Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 198)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una solicitud de MAPFRE Pan American Insurance Company para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso se origina en una demanda del Sr. Vicente Ureñas Ferreira contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños relacionados con el pago de una reclamación por el Huracán María. MAPFRE solicitó la desestimación y sentencia sumaria, argumentando la inaplicabilidad de la Ley 247-2018, la falta de notificación al Comisionado de Seguros y la aplicación de la defensa de pago en finiquito. Presentó evidencia, incluyendo un cheque por $1,181.40 pagado al Sr. Ureñas y su banco, el cual fue endosado y cobrado, identificando el pago como liquidación de la reclamación. El Sr. Ureñas se opuso, alegando que el consentimiento al pago en finiquito fue viciado y que la Ley 247-2018 no aplicaba a su caso. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de MAPFRE. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la Resolución y Orden recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de revisión judicial. El recurrente es el Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). El recurso busca la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar un recurso de revisión judicial del MVC. El caso original impugnaba una Resolución de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La controversia principal giraba en torno a los términos concedidos para la radicación de candidaturas para las elecciones de 2020. El MVC había solicitado una extensión de plazo debido a conflictos legales y eventos externos como sismos. La CEE había otorgado diferentes términos y extensiones a los partidos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, determina revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones falla a favor del recurso presentado por el MVC.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por una persona confinada contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnó la respuesta del DCR a su solicitud de remedio administrativo relacionada con la falta de servicio dental y la necesidad de una cita. Tras agotar los remedios administrativos, donde el DCR dio respuestas iniciales genéricas y luego programó una cita, el recurrente acudió al tribunal solicitando atención dental urgente. Durante el proceso judicial, el DCR informó que el recurrente ya había sido atendido por un dentista. El DCR argumentó que, al haberse realizado la consulta dental, la controversia se había tornado académica. La sentencia aborda la doctrina de la academicidad, que establece que los tribunales pierden jurisdicción sobre un caso cuando eventos posteriores hacen que la controversia pierda actualidad y el remedio solicitado no tenga efecto práctico. Se analiza si la atención dental recibida por el recurrente posterior a la presentación del recurso hace que su reclamo judicial sea académico.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por impericia médica profesional y responsabilidad hospitalaria. Los apelantes impugnan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la causa de acción heredada por prescripción. La demanda original fue presentada en mayo de 2018, alegando negligencia del doctor Miguel Báez Stella y el Hospital HIMA San Pablo-Bayamón. Los hechos se relacionan con una cirugía laparoscópica realizada en junio de 2016 al señor Ramos Cruz, quien falleció días después tras sufrir complicaciones y arrestos cardiacos. Los demandantes sostienen que la muerte fue consecuencia directa de actos negligentes del médico y fallas del hospital en su supervisión. El foro primario acogió las mociones de sentencia sumaria de los demandados, declarando prescrita la acción heredada. Tras revisar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar el dictamen parcial apelado. La controversia central gira en torno a la aplicación del término prescriptivo a la causa de acción por daños sufridos por el fallecido antes de su muerte, heredada por sus familiares.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de mala práctica legal. El apelante, Licenciado Manuel Martínez Umpierre, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación sumaria de una demanda de tercero presentada en su contra. La acción original fue instada por Damaris Lugo Mendoza contra el Licenciado David Efrón por alegada negligencia en el manejo de récords médicos. El Licenciado Efrón, a su vez, demandó a Martínez Umpierre como tercero, imputándole la responsabilidad por los daños reclamados por la señora Lugo Mendoza. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado sumariamente la acción contra la aseguradora AIG, pero no así la reclamación contra Martínez Umpierre. El apelado, Licenciado Efrón, solicitó la desestimación del recurso apelativo por supuestos defectos procesales, lo cual fue denegado por el Tribunal de Apelaciones. Al evaluar los méritos de la apelación, el foro apelativo confirmó el dictamen recurrido. En consecuencia, la reclamación de tercero presentada por David Efrón contra Manuel Martínez Umpierre no fue desestimada sumariamente y continuará su curso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia sobre un escrito presentado por el señor Andrés Santana Hiraldo. El señor Santana solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que supuestamente declaró no ha lugar un recurso de Mandamus. Sin embargo, su escrito careció de la resolución recurrida y de documentos necesarios para acreditar la interrupción del término. Tampoco incluyó escritos relevantes del expediente de instancia ni discutió adecuadamente los señalamientos de error formulados. El Tribunal determinó que el escrito no cumplía con los requisitos procesales para ser un recurso revisable. Conforme a su reglamento, el Tribunal puede desestimar recursos que no se hayan perfeccionado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el escrito del señor Santana por incumplir con las Reglas 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se ordena la notificación de la sentencia al Departamento de Corrección y Rehabilitación, al Administrador de Corrección para entrega al confinado, y al Procurador General.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari. El peticionario, José D. González Montañez, solicita la revisión de una Orden de Protección Ex Parte emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Carolina. La orden fue dictada a favor de Guillermo Pérez Cruz y María C. Suárez, quienes presentaron una petición bajo la Ley de Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada. Los recurridos alegaron que el alto volumen de la música del peticionario constituía maltrato, afectando su descanso, tranquilidad y salud. El tribunal de instancia emitió la orden ex parte, requiriendo al peticionario cesar la música alta y remover bocinas, al determinar que existía probabilidad de riesgo de maltrato. La orden fue dictada sin la presencia del peticionario y con una vigencia de 95 días. González Montañez impugna la orden por haber sido emitida ex parte y por su duración excesiva, alegando abuso de discreción. Los recurridos no comparecieron ni respondieron al recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones procederá a adjudicar el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso original es un cobro de dinero instado por Oriental Bank contra la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico (AMPPR). Oriental Bank obtuvo una sentencia final a su favor por una suma considerable. Posteriormente, Oriental Bank compensó ("set off") \$6,017.38 de una cuenta de la AMPPR. La AMPPR alegó que estos fondos eran legislativos para impacto comunitario y no embargables. El Tribunal de Primera Instancia sostuvo la corrección de la acción de Oriental Bank. La AMPPR solicitó la revisión de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó la Resolución del foro primario. Ordenó devolver el caso para la celebración de una vista evidenciaria sobre la naturaleza de los fondos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por el Ministerio Público. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia en casos criminales por asesinato, robo agravado y otros delitos graves. La disputa principal se centra en la admisibilidad de un video grabado por cámaras de seguridad del negocio donde ocurrieron los hechos. El Ministerio Público solicitó la admisión del video como evidencia real durante el juicio. La defensa objetó, argumentando la ausencia de una cadena de custodia adecuada para el sistema DVR y el video extraído. El foro primario denegó la admisión del video y el testimonio del agente que lo extrajo. La denegatoria se basó en que, al presentarse como evidencia real, era indispensable establecer la cadena de custodia conforme a la Regla 901(B)(13) de Evidencia. El Ministerio Público recurre esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sammy Báez Figueroa, condenado en 2011 por veredicto de jurado no unánime, presentó una petición de Habeas Corpus tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en *Ramos v. Louisiana*. En *Ramos*, se estableció el requisito de veredictos unánimes en casos criminales, incorporando este derecho a los estados. Báez Figueroa argumentó que su condena, al no ser unánime, era ilegal y solicitó su excarcelación y un nuevo juicio. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró No Ha Lugar la petición y las mociones subsiguientes. El TPI fundamentó su decisión en que el caso *Ramos* no resolvió la retroactividad de la decisión a casos con sentencias finales y firmes. El Ministerio Público también se opuso, señalando que la doctrina de *Ramos* se limitaba a casos nuevos o no finales. Inconforme con la determinación del TPI, Báez Figueroa acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la resolución del TPI que denegó el Habeas Corpus y el nuevo juicio. El recurso busca determinar si la decisión de *Ramos v. Louisiana* aplica retroactivamente a una condena final y firme a través de un procedimiento de Habeas Corpus.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió la apelación de Santos I. Nazario Díaz contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de varios delitos, incluyendo asesinato en primer grado, y le impuso una pena de 214 años y 8 meses. Los cargos se relacionaban con hechos ocurridos en marzo de 2018 que resultaron en la muerte de un policía municipal y otra persona. El jurado emitió veredictos de culpabilidad por mayoría (10-2 y 9-3) en todos los cargos. Durante el proceso de apelación, el apelante invocó la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en *Ramos v. Louisiana*, que requiere veredictos unánimes en casos criminales graves, adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Conforme a esta nueva norma jurisprudencial, el Tribunal de Apelaciones determinó que los veredictos por mayoría eran inválidos. Por tanto, se revocó la sentencia apelada. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de un nuevo juicio.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación sobre una Sentencia Declaratoria. El apelante, Gilberto Lajara Castillo, impugnó decisiones de la Asociación de Residentes de Arbolada, Inc. y su presidente, Américo Montañez. La controversia principal giró en torno a la elegibilidad del Sr. Montañez para ocupar la presidencia, alegando el apelante que no cumplía con el requisito de titularidad de propiedad. El apelante también cuestionó su propia destitución del puesto de tesorero de la junta directiva, la cual consideró ilegal y en represalia. Solicitó al tribunal declarar nulas las votaciones y ordenar la destitución de Montañez y su reinstalación. Los apelados argumentaron que Montañez era elegible mediante proxy y que la destitución del apelante se debió a incumplimiento. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del apelante y confirmó las decisiones impugnadas. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La decisión valida el curso decisorio elegido por la junta de residentes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una condena por escalamiento agravado y apropiación ilegal. El apelante, William Matos Santiago, fue hallado culpable por el Tribunal de Primera Instancia. Su recurso de apelación alega que la prueba presentada no lo identificó como el autor de los delitos ni probó su culpabilidad más allá de duda razonable. El tribunal procede a examinar la prueba desfilada en el juicio. Se detalla el testimonio de un vecino que conocía al apelante y al perjudicado. Este testigo revisó grabaciones de sus cámaras de seguridad tras el incidente. Observó a una persona llegar en el vehículo distintivo del apelante, entrar a la propiedad del perjudicado, sustraer una manguera y un carrito, y marcharse en el mismo vehículo. El vecino identificó al apelante por su estatura y modo de caminar, a pesar de no ver su rostro en el video.

Resumen:

Resumen:

Sentencia de un panel del Tribunal de Apelaciones que atiende una Petición de Certiorari presentada por General Decor Manufacturing, Inc. La petición impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que autorizó a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) a enmendar su petición de expropiación. Dicha enmienda resultó en un desistimiento parcial de terrenos previamente expropiados a General Decor. El TPI permitió a AFI desistir de una porción del predio, incluso con una construcción estatal, basándose en que era parte de la zona marítimo-terrestre, sin dirimir su naturaleza privativa o pública. El caso original de expropiación forzosa inició en 2007 por AFI para adquirir propiedades de General Decor para el Parque del Litoral. General Decor contestó la compensación ofrecida y reclamó daños por pérdidas de negocio. La solicitud de enmienda de AFI para excluir una parte de la parcela MLD-028 fue el origen de la resolución del TPI ahora apelada. General Decor presentó una moción de reconsideración que fue declarada "No Ha Lugar" por el TPI.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para apelar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia declaró Con Lugar un Recurso Especial de Revisión Judicial presentado por William Vázquez Irizarry bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Núm. 141-2019). Vázquez Irizarry solicitó información detallada sobre créditos contributivos para proyectos fílmicos gestionados por el DDEC entre 2015 y 2020. El DDEC denegó la mayor parte de la solicitud, alegando que la información era confidencial, privilegiada y contenía secretos de negocios e información contributiva protegida por ley. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el DDEC no cumplió con la carga probatoria para justificar la denegatoria y ordenó la divulgación de toda la información solicitada en 13 incisos. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso del DDEC como certiorari, conforme a la Ley Núm. 141-2019. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari. Modifica la Resolución recurrida y, así modificada, la confirma. En consecuencia, declara No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción presentada por el DDEC.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El apelante, John Solá Ordóñez, buscaba la revisión de una Sentencia Sumaria Parcial que le ordenó pagar \$87,000 más intereses a los apelados, Ramiro Lladó Martínez y Lissette Marín Aponte, en un caso de cobro de honorarios de abogado. Los apelados solicitaron la desestimación del recurso por vicios en su perfeccionamiento, específicamente la falta de notificación oportuna a su dirección correcta. El Tribunal de Apelaciones requirió al apelante mostrar causa por la notificación inoficiosa. Ante el incumplimiento del apelante con dicha orden, los apelados reiteraron su solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Se explica que la ausencia de jurisdicción es insubsanable y conlleva la desestimación del caso sin entrar en los méritos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Aurea Aguirre Morales contra Mapfre. La apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de la señora Aguirre Morales por incumplimiento de contrato. La demandante alegó que Mapfre incumplió la póliza de seguro al no pagar adecuadamente los daños causados por el huracán María a su propiedad y actuó de mala fe. Mapfre solicitó sentencia sumaria, argumentando que la apelante aceptó el pago ofrecido al endosar un cheque, liberando así a la aseguradora de responsabilidad. La apelante se opuso, aduciendo que Mapfre la indujo a aceptar el pago mediante engaño y falsa representación. Sostuvo que la aseguradora no explicó adecuadamente el ajuste ni la cubierta y no levantó la defensa de pago en finiquito en su contestación. La apelante identificó controversias de hecho genuinas, incluyendo la alegada inspección deficiente de la propiedad y el incumplimiento de Mapfre con las regulaciones de seguros. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si procedía dictar sentencia sumaria ante las controversias planteadas.

Resumen:

En un pleito de cobro de dinero y daños, la jueza Rebecca De León Ríos denegó una moción de sentencia sumaria presentada por el demandante, señor Valdés. La jueza determinó que la moción no cumplía con la Regla 36 y ordenó al demandante obtener representación legal en 30 días, bajo apercibimiento de archivo. El señor Valdés solicitó la inhibición de la jueza, alegando violación al debido proceso y a su derecho a ser oído, argumentando su capacidad de representarse por derecho propio. El Tribunal de Primera Instancia, por voz del juez Ramón E. Meléndez Castro, denegó la recusación. El TPI resolvió que la solicitud no cumplía con la Regla 63 y que el demandante no demostró parcialidad personal, sino descontento con las decisiones de la jueza. Insatisfecho, el señor Valdés apeló la denegatoria, alegando que el TPI abusó de su discreción al no reconocer las violaciones constitucionales y éticas alegadas. El Tribunal de Apelaciones decidió eximir a la parte recurrida de presentar alegato en oposición para lograr un despacho más justo y eficiente del caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. El señor Jaime F. Cruz Arce apeló una determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre una moción de desacato por falta de pago de pensión alimentaria presentada por la señora Brenda Liz Román Agosto. La controversia giró en torno al cumplimiento de una estipulación de pensión de \$900 mensuales para los menores, frente a alegados acuerdos informales y periodos en que los hijos no estuvieron bajo la custodia de la madre. El foro primario realizó determinaciones de hechos sobre la custodia, residencia y la estipulación original de pensión alimentaria. También señaló una vista evidenciaria para dilucidar pagos de colegio realizados por las partes. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Lilliam R. Pérez Félix contra Mapfre Pan American Insurance Company. El recurso de apelación busca revocar una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de Pérez Félix. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños por la subestimación de pérdidas aseguradas tras el Huracán María. Mapfre solicitó sentencia sumaria argumentando que la doctrina de pago en finiquito aplicaba, ya que la apelante había cobrado un cheque presentado como pago total y final. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento y desestimó la demanda con perjuicio. La apelante sostuvo que Mapfre subestimó los daños y actuó de mala fe. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó que no procedía la sentencia sumaria basada en el pago en finiquito y, por consiguiente, revocó la Sentencia apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Miguel A. Quiñones Colberg. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de desahucio por falta de pago y cobro de dinero contra Luis Oliveras Veras y Sixta Rosado Martínez. El TPI, tras recibir la contestación y reconvención de los recurridos, ordenó de oficio que el procedimiento continuara por la vía ordinaria. Los recurridos alegaron novaciones verbales al contrato de arrendamiento y la necesidad de reparaciones por daños de Huracán María que el peticionario rehusó realizar, afectando su negocio y capacidad de pago. El peticionario argumentó que el TPI erró al convertir el caso a la vía ordinaria sin que los recurridos probaran la procedencia de dicha conversión. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes impugnan una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que reinstaló una sentencia sumaria previa a favor de los apelados. La acción original fue incoada por los apelados en 2013, alegando el incumplimiento de los apelantes en el pago de una deuda hipotecaria originada en un contrato de compraventa de 2010. La demanda reclamaba un principal de \$126,730 más intereses y penalidades, solicitando el pago o la ejecución de la garantía. Durante el proceso, los apelantes lograron la paralización de los procedimientos en 2014, amparándose en la Servicemembers Civil Relief Act debido al servicio militar de uno de ellos. Posteriormente, los apelados solicitaron sentencia sumaria, argumentando la exigibilidad y liquidez de la deuda sin controversia de hechos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Se presenta una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó la descalificación de Juan M. Cruzado Laureano como precandidato a la gobernación en la primaria del Partido Popular Democrático. El Secretario General del PPD descalificó al apelante basándose en el Artículo 196(1) del Reglamento del partido, que prohíbe aspirar a quienes hayan sido convictos de delitos que impliquen depravación moral. La Junta de Gobierno del PPD confirmó esta decisión tras una apelación interna. Inconforme, el señor Cruzado Laureano acudió al Tribunal de Primera Instancia mediante un Recurso de Revisión, alegando una aplicación selectiva y discriminatoria del reglamento y la falta de una audiencia. El PPD argumentó que no hubo discriminación ilegal. El Tribunal de Primera Instancia denegó el recurso y confirmó la descalificación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio en precario. Georgie Figueroa Colón apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra José A. Mora Camacho y Nélida Colón Collazo. Figueroa Colón, como co-dueño de una propiedad heredada, buscaba desalojar a Mora Camacho, quien la ocupaba con permiso de la otra co-dueña, su madre. Alegó que Mora Camacho no tenía título ni interés propietario y le impedía usar la propiedad. La parte demandada solicitó la desestimación y alegó que la acción era una represalia. El Tribunal de Primera Instancia, tras la vista, declaró No Ha Lugar la demanda de desahucio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por Figueroa Colón. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la acción de desahucio.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, resolviendo una apelación de la Sra. Leslie Ann Hernández Lebrón. La apelante recurrió una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus causas de acción contra CFS of Puerto Rico. La señora Hernández había instado una acción derivativa y solicitado la disolución y liquidación de CFS, alegando tener legitimación activa como heredera o "equitable owner" de acciones. Posteriormente, añadió una reclamación para descorrer el velo corporativo. CFS solicitó la desestimación argumentando que la apelante carecía de legitimación por no ser accionista, oficial o directora. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reclamaciones. El panel de jueces revisó la apelación y los argumentos de las partes. La Sentencia Parcial apelada fue confirmada, manteniendo la desestimación de las pretensiones de la señora Hernández.

Resumen:

Resumen:

Este recurso de apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por Reverse Mortgage Solutions, Inc. contra Isabel Reina Álvarez Chacón y otros. La deuda hipotecaria subyacente había sido previamente descargada en un proceso de quiebra federal. A pesar de ello, Reverse Mortgage presentó la demanda, la cual fue eventualmente desestimada con perjuicio por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, el tribunal de instancia no impuso el pago de honorarios de abogado a Reverse Mortgage. La señora Álvarez apeló esta decisión, argumentando que procedía la imposición de costas y honorarios. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación presentada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción para atender la apelación.

Resumen:

Una persona confinada, Mariluz Figueroa Colón, presentó una petición de certiorari a manuscrito solicitando la modificación de su sentencia. Alegó que el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución declarando "No Ha Lugar" a una solicitud previa. Sin embargo, la peticionaria no incluyó copia alguna de la moción o de la determinación del tribunal inferior que pretendía recurrir. El Tribunal de Apelaciones revisa las decisiones del Tribunal de Primera Instancia mediante certiorari, pero exige el cumplimiento riguroso de las reglas procesales apelativas. El perfeccionamiento de un recurso requiere la inclusión de un apéndice con documentos esenciales, como la decisión cuya revisión se solicita. La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones detalla los requisitos para la petición y su apéndice. El incumplimiento de estas normas puede resultar en la desestimación del recurso. Esta resolución aborda la deficiencia procesal de la petición presentada por la señora Figueroa Colón.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de custodia. El apelante, José A. De la Texera Rojas, impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que otorgó la custodia del menor a la apelada, Priscilla M. Newby López. El foro primario mantuvo la patria potestad compartida y estableció las relaciones paternofiliales, acogiendo las recomendaciones de un informe social. La apelada inició el pleito solicitando la custodia, alegando actos de violencia doméstica del apelante en presencia del menor y solicitando evaluaciones psicológicas y pruebas de dopaje. El apelante contestó negando las alegaciones y reconvino solicitando la custodia para sí, argumentando que su hogar ofrecía un mejor ambiente para el menor. Tras revisar el tracto procesal y los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resumen:

Se trata de una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Sunergy, Inc. recurre una Resolución y Orden de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La OMA ordenó a Sunergy compensar a los exempleados Héctor E. Villanueva Balasquide y Roberto Silvestre Pérez. Las sumas adeudadas ascienden a \$11,265.00 y \$17,817.70, respectivamente. Estos montos corresponden a salarios no pagados y penalidades, conforme a la Ley de Pago de Salarios. Los empleados iniciaron el proceso tras recibir cheques sin fondos de Sunergy. La empresa no pagó las deudas salariales ni compareció a la mediación. Sunergy tampoco contestó las querellas consolidadas ante la OMA, a pesar de ser debidamente notificado. La OMA emitió su resolución ordenando los pagos ante la incomparecencia y falta de respuesta del patrono. El Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución y Orden impugnada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa instado por Ensy Corporation. Ensy impugna la adjudicación de la Subasta 13/2019-2020 del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina a Vargas Air Conditioning, Inc. La subasta se refería a la adquisición e instalación de un "chiller" para la Casa Alcaldía. Ensy alegó que su oferta era la más favorable económicamente y que la Junta de Subastas erró al descartarla y al no justificar adecuadamente la adjudicación a Vargas. Este recurso sigue a uno anterior de Ensy sobre la misma subasta, el cual fue desestimado por prematuro debido a una notificación de adjudicación inicial insuficiente. Tras una nueva notificación por parte de la Junta, Ensy presentó este segundo recurso. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso actual. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción por considerar que el recurso es prematuro.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre desahucio y cobro de dinero. El apelante impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenaba desalojar una propiedad y pagar \$1,600 por cánones de arrendamiento vencidos. El Tribunal de Apelaciones requirió al apelante cumplir con las Reglas 13(B) y 14(B) de su Reglamento para perfeccionar el recurso. A pesar de múltiples resoluciones y advertencias, el apelante no evidenció el cumplimiento con dichas reglas. El apelado presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción debido a este incumplimiento. El Tribunal concedió al apelante un plazo perentorio para mostrar causa por la cual no debía desestimarse el recurso. Al no responder el apelante a este último requerimiento, el Tribunal procedió a resolver. Se reitera la obligación de los recurrentes de cumplir con los preceptos reglamentarios para la tramitación de apelaciones. Ante el incumplimiento reiterado del apelante con las Reglas 13(B) y 14(B), el Tribunal desestima el presente recurso de apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de apelación instado por varios individuos y corporaciones contra la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. El recurso proviene de un caso sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños. La parte apelada solicitó la desestimación del recurso por ser prematuro, alegando que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia no fue debidamente notificada a todas las partes demandadas y apelantes. El Tribunal de Apelaciones examinó los autos y confirmó que la notificación de la sentencia recurrida no se realizó a todos los demandados, incluyendo corporaciones sin representación legal. Se reitera que la notificación adecuada de un dictamen final es un requisito indispensable del debido proceso de ley y afecta la jurisdicción del tribunal revisor. Al no haberse notificado correctamente la sentencia a todas las partes, el recurso de apelación fue presentado prematuramente. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. Se desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción al ser prematuro.

Resumen:

El caso se origina en una reclamación de alimentos para dos menores de edad, hijos de las partes. Un Evaluador Profesional de Alimentos (EPA) recomendó una pensión final de $717.84 mensuales, la cual fue adoptada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). La madre solicitó reconsideración, argumentando que la reducción de ingresos del padre fue voluntaria para evadir su responsabilidad alimentaria. Alegó que procedía aplicar la doctrina de ingreso imputado basada en el historial de trabajo y capacidad del padre. El padre se opuso a la solicitud de reconsideración. El TPI denegó la reconsideración, adoptando la recomendación del EPA. Insatisfecha, la madre presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En su recurso, alega que el TPI erró al considerar la reducción salarial voluntaria y al no imputar ingresos conforme a las guías y la capacidad del padre. También señala como error la falta de consideración de posibles ingresos de SUDECO. El recurso está perfeccionado y listo para adjudicación, ya que el apelado no presentó su alegato en oposición.

Resumen:

Ángel L. Ortiz González, un confinado, presentó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando el cumplimiento de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden, emitida el 13 de enero de 2020, requería que su abogado le entregara el expediente de su caso en un término de 45 días. El peticionario alegó que el abogado no había cumplido con esta ni con órdenes previas similares. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción sobre el recurso presentado. Determinó que la orden del foro primario, notificada el 17 de enero de 2020, concedía al abogado hasta el 2 de marzo de 2020 para cumplir. Dado que el peticionario presentó su auto de certiorari el 24 de febrero de 2020, antes de que venciera el término de cumplimiento, el Tribunal concluyó que el recurso era prematuro. La presentación de un recurso prematuro constituye una falta de jurisdicción insubsanable. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el auto de certiorari por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de certiorari relacionado con un divorcio. El Sr. Manuel Valenzuela Morillo solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La decisión del TPI denegó su moción de reconsideración y mantuvo una orden para la venta de un inmueble. El TPI había interpretado que la sentencia de divorcio cedió la participación del Sr. Valenzuela en la propiedad a la Sra. Martínez. El peticionario alegaba la existencia de un acuerdo verbal posterior sobre la propiedad. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso presentado. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción para conocer del asunto. Se subraya que la jurisdicción es un requisito ineludible que los tribunales deben verificar de oficio. La ausencia de jurisdicción impide al tribunal entrar a considerar los méritos de la reclamación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una petición de certiorari presentada por Triple S Propiedad, Inc. Triple S solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por el Colegio Lomas Verdes contra Triple S tras el Huracán María. El Colegio alega que Triple S subvaloró los daños a la propiedad y denegó cubierta por pérdida de ingresos. Triple S sostiene que ajustó la reclamación de forma justa y pagó según las cotizaciones del Colegio. La moción de sentencia sumaria de Triple S se basó en la doctrina de pago en finiquito, argumentando que el Colegio aceptó un cheque como pago total. El Colegio se opuso, alegando que Triple S incumplió requisitos del Código de Seguros y que el pago no cubría la pérdida de ingresos. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar si el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al denegar la sentencia sumaria.

Resumen:

Resumen:

Se presentó una demanda por alegado incumplimiento de contrato, ante la cual la parte demandada solicitó sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. La parte peticionaria impugnó esta decisión mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Al revisar la sentencia recurrida, el Tribunal de Apelaciones detectó una insuficiencia procesal. Esta deficiencia impide al tribunal ejercer su facultad revisora sobre el caso. La Regla 36.4 de Procedimiento Civil exige que al denegar una sentencia sumaria, el tribunal determine los hechos controvertidos e incontrovertidos esenciales. La insuficiencia procesal probablemente se relaciona con el incumplimiento de este requisito. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones dispone del recurso de certiorari sin la comparecencia de la parte recurrida.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Coamo mediante un recurso de certiorari. El peticionario, Luis M. Colón Carbó, solicita la revisión de un dictamen del TPI que le exige presentar un pleito independiente para anular una sentencia previa. El caso original es una acción negatoria de posesión y ratificación de derecho de propiedad incoada por los recurridos contra John Doe y Richard Roe. Los demandantes alegaron desconocer la identidad de los invasores de su finca y solicitaron emplazamiento por edicto, el cual fue autorizado y publicado. Al no comparecer los demandados tras el emplazamiento por edicto, el TPI anotó la rebeldía contra John Doe y Richard Roe. La resolución del TPI objeto del certiorari declaró Ha Lugar una moción de reconsideración de los demandantes, manteniendo la determinación de que el peticionario debía incoar un pleito de nulidad separado. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar los fundamentos de esta resolución.

Resumen:

Popular Auto, LLC apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda sin perjuicio. La desestimación se fundamentó en que Popular Auto no diligenció el emplazamiento a todos los codemandados dentro del término de 120 días de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Popular Auto presentó la demanda y logró emplazar a algunos codemandados, pero no a otros a pesar de múltiples gestiones. Dentro del término de 120 días, Popular Auto solicitó el emplazamiento por edicto de los codemandados no localizados, anejando declaraciones juradas de las gestiones realizadas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, interpretando que se había excedido el término para emplazar conforme a la jurisprudencia. Popular Auto solicitó reconsideración y apeló, argumentando que su solicitud oportuna de emplazamiento por edicto con prueba de diligencia cumplía con la regla. Tras evaluar el trámite procesal y el derecho aplicable, el panel apelativo revocó la sentencia apelada.

Resumen:

Un confinado presentó un recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones solicitando que se ordenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación su remoción de custodia protectiva y su ingreso a la población general. El Departamento se opuso, argumentando que el peticionario no agotó los remedios administrativos, que no existía un deber ministerial y que el recurso presentaba defectos formales. El Tribunal explicó que el mandamus es un remedio discrecional para hacer cumplir deberes ministeriales claros, no actos discrecionales. Al examinar el recurso, encontró que adolecía de defectos, como la falta de una declaración jurada y documentos que evidenciaran un requerimiento previo a la agencia. Además, determinó que el cambio de custodia de un confinado no constituye un deber ministerial, sino que implica el ejercicio de discreción administrativa por parte de las autoridades carcelarias. Dada la presencia de defectos formales y la ausencia de un deber ministerial, el Tribunal desestimó el recurso de mandamus.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso entre el Municipio de Carolina y Lilly del Caribe, Inc. El Municipio apeló la decisión del TPI, buscando revocarla. La controversia principal gira en torno a la responsabilidad tributaria de Lilly Inc. respecto al pago de patentes municipales. El Municipio reclamó una deficiencia de más de $12.4 millones por los años fiscales 2009-2010 a 2013-2014. Alegó que Lilly reclamó indebidamente una exención sobre ingresos de exportación de productos no autorizados específicamente en su decreto de Zona de Comercio Exterior. Lilly Inc. impugnó la deficiencia, argumentando que la exención aplica a todo ingreso de exportación desde una Zona de Comercio Exterior. También sostuvo que el Municipio estaba impedido de tasar deficiencias para ciertos años por prescripción y un acuerdo previo. Además, consideró ilegal la denegación del descuento por pronto pago.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Fidelity and Deposit Company of Maryland y el Municipio Autónomo de Toa Alta. La apelación impugna una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Lord Electric Company of Puerto Rico. Lord Electric, subcontratista, demandó al Municipio y a Fidelity (fiadora) reclamando el pago por materiales y mano de obra suministrados para la construcción del Terminal de Carros Públicos y Edificio Multiusos del Municipio de Toa Alta. La obra fue contratada con OSSAM Construction, Inc. como contratista general. Lord Electric basó su reclamo en una acción directa contra el dueño de la obra y en la fianza de pago emitida por Fidelity. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado a Fidelity el pago de \$279,649.14 a Lord Electric. Fidelity apeló dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Sumaria Parcial.

Resumen: