Pueblo v. Santana Vélez

Este caso examina la sentencia impuesta a Jaime Santana Vélez, convicto por jurado de homicidio involuntario bajo el Código Penal de 1974. A pesar de que el delito tenía una pena fija de un año, el tribunal de instancia le impuso tres años de reclusión (sentencia suspendida) y una multa. El foro sentenciador no celebró vista ni hizo determinaciones expresas sobre agravantes. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia, entendiendo que dos agravantes (inducir perjurio y negligencia crasa por velocidad excesiva) se probaron durante el juicio. Santana Vélez recurrió al Tribunal Supremo, alegando que la sentencia viola su derecho a juicio por jurado bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, según interpretado en Apprendi v. New Jersey. El Tribunal Supremo analiza si el sistema de imposición de penas del Código Penal de 1974 es compatible con el requisito de que los hechos que aumentan una pena más allá del máximo legal deben ser probados ante un jurado o admitidos por el acusado.