Casos del Tribunal Supremo (Página 8)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 30 de mayo de 2023 en el caso identificado como TS-17,061. La Resolución examinó la Moción presentada por el Sr. Luis D. Méndez Cordero. Dicha Moción solicitaba su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras considerar la solicitud, el Tribunal declaró ha lugar la Moción. Como resultado, se autoriza la reinstalación del Sr. Luis D. Méndez Cordero al ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución con fecha de 22 de mayo de 2023. La resolución aprueba los cambios de estatus a Abogado(a) Inactivo(a). Estos cambios fueron autorizados por el Tribunal durante el mes de abril de 2023. El documento lista específicamente a los abogados y abogadas a quienes se les concedió dicho estatus. Se identifican trece profesionales del derecho por su número de registro y nombre. Esta publicación oficial certifica la decisión del Tribunal respecto a estas solicitudes de cambio de estatus.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la moción de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría presentada por el Lcdo. José Carlos González Bonilla. Tras evaluar la solicitud y una certificación del Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal ordenó su reinstalación. La reinstalación al ejercicio de la notaría está condicionada a que acredite ante el Tribunal la adquisición de una fianza notarial vigente. Una vez cumplida dicha condición y reinstalado como notario, deberá recoger su sello y obra notarial depositada en el Archivo General de Protocolos de Aibonito. Se ordena a la Secretaría del Tribunal Supremo realizar el cambio correspondiente en el Registro Único de Abogados y Abogadas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. José E. Arzola Méndez del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta drástica medida se tomó debido a que el letrado no mantuvo actualizados sus datos personales en el Registro Único de Abogados (RUA). Adicionalmente, la suspensión se fundamenta en su reiterado incumplimiento con las órdenes emitidas por el propio Tribunal Supremo. El caso se inició tras una queja de una ciudadana que alegó haber contratado al abogado para una declaratoria de herederos. Según la queja, el abogado recibió dinero y documentos, pero no completó el trámite y dejó de comunicarse con la cliente. El Tribunal consideró que la falta de diligencia profesional y, crucialmente, la desobediencia a sus mandatos justificaban la suspensión. La decisión enfatiza la obligación de los abogados de cumplir con los requisitos administrativos y las directrices judiciales. Esta acción busca mantener la integridad y la confianza en la profesión legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico informa sobre la integración de sus salas para funcionar durante el receso de verano de 2023. Se establecen dos periodos distintos para la operación de estas salas especiales. El primer periodo abarca del 1 de julio al 15 de agosto de 2023, con una sala presidida por el Hon. Rafael L. Martínez Torres. El segundo periodo se extiende del 16 de agosto al 30 de septiembre de 2023, bajo la presidencia de la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez. Cada sala estará compuesta por cuatro jueces designados para el respectivo periodo. Se dispone que, de surgir un empate en la votación de alguna sala, se designará a otro juez para resolverlo. El Tribunal continuará certificando Opiniones y Sentencias durante todo este receso. Este acuerdo fue tomado de conformidad con el Reglamento del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Carlos L. González Reyes. La acción surge por su continuo incumplimiento con las órdenes del Tribunal y por no mantener actualizados sus datos personales en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Una queja previa sobre su conducta profesional motivó requerimientos del Tribunal. A pesar de las comunicaciones, el abogado no respondió ni actualizó su información. El Tribunal reafirma la obligación de los miembros de la profesión legal de responder con premura a sus requerimientos y mantener al día su información de contacto. Como resultado de su inacción, el Tribunal ordenó la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del licenciado González Reyes. Esta decisión subraya la importancia del cumplimiento y la diligencia profesional requerida a los abogados.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico surge de una demanda por daños y perjuicios presentada por Iván Rivera Gómez y otros contra Arcos Dorados, Inc. y otros, tras una caída que sufrió el señor Rivera Gómez cerca de un restaurante McDonald's. La caída, alegadamente causada por un hoyo, resultó en una fractura de cadera. El punto central del recurso de certiorari es determinar si el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al impedir a la parte demandante utilizar un perito fisiatra como primera sanción, sin que el descubrimiento de prueba hubiera concluido. El Tribunal de Apelaciones había denegado expedir el recurso. El Tribunal Supremo concluyó que el foro de instancia sí abusó de su discreción bajo las circunstancias particulares del caso. Determinó que el Tribunal de Apelaciones erró al no intervenir. En consecuencia, el Tribunal Supremo revocó la decisión recurrida. Ordenó devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que permita la comparecencia y utilización del perito fisiatra.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró la facultad de un tribunal sentenciador estatal para disponer la consecutividad de una pena con un término de reclusión federal que aún no ha sido dictado. El caso surge de la revocación de la libertad a prueba del peticionario, David Vélez Torres, por haber cometido un delito federal. El tribunal estatal ordenó que el remanente de su pena se cumpliera consecutivamente con cualquier otra sentencia, incluyendo una futura sentencia federal. El Tribunal Supremo determinó que un tribunal estatal carece de la discreción para decretar la consecutividad de una pena estatal con una sentencia federal que todavía no ha sido impuesta. Reafirmó que la facultad para determinar si las sentencias son concurrentes o consecutivas recae en el foro que impone la segunda sentencia. Por tanto, la interrogante planteada fue contestada en la negativa.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 5 de mayo de 2023. La Resolución aborda la designación de un nuevo miembro para la Junta de Educación Jurídica Continua. Esta acción se toma para cubrir una vacante generada por la renuncia del Lcdo. José Luis Miranda de Hostos. En virtud de la Regla 6 del Reglamento pertinente, se nombra a la Lcda. Berthaida Seijo Ortiz. La Lcda. Seijo Ortiz servirá en este cargo de manera ad honorem. Su término de servicio será por un período de cuatro años. La Resolución entra en vigor de inmediato. El Tribunal Supremo también aprovechó para reconocer la labor del miembro saliente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 5 de mayo de 2023. La resolución aborda la designación de un nuevo miembro para la Comisión de Disciplina Judicial. Esta acción se toma para cubrir una vacante generada por la renuncia de un miembro anterior. Conforme a las Reglas de Disciplina Judicial, se nombra al Lcdo. Jorge L. Toledo Reyna. Asumirá el cargo de Comisionado Asociado en dicha Comisión. Su nombramiento es por un término de cuatro años. La designación entra en vigor de manera inmediata. El Tribunal Supremo también reconoce la labor del miembro saliente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso AC-2021-0072, que abordaba la constitucionalidad de la colegiación compulsoria para ingenieros y agrimensores. La Sec. 3 de la Ley Núm. 319 de 1938 exige esta colegiación para ejercer la profesión en Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones había declarado previamente inconstitucional esta disposición. Al revisar la decisión, el Tribunal Supremo se encontró igualmente dividido sobre el asunto. Según el Art. V, Sec. 4 de la Constitución de Puerto Rico, una ley no puede declararse inconstitucional sin la mayoría del número total de jueces. Dada la división equitativa, el Tribunal Supremo no pudo declarar la ley inconstitucional. En consecuencia, se revocó la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. La demanda que impugnaba la colegiación compulsoria fue desestimada. Esto implica que el requisito de colegiación compulsoria para ejercer la profesión en Puerto Rico se mantiene vigente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria sobre la Lcda. Azahary de las Nieves Wilamo Guzmán. Se ordenó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión se fundamenta en el quebrantamiento del Canon 9 del Código de Ética Profesional. El caso se originó por una queja sobre el alegado incumplimiento de la abogada en emitir copias certificadas de escrituras. Específicamente, se le solicitó una copia de una escritura de Testamento Abierto desde febrero de 2022 sin éxito. El Tribunal concedió a la licenciada dos términos de diez días para contestar la queja. A pesar de los apercibimientos sobre posibles sanciones severas, incluyendo la suspensión, la abogada no compareció en ninguno de los términos. Su asiduo incumplimiento de las órdenes del Tribunal llevó a esta determinación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha ordenado la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Jorge Meléndez Artau del ejercicio de la abogacía. Esta medida disciplinaria se impone por su reiterado incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y con órdenes previas del propio Tribunal. El abogado ya había sido suspendido anteriormente en abril de 2022 por no cumplir con los requisitos de educación jurídica continua, aunque fue reinstalado en junio de 2022 tras acreditar su cumplimiento. Sin embargo, su conducta posterior relacionada con la ODIN ha motivado esta nueva y más severa sanción. Además de la suspensión, el Tribunal ha referido al licenciado Meléndez Artau a un procedimiento de desacato civil ante el Tribunal de Primera Instancia. También se ha referido su deuda arancelaria al Departamento de Justicia para la acción correspondiente. La decisión subraya la obligación del Tribunal de ejercer su autoridad disciplinaria ante el incumplimiento de los profesionales del derecho.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso CC-2023-0049, Anthony Cintrón Román v. Charline Michelle Jiménez Echevarría et al. La Resolución declaró no ha lugar la petición de Certiorari presentada. El caso aborda la controversia sobre el orden de los apellidos de un menor. La decisión contó con votos particulares de conformidad y votos particulares disidentes. Uno de los votos concurrentes discute la aplicación de la ley y la costumbre respecto al orden de los apellidos. Señala que la ley permite a los padres acordar el orden, y solo en ausencia de acuerdo rige la costumbre. Este voto también reflexiona sobre el rol del Tribunal en relación con la costumbre y la protección igualitaria de las leyes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 28 de abril de 2023. Esta resolución aprueba los cambios de estatus a abogado(a) inactivo(a) que fueron autorizados durante el mes de marzo de 2023. El documento lista específicamente a los profesionales del derecho a quienes se les concedió dicho cambio de estatus. Se detallan dieciséis abogados y abogadas con su número de colegiación y nombre completo. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Jesús M. Malavé León del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida se toma ante su reiterado incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y las órdenes emitidas por el propio Tribunal. La situación se originó a raíz de una inspección ordinaria de su obra notarial. La ODIN reportó que el notario no ejercía por salud, no tenía sustituto, su obra no estaba encuadernada y la había trasladado sin autorización. A pesar de las instrucciones y requerimientos para corregir deficiencias y entregar su obra completa, el licenciado Malavé León no cumplió cabalmente. Su falta de atención a los señalamientos y órdenes judiciales motivó esta sanción disciplinaria. La suspensión es indefinida debido a la persistencia en el incumplimiento.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 27 de abril de 2023 en el caso In re: Osvaldo Ortiz Medina. La materia principal del caso es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Ortiz Medina. El Tribunal examinó dicha solicitud en cumplimiento de una orden previa. Como resultado, el Tribunal proveyó ha lugar a la petición. La resolución ordena la reinstalación de Osvaldo Ortiz Medina al ejercicio de la abogacía. Esta reinstalación se ordena únicamente para el ejercicio de la profesión legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su resolución del 27 de abril de 2023, atendió el caso In re: Luis Jesús Marín Rodríguez. La materia principal del caso era la reactivación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la Moción en cumplimiento de requerimiento presentada por el peticionario. Tras su análisis, el Tribunal declaró Con Lugar dicha moción. Como resultado de esta decisión, se ordenó a la Secretaría del Tribunal Supremo. La orden específica fue realizar el cambio de estatus del peticionario. Se instruyó que el estatus de Luis Jesús Marín Rodríguez fuera modificado a abogado activo. Este cambio se efectuará en el Registro Único de Abogados (RUA).

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Máximo Molina Fragosa. Esta medida se tomó debido a su craso incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua. Previamente, el Tribunal le había otorgado un término final e improrrogable de noventa días para que cumpliera cabalmente con dichas exigencias. Al no acreditar cumplimiento alguno tras vencerse el plazo concedido, se procedió con la sanción. El letrado suspendido tiene la obligación de informar de inmediato a sus clientes y a los foros donde litiga sobre su inhabilidad para continuar ejerciendo la profesión. Debe acreditar ante el Tribunal el cumplimiento de esta notificación dentro de un término de treinta días. La acreditación debe incluir una lista de los clientes y foros notificados. El incumplimiento con esta obligación podría conllevar que no se le reinstale a la práctica legal en el futuro.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 24 de abril de 2023. La resolución aborda la materia de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Se refiere específicamente al caso de Javier Abendaño Ezquerro. El Tribunal examinó la Moción en cumplimiento de orden sobre reinstalación presentada por el Sr. Abendaño Ezquerro. Tras considerar la moción, el Tribunal Supremo resolvió reinstalarlo al ejercicio de la abogacía. La resolución ordena que se publique.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un recurso de certiorari para definir el inicio del término jurisdiccional de treinta días para apelar al Tribunal de Apelaciones. La cuestión surge cuando a una persona convicta no se le dicta sentencia, sino que se le concede libertad a prueba al amparo de legislación penal especial. El caso específico involucra al señor Héctor M. Torres Medina, quien fue declarado culpable bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica. En lugar de imponerle una sentencia, el Tribunal de Primera Instancia le concedió el beneficio de la libertad a prueba mediante una resolución. El señor Torres Medina apeló esta determinación. El Tribunal Supremo resolvió que el plazo de treinta días para apelar comienza a transcurrir desde el momento en que el foro primario notifica su determinación de conceder la libertad a prueba. Esta decisión establece con certeza el punto de partida del término apelativo en estos supuestos particulares.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría de la Lcda. Iris M. González Ruiz. La decisión se fundamenta en su craso incumplimiento con las órdenes y requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Tras solicitar la cesación voluntaria como notaria, la ODIN realizó inspecciones a su obra notarial. Se identificaron deficiencias en los protocolos de los años 2017 y 2018 que requerían subsanación. A pesar de múltiples correos electrónicos y una notificación formal de la ODIN, la licenciada González Ruiz no respondió ni corrigió las faltas señaladas. El Tribunal enfatiza la importancia del respeto a los tribunales y sus dependencias, incluyendo el cumplimiento de sus mandatos. La falta de acción de la letrada constituyó un incumplimiento grave que justificó la medida disciplinaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria para suspender al Lcdo. Yuri J. Valenzuela Flores. La suspensión es inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría. La razón principal es su reiterada indiferencia ante los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). La ODIN inició una inspección de su obra protocolar en noviembre de 2021. El notario realizó una entrega parcial de los tomos y el libro de testimonios en diciembre de 2021. En marzo de 2022, la ODIN le notificó deficiencias y le requirió recoger la obra inspeccionada y entregar la restante. El licenciado Valenzuela Flores nunca se comunicó ni gestionó la entrega o recogida. Tras meses de inacción, la ODIN presentó un informe especial sobre el incumplimiento que llevó a esta determinación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión el 17 de abril de 2023 en el caso CC-2022-0126. La controversia principal giró en torno a la aplicabilidad de una cláusula de exclusión de actos criminales en una póliza de seguro "Directors and Officers Not for Profit". Se analizó si dicha exclusión cubría reclamaciones por daños y perjuicios derivadas del abuso sexual de una estudiante menor de edad por parte de un maestro de la escuela asegurada. El Tribunal determinó que la teoría de responsabilidad es irrelevante; lo crucial es si los daños alegados surgen de actuaciones ilícitas de un asegurado. Concluyó que la exclusión por actos criminales sí aplica a las reclamaciones en este caso. Por tanto, revocó las determinaciones previas del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un caso relacionado con una solicitud de traslado de un menor. La decisión, 2023 TSPR 47, involucra a las partes Manuel A. Jusino González y Leiza Lee Norat Santiago. Subraya la necesidad fundamental de que los tribunales cuenten con todos los elementos requeridos para salvaguardar el mejor interés y bienestar del menor en casos de relocalización. Esta determinación debe guiarse por los criterios establecidos en la Ley de la Guía Uniforme para Casos de Relocalización del Padre Custodio. El caso subyacente se originó con reclamaciones sobre custodia compartida y relaciones paternofiliales. La madre (Peticionaria) solicitó permiso para mudarse con el menor a Orlando, Florida, debido a una oferta de empleo. Propuso un plan para facilitar la relación del menor con el padre a pesar de la distancia. El tribunal de primera instancia había ordenado y recibido informes periciales, incluyendo un Informe Interagencial, antes de paralizar el procedimiento. La opinión del Tribunal Supremo reafirma el estándar para evaluar dichas solicitudes de relocalización.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la procedencia del descubrimiento de prueba con carácter liquidatorio y patrimonial en un caso de divorcio. La controversia surge en el contexto de un divorcio por ruptura irreparable. Específicamente, se analiza si dicho descubrimiento es apropiado cuando el matrimonio no tiene hijos en común y otorgó capitulaciones con régimen de separación de bienes. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la opinión del Tribunal. La decisión concluye que no procede tal descubrimiento de prueba en estas circunstancias. Se considera incompatible con la finalidad del proceso de divorcio por ruptura irreparable. Además, incide con el postulado de garantizar una solución justa, rápida y económica. La opinión fue emitida el 12 de abril de 2023 en el caso CC-2023-0056.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 10 de abril de 2023. La resolución, identificada con el número de caso TS-10,002, aborda la materia de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El caso involucra al Sr. Ismael E. Jusino Torres, quien presentó una moción en cumplimiento de una orden previa. Tras examinar la moción presentada por el Sr. Jusino Torres, el Tribunal Supremo determinó proceder con su solicitud. Por consiguiente, se le reinstala formalmente al ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que examina el caso CC-2022-0379, presentado por Juan Arzuaga Monserrate y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La controversia central es el efecto de la desestimación por inactividad de una acción de subrogación incoada por la CFSE. Específicamente, se plantea si el término de noventa días para que la CFSE presente su acción contra un tercero responsable es de caducidad y no puede ser interrumpido. El caso se origina en un accidente laboral sufrido por el Sr. Arzuaga en 2014, tras el cual la CFSE le brindó servicios. Una demanda inicial presentada conjuntamente por Arzuaga y la CFSE en 2017 fue desestimada sin perjuicio por inactividad en 2021. Los peticionarios presentaron una nueva demanda en julio de 2021. El Tribunal debe determinar si la desestimación previa impide la continuación de la reclamación en subrogación de la CFSE.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso In re: Derrick J. Rodríguez Morales. La resolución atendió la solicitud de reinstalación del Sr. Rodríguez Morales al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la solicitud y una moción relacionada, el Tribunal declaró Ha Lugar la petición. Se decretó la reinstalación del Sr. Derrick J. Rodríguez Morales únicamente para practicar la abogacía. Como consecuencia de la reinstalación, se reactivó y ordenó el archivo de la queja AB-2006-0330. Un juez asociado disintió de la reinstalación, aunque estuvo de acuerdo con archivar la queja mencionada. El juez disidente opinó que se debió exigir la reactivación y adjudicación de otra queja pendiente antes de conceder la reinstalación. Argumentó que las quejas deben resolverse previamente para proteger el interés público y asegurar la capacidad ética del solicitante, equiparando el proceso de reinstalación al de admisión inicial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera si procede la acción de expropiación forzosa a la inversa cuando una dependencia gubernamental continúa ocupando una propiedad tras vencer un contrato de arrendamiento. El caso surge de la ocupación por parte del Departamento de Justicia de una propiedad comercial perteneciente al Sr. Eddie Alberto Ortiz Zayas desde 1998. A pesar de que en 2016 el Departamento de Justicia notificó su intención de no renovar el contrato a largo plazo y planificaba reubicarse, la agencia permaneció en el inmueble. El propietario realizó un requerimiento formal para que la propiedad fuera desocupada. El Tribunal concluye que, en situaciones donde una agencia gubernamental se mantiene en posesión de un inmueble luego de expirado el contrato de arrendamiento y tras un requerimiento formal de desocupación, procede la acción de expropiación forzosa a la inversa. Esto implica que el propietario tiene derecho a recibir una justa compensación por la ocupación continuada por parte del Estado. La decisión establece que la ocupación gubernamental posterior al vencimiento del contrato, bajo estas circunstancias, constituye una privación de la propiedad que activa el derecho a la compensación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso CC-2022-0694 el 4 de abril de 2023. La resolución involucra a Mayra Lissette Pellot Arce como peticionaria y a Infosys BPM Limited Corp. y otros como recurridos. El asunto principal tratado fue una primera reconsideración presentada bajo la Regla 45 del Tribunal Supremo. La Sala de Despacho, integrada por varios jueces, decidió declarar "no ha lugar" a dicha reconsideración. Esta decisión fue acordada por la mayoría del Tribunal. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente. En su disidencia, el juez aclara que la controversia central no trata sobre el abuso ilegal de drogas, sino sobre un patrono que se negó a contratar a una empleada por su uso de cannabis medicinal. Dicho uso es parte de su tratamiento para el dolor causado por cáncer de mama, conforme a la ley aplicable. La disidencia señala que el caso requería dilucidar la validez de una cláusula contractual relacionada con una oferta de empleo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico dilucidó la revisibilidad judicial de los permisos concedidos bajo la Ley Núm. 161-2009. Determinó que estos permisos constituyen determinaciones administrativas finales susceptibles de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. La Corte también abordó qué ocurre cuando se inicia un proceso de revisión administrativa, pero la agencia no adjudica la solicitud dentro del término legal. Concluyó que la falta de actuación de la agencia en la revisión administrativa tiene el efecto de mantener el permiso original. Esta inacción también culmina la fase administrativa del proceso. En este escenario, la parte adversamente afectada puede recurrir al Tribunal de Apelaciones. Ante el foro judicial, dicha parte puede cuestionar la corrección de la concesión inicial del permiso. También puede hacer referencia a la falta de adjudicación por parte de la división administrativa. El caso surgió de un recurso presentado por Pedro Miranda Corrada contra un permiso de construcción otorgado a su vecino por el Municipio de Guaynabo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió Sentencia en el caso CC-2021-0480, Melvin Vélez Arroyo v. HPM Foundation, Inc., el 30 de marzo de 2023. El caso llegó ante el Supremo mediante una Petición de certiorari contra una decisión del Tribunal de Apelaciones. Tras examinar la petición y la oposición, el Tribunal Supremo confirmó la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. La decisión del Supremo fue adoptada por mayoría. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de conformidad en parte y disidente en parte. Los Jueces Asociados Estrella Martínez y Colón Pérez disintieron sin opinión escrita. La opinión de la Jueza Presidenta indica que el caso involucra un reclamo de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. La controversia principal discutida en la opinión disidente parcial es si el peticionario era un empleado o un contratista independiente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría de la Lcda. Magdalena Caratini Soto. Esta medida se fundamenta en la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo, actuando como protección social. La decisión se toma al considerar que la abogada no se encuentra en condiciones aptas para ejercer cabal y adecuadamente las funciones de la profesión. El proceso se inició tras una Queja presentada por un agente de la policía. La queja detallaba un incidente en el que la abogada, tras perder una vista administrativa por una multa de estacionamiento, confrontó al agente de forma agresiva y desafiante en el pasillo del tribunal. Se alega que la abogada hizo expresiones amenazantes y despectivas frente a otras personas. La suspensión busca proteger a los ciudadanos y mantener la confianza en la profesión legal. También propende a la posible rehabilitación de la profesional.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el caso CC-2022-0699, Ramón Joel Miranda Santos contra el Sistema de Retiro para Maestros. Ante una división de votos en la sala original, se constituyó una Sala Especial de Despacho para resolver el asunto. Esta sala especial, integrada por cinco jueces, consideró una Solicitud de reconsideración presentada por la parte peticionaria. Mediante Resolución de 24 de marzo de 2023, el Tribunal declaró no ha lugar a dicha solicitud. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria sobre el Lcdo. José A. Bauzá Tirado. Se le suspendió de forma inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión se basó en el quebrantamiento del Canon 9 del Código de Ética Profesional. Esto ocurrió por su asiduo incumplimiento de las órdenes del Tribunal. Una clienta presentó una queja alegando que el letrado no completó un trabajo de herencia y dejó de comunicarse con ella. El Tribunal ordenó al licenciado Bauzá Tirado responder a la queja y, posteriormente, mostrar causa por su falta de respuesta. También se le requirió acreditar la devolución de dinero y el expediente a la clienta. A pesar de las oportunidades concedidas, el abogado no cumplió con los requerimientos judiciales. Por tanto, el Tribunal determinó imponer la sanción de suspensión indefinida.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión en el caso El Pueblo v. Reynaldo Pérez Delgado (CC-2020-0477). La controversia principal planteada por el peticionario fue la alegada ausencia total de prueba en una vista preliminar en alzada. El Tribunal determinó que no podía evaluar este señalamiento debido a que el peticionario no incluyó una transcripción de la prueba oral. No obstante, el caso permitió al Tribunal analizar la naturaleza del delito de Restricción de Comunicaciones (Ley Núm. 15-2011) frente al delito de Posesión e Introducción de Objetos a un Establecimiento Penal (Código Penal). Esta comparación se realizó enmarcada desde el principio de especialidad. Adicionalmente, la decisión busca aclarar los contornos y elementos probatorios del delito de Restricción de Comunicaciones. El caso surge de una denuncia contra el señor Pérez Delgado por posesión de un SIM card mientras estaba confinado, imputándosele una infracción al Artículo 277 del Código Penal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico impuso una sanción disciplinaria al Lcdo. Richard A. García Pérez. La acción se fundamenta en el quebrantamiento del Canon 9 del Código de Ética Profesional. El licenciado utilizó lenguaje indecoroso y ofensivo hacia los tribunales en escritos apelativos. Estos escritos fueron presentados en representación de una cliente condenada por fraude e impostura. El Tribunal considera que dicho lenguaje atenta contra la dignidad y el respeto que debe prevalecer en la profesión. Como resultado de esta conducta, se ordenó su suspensión inmediata. La suspensión es por un término de seis meses. Abarca tanto el ejercicio de la abogacía como el de la notaría.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 21 de marzo de 2023 en el caso TS-19,203. La Resolución atiende una Moción solicitando la reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la solicitud, el Tribunal ordenó la reinstalación del Sr. Jorge C. Venegas Martínez. Se dispuso que el Sr. Venegas Martínez queda reinstalado al ejercicio de la abogacía. Adicionalmente, se instruyó a la Secretaría del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogado activo. Este registro se realizará en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 21 de marzo de 2023 en el caso In re: Luis Aponte Morales. La materia principal abordada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó una Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Reinstalación presentada por el Sr. Aponte Morales. Se verificó que la suspensión del abogado había advinido final y firme el 16 de febrero de 2023. Considerando lo anterior, el Tribunal ordenó la reinstalación del Sr. Luis Aponte Morales al ejercicio de la profesión legal. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Omar A. González Soto del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta medida se tomó debido a su incumplimiento reiterado con varios deberes profesionales y órdenes judiciales. Específicamente, el licenciado no mantuvo al día sus datos personales en el Registro Único de Abogados. Además, mostró un incumplimiento persistente con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). La ODIN reportó dificultades significativas para inspeccionar su obra notarial de los años 2017, 2018 y 2019. Las inspecciones requirieron múltiples reprogramaciones por causas atribuibles al letrado. Tras un largo proceso, solo se logró aprobar el tomo de 2017, y el de 2018 fue aprobado con deficiencias. La suspensión también se fundamenta en su falta de acatamiento a órdenes previas del propio Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 16 de marzo de 2023. La resolución aprueba formalmente los cambios de estatus a Abogado(a) Inactivo(a) autorizados durante el mes de febrero de 2023. El documento detalla la lista de abogados y abogadas a quienes se les concedió dicho cambio de estatus. Cada entrada en la lista incluye el número de registro y el nombre del profesional del derecho. Esta aprobación se realizó conforme a las solicitudes procesadas en el periodo indicado. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por su Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa si el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar una demanda basada en cosa juzgada, falta de legitimación activa y ausencia de parte indispensable. El caso surge de un procedimiento de quiebra donde el Síndico estipuló con un acreedor que también era presidente y accionista de la empresa quebrada. Una corporación pública acreedora objetó la estipulación y luego presentó una demanda separada contra dicho acreedor y otros directores y accionistas. La cuestión central es si la doctrina federal de cosa juzgada, bajo los criterios de Taylor v. Sturgell, aplica a la corporación pública debido a la actuación del Síndico, argumentando identidad de partes por nexo jurídico o privity. El Tribunal determina que, ante la ausencia de privity entre la corporación pública y el Síndico en este contexto, la doctrina de res judicata federal no es aplicable. Por consiguiente, la corporación pública posee legitimación activa para demandar a los directores, oficiales y accionistas de la corporación quebrada y a compañías relacionadas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó si la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) constituye una parte indispensable en un procedimiento judicial que impugna de su faz el Reglamento Conjunto de 2020. La controversia se originó a partir de un recurso de revisión judicial presentado por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza ante el Tribunal de Apelaciones. Dichas entidades impugnaron la validez del reglamento, argumentando deficiencias en el proceso de notificación y participación ciudadana durante su adopción. La Junta de Planificación fue notificada como parte recurrida, mientras que la OGPe intervino en el caso. Tras analizar las normas legales aplicables, el Tribunal Supremo determinó que la OGPe no es una parte indispensable en este tipo de impugnación. Concluyó que, al impugnar de su faz el Reglamento Conjunto, la única agencia administrativa que debe figurar como parte recurrida es la Junta de Planificación de Puerto Rico. Esta decisión establece quiénes son las partes necesarias en procedimientos de revisión judicial contra regulaciones administrativas de esta naturaleza.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el caso CC-2022-0257, determinando si procedía convalidar una sentencia de un tribunal de Florida sobre custodia mediante exequátur. El peticionario, Michael W. Colón Vega, solicitó la ejecución de la sentencia de Florida que le otorgaba la custodia de los hijos menores. La recurrida, Iris V. Díaz Lebrón, se opuso alegando fraude y falsedad en las alegaciones del caso original. El Tribunal concluyó que la sentencia de Florida debía recibir entera fe y crédito. Esto se basó en que el foro de Florida tuvo jurisdicción, observó el debido proceso de ley y la sentencia no estuvo viciada por fraude. Se especificó que enviar notificaciones a la dirección donde se realizó el emplazamiento personal cumple con el debido proceso, considerándola la última conocida y razonablemente calculada. Además, el Tribunal aclaró que la alegación de fraude en el exequátur no permite relitigar los méritos del caso original ni presentar evidencia que debió someterse en Florida. El fraude que impide la convalidación debe ser aquel que vicia la sentencia de tal modo que exceda los preceptos de entera fe y crédito.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria sobre el abogado y notario Carlos E. Crespo Pendás. La acción surge de una queja presentada por clientes que lo contrataron para un caso de accidente automovilístico en 2005. El abogado presentó la demanda en 2006, pero no diligenció los emplazamientos, resultando en el archivo del caso con perjuicio en 2007. A pesar del archivo, el abogado supuestamente informó a sus clientes durante más de diez años que el caso progresaba favorablemente, generando falsas expectativas. El Tribunal considera que esta conducta lo hace inmeritorio de pertenecer a la profesión. Por infringir los Cánones 18, 19, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, se extiende la suspensión del Sr. Crespo Pendás para que sea indefinida.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó un recurso de Certiorari instado por la American Federation Musicians, Local 555 contra la Corporación Sinfónica de Puerto Rico. La disputa se centró en la interpretación del Artículo Décimo del Convenio Colectivo, específicamente si el término "podrá" obligaba al patrono a celebrar conciertos para el plan de pensiones. Los foros inferiores habían confirmado un laudo arbitral que interpretaba el término como discrecional para el patrono. El Tribunal Supremo revocó las decisiones previas, concluyendo que el Convenio Colectivo sí compelía al patrono a realizar dichos conciertos. Se ordenó a la Corporación Sinfónica celebrar los conciertos necesarios en un plazo de dos años para sufragar la aportación patronal al plan de pensiones correspondiente a la temporada 2018-2019. Como alternativa, el patrono puede realizar un pago de \$80,000, más costas y honorarios. La Sentencia incluyó una Opinión de Conformidad que destacó la importancia de honrar la intención de las partes en el Convenio Colectivo. También se emitió una Opinión Disidente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió una interrogante persistente sobre la procedencia del impedimento colateral por sentencia en acciones para impugnar confiscaciones. Por años, las decisiones previas carecían de un dictamen mayoritario vinculante sobre este asunto. Amparado en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada por la Ley Núm. 287-2018, el Tribunal estableció un precedente claro. Determinó que, salvo circunstancias específicas contempladas en dicha ley, la figura del impedimento colateral por sentencia no puede ser invocada. Específicamente, no puede usarse como fundamento para obtener un dictamen sumario contra el Estado en un procedimiento de impugnación de confiscación. Esta decisión surge en el contexto de un caso donde Universal Insurance Company y Popular Auto impugnaron la confiscación de un vehículo. El vehículo fue ocupado por presunto uso en violación de leyes de seguro obligatorio y el Código Penal. La sentencia aclara el panorama legal para futuros casos de impugnación de confiscaciones en la jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso de Carmelo Ramos Soto contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Tribunal denegó la solicitud de certiorari presentada por el Sr. Ramos Soto. La denegación se fundamentó en varias deficiencias procesales. Específicamente, el peticionario omitió incluir los sellos de rentas internas requeridos y no solicitó litigar como indigente. Además, el peticionario no certificó que la presentación fue notificada al Departamento de Corrección y Rehabilitación ni al Tribunal de Apelaciones. La solicitud también carecía de los volantes de notificación de la sentencia y resolución recurridas. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un voto conforme, destacando la importancia del cumplimiento estricto de las reglas procesales para un acceso igualitario a la justicia. Un voto particular disidente fue emitido por el Juez Asociado señor Estrella Martínez, al que se unieron la Jueza Presidenta y el Juez Asociado señor Colón Pérez.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 1 de marzo de 2023 en el caso In re: Roberto Rodríguez Cintrón, identificado con el número TS-17,928. La materia principal del caso es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó una Moción en cumplimiento de orden presentada por el peticionario. Tras la revisión, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la moción. Como resultado de esta decisión, se ordena la reinstalación del Sr. Roberto Rodríguez Cintrón. La reinstalación concedida es únicamente para el ejercicio de la abogacía.