiccional. El TPI concedió varias partidas por despido injustificado, horas adeudadas, daños por represalias y salarios dejados de devengar, además de ordenar la entrega de documentos. MSF recurrió la Sentencia del TPI. El tribunal superior expide el auto de certiorari. Se revoca la Sentencia del TPI únicamente en lo que respecta a la imposición del pago de determinadas partidas por concepto de daños. Se confirma la Sentencia del TPI en todo lo demás. El caso se devuelve al TPI para que proceda según lo dispuesto en esta sentencia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Lucas Omar Casúl Cruz y Samuel Pabón Cruz. Los peticionarios solicitan revisar la denegatoria de su moción de nuevo juicio por el Tribunal de Primera Instancia. Fueron hallados culpables de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas tras un juicio por tribunal de derecho. La solicitud de nuevo juicio se basó en la alegada existencia de prueba exculpatoria de la testigo Skyy Segarra Maysonet, quien no compareció al juicio. Argumentaron que Skyy Segarra, testigo ocular, contradeciría a la testigo de cargo Aracelis Segarra. Según los peticionarios, Skyy declararía que Aracelis no presenció los hechos y que los agresores estaban encapuchados, imposibilitando su identificación. El Ministerio Público había informado previamente que Skyy Segarra no estaba disponible. El Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari. Esta decisión confirma la resolución del tribunal de primera instancia que rechazó el nuevo juicio.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La peticionaria solicitó dejar sin efecto la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en un caso de impugnación de confiscación. El caso se originó con la incautación de un vehículo por la policía en 2012 por alegadas infracciones legales. La aseguradora, con interés sobre el vehículo, demandó al Estado impugnando la confiscación. Posteriormente, la peticionaria solicitó sentencia sumaria argumentando impedimento colateral por sentencia basado en el resultado del caso criminal relacionado. El foro primario denegó la moción, entendiendo que la desestimación de cargos criminales bajo la Regla 64(n)(3) no activaba la doctrina de impedimento colateral. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLAN201500682, una apelación sobre Daños y Perjuicios. El recurso fue incoado por Ramón Silva Rodríguez contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otras partes. Provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, bajo el caso número JDP2011-0529. La parte apelante, Ramón Silva Rodríguez, presentó ante el Tribunal de Apelaciones una "Moción de Desistimiento Voluntario". En la sentencia fechada el 9 de junio de 2015, el Tribunal examinó la solicitud de desistimiento. Resolvió declarar ha lugar la moción presentada por el apelante. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo del recurso de apelación. Esta determinación se basó en la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por la Prof. Sol Nieves Burgos contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La sentencia del TPI revocó un laudo arbitral de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El laudo de la CASP había ordenado la reinstalación y reconocimiento de permanencia a la peticionaria, miembro de un grupo de 117 empleados despedidos por el Departamento de Educación. La CASP determinó que el Departamento de Educación incumplió con el debido proceso de ley y el convenio colectivo al despedir a la peticionaria. El Departamento de Educación impugnó el laudo ante el TPI. El TPI concluyó que la concesión de permanencia a la peticionaria fue nula por no poseer el certificado regular de maestro. El TPI razonó que, al ser un error administrativo, el Departamento de Educación no estaba obligado a garantizar el debido proceso de ley al corregir el estatus. La peticionaria solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de la sentencia del TPI. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la sentencia recurrida del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por El Pueblo contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El TPI concedió un recurso de habeas corpus a José A. Pérez Santos. La decisión del TPI ordenó la excarcelación inmediata del Sr. Pérez Santos. Esto se debió a que había excedido el término de 180 días en detención preventiva sin la celebración de su juicio. El TPI determinó que la dilación en el juicio fue atribuible al Ministerio Público por no entregar prueba. Consideró que iniciar el juicio sin una defensa preparada violaba los derechos del acusado. El Sr. Pérez Santos estaba detenido preventivamente desde octubre de 2014, excediendo los 180 días al momento de la Sentencia del TPI. El Pueblo de Puerto Rico apeló la Sentencia del TPI que ordenó la excarcelación. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver dicho recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Sandra Vélez Irizarry. La apelante recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre su hija menor, L.S.V. La Resolución apelada relevó al Departamento de la Familia de continuar los esfuerzos de reunificación familiar con la madre. Concedió la custodia legal permanente de la menor a su padre, Luis M. Sánchez Galarza. También ordenó relaciones materno filiales supervisadas por seis meses. El caso se originó por una petición de emergencia del DF bajo la Ley 177 debido a alegaciones de maltrato y exposición a violencia doméstica. El DF solicitó el relevo de esfuerzos tras considerar que la madre no había aprovechado los servicios. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso y confirmó la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Sra. Priscilla Batista presentó un recurso de certiorari solicitando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI declaró no ha lugar a su moción de reconsideración, en la que pedía una prórroga para contratar abogado y contestar una moción de sentencia sumaria. El caso original es una demanda de desalojo y cobro de dinero presentada por la Cooperativa de Viviendas Jardines de San Ignacio contra la Sra. Batista por aportaciones impagadas. La peticionaria había perdido su representación legal y el TPI le concedió un término final para conseguir abogado y responder a la sentencia sumaria. La Sra. Batista solicitó una nueva prórroga tras vencer el término concedido. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso presentado, decidió denegar la expedición del certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso presentado por José Gierbolini en un caso de daños y perjuicios. Gierbolini apela una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de reconsideración. La moción de reconsideración cuestionaba la validez de un documento de "Exoneración y Acuerdo" determinada sumariamente sin vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones señala que la moción de reconsideración fue presentada tardíamente. El recurso, aunque presentado como apelación, se acoge como certiorari al recurrirse de una resolución interlocutoria. El Tribunal advierte que el mismo planteamiento sobre la validez del documento y la falta de vista ya fue objeto de un certiorari anterior presentado por Gierbolini en este caso. En aquel recurso previo, el Tribunal denegó revisar la resolución del foro primario. Aplicando la doctrina de la ley del caso, que confiere finalidad a las controversias previamente adjudicadas, el Tribunal determina que el planteamiento no puede reexaminarse. Por tanto, el Tribunal resuelve denegar la expedición del certiorari solicitado por Gierbolini.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Popular Auto. Este recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria. La acción original fue presentada por MAPFRE Preferred Risk Insurance Company y Popular Auto contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El caso versa sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo. Los demandantes argumentaron que la notificación de la confiscación se realizó fuera del término legal de treinta días. El Estado se opuso, alegando que el término aplicable comenzaba a contar tras la conclusión de una investigación. El foro primario denegó la sentencia sumaria solicitada por los demandantes. El Tribunal de Apelaciones, al revisar esta decisión, expide el auto de certiorari. Finalmente, revoca la resolución recurrida del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de nulidad de escritura y daños y perjuicios. La Sucesión de Andrea Figueroa Adorno demandó a Francisco Matos Figueroa para anular dos escrituras de compraventa sobre un inmueble. La demandante original alegó que las escrituras eran nulas porque era analfabeta y no hubo testigo de lectura, además de fraude y falta de pago del precio consignado. El demandado negó las alegaciones y presentó una reconvención por daños. Tras el juicio, el foro primario emitió una sentencia con determinaciones de hechos sobre la propiedad y las partes. El apelante, Francisco Matos Figueroa, solicitó la revisión de los remedios otorgados por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia apelada y, así modificada, la confirma.

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El menor E.O.M. comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que denegó su solicitud de descubrimiento de prueba. Dicha solicitud fue denegada por tardía, al presentarse 53 días después de la querella inicial y poco antes de la vista adjudicativa. El menor enfrenta querellas por robo agravado, escalamiento agravado y violaciones a la Ley de Armas. La defensa argumentó que el término para el descubrimiento debía contarse desde la entrega de las copias juramentadas de las querellas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de descubrimiento y la reconsideración verbal. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad discrecional para expedir autos de certiorari, evaluó la petición. Considerando los criterios establecidos en su reglamento, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari. También se denegó la moción en auxilio de jurisdicción presentada por el menor.

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Josué A. Hernández Morales compareció ante el Tribunal de Apelaciones expresando inconformidad con la sentencia impuesta por tentativa de violación al artículo 278 del Código Penal, tras admitir haber cortado un grillete electrónico. Fue sentenciado a 18 meses de cárcel y alegó que los 11 meses cumplidos eran suficientes. El peticionario también cuestionó el delito por el que fue procesado. El Tribunal constató que Hernández Morales hizo alegación de culpabilidad y fue sentenciado en noviembre de 2014. Por tanto, había transcurrido en exceso el término de treinta días para impugnar la sentencia mediante certiorari. El Tribunal determinó que carece de jurisdicción para revisar la convicción y que el recurso no presenta una controversia sustancial. En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso presentado.

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Se evalúa la procedencia de una acción de recobro o nivelación instada por un demandado que, habiendo sido condenado en rebeldía a pagar la totalidad de una sentencia por daños, busca recuperar parte de lo pagado de alegados co-deudores solidarios que no fueron parte del pleito original. Muafak A. Odeh fue demandado por daños y perjuicios tras una caída en su negocio. Al no comparecer, se dictó sentencia en rebeldía en su contra, condenándolo a pagar \$25,050 a la perjudicada. Casi tres años después de dicha sentencia, y tras enfrentar un embargo, Odeh presentó una nueva demanda contra Esso y AIG, alegando su responsabilidad solidaria y solicitando el recobro de \$25,025. Esso y AIG presentaron mociones dispositivas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Odeh al entender que no existían hechos materiales en controversia. Este panel revisa dicha sentencia desestimatoria. Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando dos apelaciones consolidadas en casos de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Oriental Bank demandó a propietarios por incumplimiento de pago de hipotecas sobre viviendas en la Urb. Villas de Monte Cielo. Los demandados presentaron reconvenciones compulsorias contra el banco. Alegaron dolo, fraude y daños, sosteniendo que el banco incumplió su obligación de financiar completamente el proyecto. Este incumplimiento, según los demandados, causó la paralización de la construcción y daños que los llevaron a abandonar sus hogares y dejar de pagar. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reconvenciones. Argumentó que las alegaciones eran idénticas a las de otro pleito colectivo previo y que existía riesgo de decisiones contradictorias. Los demandados apelaron esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones concluye que la desestimación de la reconvención no procedía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El recurso fue instado por la parte apelante contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Oriental Bank & Trust. La demanda de Oriental Bank se basó en el incumplimiento de pago de un préstamo hipotecario garantizado por una finca. Tras un proceso que incluyó mediación fallida y una solicitud de sentencia sumaria por parte del banco, el foro primario dictó sentencia a favor de Oriental Bank. La parte apelante recurrió, alegando errores procesales, falta de jurisdicción, manejo inadecuado de la prueba y la inexistencia de la escritura de modificación hipotecaria, entre otros. El Tribunal de Apelaciones evaluó los autos y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Esta Sentencia revisa la apelación presentada por Carlos Weber Carrillo contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El apelante cuestiona la cuantía de los daños concedidos por el Tribunal de Primera Instancia tras declarar con lugar su demanda por violación al derecho a la intimidad. La demanda original, presentada en 2004, alegaba que el gobierno accedió a sus facturas telefónicas sin orden judicial como parte de una investigación relacionada con su trabajo periodístico. Weber Carrillo reclamó daños por angustias mentales y solicitó costas y honorarios de abogado. Tras un extenso trámite procesal, el tribunal de instancia emitió una sentencia y luego una enmendada, concediendo daños y resolviendo sobre las costas. El apelante considera irrazonable la cuantía de los daños y apela la denegación de ciertas partidas de costas. El presente tribunal revisó ambas determinaciones del foro de instancia. Por los fundamentos expuestos, este Tribunal MODIFICA la Sentencia Enmendada y la Resolución sobre costas. Así modificadas, ambas determinaciones son confirmadas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la apelación presentada por Integrand Assurance Company. La aseguradora busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó indemnizar a Paul y Eddie Irizarry, dueños de The Lab Studio, por pérdidas sufridas en un incendio. La sentencia apelada cubría daños a equipo e ingresos, e imponía costas y honorarios por temeridad a Integrand. El caso se originó tras un incendio en junio de 2006 en el estudio de grabación, el cual estaba cubierto por una póliza de Integrand. Los asegurados reclamaron las pérdidas, pero Integrand denegó el pago alegando falta de prueba de titularidad del equipo, cuyas facturas se destruyeron en el fuego. Tras gestiones infructuosas y una querella ante el Comisionado de Seguros, los asegurados demandaron a Integrand en el TPI. El TPI falló a favor de los asegurados y, tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de revisión administrativa presentado por Arcelia Rivera López contra una decisión del Departamento de la Familia. El recurso buscaba impugnar una determinación de la Junta Adjudicativa sobre la reducción de beneficios. La recurrente presentó un escrito expresando inconformidad, pero el tribunal determinó que el documento era deficiente. No hacía referencia adecuada al caso, solo manifestaba desacuerdo y la copia de la resolución adjunta estaba incompleta. Estas fallas impidieron al tribunal comprender el caso y realizar su función revisora. El tribunal fundamentó la desestimación en el incumplimiento de los requisitos de contenido para recursos de revisión administrativa establecidos en la Regla 59. La desestimación se realizó conforme a la Regla 83(B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones por no haberse presentado o proseguido el recurso con la diligencia requerida y por incumplimiento que impidió atender el caso en los méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que condenó al Municipio de San Juan a pagar \$504,775.23 a R. Bird Development Corp. por gastos incurridos. R. Bird demandó al Municipio tras la cancelación unilateral de la adjudicación de una subasta para el desarrollo de un proyecto de viviendas sociales. Aunque la subasta fue adjudicada, el contrato formal de construcción nunca se concretó. R. Bird reclamó la indemnización por los gastos de la fase preparatoria del proyecto. El Municipio apeló la sentencia sumaria, argumentando que la ausencia de un contrato formal lo eximía de la obligación de reembolsar dichos gastos. El Municipio también había planteado previamente la falta de jurisdicción y la inexistencia de causa de acción. R. Bird limitó su reclamación a los gastos incurridos, renunciando a las ganancias dejadas de percibir. El TPI denegó las mociones de desestimación del Municipio, y el Tribunal de Apelaciones confirmó que la causa de acción se basaba en la responsabilidad precontractual. El TPI dictó sentencia sumaria a favor de R. Bird, aplicando jurisprudencia sobre compensación por obras a entidades gubernamentales. El Municipio cuestiona en esta apelación dicha sentencia sumaria.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos apelaciones consolidadas. Oriental Bank demandó a propietarios de viviendas por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los demandados presentaron reconvenciones contra Oriental Bank, alegando dolo, fraude y daños. Argumentaron que el banco incumplió su obligación de desembolsar fondos para el proyecto de vivienda, lo que resultó en su abandono y el cese de pagos hipotecarios. Oriental Bank solicitó la desestimación de las reconvenciones, indicando que eran idénticas a las alegaciones en otro pleito previo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reconvenciones para evitar decisiones contradictorias. Los demandados apelaron esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones concluyó que no procedía desestimar las reconvenciones instadas por los demandados apelantes.

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Monserrate Espada Hernández presentó un recurso de revisión judicial contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tras recibir una factura elevada por el servicio de agua en su residencia de Bayamón, la cual objetó. Alegó que la AAA desconectó el servicio sin resolver su objeción ni celebrar una vista, imputando violación de derechos constitucionales y dilación administrativa. La recurrente solicitó al Tribunal de Apelaciones que ordenara a la AAA restablecer el servicio y cumplir con los requisitos procesales de la Ley Núm. 33. El tribunal requirió a la AAA mostrar causa por la que no debía emitir la orden solicitada. La AAA informó que procedería a reconectar el servicio y se allanó a que la objeción de factura se ventilara mediante el proceso administrativo establecido bajo la Ley Núm. 33. Ante el allanamiento de la AAA a las peticiones de la recurrente, el tribunal determinó que el recurso carecía del carácter adversativo necesario para su intervención. Por consiguiente, el asunto fue devuelto al foro administrativo correspondiente. El foro administrativo deberá considerar y resolver sin demora la objeción a la factura conforme al procedimiento establecido en la Ley Núm. 33.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación en un caso de cobro de dinero. La solicitud de desestimación se fundamentaba en la alegación de que la acción estaba prescrita, argumentando que aplicaba el término de 3 años de la Ley de Transacciones Comerciales a un pagaré. La parte recurrida sostenía que aplicaba el término de 15 años del Código Civil. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el término aplicable era el de 15 años y denegó la desestimación. El peticionario acudió en certiorari alegando error en dicha determinación. Tras examinar la solicitud y la resolución recurrida, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no procede expedir el auto de certiorari. Por tanto, se declara sin lugar la petición de certiorari y la moción urgente de paralización de procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de San Juan, Panel III, emitió una Sentencia el 5 de junio de 2015 en el caso KLCE201500664. Este recurso de Certiorari sobre Daños y Perjuicios involucra a Nancy Pérez González como peticionaria y a Cecort Realty Development, Inc. et als y F & R Construction Group, Inc. como partes recurridas. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Civil Núm. K DP2013-1219). La parte peticionaria presentó un Aviso de Desistimiento ante el tribunal apelativo. En dicho aviso, se informó que las partes habían llegado a una estipulación de Sentencia por transacción. Este acuerdo transaccional pone fin al presente pleito entre las partes. Como resultado del desistimiento y el acuerdo, el tribunal ordenó el archivo de la causa. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento de Apelaciones.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones el Municipio de Lajas y Marcos Irizarry Pagán para impugnar una Orden de Injunction Permanente emitida por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Virgen Mina Cotté Román. La orden apelada declaró Ha Lugar una solicitud de entredicho permanente relacionada con supuestos impactos negativos en la Reserva Natural de La Parguera. El Tribunal de Apelaciones examinó la notificación de la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Determinó que la decisión apelada constituía una sentencia final que disponía de la totalidad del pleito. Sin embargo, dicha sentencia fue notificada utilizando el formulario incorrecto (OAT-750 en lugar del OAT-704 requerido para sentencias). Esta notificación defectuosa impidió que comenzara a transcurrir el término para apelar. Concluyó que, al ser el recurso apelativo prematuro debido a la notificación incorrecta, el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para atenderlo. Por tanto, se desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción y se declara No Ha Lugar la Moción Urgente para Solicitar Orden en Auxilio de Jurisdicción. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que notifique nuevamente la sentencia utilizando el formulario correcto.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201500624. La doctora Angélica Guzmán García solicitó la revisión de una determinación interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso de impericia médica. La demanda fue presentada por la familia Torres-Acevedo contra el Hospital San Antonio, Inc., la doctora Guzmán y otros. La doctora Guzmán basó su solicitud de desestimación en la alegada inmunidad estatal bajo 26 LPRA sec. 4105 y prescripción. Argumentó que los hechos ocurrieron en el Hospital San Antonio, que consideraba una entidad municipal, lo que le otorgaba inmunidad como médica con privilegios allí. Los demandantes se opusieron, señalando que la responsabilidad de la doctora incluía atención fuera del hospital, como el cuidado prenatal en su oficina privada. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de la doctora Guzmán. Inconforme, la doctora presentó este recurso. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. La sentencia indica que el tribunal expedirá el certiorari y revocará la determinación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió una petición de Certiorari presentada por Roberto Guerrios Rivera en un caso de divorcio. El señor Guerrios solicitó la revocación de varias órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, incluyendo la fijación de una pensión alimentaria provisional para dos menores. Las órdenes impugnadas surgieron en el contexto de una demanda de divorcio por ruptura irreparable instada por Iris Velia Rivera Torres, la recurrida. El peticionario también había presentado su propia demanda de divorcio, y las órdenes recurridas se relacionaban con la consolidación de ambos casos. El señor Guerrios cuestionó la negativa del tribunal primario a suspender una vista de pensión alimentaria, argumentando que ya se habían tomado determinaciones en su caso. El Tribunal de Primera Instancia consolidó los casos y mantuvo la vista de pensión, a la cual el peticionario no compareció. Posteriormente, el tribunal primario fijó la pensión provisional. Mediante el recurso de Certiorari, el señor Guerrios buscaba dejar sin efecto estas decisiones. Tras examinar el recurso presentado, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari.