Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 191)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos querellas consolidadas (KLEM202000005 y KLEM202000009). Las querellas fueron presentadas por Yaramary Torres Reyes y el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático. Ambos querellantes solicitaron la destitución del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Juan E. Dávila Rivera. La solicitud se basó en alegada negligencia crasa, conforme al Artículo 3.9(4) del Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020). Dicho artículo confiere jurisdicción a un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para atender estas querellas. Inicialmente, el tribunal requirió a las partes mostrar causa sobre la legitimación activa de los querellantes. Tras evaluar las mociones, el tribunal determinó que ambos querellantes poseían legitimación activa. Consecuentemente, se ordenó la consolidación de ambos casos. La sentencia procede a discutir el principio de justiciabilidad, que limita el poder judicial a casos y controversias reales y respeta la separación de poderes. Este análisis de justiciabilidad sienta las bases para determinar si el tribunal puede resolver el fondo de la solicitud de destitución.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El Hospital Auxilio Mutuo solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una orden ex parte para la ubicación inmediata de una paciente de edad avanzada, incapacitada y sin familiar conocido, bajo la custodia del Departamento de la Familia. La paciente, Isidra Sánchez Delance, estaba lista para ser dada de alta pero no podía valerse por sí misma. El hospital había referido previamente el caso al Departamento de la Familia sin obtener respuesta. El Tribunal de Primera Instancia optó por referir el asunto a investigación y citar a una vista posterior. El Hospital Auxilio Mutuo argumentó que la Sala Municipal incidió al no conceder la orden ex parte ni la ubicación inmediata. El Tribunal de Apelaciones evaluó el caso a la luz de la Ley 121-2019, que establece la protección y derechos de los adultos mayores. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error, expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Jesús Nieves Dalmau, impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La decisión recurrida dejó sin efecto una sentencia previa que desestimó la demanda de Expo Kitchen \& More Distributors. El caso se centra en las dificultades y gestiones de la parte demandante para emplazar al peticionario. Se detallan intentos fallidos de emplazamiento digital y personal, así como múltiples solicitudes y problemas con la expedición y publicación de emplazamientos por edicto. La Secretaría del tribunal incurrió en errores al expedir los edictos, lo que requirió gestiones adicionales de la demandante. La parte demandante solicitó extensiones de término y presentó declaraciones juradas sobre la imposibilidad de emplazar personalmente. Tras revisar el historial procesal, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta denegatoria valida la decisión del foro primario de reconsiderar y reactivar el pleito de cobro de dinero.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por la Sra. Isabel Abislaimán Quílez. La peticionaria solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de intervención en un pleito. Dicho pleito fue instado por el Condominio Caleta de las Monjas contra Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato de seguro tras el Huracán María. El Condominio reclamó daños y perjuicios luego de que Triple-S denegara su reclamación, alegando que el deducible superaba los daños cubiertos. La Sra. Abislaimán, titular de un apartamento, buscó intervenir argumentando ser parte asegurada adicional y parte indispensable. Alegó que las condiciones exteriores afectaban su unidad y que el Condominio no le había provisto información sobre la reclamación. El foro primario denegó la intervención, concluyendo que los titulares individuales no eran asegurados en la póliza en controversia. Por los fundamentos expuestos en la Resolución, el Tribunal de Apelaciones procede a denegar el auto de certiorari solicitado.

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Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre declaración de incapacidad y nombramiento de tutor. La peticionaria solicitó la incapacidad de su hijo adulto con Trastorno del Espectro de Autismo y ser nombrada tutora. La controversia principal surgió sobre si las psicólogas con experiencia en autismo cualifican como "facultativos" bajo el Código Civil para rendir testimonio pericial sobre la incapacidad. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) determinó que solo se requiere el testimonio de un facultativo médico. La peticionaria argumentó que el término "facultativo" no se limita a médicos y presentó evidencia de la cualificación de las psicólogas y una certificación médica de apoyo. A pesar de la oposición del padre del joven, el TPI denegó la desestimación pero mantuvo su postura sobre el requisito del facultativo médico. La peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar la resolución del TPI que denegó la presentación de prueba pericial por psicólogas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso KLAN202000649, que involucra a El Pueblo de Puerto Rico y Francisco Valdés Pérez. El caso procede del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón y se relaciona con cargos criminales bajo los Artículos 142 y 277 del Código Penal. El Sr. Valdés Pérez presentó un escrito titulado "Apelación". El tribunal reclasificó dicho escrito como una petición de certiorari, al impugnar una decisión interlocutoria en el trámite penal. Tras estudiar la petición, el panel de jueces denegó la expedición del auto solicitado. La resolución fue acordada por el tribunal y certificada por la secretaria el 3 de septiembre de 2020.

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Se presentaron dos querellas ante un panel especial del Tribunal de Apelaciones solicitando la destitución del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Juan E. Dávila Rivera. Las querellas fueron incoadas por Yaramary Torres Reyes y el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, Lcdo. Nicolás Gautier Vega. Ambas acciones se fundamentan en alegada negligencia crasa en el desempeño de sus funciones, conforme al Artículo 3.9(4) del Código Electoral de Puerto Rico. El panel judicial, con jurisdicción conferida por dicho artículo, consolidó los casos KLEM202000005 y KLEM202000009. Previamente, el tribunal evaluó y determinó que ambos querellantes poseían legitimación activa para presentar las acciones. La sentencia procede a discutir el principio de justiciabilidad, un concepto que limita el poder judicial a resolver controversias reales y adversativas. Este principio asegura que los tribunales solo intervengan en asuntos apropiados para el proceso judicial, evitando inmiscuirse en áreas de otras ramas del gobierno. La discusión sobre justiciabilidad sienta las bases para el análisis del caso.

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Se presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La controversia surge de una demanda por daños presentada por los asegurados (Villas de Lomas Verdes et al.) contra la aseguradora (Triple S Propiedad, Inc.) por pérdidas tras el Huracán María. Los asegurados cedieron su interés en la reclamación a Attenure después de ocurrida la pérdida. Triple S solicitó la desestimación, argumentando que Attenure carecía de legitimación activa basándose en una cláusula de la póliza que prohíbe la cesión de derechos y deberes sin su consentimiento escrito. Los asegurados defendieron la cesión post-pérdida, indicando que solo transfirieron el interés en la reclamación específica y que esto no aumentó el riesgo ni perjudicó a la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación. Determinó que la cláusula anti-cesión de la póliza, aunque válida, no aplica a la cesión de un interés sobre una reclamación realizada después de ocurrida la pérdida asegurada. El foro primario razonó que una cesión post-pérdida no incrementa el riesgo para el asegurador, cuyas obligaciones ya están fijadas por el evento dañoso. Concluyó que Attenure tiene legitimación activa y que la aseguradora no sufrió perjuicio por los acuerdos de cesión.

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Querella presentada por Juan Dalmau Ramírez, Secretario General del PIP y candidato a la gobernación, solicitando la destitución del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Hon. Juan E. Dávila Rivera. La solicitud se fundamenta en el Artículo 3.9 del Código Electoral de 2020 y surge de los eventos ocurridos durante el proceso primarista del 9 de agosto de 2020. El querellante alega que la CEE y su Presidente incumplieron con la ley al no abrir los colegios electorales a la hora dispuesta y al no poder celebrar las primarias en más de dos terceras partes de los centros de votación. También cuestiona que presidentes de partidos, quienes eran candidatos, actuaran como portavoces de la CEE. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones fue designado para atender el caso. El tribunal emitió una resolución ordenando al querellante mostrar causa por falta de legitimación activa y solicitando la posición del querellado. El querellante no compareció dentro del término concedido. El querellado sí presentó su moción en cumplimiento. El tribunal procede a atender el caso conforme a la ley y la orden administrativa del Tribunal Supremo.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una querella presentada por el Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad y Edwardo García Rexach. La querella solicitaba la destitución del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan E. Dávila Rivera. Esta acción se fundamentaba en alegada negligencia al amparo del Artículo 3.9 del Código Electoral de 2020. Las alegaciones surgieron de los problemas encontrados durante las primarias del 9 de agosto de 2020. Se citaron problemas específicos, incluyendo fallas en la presentación de informes, manejo de materiales electorales, gestión de papeletas y retrasos en el escrutinio general. El tribunal, un panel especial designado por el Tribunal Supremo, emitió una resolución. Esta resolución requirió a los querellantes mostrar causa por la cual su querella no debía ser desestimada por falta de legitimación activa. Los querellantes no comparecieron dentro del término concedido. El querellado, el Presidente de la CEE, sí presentó una moción. Consecuentemente, el tribunal decidió prescindir de la comparecencia de la parte querellante debido a su incumplimiento.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una querella presentada contra el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). El querellante, un Representante del Partido Popular Democrático, solicita la destitución del Presidente de la CEE. La querella se fundamenta en una alegación de parcialidad manifiesta. Se alega que el Presidente de la CEE retuiteó una publicación de una persona identificada como estadista y proselitista del Partido Nuevo Progresista en su cuenta personal de Twitter. El querellante argumenta que este acto viola el Art. 3.008(1) del Código Electoral, que prohíbe la parcialidad manifiesta. También se alega la violación del Art. 4.2(s) de la Ley de Ética Gubernamental por poner en duda la imparcialidad de la función gubernamental. El Código Electoral dispone que estas querellas contra el Presidente de la CEE deben ser atendidas por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones. El documento detalla las alegaciones específicas y los fundamentos legales presentados por el querellante. El panel había emitido previamente una resolución requiriendo al querellante mostrar causa.

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Wilfredo Isaac Avilés presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud para que los testigos de cargo declararan sin mascarilla durante la vista preliminar. El TPI fundamentó su decisión en la emergencia por COVID-19 y la política judicial de uso de mascarillas, determinando que no se violaban los derechos constitucionales del peticionario. El Sr. Avilés argumentó que el uso de mascarillas infringía sus derechos a careo, confrontación, debido proceso y a evaluar la credibilidad de los testigos. El Ministerio Público se opuso a la solicitud inicial y el Procurador General se opuso al certiorari, citando una decisión reciente del Tribunal Supremo que avala el uso de mascarillas. Tras revisar los argumentos de ambas partes y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari. El peticionario, Ángel A. Rodríguez Rodríguez, solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha determinación denegó una moción de enmienda a su sentencia de 2010. Rodríguez Rodríguez alegaba que las penas impuestas por tentativa (Art. 199 y 198) debieron ser reducidas y que sus delitos no fueron reclasificados correctamente. El foro primario, al denegar la moción de 2020, hizo referencia a una resolución previa de 2015 que también había denegado una solicitud similar de corrección de sentencia. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones impugnando la pena fijada en su sentencia original. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su discreción, procedió a evaluar el recurso. Tras examinar el escrito, el Tribunal determinó denegar el recurso extraordinario solicitado. La resolución confirma la denegatoria del foro primario respecto a la solicitud de enmienda de sentencia del peticionario.

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Comparece MAPFRE PRAICO Insurance Company solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación Parcial. El pleito original fue instado por el Consejo de Titulares del Condominio Lago Vista II por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros tras los huracanes Irma y María. MAPFRE argumentó que la Ley 247-2018 no tiene efecto retroactivo y que las reclamaciones bajo esta ley no son acumulables con las de incumplimiento de contrato. El Consejo de Titulares sostuvo que la intención legislativa era la retroactividad para proteger a los afectados por los huracanes y que las reclamaciones son acumulables o surgen de hechos distintos. La resolución del panel judicial deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por MAPFRE.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de aseguradora por daños de huracán. La aseguradora solicitó sentencia sumaria alegando que la demandante aceptó un pago en finiquito al cambiar un cheque por \$985.30. La demandante reclamó daños significativamente mayores, alegando subestimación y mala fe de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta decisión. Concluyó que la aseguradora no demostró los hechos incontrovertidos requeridos para aplicar la doctrina de pago en finiquito. Específicamente, no probó que la oferta fuera justa, que brindó debida asistencia, que la asegurada entendió claramente la finalidad del pago, ni la ausencia de opresión. El récord no permitía la aplicación de dicha doctrina. Por consiguiente, la denegación de la sentencia sumaria fue correcta.

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Se inició un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por Banco Popular de Puerto Rico contra los recurridos. Condado 3 LLC se acumuló como parte demandante respecto a una causa de acción específica, tras adquirir los derechos de BPPR sobre un préstamo. BPPR y los recurridos transigieron el caso mediante un acuerdo privado. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia desestimando el caso con perjuicio, basándose en la transacción entre BPPR y los recurridos. Condado 3 solicitó aclaración, argumentando que la sentencia solo debía desestimar las causas de acción de BPPR, ya que no fue parte del acuerdo. El TPI denegó la aclaración y posteriormente una moción de relevo de sentencia presentada por Condado 3, quien insistía en que su causa de acción no debió ser desestimada. Condado 3 recurrió en certiorari la resolución del TPI que denegó el relevo de sentencia. El panel judicial expide el auto de certiorari y revoca la resolución recurrida del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión judicial presentado por el Sr. Abel Nazario Quiñones. El recurso impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una Querella de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La CEE solicitó la descalificación del Sr. Nazario Quiñones como candidato independiente para las elecciones de 2020. La base de la descalificación fue un veredicto de culpabilidad en su contra en un caso federal por delitos graves. La CEE invocó los artículos del Código Electoral que requieren no haber sido convicto de delito grave para ser candidato. El recurrente argumentó que no era "convicto" al no haberse dictado aún sentencia formal en el foro federal. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la controversia era de derecho sobre la interpretación del término "convicto". El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia recurrida.

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Una querella fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra Juan Ernesto Dávila Rivera, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). El querellante, Carlos J. López Feliciano, fundamenta la acción en el Artículo 3.9 del Código Electoral, que establece las causas para la destitución del Presidente de la CEE. Dicho artículo dispone que estas querellas deben ser atendidas por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones. La querella tiene su origen en los sucesos ocurridos durante el proceso primarista del 9 de agosto de 2020. El querellante alega que el Presidente de la CEE incumplió su deber de garantizar un proceso electoral puro, transparente e imparcial. Se le imputa haber ordenado tardíamente la impresión de papeletas, lo que provocó que no llegaran a numerosos centros de votación y precintos. La querella sostiene que el Presidente evadió su responsabilidad ejecutiva, culpando a los partidos políticos y sus comisionados. Además, se alega una violación al Código Electoral por reunirse con presidentes de partidos que eran candidatos durante la crisis. Un panel especial del Tribunal de Apelaciones fue designado para atender este caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. La acción fue iniciada por varios hoteles y condominios (la parte recurrente) contra la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (OPMSJ), impugnando la decisión de esta última de archivar la Querella Núm. 18OP-50297QC-SA. La parte recurrente presentó el recurso tras no obtener respuesta a una solicitud de reconsideración ante la OPMSJ. Clemenceau 2, LLC intervino en el proceso, y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) solicitó su desestimación del caso. La OPMSJ también solicitó la desestimación del recurso, argumentando que la parte recurrente debió haber acudido en revisión administrativa ante la OGPe o en revisión judicial directa, en lugar de solicitar reconsideración ante la OPMSJ. La OPMSJ basó su argumento de desestimación, en parte, en un error en la notificación de su propia determinación recurrida. La parte recurrente replicó que el error de notificación de la OPMSJ no debía perjudicar su derecho a la revisión judicial. El documento detalla el historial procesal y los argumentos de las partes en torno a la procedencia del recurso y las solicitudes de desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) contra Néstor Reyes Farm & Associates, Inc., operando como Granja Avícola Huevos Coquí. La JCA había emitido una Orden Administrativa basada en inspecciones de 2017, identificando ocho violaciones a reglamentos ambientales y condiciones de un permiso de operación. Estas violaciones incluían manejo inadecuado de desperdicios fecales y animales muertos, acumulación de gallinaza, generación de moscas y operación de un generador eléctrico sin permiso. Como resultado, la JCA propuso y posteriormente ordenó el pago de una multa administrativa total de $35,000. La JCA también emitió órdenes específicas para corregir las deficiencias encontradas en la granja. Néstor Reyes Farm apeló la Resolución de la JCA que acogió el informe del examinador y ordenó el pago de la multa. Tras evaluar el recurso y los documentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Resolución recurrida de la Junta de Calidad Ambiental.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Municipio Autónomo de Fajardo solicitando la revocación de una Resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), División Revisión Administrativa (DRA-OGPE). Mediante dicha resolución, la DRA-OGPE declaró No Ha Lugar la Solicitud de Revisión Administrativa presentada por el Municipio. La solicitud de revisión del Municipio se refería a un Permiso de Construcción expedido por la OGPe a Innovattel, LLC para una torre de telecomunicaciones. El Municipio alegó incumplimiento con el reglamento aplicable y falta de notificación a colindantes. El proceso administrativo incluyó argumentos sobre la jurisdicción de la OGPe y la proper notificación de la determinación final. La OGPe inicialmente dejó sin efecto el permiso por falta de notificación al Municipio, lo que generó un recurso de apelación previo por parte de Innovattel. Tras re-notificar el permiso, la DRA-OGPE finalmente denegó la revisión administrativa solicitada por el Municipio. El Tribunal de Apelaciones revisó esta última determinación de la DRA-OGPE. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal confirma el dictamen recurrido, manteniendo la denegatoria a la revisión administrativa del Municipio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. La recurrente, Dalian Rodríguez Ocaña, apeló una determinación del Comisionado de la Policía ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La apelación administrativa se relacionaba con una querella presentada por la recurrente contra el Sargento Abraham Tanco Nieves sobre medidas disciplinarias. La CIPA ordenó la paralización del procedimiento de apelación. Esta paralización se basó en la petición de quiebra del gobierno bajo el Título III de PROMESA y la aplicación del estatuto de paralización automática. La recurrente impugnó la orden de paralización de la CIPA ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que la paralización no aplicaba porque su caso no buscaba un remedio económico. El Procurador General coincidió con la recurrente en que el procedimiento no estaba sujeto a la paralización automática. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de la CIPA. Finalmente, el Tribunal revocó la orden de la CIPA que decretó la paralización del proceso de apelación administrativa.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, presentado por Jimmy L. Santos Pérez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El caso se relaciona con una respuesta a reconsideración sobre la evaluación del Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. El recurrente, Jimmy L. Santos Pérez, presentó una moción solicitando el desistimiento con perjuicio del recurso de revisión. El Tribunal de Apelaciones, Panel X, atendió dicha moción. Mediante Sentencia emitida el 31 de agosto de 2020, el Tribunal declaró Con Lugar la moción. Acogiendo la solicitud del recurrente, se dictó Sentencia de Desistimiento Con Perjuicio. Esta sentencia ordena el cierre y archivo definitivo del presente recurso de revisión judicial. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión administrativa solicitada por un confinado. El recurrente, Ángel L. Nieves González, impugna la denegatoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación a su solicitud para ser considerado en el Programa Centro Tratamiento Residencial Arecibo. La Agencia denegó la solicitud inicial por no cumplir criterios de elegibilidad. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la Agencia al considerar que fue presentada fuera del término reglamentario. El recurrente apeló ante el Tribunal, argumentando que envió la reconsideración a tiempo y que la demora fue en la recepción por la Agencia. El Tribunal, antes de evaluar el fondo, debe determinar si posee jurisdicción para atender el recurso. La jurisdicción depende de la puntualidad en la presentación del recurso judicial. Esto requiere evaluar si la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada a tiempo, según la controversia planteada por las partes. La falta de jurisdicción por presentación tardía es un defecto insubsanable que lleva a la desestimación del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Platinum Care Management Group, LLC contra ASSMCA. Platinum impugnó el Aviso de Adjudicación de Propuesta (RFP) para Servicios de Enfermería en facilidades de ASSMCA. ASSMCA había seleccionado a Edwin Cardona & Asociados, Inc. tras un proceso de evaluación de propuestas. Platinum alegó que el aviso de adjudicación carecía de los fundamentos requeridos por ley. Tras un intento fallido de revisión administrativa, Platinum recurrió al foro apelativo. El tribunal consideró que, aunque los RFP permiten negociación, deben cumplir con requisitos de transparencia y justificación en la adjudicación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones determinó dejar sin efecto el Aviso de Adjudicación de Propuesta emitido por ASSMCA.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Sr. Arnaldo L. Marrero Rodríguez. El Sr. Marrero solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para desestimar una demanda de cobro de dinero. La demanda fue presentada por la Asociación de Residentes de Caguas Real & Mansiones del Golf por cuotas de mantenimiento atrasadas. El argumento principal del Sr. Marrero para la desestimación fue la supuesta falta de legitimación activa de la Asociación. Alegó que la Asociación no se constituyó según los requisitos de la escritura original, que exigía la venta y entrega del 75% de las unidades. La Asociación, por su parte, sostuvo que se formó válidamente por los titulares ante el incumplimiento del desarrollador, está debidamente incorporada y cuenta con un reglamento que la autoriza a cobrar las cuotas. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN201700290. El Municipio de Isabela apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una acción de reembolso presentada por Ferrovial Agroman, LLC. Ferrovial solicitó el reembolso de arbitrios de construcción pagados al Municipio, alegando que se le impuso una cantidad en exceso. La disputa surgió del cálculo de los arbitrios sobre un proyecto de construcción de carretera, donde Ferrovial realizó diversas deducciones a la base tributable. Ferrovial dedujo costos por actividades temporeras, estudios, diseño, permisos y servicios legales, argumentando que no estaban sujetos al arbitrio o eran permisibles. El Tribunal de Primera Instancia validó las deducciones de Ferrovial y ordenó el reembolso. Tras examinar los argumentos de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia recurrida.

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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Villa Coop Agustín Burgos apeló la desestimación de su demanda contra el Municipio Autónomo de Villalba. Villa Coop reclamaba el reintegro de \$111,579 pagados en concepto de arbitrios de construcción, alegando una exención contributiva. Inicialmente, la cooperativa presentó una demanda sin agotar el procedimiento administrativo ante el Municipio. El Tribunal de Primera Instancia desestimó esa primera demanda en 2015 por falta de jurisdicción, aplicando la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. Posteriormente, en 2018, el Departamento de Finanzas del Municipio denegó formalmente la solicitud de reintegro de Villa Coop. A pesar de la denegación administrativa, Villa Coop presentó una nueva demanda de cobro de dinero en 2018, reiterando sus argumentos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta segunda demanda. La Cooperativa apeló esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la desestimación de la demanda apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende la apelación presentada por Josué Torres Santiago. El apelante fue declarado culpable en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce por tentativa de agresión sexual y maltrato de menor, delitos cometidos contra un menor. Fue sentenciado a cumplir quince años de prisión de forma concurrente por ambas convicciones. Torres Santiago impugna la sentencia, argumentando que el foro primario erró al declararlo culpable sin prueba suficiente. El proceso apelativo incluyó la orden y recepción de la transcripción del juicio. Surgieron complicaciones procesales relacionadas con la notificación de documentos, especialmente la transcripción, al apelante. Torres Santiago compareció en varias ocasiones por derecho propio, expresando preocupaciones sobre la notificación y la asistencia de su abogado. También manifestó interés en plantear perjurio y presentar un alegato apelativo por derecho propio. El documento detalla el historial procesal del caso en apelación hasta el momento de la sentencia. Describe los pasos dados por las partes y el tribunal para tramitar el recurso y atender las solicitudes del apelante.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revoca una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato contra una aseguradora. La demanda fue presentada por asegurados reclamando daños a su propiedad causados por el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia había aplicado la doctrina de "pago en finiquito" para justificar la desestimación. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que el récord no demostraba, como hechos incontrovertidos, los elementos necesarios para aplicar dicha doctrina. Específicamente, no se probó que la aseguradora hiciera una oferta justa, brindara debida orientación, que los asegurados aceptaran el pago como transacción final, o que no mediara opresión. La aseguradora había enviado un cheque parcial tras una apelación inicial de los asegurados, quienes reclamaban una cantidad significativamente mayor. La sentencia apelada erró al concluir sumariamente que el pago parcial constituía una transacción final que extinguía la reclamación.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Donald T. Allen y Karen H. Allen, apelantes, contra TLS Management and Marketing Services, LLC, apelada. Solicitan la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dicha Sentencia declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria presentada por TLS. Como resultado, el foro primario desestimó la Reconvención presentada por el matrimonio Allen. La demanda original de TLS buscaba declarar válido un contrato, retener un cargo por terminación y exigir la retractación de supuestas expresiones difamatorias. El matrimonio Allen contestó la demanda y presentó una reconvención. En su reconvención, alegaron fraude, incumplimiento de contrato, incumplimiento de deberes fiduciarios, negligencia profesional, enriquecimiento injusto y libelo por parte de TLS. Reclamaron daños económicos significativos por las supuestas acciones de TLS. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de la desestimación de estas causas de acción reconvencionales mediante sentencia sumaria.

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Este recurso de apelación proviene de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El Municipio Autónomo de Mayagüez apela la decisión que declaró Con Lugar la reconvención presentada por West Coast Management, Inc. y los licenciados Barea y Marxuach. La sentencia apelada condenó al Municipio a pagar diversas sumas de dinero a los apelados. El caso se originó con una demanda del Municipio buscando un entredicho e injunctions relacionados con el Convenio de Administración de la franquicia de baloncesto Indios de Mayagüez para la temporada 2016. Bajo este convenio, los licenciados Barea y Marxuach administraron la franquicia, asumiendo ganancias y pérdidas. El Municipio alegó incumplimientos por parte de los administradores, incluyendo el pago de salarios de jugadores, a pesar de haber aportado \$500,000 de un acuerdo de \$600,000 como auspiciador principal. Los apelados, por su parte, negaron los incumplimientos y reconvinieron, reclamando que el Municipio les adeudaba los \$100,000 restantes. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso y el derecho aplicable, procediendo a modificar la Sentencia impugnada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Ángel Meléndez Román y otros contra Cooperativa de Seguros Múltiples. El recurso impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda sobre incumplimiento de contrato y mala fe. La demanda original se relacionaba con reclamaciones de daños a una propiedad causados por el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia determinó que operó la doctrina de *accord and satisfaction* (pago en finiquito). Los apelantes habían recibido y cobrado un cheque de la aseguradora por una cantidad calculada bajo la cláusula de coaseguro y deducible. El dorso del cheque indicaba que el endoso constituía liquidación total y definitiva de la reclamación. A pesar de que los apelantes estimaron daños significativamente mayores, el TPI concluyó que el cobro del cheque finiquitó la disputa. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Víctor Manuel Alers Cardona y Daisy Lorenzo Nazario apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia favoreció a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela. La Cooperativa demandó a los apelantes por incumplimiento en el pago de un préstamo hipotecario. La deuda reclamada por la Cooperativa ascendía a \$260,736.65, incluyendo principal, intereses y otros cargos. El préstamo hipotecario original fue modificado en varias ocasiones. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a los apelantes el pago de la suma adeudada. Los apelantes solicitaron la revocación de esta sentencia. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada. La decisión valida la condena al pago de la deuda y la procedencia de la ejecución hipotecaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de incumplimiento de contrato. Pedro Rivera apeló la desestimación con perjuicio de su demanda contra Triple S Propiedad, relacionada con los daños sufridos en su propiedad por el Huracán María. Rivera, asegurado por Triple S, reclamó daños extensos y alegó que la aseguradora incurrió en prácticas desleales al ofrecer un ajuste insuficiente de \$12,818 para reparaciones estimadas en \$50,000. Sostuvo que su consentimiento al recibir el cheque fue viciado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso basándose en un supuesto acuerdo en finiquito. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico sobre un recurso de apelación. Yesenia Serrano Cruz apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI denegó su solicitud para dejar sin efecto un decreto de custodia compartida y autorizar el traslado de sus hijos menores fuera de la jurisdicción. La señora Serrano Cruz buscaba trasladarse a Texas debido a la transferencia militar de su pareja, alegando el mejor bienestar de los menores. El padre, Rafael Acevedo Rivera, se opuso, argumentando que la madre había desistido previamente de una solicitud similar y que la custodia compartida ya había sido acordada. El TPI denegó la solicitud inicial y una moción de reconsideración posterior, cuestionando la estabilidad de la madre y la necesidad de estabilidad para los menores. La apelante argumentó que el TPI no investigó ni celebró vista, y que la custodia no es cosa juzgada. Tras revisar el caso, el panel de apelación decidió revocar la resolución del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte peticionaria, Roosevelt Reo PR Corp., apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia que paralizó una subasta y dejó sin efecto una sentencia previa a su favor. El caso se originó en 2011 por una deuda hipotecaria contra varios codemandados, incluyendo a Juan J. Ramírez Rivera. En 2016, se dictó sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando el pago o la ejecución. Tras iniciar los trámites de ejecución, se celebró una subasta en julio de 2019 donde la propiedad fue adjudicada al acreedor. El codemandado Ramírez Rivera solicitó la nulidad de la subasta y la paralización del proceso, alegando falta de notificación de la sentencia y de los trámites posteriores, incluyendo el aviso de venta pública. El Tribunal de Primera Instancia acogió su solicitud. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Antilles Brands, Inc. contra Coflex S.A. de C.V. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre cobro de dinero iniciado por Coflex. Antilles presentó una reconvención alegando incumplimiento contractual y terminación sin justa causa del contrato de distribución. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención de Antilles. La desestimación se basó en una cláusula del contrato que requería que las disputas, excepto las de cobro de dinero por Coflex, fueran resueltas mediante arbitraje. Antilles apeló, argumentando que la cláusula de arbitraje era inaplicable debido a la terminación del contrato y que la reconvención era compulsoria. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos. Resolvió confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, validando el acuerdo de arbitraje para las reclamaciones de la reconvención.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Nelson Rodríguez López y Wanda Deya Ferrer contra Antilles Insurance Company. Los apelantes recurren una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños. La demanda original alegaba que Antilles Insurance incumplió los términos de una póliza de propiedad tras los daños causados por el Huracán María. Los apelantes reclamaban daños a la propiedad, sufrimientos mentales y otras pérdidas aseguradas. El TPI desestimó la demanda *motu proprio* sin perjuicio, requiriendo a los apelantes acreditar el cumplimiento con la notificación del Artículo 27.164 del Código de Seguros. Esta orden de desestimación se dictó antes de que la aseguradora compareciera o solicitara el archivo. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. En consecuencia, el caso se devuelve al TPI para que continúen los procedimientos.

Resumen:

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, Héctor Castillo Félix y otros, impugnan la desestimación de su demanda. Dicha demanda buscaba la nulidad de una sentencia previa al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. La sentencia anterior, ya final y firme, había declarado nulas unas compraventas de propiedades realizadas por la causante de la apelada, Doña Elvira Ramírez de Arellano, a favor de los apelantes. En aquel pleito, se determinó que Doña Elvira carecía de capacidad para consentir y que el precio fue irrisorio. Los apelantes fundamentaron su acción de nulidad en supuesta prueba fehaciente descubierta posteriormente. Esta prueba consistía en una declaración jurada de una antigua dama de compañía de Doña Elvira, que sugería su capacidad para manejar sus asuntos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por no cumplir los requisitos de un pleito independiente de relevo de sentencia. Tras revisar el recurso, este Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia recurrida.

Resumen:

Este caso de partición de herencia enfrenta a los herederos universales con la viuda y albacea del causante. La viuda, Ivette Delgado Badillo, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación acogido como certiorari. Su objetivo era revocar una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para incluir un perito tasador adicional. La peticionaria buscaba que este nuevo perito refutara las valoraciones contenidas en el cuaderno particional ya preparado por un perito estipulado. Alegaba que la tasación existente no se ajustaba a la doctrina legal sobre la fecha de valoración y no consideraba daños recientes por sismos. La peticionaria planteó errores relacionados con la denegación del perito y la validez de la tasación. Los recurridos se opusieron al recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los argumentos, determinó no expedir el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento contractual y daños relacionados con una reclamación por el huracán María. El apelante, William Álvarez González, recurre la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha desestimación se fundamentó en la alegada aceptación de un pago en finiquito por parte del demandante. El señor Álvarez González demandó a Triple S Propiedad argumentando que la aseguradora no ajustó su reclamación de forma justa y pagó de menos, actuando de mala fe. Triple S Propiedad se defendió alegando que el demandante aceptó un cheque por \$3,049.50 como pago final y total de su reclamación. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Concluyó que existen hechos materiales en controversia que no fueron dilucidados adecuadamente. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revoca la desestimación. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que celebre una vista en su fondo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Eliezer Pizarro Trinidad contra Universal Insurance Company. El apelante Pizarro demandó a Universal por incumplimiento contractual y daños, alegando que la aseguradora pagó una cantidad insuficiente por los daños a su propiedad causados por el Huracán María, actuando de mala fe. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria, aplicando la doctrina de accord and satisfaction al considerar que Pizarro extinguió la obligación al endosar y cobrar un cheque de Universal. Universal se defendió alegando que el pago fue final, que algunas pérdidas no estaban cubiertas y que la acción estaba prescrita, además de presentar una reconvención. Pizarro apeló esta decisión, argumentando que la aseguradora subestimó los daños y que él actuó bajo coacción. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los procedimientos previos. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones adelanta que, por los fundamentos que se expondrán, se revoca la sentencia apelada. Esto significa que la determinación del Tribunal de Primera Instancia de desestimar el caso basándose en el pago en finiquito es dejada sin efecto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de incumplimiento de contrato y daños. El apelante, José Luis De Jesús Sánchez, demandó a Universal Insurance Company por la gestión de su reclamación de daños tras el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. Dicho foro acogió el argumento de Universal de que el apelante aceptó un pago como finiquito total de su reclamación. El apelante alegó la existencia de controversias de hecho sobre la cuantía, la buena fe de la aseguradora y la validez del supuesto finiquito. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no había controversias de hecho y aplicó la doctrina de pago en finiquito. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia sumaria apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación en un caso de incumplimiento contractual y daños relacionados con reclamaciones del Huracán María. La apelante, una asegurada, demandó a su aseguradora, Mapfre, alegando que no le pagaron la cantidad total adeudada por los daños a su propiedad. Mapfre se defendió invocando la doctrina de pago en finiquito. La aseguradora argumentó que investigó la reclamación, determinó el monto de los daños, emitió un cheque por esa cantidad marcado como pago total y final, y la asegurada firmó una declaración jurada y cobró el cheque. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa de pago en finiquito y desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. La asegurada apeló esta decisión, cuestionando la aplicación de la doctrina y si el pago cubría la totalidad de lo adeudado. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. Esta decisión valida la aplicación de la doctrina de pago en finiquito en las circunstancias presentadas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Luis Santana Rodríguez y su esposa contra McNeil Healthcare LLC. Los apelantes recurren la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su querella por despido injustificado (Ley 80) y discrimen por edad (Ley 100/ADEA). La querella original surgió tras la eliminación de la plaza del Sr. Santana en una reorganización de la empresa. Santana, de 55 años, alegó que no fue seleccionado para una nueva plaza de Técnico Especialista de Mantenimiento debido a su edad, aunque sí fue contratado para otra posición. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por falta de jurisdicción.