Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 182)

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Christian Andújar Nieves compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando una causa de acción en daños contra una trabajadora sociopenal del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente fundamentó su petición en el Artículo 1802 del Código Civil. El Tribunal de Apelaciones examinó el escrito y los documentos presentados. Determinó que su competencia se limita a la revisión judicial de decisiones finales de agencias administrativas. El escrito presentado no solicitaba la revisión de una decisión administrativa, sino que constituía una demanda en daños. Una acción en daños y perjuicios debe ser presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de competencia para atender el asunto. Ordenó el traslado del caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, y decretó el cierre y archivo definitivo del caso ante este foro.

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El Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado por Allied Waste of Ponce, Inc. (AWP). AWP recurrió la Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su moción para solicitar cumplimiento contractual, desestimar demanda contra coparte y paralizar procedimientos. La controversia surge en un caso de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños presentado por HS Group contra Bellagio Corp. y AWP, entre otros. HS Group reclama una deuda por trabajos de construcción. Bellagio, a su vez, presentó una demanda contra coparte contra AWP, alegando que AWP le adeuda dinero relacionado con el proyecto, incluyendo la suma reclamada por HS. AWP contestó la demanda contra coparte, negando la deuda y argumentando que el contrato con Bellagio contiene una cláusula de selección de foro que designa a los tribunales de Arizona como exclusivos. La moción de AWP en el TPI buscaba hacer valer esta cláusula y desestimar la reclamación de Bellagio. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del TPI al denegar el auto.

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Se trata de una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La querellante, Lydia Oquendo Rosado, solicitó la devolución de un depósito de \$3,000 entregado a Raimundo Rivera Rodríguez h/n/c Ray's Real Estate para la compra de una propiedad. Alegó que Rivera no le informó, previo a la firma del contrato, que la propiedad estaba ubicada en una zona inundable, información que conoció a través de su banco hipotecario. Al descubrir esta condición, Oquendo desistió de la compra y pidió la devolución del dinero. Rivera argumentó que Oquendo incumplió el contrato y que no ocultó la información sobre la zonificación. Tras una vista administrativa, el DACO determinó que Rivera no informó a Oquendo sobre la zona inundable antes del contrato. El DACO declaró ha lugar la querella y ordenó a Rivera devolver el depósito de \$3,000. Rivera apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación emitida por el DACO.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión relacionado con la configuración de la papeleta municipal de Aguas Buenas para las elecciones de noviembre de 2020. El recurrente, candidato independiente a alcalde con candidatura agrupada de legisladores municipales, impugnó ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la papeleta por no incluir un espacio para voto íntegro por su candidatura agrupada. También cuestionó la constitucionalidad de una disposición del Código Electoral y señaló un defecto en la papeleta. La CEE desestimó la impugnación por incumplimiento de requisitos reglamentarios. El recurrente presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó el recurso del recurrente. El recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como revisión judicial. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del TPI que desestimó la reclamación del recurrente.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de Certiorari presentado por INTER-AMERICAN Division Publishing Association, Inc. en un caso de despido injustificado. La peticionaria solicita dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el levantamiento de una anotación de rebeldía en su contra. El Tribunal de Apelaciones observa que la resolución impugnada, de hecho, favoreció a la peticionaria al levantar la rebeldía. La solicitud de revocar un dictamen favorable resulta contradictoria. Además, se constata que la parte recurrida, Marcos Pérez Caballero, presentó previamente un Certiorari contra la misma resolución, el cual fue desestimado por otro panel. Dado que la peticionaria impugna un dictamen a su favor y la controversia real fue resuelta en el recurso anterior, el Tribunal concluye que el presente recurso es académico. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por no ser justiciable.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Revisa una apelación presentada por MAPFRE PRAICO y MAPFRE Pan América Insurance Company. Las aseguradoras recurrieron una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La demanda original fue incoada por Héctor Sosa Padilla y Juanita Sepúlveda contra MAPFRE por el impago de una reclamación de seguro tras el huracán María. MAPFRE argumentó que la Ley núm. 247-2018, que concede remedios adicionales por prácticas de mala fe, no era aplicable retroactivamente a hechos anteriores a su aprobación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, interpretando que el propósito legislativo de la Ley 247-2018 era proteger a los consumidores en pleitos pendientes relacionados con los huracanes Irma y María. MAPFRE apeló, insistiendo en la no retroactividad de la ley y en que sus remedios no podían acumularse a una acción contractual. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta resolución en respuesta a una petición de certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Paola. El Consejo de Titulares demandó a Multinational Insurance Company por incumplimiento de contrato relacionado con daños causados por el huracán María. Durante el litigio en el Tribunal de Primera Instancia, el Consejo de Titulares solicitó referir la controversia sobre la valorización de los daños al proceso de "appraisal" establecido por la Ley 242. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, argumentando que dicho proceso es previo al pleito y que referir el caso causaría mayores retrasos. Inconforme, el Consejo de Titulares presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la decisión del foro primario. Multinational Insurance Company se opuso a la expedición del auto. Con el beneficio de las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de apelación presentado por Yolimar Rosales Matos contra Motorambar, Inc. La apelación impugnaba una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había declarado Ha Lugar una moción de sentencia sumaria a favor de Motorambar. La reclamación original de la Sra. Rosales Matos, presentada bajo la Ley 379 y el procedimiento sumario de la Ley 2, buscaba el pago de horas extra y periodos de alimentos. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que la Sra. Rosales Matos, como asesora de servicio, era una empleada exenta y no tenía derecho a los pagos reclamados. La Sra. Rosales Matos apeló esta determinación. Motorambar presentó una moción solicitando la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción. Alegó que el recurso se presentó fuera del término jurisdiccional de diez días aplicable a los procedimientos bajo la Ley 2. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción para atender el recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La peticionaria, Rosa Martínez Santiago, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución impuso a la parte recurrida, Ventura Corporation Limited, el pago de honorarios de abogado equivalentes al 15% de la mesada concedida. La peticionaria había ganado su reclamación laboral y el foro primario le otorgó la mesada correspondiente. Su representación legal presentó un memorando reclamando una suma específica por honorarios. Sin embargo, el TPI determinó que los honorarios serían el 15% de la mesada, en lugar de la cantidad solicitada. Inconforme con esta determinación sobre los honorarios, la señora Martínez Santiago acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras considerar los argumentos y documentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

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Triple-S Propiedad, Inc. compareció ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había denegado la moción de desestimación presentada por Triple-S en una demanda por incumplimiento de contrato de seguros. La demanda fue incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Costa Brava, Attenure Holdings Trust 11 y HRH Property Holdings, LLC, reclamando daños por el Huracán María. Triple-S argumentó que la demanda debía desestimarse porque el Consejo de Titulares cedió su derecho a reclamar y recibir indemnización a Attenure y HRH sin el consentimiento de la aseguradora, violando la póliza. Los demandantes alegaron que la cláusula de la póliza no prohibía la cesión post-pérdida del derecho a reclamar y que era ambigua. El TPI denegó la moción de desestimación, interpretando la cláusula como no aplicable a la cesión post-pérdida del derecho a reclamar. Concluyó que la cesión era válida y los cesionarios tenían legitimación activa para demandar. Triple-S recurrió esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras considerar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Un abogado designado de oficio para representar a un imputado en casos criminales graves solicitó ser relevado de dicha encomienda. Alegó que la distancia entre su oficina y el tribunal, así como el impacto en su práctica y vida personal, hacían la designación irrazonable e impedían brindar una representación adecuada. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de relevo. El abogado recurrió entonces ante el Tribunal de Apelaciones mediante un auto de certiorari. Argumentó que el foro primario erró y abusó de su discreción al imponer una carga irrazonable, lo que podría afectar el derecho constitucional a asistencia legal efectiva. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso bajo el estándar de deferencia a las decisiones discrecionales del tribunal de instancia, salvo abuso manifiesto. Tras evaluar la petición, el panel resolvió denegar el auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera la apelación de Israel Ortiz Colón contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia desestimó la demanda por incumplimiento de contrato del apelante contra Mapfre Insurance Company, aplicando la figura del pago por finiquito. El apelante demandó a Mapfre alegando que la aseguradora no le compensó justamente por los daños causados por el huracán María, ofreciendo una suma menor a la estimada por un experto. Mapfre, por su parte, sostuvo haber actuado de buena fe y que el endoso del cheque emitido, marcado como pago total y final, constituía un finiquito de la reclamación. La aseguradora basó su solicitud de sentencia sumaria en esta defensa. Tras examinar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia sumaria. Se ordena la continuación de los procedimientos en el foro primario.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Johnny Diffut Rodríguez y Sandra Reyes, apelantes, para impugnar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó sin perjuicio la demanda que presentaron contra Antilles Insurance Company por incumplimiento de contrato y daños. La demanda reclamaba indemnización por daños a su propiedad causados por el huracán María bajo una póliza de seguro. Los apelantes alegaron que Antilles incumplió sus obligaciones contractuales, actuó de mala fe y ajustó la reclamación de forma incompleta. Antilles solicitó la desestimación argumentando falta de jurisdicción. Sostuvo que los apelantes no cumplieron con el requisito de notificación previa al Comisionado de Seguros y a la aseguradora bajo la Ley 247-2018. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de desestimación, considerando dicho requisito como jurisdiccional. Los apelantes argumentan que su reclamo es por incumplimiento contractual general y no bajo la Ley 247-2018, o que el requisito no es jurisdiccional. Antilles reitera que la notificación es un requisito jurisdiccional y la demanda era prematura. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar el recurso basado en estos planteamientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000508. Mildred Martínez Hernández apela una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Mapfre Insurance Company. La demanda surgió tras una reclamación por daños de huracán, donde Mapfre pagó \$2,288.02 con un cheque marcado como "pago total y final", el cual la apelante cobró. Posteriormente, la Sra. Martínez demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato y daños. El foro primario desestimó la demanda aplicando la doctrina de pago en finiquito. La apelante alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al considerar la defensa de pago en finiquito, ya que Mapfre no la planteó en su contestación a la demanda, y al determinar que se configuraron los elementos de dicha doctrina. El Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de la Sentencia Sumaria y la correcta aplicación de la doctrina de pago en finiquito, incluyendo si la defensa fue debidamente planteada como defensa afirmativa según las Reglas de Procedimiento Civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. La sentencia apelada desestimó la demanda por daños y perjuicios presentada por la familia Barreto-Zayas contra Universal Insurance Company, aseguradora de East Coast Water Sports. La demanda surge de un accidente fatal en motora acuática sufrido por la hija menor de los apelantes. Los demandantes alegaron negligencia de East Coast y reclamaron a Universal bajo la póliza de seguro. Universal solicitó sentencia sumaria, argumentando que la póliza excluía la cubierta para menores de edad no acompañados por un padre o tutor, condición que, según la aseguradora, no se cumplió. El TPI concedió la sentencia sumaria a Universal. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones REVOCA la Sentencia Parcial apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000466. La Cooperativa de Seguros Múltiples solicitó un Certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso original fue instado por Jesús Menéndez Cruz contra la aseguradora por incumplimiento de contrato tras el huracán María. La aseguradora argumentó que el asegurado aceptó un pago de $978.40 como liquidación total y definitiva al endosar un cheque con dicha cláusula. Esto, según la aseguradora, constituía un pago en finiquito que resolvía la reclamación. El asegurado se opuso a la sentencia sumaria, alegando que la aseguradora no le comunicó claramente que el pago era final. Sostuvo que solicitó reconsideración y que endosó el cheque bajo la creencia de que la aseguradora respondería por más daños. Alegó que la aseguradora ejerció opresión o indebida ventaja. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y decidió denegar la petición de certiorari presentada por la aseguradora.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de relevo de sentencia. Los apelantes, Jorge Torres Reyes y otros, solicitaron anular una sentencia dictada en rebeldía en 2014 en un caso de ejecución de hipoteca. La demanda original fue presentada por Doral Bank, que luego fue sustituido por Roosevelt REO PR Corp. La sentencia de 2014 se emitió tras la incomparecencia de los apelantes en el pleito iniciado en 2012. En su moción de relevo de 2019, los apelantes argumentaron que la sentencia era nula por falta de jurisdicción. Alegaron que Doral Bank carecía de legitimación activa para demandar, pues supuestamente había vendido el pagaré hipotecario antes de presentar el caso. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de relevo en enero de 2020. El Tribunal de Apelaciones examina ahora dicha denegatoria, acogiendo el recurso como un *certiorari* al tratarse de un remedio postsentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Firstbank Puerto Rico apeló la desestimación de su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original fue presentada contra individuos y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ellos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al determinar que la sociedad legal de gananciales, considerada parte indispensable, no fue emplazada conforme a derecho. Firstbank había intentado el emplazamiento mediante edicto y envío por correo certificado a los individuos. El foro primario concluyó que no se envió copia de la demanda y edicto por correo certificado con acuse de recibo a la sociedad legal de gananciales como entidad separada. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, validando la desestimación de la demanda por falta de emplazamiento adecuado a la sociedad legal de bienes gananciales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurso fue presentado por el Hogar Escuela Sor María Rafaela y su directora contra el Departamento de la Familia (DF). Se impugnaba una notificación del DF que declaraba "Con Fundamento" una investigación de maltrato institucional. La investigación del DF se originó por alegaciones de maltrato físico y negligencia contra menores en la institución. Tras recibir la notificación, los recurrentes apelaron ante la Junta Adjudicativa del DF. Solicitaban que la investigación fuera declarada "Sin Fundamento" y la eliminación de sus nombres del registro. Presentaron entonces este recurso ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para conocer del asunto.

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Julio Collazo Pérez, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El recurrente impugna una determinación del DCR que denegó su solicitud de reconsideración. Previamente, Collazo Pérez había solicitado un remedio administrativo alegando que, tras un traslado de vivienda, perdió su trabajo como servidor de alimentos en la cocina y las bonificaciones asociadas. El DCR respondió que completaría la bonificación del mes del traslado y referiría su solicitud de trabajo. Inconforme con la respuesta y su posterior denegación en reconsideración, el recurrente acudió al foro apelativo argumentando sentirse menospreciado y marginado, pues a otros confinados se les permite trabajar en la cocina. Solicitó al Tribunal que ordene al DCR considerarlo para dicho trabajo. El Tribunal decidió prescindir de la comparecencia del DCR y procedió a discutir el alcance de la revisión judicial de decisiones administrativas, destacando la deferencia que se debe conceder a las agencias.

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Zuleyka Rodríguez Maldonado solicitó revisión judicial de las determinaciones disciplinarias emitidas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Departamento la encontró responsable de violar los Códigos 109, 141 y 200 del Reglamento Disciplinario por posesión de un encendedor, un celular y cigarrillos caseros. Como sanción, se le impuso la privación de recreación, visita, comisaría y privilegios por un total de 75 días. La recurrente impugnó las querellas, negando algunos hechos y alegando errores procesales, como emplazamiento tardío. El Departamento confirmó las sanciones en reconsideración, desestimando los errores como insustanciales y justificando el emplazamiento tardío por el sismo de enero de 2020. El Tribunal de Apelaciones aceptó el recurso de revisión y, en aras de eficiencia, prescindió de la comparecencia escrita del Departamento.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Richard Cartagena Suarez. El peticionario buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción al amparo de la Ley Núm. 142 y la Regla 72(7) sobre alegaciones preacordadas. Cartagena Suarez se había declarado culpable de cinco infracciones al Art. 5.04 de la Ley de Armas mediante alegación preacordada. Fue sentenciado a cinco años por cada infracción, a cumplirse consecutivamente, totalizando treinta años. En su moción, argumentó que la Ley Núm. 142 exigía una pena mínima de dos años para la alegación preacordada, no cinco por delito, y planteó ineficacia de representación legal. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar su solicitud. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción en el recurso de certiorari, denegó la expedición del auto.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina la apelación presentada por Ernesto R. Irizarry Santiago y Gloria M. Villafañe González. Los apelantes solicitan la revisión de una Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Dicha sentencia declaró Ha Lugar la solicitud de Scotiabank de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. El TPI condenó a los apelantes al pago de cantidades específicas adeudadas bajo un préstamo hipotecario. El pleito original fue instado por Scotiabank en 2014, alegando el incumplimiento de un pagaré y escritura de hipoteca de 2009. Los apelantes contestaron la demanda y presentaron una reconvención. En la reconvención, alegaron que Scotiabank violó la ley de mediación compulsoria, actuó negligentemente y con mala fe, y reclamaron daños y perjuicios. Scotiabank contestó la reconvención negando las alegaciones y planteando defensas. El Tribunal de Apelaciones procede a disponer del recurso de apelación contra la sentencia sumaria que resolvió el caso principal a favor del banco.

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El recurrente Harry Batista Ocasio, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, solicitó la revisión de una determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le revocó el privilegio de libertad bajo palabra. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión por adolecer de múltiples defectos procesales. Principalmente, el recurrente no pagó los aranceles judiciales ni presentó una solicitud jurada para exención de pago por indigencia, requisito indispensable para la tramitación del recurso. Además, el recurso presentó un apéndice incompleto, omitiendo la determinación original de la agencia y la moción de reconsideración. Tampoco incluyó un señalamiento de los errores supuestamente cometidos ni citó fuentes legales o jurisprudenciales aplicables, como exige el Reglamento del Tribunal. El Tribunal enfatizó que el comparecer por derecho propio no exime del cumplimiento riguroso de las reglas procesales. El incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se perfeccione adecuadamente, privando al foro apelativo de jurisdicción para ejercer su función revisora.

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Javier Rivas Claudio presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Solicitó que se ordenara al Departamento otorgarle bonificaciones por asiduidad y buena conducta para reducir su sentencia. El recurrente alegó haber cumplido con los criterios del sistema de bonificaciones, pero la institución correccional no efectuó la acreditación correspondiente. El Tribunal procedió a evaluar su jurisdicción y la naturaleza de los remedios solicitados. Discutió los requisitos para la revisión judicial, que exige una orden administrativa final. También analizó el auto de mandamus, señalando que procede para exigir el cumplimiento de un deber ministerial. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial presentado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por el Secretario de Hacienda y el ELA. La petición busca revisar la denegación de una moción de desestimación por el Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente es una impugnación de tasación contributiva por parte de los contribuyentes Radamés Muñiz Vega y Emma Dolores Meléndez López. Los contribuyentes alegan que una tasación de $38,040 fue tratada ilegalmente como un error matemático sin la debida notificación. El Gobierno solicitó la desestimación argumentando que la tasación era un error matemático y el remedio exclusivo era administrativo ante el Secretario, no judicial. Los contribuyentes se opusieron, sosteniendo que la tasación no era un error matemático genuino, invalidando así el procedimiento administrativo para errores matemáticos y justificando su acción judicial. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación del Gobierno. La Resolución detalla el tracto procesal y los argumentos de las partes sobre la naturaleza de la tasación y la jurisdicción aplicable.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una petición de certiorari presentada por MAPFRE Pan American Insurance Company. MAPFRE impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente fue incoado por Vilma Alvarado Romero contra MAPFRE por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios tras el Huracán María. La Sra. Alvarado Romero alegó que MAPFRE no pagó adecuadamente su reclamación de seguro de propiedad y actuó de mala fe. MAPFRE solicitó sentencia sumaria argumentando que la reclamación se finiquitó mediante la doctrina de pago en finiquito al la Sra. Alvarado Romero cambiar un cheque. La demandante se opuso, aduciendo que no fue debidamente informada de que el pago constituía un finiquito total. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían hechos materiales en controversia y denegó la sentencia sumaria. Ordenó a MAPFRE contestar la demanda, lo que llevó a la aseguradora a recurrir en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver el recurso.

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Miguel A. Córdoba Villodas apeló treinta y ocho sentencias dictadas en su contra por el Tribunal de Primera Instancia en Fajardo. Las acusaciones se basaron en hechos de violencia doméstica ocurridos entre 2012 y 2014. El tribunal primario lo encontró culpable de múltiples cargos bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica, la Ley de Armas y el Código Penal. Fue sentenciado a un total de 108 años y 9 meses de reclusión. La sentencia incluyó 90 años por doce violaciones a la Ley de Armas, con la pena duplicada por un agravante. El apelante argumentó, entre otros errores, insuficiencia de prueba, defectos en las acusaciones de Ley de Armas, doble exposición por el agravante y la aplicación incorrecta del delito continuo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y el alegato en oposición del Procurador General. La sentencia resuelve confirmar el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa solicitada por Carlos Santiago Guzmán. El recurrente impugna la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de mantenerlo en nivel de custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento del DCR había recomendado la custodia mediana en enero de 2019. Esta decisión se basó en una modificación discrecional por la gravedad de sus delitos, a pesar de que una escala de puntuación sugería custodia mínima. La Oficina de Clasificación del DCR confirmó esta determinación en junio de 2020, citando también la existencia de un "Detainer". El Sr. Santiago argumentó que el "Detainer" fue utilizado incorrectamente y destacó su cumplimiento y tiempo confinado. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. La corte confirma la determinación administrativa recurrida. Se mantiene el nivel de custodia mediana para el recurrente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. El recurrente impugna la desestimación de su apelación por considerarla tardía. La Junta Adjudicativa determinó que el término de quince días para apelar comenzó a correr desde la fecha del matasello de envío de la notificación de la agencia. Según este cálculo, la apelación del recurrente fue presentada un día después del vencimiento. El recurrente alega que la notificación de la agencia fue defectuosa. Argumenta que solo indicaba que el término corría desde la "fecha de notificación", sin aclarar que se refería a la fecha de envío por correo. Esto le llevó a entender que el término comenzaba al recibir la notificación. La sentencia aborda si la Junta aplicó correctamente el reglamento sobre los términos para apelar y la suficiencia de la notificación de la agencia.

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Peticionarios, tenedores de decretos bajo las Leyes 22-2012 o 60-2019, presentaron un recurso de certiorari para revisar la denegatoria de un interdicto preliminar por el Tribunal de Primera Instancia. Buscaban detener el cobro de una contribución de \$5,000 impuesta por la Ley Núm. 40-2020 al presentar su informe anual. El foro primario denegó el interdicto, entendiendo que equivaldría a un interdicto permanente y que no existía daño irreparable al poder impugnar la contribución en el curso ordinario. Los peticionarios argumentaron en alzada que el remedio interdictal era necesario para evitar que el litigio se tornara académico ante la fecha límite de pago. El Tribunal de Apelaciones identificó como cuestión medular un asunto jurisdiccional. Destacó que, al ser el Estado parte en el litigio, el recurso de certiorari contra una resolución interlocutoria debió presentarse en el término estricto de treinta (30) días. Esto contrasta con el término de sesenta (60) días aplicable a los recursos de apelación cuando el Estado es parte. La resolución subraya la importancia de esta distinción en la práctica forense apelativa.

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José A. Ortiz Clemente, un confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la corrección de su sentencia dictada en 2011. Pidió que las penas impuestas por varios delitos, incluyendo secuestro, robo y violaciones a la Ley de Armas, se cumplieran de manera concurrente. Argumentó que, por mediar concurso de delitos según el Código Penal de 2004 y sus enmiendas, solo debía cumplir la pena del delito más grave. El Tribunal de Apelaciones constató que el confinado no había presentado previamente esta solicitud de corrección ante el Tribunal de Primera Instancia, que fue el foro sentenciador. Esta presentación prematura ante el foro apelativo priva a este tribunal de jurisdicción para entender en el asunto. Al no existir una orden o dictamen judicial del tribunal primario para revisar, el Tribunal de Apelaciones carece de base para ejercer su facultad revisora. Por estas razones, el recurso de certiorari fue desestimado. El Tribunal señaló que el confinado debe presentar su solicitud ante el tribunal sentenciador para que este pueda considerarla oportunamente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende dos recursos de certiorari consolidados provenientes de un caso del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. El pleito subyacente fue presentado por Patrick A.P. De Man y Mika De Man contra Adam C. Sinn y varias entidades comerciales relacionadas. De Man alega incumplimiento de deber fiduciario, de contrato, mala fe y otros reclamos, basados en una promesa de participación del 50% en dos entidades que supuestamente no se cumplió. De Man reclama daños monetarios sustanciales por diversas pérdidas y trabajo no pagado. Los demandados negaron las alegaciones de De Man en su contestación y reconvención. Los recursos consolidados impugnan resoluciones procesales distintas del foro primario: una denegando la reconsideración de una orden de embargo, y otra declarando con lugar una moción para compeler contestaciones a interrogatorios. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos por surgir del mismo pleito.

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El Pueblo de Puerto Rico recurre en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Dicha resolución desestimó las denuncias por robo y violación a la Ley de Armas contra Luis Caballero Cruz. La desestimación ocurrió luego que el TPI denegara la solicitud del Ministerio Público para celebrar la vista preliminar mediante videoconferencia. El TPI fundamentó su decisión en que las vistas preliminares son de naturaleza probatoria y requieren el consentimiento del imputado para realizarse por videoconferencia, invocando el derecho a debido proceso y representación legal efectiva. El Ministerio Público alegó que el TPI erró al desestimar el caso y negarse a usar la videoconferencia, especialmente en el contexto de la pandemia. El recurrido se opuso, reiterando los argumentos del TPI. El Tribunal de Apelaciones adelanta que, por los fundamentos que expondrá, procede revocar la resolución recurrida.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examina un recurso sobre custodia, patria potestad y traslado de menores entre Alex Arriaga López y Karla Diana Perea Toledo. El caso principal (KLAN202000745) apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de custodia del padre. La cuestión central es si el Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para atender esta apelación, presentada antes de que se emitiera el mandato en un caso de certiorari relacionado (KLAN202000259). En el certiorari previo, se revocó una orden del foro primario sobre el emplazamiento por edicto de la madre. La Sentencia explora la interacción de conceptos jurídicos como la paralización de procedimientos, el efecto del mandato apelativo y la jurisdicción. También considera el impacto de un posible decreto de custodia de otra jurisdicción estatal en los trámites locales. El trasfondo incluye la demanda del padre en Puerto Rico, el emplazamiento por edicto, una orden de custodia a favor del padre, el recurso de certiorari de la madre impugnando el emplazamiento, y la madre iniciando trámites en otra jurisdicción. Se busca determinar si el foro apelativo ostenta jurisdicción para revisar la Sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia bajo estas circunstancias procesales.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos de certiorari consolidados (KLCE20200173 y KLCE20200845). Ambos recursos provienen del mismo caso civil en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, entre Patrick A.P. De Man et al. como demandantes y Adam C. Sinn et al. como demandados. El pleito original, iniciado en 2016, versa sobre alegaciones de incumplimiento de deber fiduciario, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Los demandantes, De Man et al., sostienen que Adam Sinn no cumplió una promesa de otorgarles un 50% de participación en las entidades Raiden, LP y Aspire, LP. Alegan que Sinn manejó las entidades como un grupo empresarial único y buscan cuantiosos daños monetarios por diversas causas, incluyendo trabajo no pagado. Los demandados negaron que De Man hubiese adquirido interés alguno en las sociedades. El recurso KLCE20200173 impugna la denegatoria de una reconsideración sobre una orden de embargo. El recurso KLCE20200845 apela una orden que compelió a los demandados a contestar interrogatorios. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos por surgir del mismo caso, aunque impugnen trámites distintos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y daños. Los apelantes demandaron a su aseguradora, Triple S Propiedad, por no compensar adecuadamente los daños a su propiedad tras el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda acogiendo una moción de la aseguradora. La aseguradora alegó que los apelantes aceptaron un pago de \$614.30 como finiquito total de la reclamación al cobrar un cheque. Los apelantes se opusieron a la desestimación, argumentando que la defensa de finiquito no se levantó oportunamente. Además, sostuvieron que existía una controversia sobre si su consentimiento al supuesto finiquito fue viciado por actos dolosos de la aseguradora. Alegaron que el cheque se envió sin explicación ni desglose, y que el monto era muy inferior a los daños reales. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de desestimación. Devolvió el caso al foro primario para que continuaran los procedimientos.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Cellu-Beep, Inc. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios. La demanda original alegaba mala práctica profesional contra un bufete de abogados y varios letrados. El foro primario desestimó el caso con perjuicio debido a los reiterados incumplimientos de Cellu-Beep con los términos de descubrimiento de prueba y el pago de sanciones. Estos incumplimientos, según el TPI, causaron retrasos procesales. Cellu-Beep solicitó reconsideración de la desestimación, la cual fue denegada. La apelación busca la revocación de la Sentencia desestimatoria. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal, incluyendo controversias sobre peritos y cambios de representación legal. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000151. Se revisa la apelación presentada por Carlos Erazo Santana contra el Comisionado de Instituciones Financieras y otros funcionarios. El apelante impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda con perjuicio. La demanda original reclamaba daños y perjuicios e incumplimiento de deber ministerial por la demora en una investigación de la OCIF iniciada en 2016. El señor Erazo alegaba que la tardanza ponía en riesgo la vivienda de sus hijos menores. Los demandados solicitaron la desestimación argumentando, entre otras cosas, la falta de emplazamiento al Secretario de Justicia y la ausencia de un deber ministerial con plazo definido para completar investigaciones. El Tribunal de Primera Instancia concedió la desestimación. El Tribunal de Apelaciones analizó los fundamentos de la desestimación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que condenó al Municipio de Arecibo a pagar un bono de navidad de \$500 a sus empleados elegibles para el año 2016. La Sentencia apelada se basó en la Ordenanza Municipal Número 9, que autorizaba un bono total de \$1,000. La disputa surgió cuando el Municipio aprobó la Ordenanza Número 34, que enmendó la anterior, limitando la aportación municipal a parear la del Gobierno Central, sin garantizar los \$1,000. PROSUL-UTIER demandó, alegando que la Ordenanza Número 34 menoscababa derechos adquiridos y era inconstitucional. El Municipio solicitó la desestimación, argumentando que el procedimiento sumario utilizado no aplicaba a empleados públicos. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Consecuentemente, la demanda presentada por PROSUL-UTIER fue desestimada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201901137. The Palmas Academy, Inc. apela la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la querella de despido injustificado presentada por Myrna F. Méndez López. La señora Méndez López reclamó haber sido despedida sin justa causa en octubre de 2016 tras unos 13 años de servicio, solicitando la mesada de la Ley 80. The Palmas Academy alegó que el despido fue justificado por incumplimiento de las normas del Manual de Empleados. Específicamente, señalaron que la empleada ofreció servicios de cuido pagados usando las facilidades escolares fuera de horario. También mencionaron amonestaciones previas por otras faltas. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la empleada. El Tribunal de Apelaciones resuelve ahora la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000796. El recurso fue presentado por Centro Ceski, C.S.P. contra MMM Healthcare Inc. y otros. Se apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, que desestimó las alegaciones de Centro Ceski por incumplimiento de órdenes judiciales. Tras la sentencia parcial, Centro Ceski solicitó reconsideración ante el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración. Centro Ceski entonces presentó el presente recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones revisó el trámite procesal, incluyendo aspectos de notificación y representación legal. Concluyó que carece de jurisdicción para atender la apelación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso KLCE202000971. La peticionaria, Ivelisse Irizarry Hernández, solicitó la modificación de una sentencia de seis años por infracción a la Ley de Armas. También expresó inconformidad con una determinación previa del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria argumentó haber cumplido con programas de rehabilitación como base para la rebaja de sentencia. El Tribunal de Apelaciones desestimó el auto de certiorari presentado. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos procesales para perfeccionar el recurso. Específicamente, la peticionaria no incluyó en su apéndice copia de la determinación recurrida ni de la sentencia cuya modificación solicitaba. El Tribunal recordó que la falta de estos documentos obligatorios, según la Regla 34(E) del Reglamento, impide el cabal ejercicio de la función revisora. Este incumplimiento resulta en la inadecuación del recurso y la falta de jurisdicción del foro apelativo para atender los méritos del caso. La resolución enfatiza la obligación de cumplir con las reglas procesales, incluso para quienes comparecen por derecho propio.