Construcciones José Carro, S.E. v. Municipio de Dorado

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó una controversia entre el Municipio Autónomo de Dorado y Construcciones José Carro, S.E. El caso se originó por el cobro de arbitrios de construcción exigido por el Municipio a la empresa para un proyecto de control de inundaciones. La disputa llegó al Tribunal Supremo tras una apelación del Municipio contra una sentencia del Tribunal de Apelaciones. La sentencia apelada modificó una resolución previa del Tribunal de Primera Instancia sobre solicitudes de sentencia sumaria. El asunto central es la interpretación del Artículo 2.007(g) de la Ley de Municipios Autónomos, referente al pago de arbitrios de construcción. Específicamente, se analiza el efecto de declarar ineficaz una ordenanza municipal que incluye una cláusula penal por incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones había devuelto el caso al foro primario para evaluar el efecto de la publicación limitada de la ordenanza. El Tribunal Supremo aprovechó la oportunidad para interpretar por primera vez esta disposición legal. Resolvió que la declaración de ineficacia de una ordenanza solo anula la sanción penal que contenga, no la totalidad de la ordenanza. Por tanto, revocó la determinación del foro apelativo.