Casos del Tribunal Supremo (Página 82)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por María M. Figueroa Carrasquillo. Tras considerar la moción y el informe de la Oficina de Inspección de Notarías, el Tribunal accedió a lo solicitado. Se ordenó la reinstalación inmediata de la peticionaria a la práctica legal. Como condición, la abogada deberá consignar en el Tribunal de Primera Instancia la cantidad indicada en su escrito, correspondiente a la devolución de honorarios recibidos de la señora Emilia Fontánez. Se le concedió un término de sesenta días, a partir de la notificación de la Resolución, para realizar dicha consignación. Una vez cumplidos los términos, la abogada deberá comparecer ante el Tribunal Supremo para informarlo. La Resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que aborda el vehículo procesal adecuado para recurrir sentencias del Tribunal de Primera Instancia en acciones de impugnación de confiscación. La controversia surge al armonizar las disposiciones de la Ley de la Judicatura de 1994 y la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. El caso particular se origina con la confiscación de un vehículo de motor por una alegada violación a la Ley de Sustancias Controladas. El Departamento de Justicia notificó la confiscación al acreedor y al titular registral del auto. La Cooperativa de Seguros Múltiples, como aseguradora, figura como parte en el recurso. El Tribunal debe establecer si el recurso ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones debe ser mediante apelación o certiorari. Esta decisión es crucial para definir el procedimiento correcto en este tipo de litigios.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera si la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (FSE) puede recuperar la totalidad de los gastos incurridos en un accidente de trabajo cuando existe negligencia compartida entre un tercero y el obrero afectado. El caso surge de un accidente automovilístico donde un jardinero empleado por RVT Maintenance Inc. fue atropellado por un vehículo del Municipio de Toa Alta, sufriendo lesiones que le causaron incapacidad total. Se alega que el accidente se debió en parte a la obstrucción de visibilidad causada por Santa Marina S.E. El obrero demandó al Municipio y a Santa Marina por daños y perjuicios. El FSE intervino en el pleito para subrogarse en los derechos del obrero y reclamar el reembolso de \$61,786.57 pagados en tratamiento y compensación. La controversia legal se centra en la aplicación del Artículo 31 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo en este escenario de negligencia concurrente. La opinión emitida por el Juez Asociado Fuster Berlingeri busca resolver esta cuestión fundamental sobre el alcance de la subrogación del FSE.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre conducta profesional. El caso se origina en una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.) sobre problemas con la inscripción de un vehículo. La querella fue vista por el Juez Administrativo José E. Moreno Cortés. Durante el proceso, el abogado de una de las partes alegó que el abogado de la parte contraria le manifestó estar negociando una sociedad profesional con el Juez Moreno Cortés. Esta alegación sugería que la resolución del caso se demoraría o no se emitiría. A pesar de la alegación, el Juez Moreno Cortés emitió la resolución del D.A.C.O. El Tribunal Supremo revisa el asunto a partir de un informe del Procurador General, enfocándose en la conducta del Juez Administrativo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa mediante certiorari una sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones. El caso enfrenta a PACIV, Inc. contra su ex empleado Pablo O. Pérez Rivera. La controversia principal gira en torno a la validez de un acuerdo de no competencia suscrito por Pérez Rivera como condición de empleo. El Tribunal de Apelaciones había declarado inválido el acuerdo por considerarlo excesivamente amplio en su alcance geográfico y funcional. PACIV, empresa dedicada a servicios de ingeniería y validación para industrias reguladas por la FDA, demandó a Pérez Rivera tras este renunciar. Pérez Rivera aceptó un puesto similar en Foster Wheeler, una compañía competidora. PACIV solicitó un interdicto para hacer cumplir el acuerdo de no competencia. El Tribunal Supremo busca aplicar y aclarar la normativa establecida en el caso *Arthur Young v. Vega III*. La decisión aborda si el acuerdo de no competencia es razonable y ejecutable bajo la ley puertorriqueña. Este recurso permite al Tribunal Supremo establecer pautas sobre la interpretación de este tipo de cláusulas contractuales.

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Caso disciplinario AB-2001-31 del Tribunal Supremo de Puerto Rico contra el abogado notario Lcdo. Mario A. Torres Rivera. La queja, presentada por la Sra. Enid Pérez Figueroa, alegó que el notario otorgó una escritura inválida que no pudo inscribirse y fue negligente en corregir las deficiencias. Se imputó además desinformación intencional para ocultar la impericia. El notario admitió el incumplimiento de sus deberes notariales y que la escritura era inválida para inscripción debido a la falta de consentimiento de todos los herederos. Reconoció su deficiente labor al autorizar el instrumento sin completar las gestiones necesarias. Los daños a la querellante fueron objeto de una transacción en un pleito civil federal. Aunque el notario no ha cumplido totalmente con la estipulación, ODIN atribuye parte de ello a la inacción de la quejosa. El Tribunal reitera que una transacción civil no impide la jurisdicción disciplinaria, aunque puede ser un atenuante.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Martín J. Mejías Ortiz, emitida el 18 de julio de 2003. La Jueza Asociada señora Naveira de Rodón redactó la opinión. El recurso plantea la cuestión de si la identificación de un acusado mediante fotografías posee suficientes garantías de confiabilidad para ser admitida como prueba. El Sr. Mejías Ortiz enfrenta acusaciones por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. La decisión aborda los criterios para evaluar la admisibilidad de este tipo de identificación en el contexto de un proceso penal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró el caso de Julio Rodríguez Planell contra Overseas Military Sales Corp. y otros. La controversia principal giraba en torno a si un residente de Puerto Rico podía invocar el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor de DACO. Esto aplicaba a reclamaciones por desperfectos en un automóvil adquirido de un distribuidor autorizado a operar únicamente dentro de bases militares. El recurrido compró un Jeep con defectos de pintura a Overseas, un distribuidor de este tipo. Tras la negativa del representante local a reparar bajo garantía, el consumidor presentó una querella ante DACO. La cuestión elevada al Tribunal Supremo buscaba determinar la aplicabilidad del reglamento de DACO en esta situación particular. El Tribunal resolvió afirmativamente, confirmando que el residente sí puede solicitar los remedios provistos por el reglamento de DACO.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que enmienda la Regla 13 del Reglamento Notarial de 1995. La enmienda busca establecer parámetros claros para la práctica notarial de abogados-notarios empleados en el servicio público. Reconoce que las incompatibilidades están controladas por ley y prohibiciones de los organismos públicos. La modificación a la Regla 13 ajusta los informes que los notarios deben rendir a la Oficina de Inspección de Notarías. Específicamente, si un notario es empleado público y se le permite la práctica privada fuera de horas laborables, deberá separar en su informe estadístico anual el trabajo notarial realizado para el organismo público del hecho en la práctica privada. Esta medida complementa la Ley Notarial y busca reforzar la confianza pública en la imparcialidad de la fe pública notarial. La resolución tiene vigencia inmediata.

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Se presentó una queja contra la Lic. María E. Arroyo Ramos por falta de diligencia profesional en el manejo de un caso. El Sr. Arcadio Sosa la contrató en abril de 2000 para una acción por incumplimiento de contrato, adelantándole $500 en honorarios. Ante la falta de gestiones, el Sr. Sosa presentó una queja ante el Colegio de Abogados en abril de 2001. La abogada respondió tardíamente, alegando problemas de salud y solicitando tiempo para una transacción, lo cual fue concedido. No obstante, la prórroga venció sin que se realizara gestión alguna. En enero de 2002, el quejoso informó al Colegio la inacción, y la abogada no respondió a los requerimientos posteriores. El Sr. Sosa elevó la queja ante el Tribunal Supremo en julio de 2002. El Tribunal examinó el informe del Procurador General y la contestación de la abogada. El Tribunal Supremo ordenó a la Lic. Arroyo Ramos devolver los $500 cobrados como honorarios. Además, la abogada fue amonestada por no realizar las gestiones para las cuales fue contratada por el Sr. Sosa.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Irma E. Casiano Santiago. La materia tratada es su petición de reinstalación a la práctica de la notaría en Puerto Rico. La Oficina de Inspección de Notarías presentó una moción informativa al Tribunal. En dicha moción, se informó que la Lcda. Casiano Santiago había subsanado las deficiencias señaladas por la Oficina. Tras examinar la información, el Tribunal Supremo ordenó la reinstalación de Irma E. Casiano Santiago al ejercicio de la notaría.

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Esta es una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El caso surge de una acción de cobro de dinero presentada por la Asociación de Residentes de San Pedro Estates, Inc. contra la sociedad especial San Pedro Estates I, S.E. y sus socios en su carácter personal. La asociación reclamaba el pago de cuotas de mantenimiento impagas por propiedades pertenecientes a la sociedad. La deuda alegada superaba los cien mil dólares. La controversia principal que el Tribunal debe resolver es si los socios de una sociedad especial son partes indispensables en un litigio de cobro de dinero dirigido contra la sociedad. Esta sentencia aborda y decide sobre esta cuestión procesal y sustantiva.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que enmienda la Regla 12 del Reglamento Notarial de 1995. La enmienda busca mejorar el control de posibles incompatibilidades en el ejercicio del notariado por abogados-notarios empleados en el servicio público. Se fundamenta en la necesidad de que la Oficina de Inspección de Notarías pueda detectar a tiempo cualquier conflicto. Para ello, la Regla 12, que rige el índice mensual de actividad notarial, se modifica. Ahora, el índice debe incluir el nombre y dirección del organismo público donde trabaja el notario empleado público. Además, si la agencia permite la práctica privada fuera de horas laborables, el notario deberá rendir dos índices separados. Uno será para los instrumentos autorizados para la agencia y otro para los autorizados en la práctica privada permitida. Esta medida facilita la diferenciación de actividades y la labor de fiscalización, teniendo vigencia inmediata.

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La sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Maxon Engineering Services, Inc. aborda la clasificación y prescripción de la infracción al Artículo 8.012 de la Ley Electoral. Dicho artículo prohíbe contribuciones excesivas y establece una multa de $5,000. Antes del 15 de agosto de 1999, esta infracción se consideraba delito grave según el Código Penal. La Ley Núm. 252 de 1999 enmendó el Código Penal, aumentando el umbral para delitos menos graves a multas de hasta $5,000. Esta enmienda reclasificó automáticamente la infracción del Artículo 8.012 como delito menos grave. El Estado presentó denuncias contra Maxon Engineering en 2001 por supuestas violaciones ocurridas entre 1996 y 2000. Maxon Engineering argumentó que las acciones estaban prescritas. Esto se basó en que los delitos menos graves tienen un término prescriptivo de un año según el Código Penal.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre una querella de conducta profesional contra el Lcdo. Santiago Martínez Miranda. La Oficina del Procurador General presentó un informe y luego una querella imputándole violaciones a los Cánones 9, 18 y 19 de Ética Profesional. Los cargos se relacionan con su desempeño como abogado en la representación de un cliente en un caso de ejecución de hipoteca iniciado en 1998. Tras la presentación de la querella y la contestación del abogado, se designó un Comisionado Especial. El Comisionado realizó una vista evidenciaria y sometió un informe con los hechos. Los hechos iniciales detallan aspectos de la relación cliente-abogado, como la falta de registro de la dirección del cliente y la forma de comunicación. Este proceso resultó en la suspensión del licenciado Martínez Miranda del ejercicio de la abogacía. La suspensión fue notificada y se hizo efectiva el 26 de septiembre de 2003.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 16 de abril de 2003, identificada como TS-5894. El caso trata sobre la solicitud de reinstalación del Lcdo. Félix J. Montañez Miranda. La materia específica es la Solicitud de Reinstalación al ejercicio de la notaría. El Tribunal examinó el Informe de la Oficina de Inspección de Notarías. También consideró la Moción Urgente Solicitando Reinstalación presentada en el caso. Tras el examen, el Tribunal ordenó la reinstalación inmediata del Lcdo. Montañez Miranda. La orden es para su regreso al ejercicio de la notaría. La resolución fue acordada por el Tribunal. La Secretaria del Tribunal Supremo certificó la decisión. Se menciona que dos Jueces Asociados no intervinieron en el caso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso Soto Pastrana v. Rechani. La resolución atendió una moción de la parte peticionaria sobre la radicación y notificación del recurso. El Tribunal ordenó a la Secretaría asignar un nuevo número al recurso, considerarlo notificado y tramitarlo por la vía ordinaria. Además, la resolución abordó una práctica preocupante observada en la profesión legal. Se refiere a los abogados que informan a los tribunales sus fechas de vacaciones y solicitan que no se tome acción durante ese período. El Tribunal desaprobó esta práctica, señalando que ignora los términos jurisdiccionales y perjudica el funcionamiento judicial. Se apercibió a la clase togada que deben tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de sus clientes al ausentarse. El incumplimiento de esta norma podría acarrear sanciones disciplinarias.

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Este documento es un registro preliminar oficial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechado el 16 de octubre de 2003, para el caso número CC-2003-0594. Consolida varias acciones legales distintas que se originaron en el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI, bajo la presidencia del Juez Andrés E. Salas Soler. Los casos consolidados involucran a numerosas partes, incluyendo a Alfredo Lind Flores, Gerardo Cruz Morales, Madeline Bonilla Ortiz, Suiza Dairy Corp., Sandra Cruz Suárez, Clínica Santa Rosa Inc., entre otros. Las materias legales abordadas abarcan diversas áreas, como injunctions permanentes, reclamaciones de daños y perjuicios, cobro de dinero y liquidación de sociedad legal de gananciales. El documento lista a los abogados que representan a las partes principales involucradas en los procedimientos. Como registro preliminar, está sujeto a posibles cambios y correcciones antes de su publicación oficial final.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió esta opinión el 16 de enero de 2003 en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. José N. Loubriel Serrano y Linda Suazo Vázquez (CC-2002-442). El recurso de certiorari planteó si una institución financiera debe notificar al titular de una cuenta bancaria sobre una investigación gubernamental que solicita información sobre cheques emitidos por el Estado. La cuestión surge cuando la investigación aún no se centra en una persona específica y se evalúa a la luz de la doctrina de R.D.T. Construction Corp v. Contralor I. El Tribunal determinó que la doctrina de R.D.T. no se extiende a la situación presentada en este caso. Por lo tanto, el Tribunal Supremo revocó en parte la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones. La materia subyacente del caso incluye Apropiación Ilegal Agravada y Posesión y traspaso de documentos falsificados.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico trata sobre una querella de conducta profesional contra el Lcdo. David Castillo Herrera. La compañía Radio Shack Corporation alegó que el abogado, representando a ex-empleados, envió comunicaciones directamente a sus empleados. Esta acción se realizó a pesar de que la corporación estaba representada por abogado. Radio Shack sostuvo que la conducta del abogado causó ansiedad y confusión entre sus empleados. La Oficina del Procurador General investigó la querella. El Procurador General rindió un informe ante el Tribunal. En su informe, el Procurador General expresó que, a su juicio, el Lcdo. Castillo Herrera violó el Canon 28 de Ética Profesional. Dicho canon prohíbe comunicarse con una parte representada por otro abogado en ausencia de éste. El documento detalla la alegación y el hallazgo preliminar del Procurador General sobre la posible violación ética.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Leonides Díaz Urbina, identificado con el número CC-2003-271. La decisión, fechada el 16 de julio de 2003, aborda una petición de certiorari relacionada con una infracción al Artículo 261 del Código Penal. El Tribunal Supremo determinó denegar la petición de certiorari presentada por el acusado peticionario. Se destaca que los Jueces Asociados Corrada del Río y Rivera Pérez emitieron opiniones disidentes por escrito. El Juez Asociado Rebollo López no intervino en la decisión. La resolución fue certificada por la Subsecretaria del Tribunal Supremo.

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Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2003 TSPR 80) en el caso CC-2001-811 entre Ivonne Lucero Cuevas y The San Juan Star Company. La controversia principal gira en torno a una reclamación de salarios y compensación por despido sin justa causa presentada bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2). La querellante original reclamó el pago de comisiones, gastos, vacaciones acumuladas y compensación por alegado despido injustificado. El Tribunal Supremo se enfoca en la interpretación y aplicación del mecanismo de emplazamiento establecido en la Sección 3 de la Ley Núm. 2 (32 L.P.R.A. sec. 3120). Específicamente, la opinión examina la validez del emplazamiento diligenciado en la persona que represente al querellado en el lugar de trabajo o en su oficina o residencia, si el querellado no es encontrado. La decisión busca clarificar el alcance de esta disposición estatutaria para el emplazamiento en procedimientos laborales sumarios.

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Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 15 de julio de 2003 en el caso CC-2002-725. El caso trata sobre una demanda de cobro de dinero presentada por Las Marías Reference Laboratory Corp. contra el Municipio de San Juan. Las Marías reclamaba el pago por servicios de laboratorio clínico prestados a residentes indigentes bajo un contrato municipal. Las partes habían llegado a una estipulación para el pago parcial de la deuda reclamada. La controversia principal que el Tribunal Supremo debía resolver era si la falta de remisión de un contrato municipal a la Oficina del Contralor lo hacía ineficaz e inexigible. El Tribunal determinó que el cumplimiento con el requisito de remisión al Contralor es un elemento constitutivo esencial de todo contrato municipal. Por consiguiente, la ausencia de dicha remisión invalida el contrato. La decisión establece que un contrato municipal no remitido al Contralor no puede ser exigido legalmente. La opinión resuelve afirmativamente la cuestión planteada, declarando la ineficacia de tales contratos.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico trata un caso de cobro de dinero entre contratistas y el Municipio de Isabela. En 1998, el Alcalde autorizó verbalmente a los contratistas a realizar trabajos de emergencia sin cumplir con los requisitos legales de registro de créditos y contratos. Tras completar los trabajos, los contratistas demandaron al Municipio por falta de pago. En diciembre de 2000, la Asamblea Municipal aprobó una resolución para ratificar y convalidar el acuerdo con los contratistas. Posteriormente, las partes presentaron una estipulación ante el tribunal de instancia, informando sobre la resolución y solicitando sentencia ordenando el pago de ciertas cantidades. La opinión, emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LÓPEZ, aborda las implicaciones legales de este acuerdo inicial no conforme a derecho y la posterior acción municipal para validarlo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una Resolución para enmendar la Regla 28 de las Reglas de Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial. La enmienda responde a la Ley Núm. 305 de 25 de diciembre de 2002, que declaró día de fiesta oficial el 24 de diciembre a partir del mediodía. Con esta modificación, el personal de la Rama Judicial tendrá como día feriado el 24 de diciembre desde el mediodía, además del 25 de diciembre. La Regla 28 actualizada incluye específicamente el 24 de diciembre, a partir del mediodía, como día de fiesta legal bajo el concepto de Nochebuena. Esta Resolución tiene vigencia inmediata.

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Este documento contiene una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de divorcio por consentimiento mutuo. Las partes involucradas son Santiago H. Rivera Meléndez y Wanda Ivette Algarín Cruz. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia de divorcio el 18 de agosto de 2000, la cual fue registrada y archivada ese mismo día. Sin embargo, el señor Rivera Meléndez falleció el 19 de agosto de 2000, un día después de dictada la sentencia. La notificación de la sentencia y el archivo de la notificación se realizaron el 22 de septiembre de 2000. La cuestión legal principal que el Tribunal Supremo debe determinar es el efecto de la muerte de uno de los cónyuges sobre una sentencia de divorcio por consentimiento mutuo. Específicamente, se analiza si la sentencia adquiere firmeza y ejecutabilidad cuando el fallecimiento ocurre después de dictada y archivada, pero antes de su notificación. El caso llegó al Tribunal Supremo mediante un recurso de certiorari.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 14 de julio de 2003, deroga la Regla 4 y la sustituye por una nueva, y enmienda las Reglas 5 y 8 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia. La nueva Regla 4 dispone la integración administrativa de los salones de asuntos de menores a la Región Judicial donde estén ubicados. Esta integración administrativa será efectiva a partir del 1 de agosto de 2003. La enmienda a la Regla 5 incluye al Juez Administrador del Tribunal de Circuito de Apelaciones en el Consejo Asesor Judicial. La modificación a la Regla 8 aclara que los Jueces Coordinadores de los centros judiciales son nombrados por los Jueces Administradores Regionales. Estos jueces coordinadores asistirán en la administración de áreas específicas como asuntos civiles, criminales, relaciones de familia y de menores. La Resolución tiene vigencia inmediata.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examina el sentido y alcance de la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal en cuanto a la corrección de sentencias. El caso se origina con la convicción de Eduardo R. Ramos Muñoz en 1995 por homicidio, agresión agravada y violación a la Ley de Armas. Fue sentenciado inicialmente a nueve años de reclusión, negándosele el beneficio de sentencia suspendida. Tras apelar, el Tribunal de Circuito de Apelaciones resolvió en 1997 que tenía derecho a sentencia suspendida para los delitos no excluidos. El Tribunal de Primera Instancia enmendó la sentencia, concediendo sentencia suspendida para los seis años por homicidio y agresión, manteniendo los tres años por la Ley de Armas de forma consecutiva. Ramos Muñoz fue excarcelado en 1997 al haber cumplido el tiempo correspondiente a la pena por la Ley de Armas. El Tribunal Supremo había denegado previamente la revisión del dictamen apelativo de 1997. La controversia actual surge en relación con la capacidad del peticionario para jurar como abogado tras aprobar la reválida. El Tribunal revisita la aplicación de la Regla 185(a) en este contexto procesal.

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Este documento oficial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, caso CC-2000-845, con fecha de 14 de febrero de 2003, trata sobre una disputa legal entre Ladislaus M. Szendrey y su esposa contra Hospicare, Inc. y otros. La materia principal es el cumplimiento específico de contrato. Los demandantes alegaron el incumplimiento por parte de Hospicare, Inc. de un contrato de promesa bilateral de compraventa de dos oficinas en el Condominio Metropolitan Professional Park, otorgado en 1993. Adicionalmente, demandaron a Hospicare, INDECA y otros por supuestas violaciones a la escritura matriz del condominio relativas al uso permitido de los locales y elementos comunes. Los demandantes solicitaron el cumplimiento específico del contrato de compraventa, el cumplimiento de las restricciones de la escritura matriz y el resarcimiento de daños. La demanda original fue presentada en 1994 y enmendada en varias ocasiones. El caso llegó al Tribunal Supremo mediante recurso de Certiorari desde el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In re: Héctor L. Ortiz Hernández, identificado como TS-9128. La materia tratada es una solicitud de reinstalación al ejercicio de la profesión. Con fecha de 14 de noviembre de 2003, el Tribunal examinó una moción informativa presentada por la Oficina de Inspección de Notarías. Tras la revisión, el Tribunal acordó readmitir al Sr. Héctor L. Ortiz Hernández al ejercicio de la profesión. La decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una queja disciplinaria contra la abogada María del C. López Castro. Una clienta informó haber perdido contacto con la abogada y no poder recuperar su expediente. El Procurador General intentó comunicarse con la abogada sin éxito y solicitó la intervención del Tribunal. El Tribunal emitió resoluciones ordenando a la abogada comparecer, mostrar causa y entregar el expediente, apercibiéndola de posibles sanciones. A pesar de comprometerse, la abogada incumplió parcialmente o totalmente con las órdenes del Tribunal. Este incumplimiento con los requerimientos del Procurador General y las resoluciones judiciales constituyó la base del procedimiento disciplinario. El Tribunal determinó que la conducta de la abogada ameritaba disciplina. Como resultado, se impuso una sanción disciplinaria. La abogada María del C. López Castro fue suspendida del ejercicio de la abogacía, con efectividad a partir del 16 de mayo de 2003.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico consolida dos casos (CC-2000-696 y CC-2000-644) relacionados con la pensión por incapacidad del Sr. Luis E. Rodríguez Sierra. Rodríguez Sierra, un expolicía, sufrió un accidente de trabajo en 1972 que le causó lesiones permanentes. En 1974, la Administración de los Sistemas de Retiro le otorgó una pensión por incapacidad ocupacional bajo la Ley Núm. 447 de 1951. Dicha ley requería que los pensionados se sometieran a exámenes médicos periódicos para evaluar su condición. Es relevante que la ley vigente en ese momento no prohibía explícitamente que un pensionado por incapacidad trabajara en la empresa privada en funciones distintas. El caso parece abordar una revisión administrativa de esta pensión. La opinión del Tribunal fue emitida por la Jueza Asociada señora Naveira de Rodón.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó una decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones. El foro apelativo había desestimado un recurso de apelación en un caso de cobro de dinero (Salinas v. Alonso Estrada). La desestimación se debió a que la parte recurrente omitió incluir dos páginas de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el apéndice. El Tribunal Supremo consideró esta desestimación una determinación drástica y desproporcionada a la omisión. Por tanto, revocó la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Estableció que, en casos donde la omisión reglamentaria no impide determinar la jurisdicción o los méritos, se debe dar a la parte recurrente la oportunidad de subsanar el incumplimiento. Se deberá proveer un término razonable, usualmente no mayor de cinco días, para corregir la omisión tras la notificación del tribunal. La desestimación no es la respuesta adecuada para este tipo de fallas procesales menores. El caso original de cobro de dinero resultó en una sentencia sumaria a favor del demandante por falta de oposición del demandado.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Solicitud de Reinstalación presentada por el Lcdo. Nelson Rivera Cabrera. Mediante Resolución de 13 de junio de 2003, el Tribunal accedió a la solicitud. Se autorizó la reinstalación del Lcdo. Rivera Cabrera al ejercicio de la abogacía. Sin embargo, su solicitud de admisión a la notaría no fue considerada favorablemente en este momento. La denegación de la admisión notarial se debe a deficiencias notariales aún pendientes. Estas deficiencias fueron señaladas por la Oficina de Inspección de Notarías en un informe previo. Para que su solicitud notarial sea considerada, el Lcdo. Rivera Cabrera debe subsanar dichas deficiencias. También debe ofrecer explicaciones por la presentación tardía de notificaciones e índices notariales, conforme a la Regla 63 del Reglamento Notarial.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera una queja de conducta profesional presentada contra el abogado Luis Martínez Lloréns. La queja fue radicada por Manuel A. Novas Dueño, quien es la parte contraria representada por el licenciado Martínez Lloréns en un caso civil. Novas Dueño alega que el abogado lo contactó directamente en su oficina para discutir y negociar el caso y una deuda relacionada, a pesar de saber que estaba representado por otro abogado. Sostiene que la visita, en ausencia de su representación legal, fue un intento de amedrentarlo para obtener un pago. El licenciado Martínez Lloréns admite haberse personado en la oficina del querellante, aunque niega haberle enviado comunicaciones previas por fax. Explica que la visita buscaba discutir la forma de cobrar una sentencia a favor de sus clientes contra Novas Dueño. El abogado afirma que inicialmente intentó comunicarse con el abogado de Novas Dueño. El documento presenta los argumentos de ambas partes ante el Tribunal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó la facultad de un alcalde para realizar nombramientos interinos en puestos de confianza. La controversia surgió en el Municipio de Mayagüez respecto a la plaza de Director de Recursos Humanos, un puesto de confianza. Se cuestionaba si el alcalde debía nombrar interinamente al Sub-Director de carrera o si podía designar a una persona de su confianza. El Tribunal analizó la naturaleza del puesto de Director de Recursos Humanos como uno que exige sintonía ideológica y administrativa con el alcalde. Determinó que los puestos de confianza proveen para la libre selección de su ocupante. En consecuencia, el Tribunal resolvió que el alcalde tiene discreción para llenar la plaza interinamente con una persona afín a su visión administrativa. Esta decisión, emitida el 12 de febrero de 2003, clarifica el alcance de la discreción municipal en nombramientos temporeros para posiciones de confianza.

Resumen:

El documento es una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2002-944. Las partes son Cooperativa de Consumidores del Noroeste, Inc. y otros como demandantes-peticionarios, y Wal Mart Stores, Inc. y otros como demandados-recurridos. La materia del caso incluye solicitudes de injunction preliminar y permanente, alegada violación de la Ley de Monopolios y Restricción de Comercio de P.R., y reclamación de daños y perjuicios. Los peticionarios habían presentado una solicitud de certiorari ante el Tribunal Supremo. Mediante esta resolución del 12 de junio de 2003, el Tribunal Supremo denegó la solicitud de certiorari. La mayoría del Tribunal acordó no expedir el recurso en esta etapa de los procedimientos. La Jueza Asociada señora Naveira de Rodón emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurrió con el voto disidente. Los jueces disidentes entendían que las cuestiones de derecho planteadas debían ser resueltas por el Supremo antes de que el tribunal de instancia viera el caso en los méritos. Los Jueces Asociados señores Rebollo López y Hernández Denton no intervinieron en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera el caso del abogado Modesto Rivera Santos por incumplimiento con el pago de la cuota de colegiación del Colegio de Abogados. A pesar de requerimientos, el abogado no satisfizo la deuda, repitiendo un patrón de incumplimiento de años anteriores. El Tribunal le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio profesional. La notificación de esta orden fue imposible, ya que el abogado se había mudado sin dejar dirección y se desconocía su paradero tras irse de Puerto Rico. Rivera Santos tampoco mantuvo su dirección actualizada con el Tribunal, lo cual constituye una falta. La querella original por falta de pago sigue pendiente, ya que la deuda no ha sido satisfecha. Este caso aborda la obligación de los abogados de cumplir con sus cuotas y mantener su información de contacto al día con el Tribunal.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que enmienda el Artículo 13.9 del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial. La enmienda modifica el procedimiento especial de reclutamiento y designación para puestos como Secretarias Auxiliares del Tribunal I y Alguaciles Auxiliares. Se establece que se designará un candidato por vacante del registro de elegibles en orden descendente, considerando la preferencia de pueblos. Se prioriza la consideración de candidatos de registros de reincorporación, reingreso, otros con derechos reconocidos y solicitudes de traslado mediante una certificación especial previa. El candidato designado dispone de cinco días laborables para iniciar el proceso de nombramiento. La no aceptación o falta de gestión en ese término resulta en la designación del siguiente candidato. Rechazar una designación sin justificación válida conlleva la eliminación del registro de elegibles. El registro especial de elegibles tendrá una vigencia inicial de 180 días, prorrogable según las necesidades del servicio.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un caso de conducta profesional contra el Lcdo. José J. Sigurani Medina. La queja fue presentada por un cliente, Víctor Monserrate Candelario, quien alegó representación negligente en un caso de ejecución de hipoteca. Según la queja, el abogado no contestó una demanda contra coparte ni la reclamación principal del Banco Santander. Esta inacción resultó en la anotación de rebeldía y sentencias en contra del cliente. El cliente afirmó que el abogado no le informó sobre estos incidentes procesales, enterándose por las notificaciones del tribunal. Adicionalmente, el cliente y su nuevo abogado tuvieron dificultades para obtener el expediente del caso del licenciado Sigurani Medina. Tras múltiples gestiones, el abogado finalmente entregó los documentos. Como resultado de la queja, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión del Lcdo. José J. Sigurani Medina. La suspensión se hizo efectiva el 18 de diciembre de 2003.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera una acción disciplinaria contra el notario José Davison Lampón. La conducta investigada se originó en el caso Rodríguez Morales v. Registrador, donde se detectó que el notario fotocopió textos de documentos, como mandamientos de ejecución y actas de subasta, dentro de una escritura de venta judicial en lugar de transcribirlos. El Tribunal expresó gran preocupación por esta práctica y por una discrepancia en el precio de tasación consignado en la escritura y el fijado en la sentencia fotocopiada. Se ordenó una investigación a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). La ODIN confirmó que la práctica de fotocopiar documentos en la escritura matriz es incorrecta. Se determinó que combinar indiscriminadamente técnicas de incorporación de esta forma atenta contra la integridad del contenido notarial. El documento detalla la evaluación de la conducta profesional del notario a la luz de estos hallazgos.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico surge de una solicitud de aumento de pensión alimentaria para una menor. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia acogiendo las recomendaciones de un Informe de Oficial Examinador. Dicho informe no fue notificado a las partes, aunque el peticionario tuvo acceso a él. El peticionario presentó una moción de reconsideración que fue inicialmente devuelta por la secretaría por un error en sellos. Tras corregir el error, la moción fue radicada nuevamente. Estos trámites afectaron el término para apelar. El peticionario presentó su apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones pocos días antes de vencer el término jurisdiccional. El Tribunal Supremo revisa el caso mediante certiorari, centrándose en los aspectos procesales que rodearon la sentencia y la presentación de recursos subsiguientes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 11 de julio de 2003 en el caso TS-10,778. La materia tratada fue una solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por George A. Polish Matos. El Tribunal consideró la moción de reinstalación radicada por el peticionario. También se tomó en cuenta una moción de desistimiento presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Como resultado de la consideración de ambas mociones, el Tribunal ordenó la reinstalación de George A. Polish Matos al ejercicio de la abogacía. La resolución fue acordada por la Sala de Verano integrada por los jueces Rebollo López, Naveira de Rodón, Hernández Denton y Fuster Berlingeri.