Casos del Tribunal Supremo (Página 46)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una orden el 25 de octubre de 2012. La orden se relaciona con la reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras examinar una moción solicitando dicha reinstalación, el Tribunal acordó y ordenó la misma. Específicamente, se dispuso la reinstalación del Lcdo. Edwin W. Belén Trujillo. La orden aclara que la reinstalación es exclusivamente para el ejercicio de la abogacía. El documento fue certificado por la Secretaria del Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Solicitud de Cambio a Estatus de Abogada Activa presentada por Victoria A. Ferrer-Kerber. Mediante resolución, el Tribunal autorizó su readmisión al ejercicio de la abogacía. Se instruyó a la Secretaria del Tribunal a realizar el cambio de estatus de la señora Ferrer-Kerber a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). La señora Ferrer-Kerber deberá actualizar de inmediato toda la información contenida en dicho Registro. Se le advirtió de su obligación de mantener toda su información actualizada en el RUA.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que enmienda las Reglas 33, 40 y 41 de su Reglamento. Se aclara la Regla 33 sustituyendo el término "réplica" por "alegato de la parte apelada o recurrida" para eliminar la confusión sobre la prohibición de alegatos en respuesta a la oposición de un recurso. La Regla 40, que permite apéndices digitales, se enmienda para requerir que las copias impresas del apéndice incluyan los dictámenes administrativos o judiciales objeto del recurso. Además, para resolver problemas de paginación digital, se exige que el índice del apéndice se someta de forma impresa. Dicho índice impreso debe especificar el disco compacto, archivo digital y página digital donde se encuentra cada documento. Finalmente, se corrige una omisión en la Regla 41 que alteraba su significado. Estas enmiendas buscan agilizar procesos, asistir al Tribunal y corregir problemas técnicos en las presentaciones digitales.

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Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2012 TSPR 159) examina el requisito jurisdiccional de pago previo contenido en el Artículo 3.48 de la Ley de Contribución Municipal (Ley 83 de 1991). Se analiza el efecto del incumplimiento del contribuyente con dicho pago al impugnar una contribución. La controversia surge de la impugnación por parte de Shell Chemical Yabucoa, Inc. de una contribución especial sobre propiedad impuesta por el Departamento de Hacienda. Shell presentó su solicitud de revisión administrativa y judicial pagando solo el 40% de la contribución total notificada. El Tribunal determina que el pago previo completo es un requisito jurisdiccional esencial para acceder a los tribunales. El incumplimiento con este requisito impide que el tribunal tenga jurisdicción sobre el caso. Por lo tanto, el Tribunal Supremo revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones por haber errado al no desestimar la causa de acción debido a la falta de pago previo completo por parte de Shell.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una sentencia que concedió indemnización por daños y perjuicios bajo la doctrina de *culpa in contrahendo*. El caso surge de una reclamación de Puerto Rico Freight Systems (PRFS) contra la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones (Promoexport). PRFS, arrendataria previa de Promoexport, interesó arrendar un nuevo edificio para expandir su negocio, pero el contrato proyectado no se perfeccionó. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones encontraron a Promoexport responsable y concedieron a PRFS, entre otras partidas, compensación por lucro cesante (ganancias dejadas de percibir). La peticionaria (Promoexport) acudió al Tribunal Supremo mediante certiorari, cuestionando específicamente la procedencia de compensar el lucro cesante en este contexto. El Tribunal Supremo expidió el auto para determinar si, conforme al derecho puertorriqueño, la doctrina de *culpa in contrahendo* permite la compensación de ganancias futuras no realizadas.

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Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2011-339, de 22 de octubre de 2012. Trata sobre una controversia entre la Administración de Terrenos y los recurridos Rivera Ortiz respecto a la propiedad de un predio en Vieques. La Administración de Terrenos solicitó la reivindicación y desahucio de los ocupantes. Los recurridos alegaron haber adquirido el dominio por prescripción adquisitiva extraordinaria (usucapión) tras más de treinta años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida. La Administración de Terrenos controvirtió la usucapión, argumentando que el terreno perteneció al Gobierno de los Estados Unidos por 12 años. Sostuvo que la usucapión no corre contra el soberano, invocando la doctrina nullum tempus occurit regi. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones fallaron a favor de los recurridos, reconociendo la usucapión. La Administración de Terrenos recurrió al Tribunal Supremo mediante certiorari. El Tribunal Supremo revisará si la usucapión se perfeccionó válidamente, considerando el periodo de titularidad del Gobierno de los Estados Unidos.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la reinstalación de Juan A. Marqués Latorre al ejercicio de la abogacía. Había sido desaforado indefinidamente por no actualizar su información de contacto y no responder a requerimientos judiciales sobre una queja. Marqués Latorre solicitó reconsideración, alegando no haber recibido las notificaciones del Tribunal y presentando evidencia de que sí contestó la queja ante el Procurador General. El Tribunal encontró que el trámite fue confuso, pues la queja se refirió inicialmente al Procurador General, donde el abogado respondió, pero luego el Tribunal desistió del referido. Se determinó que las notificaciones del Tribunal no se enviaron a la dirección postal personal registrada en el RUA, la cual se había usado exitosamente antes y durante el trámite ante el Procurador General. Aunque el Tribunal reitera la importancia de mantener actualizada la dirección en el RUA y el uso de la "Dirección para Notificaciones", concluyó que la falta de respuesta del abogado no fue contumaz dada la confusión y el error en el diligenciamiento de las notificaciones en este caso particular. La resolución reconsidera la decisión previa, permitiendo su reinstalación.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la Regla 15, que permite autorizar condicionalmente el ejercicio de la abogacía incluso si se identifica una incapacidad mental. El Tribunal puede imponer condiciones para la práctica, buscando la rehabilitación del profesional y manteniendo la confianza pública en la profesión. La decisión aborda el caso de la Lcda. Osmer J. De León Hernández, quien enfrentó una queja de una clienta. La clienta alegó que la abogada desapareció tras ser contratada para un caso, no le entregó expedientes necesarios y cerró su oficina. La abogada supuestamente mencionó un episodio depresivo en una vista judicial. A pesar de la queja presentada ante el Tribunal Supremo, la licenciada De León Hernández no respondió al requerimiento inicial para contestar la querella.

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El Tribunal Supremo interpreta por primera vez la Ley Núm. 206-2003, que designa los terrenos que componen el Corredor Ecológico de San Juan. Se evalúa si el Tribunal de Apelaciones erró al revocar un desarrollo preliminar y anteproyecto de construcción aprobado por A.R.Pe. El Apelativo interpretó que la totalidad de los terrenos privados aledaños a las franjas protegidas por ley les aplica una prohibición absoluta de desarrollo. La controversia surge del proyecto residencial "Ciudad Jardín de Cupey" de Empresas Loyola en el Barrio Caimito de San Juan. Este proyecto, ubicado entre el Río Piedras y la Quebrada Las Curías, fue aprobado inicialmente por la Junta de Planificación en 2007. La Junta de Planificación requirió la dedicación de una franja de 20 metros a uso público paralela a los cuerpos de agua. Posteriormente, A.R.Pe. certificó el desarrollo preliminar y anteproyecto de construcción en 2008. La decisión del Tribunal Supremo definirá el alcance de la protección legal en el Corredor Ecológico.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró una querella por conducta profesional contra el Lcdo. José Francois Soto Charraire. La querellante alegó que el abogado actuó con falta de diligencia en su caso de divorcio por consentimiento mutuo, impidiendo su consumación. Específicamente, lo acusó de desatender el caso por meses, representar a su ex cónyuge en otro pleito simultáneamente, no presentar la petición de divorcio a tiempo y completar incorrectamente un formulario requerido. El licenciado Soto Charraire negó las imputaciones en sus comparecencias. Tras evaluar la prueba, el Tribunal determinó que las alegaciones de violación al Canon 18 de Ética Profesional no fueron demostradas con prueba clara, robusta y convincente. Por consiguiente, se ordenó el archivo de la querella en cuanto a esa violación. No obstante, el Tribunal ordenó investigar si procede una querella por violación al Canon 20.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 15 de octubre de 2012 en el caso CC-2011-471, entre Oscar Acosta Rodríguez y Daisy García Andújar contra Luis Armando Ghigliotti Lagares. El Tribunal expidió un auto de certiorari y confirmó el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Esta decisión incluyó una Sentencia, una Opinión de Conformidad y una Opinión Disidente. Una cuestión legal clave abordada fue si es necesaria la prestación de fianza para apelar una orden de desahucio cuando se le reconoce al demandado un crédito por mejoras realizadas a la propiedad. La Opinión de Conformidad, que representó la postura mayoritaria, concluyó que la ley exige la fianza sin excepción para tales escenarios. El caso se originó de una acción de desahucio donde el demandado reclamó crédito por mejoras. La confirmación del Tribunal Supremo sostuvo el requisito de la fianza para apelar en estas circunstancias. La existencia de una opinión disidente señala una división entre los jueces sobre este asunto.

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Este documento presenta la carátula y la representación legal de cinco casos consolidados ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificados con los números CC-2011-200, CC-2011-227, CC-2011-369, CC-2011-448 y CC-2011-742. La fecha del documento es 11 de octubre de 2012. En todas las apelaciones, el peticionario es el Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Juan C. Puig Morales. Los recurridos son varios ciudadanos: Baltazar Ortiz Chévere, Armando Quiles Molina, José M. Molina Hernández, Emilio López Borges y su sociedad legal de gananciales, y Enrique Adorno Bonilla y su sociedad legal de gananciales. Estos casos provienen del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan. La Oficina del Procurador General representa al Secretario de Hacienda, con varios procuradores auxiliares y subprocuradores listados para cada caso. El Lcdo. Luis E. Vázquez Santos figura como abogado de la parte recurrida en todos los casos consolidados.

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Este documento es el encabezado oficial de una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida el 9 de octubre de 2012. Corresponde a los casos consolidados CC-2011-315 y CC-2011-327, identificados como 2012 TSPR 150 y 186 DPR. La acción legal es un Certiorari que se origina en el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Arecibo - Humacao. Las partes involucradas incluyen a los peticionarios Alejandro Confesor Rodríguez y otros, frente a múltiples recurridos y un apelante, como Hospital Dr. Susoni Inc., A.S.E.M., Hospital Dr. Alejandro Otero López, Inc., Dr. Emilio Ramos Escoda, y varias sociedades legales de bienes gananciales y aseguradoras. La materia principal del litigio es Daños y Perjuicios, específicamente por Impericia Médica. Los abogados que representan a las partes en estos casos consolidados son Lcda. Karin M. Valle Fabricio y Lcdo. Pedro Toledo González.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 2 de octubre de 2012. Esta resolución, identificada como EN-2012-10, aborda la designación de un miembro para la Comisión de Evaluación Judicial. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 91 de 5 de diciembre de 1991, según enmendada, el Tribunal procedió a realizar el nombramiento. Se designó al Lcdo. Francisco Rebollo López para servir como Miembro de dicha Comisión. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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La Ley 122-2012 autorizó el establecimiento de Salas Especializadas para Casos de Asesinato en la Rama Judicial. Mediante la Resolución EM-2012-07, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció una sala piloto en la Región Judicial de Bayamón y dispuso la designación de un juez presidente y jueces suplentes. Esta resolución, EM-2012-08 de 2 de octubre de 2012, procede a realizar dichas designaciones. Se designa al Hon. José J. Ramírez Lluch, Juez Superior, para presidir la Sala Especializada para Casos de Asesinato en Bayamón. Asimismo, se designa a la Hon. Vivian Durieux Rodríguez, Juez Superior, para atender aquellas situaciones que requieran un juez suplente. Estas designaciones buscan asegurar la continuidad y eficiencia en el manejo de los casos en la sala especializada.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 1 de octubre de 2012 en el caso TS-12,807. La resolución atiende la Moción Solicitando Reinstalación presentada por el Sr. Mario A. Loyola Fernández. Tras examinar la solicitud, el Tribunal autorizó su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Dicha reinstalación es efectiva a partir de la notificación de la presente Resolución. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Apelaciones que confirmó la supresión de evidencia en un caso de asesinato. La evidencia suprimida incluye la confesión del acusado y el arma homicida, obtenidas tras un arresto sin orden judicial. El Tribunal de Apelaciones determinó que el arresto fue ilegal por falta de motivos fundados. El Ministerio Público solicitó la revocación de este dictamen, argumentando la legalidad del arresto. La controversia central gira en torno a la aplicación de la doctrina de motivos fundados para realizar un arresto sin orden judicial. El Tribunal Supremo busca aclarar las circunstancias bajo las cuales un agente puede efectuar un arresto sin orden. La decisión impactará la admisibilidad de la confesión y la evidencia física obtenida como resultado del arresto.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa mediante recursos de certiorari las sentencias del Tribunal de Apelaciones en los casos consolidados CC-2011-0892 y CC-2011-0895. Los peticionarios son Maranello, Inc. y Bird Interplan Development Group, LLC. La parte recurrida es la Oficina de Administración de los Tribunales (O.A.T.). El asunto central es la revisión de la determinación del Tribunal de Apelaciones emitida el 31 de agosto de 2011. Dicha sentencia del foro apelativo intermedio confirmó y revocó parcialmente una decisión previa de la O.A.T. La determinación original de la O.A.T. establecía el orden de preferencia entre nueve propuestas. Estas propuestas fueron presentadas para la negociación y el desarrollo de un nuevo Centro Judicial en Aibonito. La Sentencia del Tribunal Supremo fue emitida el 26 de septiembre de 2012.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida el 25 de septiembre de 2012. Consolida los casos CC-2008-136 y CC-2008-140. Las partes son Pepsi-Cola Manufacturing International Limited y Pepsico Puerto Rico, Inc. contra el Director de Finanzas del Municipio Autónomo de Cidra y la Directora de la Oficina de Exención Contributiva Industrial del Departamento de Estado. La materia principal del litigio son las contribuciones municipales. El caso llegó al Tribunal Supremo mediante certiorari desde el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Caguas. La opinión del Tribunal fue emitida por el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. Este documento constituye un registro oficial de la decisión del Tribunal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite esta Resolución para dar cumplimiento a la Ley 122-2012, que faculta y ordena el establecimiento de Salas Especializadas para Casos de Asesinato. La ley requería la designación de al menos una sala en un término de 90 días, priorizando regiones con mayor incidencia criminal. Tras evaluar la información, se determina establecer una Sala Especializada en la Región Judicial de Bayamón como proyecto piloto. Esta sala comenzará a operar inmediatamente y atenderá exclusivamente casos de asesinato y su tentativa, una vez determinada la causa probable. En las demás regiones judiciales, estos casos se manejarán mediante el mecanismo de calendarios especializados. El Tribunal designará un juez con adiestramiento en el área criminal para presidir la sala de Bayamón, quien solo recibirá asignaciones de casos de asesinato. Se aprobará una lista de jueces capacitados para atender casos de asesinato en todas las regiones a través de calendarios especializados, incluyendo Bayamón, para evitar la acumulación de casos. La efectividad de este proyecto piloto será evaluada para considerar su posible expansión a otras regiones.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. La controversia principal gira en torno al cómputo de la partida de lucro cesante otorgada como compensación por la ganancia dejada de percibir. Específicamente, el Tribunal debe resolver si los gastos operacionales del demandante deben deducirse de dicha partida. Se examina si existe una distinción entre gastos operacionales que varían con el volumen de negocio y gastos fijos. La opinión busca determinar cómo realizar dicho cómputo en caso de que proceda la deducción de gastos. El caso se originó tras un acuerdo extrajudicial donde el Municipio de Gurabo pactó un contrato de exclusividad por cinco años con El Coqui Landfill (Waste Management) para el depósito de desperdicios. Este contrato, vigente de 2002 a 2007, comprometía al Municipio a utilizar el vertedero de Waste Management. La disputa se centra en las consecuencias económicas del alegado incumplimiento de este acuerdo. El Tribunal busca establecer la metodología correcta para cuantificar la pérdida de ganancias.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó la Ley Núm. 243-2011, que enmendó la Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores (Ley Núm. 266-2004). El caso particular involucra a Jeffrey Hernández García, acusado de maltrato de menores bajo la Ley Núm. 177. El señor Hernández García completó un programa de desvío conforme al Art. 80 de la Ley Núm. 177. Tras cumplir el desvío, su caso fue sobreseído por el Tribunal de Primera Instancia. A pesar del sobreseimiento, su nombre fue incluido en el registro. La decisión aborda el efecto de las enmiendas de 2011 sobre personas en situaciones similares, cuyos casos fueron desestimados tras completar desvíos. Asimismo, el Tribunal pautó si dichas enmiendas deben aplicarse retroactivamente. La opinión fue emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó si el Ministerio Público puede incluir citas textuales en primera persona de testigos potenciales en el pliego acusatorio. El caso se originó de una acusación por maltrato por amenaza bajo la Ley de Violencia Doméstica contra María B. Vélez Rodríguez. La acusación presentada contenía frases amenazantes citadas directamente del alegado perjudicado. La defensa solicitó la desestimación del caso, argumentando que la acusación no cumplía con los requisitos. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y ordenó enmendar la acusación. El Ministerio Público presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal Supremo, al revisar el caso, determinó que no es permisible incluir en la acusación citas textuales de testigos potenciales. Esta decisión establece un criterio sobre el contenido y la redacción adecuada de las acusaciones en el procedimiento criminal. La opinión aclara que la acusación debe exponer los hechos constitutivos del delito, no transcribir testimonios potenciales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso In re: Antonio R. Blanes Delgado. La materia principal tratada fue la Solicitud de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía presentada por el Lcdo. Blanes Delgado. Tras examinar la solicitud, el Tribunal determinó reinstalarlo. La Resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria. La fecha de la Resolución es 11 de septiembre de 2012. Este documento oficial del Tribunal Supremo formaliza la decisión de permitir al Lcdo. Antonio R. Blanes Delgado volver a ejercer la abogacía.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una sentencia que confirmó la desestimación de cargos contra el Juez Superior Roberto L. García Vega. Los cargos se relacionan con alegadas violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito tras un accidente. Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones desestimaron el caso por supuesta violación a los términos de juicio rápido. La controversia principal ante el Supremo es si un referido a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia para evaluar la designación de un Fiscal Especial Independiente (F.E.I.) constituye justa causa para prorrogar dichos términos. El Tribunal aborda esta cuestión por primera vez. Resuelve que un referido de esta naturaleza sí constituye justa causa para extender los plazos de juicio rápido. Esta determinación revoca la base de la desestimación fundamentada en este argumento de juicio rápido.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso In re: Víctor Rojas Rojas (TS-15,044) con fecha de 6 de septiembre de 2012. La resolución trata sobre la materia de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía. Tras examinar la Moción en Cumplimiento de Orden, el Tribunal determinó reinstalar al Lcdo. Víctor Rojas Rojas al ejercicio de la profesión. No obstante, se refirió la queja AB-2011-322 al Procurador General. El Procurador General deberá realizar la investigación correspondiente sobre dicha queja y rendir un informe. La decisión del Tribunal no fue unánime. El Juez Asociado señor Martínez Torres disintió, argumentando que se debía denegar la reinstalación en esta etapa y esperar el informe del Procurador General. El Juez Asociado señor Rivera García también disintió, oponiéndose a la reinstalación en este momento procesal. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino en la decisión.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 29 de agosto de 2012 en el caso In re: Elfrén García Muñoz, identificado como TS-6693. La materia principal tratada en este documento es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. La decisión se tomó tras examinar una Moción Informando Cumplimiento de Recomendación de Comisión de Reputación. En virtud de dicha moción y su contenido, el Tribunal determinó proceder con la reinstalación. Por consiguiente, mediante esta Resolución, se reinstala al Lcdo. Elfrén García Muñoz al ejercicio de la abogacía.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó multas impuestas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a los cazadores Alberto L. Acarón Montalvo y Carlos R. Wiscovitch. El Tribunal de Apelaciones determinó que vigilantes del DRNA violaron la prohibición constitucional contra registros irrazonables y que no había prueba suficiente para sostener las faltas imputadas. El DRNA solicitó la revocación de esa sentencia, argumentando, entre otras cosas, si los cazadores podían impugnar el allanamiento. Los hechos se originaron cuando vigilantes del DRNA accedieron a una finca, inspeccionaron las pertenencias de los cazadores y les impusieron multas por cazar sin permiso. Los cazadores impugnaron las multas, alegando tener autorización. El Tribunal Supremo examinó el recurso de certiorari. Finalmente, el Tribunal Supremo modificó la sentencia del foro apelativo y, así modificada, la confirmó.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 22 de agosto de 2012. Ante el pronóstico de la tormenta tropical Isaac, se decretó la suspensión de trabajos en la Rama Judicial y el cierre de las Secretarías de los Tribunales durante la tarde de ese día. Esta medida se tomó con cargo a la licencia por desastre natural. Para efectos del cómputo de términos judiciales, la tarde del 22 de agosto de 2012 se considerará como un día feriado. Cualquier término que venciera ese día o mientras dure la emergencia se extenderá. La extensión será hasta que las condiciones del tiempo permitan reanudar las labores en los tribunales. Se ordenó la inmediata difusión pública de esta Resolución.

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Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la ejecución de sentencia en un caso de cobro de dinero. Se discute la venta en pública subasta de un inmueble sin garantía hipotecaria. El Tribunal considera si es menester fijar un precio mínimo para dicha venta. También se abordan los límites al derecho del acreedor por sentencia. Esto aplica cuando el acreedor adquiere la propiedad del deudor en el procedimiento de ejecución. La cuestión surge si el valor de la propiedad excede lo pagado por el acreedor en la licitación. El caso se origina de una sentencia por impericia médica que resultó en un embargo sobre la residencia principal de los deudores. El Tribunal busca clarificar la validez del precio de venta en subasta y la posible aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto en este contexto.

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Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 22 de agosto de 2012 (2012 TSPR 131). Examina por primera vez la Ley de Derecho de Multipropiedad y Clubes Vacacionales de Puerto Rico, Ley Núm. 252-1996. El caso surge de una querella presentada por los esposos Silva-Alicea contra Aquarius Vacation Club ante el D.A.Co. Los consumidores adquirieron una semana de uso vacacional en 2005, con derecho a uso a partir de 2006 y facilidades estimadas para completarse a mediados de 2006. No pudieron disfrutar su derecho en 2006 porque las instalaciones seguían en construcción. Solicitaron la cancelación del contrato y el reembolso alegando incumplimiento. La controversia principal es si un consumidor puede cancelar un contrato de multipropiedad si las instalaciones no se completan en la fecha estimada en el documento de ofrecimiento público. También se considera si la falta de una advertencia específica sobre el derecho del desarrollador a un término de dieciocho meses para finalizar la construcción, según la ley especial, afecta el derecho del consumidor a cancelar. El Tribunal resuelve esta cuestión legal crucial para la industria de multipropiedad en Puerto Rico.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 22 de agosto de 2012 en el caso identificado con el número TS-15718. La resolución se refiere a la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por Karem Medina Romero. Tras examinar la "Solicitud de Readmisión a la Práctica de la Abogacía" radicada el 15 de agosto de 2012, el Tribunal ordenó la readmisión de la Lcda. Karem Medina Romero. La decisión fue publicada y certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo. Una Juez Asociada no intervino en este asunto.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por la Autoridad de los Puertos contra la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO). La controversia principal gira en torno a si la denegación de mecanismos de descubrimiento de prueba en un procedimiento de arbitraje obrero-patronal constituye una violación al debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones había anulado previamente un laudo arbitral al considerar que se afectó el debido proceso de una parte al negársele acceso a un informe pericial antes de la vista. La cuestión a resolver es si la ausencia de descubrimiento de prueba en el arbitraje, especialmente cuando las partes no lo pactaron, socava los derechos procesales. El caso se originó en el contexto de una disputa laboral relacionada con notas de acoso encontradas por empleadas de la Autoridad. La opinión busca definir los límites del debido proceso en el ámbito del arbitraje laboral.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico enfrenta a la Administración de Vivienda Pública con Edwin Molina Figueroa. El caso principal es un proceso de desahucio instado por la AVP contra el señor Molina. El peticionario alega poseer un interés propietario sobre la vivienda pública donde ha residido por más de cincuenta años. Sostiene que este interés, junto a su condición de no vidente, debe impedir su desalojo conforme a la política pública de protección a personas con impedimentos. El señor Molina convivió en la unidad con su madre, la arrendataria original, desde su nacimiento. Sin embargo, fue excluido de la composición familiar autorizada en el contrato de arrendamiento en 2005. Esta exclusión ocurrió mientras cumplía una sentencia de prisión por un delito grave. La AVP busca su desahucio tras la ausencia de la arrendataria original. El Tribunal Supremo evalúa si los argumentos del señor Molina son válidos para detener la acción de desahucio.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Juan A. Marqués Latorre del ejercicio de la abogacía. Esta acción disciplinaria surge tras una queja presentada por un cliente, el Sr. Enrique Trigo Tió. El cliente alegó que el abogado le cobró honorarios por servicios que debían ser por contingencia y que luego no logró comunicarse con él. El Tribunal intentó notificar al licenciado Marqués Latorre sobre la queja en múltiples ocasiones mediante correo certificado a la dirección registrada. Sin embargo, las notificaciones fueron devueltas por el servicio postal con indicaciones de no haber sido reclamadas o conocidas. Ante la falta de respuesta, el Tribunal emitió una Resolución concediéndole un término final para comparecer y contestar la queja. El incumplimiento del abogado con los requerimientos y notificaciones del Tribunal llevó a la imposición de la sanción. La suspensión es efectiva a partir del 4 de septiembre de 2012, fecha de notificación al abogado.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una opinión (2012 TSPR 126) para examinar la normativa sobre la interrupción del término prescriptivo en casos de daños extracontractuales con múltiples causantes. La controversia central es si los efectos de la interrupción difieren según el origen de la solidaridad entre los responsables. Se analiza si debe distinguirse entre la solidaridad pactada o prexistente y la que surge de la concurrencia de varios causantes de un daño. La decisión aborda la aplicación del Artículo 1802 del Código Civil en estos escenarios. Como resultado, se revoca la norma establecida previamente en el caso *Arroyo v. Hospital La Concepción* sobre la interrupción del término en estas situaciones. El caso particular que motiva la opinión es una demanda por negligencia médica presentada contra un hospital y un doctor. La demanda fue radicada en 2002 por hechos ocurridos en 2000. Este pronunciamiento establece una nueva pauta sobre la prescripción en reclamaciones con pluralidad de responsables extracontractuales.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 9 de agosto de 2012 en el caso TS-6479. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía por parte del peticionario Luis A. Delgado Rodríguez. El peticionario había sido suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría el 25 de octubre de 2000. Presentó una Moción de Reinstalación el 30 de julio de 2012. Tras considerar la moción y una Certificación de Cumplimiento, el Tribunal autorizó su reinstalación. La decisión se limita a la reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución de 8 de agosto de 2012, designó un nuevo miembro para la Comisión de Evaluación Judicial. La designación se realizó en virtud del Artículo 8 de la Ley Núm. 91 de 5 de diciembre de 1991. El abogado designado para ocupar el puesto es el Lcdo. Ángel González Román. La resolución también expresa el agradecimiento del Tribunal al Lcdo. José M. Biaggi Junquera. Se reconoce su dedicación y compromiso durante los seis años que sirvió como miembro de dicha Comisión. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Consejo de Titulares del Condominio La Torre Miramar solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico revocar una decisión del Tribunal de Apelaciones. El caso versa sobre la remoción de construcciones realizadas por titulares anteriores de un penthouse en el techo y la azotea del edificio, elementos comunes. El Tribunal de Apelaciones determinó que las construcciones no podían ser removidas, argumentando que había transcurrido el periodo prescriptivo según el Art. 42(c) de la Ley de Condominios. El Tribunal Supremo revisa esta decisión mediante certiorari. El recurso permite al Supremo expresarse sobre el alcance de la inacción del Consejo de Titulares y la Junta de Directores bajo la Ley de Condominios. Se debe determinar si dicha inacción impide restituir un elemento común alterado a su estado original. Además, el Tribunal analizará si el Art. 42(c) aplica a esta controversia y si el incumplimiento de las obligaciones del Consejo/Junta justifica un remedio en equidad. El caso se inició con una demanda del Consejo de Titulares en marzo de 2009.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, CC-2011-465, aborda la extensión de una pensión alimentaria. La interrogante principal es si una orden de alimentos para un hijo mayor de edad cursando un bachillerato se extiende automáticamente a estudios posteriores de Juris Doctor. También se considera si un año sabático entre grados afecta esta extensión. El padre solicitó el relevo de la pensión al acercarse el hijo a los 21 años. El hijo, ya mayor de edad, reclamó derecho a pensión propia para "finalizar sus estudios universitarios" de bachillerato. En abril de 2003, el tribunal ordenó al padre pagar \$400 mensuales directamente al hijo. La orden condicionó el pago a que el hijo evidenciara estar estudiando y su aprovechamiento académico cada semestre. La controversia surge años después, centrada en si esta orden cubre la continuación de estudios a nivel de posgrado profesional. El caso busca determinar el alcance temporal y educativo de la pensión concedida originalmente para completar el primer grado universitario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve en este caso (CC-2010-494) la controversia entre Presidential Financial Corp. of Florida y Transcaribe Freight Corp. La materia principal es el Procedimiento Civil, abordando las doctrinas de cosa juzgada, impedimento colateral y fraccionamiento de causa de acción. La cuestión central es determinar si al levantar la defensa de impedimento colateral en la primera alegación responsiva, se entiende igualmente planteada la defensa de fraccionamiento de causa de acción. El Tribunal clarifica la doctrina de fraccionamiento de causa de acción y se expresa sobre su aplicación interjurisdiccional y la jurisdicción suplementaria en el foro federal. La opinión, emitida por el Juez Asociado Kolthoff Caraballo, revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones. El caso se origina en un préstamo comercial y hechos relacionados que involucran a las partes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera en este caso la relación entre los delitos de maltrato y maltrato mediante amenaza bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica. Se analiza si el delito de maltrato tipificado en el Artículo 3.1 de la ley es un delito menor incluido del maltrato mediante amenaza del Artículo 3.3. La Corte también debe determinar si la convicción por un delito distinto al imputado justifica la liberación del acusado, aun cuando se haya probado el delito original. El caso surge de una denuncia contra Abraham Ayala García por amenazar a su expareja en presencia de sus hijas. Los hechos involucran insultos y amenazas proferidas por el acusado tras un incidente con un vehículo. Ayala García fue acusado inicialmente por violaciones a los artículos 3.2 y 3.3 de la Ley 54. La opinión busca clarificar la aplicación de estos tipos penales y las consecuencias procesales de una sentencia que no se ajusta a la acusación original.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso entre Peerless Oil & Chemicals, Inc. (POC) y Hermanos Torres Pérez, Inc. (HTP), junto a varios accionistas como garantizadores solidarios. POC solicita la revisión de la decisión apelativa que revocó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había condenado a HTP y a los garantizadores a pagar \$148,054.69 en intereses por mora. La materia principal del caso gira en torno al efecto de una presentación de quiebra sobre la responsabilidad de los codeudores o garantizadores. La opinión, emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, aborda si los garantizadores solidarios permanecen obligados al pago de intereses moratorios tras el proceso de quiebra del deudor principal. El Tribunal Supremo evalúa la corrección de la determinación del Tribunal de Apelaciones respecto a la subsistencia de dicha obligación.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aclara el cómputo de sentencia para personas encarceladas que enfrentan nuevos cargos. La cuestión central es si el tiempo que un confinado continúa extinguiendo una sentencia previa se considera detención preventiva para un delito posterior, a los efectos de la Regla 182 de Procedimiento Criminal. El recurrido, Francisco Torres Rodríguez, fue acusado de nuevos delitos mientras cumplía una sentencia anterior. Tras extinguir la condena original, solicitó su excarcelación alegando violación del derecho a juicio rápido, argumentando que el tiempo transcurrido desde la nueva acusación constituía detención preventiva. El Tribunal de Primera Instancia le dio la razón, computando dicho tiempo como detención preventiva. Sin embargo, el Tribunal Supremo revoca esta interpretación. Sostiene que el tiempo que un individuo pasa encarcelado cumpliendo una sentencia ya impuesta no se abona a una sentencia posterior por un nuevo delito. Dicho tiempo no constituye detención preventiva en espera de juicio bajo la Regla 182, ya que la detención se debe a la condena original, no a la espera del juicio por el nuevo cargo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión el 11 de julio de 2012 en los casos consolidados CC-2011-927 y CC-2011-845. La controversia principal involucra a varias farmacias peticionarias frente al Departamento de Salud y otros recurridos. La cuestión legal central que el Tribunal aborda es si es procedente presentar conjuntamente varios recursos de revisión administrativa. Específicamente, se analiza si estos recursos pueden revisar resoluciones administrativas distintas. Además, se considera si es válido pagar un solo arancel por la presentación conjunta de tales recursos. La opinión, emitida por el Juez Asociado Kolthoff Caraballo, busca clarificar las reglas procesales aplicables a este tipo de apelaciones. El Tribunal debe determinar si la presentación conjunta de recursos que impugnan resoluciones separadas, pagando una única tarifa, cumple con los requisitos legales. Este caso sienta un precedente sobre la consolidación de recursos y el pago de derechos en procedimientos apelativos administrativos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó un punto procesal crucial en el caso Luis Colón Alicea y otros v. Frito Lay de Puerto Rico y otros. La opinión enfatiza la importancia de que los tribunales de instancia esperen el recibo del mandato de un tribunal apelativo antes de readquirir jurisdicción sobre un caso revisado. Este principio es fundamental para la correcta continuación de los procedimientos judiciales tras una apelación o auto discrecional. El litigio original es una demanda por daños y perjuicios presentada en 1994, derivada de un accidente automovilístico ocurrido en 1993. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado intervino en el caso. El Tribunal Supremo revisó dictámenes del Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari. La decisión reafirma la necesidad de cumplir con la regla sobre la notificación y el efecto del mandato apelativo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó una controversia entre el Municipio Autónomo de Dorado y Construcciones José Carro, S.E. El caso se originó por el cobro de arbitrios de construcción exigido por el Municipio a la empresa para un proyecto de control de inundaciones. La disputa llegó al Tribunal Supremo tras una apelación del Municipio contra una sentencia del Tribunal de Apelaciones. La sentencia apelada modificó una resolución previa del Tribunal de Primera Instancia sobre solicitudes de sentencia sumaria. El asunto central es la interpretación del Artículo 2.007(g) de la Ley de Municipios Autónomos, referente al pago de arbitrios de construcción. Específicamente, se analiza el efecto de declarar ineficaz una ordenanza municipal que incluye una cláusula penal por incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones había devuelto el caso al foro primario para evaluar el efecto de la publicación limitada de la ordenanza. El Tribunal Supremo aprovechó la oportunidad para interpretar por primera vez esta disposición legal. Resolvió que la declaración de ineficacia de una ordenanza solo anula la sanción penal que contenga, no la totalidad de la ordenanza. Por tanto, revocó la determinación del foro apelativo.

Resumen:

El Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico concedió a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial el jueves 26 de julio de 2012 libre con cargo a licencia de vacaciones. En virtud de la facultad reglamentaria del Tribunal, y aplicando los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902, dicho día se considerará feriado para el cómputo de términos judiciales. Consecuentemente, cualquier término que venza el 26 de julio de 2012 se extenderá automáticamente hasta el próximo día laborable. La fecha límite para dichos términos será el lunes 30 de julio de 2012. Se ordena la inmediata difusión pública de esta resolución para conocimiento general.

Resumen:

Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida el 6 de julio de 2012. El Tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de la legislación que dispuso la celebración de un referéndum el 19 de agosto de 2012. Dicho referéndum proponía enmendar las Secciones 2, 3, 4 y 7 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico. El objetivo de la enmienda era reducir el número de miembros de los Cuerpos Legislativos. El caso plantea diversas y complejas interrogantes de índole constitucional. Involucra eminentes intereses públicos y argumentos constitucionales sustanciales. La opinión fue emitida por la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO. Se menciona que otro referéndum sobre el derecho a la fianza, pautado para la misma fecha, no está en controversia en este caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión provisional de un miembro de la profesión legal. La suspensión recae sobre el Lcdo. Héctor J. Martínez Maldonado. Esta acción se toma luego de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos lo encontrara culpable del delito de soborno. Dicho delito, según el Tribunal Supremo, implica depravación moral y falta de honradez. Por esta razón, se considera necesaria la suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía. La suspensión es de carácter provisional. La efectividad de la suspensión se fija para el 11 de julio de 2012. Esta fecha corresponde al día en que se le notificó al abogado sobre la decisión.