Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 168)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de apelación en un caso de propiedad horizontal. La apelante, Villas del Parque 202, S.E., solicita la revocación de una sentencia parcial sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia favoreció al apelado, el Consejo de Titulares del Condominio Villas del Parque. La controversia central gira en torno a la titularidad y disposición de unos nichos de almacenaje ubicados en el condominio. Villas del Parque alega ser propietaria de los nichos y que el Consejo le impidió el acceso y se negó a recibir cuotas de mantenimiento. Sostiene que los nichos son propiedad privada o anejos, aunque se designen como elementos comunes, si sirven a un solo apartamento. El Consejo de Titulares argumenta que los nichos son elementos comunes cuya venta requiere consentimiento unánime y que Villas del Parque perdió titularidad al someterse el condominio. El Consejo presentó una reconvención solicitando la nulidad de ventas y el reembolso de fondos obtenidos por Villas del Parque. El recurso busca revertir la determinación del TPI sobre la titularidad y derechos sobre estos espacios.

Resumen:

Víctor Núñez y Lucía Meléndez Soto apelaron una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda por incumplimiento de contrato contra Mapfre Insurance Company. Los apelantes reclamaron daños a su propiedad causados por el huracán María y alegaron que Mapfre subestimó los daños y actuó de mala fe. Mapfre se defendió argumentando que la reclamación fue saldada completamente mediante cheques que los apelantes endosaron y cobraron. La aseguradora invocó la doctrina de pago en finiquito. El foro primario acogió la defensa de Mapfre y dictó sentencia sumaria a su favor. Los apelantes buscan la revocación de esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces que atiende un recurso de apelación presentado por Carmen Pagán Rivera. La apelación busca revocar una sentencia sumaria que desestimó su demanda contra Mapfre Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y mala fe por parte de la aseguradora en el ajuste de daños causados por el huracán María. La apelante sostenía que Mapfre subestimó los daños y no la compensó adecuadamente bajo su póliza de propiedad. El foro primario desestimó el caso aplicando la doctrina de pago en finiquito. Mapfre argumentó que la apelante cobró un cheque de \$4,119.72. Este cheque estaba identificado como pago total y definitivo de la reclamación por los daños del huracán. Al endosar y cambiar el cheque sin reserva, la reclamación de la apelante se consideró extinguida. La sentencia revisa la procedencia de dicha desestimación sumaria.

Resumen:

Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La madre de un menor con impedimentos solicitó el reembolso de gastos educativos incurridos en una escuela privada. Alegó que el Departamento de Educación (DE) no proveyó un Plan Educativo Individualizado (PEI) adecuado ni una ubicación pública apropiada. El Foro Administrativo de Educación Especial (FAEE) concedió el reembolso para el año escolar 2018-2019 debido a incumplimientos procesales del DE. No obstante, el FAEE denegó el reembolso para el año 2019-2020. El FAEE determinó que para el segundo año, el DE cumplió con la reunión COMPU y que su obligación se limitaba a un plan de servicios si los padres optaban por la ubicación privada unilateralmente. La recurrente apeló la denegatoria del reembolso para 2019-2020, cuestionando la interpretación del FAEE sobre las obligaciones del DE. El Tribunal de Apelaciones procede a revocar la Resolución Final y Orden del FAEE.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la impugnación de una confiscación de vehículo presentada por la Cooperativa de Seguros Múltiples. La Cooperativa, aseguradora del vehículo financiado por Oriental Bank, desafió la ocupación del automóvil por la Policía y la Junta de Confiscación. La confiscación se basó en un "hallazgo" de picadura de marihuana durante una intervención. Un punto central de la impugnación fue que no se radicaron cargos criminales contra persona alguna por los hechos que motivaron la confiscación. La Cooperativa argumentó que, bajo la Ley Número 119 de 2011, la confiscación de propiedad privada no procede sin la radicación de cargos criminales. El Gobierno defendió la validez de la confiscación amparándose en la presunción de corrección y sosteniendo que procedía con o sin cargos criminales. El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia sumaria a favor de la Cooperativa. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la Sentencia recurrida.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación contra la desestimación de una demanda. La demanda fue presentada por propietarios de apartamentos contra Chubb Insurance Company y otros por daños causados por el Huracán María. Los demandantes reclamaron incumplimiento contractual, manejo de reclamaciones de mala fe por la aseguradora y violación del deber fiduciario por el Consejo de Titulares. Las causas de acción se basaron en el Código de Seguros, Código Civil y la ley RICO. Chubb solicitó la desestimación alegando que los demandantes no cumplieron con el requisito de agotar los remedios administrativos ante el Comisionado de Seguros, según el Art. 27.164 del Código de Seguros. La aseguradora argumentó que este incumplimiento privaba al tribunal de jurisdicción sobre las reclamaciones del Código de Seguros. También sostuvo que dicho artículo impedía atender conjuntamente reclamaciones del Código de Seguros y del Código Civil. La sentencia apelada desestimó la demanda sin perjuicio, siendo este el objeto del recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Judgment from the Puerto Rico Court of Appeals reviewing a breach of contract case filed by Herminio Figueroa Rodríguez against MAPFRE and Universal Insurance companies. Figueroa sued the insurers for failing to provide fair compensation for property damage sustained during Hurricane Maria, alleging breach of their respective policies. Universal disputed coverage, while MAPFRE argued its obligation was extinguished by a payment accepted by Figueroa, invoking the doctrine of payment in full settlement. The Court of First Instance had dismissed Figueroa's lawsuit based on this doctrine. The Court of Appeals reviewed the lower court's decision on appeal. The appellate court modified the judgment issued by the Court of First Instance. However, as modified, the Court of Appeals confirmed the dismissal of the lawsuit.

Resumen:

MAPFRE Pan American Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso se originó con una demanda de Félix Martínez Santos contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María, relacionada con una reclamación de seguro denegada. MAPFRE argumentó que la reclamación fue saldada mediante un "pago en finiquito" al endosar el demandante un cheque que especificaba ser el pago total y final. El señor Martínez Santos se opuso, alegando que su consentimiento estuvo viciado y que no entendió que renunciaba a sus derechos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, determinando que existían hechos materiales en controversia sobre la validez del finiquito. La Resolución del Tribunal de Apelaciones deniega la petición de certiorari de MAPFRE. Esto confirma la decisión del foro primario de que la controversia sobre el consentimiento impide resolver el caso sumariamente. El proceso judicial continuará para determinar si el endoso del cheque constituyó un finiquito válido de la reclamación de seguro.

Resumen:

One Alliance Insurance Corporation solicitó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por One Alliance en un caso incoado por Caribbean Decor Stone, Corp. por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María. One Alliance fundamentó su solicitud de sentencia sumaria en la doctrina de pago en finiquito, alegando que Caribbean Decor aceptó los pagos realizados. Caribbean Decor se opuso, argumentando que el consentimiento estuvo viciado por falsas representaciones de la aseguradora y disputando las cubiertas aplicadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos materiales en controversia. Estos hechos incluían el valor real de los daños, la posible mala fe de One Alliance en el ajuste y si indujo a error a Caribbean Decor. El foro primario destacó que la doctrina de pago en finiquito requiere buena fe por parte del deudor. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en el caso KLAN202000632, resolviendo una apelación de Wanda I. Rodríguez Robledo. La apelante impugnó la desestimación de su acción civil (AG2019CV01572) por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha demanda procuraba detener la ejecución de una sentencia previa en su contra, alegando que su defensa de usura no fue atendida. Los apelados sostuvieron que el planteamiento de usura fue debidamente considerado y resuelto en el litigio anterior y sus etapas apelativas, incluyendo ante el Tribunal Supremo. El foro primario acogió la defensa de cosa juzgada presentada por los apelados y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y los argumentos. Determinó que la controversia sobre la defensa de usura había sido previamente adjudicada. Por consiguiente, el Tribunal confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. La decisión valida la aplicación de la doctrina de cosa juzgada en este caso.

Resumen:

Se revisa la Sentencia y Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un litigio iniciado por el Sr. Eduardo Joglar Castillo contra sus socios y la compañía AWCI, LLC. El Sr. Joglar demandó la disolución de la compañía y la liquidación de su participación económica tras su renuncia. Aunque el TPI inicialmente denegó la liquidación, un panel previo de este Tribunal revocó esa decisión, confirmando el derecho del Sr. Joglar a recibir su participación y ordenando la continuación del caso. Fondos de la compañía fueron consignados en el TPI por Merrill Lynch durante el proceso. Posteriormente, el TPI ordenó el desembolso de la mayor parte de estos fondos a AWCI, reteniendo solo un porcentaje para la posible participación del Sr. Joglar. El TPI luego archivó el caso, determinando que no existía controversia, y denegó las solicitudes del Sr. Joglar de intereses y honorarios de abogado. El Sr. Joglar apeló esta determinación de archivo y la denegación de sus reclamos. Este Tribunal revoca la Sentencia y la Resolución del TPI que ordenaron el archivo del caso y denegaron los intereses y honorarios.

Resumen:

Raymond Alers Quiñones, miembro de la población penal, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Solicitó que se le aplicaran las bonificaciones por buena conducta establecidas en la Ley 87 de 2020. El peticionario alegó que el DCR había determinado erróneamente que dichas bonificaciones no le eran de aplicación. El documento describe el proceso administrativo donde el peticionario solicitó el remedio y el DCR respondió que se encontraba analizando el protocolo para aplicar la Ley 87, la cual entraba en vigor 90 días después de su aprobación. La Ley 87 de 2020 enmendó la ley existente para permitir bonificaciones de hasta seis o siete días por mes, reduciendo la pena hasta un 20%, y concedió al DCR 90 días para su implementación. El Tribunal señala que la premisa del peticionario es incorrecta, ya que los documentos no reflejan una determinación final del DCR negando la aplicación de la ley, sino indicando que el proceso de implementación estaba en curso. El recurso de revisión se fundamenta en esta alegación de una determinación del DCR que, según el análisis inicial del Tribunal, no se produjo en los términos planteados por el recurrente.

Resumen:

La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El recurrente, un policía municipal de Carolina, reclamó aumentos salariales por años de servicio correspondientes a 2013 y 2018. Presentó una apelación ante la CASP luego de que el Municipio no respondiera a su reclamación escrita. El Municipio solicitó la desestimación, alegando que la CASP carecía de jurisdicción por haber transcurrido el término apelativo de 30 días. El Municipio argumentó que el término comenzó cuando el recurrente tuvo conocimiento de su alegada acreencia, años antes de la apelación. La CASP desestimó la apelación, concluyendo que el recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional, calculando el inicio del término desde las fechas en que los aumentos eran supuestamente adeudados. El recurrente sostuvo que, ante la falta de determinación municipal, procedió conforme al reglamento para apelar la inacción. El Tribunal de Apelaciones examina si la CASP erró al desestimar por falta de jurisdicción. La sentencia revoca la Resolución de la CASP.

Resumen:

Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. Los apelantes reclamaban por una caída sufrida en un supermercado Econo, alegando negligencia por la presencia de una cáscara de guineo y sustancia resbalosa. Demandaron a Supermercado Econo Pastrana, Inc., entre otros, solicitando compensación por daños físicos y emocionales. El demandado Econo Pastrana contestó negando ser el dueño del supermercado donde ocurrió el incidente, afirmando poseer otra tienda en una ubicación distinta. El Tribunal de Primera Instancia identificó una duda genuina sobre el lugar de los hechos y la entidad responsable, ordenando a los demandantes clarificar y enmendar si procedía. Tras el proceso, el TPI desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Comparece Adalberto López Arroyo apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su demanda contra Mapfre Pan American Insurance Company. López Arroyo demandó a Mapfre por daños a su propiedad tras el huracán María, alegando incumplimiento y mala fe de la aseguradora. Mapfre solicitó sentencia sumaria, argumentando que un pago previo al asegurado constituyó un pago en finiquito que extinguió la obligación. El TPI acogió el argumento de Mapfre y desestimó la demanda. En apelación, el panel revisor determinó que Mapfre no incluyó la defensa de pago en finiquito en su Contestación a Demanda inicial. Según la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, el pago en finiquito es una defensa afirmativa que debe ser expresada en la contestación. Al no hacerlo, Mapfre renunció a dicha defensa y no podía invocarla posteriormente en una moción de sentencia sumaria. Por consiguiente, el panel concluyó que la solicitud de sentencia sumaria debió ser declarada sin lugar. Se revoca la Sentencia impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Wilmington Savings Fund Society demandó a Aina Liz Sanabria Sanabria por incumplimiento de pago sobre su residencia principal. La peticionaria invocó la Ley 184 de 2012, Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar. El caso fue referido a mediación compulsoria según lo dispuesto por la ley. Durante la mediación, la parte demandante ofreció un plan provisional de repago pero se negó a divulgar los términos aproximados de la modificación final del préstamo. La peticionaria y el mediador argumentaron que esta negativa incumplía con los requisitos de orientación de la Ley 184. La parte demandante se retiró de la mediación sin proveer la información solicitada. La peticionaria solicitó al Tribunal de Primera Instancia la desestimación del caso por incumplimiento con la Ley 184. El foro primario declaró No Ha Lugar dicha moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación en un caso de nulidad de contrato. El apelante, Miguel Santiago Espada, recurre una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra los vendedores de una propiedad y Banco Popular de Puerto Rico. El apelante alegó que fue inducido dolosamente a comprar una propiedad inservible, solicitando la nulidad del contrato y daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. Determinó que el contrato de compraventa incluía una cláusula "as is". Además, el comprador reconoció haber inspeccionado la propiedad a su satisfacción. Firmó documentos donde se le advirtió sobre la necesidad de una inspección profesional. También aceptó que el acreedor hipotecario no ofrecía garantías sobre la condición de la propiedad. La sentencia del TPI concluyó que el comprador fue debidamente advertido y aceptó las condiciones de la venta. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de esta determinación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso surge de una reclamación por daños de huracán contra Mapfre Praico Insurance Company. El demandante alegó incumplimiento de contrato y mala fe, invocando disposiciones de la Ley 247-2018. Mapfre solicitó la desestimación de las causas de acción basadas en dicha ley, argumentando su carácter prospectivo y no retroactivo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación de Mapfre. Mapfre recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. La sentencia revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación, fundamentándose en el principio de irretroactividad de las leyes.

Resumen:

Este recurso de revisión judicial fue presentado por Sue Ellen De Jesús Meléndez contra el Negociado de Seguridad de Empleo del DTRH, impugnando la denegatoria de beneficios de compensación por desempleo. La inelegibilidad inicial fue confirmada por el árbitro del DTRH y luego por la Oficina de Apelaciones del Secretario del Trabajo. Tras la decisión del Secretario, la recurrente solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por tardía. Posteriormente, presentó este recurso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal analizó los términos para solicitar reconsideración y revisión judicial conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Se determinó que la solicitud de reconsideración fue presentada fuera del término legal de veinte días. Al ser extemporánea la reconsideración, no interrumpió el plazo de treinta días para acudir en revisión judicial. Por consiguiente, el recurso de revisión judicial también resultó tardío. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a la presentación extemporánea.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces revisando una resolución de instancia. Mapfre Praico Insurance Company recurre una decisión en un pleito iniciado por un Consejo de Titulares de Condominio. El Condominio demandó a Mapfre por daños causados por el huracán María y alegado manejo injusto de la reclamación. Reclamó daños bajo el Código Civil y, crucialmente, bajo los Artículos 27.164 y 27.165 del Código de Seguros, según enmendados por la Ley Núm. 247-2018. Mapfre solicitó la desestimación de las reclamaciones bajo el Código de Seguros, argumentando la irretroactividad de la Ley 247-2018 y la imposibilidad de acumular causas de acción. El foro de primera instancia denegó la desestimación, concluyendo que las enmiendas de la Ley 247-2018 sí tienen efecto retroactivo y permiten la causa de acción. La sentencia aborda la procedencia del recurso de Mapfre contra esta determinación sobre la retroactividad y acumulación de remedios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en un caso de revisión administrativa. El recurrente es Peter Sánchez Díaz, dueño de Hojalatería del Este, y el recurrido es Felipe Vega Roldán, un consumidor. El caso se originó por una querella de Vega Roldán sobre trabajos de hojalatería y pintura en su vehículo antiguo, acordados verbalmente por $6,500. El taller realizó el trabajo y una reparación de garantía posterior. Aproximadamente dos años después de la segunda entrega, el consumidor solicitó garantía nuevamente, siendo denegada por el taller debido al tiempo transcurrido. El consumidor presentó una querella ante DACO. DACO intentó notificar al taller en una dirección provista por el querellante, pero las notificaciones fueron devueltas por dirección insuficiente. A pesar de las notificaciones fallidas, DACO realizó una inspección del vehículo sin la presencia del taller. El Tribunal de Apelaciones adelanta que revocará la resolución de DACO, probablemente debido a la falta de notificación adecuada y el debido proceso al recurrente.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La peticionaria, Zilkia Rodríguez Labrador, solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y daños contra Antilles Insurance Company tras el Huracán María. La peticionaria alegó que la aseguradora no ajustó ni pagó adecuadamente los daños a su propiedad. Antilles se defendió argumentando que parte de los daños no estaban cubiertos por la póliza. La peticionaria pidió sentencia sumaria parcial o embargo por una suma (\$8,409.00) que consideraba líquida y no disputada según el ajuste de Antilles. Antilles se opuso, indicando que ofreció dicha suma pero la peticionaria la rechazó al no firmar el documento de prueba de pérdida. Antilles solicitó consignar el monto ajustado en el tribunal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega el auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. La peticionaria, Zurich American Insurance Company, solicita la revocación de dicha Resolución que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Gina Collazo Acevedo contra Zurich y otros, derivada de un accidente de tránsito ocurrido el 4 de mayo de 2019. La demandante alegó negligencia del conductor asegurado por Zurich y reclamó daños físicos y emocionales. Zurich contestó la demanda negando la mayoría de las alegaciones y planteando defensas como la falta de nexo causal y la exageración de daños. Zurich presentó la moción de sentencia sumaria argumentando que la demandante no había probado la relación causal entre el accidente y los daños reclamados. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de Zurich. El Tribunal de Apelaciones decide expedir el auto de certiorari para modificar y confirmar la Resolución recurrida.

Resumen:

Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones sobre la custodia de una hija de 19 años con síndrome genético DiGeorge. La madre impugna un decreto provisional del Tribunal de Primera Instancia que otorgó la custodia al padre. La controversia surgió cuando el padre solicitó la custodia para que la hija estudiara y residiera en Florida. Los padres discreparon sobre la institución universitaria adecuada, especialmente en cuanto a programas de vida independiente. El TPI concedió la custodia provisional al padre y autorizó los estudios en una universidad específica. La madre también cuestiona la decisión del TPI de limitar las relaciones maternofiliales en Puerto Rico debido a la pandemia de COVID-19. La peticionaria solicita revocar la custodia provisional, que se le adjudique la custodia, ampliar las relaciones y permitir el viaje de la hija a Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico recibió una solicitud de Xavier E. Ramos Vega pidiendo un nuevo juicio, alegando haber sido declarado culpable por un jurado no unánime. Tras examinar el escrito, el Tribunal determinó que incumplía con la mayoría de las disposiciones aplicables de su Reglamento. Se enfatiza la responsabilidad de las partes de observar rigurosamente los requisitos reglamentarios para perfeccionar los recursos. La Regla 34 del Reglamento establece el contenido y los documentos necesarios para una solicitud de certiorari, incluyendo detalles del caso, hechos, errores señalados y un apéndice con documentos clave. El Tribunal explica que el incumplimiento de estas exigencias impide considerar los méritos del recurso promovido. La falta de perfeccionamiento conforme a la ley y el reglamento es indispensable para que la segunda instancia judicial pueda entender en el caso.

Resumen:

Este es un caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Advanced Home Care Services West Inc., Vision Infusion Services, Inc., y Metro Pavía at Home, Inc. apelaron una decisión del Departamento de Salud. La decisión otorgó un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) a Programa de Servicios de Salud en el Hogar Géminis, Inc. (PSSHG). El CNC permitía a PSSHG expandir sus servicios de salud en el hogar a la Región Norte. El Departamento de Salud concedió el CNC sin celebrar una vista administrativa, considerándolo una extensión de servicios existente. Las partes recurrentes se opusieron a esta concesión y a la omisión de la vista. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de revisión presentados. La sentencia del Tribunal desestimó los recursos de apelación. La desestimación se fundamentó en que la resolución de la agencia carecía de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Por tanto, el Tribunal concluyó que no se trataba de una determinación final susceptible de revisión en sus méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari. La petición fue presentada por Carmen Rodríguez Ramos y Mapfre Praico Insurance Company. Buscaban revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia en casos consolidados por un accidente vehicular. Los casos involucran reclamaciones por daños y perjuicios y una reconvención. El foro primario había sancionado a los peticionarios excluyendo a su perito, el doctor Colucci. Esta sanción se impuso tras no lograrse la deposición del perito en las fechas pautadas. La parte recurrida solicitó la sanción ante la indisponibilidad del experto. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y eliminó al perito. Los peticionarios recurrieron en alzada tras una reconsideración infructuosa. El Tribunal de Apelaciones, tras deliberar, concluyó no expedir el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Universal Insurance Company compareció mediante recurso de certiorari solicitando la revisión y revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por Universal. La moción buscaba desestimar una Demanda Enmendada presentada por Puerto Rico Telephone Company (PRTC). PRTC demandó originalmente a LRV General Contractor por daños a cables soterrados causados en 2013 durante trabajos de construcción. En 2018, PRTC enmendó la demanda para incluir a Universal como aseguradora de LRV. Universal argumentó que la reclamación estaba prescrita y que la póliza no cubría daños a propiedad soterrada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación. Tras examinar los escritos, el derecho y la jurisprudencia, el panel de jueces acordó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Universal.

Resumen:

Una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari. El caso principal involucra una demanda por incumplimiento de póliza de seguro presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Acquamarina y otras entidades contra Triple-S Propiedad, INC. La disputa se centra en la reclamación de indemnización por daños causados por los huracanes Irma y María, que los peticionarios alegan Triple-S se negó a pagar. Debido a las diferencias significativas en los estimados de daños, los peticionarios pidieron al Tribunal de Primera Instancia que refiriera la controversia a un proceso de "appraisal" bajo la Ley 242-2018. Triple-S se opuso, argumentando que la póliza excluía dicho proceso y que la ley no aplicaba retroactivamente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de appraisal, dictaminando que la Ley 242-2018 solo tiene efecto prospectivo. Los peticionarios impugnaron esta decisión mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La Resolución describe los antecedentes del litigio y la determinación del foro primario que motiva el recurso apelativo.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Varias compañías de servicios de salud en el hogar (recurrentes) impugnaron una resolución del Departamento de Salud (SARAFS). Dicha resolución otorgó un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) a Programa de Servicios de Salud en el Hogar Géminis, Inc. (PSSHG). El CNC permitía a PSSHG expandir sus servicios a la Región Norte. SARAFS concedió el CNC sin celebrar una vista administrativa, considerándolo una extensión de servicios existente. Las compañías recurrentes se opusieron a esta decisión y apelaron ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consolidó los recursos de apelación presentados. La sentencia del Tribunal desestima los recursos de revisión. La desestimación se basa en que la resolución de SARAFS carece de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Por tanto, el Tribunal concluye que no es una determinación final que pueda revisar en sus méritos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la aplicación de la Ley 242-2018 a una reclamación de seguro por daños del huracán María. Los demandantes, titulares de un condominio, solicitaron activar el proceso de valoración ("appraisal") que contempla dicha ley para determinar el alcance de los daños. La reclamación se originó por daños sufridos durante el huracán María, pero la póliza expiró y la Ley 242-2018 entró en vigor posteriormente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de appraisal, concluyendo que la ley no aplicaba retroactivamente. Los demandantes apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI. Sostuvo que la Ley 242-2018 no estableció que su mecanismo de appraisal aplicaría de forma retroactiva a pólizas o pérdidas ocurridas antes de su vigencia. Por consiguiente, la denegación de la solicitud de appraisal fue correcta.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, en sentencia emitida el 18 de diciembre de 2020 en el caso KLRX202000021, atendió la moción de desistimiento presentada por la peticionaria, Tomasa del C. Vázquez Chévere. El panel de jueces, incluyendo al ponente Vázquez Santisteban, declaró Con Lugar dicha moción. Como resultado de esta decisión, se ordenó el archivo y sobreseimiento del recurso de Mandamus que había sido instado. La sentencia certifica que la decisión fue acordada y mandada por el Tribunal. Se dispuso la notificación de la resolución a las partes.

Resumen:

Se presenta una revisión judicial por Wilfredo Santiago Figueroa contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la denegatoria de su solicitud para el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. El Departamento denegó la solicitud por no cumplir con los criterios de elegibilidad, al haber sido convicto por un delito grave. Tras una solicitud de reconsideración que fue rechazada, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el Tribunal desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El Tribunal determina que el recurso de revisión judicial fue presentado de forma tardía. Se reitera que la presentación tardía de un recurso priva fatalmente al tribunal de jurisdicción para entender en los méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio sobre relaciones paternofiliales. El apelante, el padre, impugna la enmienda de una orden previa que modificó su régimen de visitas. La sentencia de divorcio original establecía fines de semana alternos y jueves alternos vinculados a una actividad extracurricular. Una resolución posterior del TPI, basada en un supuesto acuerdo, dispuso visitas todos los martes y jueves. La madre solicitó meses después la corrección de esta orden, alegando que el acuerdo era sobre jueves alternos y que la orden contenía un error. El padre se opuso, argumentando falta de jurisdicción del TPI para enmendar la orden y que había estado ejerciendo visitas todos los jueves. El TPI enmendó la resolución original para reflejar jueves alternos, basándose en una aclaración de la trabajadora social. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso presentado por el padre. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución apelada del TPI.

Resumen:

Comparece el Departamento de Corrección y Rehabilitación ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de daños y perjuicios incoado por el recurrido, Héctor Manuel Forti De Jesús. El recurrido demandó al Departamento por alegados daños sufridos debido a las malas condiciones de la Institución Guayama 1000. El Departamento solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que el recurrido incumplió con el requisito de notificar al Estado su intención de demandar dentro del término de 90 días. El recurrido se opuso, alegando justa causa por sus traslados. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, concluyendo que existía justa causa para eximir al recurrido del requisito de notificación, ya que el Estado tuvo acceso continuo al lugar de los hechos, control sobre la prueba y conocimiento de los testigos. El Departamento solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, el Departamento acudió al Tribunal de Apelaciones. El panel de jueces ha examinado el expediente y está en posición de adjudicar el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de desestimación parcial presentada por MAPFRE Pan American Insurance Company. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros presentada por Marcelo J. Stopiello Morgandez contra MAPFRE, relacionada con daños sufridos por su propiedad a causa del Huracán María. Stopiello alega que MAPFRE no ajustó su reclamación adecuadamente, subvaloró pérdidas, no pagó a tiempo y actuó de mala fe y temerariamente. MAPFRE, en su moción de desestimación, argumentó que las alegaciones de Stopiello sobre prácticas desleales y mala fe se basaban en la Ley Núm. 247-2018, la cual creó una causa de acción civil por violaciones al Art. 27.164 del Código de Seguros. MAPFRE sostiene que dicha ley es prospectiva y no aplica a los eventos del Huracán María, además de que el demandante incumplió con el requisito de notificación previa que exige la ley. El Tribunal de Apelaciones examina si el TPI erró al denegar la desestimación parcial solicitada por MAPFRE.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso extraordinario de mandamus. El peticionario solicitó el mandamus contra una jueza del Tribunal de Primera Instancia. Alegó que la jueza demoraba excesivamente en dictar sentencia en un caso de Exequatur. El caso de Exequatur buscaba validar una sentencia de divorcio de Texas para ejecutar acreencias. El peticionario había presentado dos mociones solicitando la sentencia sin respuesta. El Tribunal de Apelaciones examinó los requisitos procesales para el auto de mandamus. Se destacó que la solicitud de mandamus debe estar juramentada según la Regla 54 de Procedimiento Civil. El tribunal determinó que el recurso presentado incumplía con el ordenamiento procesal. Por tanto, procede la desestimación del recurso extraordinario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó dos recursos consolidados relacionados con una disputa sobre un negocio de reciclaje de neumáticos. Los recursos provenían de casos civiles separados en los Tribunales de Primera Instancia de Trujillo Alto y Carolina. En el caso de Trujillo Alto (KLAN202000785), los apelantes impugnaban una sentencia que desestimó su reconvención y la demanda principal, al considerar que no procedía un relevo de sentencia previa y no se cumplieron los requisitos procesales. En el caso de Carolina (KLCE202000987), los peticionarios solicitaban revocar una orden que autorizaba la ejecución de una sentencia emitida previamente en ese foro. La controversia se originó en una empresa común establecida en 2006, donde uno de los socios supuestamente tomó control unilateralmente en 2018. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada en el recurso KLAN202000785. Asimismo, denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado en el recurso KLCE202000987.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó la solicitud de Heriberto Pagán Rivera para participar en el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. El recurrente cumple una sentencia de 206 años por dos cargos de asesinato en primer grado y delitos de armas, cometidos en 1988. La solicitud fue denegada porque el programa no existía al momento de los delitos, impidiendo una expectativa de beneficio. Además, reglamentos y leyes vigentes excluyen específicamente a personas convictas por asesinato en primer grado y delitos graves de mayor severidad de ser elegibles para este tipo de programas de desvío. El recurrente argumentó su largo tiempo confinado, su clasificación de custodia mínima y su buen historial. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la determinación administrativa recurrida. La confirmación se realizó sin trámite ulterior, aplicando la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Un panel judicial revisa un recurso de *certiorari* presentado por N \& R Developer Inc. N \& R solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción se presentó en un pleito civil iniciado por compradores de oficinas en el edificio MPOP I. Los demandantes alegan incumplimiento contractual, cobro de dinero y daños contra N \& R, Rani Holdings Inc., y otros. La disputa central gira en torno a la ubicación y registro de estacionamientos para MPOP I. Estos estacionamientos estaban supuestamente en una parcela donde luego se construyó MPOP II, impidiendo la inscripción de títulos. Los demandantes sostienen que N \& R y Rani fueron utilizadas para defraudar a los compradores. La denegación de la moción de desestimación por el foro primario motivó el presente recurso ante este panel.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. El caso surge de una demanda por daños y perjuicios contractuales presentada por José Crespi Figueroa contra MAPFRE. Crespi reclamó por daños a su propiedad tras el Huracán María bajo una póliza de seguro. MAPFRE procesó la reclamación y emitió un cheque por \$829.35, el cual fue cobrado por Crespi. Tanto el cheque como su endoso especificaban que constituían el pago total y definitivo de la reclamación. Posteriormente, Crespi demandó a MAPFRE alegando compensación injusta. MAPFRE se defendió invocando la doctrina de pago en finiquito y solicitó sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. MAPFRE apeló esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y, por los fundamentos expuestos, revocó la resolución del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando una petición de certiorari presentada por Mapfre Panamerican Insurance Company. Mapfre solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente trata de una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Alejo Resto León y Carmen Rivera Cabrera contra Mapfre. Los demandantes alegan que Mapfre no resarció correctamente los daños a su propiedad causados por el Huracán María. Mapfre argumentó en su moción de sentencia sumaria que los demandantes aceptaron un cheque como pago total y final, configurando la doctrina de pago en finiquito. Los demandantes se opusieron, alegando que un empleado de Mapfre les indicó que podían cambiar el cheque sin afectar su reclamación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía prueba incontrovertida suficiente para resolver el caso sumariamente. El Tribunal de Apelaciones confirma esta determinación al denegar la expedición del auto de certiorari. La Resolución permite que el caso continúe en el Tribunal de Primera Instancia para dilucidar los hechos en controversia.

Resumen:

Este Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por Doris M. Colón Lebrón contra Cooperativa Vivienda Rolling Hills. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de desahucio sumario por falta de pago instada por la Cooperativa. La señora Colón Lebrón, socia por más de veinte años, se había atrasado en sus pagos mensuales. Tras un proceso administrativo inicial de la Cooperativa, que incluyó una decisión de separarla como socia, las partes acordaron un plan de pago para la deuda. Al no cumplir cabalmente con dicho plan, la Cooperativa presentó la demanda de desahucio bajo la ley general de la materia. En el foro primario, la señora Colón Lebrón argumentó falta de jurisdicción y que el caso debía regirse por la Ley General de Sociedades Cooperativas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó estos argumentos y ordenó el desahucio. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora el caso en sus méritos, habiéndolo reabierto tras una decisión previa del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Resumen:

Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Eva E. Meléndez Fraguada impugna una resolución de la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La controversia principal gira en torno a la fecha de efectividad de su reclasificación del puesto de Analista en Administración de Recursos Humanos, clase IV a clase V. La recurrente solicitó la reclasificación en febrero de 2000 y argumentó que la retroactividad debía ser a la fecha de su solicitud. La CFSE autorizó la reclasificación general para su puesto con efectividad al 15 de octubre de 2002. Esta fecha coincidió con la modificación de los requisitos del puesto de clase V, eliminando el requisito de "líder de grupo". La Junta de Apelaciones de la CFSE confirmó que la recurrente cumplió los requisitos el 15 de octubre de 2002, validando esa fecha de efectividad. La resolución recurrida del 18 de febrero de 2020 ratificó esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma la resolución de la Junta de Apelaciones de la CFSE.

Resumen:

Ramón Colón Irizarry recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución de la Junta de Apelaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La resolución administrativa confirmó la determinación de la ACT sobre la clasificación y retribución del recurrente bajo el Plan de Clasificación de 2003. Colón Irizarry alegó que su puesto no fue correctamente reclasificado y que se violaron normas y principios retributivos. Tras la resolución adversa, presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, también presentó una moción de reconsideración ante la Junta de Apelaciones, la cual estaba pendiente de resolución. La ACT solicitó la desestimación del recurso judicial por falta de jurisdicción, argumentando que era prematuro al no haber una determinación final sobre la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones examinó las comparecencias y el derecho aplicable. Determinó que carecía de jurisdicción para entender en el recurso. Procedió a desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se basó en que el proceso administrativo no había concluido debido a la moción de reconsideración pendiente ante la agencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa procedente de ASES. El caso surge de una querella presentada por Sistema de Salud Menonita contra Molina Healthcare. Menonita alegó que Molina redujo unilateralmente las tarifas de servicios en violación a su contrato de 2015. Molina se defendió argumentando que ASES había autorizado verbalmente los cambios de tarifa. ASES emitió una Resolución Sumaria ordenando a Molina pagar la diferencia de las tarifas reducidas desde 2017. Molina recurrió esta decisión de ASES ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal evaluó los trámites administrativos, incluyendo la solicitud de Menonita para designar un juez administrativo y la oposición de Molina. Tras revisar el expediente, el Tribunal modificó la Resolución y Orden de ASES. Así modificada, la decisión de ASES fue confirmada.

Resumen:

Se presenta una controversia legal sobre la validez de la cesión de reclamaciones de seguros después de una pérdida en Puerto Rico. La peticionaria argumentó que la cesión de derechos por el Consejo de Titulares a los recurridos sin consentimiento previo de la aseguradora era nula. Sostuvo que esta cesión violaba la póliza y la Ley de Condominios, implicando que los recurridos carecían de legitimación activa. Los recurridos replicaron que la cesión pospérdida es permisible bajo la ley y facilita el cumplimiento con el Código de Seguros y la jurisprudencia. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la moción de desestimación de la peticionaria, tratándola como sentencia sumaria. El TPI determinó que existía controversia legal sobre si las cesiones de reclamaciones de seguros pospérdida requieren consentimiento de la aseguradora en Puerto Rico. También señaló controversia sobre si la aseguradora debe demostrar perjuicio para anular el derecho del asegurado por incumplimiento de una condición de la póliza. Tras denegar una moción de reconsideración, la peticionaria presentó una Petición de Certiorari. La petición impugna la decisión del TPI de no resolver definitivamente la controversia sobre la cesión. El documento introduce el recurso de certiorari como el vehículo para la revisión judicial de errores de derecho interlocutorios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de apelación presentado por Alejandrina Navarro Díaz et al. contra Mapfre Panamerican Insurance Company. Los apelantes impugnan la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas, que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y mala fe. La demanda original reclamaba daños a su propiedad por el huracán María, alegando que Mapfre no cumplió sus obligaciones contractuales y actuó de mala fe. Mapfre solicitó la desestimación basándose en la doctrina de pago en finiquito, presentando evidencia de un cheque por \$3,553.49 que los apelantes endosaron y cobraron como pago total de la reclamación. Los apelantes se opusieron, argumentando que no fueron debidamente advertidos de las consecuencias legales de aceptar el pago como finiquito. El Tribunal de Primera Instancia concedió la desestimación, al no encontrar prueba de opresión, ventaja indebida o vicio en el consentimiento de los demandantes. Los apelantes recurrieron, señalando errores en la aplicación de la doctrina de pago en finiquito y otras defensas. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia, relaciones paterno filiales y alimentos. El apelante, Iván Vázquez Morales, impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de 17 de septiembre de 2019. Mediante dicha orden, el foro primario reestableció la custodia compartida del menor KAVS. También limitó las relaciones paternofiliales del señor Vázquez, condicionándolas a completar seis meses de terapia para el manejo del coraje. Además, se restableció provisionalmente la pensión alimentaria fijada en 2014. El caso involucra a los progenitores, María J. Savarit Fernández e Iván Vázquez Morales, y su hijo menor, y se originó con una petición en 2011. Historial previo incluye la concesión de custodia a la madre, fijación de pensión provisional y el establecimiento de custodia compartida y terapia familiar en 2014. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada. La sentencia del foro primario, así modificada por el Tribunal de Apelaciones, fue confirmada.