Casos del Tribunal Supremo (Página 70)

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Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2005-1129. Trata una disputa obrero patronal entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Unión Independiente Auténtica, con el Plan de Salud U.I.A., Inc. como parte. La controversia principal es si los tribunales deben abstenerse y dejar que la Junta de Relaciones del Trabajo atienda el asunto. El caso surge de un convenio colectivo previo que obligaba a la Autoridad a aportar a un plan médico para los unionados. El Plan de Salud U.I.A., Inc. fue el plan contratado para este propósito. Tras una huelga en agosto de 2004, las partes alcanzaron acuerdos parciales. Una estipulación de octubre de 2004, aunque no firmada, proponía que los miembros de la unión eligieran entre el Plan de la UIA o Triple S. Dicha estipulación también indicaba que la Autoridad reanudaría sus aportaciones al Plan de la UIA desde octubre de 2004. El caso involucra peticiones de injunction preliminar y permanente relacionadas con estos hechos.

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Este documento presenta una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2004-929. La controversia principal gira en torno a si la Junta de Directores de un condominio requiere el voto unánime del Consejo de Titulares para desistir de una acción judicial. Dicha acción fue iniciada para corregir alteraciones realizadas en la fachada del inmueble. El caso se origina tras el descubrimiento de diversas modificaciones en los apartamentos del Condominio Sandy Hills, documentadas por Orlando González Rivera, expresidente de la Junta. Las alteraciones incluían la instalación de rejas, portones y tormenteras distintos a los originales. La Junta de Directores, asesorada legalmente, notificó a los titulares sobre las infracciones a la Ley de Propiedad Horizontal. Se les exigió revertir las alteraciones y se les advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones legales. La decisión del Tribunal abordará la autoridad de la Junta para manejar este tipo de litigios y la necesidad o no del consentimiento unánime del Consejo de Titulares para desistir de ellos.

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La controversia central de este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico es determinar cuándo comienza a transcurrir el término de caducidad para impugnar un reconocimiento voluntario de paternidad por inexactitud. Johnny González Rosado reconoció voluntariamente a un menor el 24 de abril de 2002, basándose en la representación de la madre, Yahaira Echevarría Muñiz. Una prueba de paternidad posterior, cuyos resultados se obtuvieron el 3 de diciembre de 2002, sugirió que él no era el progenitor. El peticionario presentó una demanda de impugnación el 19 de febrero de 2003. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, resolviendo que la acción había caducado al transcurrir más de tres meses desde el acto de reconocimiento. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta decisión. El Tribunal Supremo resuelve que el plazo de caducidad para impugnar un reconocimiento voluntario de paternidad debido a su inexactitud comienza a correr desde el acto de reconocimiento mismo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 21 de noviembre de 2006. La Resolución informa que el Juez Presidente concedió a los empleados de la Rama Judicial el viernes, 24 de noviembre de 2006, libre con cargo a vacaciones. Debido a esta concesión, dicho día se considerará como un día feriado completo para el cómputo de los términos judiciales. Esto se aplicará conforme a los Artículos 388 y 389 del Código Político de 1902. Cualquier término procesal que venza el 24 de noviembre de 2006 se extenderá automáticamente. La nueva fecha de vencimiento será el lunes, 27 de noviembre de 2006, por ser el próximo día laborable. Se ordena la inmediata difusión pública de esta determinación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 17 de noviembre de 2006 en el caso identificado como TS-13651. La materia principal del caso era la solicitud de reactivación a la profesión de la abogacía presentada por Juan Guillermo Soto Fonalledas. El Tribunal examinó las mociones sometidas por el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Oficina del Procurador General en relación con el caso. Tras considerar las presentaciones de ambas partes, el Tribunal Supremo decidió conceder la reactivación de la licencia para ejercer la abogacía al licenciado Juan G. Soto Fonalledas.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso CC-2006-759 el 13 de noviembre de 2006. La resolución atendió una Petición de Certiorari presentada por la parte peticionaria, Mobile Universe. El Tribunal decidió por mayoría declarar no ha lugar la petición. Esto significa que el Tribunal Supremo rehusó expedir el auto solicitado. La decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Rebollo López y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez habrían expedido el auto. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente. En su disidencia, argumenta que la mayoría dejó en vigor una sentencia errónea del Tribunal de Apelaciones que desatiende precedentes sobre procesos de adjudicación. El caso involucra a Mobile Universe, el Departamento de Educación y sus juntas, Spacenet, Centennial of Puerto Rico y Puerto Rico Telephone Company como licitador agraciado.

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Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso certificado CT-2006-9, emitida el 10 de noviembre de 2006 por el Juez Asociado Rebollo López. El caso se centra en el Proyecto de la Cámara 2193, que proponía la "Ley de la Justicia Contributiva de 2006". Dicho proyecto buscaba establecer un impuesto sobre ventas, uso y almacenamiento a una tasa del 7%. El documento detalla disposiciones clave del proyecto, incluyendo la Sección 7003, que limitaba los impuestos municipales similares pero permitía la patente municipal, estableciendo la prevalencia del nuevo impuesto en caso de conflicto constitucional. También cita la Sección 7005, que imponía el impuesto del 7% sobre ventas al detal, uso, almacenamiento de propiedad mueble tangible y servicios tributables. El caso involucra a los demandantes Carlos Romero Barceló y otros, frente al Estado Libre Asociado y funcionarios gubernamentales, con representación de diversas entidades públicas. La materia del caso es una certificación directa al Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso CC-2006-302, El Pueblo de Puerto Rico v. Heriberto Padín Rodríguez. La Resolución denegó una segunda moción de reconsideración presentada por el peticionario. El Tribunal se atuvo a lo resuelto previamente. La decisión contó con el voto disidente del Juez Asociado señor Fuster Berlingeri, quien reconsideraría. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió un Voto Disidente en Reconsideración. En su disidencia, la Jueza Fiol Matta expresó su desacuerdo con la mayoría por no expedir un auto de certiorari sobre el principio de favorabilidad de sentencia. Consideró que la negativa a revisar la interpretación del foro apelativo sobre *Pueblo v. González Ramos* era errada. Argumentó que esta interpretación es contraria a la política constitucional de rehabilitación de confinados en Puerto Rico.

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Esta resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende la solicitud de la Lcda. Wilca D. Gallagher Ortiz para darse de baja voluntariamente del ejercicio de la profesión legal. Fechada el 10 de noviembre de 2006, el Tribunal consideró una moción presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico el 18 de octubre de 2006, relacionada con este asunto. Tras revisar la moción, el Tribunal autorizó a la Lcda. Gallagher Ortiz a darse de baja voluntariamente de dicha institución. Esta decisión fue acordada por el Tribunal, según certifica la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 10 de noviembre de 2006. La materia principal de la resolución es la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. El caso involucra al Lcdo. Miguel A. Nogueras Castro. Atendiendo una Moción Informativa radicada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Tribunal autoriza la baja voluntaria solicitada. Esta decisión oficializa el retiro del Lcdo. Nogueras Castro de la práctica legal. La resolución es un documento oficial del Tribunal Supremo sujeto a los procesos de compilación y publicación.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 10 de noviembre de 2006, identificada con el número de caso TS-3809. La materia tratada es la baja voluntaria de la abogacía. El Tribunal examinó una moción presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Mediante esta resolución, el Tribunal autoriza al licenciado Diego Pagán Gutiérrez a darse de baja como abogado. Esta autorización se concede según la solicitud previa del licenciado Pagán Gutiérrez. La decisión fue acordada por el Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 10 de noviembre de 2006 en el caso TS-10,190. La resolución aborda la solicitud de baja voluntaria de la abogacía presentada por el Lcdo. Gustavo A. Gelpí. Dicha solicitud se fundamenta en su condición de Juez de Distrito Federal. El Colegio de Abogados de Puerto Rico informó al Tribunal que no tenía objeción a conceder la baja. En respuesta, el Tribunal Supremo aceptó la renuncia del Lcdo. Gelpí como miembro del Colegio de Abogados. Los Jueces Asociados Fuster Berlingeri y Rodríguez Rodríguez no participaron en esta decisión.

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La opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Juan Luis Freire Ayala v. Vista Rent To Own, Inc. aborda varias cuestiones legales cruciales. Se resuelve si la presentación inicial de un recurso de certiorari es válida al realizarse en una sede del Tribunal de Primera Instancia distinta a la recurrida. El Tribunal también examina la eficacia legal de una cláusula contractual mediante la cual un empleado exento acuerda limitar su jornada de trabajo. Otro punto central es determinar si dicho empleado tiene disponible una causa de acción en daños y perjuicios por habérsele requerido trabajar en exceso de la jornada limitada por contrato. El caso surge de la relación laboral del señor Freire Ayala, quien trabajó como "Junior Assistant Manager" para Rent a Center, y su posterior despido. La decisión establece criterios importantes sobre la presentación de recursos judiciales y los derechos laborales de empleados exentos bajo acuerdos de jornada específicos.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró la conducta profesional del abogado Eugenio A. Guardiola Ramírez. El licenciado Guardiola Ramírez fue hallado culpable en la Corte Federal por conspiración, intervención indebida con testigo y obstrucción a la justicia. Por estos delitos, fue sentenciado a cumplir 33 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada. El Procurador General presentó una querella argumentando que los delitos implican depravación moral y violan los Cánones de Ética Profesional. El Tribunal Supremo le concedió un término para mostrar causa por la cual no debía ser separado indefinidamente del ejercicio de la profesión. A pesar de ser notificado personalmente, el abogado no compareció ni respondió a la orden del Tribunal. Ante su incomparecencia y la gravedad de las convicciones federales, el Tribunal procedió a resolver el caso disciplinario.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 3 de noviembre de 2006 en el caso In re Carmelo Campos Cruz. La materia principal del caso es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal atendió y declaró con lugar una moción de renuncia a representación legal. Asimismo, evaluó una moción en cumplimiento de orden presentada por la Oficina de Inspección de Notarías y una moción informando el estado del caso del Procurador General. Tras la evaluación de dichas mociones, el Tribunal ordenó la reinstalación del licenciado Carmelo Campos Cruz. La reinstalación se limita específicamente al ejercicio de la abogacía. Un juez asociado no intervino en la decisión.

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Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico interpreta el alcance del artículo 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos. Dicha ley prohíbe a un asambleísta que renuncie ocupar puestos municipales de confianza o carrera si fueron creados o mejorados en sueldo durante el término para el cual fue electo. El Tribunal reafirma la norma de casos anteriores sobre esta prohibición. Se resuelve que un ex-asambleísta no puede beneficiarse de aumentos salariales legislados por la asamblea de la cual formó parte después de su renuncia. El dinero recibido en contravención a esta norma debe ser devuelto al municipio. No obstante, la prohibición no aplica si el beneficio fue legislado antes de que la persona fuera asambleísta o por una asamblea municipal distinta. El caso se originó cuando el Municipio de Morovis demandó a dos ex-asambleístas para recuperar salarios recibidos en puestos municipales. El municipio argumentó que los nombramientos y aumentos salariales violaban la ley al hacerse efectivos durante el cuatrienio en que los demandados sirvieron como asambleístas. La opinión clarifica las condiciones bajo las cuales un ex-asambleísta puede ocupar cargos municipales y recibir beneficios salariales.

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Caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre una infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito. Wilfredo Montero Luciano fue acusado de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes con un nivel de alcohol de .179%. El acusado hizo alegación de culpabilidad por el delito imputado. Conforme a la ley, el tribunal ordenó un informe presentencia a ASSMCA. Dicho informe reveló que el acusado tenía convicciones previas por el mismo delito. En la vista de sentencia, la defensa argumentó que la convicción anterior no debía considerarse para la pena. La defensa basó su objeción en que la convicción previa no fue alegada en la acusación original. Solo una de las convicciones anteriores cumplía con el requisito temporal para ser considerada como reincidencia. El documento presenta el trasfondo procesal y el planteamiento legal sobre la consideración de convicciones previas no alegadas en la acusación tras una alegación de culpabilidad.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 20 de octubre de 2006 en el caso de Juan Quirós Hernández. La materia tratada fue la solicitud de readmisión al ejercicio de la profesión de la abogacía. Tras considerar la "Réplica al Informe del Procurador General" y el "Informe de la Comisión", el Tribunal decidió conceder la readmisión. Sin embargo, esta readmisión fue condicionada. El señor Quirós Hernández debe acreditar, en un plazo no mayor de dos años, que ha tomado un curso preparatorio para el examen de reválida. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución con relación a la Licenciada María Teresa Castro Martínez. La resolución atiende una comunicación del Sr. Gaspar Gerena Herrera, esposo de la licenciada. El Sr. Gerena Herrera solicitó que se le diera de baja del ejercicio de la abogacía a su esposa. La razón aducida para la solicitud fue la edad avanzada de la Licenciada Castro Martínez. El Tribunal Supremo aceptó la comunicación y accedió a la solicitud presentada. Con esta decisión, se le concede la baja del ejercicio de la abogacía a la Licenciada María Teresa Castro Martínez. La resolución también dispone que se archive el asunto que dio origen a una resolución previa del 14 de agosto de 2006. Esta acción pone fin al proceso iniciado anteriormente.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 20 de octubre de 2006 en el caso identificado como TS-6388, "In re Leopoldo Mercado Santini". La resolución aborda la materia de Baja del Ejercicio de la Abogacía. Tras examinar una Moción Informativa presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Tribunal tomó una determinación. Se autorizó al Lcdo. Leopoldo Mercado Santini a darse de baja voluntariamente de dicha institución. La decisión fue acordada por el Tribunal. La Secretaria del Tribunal Supremo certificó la resolución.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, caso CC-2004-1212, trata sobre un recurso de revisión administrativa. Las partes son el Municipio de San Juan, la Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y Plaza las Américas, Inc. El propósito del recurso es determinar si el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al confirmar dos resoluciones administrativas. Una resolución de la Junta de Planificación autorizó un proyecto institucional presentado por el Municipio de San Juan. La otra resolución de ARPE aprobó un anteproyecto sometido por el mismo Municipio. Debido a la inhibición de algunos jueces, se constituyó una Sala Especial del Tribunal Supremo para entender en el caso. La opinión del Tribunal, emitida por el Juez Asociado Rivera Pérez, evalúa la decisión del foro apelativo intermedio sobre la validez de dichas resoluciones. El caso se origina con la presentación de un proyecto por el Municipio en febrero de 2002.

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Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2005-704, de 18 de octubre de 2006, sobre incumplimiento de contrato de arrendamiento y daños. El Mundo Broadcasting Corporation recurrió la decisión del Tribunal de Apelaciones que, a su vez, revocó una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original, presentada por Carlos Ortiz Brunet et als., reclamaba daños alegando que El Mundo actuó de mala fe al renovar el contrato sin informar sobre un subarrendamiento con un canon superior. El Mundo negó la mala fe, indicando que el contrato no lo prohibía ni exigía la divulgación del canon de subarrendamiento, y argumentó falta de diligencia de los arrendadores. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia sumaria al entender que existían controversias sobre la buena fe, la reciprocidad contractual y posibles deberes especiales, además de considerar inadecuado el descubrimiento de prueba. El Mundo solicitó al Tribunal Supremo la revocación de la sentencia apelativa. La sentencia del Tribunal Supremo resuelve el recurso presentado por El Mundo contra dicha determinación.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitida el 17 de octubre de 2006, en el caso CC-2004-0961. La controversia principal surge de una reclamación de salarios y otros conceptos instada por Benjamín Díaz Hernández contra su patrono, Pneumatics & Hydraulics, Inc. El caso requiere la interpretación del artículo 16 de la Ley de Seguro Social para Choferes y Otros Empleados. Por primera vez, el Tribunal discute las disposiciones de este artículo. Se aborda específicamente el efecto de una determinación de incapacidad de la Administración de Seguro Social Federal sobre una reclamación por despido ilegal bajo dicho artículo 16. Además, la opinión resuelve si procede un reclamo de daños por angustias mentales bajo esta misma disposición legal. El caso se origina tras problemas de salud experimentados por el empleado, que afectaron su desempeño laboral.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la conducta profesional de la Jueza Superior Hon. Mirinda Vicenty Nazario. Se consideró si incurrió en violaciones a los Cánones de Ética Judicial por intervenir en un procedimiento judicial Ex parte. Dicho caso, Ex parte González Urbina, estaba asignado a otro juez. La parte promovente en ese caso era una alguacil empleada en el mismo Centro Judicial donde laboraba la jueza. La Oficina de Administración de los Tribunales formuló los cargos tras una investigación. La Comisión de Disciplina Judicial también examinó el asunto. El Tribunal Supremo, tras evaluar los hechos, determinó que la conducta de la jueza fue contraria a la ética judicial. Esta conclusión difirió de la recomendación de la Comisión. La decisión se emite de forma independiente a otros cargos previos contra la jueza.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una acción disciplinaria contra el Lcdo. José R. Franco Rivera. La causa de la acción fue una queja presentada por su cliente, José L. Vázquez Pedrosa. El cliente alegó que el abogado abandonó su caso de despido injustificado sin notificarle. Asimismo, sostuvo que el licenciado Franco Rivera no le reembolsó los \$1,500 de "retainer fee" ni le entregó su expediente y documentos del caso, a pesar de sus reiteradas peticiones. El abogado presentó una contestación a la queja. El proceso disciplinario culminó con la suspensión del licenciado Franco Rivera. La suspensión impuesta por el Tribunal Supremo advino final y firme el 16 de noviembre de 2006. El documento detalla los antecedentes de la queja y las alegaciones principales del cliente que motivaron la acción.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera cargos disciplinarios contra las Juezas Superiores Hon. Mirinda Vicenty Nazario y Hon. Berta Mainardi Peralta. La Oficina de Administración de los Tribunales imputó violaciones a los Cánones de Ética Judicial, principalmente relacionadas con el manejo del caso Departamento de la Familia vs. Irina Smith. A la Jueza Vicenty Nazario se le imputó dar trato preferencial al expediente de dicho caso para beneficiar a una compañera jueza con interés personal y enviar una carta de recomendación impropia. Contra la Jueza Mainardi Peralta se alegó aceptar el traslado del caso sin autorización, mantener comunicaciones continuas con la jueza interesada y realizar trámites irregulares. El Tribunal evalúa los cargos y los hechos probados por la Comisión de Disciplina.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una sentencia en el caso CC-2000-951, Teresita Cabrera v. Zen Spa, Inc., con fecha de 5 de octubre de 2006. La materia principal del litigio es despido injustificado y reclamaciones laborales. Teresita Cabrera, exempleada de Zen Spa, presentó una querella en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras finalizar su empleo en septiembre de 1999. Reclamó el pago de la mesada por despido injustificado conforme a la Ley núm. 80. También solicitó compensación por vacaciones acumuladas no liquidadas, horas extras y bono de navidad según las leyes laborales aplicables. Adicionalmente, incluyó reclamaciones por sufrimientos mentales, violación a la Ley federal COBRA y el incumplimiento de un contrato verbal sobre un bono de ventas. La querella se presentó bajo el procedimiento sumario para reclamaciones laborales. El documento detalla los hechos iniciales del caso y las diversas causas de acción presentadas por la exempleada contra su patrono. La decisión llegó al Tribunal Supremo mediante un recurso de certiorari.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su decisión del 4 de octubre de 2006, abordó si un establecimiento comercial puede ser responsable por daños y perjuicios bajo el artículo 1802 del Código Civil. La cuestión central era si servir bebidas alcohólicas a una persona visiblemente intoxicada que luego causa un accidente automovilístico genera responsabilidad para el negocio. El Tribunal resolvió afirmativamente, concluyendo que dicha reclamación de responsabilidad civil extracontractual es válida en el ordenamiento puertorriqueño. Se determinó que los foros inferiores erraron al desestimar la causa de acción contra el establecimiento "El Patio de Sam" como cuestión de derecho. No obstante, ejerciendo su discreción judicial, el Tribunal decidió que la norma adoptada tendría efectos prospectivos. Por consiguiente, la sentencia recurrida, que desestimó la reclamación contra el negocio, fue confirmada a pesar del error de los foros inferiores. El caso se originó a raíz de un accidente automovilístico fatal ocurrido en 1993.

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Se presentó una queja de conducta profesional contra el abogado notario Andrés J. Colberg Trigo. El matrimonio Izquierdo Amieiro alegó que el notario no los asesoró adecuadamente en la compra de una propiedad sobre la presencia de asbesto y plomo. El Lcdo. Colberg Trigo sostuvo haber cumplido con la ley notarial local. La Oficina del Procurador General investigó el asunto. El Procurador concluyó que el notario incumplió con la Ley Federal para la Reducción de los Riesgos Provocados por la Pintura a Base de Plomo de 1992. Específicamente, no hizo las advertencias requeridas para propiedades construidas antes de 1978. No obstante, el Procurador recomendó que la norma del Tribunal sobre este punto fuera prospectiva. Por ello, recomendó el archivo de la queja contra el Lcdo. Colberg Trigo. El Tribunal Supremo examinó la queja, el informe del Procurador y los argumentos del abogado. Finalmente, el Tribunal ordenó el archivo y sobreseimiento de la queja presentada.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución del 22 de septiembre de 2006, atendió la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. Alfredo Ramírez de Arellano Del Valle. El Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó una moción reaccionando a dicha solicitud. La Sala de Verano del Tribunal examinó la moción y la solicitud. El Tribunal resolvió con lugar la petición. En consecuencia, se autorizó la baja voluntaria del licenciado Ramírez de Arellano del ejercicio de la profesión legal.

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Ramón Enrique Díaz Arroyo y sus hijos demandaron al Hospital Dr. Susoni, Inc. reclamando daños y perjuicios por el alegado despido ilegal y discriminatorio de Isaira Rodríguez, esposa y madre, debido a su activismo sindical. Los demandantes adujeron que el despido les causó daños y angustias mentales. El Hospital contestó la demanda y solicitó sentencia sumaria, argumentando que el foro estatal carecía de jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo y que la demanda estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, resolviendo que tenía jurisdicción bajo el Artículo 1802 del Código Civil y que existía controversia real sobre la prescripción. Inconforme, el Hospital recurrió al Tribunal de Apelaciones, reiterando sus planteamientos sobre la falta de jurisdicción por preemption federal bajo el Labor Management Relations Act y la prescripción. El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa la decisión del Tribunal de Apelaciones en este caso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite su opinión en el caso de certiorari CC-2006-52. El litigio surge de una querella por despido injustificado presentada por Jemir Alicea Aguayo Pomales contra R&G Mortgage Corp. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido de Aguayo Pomales no estuvo justificado. R&G alegó que el despido se debió a que la empleada entregó información confidencial de clientes a un tercero. Sin embargo, el foro primario concluyó que R&G no cumplió con su política interna ni demostró cómo se afectaron sus intereses. En consecuencia, condenó a R&G a pagar la mesada y honorarios de abogado. R&G apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, cuestionando la determinación de despido injustificado. Alegó que la empleada conocía la política de confidencialidad y que su acción la violó, invocando también leyes federales sobre privacidad financiera. El Tribunal Supremo revisa ahora las decisiones de los foros inferiores en este caso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Apelaciones en un caso entre la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos y Celulares Telefónica, Inc. La controversia surge del despido del empleado Nelson Maldonado. Un árbitro determinó que el despido fue injustificado y ordenó la reposición del empleado con paga retroactiva. Celulares Telefónica solicitó la revisión del laudo ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho tribunal modificó el laudo arbitral. Aunque confirmó que el despido fue injustificado, limitó el remedio a la compensación dispuesta por la Ley Núm. 80. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reposición en el empleo y la paga retroactiva. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos solicitó al Tribunal Supremo la revisión de la sentencia apelativa. El Tribunal Supremo evalúa si el empleado tiene derecho a la reposición y paga retroactiva o solo al remedio de la Ley Núm. 80.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico recibió una remisión de la Sala Superior de Carolina sobre la conducta del licenciado José A. Plaud González. La remisión detallaba el incumplimiento reiterado del abogado con su obligación alimentaria y órdenes judiciales. El Tribunal Supremo señaló que los jueces del Tribunal de Primera Instancia poseen la facultad inherente y legal para mantener el orden y asegurar el cumplimiento de sus providencias. Citando la ley y jurisprudencia previa, reafirmó que los tribunales de instancia pueden hacer cumplir sus órdenes y castigar por desacato. También destacó la discreción de los jueces para imponer sanciones económicas a abogados por conducta que afecte los procesos. En consecuencia, el Tribunal Supremo devolvió el asunto a la Sala Superior de Carolina para que tomara la acción correspondiente.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un caso de daños y perjuicios presentado por Mariela Hernández Vélez contra Televicentro de Puerto Rico y Moisés Vélez. La demandante, quien trabajaba como contratista para un programa producido para Televicentro, alega que sufrió incidentes inapropiados por parte del codemandado Moisés Vélez, camarógrafo de Televicentro. Los hechos ocurrieron en abril de 2002 mientras se trasladaban para realizar una entrevista. Según las alegaciones, Vélez hizo comentarios ofensivos y rozó a la demandante con su cámara en dos ocasiones, primero en los glúteos y luego en la espalda, dentro de un ascensor. Estos alegados incidentes dieron origen a la reclamación por daños. El documento constituye la opinión del Tribunal Supremo que detalla los antecedentes fácticos del caso, el cual llegó ante su consideración mediante un recurso de certiorari. Se establece el contexto laboral y los roles de las partes involucradas en los hechos que motivaron la demanda.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en respuesta a una queja de la Jueza Tomasa del Carmen Vázquez Chévere de la Sala Superior de Caguas. La queja se refería a la conducta profesional de las abogadas Celimar Gracia Marín, Rayda I. Mitchell Pagán y Doris Carrero Ruiz de la Sociedad de Asistencia Legal. La Jueza alegó que las abogadas actuaron de forma irrespetuosa, se ausentaron sin informar, llegaron tarde, solicitaron inhibiciones injustificadas y mostraron actitudes hostiles. El Tribunal Supremo reconoció la queja y señaló que conductas similares han sido referidas anteriormente. Reafirmó la facultad inherente de los jueces de instancia para mantener el orden en sus salas y asegurar el cumplimiento de sus órdenes. Esta facultad incluye el poder de castigar por desacato y de imponer sanciones económicas a los abogados. Citó la base legal en 4 L.P.R.A. secs. 1a, 362a, 362b y jurisprudencia previa. En consecuencia, el Tribunal Supremo devolvió el asunto a la Sala Superior de Caguas para que tomara la acción correspondiente.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión el 31 de agosto de 2006 en el caso CC-2005-0382. La controversia se originó en una subasta de la Autoridad de Edificios Públicos para la demolición de una escuela. Empresas Toledo, Inc. resultó ser el licitador cualificado con la oferta más baja. No obstante, la Autoridad adjudicó la subasta a Gatec, Inc., cuya oferta era considerablemente superior. La Autoridad justificó el rechazo de la oferta más baja alegando que estaba muy por debajo de sus estimados de costo, lo que hacía improbable la realización adecuada de los trabajos. Empresas Toledo impugnó esta decisión administrativa ante los tribunales. Este documento contiene la opinión del Tribunal Supremo resolviendo el recurso de certiorari presentado en relación con esta disputa sobre la adjudicación de la subasta. Se analiza la legalidad de la actuación de la Autoridad al descalificar al licitador más bajo por la diferencia entre su oferta y los estimados internos.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso de Rosa López Echevarría contra la Administración de los Sistemas de Retiro. El recurso buscaba revocar la denegatoria de beneficios de incapacidad ocupacional a la señora López Echevarría. La peticionaria, Ayudante de Cocina, sufrió un accidente de trabajo en 1996, resultando en varias condiciones diagnosticadas por el Fondo del Seguro del Estado. Solicitó una pensión por incapacidad ante la Administración de Retiro, la cual fue denegada por no cumplir los requisitos legales. La solicitud de reconsideración también fue denegada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la Junta de Síndicos que denegó los beneficios. El Tribunal Supremo, por los fundamentos expuestos en la sentencia, confirmó el dictamen del Tribunal de Apelaciones, resultando en la confirmación de la denegatoria de los beneficios de incapacidad ocupacional.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión en reconsideración en el caso de Jorge Marcano Parrilla, convicto por Asesinato en Primer Grado y violaciones a la Ley de Armas. Se revisa la Opinión y Sentencia previa del Tribunal de 2000 en este mismo caso. Dicha decisión estableció una norma rigurosa para conceder un nuevo juicio basado en nueva prueba bajo la Regla 192 de Procedimiento Criminal. La norma requería que la prueba fuera tan precisa y certera que dejara clara la inocencia del convicto, haciendo que su encarcelamiento continuado ofendiera el sentido de la justicia. El peticionario, Marcano Parrilla, solicitó la reconsideración de esta norma. Su solicitud de nuevo juicio en primera instancia, fundamentada en alegada nueva prueba, fue denegada. El tribunal primario consideró, entre otras cosas, que los testigos de la defensa estaban disponibles al momento del juicio original. La presente decisión aborda la solicitud de reconsiderar el estándar probatorio para la concesión de nuevos juicios por nueva prueba.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 25 de agosto de 2006 (CC-2005-573), aborda una controversia surgida en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Banco Bilbao Vizcaya. El banco demandó a Ángel R. López Montes, Carmen Sasso Oliver y otros. Como medida cautelar para asegurar la efectividad de una sentencia, el BBV solicitó y obtuvo una orden de embargo de bienes, incluyendo cuentas bancarias de los demandados. En ejecución de dicha orden, el banco embargó una cuenta de ahorros. La particularidad de esta cuenta es que estaba a nombre de la demandada Carmen Sasso Oliver y de su madre, Concepción Oliver Aneiro, quien no era parte en el pleito de cobro. La cuestión central que el Tribunal Supremo debe resolver es si un acreedor puede embargar una cuenta bancaria conjunta cuyos titulares son su deudor y un tercero ajeno a la deuda original.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa un laudo arbitral en el caso entre la Unión General de Trabajadores y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. La controversia principal gira en torno a la arbitrabilidad procesal de una querella presentada por la unión. El árbitro había dictaminado que la querella no era arbitrable por haberse presentado fuera del término establecido en el convenio colectivo. La unión impugnó esta determinación, sosteniendo que la violación alegada era de carácter continuo, lo que invalidaba la aplicación estricta del término. La querella se originó a raíz de una alegada disparidad salarial de un empleado nombrado en julio de 1996. La unión fue notificada de este nombramiento poco después. Sin embargo, la unión inquirió formalmente sobre la disparidad salarial casi un año después de recibir información detallada. El caso requiere que el Tribunal determine si la alegada diferencia salarial constituye un agravio continuo. Esto es crucial para decidir si la querella fue presentada a tiempo bajo los términos del procedimiento de quejas y agravios. La decisión aborda la interpretación de las cláusulas contractuales sobre la presentación de querellas en casos de supuestas violaciones continuas.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión el 18 de agosto de 2006 en el caso CC-2005-282. La controversia principal a resolver era si las multas administrativas impuestas por el Comisionado de Seguros a un corredor de líneas excedentes por violaciones al Capítulo 27 del Código de Seguros están sujetas a los límites del artículo 9.480 de dicho Código. El caso surge de una investigación realizada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) a Puerto Rican Insurance Agency, Inc. (PRIA), un corredor de líneas excedentes. La investigación evaluó el cumplimiento de PRIA con el Código de Seguros y reglamentos relacionados durante el período 1994-2000. Como resultado de la investigación, la OCS dictó una resolución ordenando correcciones y el pago de multas administrativas por \$21,275. La opinión del Tribunal, emitida por la Jueza Asociada Fiol Matta, aborda la cuestión legal sobre la aplicabilidad de los límites de multa a estas infracciones específicas.

Resumen:

Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 10 de agosto de 2006 en el caso CC-2004-816. El caso de Certiorari surge de una decisión de la Junta de Planificación. La controversia principal gira en torno al requisito de presentar un estudio hidrológico-hidráulico. Dicho estudio es necesario para proyectos ubicados en áreas inundables clasificadas como Zona 2. El caso específico trata sobre la consulta de ubicación para un proyecto comercial de gran escala en Mayagüez. Este proyecto incluía tiendas, restaurantes y un banco. El predio se localizaba en el Barrio Sabanetas, dentro de un distrito de zonificación Residencial Cero (R0). La opinión fue emitida por el Juez Asociado Fuster Berlingeri. Las partes involucradas son los peticionarios Juan Hernández, José Juan Álvarez y Otros, los recurridos Centro Unido de Detallistas, y la Junta de Planificación como agencia revocada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión Per Curiam sobre la conducta profesional del Lcdo. Rodolfo S. Escabí Rodríguez. Mediante Resolución previa del 5 de mayo de 2006, se le ordenó corregir deficiencias en su obra notarial por falta de sellos de Asistencia Legal ascendentes a $89,461. También se le requirió mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. A pesar de la notificación personal de dicha Resolución el 15 de mayo de 2006, el licenciado Escabí Rodríguez no ha cumplido con lo ordenado. El Tribunal enfatiza el deber de los abogados de atender y cumplir con sus requerimientos y órdenes, particularmente en asuntos de conducta profesional y disciplina. La falta de cumplimiento con una orden del Tribunal es una infracción seria. Esta decisión aborda las consecuencias de la inacción del abogado ante la orden previa.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpreta la sección primera de la Regla 111 de Procedimiento Criminal en este caso. El proceso judicial contra Jorge L. Agudo Olmeda comenzó con una denuncia por apropiación ilegal agravada. Tras la vista preliminar, se determinó causa probable por el delito menos grave de apropiación ilegal, según el artículo 165 del antiguo Código Penal. El Ministerio Público presentó una acusación formal por este delito menor, especificando el valor de los bienes. Durante el acto de lectura de la acusación, el tribunal archivó la denuncia original y retuvo la acusación. Posteriormente, la acusación fue enmendada para ajustar el valor de los bienes apropiados. El caso fue entonces señalado para juicio en su fondo. La opinión aborda las implicaciones procesales de estos pasos, particularmente en relación con la Regla 111.

Resumen:

Se designó un comité en abril de 2003 para revisar el Manual de Instrucciones al Jurado de 1976. La revisión se hizo necesaria por las múltiples enmiendas al Código Penal, Reglas de Procedimiento Criminal y Evidencia, leyes especiales y desarrollo jurisprudencial. La aprobación del nuevo Código Penal en 2004 amplió la tarea del comité. En mayo de 2005 se autorizó la divulgación de un proyecto preliminar para uso discrecional de los jueces. El comité entregó formalmente su proyecto final el 2 de junio de 2006. El Tribunal Supremo acepta el proyecto presentado y considera cumplida la encomienda del comité. Ahora corresponde al Tribunal analizar las recomendaciones, solicitando al Secretariado y la Academia Judicial un proceso de consulta interna. Finalmente, el Tribunal expresa su agradecimiento a los miembros del comité por su excelente labor y compromiso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso de Adolfo J. Vilá Alonso. La resolución aborda la solicitud de reinstalación del peticionario al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la solicitud, la información provista por el Colegio de Abogados y una comunicación de la Comisión de Reputación. Tras esta revisión, el Tribunal reconsideró su resolución anterior del 8 de febrero de 2006. Finalmente, el Tribunal Supremo autorizó la reinstalación de Adolfo J. Vilá Alonso al ejercicio de la abogacía.