ROBLES SANCHEZ, DAMIEN V. E L A DE PR

Peticionarios, tenedores de decretos bajo las Leyes 22-2012 o 60-2019, presentaron un recurso de certiorari para revisar la denegatoria de un interdicto preliminar por el Tribunal de Primera Instancia. Buscaban detener el cobro de una contribución de $5,000 impuesta por la Ley Núm. 40-2020 al presentar su informe anual. El foro primario denegó el interdicto, entendiendo que equivaldría a un interdicto permanente y que no existía daño irreparable al poder impugnar la contribución en el curso ordinario. Los peticionarios argumentaron en alzada que el remedio interdictal era necesario para evitar que el litigio se tornara académico ante la fecha límite de pago. El Tribunal de Apelaciones identificó como cuestión medular un asunto jurisdiccional. Destacó que, al ser el Estado parte en el litigio, el recurso de certiorari contra una resolución interlocutoria debió presentarse en el término estricto de treinta (30) días. Esto contrasta con el término de sesenta (60) días aplicable a los recursos de apelación cuando el Estado es parte. La resolución subraya la importancia de esta distinción en la práctica forense apelativa.