Casos del Tribunal Supremo (Página 58)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 28 de diciembre de 2009 en el caso Interior Developers, Inc. v. Municipio de San Juan. La controversia principal giraba en torno a la interpretación de la Ley de Municipios Autónomos. Específicamente, se debía determinar si esta ley facultaba a los municipios para imponer arbitrios de construcción. La cuestión clave era si dichos arbitrios podían aplicarse a obras realizadas por la Rama Legislativa. El Tribunal concluyó que las obras de construcción de la Rama Legislativa están fuera del alcance del poder tributario municipal. Por lo tanto, los municipios no poseen la facultad de imponer arbitrios sobre este tipo de proyectos. La decisión revocó la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. Este fallo establece un límite al poder impositivo de los municipios respecto a las obras de otra rama del gobierno.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera un recurso de certiorari en el caso de Dalma Semidey Ortiz y otros contra el Consorcio Sur-Central (ASIFAL). La controversia principal requiere la interpretación de la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA), Ley Púb. Núm. 105-220. Es la primera vez que el Tribunal interpreta esta ley federal en este contexto. Se debe determinar si la WIA establece jurisdicción primaria exclusiva para ciertas reclamaciones. Estas reclamaciones, amparadas en la Constitución y legislación estatal, son por alegado discrimen en el empleo. El discrimen alegado por la demandante, empleada de ASIFAL, es por razones políticas, edad y condición física. ASIFAL es un consorcio municipal que administra programas financiados por la WIA. La demandante incoó una demanda alegando condiciones de trabajo discriminatorias por estos motivos. El Tribunal dilucidará si la WIA desplaza o limita la jurisdicción estatal para atender estas quejas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 21 de diciembre de 2009. La decisión aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Lcdo. Richard Rodríguez Vázquez había presentado una moción para este fin. Habiendo examinado la solicitud y confirmado que cumplió el término de su suspensión previa, el Tribunal acordó reinstalarlo. Por lo tanto, se le permite nuevamente ejercer la profesión legal. No obstante, se le apercibe que en el futuro deberá tramitar las causas conforme a las responsabilidades inherentes a la abogacía. Esta decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende una controversia sobre la tributabilidad de una compensación recibida por Francisco J. Orsini García de su antiguo empleador, Pfizer, Inc. Tras ser separado de su empleo después de 18 años, Orsini García recibió \$163,323.66. Este pago fue otorgado a cambio de que firmara un "Acuerdo de Relevo", liberando a Pfizer de futuras reclamaciones laborales. Pfizer descontó \$32,345 por concepto de contribución sobre ingresos de dicha suma. Orsini García incluyó inicialmente el monto en su planilla, pero luego la enmendó, eliminando la partida y solicitando el reintegro de la contribución retenida. Su argumento fue que la compensación no constituía salario tributable. La Corte debe resolver si esta indemnización condicionada a un relevo está exenta de contribuciones y si puede ser clasificada como "mesada".

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 16 de diciembre de 2009. La misma aborda la extensión de términos judiciales. El Juez Presidente concedió a los empleados de la Rama Judicial la mañana del 24 de diciembre y el día 31 de diciembre de 2009 libres. En virtud de su facultad reglamentaria, el Tribunal dispuso que estos días se consideren feriados para el cómputo de términos legales. Cualquier término que venciera el jueves 24 de diciembre de 2009 se extiende hasta el lunes 28 de diciembre de 2009. Asimismo, los términos que vencieran el 31 de diciembre de 2009 se extienden hasta el 4 de enero de 2010. La Resolución ordena su inmediata difusión pública.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 15 de diciembre de 2009 en el caso In re: María E. Gómez Velázquez. La materia principal tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía por parte de la licenciada Gómez Velázquez. El Tribunal examinó la moción presentada y decidió conceder la reinstalación solicitada. Sin embargo, la Resolución impuso una condición adicional a la licenciada Gómez Velázquez. Se le otorgó un término de treinta días para que se expresara en torno a una queja que tenía pendiente ante el Colegio de Abogados. Un Juez Asociado hizo constar su opinión de no considerar la solicitud hasta que se atendiera la queja pendiente.

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Carlos Manzano Velázquez, separado definitivamente del ejercicio de la abogacía en 1997, solicitó su reinstalación en 2007. Alegó haber superado la condición que lo incapacitó, citando su rehabilitación a través del Programa de Metadona de ASSMCA desde 2001. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en resolución de 2 de mayo de 2008, ordenó tramitar la petición conforme a la Regla 15(H) de su Reglamento. Se designó una Comisionada Especial para recibir prueba sobre la capacidad mental o emocional del peticionario. Una orden posterior requirió a las partes designar peritos psiquiatras y solicitó fechas para una vista preliminar. El proceso busca evaluar la rehabilitación del peticionario para determinar si procede su readmisión a la profesión legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso del Lcdo. Roberto Vélez Báez. La Resolución trata sobre la solicitud de reinstalación del licenciado al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras examinar la Moción de Restitución presentada, el Tribunal constató que el término de la suspensión previamente impuesta había finalizado. En consecuencia, se dispuso la reinstalación del Lcdo. Vélez Báez a la práctica de ambas profesiones. La decisión incluye un apercibimiento al licenciado. Se le advierte que en lo sucesivo deberá manejar los casos conforme a las responsabilidades que le impone el ejercicio de la abogacía.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 23 de noviembre de 2009, dispuso una extensión de términos judiciales. Esta medida surge a raíz de la concesión del viernes 27 de noviembre de 2009 como día libre para los empleados y funcionarios de la Rama Judicial. Dicho día libre fue otorgado por el Juez Presidente con cargo a vacaciones. Para efectos del cómputo de términos procesales, el Tribunal determinó considerar el 27 de noviembre de 2009 como si fuera un día feriado completo. Aplicando los Artículos 388 y 389 del Código Político de 1902, se establece que cualquier término que expire en esa fecha se extenderá. La nueva fecha de vencimiento para dichos términos será el lunes, 30 de noviembre de 2009. El 30 de noviembre de 2009 es el próximo día laborable. La Resolución ordena su inmediata difusión pública.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve una moción de inhibición presentada por la parte recurrida en el caso CT-2009-6. La moción solicita la recusación de los Jueces Asociados Martínez Torres y Pabón Charneco. La parte recurrida expresa una preocupación de que los jueces decidan el caso basándose en criterios político partidistas. Esta preocupación se basa en una interpretación de expresiones del Juez Martínez Torres en una opinión anterior, según un editorial de periódico. El Tribunal declara que la preocupación es infundada y carece de base en la realidad. Señala que la interpretación del editorial y la moción tergiversa las expresiones originales. Los jueces aclaran que sus manifestaciones se refieren a las diferencias filosóficas esperadas entre los miembros del tribunal, no a que las decisiones deban responder a un mandato electoral. Una lectura de las expresiones originales o un artículo posterior que las explica desmiente la interpretación errónea. Por consiguiente, el Tribunal deniega la moción de inhibición.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examina un caso de planificación territorial entre Borschow Hospital & Medical Supplies, Inc. y la Junta de Planificación. La controversia principal gira en torno a la correcta aplicación de la figura de la variación frente a la rezonificación en el ordenamiento del desarrollo de terrenos. Borschow solicitó una consulta de ubicación y una variación de uso para construir un almacén industrial en predios zonificados como residenciales de baja densidad (R1) en San Juan. La Junta de Planificación denegó la solicitud, entendiendo que el cambio propuesto era sustancial y requería una rezonificación. Borschow recurrió al Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la decisión de la Junta y ordenó conceder la variación. La Junta de Planificación acudió entonces al Tribunal Supremo mediante Certiorari. La opinión del Tribunal Supremo, emitida por la Jueza Asociada Fiol Matta, sopesará nuevamente la utilización de la variación como instrumento de planificación en este contexto particular. Se analizará si la decisión del Tribunal de Apelaciones de ordenar la variación fue correcta o si la Junta actuó apropiadamente al requerir una rezonificación.

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Se impugna la calificación de la Registradora de la Propiedad de Bayamón sobre la inscripción de una escritura de cesión de interés ganancial. Tras un divorcio, uno de los ex-cónyuges cedió su participación en un inmueble al otro como parte de la liquidación de la sociedad de gananciales. La Registradora denegó la inscripción por entender que faltaba tracto sucesivo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó esta decisión en un recurso de certiorari. El Tribunal determinó que no es necesaria una inscripción adicional a favor de ambos ex-cónyuges previo a inscribir la cesión a uno de ellos, ya que la propiedad ya estaba inscrita a nombre de ambos. Se concluyó que solo proceden aranceles por la cesión basada en el valor de la participación a inscribir. Por tanto, se revocó la calificación de la Registradora y se ordenó la inscripción de la escritura.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica ocurrida durante un parto en el Hospital Auxilio Mutuo. La decisión aborda varias cuestiones legales cruciales en el ámbito de la responsabilidad civil. Se examina si una suma acordada en transacción con codemandados, a quienes luego no se les atribuye responsabilidad, debe ser deducida de la cuantía total de los daños concedidos. También se determina si un hospital responde vicariamente por actos de negligencia de un médico contratista independiente que opera una franquicia exclusiva de servicios dentro de la institución. Adicionalmente, se considera si procede reducir la compensación por daños físicos a un menor por el hecho de haber estado inconsciente durante varios días. El caso se origina en un parto complicado en 1993 que resultó en daños al recién nacido.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 10 de noviembre de 2009. La Resolución atendió la Petición de reinstalación presentada por el abogado Luis A. Ríos Rodríguez. La petición solicitaba su regreso al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras examinar la solicitud, el Tribunal autorizó la reinstalación de Ríos Rodríguez. Esta autorización cubre tanto el ejercicio de la abogacía como el de la notaría. La reinstalación es efectiva de inmediato. El Juez Presidente, señor Hernández Denton, hizo constar su desacuerdo parcial, indicando que solo reinstalaría al peticionario a la abogacía. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino en la decisión.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la práctica notarial del Lcdo. José A. De La Texera Barnés. La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó el caso ante el Tribunal. El asunto central es la autenticación de firmas realizada por el notario en varios testamentos ológrafos entre 2004 y 2005. ODIN argumenta que esta práctica es contraria a la naturaleza privada y secreta de los testamentos ológrafos. Sostiene que la intervención notarial compromete esta cualidad esencial. Además, ODIN alega que la autenticación notarial interfiere con el procedimiento judicial de adveración y protocolización requerido por el Código Civil. La Directora de ODIN solicitó al Tribunal que se pronuncie sobre la validez de estas actuaciones. Recomienda expresamente que se prohíba la práctica de autenticar firmas en testamentos ológrafos.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 6 de noviembre de 2009 en el caso TS-2096. La resolución trata sobre la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía por parte del Lcdo. Manuel Tirado Viera. El Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó la moción solicitando dicha baja, basándose en una comunicación previa del propio abogado. Tras examinar la moción y la comunicación, el Tribunal autorizó la baja voluntaria del Lcdo. Tirado Viera. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución en el caso Pueblo v. Zulma Díaz de León. La resolución atiende una moción de reconsideración presentada por el Ministerio Público. El Ministerio Público solicitó reconsiderar un dictamen previo del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2009. En ese dictamen, se concedió al Ministerio Público la oportunidad de presentar nuevamente todos los cargos contra la acusada en una vista preliminar en alzada. Esto permitía buscar causa probable para los cargos originales (asesinato como cooperador) y otros que surgieran de la prueba, como el delito de encubrimiento. El Tribunal Supremo señala la situación insólita de que un litigante pida reconsiderar un dictamen que le favorece. A pesar de ello, el Tribunal deniega la moción de reconsideración. La resolución también aborda brevemente los argumentos del Ministerio Público sobre la naturaleza del recurso de certiorari, reafirmando su carácter limitado y extraordinario.

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Este documento presenta la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso AC-2008-20, 2009 TSPR 166. La controversia principal surge entre el peticionario, Blas Buono Correa, y el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El litigio se centra en el método adecuado para delimitar el límite interior de la zona marítimo terrestre en las fincas del peticionario en Salinas. El DRNA sostiene que la delimitación debe basarse en una combinación del criterio de "flujo y reflujo" y el de "mayores olas en temporales", junto con factores bióticos y abióticos, según su manual de procedimientos. Por otro lado, el peticionario argumenta que en zonas con mareas sensibles, el límite es simplemente hasta donde llega la marea más alta. El caso se originó con una solicitud de deslinde por parte del peticionario en 2003. La opinión, emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez, aborda este desacuerdo fundamental sobre la interpretación legal y técnica para definir esta importante zona costera.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre un proceso de subasta formal de la Autoridad de Carreteras y Transportación. La controversia surge porque el licitador con la propuesta más baja omitió incluir la cantidad afianzada en el documento de garantía de proposición. La Autoridad exigía una fianza provisional equivalente al cinco por ciento de la propuesta. El Tribunal debe resolver si la omisión de la cantidad en la fianza constituye un defecto insubsanable. La decisión determinará si la garantía es aceptable a pesar de la omisión o si el licitador debe ser descalificado. CD Builders, el segundo licitador más bajo, es la parte peticionaria en este caso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera la conducta del licenciado Guillermo J. Zúñiga López. El abogado fue sentenciado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La sentencia federal se dictó tras declararse culpable de ofrecer falso testimonio en una investigación federal. Esta conducta constituye una violación a la sección 1001(a)(2) del título 18 del United States Code. El tribunal federal le impuso una sentencia de 2 años de libertad a prueba, una imposición especial de \$100.00, una pena monetaria de \$5,000.00 y 180 horas de servicio comunitario. Posteriormente, el licenciado Zúñiga López presentó ante el Tribunal Supremo una solicitud de retiro voluntario de la práctica de la abogacía. El Tribunal Supremo evalúa la situación del abogado a la luz de la convicción federal y su petición de baja.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (2009 TSPR 163) aborda la obligación de un patrono en Puerto Rico de cumplir con una orden administrativa de embargo de salario proveniente de una agencia del estado de Nueva York. La orden fue emitida por la New York State Higher Education Services Corporation (H.E.S.C.) para cobrar una deuda morosa de préstamo estudiantil de una empleada de la Puerto Rico Telephone Company (P.R.T.C.). Dicha orden se fundamentó en la ley federal "Higher Education Act". P.R.T.C. procedió a realizar descuentos bisemanales del salario de la empleada conforme a la orden recibida. El Tribunal debe determinar si el patrono estaba obligado a acatar esta orden administrativa de otro estado y si el procedimiento de exequátur es aplicable a este tipo de orden. La disputa surge de la acción de la empleada contra su patrono por los descuentos realizados.

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La opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2007-285 aborda la reclamación de Santiago Rivera Figueroa contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La controversia central es si su demanda cumple con los requisitos de la Ley Núm. 115, la Ley de Represalias. Se discute si las acciones del peticionario constituyen una actividad protegida bajo dicha ley, aun cuando formaran parte de sus funciones de empleo. La reclamación por daños y perjuicios se presentó tras un alegado patrón de actos discriminatorios y en represalias. El caso se relaciona con investigaciones y multas impuestas por la EPA a la AAA por incumplimiento ambiental. El Tribunal de Primera Instancia había evaluado los hechos en un juicio extenso. El Tribunal Supremo concluyó que la reclamación sí estaba cobijada por la Ley de Represalias. En consecuencia, revocó la sentencia emitida por el tribunal inferior.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución sobre la reinstalación de Marco Antonio Rigau al ejercicio de la notaría. Rigau había sido suspendido indefinidamente de la práctica notarial el 16 de diciembre de 1986 por omisiones en sus deberes. El 14 de octubre de 2009, presentó una moción solicitando su reinstalación. Tras examinar la solicitud, el Tribunal consideró que habían transcurrido más de veintidós años desde la suspensión. Además, las omisiones imputadas habían sido corregidas oportunamente. Por estas razones, el Tribunal resolvió reinstalar al licenciado Rigau al ejercicio de la notaría. La reinstalación está condicionada a que cumpla con los requisitos del Artículo 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico. También debe solicitar la devolución de su protocolo, sello y Registro de Testimonios del Archivo Notarial de San Juan. La resolución fue emitida el 20 de octubre de 2009.

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Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2009 TSPR 160) resolviendo un recurso de revisión administrativa. El caso enfrenta a A. Cordero Badillo, Inc., Mil, Inc., y Ponce Cash & Carry, Inc. (Peticionarios) contra la Junta de Planificación de Puerto Rico y Plaza Santa Isabel, Inc. (Recurridos). Los Peticionarios solicitaron la revocación de una sentencia del Tribunal de Apelaciones. Dicha sentencia había confirmado una resolución de la Junta de Planificación que autorizó la ubicación de un proyecto comercial en Santa Isabel. Mil y PCC participaron en la vista pública administrativa sobre el proyecto. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión administrativa. El Tribunal Supremo revisó la sentencia del foro apelativo intermedio. El Tribunal Supremo confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones. Además, el Tribunal Supremo aprovechó para aclarar a quiénes se les considera "partes" en el procedimiento administrativo.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico examina la facultad del Secretario de Hacienda para cobrar arbitrios adicionales sobre vehículos de motor. La disputa se centra en si el Secretario puede imponer tributos sobre la diferencia entre el precio sugerido de venta declarado por el importador y el precio final de venta del concesionario. Yiyi Motors, Inc., un concesionario que adquiere vehículos de un importador, impugna esta práctica. Argumenta que el importador ya pagó los arbitrios correspondientes basados en el precio sugerido, según lo establece la ley. El concesionario desafía la negativa del Secretario a emitir la certificación de pago de arbitrios necesaria para la inscripción del vehículo hasta que se pague el tributo adicional. El Tribunal también debe determinar si el remedio extraordinario de injunction es apropiado para impugnar esta actuación del Secretario de Hacienda. La decisión abordará el alcance de la potestad impositiva del Secretario en relación con los arbitrios de vehículos y la disponibilidad de recursos legales para los concesionarios.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa la Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre la eliminación de escoltas policiacas a ex-gobernadores. Los peticionarios, ex-gobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, impugnan la decisión del foro apelativo intermedio. Dicho tribunal dictaminó que la actuación del Superintendente de la Policía de eliminar la protección era discrecional y no revisable judicialmente. La práctica de proveer escoltas a ex-gobernadores se originó en 1965 con Luis Muñoz Marín, basada en análisis periciales y la Ley de la Policía, sentando un precedente. En 2006, el gobernador de turno ordenó la suspensión del servicio, la cual fue acatada por el Superintendente sin un estudio previo. La controversia central es si la acción administrativa de la Policía es susceptible de revisión judicial.

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Este caso examina la sentencia impuesta a Jaime Santana Vélez, convicto por jurado de homicidio involuntario bajo el Código Penal de 1974. A pesar de que el delito tenía una pena fija de un año, el tribunal de instancia le impuso tres años de reclusión (sentencia suspendida) y una multa. El foro sentenciador no celebró vista ni hizo determinaciones expresas sobre agravantes. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia, entendiendo que dos agravantes (inducir perjurio y negligencia crasa por velocidad excesiva) se probaron durante el juicio. Santana Vélez recurrió al Tribunal Supremo, alegando que la sentencia viola su derecho a juicio por jurado bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, según interpretado en *Apprendi v. New Jersey*. El Tribunal Supremo analiza si el sistema de imposición de penas del Código Penal de 1974 es compatible con el requisito de que los hechos que aumentan una pena más allá del máximo legal deben ser probados ante un jurado o admitidos por el acusado.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 9 de octubre de 2009. La resolución aborda la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. Dicha solicitud fue presentada por la Lcda. Abigail Feliciano Gómez. El Tribunal examinó la moción de la peticionaria y la moción en contestación del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Tras considerar ambas presentaciones, el Tribunal autorizó la baja voluntaria solicitada por la Lcda. Feliciano Gómez.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Apelaciones en un caso entre Vimarie Santiago León y Ariel González Rivera contra el Municipio de San Juan. La controversia central gira en torno a la aplicación de la doctrina de cosa juzgada interjurisdiccional. Los recurridos habían presentado una demanda alegando, entre otras cosas, discrimen por embarazo. El Tribunal de Apelaciones concluyó que procedía la cosa juzgada, pero creó una excepción basada en el alegado alto interés público de las reclamaciones. El Tribunal Supremo determina que el foro apelativo intermedio erró al aplicar dicha excepción. Considera que, al concurrir los requisitos, la norma de cosa juzgada debió prevalecer sin la excepción. En consecuencia, el Tribunal Supremo revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones. La decisión reafirma la aplicación de la cosa juzgada en este caso particular.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso TS-9427. La resolución atiende la petición de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría presentada por José R. Ríos Ríos. El Tribunal autorizó la reinstalación del peticionario. Dicha reinstalación es efectiva inmediatamente. No obstante, la resolución ordena la continuación de los procedimientos en varias querellas y quejas disciplinarias. Estas querellas y quejas (CP-2008-5, AB-2008-58, AB-2004-41) habían sido archivadas administrativamente. La decisión fue acordada por el Tribunal el 7 de octubre de 2009.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera la adopción de la doctrina del *forum non conveniens* en su sistema jurídico. La decisión se centra en determinar si, de incorporarse, dicha doctrina aplicaría a un caso específico de cobro de dinero por servicios profesionales. La controversia emana de un contrato de cuota litis firmado en la República Dominicana entre un abogado dominicano y un ciudadano estadounidense residente en Puerto Rico. Los servicios profesionales se prestaron para recuperar una deuda de un ciudadano dominicano, potencialmente ligada a un inmueble en la República Dominicana. El tribunal debe resolver si, bajo el *forum non conveniens*, el litigio debe tramitarse en Puerto Rico o en la República Dominicana. La opinión, emitida el 6 de octubre de 2009 en el caso CC-2005-553, subraya la relevancia de adaptar el Derecho Internacional Privado a los fenómenos de la globalización.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un recurso disciplinario contra el Lcdo. David Rosado Cruz por desatención e incumplimiento a sus órdenes. Estas órdenes se originaron a raíz de dos quejas disciplinarias presentadas contra el abogado por alegada conducta profesional indebida. Una de las quejas fue radicada por David Jiménez González y Judith Ortiz Santiago, quienes alegaron que la representación negligente e incompetente del licenciado resultó en la desestimación de su caso judicial. Los intentos posteriores de los clientes, a través de otro abogado, para contactar al Lcdo. Rosado Cruz resultaron infructuosos. Ante la queja, el Tribunal ordenó al abogado responder en un término de diez días. Se señala que el Lcdo. Rosado Cruz ya había sido sancionado previamente por este Tribunal en dos ocasiones. Como consecuencia de este procedimiento, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión del Lcdo. David Rosado Cruz del ejercicio de la abogacía. La suspensión fue efectiva a partir del 30 de octubre de 2009.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la impugnación de una subasta gubernamental realizada por la Policía de Puerto Rico para adquirir un sistema de vigilancia inteligente. La controversia principal giró en torno a la validez de un procedimiento de subasta "híbrido" que combinaba requisitos formales con mecanismos informales de aclaración y participación. El Tribunal debía determinar si dicho procedimiento era válido. La Policía buscaba un sistema de alta tecnología con cámaras, centros de monitoreo, transferencia y almacenamiento de datos, y seguridad. El Tribunal Supremo concluyó que el procedimiento híbrido es válido, ya que no contraviene el interés público y fomenta la transparencia y libre competencia en las subastas. Asimismo, determinó que la adjudicación de la buena pro por parte de la agencia constituyó un ejercicio razonable de discreción. Por consiguiente, el Tribunal revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones que había dictaminado lo contrario.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2007-709, 2009 TSPR 144. La controversia surge de una demanda de injunction presentada por Luis Miranda Cruz y otros contra Dennis L. Ritch y su esposa. Los peticionarios alegaron que los recurridos colocaron ilegalmente muros de concreto sobre una franja de terreno. Reclamaron tener derecho a utilizar un camino en dicha franja para acceder a pozos playeros, playas y arrecifes, basándose en el uso histórico por ellos y sus antepasados. La acción legal se centra en la protección interdictal de la posesión. El Tribunal Supremo revisa la figura del interdicto posesorio. Corresponde determinar si la acción promovida es un interdicto posesorio y si la sentencia de instancia, confirmada en apelación, fue correcta. El caso permite delinear nuevamente el marco de aplicación y alcance del interdicto posesorio.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso CC-2008-4, reexamina la normativa sobre la utilización del recurso extraordinario de certiorari. La cuestión principal es si este recurso puede sustituir la vista en alzada para revisar determinaciones de causa probable para arrestar o acusar. Dada la naturaleza limitada del certiorari, el Tribunal resuelve que el Ministerio Público debe agotar la vista en alzada. Esta vista está provista por las Reglas 6(c) y 24(c) de Procedimiento Criminal. Solo después de agotar la vista en alzada se puede recurrir al certiorari para revisar una determinación adversa de causa probable. El caso particular surge de hechos ocurridos en Humacao en 2007, donde oficiales de la policía fueron acusados de asesinato. El Ministerio Público en este caso optó por el certiorari en lugar de la vista preliminar en alzada disponible. El Tribunal utiliza esta oportunidad para afinar su normativa procesal sobre este tipo de recurso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Apelaciones en un caso de despido injustificado. El empleado, Enrique González Sotomayor, demandó a Mayagüez Resort & Casino alegando despido bajo la Ley 80 y Ley 115. Según el empleado, fue despedido el mismo día en que se le concedió una reunión solicitada para discutir asuntos laborales. El Hotel presentó una moción de desestimación argumentando que la jurisdicción correspondía a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB) bajo la doctrina de campo ocupado. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones declararon con lugar la jurisdicción del foro local. El Tribunal Supremo examina si el foro primario carece de jurisdicción para atender la reclamación. La controversia principal gira en torno a la aplicación de la doctrina de campo ocupado en este caso. El Tribunal Supremo concluye que la jurisdicción para atender la reclamación del empleado recae en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo revoca las sentencias de los foros inferiores y desestima la demanda presentada por el empleado.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ejerciendo su facultad constitucional inherente, adopta unas nuevas Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia. Esta acción surge de la encomienda dada en 2005 a un Comité Asesor Permanente para evaluar las Reglas de 1979. El objetivo principal fue agilizar los procedimientos a la luz de la Ley de la Judicatura de 2003. El Comité realizó un arduo trabajo de revisión, analizando jurisprudencia, informes previos, reglas federales y estatales, y tendencias actuales. Consideraron también recomendaciones de la Comisión Futurista y el insumo de la comunidad jurídica. Las nuevas reglas buscan transformar el procedimiento civil en uno más dinámico y proactivo, permitiendo al juez tomar control temprano del caso. Se proponen mecanismos para tramitar casos de forma más ágil y eficiente, evitando dilaciones y altos costos. Asimismo, fomentan el acceso a la justicia, reconocen la representación por derecho propio y revisan el descubrimiento de prueba. Las reglas se adaptan al Siglo XXI, incorporando avances tecnológicos para la comunicación y la evidencia electrónica.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó si un examen de olfato canino de equipaje para detectar sustancias controladas constituye un registro bajo la Constitución de Puerto Rico. El caso se originó por acusaciones de posesión de cocaína con intención de distribuir, donde los acusados solicitaron suprimir la evidencia incautada. Argumentaron que la evidencia fue obtenida ilegalmente sin una orden de registro. El Tribunal determinó que un examen de olfato canino realizado por un perro entrenado no es un registro en sentido constitucional. Además, resolvió que el registro posterior a la marca positiva del can fue razonable. Consideró que este registro ulterior se justificó por una situación de necesidad especial para el Estado. Los agentes tenían una sospecha individualizada razonable de que el equipaje contenía narcóticos. La decisión armoniza la protección constitucional contra registros irrazonables con el interés estatal en combatir la criminalidad. La opinión fue emitida el 27 de agosto de 2009 en el caso CC-2005-632.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el caso de Benjamín Cintrón Rodríguez, iniciado por una solicitud del Colegio de Abogados para terminar su fianza notarial debido a la falta de pago. El Tribunal ordenó al licenciado mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría y le apercibió sobre las consecuencias del incumplimiento. A pesar del término concedido, Cintrón Rodríguez no compareció ni satisfizo la deuda de su fianza notarial. La Ley Notarial exige una fianza para ejercer la profesión, y su ausencia representa un peligro para el tráfico jurídico y los usuarios de los servicios notariales. Además, la falta de respuesta a los requerimientos del Tribunal constituye una seria falta de diligencia y respeto. En vista de la inacción del licenciado, el Tribunal procedió a resolver el asunto sin más trámites.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un caso de conducta profesional contra el licenciado Héctor Maysonet Cardona. La Oficina del Procurador General inició el proceso por la alegada incomparecencia del abogado a tres requerimientos relacionados con una queja. El Tribunal ordenó al licenciado Maysonet Cardona responder a la moción del Procurador General y mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado por su incumplimiento. Se le advirtió que la falta de respuesta podría resultar en sanciones severas, incluyendo la suspensión. El abogado contestó indicando que solo practicaba la notaría desde 1992, que cesó por enfermedad en 2008 y que solicitó certificación de colegiado inactivo. Posteriormente, el Tribunal le ordenó comparecer ante la Oficina del Procurador General para contestar sus requerimientos. Como resultado de este proceso, el Tribunal Supremo decretó la suspensión del licenciado Héctor Maysonet Cardona del ejercicio de la abogacía. La suspensión se hizo efectiva el 16 de septiembre de 2009.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirmó la desestimación de acusaciones contra Efraín Rivera Santiago. Los foros inferiores desestimaron los cargos de restricción de la libertad y robo, presentados por hechos de 2003, al amparo de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal (juicio rápido). Determinaron que la ausencia de todos los testigos de cargo en la fecha límite del término constituía una violación al debido proceso de ley del acusado. Las acusaciones formales se presentaron en marzo de 2004, y el proceso judicial sufrió dilaciones por casi dos años antes de la desestimación. La opinión, emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, analizará si la ausencia de testigos en esas circunstancias justificaba la desestimación bajo la regla de juicio rápido.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre un caso de conducta profesional contra el licenciado Edgardo Zapata Torres. El proceso se inició por una queja de un cliente, Roberto Ortiz López, quien alegó falta de diligencia del abogado en un caso de divorcio, lo que provocó su archivo. La queja fue referida al Procurador General, quien determinó violaciones a los Cánones 12, 18 y 35 de Ética Profesional. Se presentó una querella formal imputando estos cargos. Una Comisionada Especial fue designada para recibir prueba y rendir un informe. Tras evaluar la evidencia, incluyendo testimonios y el expediente del caso, la Comisionada Especial concluyó que el licenciado Zapata Torres incurrió en las violaciones éticas imputadas. Como resultado, el Tribunal ordenó la suspensión del abogado.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió una controversia en un caso de divorcio sobre la compensación de deudas de pensión alimenticia. La cuestión central era si un padre podía compensar un crédito por gastos de manutención pasados de un hijo mayor, supuestamente no cubiertos por la madre, con la pensión alimenticia que ahora debe pagar por una hija menor. El padre reclamó haber cubierto totalmente los gastos del hijo mayor cuando este estuvo bajo su custodia, alegando incumplimiento de la madre. Solicitó que este gasto adicional se considerara un crédito a su favor para reducir la pensión que le correspondía pagar por la hija menor. El Tribunal Supremo analizó las disposiciones legales y la jurisprudencia aplicable a la materia. Concluyó que no es procedente permitir dicha compensación. La pensión alimenticia de los menores tiene un alto interés público y no puede ser objeto de compensación con deudas entre los padres. Por tanto, el Tribunal modificó la sentencia del Tribunal de Apelaciones que había permitido la compensación. La decisión establece que el crédito reclamado por el padre no puede ser utilizado para compensar la obligación de pagar la pensión alimenticia actual de la hija menor.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un recurso de Certiorari (CC-2008-396) en un litigio que involucra a Abengoa Puerto Rico, S.E., la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Abengoa, S.A., y American International Insurance Co. of Puerto Rico (AIICO). La controversia central es determinar la aplicabilidad de una cláusula de selección de foro contenida en un convenio general de indemnización. Dicho convenio fue suscrito entre Abengoa, S.A. y una entidad de American International Group (AIG) para regular el otorgamiento de fianzas. El litigio principal surge de un contrato entre la AEE y Abengoa S.A. (luego cedido a Abengoa PR) relacionado con un proyecto en una planta termoeléctrica. AIICO interviene en el caso principal como tercera demandada y demandante contra coparte. La cuestión específica a resolver es si la cláusula de foro pactada en el contrato de indemnidad es inaplicable bajo la doctrina de fraccionamiento de causas de acción. El Tribunal busca dilucidar si las reclamaciones derivadas del convenio de indemnidad deben tramitarse en el foro acordado o consolidarse en el litigio principal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 11 de agosto de 2009 en el caso In re Rosendo De Jesús Ortiz. La materia tratada fue la Moción de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía presentada por el peticionario. Tras examinar la solicitud, el Tribunal determinó reinstalar a Rosendo De Jesús Ortiz a la práctica de la abogacía. Adicionalmente, se concedió un término de veinte días a la Oficina de Inspección de Notarías. Dicho término es para que la Oficina emita un informe sobre la obra notarial del reinstalado abogado. La decisión fue tomada por la Sala Especial de Verano del Tribunal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 11 de agosto de 2009 en el caso In re: José R. Rojas Jiménez. La materia principal tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras examinar la Moción en Cumplimiento de Resolución y Orden, el Tribunal decidió reinstalar al licenciado José Rafael Rojas Jiménez al ejercicio de la abogacía. No obstante, la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría fue declarada no ha lugar. Esta Resolución es un documento oficial del Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió la Resolución ER-2009-002 (2009 TSPR 128) el 10 de agosto de 2009. Mediante esta resolución, se enmienda la Regla 21 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia. La enmienda responde a la necesidad de conformar la regla con la legislación vigente sobre la confidencialidad del número de seguro social. Para ello, se elimina el Inciso B de la mencionada Regla 21. La Regla 21 enmendada establece los requisitos para la firma de alegaciones, mociones y otros escritos. Los abogados deben firmar con su nombre, dirección física y postal, teléfono, facsímil, correo electrónico y número de colegiado. En el primer escrito, el abogado debe notificar la dirección y teléfono de la parte que representa, informando diligentemente cualquier cambio. Las partes sin representación legal firmarán con su dirección y teléfono. La regla también recuerda la obligación de cancelar los aranceles requeridos por ley. Esta Resolución tiene vigencia inmediata.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 7 de agosto de 2009 en el caso AB-2003-219. La resolución evaluó la Solicitud de Reinstalación al Ejercicio del Notariado presentada por el Lcdo. José Luis Novas Dueño. Se consideró que el licenciado había subsanado los defectos previamente identificados en su obra notarial. En consecuencia, el Tribunal ordenó la reinstalación del licenciado Novas Dueño al ejercicio de la notaría. Esta decisión fue tomada por la Sala de Verano del Tribunal Supremo.