Casos del Tribunal Supremo (Página 4)

Resumen:

Esta resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha 20 de diciembre de 2024, establece la integración de las Salas de Despacho. Conforme a la Regla 4(b) de su Reglamento y mientras el Pleno esté compuesto por siete Juezas y Jueces, se constituyen dos Salas. La Primera Sala de Despacho está presidida por la Jueza Presidenta Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez e incluye a las Juezas y Jueces Hon. Mildred G. Pabón Charneco y Hon. Luis F. Estrella Martínez. La Segunda Sala de Despacho es presidida por el Hon. Rafael L. Martínez Torres y la integran los Jueces Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo, Hon. Roberto Feliberti Cintrón y Hon. Ángel Colón Pérez. Se especifica que, en caso de empate en la votación de la Segunda Sala, se designará un Juez de la Primera Sala por orden sucesivo de antigüedad. La resolución ordena su difusión pública.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificada con el número de caso TS-15,871. La decisión fue emitida el 20 de diciembre de 2024. El asunto principal abordado es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. La Sra. Magda F. Zambrana Toro presentó una Moción solicitando su readmisión. El Tribunal Supremo atendió dicha moción. En su determinación, el Tribunal proveyó ha lugar a la solicitud. En consecuencia, se ordena la reinstalación de la Sra. Magda F. Zambrana Toro. Dicha reinstalación es únicamente al ejercicio de la abogacía.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha 17 de diciembre de 2024, identificada con el número de caso TS-13,693. La materia principal tratada es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. La Resolución se refiere al caso de Juan G. Colón Rivera. El Tribunal examinó una Moción en cumplimiento de orden presentada por el Sr. Colón Rivera. Tras examinar dicha moción, el Tribunal tomó conocimiento de la misma. Consecuentemente, el Tribunal Supremo autorizó la reinstalación del señor Colón Rivera a la práctica de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha 16 de diciembre de 2024, en el caso CC-2023-0831. El caso involucra a Oriental Bank como recurrido y a Victor Pagán Acosta y otros, incluyendo a la Sra. Magaly Ramos Miranda, como peticionarios. El litigio original fue una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Oriental Bank contra el matrimonio Pagán-Ramos. La controversia ante el Tribunal Supremo era si los foros inferiores erraron al denegar una solicitud de relevo de sentencia presentada por la Sra. Ramos Miranda. El Tribunal Supremo concluye que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones erraron en su proceder. Determina que la sentencia dictada contra la Sra. Ramos Miranda es nula. Por consiguiente, procedía relevar a la peticionaria de dicha sentencia.

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Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptada en ocasión del retiro del Honorable Edgardo Rivera García como Juez Asociado. Tras veinticuatro años de servicio en el Poder Judicial, catorce de ellos en el Tribunal Supremo, el Juez Rivera García se retira de su cargo. La Resolución destaca su extensa trayectoria profesional y académica. Su carrera incluyó roles en el servicio público municipal y estatal, como fiscal, profesor y juez en diversas instancias. Ingresó a la Judicatura en el año 2000 como Juez Superior, ascendiendo posteriormente al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo en 2010. Se reconoce su labor en áreas como seguridad pública y ética gubernamental. El Juez Rivera García también es autor de publicaciones jurídicas relevantes, especialmente sobre el sistema acusatorio. Su retiro marca el fin de una dedicada carrera al servicio de la justicia en Puerto Rico.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2023-0543, Zoraida Buxó Santiago v. Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La controversia principal fue determinar si los Delegados Congresionales están obligados a presentar informes financieros bajo el Artículo 5.1 de la Ley Orgánica de la OEG. El Tribunal resolvió que el Artículo 5.1 provee un listado taxativo de los servidores públicos sujetos a esta obligación. Concluyó que dicho listado no incluye a los Delegados Congresionales. Por lo tanto, el Tribunal determinó que la OEG no posee autoridad para exigir estos informes a los Delegados Congresionales. La decisión también validó la acción de la peticionaria de impugnar el requerimiento de la OEG directamente ante el Tribunal de Primera Instancia mediante injunction y sentencia declaratoria, al considerar que la actuación de la OEG fue ultra vires.

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Este documento es una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2024 TSPR 131, caso CC-2023-0658) con fecha de 10 de diciembre de 2024. El caso, Carmen Cosme Mena v. Departamento de la Vivienda y otros, llegó al Supremo mediante recurso de certiorari desde el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo revocó las sentencias recurridas por considerarlas incorrectas en Derecho. Consecuentemente, el caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. La decisión contó con una Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Estrella Martínez, a la cual se unió el Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión Disidente, a la que se unió el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. La opinión disidente argumenta que la prescripción adquisitiva (usucapión) no procede contra bienes patrimoniales del Estado bajo el Art. 76 de la Ley de Tierras, el cual prohíbe expresamente la adquisición de cualquier derecho por cesiones ilegales de parcelas en usufructo, discrepando con una decisión previa del Tribunal Supremo en el caso Ayala.

Resumen:

Este documento presenta la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2024-0244, con fecha de 6 de diciembre de 2024. La cuestión central a resolver era si la falta de notificación de un recurso de apelación a un albacea, que era parte en el litigio, priva de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo evaluó si el foro apelativo intermedio erró al denegar una moción de desestimación basada en esta omisión y al asumir jurisdicción sobre la apelación. La parte peticionaria argumentó que el recurso de apelación no se perfeccionó adecuadamente por no notificar a dicha parte. El Tribunal Supremo determinó que el Tribunal de Apelaciones sí erró al denegar la moción y asumir jurisdicción. Concluyó que la falta de notificación al albacea impidió el perfeccionamiento adecuado del recurso apelativo. En consecuencia, el Tribunal Supremo revocó la resolución del Tribunal de Apelaciones, desestimó la apelación por falta de jurisdicción y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia.

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Esta resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con número EM-2024-0017 y fecha 5 de diciembre de 2024, anuncia un receso administrativo para el Programa de Educación Jurídica Continua. El receso se extenderá desde el lunes 23 de diciembre de 2024 hasta el lunes 6 de enero de 2025, ambos días inclusive. Las labores del Programa se reanudarán el martes 7 de enero de 2025. Como consecuencia de este receso, todo término dispuesto en el Reglamento del Programa que venza durante dicho periodo se extenderá automáticamente. La nueva fecha límite para estos términos será el martes 21 de enero de 2025. Sin embargo, la extensión de término concedida no aplicará a los periodos de cumplimiento de tres años que venzan entre estas fechas, según lo estipulado en la Regla 29 del Reglamento. La resolución ordena la difusión pública de esta información.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 5 de diciembre de 2024, en el caso CP-2020-0011, In re: Danitza Santiago Ortiz. La decisión trata sobre la conducta profesional de la abogada Danitza Santiago Ortiz. El Tribunal determinó que la licenciada violó los Cánones 9, 12, 18, 19 y 26 del Código de Ética Profesional. La violación surge de una queja presentada por una cliente que alegó no haber recibido servicios ni información tras contratar a la abogada años atrás. La cliente solicitó la devolución de sus documentos y dinero por servicios no prestados. Como resultado de las violaciones éticas, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la licenciada Santiago Ortiz del ejercicio de la abogacía. La decisión reitera la importancia de la diligencia, la comunicación con el cliente y la prohibición de condicionar la entrega de expedientes o dinero. También se menciona que la abogada ya había sido suspendida previamente del ejercicio de la notaría.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificada como TS-13,334 y fechada el 4 de diciembre de 2024. La materia principal abordada es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Carlos R. Torres Torres. El Tribunal Supremo atendió la solicitud y, mediante esta resolución, ordenó la reinstalación del licenciado Torres Torres. La decisión incluye un apercibimiento al licenciado Torres Torres, indicándole que en el futuro debe dar fiel cumplimiento al Código de Ética Profesional. Este documento certifica la acción del Tribunal Supremo permitiendo al Sr. Torres Torres retomar su práctica legal, sujeta a la observancia de las normas éticas.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2024 TSPR 125) que aborda la facultad de las asociaciones de residentes en urbanizaciones con control de acceso. La controversia surge de una demanda presentada por un residente contra el Consejo de Seguridad y Recreación de Urbanización Villamar Este, Inc. (CONSERVE). El residente cuestionó la legalidad de una cuota especial ("derrama") de \$150 impuesta por la asociación para cubrir gastos legales, argumentando que requería voto unánime o debía ser voluntaria. La asociación había aprobado la cuota mediante votación en una asamblea. El Tribunal Supremo examina si una asociación de residentes puede establecer una partida no recurrente o cuota especial para gastos legales sin el voto unánime de sus miembros. La Opinión del Tribunal adelanta que, por regla general, sí es posible establecer dicha cuota sin unanimidad. Esto aplica siempre que la cuota sea necesaria y cumpla con los requisitos y procesos de votación adoptados por los miembros, a menos que la ley o el reglamento dispongan lo contrario. La decisión clarifica el alcance de las facultades de estas asociaciones bajo el Código Municipal y leyes aplicables.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 27 de noviembre de 2024. Su propósito principal es aprobar formalmente los cambios a estatus de Abogado(a) Inactivo(a). Estos cambios fueron autorizados por el Tribunal durante el periodo de octubre de 2024. La resolución lista específicamente los nombres y números de colegiado de las abogadas y abogados a quienes se les concedió dicho cambio de estatus. Entre los abogados mencionados se encuentran Oreste V. Ramos Díaz, Irwin H. Flashman Filene, Enid Martínez Moya, Juan R. Ortiz Ramírez, Paul A. Ferrer Pérez, Elaine M. Rodríguez Romero y Sonsiré Vargas Calderón. El documento certifica que esta aprobación fue acordada por el Tribunal y publicada.

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Este documento, identificado como TS-10,494 y fechado el 21 de noviembre de 2024, es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La materia principal es la Petición de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Francisco M. León Sánchez. Tras examinar la petición y una moción relacionada, el Tribunal ha resuelto reinstalar al Sr. Francisco M. León Sánchez al ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal, según certifica el Secretario. Se señala que el Juez Asociado señor Colón Pérez proveyó no ha lugar a la petición de reinstalación, constituyendo un voto disidente. Este documento está sujeto a cambios en el proceso de publicación oficial.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2024 TSPR 121) relativa a la conducta profesional del Lcdo. Jorge Iván Mártir González. El caso se centra en su actuación durante una vista sobre orden de protección bajo la Ley Núm. 246-2011. El abogado grabó los procedimientos judiciales con su teléfono sin el conocimiento ni la autorización del tribunal o las partes. Continuó la grabación incluso durante un receso donde se discutían asuntos confidenciales. El Tribunal Supremo clarifica que, si bien las grabaciones por abogados pueden ser útiles, siempre requieren que se notifique al tribunal y se obtenga autorización previa. Esto es fundamental para mantener la solemnidad, proteger la confidencialidad y salvaguardar derechos. El abogado debe ser diligente y consciente de las implicaciones éticas y legales de grabar a otros. Como resultado de su conducta, el Lcdo. Mártir González recibe una censura enérgica.

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Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificada con el número EN-2024-0003 y fechada el 14 de noviembre de 2024. Su propósito principal es la designación de la nueva Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Mediante esta Resolución, el Tribunal designa a la Sra. Mabel Valentín Cruz para ocupar dicho cargo. Su nombramiento será efectivo a partir del 15 de noviembre de 2024. La Sra. Valentín Cruz desempeñará sus funciones de acuerdo con las disposiciones que regulan la Oficina de la Compiladora y Publicista. El Tribunal también aprovecha para agradecer a la Lcda. Heidi Claudio Rosario por su dedicación y servicio en el cargo desde su designación en 2014. La Resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso disciplinario AB-2023-0210 contra el Lcdo. José E. Santiago Maldonado. El Tribunal ejerce su facultad disciplinaria y ordena la suspensión inmediata del abogado del ejercicio de la abogacía por un término de tres (3) meses. La suspensión se fundamenta en la infracción de los Cánones 18, 19, 20, 23 y 35 del Código de Ética Profesional. La acción disciplinaria surge de una queja donde una cliente alegó haber contratado al abogado para un caso de desahucio, pagando $2,000. La demanda fue desestimada sin perjuicio por falta de emplazamiento, y la cliente afirmó que el abogado dejó de responder a sus comunicaciones. El abogado reconoció la relación y la desestimación, atribuyendo la falta de comunicación a dificultades para obtener información y correos que terminaron en "spam". Tras evaluar la conducta, el Tribunal concluyó que el proceder del licenciado Santiago Maldonado lesionó los estándares éticos requeridos.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso disciplinario AB-2024-0067, In re: Roberto Cruz Mena. El Tribunal ejerce su facultad disciplinaria contra el licenciado Cruz Mena, quien fue admitido a la abogacía en 1998. La decisión principal es la imposición de la sanción más severa: la suspensión inmediata e indefinida del abogado del ejercicio de la abogacía. Esta medida se toma principalmente debido al incumplimiento reiterado del licenciado Cruz Mena con los requerimientos del Tribunal. El proceso se inició tras una queja de una clienta que alegó inacción y falta de comunicación. A pesar de recibir múltiples notificaciones y órdenes del Tribunal para responder a la queja y mostrar causa, el licenciado Cruz Mena no compareció ni presentó escrito alguno. Su persistente falta de respuesta a las órdenes judiciales llevó al Tribunal a imponer la suspensión indefinida.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que impone una medida disciplinaria a la Lcda. María L. Pérez Vargas. El Tribunal ordena la separación inmediata e indefinida de la licenciada del ejercicio de la notaría. La razón principal es su craso incumplimiento con las órdenes y requerimientos del Tribunal y su Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). La ODIN identificó serios señalamientos en más de un centenar de instrumentos notariales autorizados por la licenciada entre 2013 y 2020. A pesar de múltiples intentos de la ODIN para que subsanara los hallazgos y cooperara con reinspecciones desde 2021, la notaria no cumplió. Solicitó numerosas prórrogas y presentó excusas, pero no demostró haber corregido los señalamientos ni cooperó plenamente. Su falta de respuesta y cumplimiento persistió incluso después de órdenes directas del Tribunal. Por lo tanto, el Tribunal determinó que su conducta constituye un incumplimiento grave que justifica la suspensión indefinida.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitida el 31 de octubre de 2024. La resolución aborda la aprobación de cambios de estatus para abogados y abogadas. Específicamente, aprueba las solicitudes de cambio a estatus inactivo presentadas durante el periodo de septiembre de 2024. El documento lista los nombres de los profesionales del derecho a quienes se les autorizó dicho cambio de estatus. Esta aprobación formaliza la transición de estos abogados a un estatus no activo. La resolución ordena la publicación de esta lista como parte del proceso oficial.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha 31 de octubre de 2024. Trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Jorge García Jiménez. El Tribunal examinó la Moción Informativa y Solicitud de Reinstalación del peticionario. Como resultado, el Tribunal ordenó la reinstalación del Sr. García Jiménez al ejercicio de la abogacía. Se instruyó al Secretario del Tribunal a registrar el cambio de estatus a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Adicionalmente, se le concedió un término de treinta días para atender asuntos relacionados con obra notarial incautada. Este paso es necesario antes de que pueda ser reinstalado al ejercicio de la notaría.

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Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Luis Ángel Suárez Robles (CC-2024-0617), una Petición de Certiorari. El Tribunal Supremo, al encontrarse igualmente dividido, declaró "no ha lugar" a la petición y a la solicitud en auxilio de jurisdicción presentadas por la Oficina del Procurador General. Como resultado, la decisión previa del Tribunal de Apelaciones se mantiene en vigor. El caso se relaciona con el derecho constitucional de un acusado a confrontar a los testigos en su contra. La controversia específica giró en torno a si un testigo de cargo podía ser declarado no disponible para testificar debido a una condición médica, según la Regla 806(A)(4) de Evidencia. El Tribunal de Apelaciones había revocado la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró al testigo no disponible. La opinión concurrente de varios jueces apoya la decisión del Tribunal de Apelaciones, argumentando que la prueba médica no demostró que la condición del testigo fuera tan severa como para justificar privar al acusado de su derecho a la confrontación.

Resumen:

Este documento presenta la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso José Luis Díaz Vázquez y otros v. Carlos Colón Peña y otros, emitida el 25 de octubre de 2024. La controversia principal que el Tribunal aborda es si la parte demandada en un recurso de injunction estatutario bajo el Artículo 14.1 de la Ley para la reforma del proceso de permisos de Puerto Rico (Ley Núm. 161-2009) debe ser obligatoriamente el dueño del inmueble donde se originan las acciones reclamadas. Los Peticionarios habían presentado dicho injunction alegando construcciones y operaciones sin permisos en una propiedad colindante. El Tribunal clarifica el alcance del mencionado artículo. Resolvió que, en virtud del propio Art. 14.1 y la normativa aplicable, la parte contra la que se presenta el recurso no tiene que ser necesariamente el dueño titular del inmueble. Esta decisión aclara un punto importante sobre la legitimación pasiva en los casos de injunctions estatutarios bajo la Ley de Permisos.

Resumen:

Este documento es la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2023-0650, emitida el 21 de octubre de 2024. La controversia central giró en torno a si el Tribunal de Apelaciones erró al ordenar la desestimación de una demanda contra un notario. El notario fue demandado en un pleito sobre la validez de una escritura que autorizó, pero el apelativo consideró que no era una parte indispensable. El Tribunal Supremo revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones. Sostuvo que el hecho de que un notario no sea una parte indispensable o que la causa de acción en su contra sea contingente no conlleva su desestimación automática. El Tribunal Supremo explicó que el ordenamiento procesal puertorriqueño permite la acumulación de causas de acción y partes no indispensables, permisibles y contingentes. Por lo tanto, la reclamación contra el notario no debía ser desestimada por esas razones.

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Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 21 de octubre de 2024. Trata sobre un recurso de Certiorari presentado por Dennisse Díaz Mercado y otros contra la Oficina de Gerencia y Permisos e Innovattel Properties, LLC, relacionado con un proyecto de facilidades de telecomunicaciones en Aibonito. Los peticionarios solicitaron la expedición de un auto de certiorari y auxilio de jurisdicción. El Tribunal Supremo resolvió declarar "No Ha Lugar" a ambas solicitudes, denegando así la revisión del caso. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Colón Pérez habrían concedido el auxilio y expedido el certiorari. El Juez Asociado Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente, al cual se unieron la Jueza Presidenta y el Juez Asociado Colón Pérez. El voto disidente argumenta que el Tribunal debió atender el caso por tratarse de una controversia recurrente sobre permisos para torres de telecomunicaciones cerca de zonas residenciales. El disenso enfatiza la importancia de asegurar el debido proceso de ley y las garantías constitucionales y reglamentarias en estos casos.

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Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 18 de octubre de 2024, identificada con el número de caso TS-18,469. La Resolución atiende la solicitud presentada por el Sr. Juan G. Maldonado Santiago para ser reinstalado al ejercicio de la abogacía y la notaría. El Tribunal ha decidido conceder la reinstalación del peticionario al ejercicio de la abogacía. No obstante, la solicitud para ser reinstalado al ejercicio de la notaría no se resuelve en este momento. Dicha solicitud será considerada una vez que el peticionario presente ante el Tribunal una fianza notarial, conforme a lo estipulado en la Ley Notarial. La Resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En él, el Tribunal ejerce su facultad disciplinaria sobre el Lcdo. Anselmo Irizarry Irizarry. Se decreta su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La razón principal es el quebrantamiento del Canon 9 del Código de Ética Profesional. Además, se menciona un patrón de incumplimiento con órdenes previas del Tribunal. La decisión surge, en parte, de una queja presentada por una cliente, la Sra. Jessica Grisselle Morales Ramírez. La cliente alegó que el abogado aceptó su caso pero luego dejó de comunicarse con ella. Esta conducta llevó a la presentación de la queja y la subsiguiente acción disciplinaria. La decisión enfatiza la importancia del cumplimiento ético y las órdenes judiciales por parte de los abogados.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificada como TS-7,185 y fechada el 8 de octubre de 2024. La materia principal es la reinstalación al ejercicio de la abogacía de la Sra. Lourdes Rodríguez Villalba. La peticionaria presentó una moción relacionada con el cumplimiento de créditos de educación continua y la solicitud de reinstalación tras una orden de suspensión. El Tribunal Supremo evaluó la moción presentada por la Sra. Rodríguez Villalba. Como resultado de dicha evaluación, el Tribunal determinó proveer ha lugar a la reinstalación solicitada. No obstante, el Tribunal apercibe a la Lcda. Rodríguez Villalba que no tolerará conducta indiferente hacia sus órdenes en el futuro. Además, se le requiere mantener toda su información actualizada en el Registro Único de Abogados y Abogadas. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución de 8 de octubre de 2024, atendió la solicitud de la Lcda. Rebecca D. Rodríguez Mercado. La petición buscaba su reinstalación al ejercicio de la notaría en Puerto Rico. El Tribunal autorizó dicha reinstalación. Como parte del proceso, se aprobó la fianza otorgada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, vigente desde el 24 de mayo de 2024. Se ordenó remitir la fianza y una copia certificada de la resolución al Secretario de Hacienda y al Secretario de Estado para los fines correspondientes. Asimismo, se dispuso que la licenciada Rodríguez Mercado debe recoger su sello y obra notarial depositada. Finalmente, se le requiere mantener actualizada su información de contacto y la localización de su sede notarial.

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Este documento, identificado como TS-9,699 y fechado el 7 de octubre de 2024, es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La materia principal abordada es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El peticionario en este caso es el Sr. Thomas J. Bryan Picó. El Tribunal examinó su solicitud de readmisión a la práctica legal. También se consideró una moción que incluía una certificación de repaso de reválida estatal. Se tomó en cuenta una moción informativa presentada por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías. Adicionalmente, se revisó una certificación del Programa de Educación Jurídica Continua. Tras evaluar toda la documentación presentada, el Tribunal Supremo acordó reinstalar al Sr. Thomas J. Bryan Picó al ejercicio de la abogacía.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificada como TS-17,377 y fechada el 7 de octubre de 2024. La decisión aborda la Segunda Moción de Reinstalación al Ejercicio de la Profesión presentada por Lisa Marie Nieves Oslán. Tras examinar la moción, el Tribunal ha resuelto reinstalar a la licenciada Nieves Oslán al ejercicio de la abogacía. Como resultado de esta determinación, se le reinstala a la práctica activa de la profesión legal. Se ordena al Secretario del Tribunal Supremo registrar este cambio de estatus en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Adicionalmente, se instruye a la licenciada Nieves Oslán a actualizar su información de contacto en dicho registro. Esta decisión le permite retomar sus funciones como abogada en Puerto Rico.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2024 TSPR 104) en el caso AC-2023-0005, entre Hazel Colón Vázquez y otros contra José Daniel Báez Pérez y otros. La materia principal abordada es el Derecho Corporativo y de Marcas. Específicamente, el Tribunal determina cómo deben proceder los tribunales cuando una demanda bajo el Artículo 26 de la Ley de Marcas involucra una corporación disuelta que es dueña de la marca en controversia. El caso surge en el contexto de una disputa sobre el uso de la marca "MECA" para una feria de arte. El Tribunal, en opinión de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, concluyó que lo procedente es la continuación de la vida jurídica de la corporación disuelta. Esto se permite para los propósitos de liquidación, conforme al Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones. Dado que una marca es considerada un activo, corresponde su liquidación dentro de este proceso. La decisión establece la pauta para manejar situaciones similares en el futuro.

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En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2024, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso AB-2020-0048, relacionado con la reinstalación al ejercicio de la notaría de la Lcda. Elaine M. Vélez Torres. Tras examinar las mociones presentadas por la peticionaria y la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), el Tribunal ordenó el archivo de la queja inicial. Se apercibió a la letrada sobre la necesidad de cumplir estricta y fielmente con la Ley Notarial y su Reglamento en el futuro. La Resolución dispone la reinstalación de la licenciada Vélez Torres al ejercicio de la notaría. Esta reinstalación está condicionada a que acredite la adquisición de una fianza notarial buena y válida. Una vez cumplido este requisito y aprobada la fianza mediante resolución, la licenciada tendrá la obligación de recoger su obra protocolar depositada en el Archivo general de Protocolos y su sello notarial en custodia de la ODIN.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitida el 17 de septiembre de 2024. Su propósito principal es aprobar formalmente los cambios de estatus a Abogado(a) Inactivo(a). La Resolución especifica que estos cambios fueron autorizados por el Tribunal durante el periodo de agosto de 2024. El documento lista los nombres y números de colegiado de los abogados y abogadas a quienes se les concedió dicho cambio de estatus. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

Este documento es la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2023-0597, con fecha de 16 de septiembre de 2024. La materia principal abordada es la obligación de los Consejos de Titulares de condominios bajo la antigua Ley de Condominios de 1958 y el alcance de las pólizas de seguro de responsabilidad pública. El Tribunal debía determinar si un Consejo de Titulares está obligado a mantener una póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) al contratar a un contratista independiente. También analizó si una aseguradora puede excluir de sus cubiertas los accidentes laborales que estén comprendidos por la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45). El caso se originó a raíz de un accidente laboral fatal ocurrido en 2014 en un condominio. El Tribunal concluyó que, en efecto, un Consejo de Titulares que contrata a un contratista independiente se considera un patrono estatutario y está obligado a tener una póliza vigente de la CFSE. Además, afirmó que una aseguradora puede excluir válidamente de sus pólizas aquellos accidentes laborales cubiertos por la Ley Núm. 45.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 12 de septiembre de 2024, relativa al caso número TS-14,095. La materia principal es la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía por parte del señor Alberto G. Burgos Rodríguez. El Tribunal examinó una Moción en cumplimiento de orden presentada por el señor Burgos Rodríguez. Tras su examen, el Tribunal decidió proveer ha lugar la moción. En consecuencia, se ordenó la readmisión del señor Alberto G. Burgos Rodríguez al ejercicio de la abogacía. Adicionalmente, se instruyó a la Secretaría del Tribunal Supremo a realizar el cambio de estatus del señor Burgos Rodríguez a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas. La decisión fue tomada por la Sala de Verano del Tribunal.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2024 TSPR 99) en el caso Abraham Rivera Candela y Alexandra Lozada contra Universal Insurance Company. La opinión se centra en definir el procedimiento que deben seguir los tribunales al adjudicar una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Específicamente, aborda demandas que combinan reclamaciones bajo el Código de Seguros y el Código Civil. Se basa en precedentes que permitieron la concurrencia de acciones entre ambos códigos (evitando duplicidad de remedios) y declararon jurisdiccional el requisito de notificación previa para la causa de acción del Código de Seguros. El problema a resolver es cómo proceder cuando una demanda incumple el requisito jurisdiccional del Código de Seguros, pero sus alegaciones podrían sustentar una causa de acción bajo el Código Civil. El Tribunal delineará si la demanda puede subsistir bajo el Código Civil, interpretándola liberalmente como exige la Regla 10.2. La decisión busca guiar a los tribunales sobre cómo manejar estas situaciones procesales.

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Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificada con el número de caso TS-15,950 y fechada el 9 de septiembre de 2024. La materia principal abordada es la readmisión al ejercicio de la abogacía. La Resolución resuelve la Moción presentada por la Sra. Claudia Rivera Echevarría, quien solicitó su reinstalación. El Tribunal Supremo, actuando en Sala de Verano, examinó la solicitud de la peticionaria. Mediante esta Resolución, el Tribunal ordena la readmisión de la Sra. Rivera Echevarría al ejercicio de la abogacía. Adicionalmente, se instruye a la Secretaría del Tribunal a registrar este cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA).

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Este documento es la Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2023-0217, emitida el 6 de septiembre de 2024. La materia principal es Procedimiento Civil, enfocándose en un recurso de Injunction para vindicar una servidumbre en equidad y una acción de daños y perjuicios relacionada. El Tribunal evaluó si el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al confirmar la desestimación de un Injunction sin celebrar una vista, basándose en la aparente falta de daño irreparable. También consideró si una causa de acción de daños puede resolverse dentro de una petición de Injunction por servidumbre en equidad. El Tribunal Supremo resolvió que, generalmente, se debe celebrar una vista para evaluar los requisitos de un Injunction para vindicar una servidumbre en equidad. Sin embargo, un Injunction preliminar puede concederse sin vista si existe prueba documental fehaciente de la servidumbre. En cuanto a los daños, determinó que las controversias restantes, una vez resuelta la procedencia del Injunction, deben dilucidarse mediante el procedimiento ordinario.

Resumen:

Este documento presenta la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso AC-2023-0087, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados v. Rosa Cortés Flores. La controversia principal se centra en cómo calcular los intereses de la justa compensación en casos de expropiación forzosa, particularmente cuando la propiedad fue ocupada por el Estado años antes de la petición formal. El Tribunal debía determinar si el pago de intereses aplicable es simple o capitalizado (compuesto) desde el momento de la ocupación material. En este caso, la propiedad fue ocupada por la AAA 25 años antes de la solicitud de expropiación en 2013. El Tribunal Supremo concluyó que, para garantizar la justa compensación constitucional, el pago de intereses debe ser capitalizado desde la fecha de la ocupación material. Esta interpretación prevalece sobre la disposición de interés simple en la Ley de Expropiación Forzosa si esta no cumple con el requisito constitucional. La decisión fue emitida el 4 de septiembre de 2024.

Resumen:

Este documento es el inicio de una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificado con el número de caso MC-2024-0035 y fechado el 28 de agosto de 2024. La parte peticionaria es el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), representado por su Secretario General, Juan Dalmau Ramírez, y otros líderes como la Senadora María De Lourdes Santiago y el Representante Denis Márquez. Los demandados incluyen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y su Presidenta Interina. También figuran como demandados los comisionados electorales de otros partidos políticos (PNP, PPD, MVC, PD), el Secretario del Departamento de Hacienda y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La materia principal del caso es el Derecho Constitucional. Específicamente, se impugna la constitucionalidad de la Ley Núm. 165-2020 y la Orden Ejecutiva OE-2024-016. Este documento preliminar lista las partes, sus representantes legales y el tema legal a ser resuelto por el Tribunal Supremo.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha 26 de agosto de 2024, identificada con el número de caso TS-10,367. La materia tratada es la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía por parte de la señora María Isabel Negrón García. Tras examinar el escrito presentado, el Tribunal, en Sala de Verano, emitió su decisión. La Resolución ordena la readmisión de la señora Negrón García al ejercicio de la profesión legal. Asimismo, se instruye a la Secretaría del Tribunal Supremo a realizar el cambio de su estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Este documento refleja la decisión final del Tribunal Supremo sobre este asunto particular.

Resumen:

Este documento es la Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2023-0333, con fecha de 20 de agosto de 2024. La materia principal es Procedimiento Civil, específicamente la sustitución del donante por sus herederos en una acción de revocación de donación. El caso se originó con una demanda presentada por la donante y otra parte para revocar una donación y reclamar daños. Tras el fallecimiento de la donante, los foros inferiores desestimaron la demanda. Su razonamiento fue que la causa de acción se extinguió porque la posición de algunos herederos (siendo demandados) impedía la sustitución de la parte demandante. El Tribunal Supremo revisó si esta desestimación fue correcta. El Tribunal Supremo determinó que los foros inferiores se apartaron de la normativa jurídica aplicable y del precedente establecido en Vilanova et al. v. Vilanova et al. Por consiguiente, el Tribunal Supremo revocó las determinaciones impugnadas. Esto significa que la acción de revocación de donación no se extinguió con el fallecimiento de la donante y la sustitución por sus herederos es procedente.

Resumen:

Este documento es una Opinión Per Curiam del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso AB-2023-0270. La decisión trata sobre un procedimiento disciplinario contra la Lcda. Sylvia M. Soto Matos. El Tribunal ha decretado su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La razón principal de esta medida disciplinaria es el incumplimiento de la licenciada con las órdenes y requerimientos del Tribunal Supremo. El proceso se inició tras una queja presentada contra ella por alegada conducta profesional indebida. El Tribunal le envió múltiples notificaciones solicitando una respuesta a la queja y, posteriormente, una orden para mostrar causa por la cual no debía ser suspendida. La licenciada Soto Matos no respondió a ninguna de estas comunicaciones ni cumplió con las órdenes. Por lo tanto, la suspensión se impone debido a su reiterada falta de cumplimiento con las directrices del Tribunal.

Resumen:

Aquí tienes un resumen conciso del documento: Este documento, la decisión 2024 TSPR 92 del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha 16 de agosto de 2024, aborda un caso de conducta profesional. El Tribunal decretó la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de la Lcda. Carmen E. García Cárdenas. La razón principal de esta medida disciplinaria es su incumplimiento con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El PEJC informó al Tribunal sobre la falta de cumplimiento de la abogada en octubre de 2023. A pesar de los intentos de contacto y de no tener un correo electrónico registrado en el RUA, el Tribunal le concedió dos oportunidades para mostrar causa por la cual no debía ser suspendida. La abogada incumplió tanto la orden inicial de diciembre de 2023 (20 días) como la orden final de febrero de 2024 (10 días), desatendiendo así los requerimientos del PEJC y las directrices del Tribunal. Ante su persistente falta de respuesta y cumplimiento, el Tribunal procedió con la suspensión disciplinaria.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitida el 15 de agosto de 2024, bajo el número de caso EM-2024-0013. La Resolución aborda la Aprobación de Cambio de Estatus Inactivo de abogados correspondiente al mes de julio de 2024. En ella, el Tribunal certifica que durante dicho período autorizó el cambio a estatus de Abogado(a) Inactivo(a) a un grupo específico de profesionales del derecho. La resolución lista los nombres completos y los números de registro de los catorce abogados y abogadas a quienes se les concedió este cambio de estatus. Este documento constituye el registro oficial de dichas aprobaciones por parte del Tribunal Supremo para el mes de julio de 2024.

Resumen:

Este documento, con fecha del 14 de agosto de 2024, aborda la extensión de términos judiciales en Puerto Rico a raíz del paso del huracán Ernesto. Ante los efectos del fenómeno natural, que impactó la isla y causó interrupciones, el Poder Judicial decretó medidas especiales. Aunque el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo reanudarían operaciones regulares el 15 de agosto, la operación general del sistema judicial sería solo parcial, con muchos ciudadanos aún sin energía eléctrica. Por consiguiente, se extienden todos los términos judiciales que venzan entre el 13 y el 15 de agosto de 2024 hasta el viernes, 16 de agosto de 2024. Para el cómputo de términos, los días 13, 14 y 15 de agosto de 2024 se considerarán días feriados, aplicando los artículos 388 y 389 del Código Político. Esta extensión también incluye los términos del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua. La resolución ordena su inmediata difusión pública.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha 13 de agosto de 2024, aborda la extensión de términos procesales debido al paso de la Tormenta Tropical Ernesto. Ante el aviso de tormenta y la suspensión de labores en el Poder Judicial desde el mediodía del 13 de agosto hasta el 15 de agosto (sujeto a condiciones), el Tribunal decreta medidas especiales. Conforme a los artículos 388 y 389 del Código Político, los días 13 y 14 de agosto de 2024 serán considerados días feriados para efectos del cómputo de términos. Cualquier término legal que venza en estas fechas se extenderá automáticamente hasta el jueves, 15 de agosto de 2024, o hasta que se reanuden oficialmente las operaciones judiciales. La resolución también extiende por igual periodo los términos establecidos en el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua. Se ordena la difusión pública e inmediata de esta decisión para informar a la comunidad legal y al público en general.

Resumen:

Este documento es la decisión 2024 TSPR 87 del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. José Miguel Álvarez De Jesús. La cuestión principal abordada es la legalidad de obtener una muestra de sangre como parte de la investigación de un accidente vehicular y el uso de sus resultados en un proceso penal. El recurrido, acusado de manejar bajo los efectos del alcohol y causar un accidente fatal, solicitó la supresión de la prueba de sangre. Alegó que no se le informó sobre su derecho a no consentir ni se le advirtió sobre las consecuencias penales de la toma de la muestra. El Tribunal Supremo clarificó que, para obtener muestras de sangre en investigaciones de accidentes vehiculares, las autoridades no tienen que informar al registrado sobre su derecho a no consentir. Asimismo, dictaminó que la utilización de la prueba toxicológica en un proceso criminal no requiere que se le hayan advertido las consecuencias que podía acarrear la toma de la muestra. Esta decisión surge de un accidente donde el recurrido presuntamente conducía ebrio, resultando en una muerte, y una prueba de sangre arrojó .18% de alcohol. La sentencia establece un precedente importante sobre la obtención de evidencia en estos casos.

Resumen:

Aquí tienes un resumen conciso del documento EN-2024-0002: Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 9 de agosto de 2024, relativa a la designación de los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial. Conforme a la Regla 4(A) del Reglamento aplicable, el Pleno del Tribunal Supremo nombra a los integrantes de esta Comisión, que consta de un presidente y diez miembros. La Resolución designa a la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez como Presidenta de la Comisión. Además, nombra a diez personas adicionales como miembros de dicho cuerpo. Estos nombramientos entran en vigor de inmediato. Según el Reglamento, los miembros servirán por un término de tres años o hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. La Comisión es fundamental para la evaluación y capacitación de los jueces del Tribunal de Primera Instancia. El documento reconoce y agradece la labor de los miembros salientes y la disposición de los nuevos para servir al Pueblo de Puerto Rico.