La Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González Freyre y otros

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa si el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar una demanda basada en cosa juzgada, falta de legitimación activa y ausencia de parte indispensable. El caso surge de un procedimiento de quiebra donde el Síndico estipuló con un acreedor que también era presidente y accionista de la empresa quebrada. Una corporación pública acreedora objetó la estipulación y luego presentó una demanda separada contra dicho acreedor y otros directores y accionistas. La cuestión central es si la doctrina federal de cosa juzgada, bajo los criterios de Taylor v. Sturgell, aplica a la corporación pública debido a la actuación del Síndico, argumentando identidad de partes por nexo jurídico o privity. El Tribunal determina que, ante la ausencia de privity entre la corporación pública y el Síndico en este contexto, la doctrina de res judicata federal no es aplicable. Por consiguiente, la corporación pública posee legitimación activa para demandar a los directores, oficiales y accionistas de la corporación quebrada y a compañías relacionadas.