Pueblo v. Torres Medina

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un recurso de certiorari para definir el inicio del término jurisdiccional de treinta días para apelar al Tribunal de Apelaciones. La cuestión surge cuando a una persona convicta no se le dicta sentencia, sino que se le concede libertad a prueba al amparo de legislación penal especial. El caso específico involucra al señor Héctor M. Torres Medina, quien fue declarado culpable bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica. En lugar de imponerle una sentencia, el Tribunal de Primera Instancia le concedió el beneficio de la libertad a prueba mediante una resolución. El señor Torres Medina apeló esta determinación. El Tribunal Supremo resolvió que el plazo de treinta días para apelar comienza a transcurrir desde el momento en que el foro primario notifica su determinación de conceder la libertad a prueba. Esta decisión establece con certeza el punto de partida del término apelativo en estos supuestos particulares.