Casos del Tribunal Supremo (Página 59)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Dicha sentencia revocó una Resolución del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El caso surge de una intervención del Cuerpo de Vigilantes del DRNA en una finca privada donde los recurridos cazaban tórtolas. Los Vigilantes entraron a la propiedad sin permiso, alegando escuchar disparos, y cortando una verja de una finca colindante. El Tribunal de Apelaciones determinó que la intervención fue irrazonable e inconstitucional por no cumplir con los requisitos de registros y allanamientos. Consecuentemente, declaró nula la acción del DRNA. El DRNA solicitó la revisión de esta decisión ante el Tribunal Supremo. La controversia central es la legalidad de la entrada de los Vigilantes a la propiedad privada y la validez de la evidencia obtenida.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso se centra en una moción de supresión de evidencia en un proceso por infracción a la Ley de Sustancias Controladas. La evidencia fue ocupada tras una intervención policial sin orden judicial. Un agente observó al recurrido con lo que parecían ser drogas y comunicó sus características, resultando en la intervención y ocupación por otro agente. El recurrido argumentó que el registro fue ilegal al carecer de orden. Aunque el Ministerio Público demostró motivos fundados para la intervención inicial, no presentó prueba sobre la razonabilidad del registro sin orden efectuado. Por tanto, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal de Apelaciones, ratificando la supresión de la evidencia.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico establece pautas procesales para el manejo de recursos apelativos. Se reitera que, al determinar que el Tribunal de Apelaciones sí tenía jurisdicción, el caso debe ser devuelto a ese foro para que resuelva los méritos de la controversia. Esta práctica busca sostener el esquema legislativo que designa al Tribunal de Apelaciones como el primer foro de justicia apelativa. La opinión también discute cómo proceder cuando coexisten casos de desahucio y reclamaciones de hogar seguro sobre el mismo inmueble. Se aborda la situación de acciones simultáneas pendientes ante el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal de Primera Instancia. El caso particular involucra a un matrimonio divorciado donde el exesposo inició una acción de desahucio contra la exesposa. La exesposa reside en la propiedad y alega tener derecho a reclamar hogar seguro sobre el inmueble. El Tribunal provee dirección sobre la coordinación y resolución de estas controversias superpuestas.

Resumen:

El Colegio de Abogados de Puerto Rico solicitó al Tribunal Supremo la suspensión del licenciado Waldo F. Rodríguez Ortiz del ejercicio de la abogacía y la notaría. La solicitud se fundamentó en el incumplimiento del abogado con el pago de la cuota anual de colegiación y la prima de su fianza notarial. El Tribunal emitió resoluciones concediéndole términos para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido de ambas profesiones. A pesar de los intentos de notificación, el licenciado no respondió a las órdenes del Tribunal. Ante la falta de cumplimiento y respuesta, el Tribunal procedió con la suspensión solicitada por el Colegio de Abogados. La suspensión del ejercicio de la abogacía fue efectiva a partir del 7 de octubre de 2009, fecha en que se le notificó al abogado de la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió inmediata e indefinidamente al Lcdo. Julio C. Meléndez Vázquez del ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión, con fecha de 16 de julio de 2009, se fundamenta en la displicencia, indiferencia y contumaz incumplimiento del abogado hacia los requerimientos judiciales. Específicamente, se señala su falta de acatamiento a múltiples resoluciones del Tribunal de Apelaciones en un caso de apelación criminal. Dichas órdenes le requerían gestionar una regrabación y presentar la transcripción de la prueba oral. A pesar de varias oportunidades y un largo período de tiempo, el licenciado no cumplió con estos mandatos. Esta conducta deliberada de incumplimiento con las órdenes judiciales motivó la sanción disciplinaria. La suspensión fue notificada y se hizo efectiva el 7 de octubre de 2009.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examina si un contrato de financiamiento de primas, no incorporado a la póliza, puede modificar los términos de un seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria. La controversia surge en un caso de Certiorari entre los demandantes-peticionarios y SIMED, aseguradora del Dr. Edgardo Colón Ledeé. La póliza en cuestión es del tipo "claims made", con un periodo de vigencia y una fecha retroactiva específicos. Un aspecto crucial de la póliza es que excluye la cubierta para reclamaciones presentadas después de su fecha de terminación. La pregunta legal central es si el contrato de financiamiento, suscrito por las partes y la aseguradora pero separado de la póliza, puede alterar esta limitación temporal. La decisión busca determinar el alcance de la cubierta de la póliza a la luz de este acuerdo de financiamiento externo.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una determinación de causa probable en el caso El Pueblo v. Carlos Sustache Sustache. Este caso requiere precisar los contornos de las figuras jurídicas del cooperador y la comisión por omisión bajo el Código Penal de 2004. Se busca determinar si es posible procesar a una persona como cooperador de asesinato en primer grado fundamentado en la omisión impropia de un deber de garante. Adicionalmente, se debe precisar el grado de conocimiento del delito que debe tener dicho cooperador para ser encausado. El recurso de certiorari fue presentado por el señor Sustache Sustache para cuestionar una sentencia del Tribunal de Apelaciones. Dicha sentencia encontró causa probable para arresto contra Sustache Sustache por agresión, asesinato en primer grado (como cooperador) y encubrimiento (como autor). Esta determinación del foro apelativo revocó una decisión previa de no causa para arresto. El Tribunal de Apelaciones basó su decisión en la prueba documental, incluyendo un resumen de la prueba testifical presentado por el Ministerio Público.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa una querella de conducta profesional contra el licenciado Alexis Irizarry Vega. La querella fue presentada por la señora María Dolores Acosta Thomas, quien contrató al abogado para asistirla en una petición de residencia. Tras la denegación de la petición, el abogado presentó una apelación ante la Junta de Apelaciones de Casos de Inmigración. La querellante alega que el licenciado Irizarry Vega la hizo suscribir el documento de apelación, a pesar de que el peticionario era su esposo. Además, sostiene que el abogado dejó de contestar sus llamadas y de atenderla en su oficina después de la firma. Esta situación la obligó a contratar nueva representación legal para su caso. El Tribunal considera si estas alegaciones constituyen una violación a los Cánones de Ética Profesional, basándose en las determinaciones fácticas de un Comisionado Especial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 30 de junio de 2009 en el caso Ex Parte Carlos Marín Rosa. La Resolución atendió la Moción Sobre Baja Voluntaria del Ejercicio de la Abogacía presentada por el Lcdo. Carlos Marín Rosa. También se consideró la Moción en Contestación a Resolución del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Tras examinar las presentaciones, el Tribunal autorizó la baja voluntaria del Lcdo. Carlos Marín Rosa del ejercicio de la abogacía en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende el caso disciplinario AB-2007-233 contra el notario Lcdo. Jack Odell Peck. La Oficina de Inspección de Notarías investigó una queja del Sr. Ismael Vélez Motta. Se alega que el notario autorizó un testimonio a una persona que suplantó la identidad del querellante sin requerirle identificación adecuada. Esta persona obtuvo una licencia de conducir y realizó transacciones fraudulentas a nombre del Sr. Vélez Motta. El querellante descubrió la situación tras investigar multas administrativas y transacciones no autorizadas. La investigación del CIC llevó al arresto del suplantador. El notario admitió haber utilizado un testigo de conocimiento, un oficial de una gestoría, para acreditar la identidad del individuo, ya que este no portaba identificación permitida por ley. La suspensión de la notaría será efectiva una vez la sentencia advenga final y firme.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Ex Parte Lydia Pelegrín Soler. La materia principal abordada es la solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía por parte de la Lcda. Pelegrín Soler. El Tribunal examinó la moción presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la comunicación de la abogada ante dicha entidad. Mediante esta resolución, fechada el 30 de junio de 2009, el Tribunal Supremo autoriza la baja voluntaria solicitada. Este documento oficial está sujeto a los procesos de compilación y publicación formal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución emitida el 30 de junio de 2009, resolvió el caso Ex Parte José R. Echevarría Quiles. La materia principal abordada fue la solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la moción presentada por el Lcdo. José R. Echevarría Quiles y la respuesta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Tribunal autorizó la baja voluntaria solicitada. Esta decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso TS-7100, con fecha de 30 de junio de 2009. La Resolución aborda la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. Peter E. Hall Elrick. El Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó una moción relacionada con esta solicitud. Tras examinar la moción del Colegio y la comunicación del Lcdo. Hall Elrick, el Tribunal procedió a resolver. Mediante este documento oficial, el Tribunal Supremo autorizó la baja voluntaria solicitada por el Lcdo. Peter E. Hall Elrick. Esta decisión formaliza su retiro voluntario de la práctica legal en Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 30 de junio de 2009 en el caso TS-2835. La Resolución atiende la solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía presentada por la Lcda. Migdalia Carmona Morales. Tras examinar la carta de solicitud y la Moción en Contestación del Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Tribunal procedió a autorizar dicha baja. Este documento oficial del Tribunal Supremo certifica la decisión tomada.

Resumen:

La Lcda. Blanca R. Bianchi Arias presentó una moción solicitando su renuncia voluntaria al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. El Colegio de Abogados de Puerto Rico también radicó una moción pidiendo la baja voluntaria. El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó ambas peticiones. Mediante resolución emitida el 30 de junio de 2009, el Tribunal autorizó la baja voluntaria de la Lcda. Bianchi Arias. Esta decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria. El caso se identifica con el número TS-4708.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución con fecha de 30 de junio de 2009 en el caso Ex Parte José H. Rivera Hernández. La materia tratada fue la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. El Lcdo. José H. Rivera Hernández presentó una Solicitud Sobre Retiro Voluntario de la Profesión de la Abogacía. El Tribunal examinó dicha solicitud junto con una Moción en Contestación del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Tras considerar ambos documentos, el Tribunal Supremo autorizó la baja voluntaria del Lcdo. José H. Rivera Hernández. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Neddie Feliciano Jiménez del ejercicio de la abogacía. La decisión se fundamenta en el incumplimiento del licenciado con los requerimientos del Tribunal. Específicamente, Feliciano Jiménez no entregó los libros de Registro de Testimonios de su obra notarial para inspección y archivo. Esta omisión persistió a pesar de dos Resoluciones emitidas por el Tribunal en enero y abril de 2009, que le concedieron términos para cumplir con la entrega. Ambas órdenes le fueron notificadas personalmente por alguaciles del Tribunal. Al no comparecer ni cumplir con la entrega de los libros, el Tribunal decretó su suspensión. La decisión reitera la obligación de los abogados de responder diligentemente a las órdenes judiciales. La suspensión es efectiva a partir del 30 de julio de 2009.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución de 26 de junio de 2009, constituye sus Salas de Verano. Estas salas funcionarán durante el receso del Tribunal, que abarca del 1 de julio al 30 de septiembre de 2009. La medida se adopta de conformidad con la Regla 4(d) del Reglamento del Tribunal. Se establecen diferentes composiciones de salas para distintos periodos dentro del receso. Se designan los jueces que integrarán cada sala y quién presidirá cada una. Los Presidentes de Sala quedan facultados para realizar sustituciones de jueces o convocar al Pleno si fuera necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando Opiniones y Sentencias durante todo el receso de verano.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 26 de junio de 2009. El caso Ex Parte Francisco A. Besosa Stubbe trata sobre una solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía. El Lcdo. Francisco A. Besosa Stubbe presentó la solicitud ante el Tribunal. El Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó una moción en contestación a dicha solicitud. Tras examinar ambas presentaciones, el Tribunal Supremo emitió una Resolución. En dicha Resolución, el Tribunal autorizó la baja voluntaria del Lcdo. Besosa Stubbe de esa Institución. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluando la conducta profesional del Lcdo. Eugenio Rivera Lozada. La querella se originó por la representación de una clienta en una apelación administrativa. El abogado presentó el recurso fuera del término reglamentario, resultando en su desestimación. No informó a la clienta sobre la presentación tardía ni la desestimación de su caso. Adicionalmente, retuvo indebidamente tres mil dólares ($3,000) de la clienta por cuatro años. El Tribunal determinó que estas acciones violaron los Cánones 18, 19, 23 y 35 de Ética Profesional. Se concluyó que su actuación se apartó de las normas éticas que rigen la profesión. Como consecuencia, se impuso una suspensión al abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en San Juan, con fecha de 25 de junio de 2009, emitió una decisión en el caso de Madeline Colón Bermúdez. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría. Tras examinar varias mociones presentadas por la parte peticionaria y un informe sobre el estado de la obra notarial incautada, el Tribunal procedió a evaluar la solicitud. La decisión final del Tribunal fue reinstalar a la Lcda. Madeline Colón Bermúdez al ejercicio de la notaría. Este documento oficial certifica la resolución adoptada por el Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó la conducta profesional del Lcdo. Roberto Vélez Baez. El caso se originó por una querella relacionada con una demanda que el abogado presentó sobre un pagaré hipotecario extraviado. El abogado instó la demanda representando que su cliente había extraviado el pagaré y desconocía su paradero. Sin embargo, le constaba que otra parte alegaba ser la portadora del pagaré. A pesar de esto, no incluyó a dicha parte en la demanda, nombrando en su lugar a partes desconocidas. El Tribunal determinó que esta actuación ocasionó atrasos, dilación e indujo a error al tribunal al presentar una relación falsa de los hechos. Concluyó que la conducta del abogado infringió los Cánones 12 y 35 de Ética Profesional. La suspensión del abogado advino final y firme el 16 de julio de 2009.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, CC-2008-330, examina la facultad del alcalde del Municipio de San Juan para delegar poderes al Comisionado de Policía y Seguridad Pública. La controversia principal giraba en torno a si dicha delegación incluía la autoridad para expulsar a un miembro de la Policía Municipal por incurrir en una falta grave. El caso se originó a raíz de una querella disciplinaria contra el agente Julio Garriga Villanueva por alegados actos de agresión. La División de Inspección y Asuntos Disciplinarios del municipio llevó a cabo la investigación correspondiente. El Tribunal de Apelaciones había dictado una sentencia desfavorable al municipio. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el alcalde sí podía delegar funciones disciplinarias al comisionado conforme a la ley aplicable. Concluyó que la actuación del comisionado al expulsar al agente se ajustó a los poderes delegados. El Tribunal Supremo sostuvo que el procedimiento de expulsión respetó el debido proceso de ley. Por consiguiente, revocó la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una querella contra el Lcdo. Richard Rodríguez Vázquez por alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Los hechos imputados ocurrieron mientras el abogado se desempeñaba como oficinista en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y disfrutaba de licencia sindical con sueldo, no en el ejercicio de la profesión legal. El querellado era presidente de la unión y de Jaca Travel, Inc., una agencia creada por la unión. Aunque las acciones no fueron en el ejercicio directo de la abogacía, el Tribunal determinó que su conducta se apartó de las normas éticas que rigen la profesión. Por ello, resolvió que infringió el Canon 38 de Ética Profesional. La suspensión impuesta es efectiva a partir del 18 de junio de 2009.

Resumen:

Este recurso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una demanda de injunction y sentencia declaratoria presentada por la Asociación de Alcaldes contra el Contralor. La Asociación impugnó un informe del Contralor que la calificaba como entidad partidista. Dicho informe concluía que, por su naturaleza partidista, la Asociación no tenía derecho a recibir donativos municipales. El Contralor también recomendó a varios municipios solicitar el reembolso de donativos previos. La controversia principal ante el Tribunal Supremo fue determinar si los hallazgos y recomendaciones de un informe del Contralor son revisables judicialmente de forma directa e inmediata. Tras analizar las facultades del Contralor y la doctrina de justiciabilidad, el Tribunal concluyó que la demanda de la Asociación no presentaba una controversia justiciable. Resolvió que no se cumplía con el requisito de "caso o controversia". Por tanto, el Tribunal confirmó la sentencia del Tribunal de Apelaciones que ordenó desestimar la demanda.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Apelaciones. Dicha sentencia revocó un dictamen previo del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había sentenciado a Ángel Luis Santiago Collazo a cumplir penas consecutivas por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Estas sentencias se impusieron luego de que un jurado emitiera un veredicto de culpabilidad. La cuestión central a dilucidar es si el Ministerio Público cumplió con su obligación de probar la responsabilidad criminal del co-acusado más allá de duda razonable. El caso se deriva de un incidente ocurrido en un residencial público, iniciado por una discusión sobre la devolución de un automóvil.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera un caso de conducta profesional contra el Lcdo. José A. García Ortiz. El proceso disciplinario se inició tras una queja de clientes que alegaron que el abogado cobró por un servicio legal que no realizó y se volvió inubicable. El Procurador General presentó una querella formal imputando violaciones a los Cánones 19 y 24 de Ética Profesional. El Tribunal emitió órdenes requiriendo al licenciado García Ortiz que contestara la querella. A pesar de los mandamientos y extensiones de tiempo, el abogado querellado no cumplió con la orden de contestar. El Tribunal enfatiza el deber ineludible de los abogados de cumplir con las órdenes judiciales en procedimientos disciplinarios. El incumplimiento del licenciado García Ortiz con la orden de contestar la querella disciplinaria es el punto central de la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 5 de junio de 2009 en el caso Ex Parte Juan L. Cruz Rosario. La materia principal tratada fue la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la petición presentada por el Lcdo. Juan L. Cruz Rosario. También consideró la Moción en Contestación a Resolución del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Tras evaluar ambas partes, el Tribunal autorizó la baja voluntaria del Lcdo. Juan L. Cruz Rosario de dicha Institución. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 5 de junio de 2009. El documento aborda la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. Dicha solicitud fue presentada por el Lcdo. Ángel G. Hermida Nadal. La petición fue examinada por el Tribunal Supremo. Tras su evaluación, el Tribunal autorizó la baja voluntaria solicitada. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró si un acusado de actos lascivos contra una menor puede solicitar que un psicólogo de la defensa examine a la presunta víctima. La pregunta legal era si la defensa tiene derecho a evaluar si la menor presenta rasgos típicos de una niña abusada sexualmente. El Tribunal determinó que un examen de este tipo solo es permisible si es necesario para refutar una opinión diagnóstica de abuso sexual ofrecida por un perito del Ministerio Público. En el caso particular de José Olmeda Zayas, acusado bajo el Art. 144 del Código Penal, la defensa solicitó dicha evaluación. El Ministerio Público había presentado prueba pericial sobre la necesidad de usar circuito cerrado para el testimonio de la menor. No obstante, el recurso ante el Tribunal no demostró claramente que el Estado tuviera la intención de presentar prueba pericial sobre el diagnóstico de abuso sexual. Por consiguiente, el Tribunal confirmó el dictamen recurrido.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Se solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones. La controversia central gira en torno a qué organismo administrativo tiene jurisdicción para revisar las medidas disciplinarias impuestas a Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección. La Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (C.A.S.A.R.H.) había determinado inicialmente que carecía de jurisdicción sobre estas apelaciones. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó esa determinación. El foro apelativo intermedio concluyó que la C.A.S.A.R.H. posee jurisdicción apelativa exclusiva para entender en estos casos. Argumentó que la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (C.I.P.A.) solo tiene jurisdicción sobre casos de mal uso o abuso de autoridad por funcionarios que intervienen con la ciudadanía. El Tribunal Supremo revisa ahora la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que consolidó varios recursos presentados por Oficiales de Custodia.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una controversia jurisdiccional entre dos organismos administrativos. Se busca determinar si la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (C.I.P.A.) o la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (C.A.S.A.R.H.) posee jurisdicción apelativa. La disputa surge de las reclamaciones de alrededor de cuarenta oficiales de custodia de la Administración de Corrección. Estos oficiales fueron destituidos o suspendidos por supuesta conducta proscrita. Inicialmente, la C.A.S.A.R.H. desestimó las apelaciones de los oficiales por entender que la C.I.P.A. tenía jurisdicción exclusiva. Los oficiales recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo consolidó los casos y revocó la decisión de la C.A.S.A.R.H. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la C.A.S.A.R.H. sí tenía jurisdicción para adjudicar estas reclamaciones. El Tribunal Supremo revisa ahora esta determinación para resolver definitivamente cuál agencia posee la jurisdicción competente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución de 3 de junio de 2009, enmendó una decisión previa en el caso de Carlos Cubero Feliciano. La resolución enmendada atiende una Moción Solicitando Reinstalación. Se ordena la reinstalación del licenciado Carlos A. Cubero Feliciano al ejercicio de la abogacía. Esta reinstalación se concede con un apercibimiento formal. Se le advierte que en el futuro deberá cumplir rigurosamente con el pago de las cuotas del Colegio de Abogados. Asimismo, deberá satisfacer a tiempo el importe de su fianza notarial. Finalmente, se le exige cumplir con las órdenes de este Tribunal. La decisión fue acordada por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende dos querellas de conducta profesional contra el Lcdo. Adán Rodríguez Lugo (CP-2008-10 y CP-2008-11). Las quejas fueron presentadas por Esteban Correa Alomar y Vidalina Rivera Torres, imputando violaciones a los cánones de ética profesional. Inicialmente, el abogado no contestó a tiempo por no haber notificado su cambio de dirección al Tribunal. Las querellas fueron referidas al Procurador General para evaluación. El Procurador General determinó que el licenciado violó los Cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional y la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo. Posteriormente, el licenciado Rodríguez Lugo contestó los escritos, aceptó los hechos imputados y manifestó arrepentimiento. Ante esta situación, el Tribunal Supremo nombró una Comisionada Especial para continuar con el proceso. La decisión es un fallo per curiam emitido el 27 de mayo de 2009.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió su Sentencia en el caso CC-2007-677, Meléndez Berrios v. Maldonado Dieppa, el 21 de mayo de 2009. Al estar igualmente dividido, el Tribunal confirmó el dictamen del Tribunal de Apelaciones. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de conformidad, a la que se unieron el Juez Presidente y otro Juez Asociado. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una opinión disidente, a la que se unieron dos Jueces Asociados. La disidencia argumenta que la Sentencia se aparta del precedente establecido en *Díaz v. Aguayo* (2004). Dicho precedente trata sobre el derecho de un comunero a crédito por el uso exclusivo de la propiedad comunal por otro comunero. La disidencia sostiene que el caso actual, sobre el uso del hogar conyugal por la ex-esposa tras el divorcio, es análogo a *Díaz v. Aguayo*. Por tanto, el ex-marido debería tener derecho a un crédito por dicho uso exclusivo, al menos desde la fecha en que solicitó la división de la comunidad de bienes.

Resumen:

El Colegio de Abogados de Puerto Rico solicitó la suspensión de la Lcda. Carolina Morales López por no haber satisfecho el pago de la cuota de colegiación. El Tribunal Supremo le concedió un término de veinte días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la abogacía. Se le apercibió que el incumplimiento con las órdenes del Tribunal conllevaría la suspensión automática. La licenciada Morales López no compareció ni satisfizo su deuda dentro del término concedido. Ante su inacción, el Tribunal procedió a resolver el asunto sin ulterior trámite. El Artículo 9 de la Ley Núm. 43 de 1932 establece la obligación de los miembros de satisfacer una cuota anual. El incumplimiento con dicha obligación demuestra indiferencia hacia las obligaciones mínimas de la abogacía y conlleva la suspensión inmediata e indefinida. Todo abogado tiene el deber de responder con diligencia a los requerimientos y órdenes del Tribunal. Por tanto, se decreta la suspensión de la Lcda. Carolina Morales López del ejercicio de la abogacía.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Edwin Torruellas Iglesias. Se autoriza la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía solicitada por el Lcdo. Torruellas Iglesias. Esta decisión se basa en la moción presentada por la parte peticionaria. Se ordena a la Secretaría del Tribunal unir la queja identificada como AB-2007-259 al expediente personal del abogado. Posteriormente, mediante resolución nunc pro tunc, se enmienda la decisión original. La enmienda aclara que el Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino en la resolución del 15 de mayo de 2009. Las fechas clave son el 15 y 19 de mayo de 2009.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 15 de mayo de 2009 en el caso Ex Parte Carolina Marfil Núñez. La resolución atendió una Solicitud de Baja Voluntaria al ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. Vladimir Román Rosario en representación de la Lcda. Carolina Marfil Núñez. El Tribunal también examinó una Moción en Contestación a Resolución presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Tras considerar ambas presentaciones, el Tribunal Supremo autorizó la baja voluntaria de la Lcda. Carolina Marfil Núñez del ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 15 de mayo de 2009. El caso, identificado como TS-10693, trata sobre la solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía. La solicitud fue presentada por la Lcda. Jessica Rivera Pacheco en representación del Lcdo. Manuel E. Gándara Souffront. El Tribunal examinó la petición y la moción en contestación del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo autoriza la baja voluntaria del Lcdo. Manuel E. Gándara Souffront del Colegio de Abogados. Se ordena la publicación de la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 15 de mayo de 2009 en el caso identificado como AB-2006-142. La materia principal abordada en este procedimiento fue la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la profesión de la abogacía. El peticionario en este caso es el Lcdo. Carlos F. Santos Vías. Tras considerar el Escrito en cumplimiento de orden y el Informe Suplementario presentado por el Procurador General, el Tribunal Supremo tomó una determinación. Mediante esta Resolución, el Tribunal autorizó la baja voluntaria solicitada por el Lcdo. Carlos F. Santos Vías.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa un recurso de certiorari presentado por el Municipio de San Juan. El Municipio solicita la revocación de sentencias de foros inferiores que le ordenaron pagar \$283,063.15 a Quest Diagnostics of Puerto Rico, Inc. La controversia se origina en un contrato de servicios de laboratorio adjudicado originalmente a Las Marías Reference Lab. Dicho contrato contenía una cláusula que prohibía expresamente la cesión de derechos sin el consentimiento escrito del Municipio. Quest Diagnostics adquirió el contrato de Las Marías sin obtener la autorización municipal requerida. Los tribunales de instancia y apelaciones fallaron a favor de Quest Diagnostics en su demanda de cobro de dinero. El Tribunal Supremo examina si la cesión del contrato sin el consentimiento expreso del Municipio afecta el derecho de Quest Diagnostics a reclamar el pago.

Resumen:

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda un caso disciplinario contra la Lcda. Diana M. Santiago García. La acción se origina por una queja sobre supuestas irregularidades en su función notarial. Sin embargo, el enfoque principal recae en su reiterado incumplimiento con los requerimientos del Tribunal. A pesar de múltiples notificaciones y resoluciones concediéndole términos para contestar la queja, la licenciada no compareció ni respondió diligentemente. El Tribunal destaca que se vio obligado a ejercer su facultad disciplinaria ante la falta de respuesta y cooperación. Se refiere el asunto a la Oficina de Inspección de Notarías para investigación. La decisión subraya la necesidad de imponer una sanción por la conducta omisiva de la abogada. La suspensión de la licenciada Santiago García es efectiva a partir del 1ro de junio de 2009.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 11 de mayo de 2009 en el caso In re: Rolando Anglada Gil. La materia principal tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría. El Tribunal examinó la Moción Solicitando Reinstalación presentada por el Lcdo. Rolando Anglada Gil. También consideró el Informe sobre el Estado de Obra Notarial Incautada. Tras revisar estos documentos, el Tribunal decidió reinstalar al Lcdo. Rolando Anglada Gil al ejercicio de la notaría. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 8 de mayo de 2009. La Resolución atiende la Moción Solicitando Baja Voluntaria presentada por la Lcda. Blanca Collazo Colón. También considera una Moción del Colegio de Abogados de Puerto Rico. El asunto principal es la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. Mediante esta Resolución, el Tribunal autoriza a la Lcda. Collazo Colón a darse de baja voluntariamente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Este documento oficial del Tribunal Supremo formaliza dicha autorización.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 8 de mayo de 2009. Trata sobre la solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía. La Lcda. Ivys R. Fernández Pastrana presentó una moción solicitando su retiro voluntario. El Colegio de Abogados de Puerto Rico también presentó una moción relacionada con el caso. Tras examinar ambas peticiones, el Tribunal autorizó a la Lcda. Fernández Pastrana a darse de baja voluntariamente de dicha institución.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 6 de mayo de 2009. El caso, identificado como TS-3534, involucra a Hjalmar Flax y al Colegio de Abogados de Puerto Rico. La materia principal tratada es la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la Moción en Contestación a Resolución presentada por el Colegio de Abogados y una comunicación del Lcdo. Hjalmar Flax. Tras considerar ambas partes, el Tribunal autorizó a Hjalmar Flax a darse de baja voluntariamente de dicha Institución.

Resumen:

El Colegio de Abogados de Puerto Rico solicitó la suspensión del Lcdo. Michael Trías Fraticelli por incumplimiento en el pago de la cuota de colegiación anual. El Tribunal Supremo emitió una resolución concediéndole un término para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido. A pesar de múltiples intentos de notificación a diferentes direcciones, el licenciado no respondió ni compareció ante el Tribunal. Tampoco satisfizo la deuda por concepto de la cuota. La Ley Núm. 43 de 1932 establece la obligación de los abogados de pagar esta cuota. El incumplimiento con esta obligación mínima demuestra indiferencia y conlleva la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía, según jurisprudencia previa. Ante la falta de respuesta y pago del licenciado Trías Fraticelli, el Tribunal procedió a resolver el asunto. La suspensión del ejercicio de la abogacía se hizo efectiva el 13 de mayo de 2009.

Resumen:

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda un caso de conducta profesional contra el Lcdo. Nelson Vélez Lugo. El abogado representó a un esposo en un pleito de divorcio y división de bienes gananciales. Posteriormente, representó al adquiriente de un automóvil perteneciente a la sociedad de gananciales en una demanda contra la exesposa por la posesión del vehículo. La exesposa alegó que esta doble representación violaba el Código de Ética Profesional. El Procurador General presentó una querella formal imputando violaciones a los cánones 15, 18 y 38. El abogado argumentó que no existía conflicto de intereses ya que los intereses representados siempre fueron contrarios a los de la querellante. En su contestación, el abogado también hizo comentarios despectivos sobre la querellante. El Tribunal nombró un Comisionado Especial para evaluar la prueba y rendir un informe con determinaciones y recomendaciones.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1 de mayo de 2009 en el caso AC-2008-89, Antonio Vázquez Vélez contra Carelyn Caro Moreno y otros. La materia del caso es Impugnación de Filiación. El Tribunal ordena a la Secretaria expedir un Mandamiento de Certiorari dirigido al Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla, Panel X. El Mandamiento solicita la remisión de los autos originales o copia certificada del caso KLAN20080175. Con esta acción, el Tribunal Supremo asume jurisdicción para revisar la decisión apelada. La Secretaria del Tribunal Supremo certifica la resolución. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emite un voto particular disidente. El Juez Presidente señor Hernández Denton se une a dicho voto. El voto disidente manifiesta preocupación por el posible efecto de la decisión mayoritaria en la vigencia de decisiones previas del Tribunal Supremo.